La protección de la dependencia



Descargar 1 Mb.
Página11/12
Fecha de conversión11.12.2018
Tamaño1 Mb.
Vistas42
Descargas0
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Catálogo: idocs
idocs -> Adaptación curricular individual a
idocs -> La ilusión de Sander en la percepción háptica activa de personas que ven y personas ciegas
idocs -> La Batería de Habilidades Hápticas: un
idocs -> El concepto de baja visión es relativamente reciente en ciencias como la Psicología o la Pedagogía, puesto que las primeras investigaciones referidas a este campo se iniciaron en ee
idocs -> Guía de recursos específicos para la atención a la diversidad del alumnado en la comunidad autónoma de andalucíA
idocs -> Adaptación española de la Escala de Ajuste
idocs -> Maria isabel pino alban
idocs -> El síndrome de Charles Bonnet: alucinaciones visuales
idocs -> Fecha fin: 18-07-2008 Directores del Curso

ARTÍCULO…. DEFINICIONES


  1. Persona con discapacidad: A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquéllas a quienes se les haya reconocido por el organismo competente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

  2. Persona con enfermedad mental y persona con enfermedad crónica: Aquella que disponga del correspondiente diagnostico médico.

  3. Persona dependiente: De acuerdo a la definición establecida en la Ley reguladora de la atención a las situaciones de dependencia48.

  4. Persona institucionalizada: Aquélla que pernocta habitualmente en un centro social o de atención sociosanitaria o que recibe una atención diurna prolongada y pernocta en su domicilio habitual.

  5. Centro de atención social o sociosanitaria: Institución pública o privada donde se presta a la persona un sistema de apoyos terapéuticos, de asistencia, de rehabilitación, de cuidado y, en su caso, de inserción laboral y social.

ARTÍCULO... DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
Las personas institucionalizadas gozan de los derechos y libertades establecidos en la Constitución y en las leyes.
ARTÍCULO... DERECHO A LA NO DISCRIMINACION49


  1. Las personas institucionalizadas no pueden ser discriminadas, directa o indirectamente, en particular por motivos de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, orientación sexual, edad o discapacidad.

  2. Se entiende por discriminación directa cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga.

  3. Se entiende por discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean proporcionados y necesarios.

  4. El acoso se considera en todo caso acto discriminatorio.

  5. Se entiende por acoso toda conducta no deseada que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona institucionalizada y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.

ARTÍCULO…. DERECHOS Y DEBERES.

  1. Las personas institucionalizadas tienen, en particular, los siguientes derechos:

    1. A ser informadas, por medio o formato accesible y comprensible para ellas, de sus derechos y obligaciones.

    2. A aceptar o renunciar por escrito a participar en los programas dirigidos a su inserción laboral o social o de rehabilitación médica o funcional.

    3. A comunicarse con sus padres, tutores o con los familiares o personas que designe y a recibir visitas, pública o privadamente, de acuerdo con las normas de funcionamiento del centro. En todo caso los centros permitirán siempre estas visitas, en cualquier momento, siempre que no se interrumpa la actividad ordinaria. Las personas sordas institucionalizadas usuarias de Lengua de Signos tendrán derecho a comunicarse por medio de esta lengua.

    4. A entrar y salir del centro, así como a circular libremente por el mismo, de acuerdo con las normas de funcionamiento del centro.

    5. A poseer y disponer de sus efectos personales. Ninguna persona no autorizada por le titular podrá disponer de esos efectos.

    6. A disponer de su patrimonio y de sus rentas, en caso de tener capacidad de obrar para ello.

    7. Al respeto a su integridad física y mental, de su dignidad y de su intimidad.

    8. A recibir la atención social, psicológica y sanitaria apropiadas, en coordinación con los servicios competentes.

    9. A intervenir en el ornato, ordenación y disposición de su propio entorno privado, primando su voluntad sobre la de la organización, siempre y cuando no afecte a la salud y seguridad de la propia persona, de los demás o del entorno inmediato.

    10. A participar en programas de rehabilitación médica y funcional, así como de inserción laboral y social.

    11. A disponer de una alimentación equilibrada, nutritiva y en grado suficiente a sus circunstancias, tanto físicas, como culturales o religiosas.

    12. A disponer y hacer uso de prendas de vestir adecuadas y acordes a su edad y al contexto cultural normalizado.

    13. A tener unas condiciones de seguridad e higiene conforme a lo establecido en las normas que resulten de aplicación.

    14. A recibir y enviar libremente correspondencia física o telemática, mantener contacto telefónico y en general a comunicares por cualquier vía con el exterior, con respeto absoluto a su derecho a la privacidad.

    15. A que los centros donde están institucionalizadas sean ámbitos universalmente accesibles, debiendo reunir los mismos las prescripciones de accesibilidad urbanística, arquitectónica, del transporte y de la comunicación, previstas en las normas que resulten de aplicación.

