La protección de la dependencia



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Los datos anteriores no ponen de relieve el número real de pensiones de incapacidad permanente, ya que las pensiones de esta naturaleza, cuando sus beneficiarios alcanzan los 65 años, se modifican en su denominación, pasando a constituir pensiones de jubilación, y como tal se reflejan en las estadísticas de la Seguridad Social30.

Si las pensiones de incapacidad permanente se distribuyen en función del grado de incapacidad reconocido, nos encontramos con la siguiente situación:



Regímenes



G.Invalidez


Inc.Absoluta


I. Total

SOVI

TOTAL


General

16.677

215.056

228.857

32.153

492.743

Autónomos

3.219

35.518

43.342

1

82.080

Agrario c.a.

1.704

25.997

38.603

656

66.960

Agrario c.p.

1.045

13.529

22.502

478

37.554

Mar

277

4.435

5.043

95

9.850

Carbón

161

2.037

3.135

205

5.538

Hogar

399

6.597

9.670

3

16.669

Acc. traba

3.044

9.612

58.639




73.788

Enf.prof.

23

1.224

12.189




13.436

Total

26.549

314.005

421.970

33.591

798.618

De los datos anteriores, se desprende que son las pensiones de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad total, las que ocupan una importancia básica, ya que se acercan al 60% del total de pensiones.


Otro análisis es la distribución de las pensiones de incapacidad permanente, según el sexo y edad de sus beneficiarios, si bien de la información disponible se observa una mayor presencia de los hombres, hecho consustancial con la mayor tasa de actividad de aquellos.

Distribución de las pensiones de incapacidad permanente, según edad y sexo de los beneficiarios



Grupos edad

Hombres

Mujeres

Total

< 19

106

8

114

20 - 24

1.641

422

2.063

25 – 29

5.802

1.723

7.525

30 – 34

14.631

5.204

19.835

35 - 39

28.336

9.992

38.328

40 – 44

45.851

18.867

64.718

45 – 49

62.994

28.312

91.306

50 – 54

89.741

36.422

126.163

55 – 59

138.408

52.175

190.583

Más de 60

165.852

92.131

257.983

TOTAL

553.362

245.256

798.618

Si el análisis se efectúa en función del importe mensual de la pensión (en relación con la pensión de jubilación) nos encontramos con los siguientes datos:




Distribución porcentual de las pensiones según tramos de cuantía (en %)


Importe mensual (euros)

Jubilación

Incapacidad

%

% acumulado

%

% acumulado

Hasta 300

13,22

13,22

18,64

18,64

De 300 a 600

52,58

65,80

42,71

61,35

De 600 a 800

10,14

75,94

14,39

75,74

De 800 a 1.000

8,85

84,79

8,56

84,30

De 1.000 a 1200

5,52

90,31

5,33

89,63

De 1.200 a 1.500

5,44

95,75

5,27

94,90

Más de 1.500

4,25

100,00

5,10

100,00

De los datos anteriores, se pone de manifiesto que la mayor parte de los pensionistas de incapacidad se sitúan, respecto a sus cuantías de pensión, en unos importes situados entre las 300 euros/mes (4.200 euros/año) y los 800 euros/mes (9.600 euros/año), cantidades muy reducidas para poder hacer frente a los eventuales problemas de dependencia de los que pueden ser sujetos los pensionistas de la Seguridad Social.





  • Pensiones no contributivas

De los datos correspondientes a junio de 2003, los pensionistas de invalidez, en la modalidad no contributiva, ascendían a 200.89631, lo que representa el 42% del total de los pensionistas no contributivos.






Evolución de las pensiones no contributivas32


Ejercicio

Jubilación

Invalidez

Número

% s/Total



% s/Total

1991

24.172

87,22

3.581

12,78

1995

178.885

53,27

156.932

46,73

2000

255.626

55,30

206.503

44,70

2001

268.569

57,18

201.112

42,82

2002

271.959

57,57

200.415 *

42,43

2003

273.754

57,66

200.896

42,34

(*) A partir del 2000, las pensiones por invalidez pasan a modificarse de jubilación.





  • Subsidios de la LISMI.

A las cifras anteriores, hay que añadir las personas que, en régimen transitorio, siguen percibiendo las prestaciones LISMI, cuya realidad, según los datos correspondientes a la nómina de Diciembre/2000, es la siguiente:



Evolución de los perceptores de los subsidios LISMI 33

Ejercicios


SGIM34


SATP

SMGT

TOTAL


1991

251.092

91.560

38.769

381.421

1995

150.667

37.392

16.967

205.026

2000

78.393

13.489

7.583

99.465

2001

69.346

11.223

6.774

87.343

2002

60.844

9.236

5.890

75.970

2003

56.497

8.294

5.491

70.282

El importe de las prestaciones LISMI está “congelado” desde el ejercicio 1991, en las siguientes cuantías: 149,86 euros/mes (SGIM) y 58,45 euros/mes (SATP).




  • Pensiones asistenciales.

A las cifras anteriores, habría que añadir a los perceptores de las pensiones asistenciales, cuya cifra no alcanza, en la actualidad, a los 45.00 perceptores35, con una cuantía de pensión –también congelada desde el año 1991- de 149,86 euros/mes36.





Evolución de las pensiones FAS

Ejercicio

Vejez

Enfermedad

1991

162.457

180.901

1995

71.193

108.927

2000

20.707

44.539

2001

17.118

39.605

2002

13.887

34.994

2003

12.076

32.702



  • Asignaciones por hijo a cargo.

Dentro de las personas con discapacidad protegidas, hay que incluir a los causantes de las asignaciones económicas de la Seguridad Social, por hijo a cargo, mayor de 18 años y con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.


Los causantes (número de hijos) de estas prestaciones37 son los siguientes:



Evolución de las asignaciones económicas por hijo a cargo con 65% minusvalía 38

Ejercicio

65 %

75%

Total

1999

69.166

45.062

114.228

2000

73.794

47.230

121.024

2001

78.296

49.559

127.855

2002

82.981

51.689

134.670

2003

85.338

52.568

137.906

B. Prestaciones no monetarias.


Además de las de naturaleza económica, el sistema de protección social español, de competencia estatal, prevé otra clase de prestaciones que, en mayor o menor grado, van dirigidas a las personas que se encuentran en una situación de dependencia, entre las que se encuentran:


  • Prestaciones de Atención a domicilio.

Comprende un conjunto de prestaciones y ayudas, que nacieron a partir de la década de los setenta, destinadas a cubrir los gastos que se ocasionan por la necesidad de recibir cuidados personales, domésticos o sociales, destinadas a posibilitar que la persona pueda continuar en su entorno familiar. Dentro de las mismas, se encuentran las que a continuación se indican:




  • La ayuda a domicilio, con la finalidad de cubrir el exceso de gastos derivado de la necesidad de recibir atenciones o cuidados de carácter personal, doméstico o social, en orden a facilitar la independencia individual y la permanencia en su entorno habitual. Se otorga a quienes están afiliados o son pensionistas y carecen de recursos suficientes para hacer frente a los gastos derivados de los cuidados domésticos o personales.

Las prestaciones están constituidas por todo un conjunto de servicios (como pueden ser la atención doméstica y personal; lavandería externa; comida sobre ruedas; atención social especializada, etc.) en función de la edad y de las necesidades del beneficiario. El tiempo de atención domiciliaria no podrá exceder de 2 horas diarias ó de 52 al mes, salvo circunstancias debidamente acreditadas. Estos servicios generalmente se prestan por el sector privado, con el que el IMSERSO (o los Órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas) celebran los oportunos convenios.




  • La teleasistencia domiciliaria dirigida a asegurar la intervención inmediata en caso de urgencia personal, social o médica, en orden a proporcionar seguridad y evitar ingresos innecesarios en centros residenciales. Generalmente, este servicio ha de ponerse en funcionamiento a través de las Entidades Locales.

Ahora bien, estas prestaciones no se configuran como derechos subjetivos, ya que los mismos están condicionados y limitados por las disponibilidades presupuestarias, por lo que existe una prelación de solicitudes mediante la aplicación de un determinado baremo, que tiene en cuenta una serie de factores (grado de dependencia; recursos económicos disponibles, etc.)




  • Los servicios sociales intermedios.

Comprenden un conjunto de servicios que, iniciados a principios de los setenta39 con el establecimiento de los denominados “hogares”, están dirigidos a promover la convivencia y a prestar atención geriátrica, alimenticia, recreativa, cultural, así como terapia ocupacional a favor de las personas de edad y de los discapacitados.


En la actualidad, las prestaciones consisten en estancias, tanto diurnas, como temporales40, en los Centros adecuados, en orden a posibilitar la máxima independencia personal, favoreciendo la permanencia en el ámbito socio-familiar, descargando temporalmente a las familias de las tareas del cuidado continuo de las personas mayores o discapacitadas.
De conformidad con las normas que regula estos servicios41, son beneficiarios de estos servicios, las personas que reúnan lo siguientes requisitos:


  • Ser mayor de 60 años.




  • Tener limitada la capacidad para poder realizar los actos esenciales de la vida.




  • No padecer trastornos mentales que puedan alterar la convivencia.




  • En las estancias temporales, encontrarse en una situación de dependencia sociofamiliar de naturaleza temporal.




  • Los Centros residenciales.

Uno de los servicios, tal vez el más conocido y el más demandado (dada la escasez de oferta), es la atención de las personas dependientes en centros residenciales, a través de Residencias asistidas y mixtas; Centros de atención a “minusválidos” físicos o psíquicos; Centros Estatales y Experimentales de atención a “minusválidos” psíquicos o mediante las plazas concertadas en centros residenciales.


Las prestaciones y servicios están en función de la edad y condición de dependencia del beneficiario, si bien una de las características principales–dada esa limitación de la oferta- es su acceso mediante un baremo, en el que la falta de recursos tiene un peso esencial. Ello provoca una falta de respuesta a la importante demanda existente.
Respecto a los beneficiarios de los diferentes Servicios, los mismos dependen de la naturaleza de los Centros, del modo siguiente:


  • Residencia mixtas y asistidas.

Las primeras son establecimientos dirigidos a la asistencia de quienes presentan una discapacidad crónica que les impide valerse por sí mismos, requiriendo el cuidado de otra persona. A su vez, las residencias mixtas son establecimientos suficientes para poder acoger a personas que tienen la capacidad para desenvolverse autónomamente, así como a quienes precisan asistencia diaria para la realización de los actos esenciales de la vida.


Para su internamiento se precisa: haber alcanzado los 60 años; no padecer enfermedad infectocontagiosa, ni trastornos mentales graves que puedan ocasionar un deterioro de la convivencia en el centro; que el beneficiario o su cónyuge, tenga una incapacidad grave que le impida valerse por sí mismo; llegar a la puntuación requerida, de acuerdo con la aplicación del oportuno baremo y ser pensionista de la Seguridad Social o tener derecho a los servicios sociales de la misma.


  • Centro de Atención a “Minusválidos” Físicos.

Estos establecimientos están dirigidos a la atención, de forma integral y en régimen de internado, de las personas que presentan una discapacidad física, a consecuencia de la cual tienen fuertes dificultades para alcanzar la integración laboral o para el desarrollo propio de los actos esenciales de la vida diaria, en régimen familiar o en régimen ambulatorio. Para poder estar internado en un Centro de estas características, se precisa: tener la acreditación de “minusválido”; no padecer enfermedades infectocontagiosas, ni trastornos mentales graves; tener la puntuación exigida en cada Centro; tener una edad comprendida entre los 16 y los 60 años; ser beneficiario del sistema de la Seguridad Social y carecer de posibilidades previsibles de rehabilitación y recuperación profesionales.




  • Centros de Atención a “Minusválidos” Psíquicos.

Estos centros están dedicados a la atención y a la asistencia a las personas con discapacidades mentales, mayores de 16 años, que, en razón de su discapacidad, tienen enormes dificultades para su integración laboral o para la realización de los actos esenciales de la vida, en la familia o en régimen ambulatorio. Se precisan los mismos requisitos que los señalados en el punto anterior, pudiendo ser beneficiarios los mayores de 60 años.




  • Centros Estatales y experimentales de Atención a “Minusválidos” Psíquicos.

Son Centros en los que, además de la atención genérica a las personas con discapacidad, tienen como objetivos específicos, la sustitución familiar a través del régimen de residencia o de estancia temporal, por la atención especializada y la integral a personas con discapacidad, así como el apoyo a instituciones y asociaciones, como centros de referencia y asesoramiento sobre procedimientos dirigidos a la integración de estas personas.


Para poder ingresar en tales Centros se precisa tener la calificación de “minusválido”; no padecer enfermedades infectocontagiosas, ni trastornos mentales graves; alcanzar la puntuación mínima exigida, mediante la aplicación del correspondiente baremo y ser beneficiario del sistema de la Seguridad Social, o tener derecho a los servicios sociales de la misma.
Por último, en lo que se refiere a las plazas concertadas en Centros residenciales, los requisitos son los mismos exigidos para los ingresos en los Centros para personas con discapacidad y de tercera edad del Instituto de Migraciones y de Servicios Sociales, con la particularidad de que en los conciertos se podrá reservar, hasta un 50% de las plazas concertadas para beneficiarios residentes en la provincia en la que esté ubicado el Centro.
C. Las medidas de naturaleza fiscal.
Además de las prestaciones de naturaleza económica o las consistentes en prestaciones en especie o en servicios, la legislación estatal dispone también otras ayudas, básicamente de naturaleza fiscal, que tienen como finalidad primordial ayudar a las cargas de la dependencia, bien en favor de la propia persona dependiente, bien en sus cuidadores.
Estas ayudas se incluyen en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en especial en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre y en las disposiciones posteriores que la complementan.
Las exenciones, subvenciones u otras ayudas de naturaleza fiscal, recogidas en las normas tributaras estatales, son las siguientes:


  • Las rentas exentas en el IRPF.

Se declaran exentas de imposición las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad permanente, absoluta o de gran invalidez, así como las pensiones de inutilidad o de retiro de los funcionarios, cuando la incapacidad imposibilita para la realización de toda profesión u oficio, así como las prestaciones públicas por actos de terrorismo o las indemnizaciones por responsabilidad civil motivada por daños físicos o psíquicos, así como las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas por daños físicos o psíquicos a personas, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.


De igual modo, están exentas las prestaciones de incapacidad absoluta y de gran invalidez, reconocidas en favor de profesionales autónomos por Mutualidades de Previsión Social, que actúen como alternativas a los Regímenes de Seguridad Social42, si bien con el límite del importe que hubiese correspondido en la Seguridad Social; en su caso, el exceso, tributa como rendimiento del trabajo.
Están exentas también los importes de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, las pensiones de orfandad por incapacidad absoluta, así como las asignaciones económicas por hijo “minusválido”, así como las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad. Por último, también están exentos los importes de los subsidios de la LISMI, así como las pensiones no contributivas.



  • Reducciones del rendimiento del trabajo y de las actividades.

La legislación del IRPF prevé una minoración de los rendimientos del trabajo, en función de la cuantía del rendimiento, y del grado de discapacidad que tenga el perceptor de los rendimientos, del siguiente modo:




Reducciones de los rendimientos de trabajo en caso de trabajadores discapacitados


Importe de los rendimientos de Trabajo


Importe de reducción

Hasta 8,133,66 euros o menos



5.258,86(1)

6.761,39(2)

8.263.92(3)

De 8.113, 67 a 12.020, 24 euros



Reducción general por 1,75 (1) *

Reducción general por 2.25(2)

Reducción general por 2.75(3)

Superiores a 12.020,24



3.944.15(1)

5.071,95(2)

6.197,95 (3)




  1. Trabajadores activos con discapacidad que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%.




  1. Trabajadores, con discapacidad entre el 33% y el 65%, que para el desplazamiento a su lugar de trabajo o para la realización del mismo, requieren la ayuda de otra persona.




  1. Trabajadores con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

(*) La reducción con carácter general es el resultado de la siguiente operación

R = 3.005, 06 [RN – 8,113,67) x 0.1923]

Además, existen las siguientes reducciones de aplicación sobre los rendimientos del trabajo:




  • Reducción del 40% sobre el rendimiento íntegro derivado de las prestaciones por invalidez no exentas, de planes de pensiones o de Mutualidades de Previsión Social, siempre que se reciban en forma de capital.




  • Reducción sobre el rendimiento íntegro derivado de prestaciones por invalidez, percibidas de contratos de seguros colectivos, siempre que se perciban en forma de capital, de acuerdo con los siguientes porcentajes:




  • Reducción del 70%, cuando la prestación derive de un contrato de seguro concertado con más de 12 años de antigüedad.




  • Reducción del 60%, cuando el rendimiento derive de indemnizaciones por invalidez permanente absoluta y gran invalidez, en los mismos términos señalados en la normativa reguladora de los planes de pensiones.




  • Reducción del 40% en el resto de las prestaciones por invalidez, derivadas de contratos de seguros.




  • Los rendimientos íntegros de trabajo derivados de prestaciones correspondientes a las aportaciones a planes de pensiones y a Mutualidades de Previsión Social, constituidas en favor de personas con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, gozan de una reducción equivalente a 2 veces el SMI, cuando la prestación se percibe en forma de renta; reducción de hasta el 50%, cuando se obtenga en forma de capital, y siempre que hayan transcurrido más de 2 años desde la primera aportación.




  • A su vez, en el régimen de estimación objetiva singular, de carácter voluntario, en la cuantificación del número de unidades del módulo de personal asalariado, para la determinación del rendimiento neto de la actividad en el mencionado régimen, el personal asalariado con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, se computa al 60%.




  • Mínimo personal y familiar.

El mínimo personal, establecido por primera vez en la Ley 40/1998, supone una reducción de la parte general de la base imponible, que no podrá resultar negativa. Este mínimo, en su cuantía, depende de las características personales del declarante y de sus cargas familiares.


Por ello, el mínimo general, establecido en 3.305.57 euros, se eleva a 3.906,58 euros, si el contribuyente tiene una edad superior a los 65 años, a 5.108,60 euros, si es discapacitado y acredita una minusvalía igual o superior al 33% y a 6.911,64, si la minusvalía padecida es igual o superior al 65%.
En las declaraciones conjuntas, se suman los mínimos correspondientes a cada uno de los miembros de la pareja, teniendo en cuenta sus circunstancias personales. De este modo, las cuantías anteriores pasan a ser, en la declaración conjunta, de 6010.12, 7.212.15 y 9.015,18 euros, en las respectivas situaciones.
Respecto a las cargas familiares, frente a una reducción general por cada hijo de 1.2020,02 a 2.103, 55 euros, en razón de la edad y el número de hijos, en el caso de hijos con discapacidad a cargo, la reducción asciende a 1.803.04 euros, cuando la discapacidad es igual o superior al 33%, sin llegar al 65%, y de 3.606,07 euros, cuando supera ese grado.
Por último, en el caso de ascendientes que convivan con el contribuyente, se tiene derecho a una deducción de 601,01 euros, esta cuantía se incrementa en el caso de que los ascendientes tengan una discapacidad, situándose en 1.803,04, cuando la minusvalía supera el 33% sin llegar al 65% y a 3.606,07 cuando es superior a dicho porcentaje.


  • Deducción por vivienda habitual.

Entre las deducciones de la cuota íntegra, la legislación fiscal prevé la relativa a la inversión por vivienda habitual, que, de igual modo, podrá ser aplicada por los contribuyentes minusválidos que lleven a cabo obras de adecuación de la vivienda, incluidos los elementos comunes del edificio, si sirven para mejorar la accesibilidad entre el edificio y la vía pública. Esta última deducción puede ejercerse tanto por la discapacidad del propio contribuyente como la de su cónyuge, descendientes o ascendientes que convivan con él y es compatible con la deducción por adquisición de vivienda habitual43.


Si la base general de la deducción es de 9.015,18 euros, la misma se eleva a 12.020,24 euros en el caso de discapacitados. De igual modo, si para la realización de las mencionadas obras se utilizan capitales ajenos, cabe una deducción, durante los dos primeros años, del 25% sobre 6010,12 euros, como máximo, y el 15% sobre el exceso hasta 12.020,24 euros y, posteriormente, del 20% y del 15%, respectivamente, sobre las señaladas cuantías.
Estas deducciones son también aplicables a las obras e instalaciones de adecuación realizadas por el contribuyente minusválido como arrendatario, subarrendatario o usufructuario.


  • Aportaciones a planes y fondos de pensiones o a Mutualidades de Previsión Social.

También la concurrencia de discapacidad tiene su incidencia en la cuantía de las aportaciones que puede efectuar la persona con discapacidad, directamente o que realicen otras personas en su favor en Planes de Pensiones o a Mutualidades de Previsión Social, siempre que tenga un grado de minusvalía igual o superior al 65%.


Mientras que las aportaciones que realice la propia persona con discapacidad, en su favor, tienen el mismo límite que las efectuadas por un contribuyente no discapacitado –7.212.15 euros-, por el contrario, en el caso de personas con discapacidad, con el grado de minusvalía señalado, además de las aportaciones efectuadas por el mismo, pueden realizar aportaciones otras personas. En este caso, el importe conjunto de todas las aportaciones realizadas está limitado al doble del límite establecido con carácter general, es decir, a 22.838, 46 euros.
En estos casos, cuando concurran varias aportaciones en favor de una misma persona con discapacidad, se ha de practicar la reducción, en razón de las aportaciones, en la base imponible, en primer lugar por las aportaciones del propio discapacitado, y sólo si éstas no alcanzan el límite de 15.025,30 euros, pueden ser objeto de reducción, las realizadas por otras personas en su favor, en forma proporcional a sus respectivas aportaciones.


  • La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, ha introducido algunas mejoras en la tributación de las aportaciones que se efectúen al patrimonio de una persona discapacitada, entras las que se encuentran:




  • Las aportaciones al patrimonio protegido del contribuyente discapacitado, efectuadas por una persona que tenga con aquél una relación de parentesco, en línea directa o colateral, hasta el tercer grado, así como su cónyuge o por quienes lo tuviesen a su cargo, en régimen de tutela o acogimiento, dan derecho a una reducción de la base imponible del aportante, con el límite máximo de 8.000 euros anuales. El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones en favor de un mismo patrimonio protegido no puede superar los 24.250 euros anuales.




  • De igual modo, las contribuciones empresariales efectuadas a favor de un patrimonio especialmente protegido, en favor de trabajadores discapacitados, con retribuciones inferiores a 27.000 euros anuales, pueden dar lugar a una deducción del 10% en la cuota del sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades




  1. La cobertura de la dependencia en la legislación autonómica: breves apuntes

Por lo general, las Comunidades Autónomas, al menos en un primer momento, suelen aplicar la legislación estatal en la articulación de los mecanismos de cobertura de la dependencia. Hay que tener en cuenta, de un lado, que buena parte de los programas se llevan a cabo en el marco de los servicios sociales de la Seguridad Social, cuyas funciones les han sido transferidas; de otro lado, que otra parte de los programas y de las medidas se llevan a cabo mediante Convenios suscritos entre la respectiva Comunidad Autónoma y la Administración del Estado44. No obstante, en unas fases posteriores, los entes autonómicos han comenzado a legislar en los ámbitos de la protección de la dependencia.


La Comunidades Autónomas, en el período de 1982-1992, comenzaron a legislar sobre servicios sociales, con la finalidad de ir articulando unos mecanismos de protección social, los cuales, como ha señalado la doctrina, vienen orientados por los siguientes elementos:


  • Su estructuración en dos niveles: uno, de carácter local o primario, cuyos contenidos varían en función de cada Comunidad Autónoma, si bien los de mayor frecuencia están dirigidos a la formación, la orientación y el apoyo. Por el contrario, el nivel especializado o secundario está encaminado a la atención de grupos con demandas y necesidades propias.




  • Una vocación universal respeto de su ámbito de actuación, sin perjuicio del establecimiento de prioridades en favor de determinados grupos, si bien, entre ellos, siempre están los que, con mayor o menor incidencia, guardan relación con la dependencia, como son la familia, las personas de edad y las personas con discapacidad. También es destacada la participación de la iniciativa privada en las actuaciones llevadas a cabo, en especial en la última década, donde se observa una evolución desde concepciones basadas fundamentalmente en la gestión pública, de forma exclusiva o mayoritaria, a otras en las que la iniciativa privada (incluida la que actúa con ánimo de lucro) comienza a tener cada vez más importancia.




  • Variedad de prestaciones, poniendo mayor énfasis en la de los servicios, aunque también existen prestaciones de naturaleza económica, aunque son excepcionales las que revisten un carácter individual.




  • La atención a las personas en situación de dependencia.

En el ámbito de la dependencia, y dentro de las actuaciones de las Comunidades Autónomas, las áreas de actuación son tanto las propias personas dependientes, como los cuidadores, particularmente los familiares.


La familia, como ámbito de actuación específica figura en la mayor parte de las legislaciones autonómicas, con una serie de actuaciones básicas encaminadas a:


  • Servicios sociales especializados.




  • Atención, protección o apoyo (Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, Valencia).




  • Información, actuación y asesoramiento.

En el ámbito de la discapacidad propiamente dicha, como se deduce de los análisis realizados, se pueden apreciar diferencias importantes. No obstante, en la mayor parte de las normas se considera a las personas con discapacidad como un grupo que precisa de una atención específica, tanto en el ámbito de los servicios primarios, como sobre todo de los de naturaleza especializada.


Para este grupo, con mayor o menor generalidad, se prevén toda una serie de prestaciones, variables según los casos:


  • Prestaciones técnicas y, con menor frecuencia, económicas.




  • Diagnóstico y valoración.




  • Asistencia domiciliaria.




  • Centros de Día y Centros Ocupacionales.




  • Ayudas técnicas (Madrid, C. Valenciana, Galicia).

A su vez, y dentro de la discapacidad, la vejez constituye un ámbito clásico de actuación de los Servicios Sociales, dirigidos, primordialmente, a:




  • La integración, la autonomía y la participación social.




  • El mantenimiento de la persona mayor en su entorno habitual de vida.




  • Procurar el internamiento en Centros residenciales, en caso de imposibilidad de convivencia en su medio, etc.

Para tales funciones, se prevén todo un conjunto de servicios y programas básicos, como son:




  • Asistencia domiciliaria.




  • Centros de Día




  • Centros de acogida temporal.




  • Residencia en su variada tipología (de “válidos”, asistidas y mixtas).




  • Viviendas tuteladas y pisos protegidos.




  • Prestaciones económicas.




  • Otra clase de prestaciones (termalismo, balneoterapia, teleasistencia, prestaciones de alimentos, esparcimiento, etc.), así como otro tipo de ayudas.

De otra parte, hay que señalar que los servicios prestados son muy semejantes a los ya señalados en el ámbito de la legislación del Estado, y se pueden diferenciar los siguientes:




  • Servicios y centros o establecimientos.




  • Los servicios de ayuda a domicilio, considerado como un elemento esencial para que las personas, con limitaciones en su autonomía personal, puedan seguir ubicados en su entorno familiar y dirigidos a las personas o a las familias que los precisen por no poder realizar sus actividades habituales, como consecuencia de situaciones de especial necesidad.

Como establece la legislación de algunas Comunidades Autónomas45, el servicio público de ayuda a domicilio es una prestación básica del sistema público de servicios sociales, que tiene como objeto la prevención y la atención de situaciones de necesidad personal en el entorno del hogar familiar.


Con una gran variedad, en cuanto a la determinación de la misma, se pueden establecer unos rasgos generales de estos servicios, como son:


  • Beneficiarios: personas que carecen de autonomía personal de tipo parcial o total, para permanecer en su medio habitual de vida. Por lo general, el sector prioritario son las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.




  • Los criterios básicos de acceso, están referidos al grado de discapacidad, rentas económicas, situación familiar y social de la persona dependiente, así como las características de la vivienda.




  • Las actuaciones básicas están orientadas a las de carácter doméstico (alimentación, vestido, vivienda), de carácter personal (aseo, ayuda a vestir y comer, paseos, etc.), así como otro tipo de ayudas.




  • Por lo general, las ayudas a domicilio son gestionadas por las Corporaciones Locales, que bien pueden hacerlo directamente, o gestionarlo de forma indirecta o subvencionar al usuario.




  • Los servicios de estancia, tanto diurna, como en estancia temporal, básicamente para las personas de edad, configurados como servicios sociales intermedios, en orden a evitar los internamientos no deseados de personas que, por su discapacidad o grado de dependencia, no les basta ya solamente con la ayuda a domicilio para la realización de los actos esenciales de la vida.

Estos servicios se sitúan, según las distintas administraciones, en el nivel primario o secundario y, por lo general, prestan servicios diarios no residenciales.


Los servicios específicos abarcan tanto a la protección de la vejez y de la discapacidad y, en una amplia tipología, se pueden distinguir los distintos Centros.


  • Centros o Unidades de Día, destinados a atender a las personas discapacitadas o mayores de 65 años con pérdida de autonomía física o psíquica, que residen en su hogar familiar, precisan de cuidados personales, terapéuticos o psicosociales, y no padecen enfermedades infecto-contagiosas o trastornos graves que impidan la convivencia.




  • Como alternativa a lo anterior, se sitúan los denominados Centros de Día Psicogeriátrico, con la finalidad de proporcionar cuidados de mantenimiento y rehabilitación a personas de edad avanzada con deterioro psíquico, en orden a que puedan permanecer en vida diaria.




  • Por último, los internamientos en los centros residenciales (con una variedad, entre centros de “válidos”, de asistidos o mixtos) para personas que, debido a su grave limitación o a la perdida de su autonomía personal, ya no pueden realizar por sí mismas los actos ordinarios de la vida diaria.

Los requisitos son básicamente similares a los ya señalados en el caso de la legislación estatal. Estos servicios especializados de segundo y tercer nivel (según las distintas Comunidades) están orientadas a proporcionar residencia permanente (aunque también a veces tiene carácter temporal) en personas con falta de autonomía personal.


La doble tipología de residencias que tradicionalmente se vinieron constituyendo en España (de “válidos” y asistidos) ha sido superada por otra que, tal vez por la escasez de oferta, deriva en una tipología de residencias mixtas y asistidas.
En una síntesis de las características básicas de esta clase de servicios, se pueden señalar las siguientes clases de centros:


  • Según el nivel de dependencia entre:




  • Residencias Mixtas (prestan atención a personas con autonomía y a personas que requieren cuidados para la realización de actos de la vida diaria).




  • Residencias asistidas (prestan atención a quienes no pueden valerse por sí mismos para la realización de los actos esenciales de la vida).




  • Según la contingencia protegida, además de los centros señalados (dirigidos básicamente a la protección de las personas de edad), en el caso de discapacidad los centros se clasifican según el tipo de discapacidad de las personas que atienden. Así se habla de Residencias para “minusválidos” físicos o de Residencias para “minusválidos” psíquicos.




  • Los beneficiarios generalmente requieren tener 60 o más años (en el caso de personas mayores) o entre 16 y 65 (en el caso de personas con discapacidad); no padecer enfermedades infecto-contagiosas y superar los criterios de acceso (básicamente, económicos, familiares y personales). Puede ser usual que se exija un mínimo de residencia en la respectiva Comunidad Autónoma.




  • Prestaciones.

Además de los servicios y de los establecimientos, la legislación autonómica también recoge toda una serie de prestaciones, unas de naturaleza económica y las que no tienen carácter monetario.


Las prestaciones pueden tener carácter periódico, destinadas básicamente a remediar situaciones económicas graves de diferentes grupos, si bien se trata de prestaciones que, aún gestionadas por las Comunidades Autónomas, son de la competencia estatal (por ejemplo, las pensiones no contributivas, o los subsidios de la LISMI). Pero, al tiempo, las Comunidades Autónomas establecen prestaciones económicas coyunturales, destinadas a poner remedio a situaciones muy específicas.
De todas formas, las Comunidades Autónomas han orientados su acción más en el ámbito de los servicios sociales, a través de las prestaciones en especie, dejando las de naturaleza económica en la esfera competencial del Estado, aunque algunas de ellas, por la vía de las transferencias de las funciones del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, sean gestionadas por estas Administraciones territoriales.
La doctrina distingue tres clases de prestaciones:


  • Las prestaciones económicas de subsistencia, cuyo objetivo básico se dirige a remediar las situaciones de necesidad grave (por ejemplo, alimenticias). Suelen estar incluidas en el marco de los servicios sociales y, con frecuencia, superan el ámbito estricto de la dependencia, aunque también pueden prevenir demandas a los servicios sociales para el remedio de esta contingencia.

Dentro de éstas, se sitúan las ayudas económicas individuales para el ingreso en Centros residenciales, pensiones asistenciales en favor de las personas con discapacidad (previstas en la legislación de la Comunidad Autónomas Vasca), las ayudas económicas individuales a las personas con discapacidad, que carecen de recursos económicos suficientes.


De igual modo, se sitúan las ayudas establecidas, dentro de los servicios sociales comunitarios, en el que se recogen un conjunto de ayudas y subvenciones, de diferentes tipología y cuantías (estancias de residencias –desde 210,35 a 420,70 euros-; ingresos en Centros ocupaciones – 180,30 euros- etc.).


  • Las prestaciones económicas de servicios sociales, generalmente ligadas a las denominadas prestaciones técnicas (ayudas para el transporte, por ejemplo), aunque también para la compra de determinados servicios, que eviten el internamiento en centros residenciales.

Entre esta clase de prestaciones cabe indicar algunas de carácter técnico, tanto para la cobertura de la dependencia por discapacidad como por vejez (además, del cheque-servicio en Galicia, el bono-residencia, establecido por la Generalidad Valenciana, para abonar los servicios en residencias de personas que precisan de estos servicios, y que no disponen de los medios económicos suficientes para hacer frente a los correspondientes gastos).




  • Prestaciones económicas a las familias, con menores recursos, que tengan a su cargo personas en situación de dependencia. Se trata de medidas de implantación más novedosa, cuya finalidad primordial es la de apoyar a las familias para que sus miembros puedan continuar en su medio habitual y evitar el internamiento y la desubicación familiar.




  • Medidas fiscales.

La utilización de los mecanismos fiscales, como medio de apoyo parcial a las personas dependientes o a las familias en las que alguno de sus miembros está aquejado de una discapacidad grave, que limita fuertemente su autonomía, es un ámbito que se utiliza con mayor frecuencia, en especial, en la imposición directa.



  1. LOS RETOS FUTUROS


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