    16. A participar, en los términos establecido en el reglamento del centro, en la gestión, dirección y seguimiento del mismo. En todo caso, los centros dispondrán de sistemas de gestión que permitan la información y participación de las personas o de sus familiares, amigos o tutores.

    17. A recibir la prestación de servicios y asistencia especializada de acuerdo con las necesidades de cada tipo de discapacidad.

    18. A elevar quejas o reclamaciones por trato abusivo o inadecuado o por anormal funcionamiento de los servicios del centro y a ser informado o sus familiares, amigos o tutores de la resolución y seguimiento de las quejas realizadas, que habrán de ser públicas.

    19. A que se le presten las ayudas técnicas y las tecnologías de apoyo necesarias para desenvolverse de una manera autónoma.

  2. Los centros de atención social o sociosanitaria que tengan institucionalizadas a personas tendrán aprobado por sus órganos de gobierno los siguientes documentos:

    1. Reglamento de Régimen Interno o similar, en el que consten las normas de funcionamiento del centro, incluido el régimen económico, de visitas, de establecimiento de la atención objeto de la prestación y de la evaluación de la misma, así como los derechos y deberes de las personas usuarias y, en su caso, de los familiares o responsables legales.

    2. Procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias, en el que conste las vías de presentación de las mismas, el compromiso de respuesta del centro y, si procede, de la entidad titular del mismo, así como el procedimiento de apertura, progreso y cierre de los expedientes de información que pudieran generarse.

    3. Carta de Servicios, en la que conste el tipo de atenciones que ofrece y el nivel de calidad exigible.

    4. Código Ético, en el que consten los valores, la misión, los principios inspiradores y los compromisos éticos que resulten de aplicación en el centro.

Estos documentos serán entregados y estarán a disposición, en formato accesible, de las personas institucionalizadas, sus familiares, responsables y tutores.

  1. La persona institucionalizada viene obligada a cumplir las normas de funcionamiento del centro y a tratar con la debida consideración al personal del centro y a cualquier otra persona que se encuentre en el mismo, así como a abonar, en su caso, el importe de las liquidaciones de estancias y los precios de los servicios que se establezcan.

ARTÍCULO… DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DE LA PERSONA INSTITUCIONALIZADA.

1.- La persona institucionalizada que no sea menor o incapacitada, deberá designar, si le es posible hacerlo, otra persona mayor de edad, con plena capacidad de obrar, que se responsabilice de recibir las informaciones o aceptar o renunciar a los tratamientos y programas, en caso de no poderlo hacerlo aquélla personalmente, sin perjuicio de lo que establezca la legislación sanitaria para los tratamientos médicos, que será de aplicación preferente.



ARTÍCULO…. CONTENIDO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN.

  1. La persona institucionalizada deberá ser informada de un modo accesible y comprensible, adecuado a sus circunstancias, sobre:

    1. Sus derechos y deberes.

    2. Las normas de organización y funcionamiento del centro.

    3. Las medidas de rehabilitación médica o funcional y de acompañamiento en la inserción social o de atención y apoyo psicológico y social.

    4. Las organizaciones representativas de los intereses colectivos en el ámbito territorial correspondiente.

    5. De la autoridad pública encargada en velar en el territorio donde se encuentra de velar por sus derechos.

    6. De los mecanismos de protección de sus derechos.

  2. Si la persona institucionalizada es menor o se encuentra incapacitada, la información deberá ser suministrada a los padres o tutores.

  3. Si la persona institucionalizada no puede comprender el contenido de la información, esta deberá suministrarse a la persona designada como responsable del interno, si hubiera sido posible dicha designación.

ARTÍCULO…. VOLUNTARIEDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS.

  1. La persona institucionalizada no podrá ser obligada a trabajar o a participar en los programas de inserción laboral o social, así como a recibir tratamientos de rehabilitación médica o funcional.

  2. La persona institucionalizada deberá aceptar por escrito o por cualquier otro medio adecuado a sus circunstancias que ofrezca garantías y podrá renunciar en cualquier momento a participar en los programas de inserción laboral o social a recibir tratamientos de rehabilitación médica o funcional

  3. En los casos de menores o incapacitados, la aceptación y renuncia deberán efectuarla los padres o tutores.

  4. La aceptación y renuncia a los tratamientos médicos se regulará por la legislación sanitaria.

  5. El objetivo de los programas de de rehabilitación médica y funcional, así como de inserción laboral y social, es promover la autonomía personal y la vida independiente y la inclusión en la sociedad de la persona.

ARTÍCULO…CONFIDENCIALIDAD.

La persona institucionalizada tiene derecho a la confidencialidad de sus datos personales y médicos, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.



ARTÍCULO…CONFINAMIENTO O RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

  1. Las medidas de restricción y confinamiento, respecto de personas que presentan trastornos mentales que les impiden adoptar decisiones responsables, sólo pueden adoptarse en casos excepcionales para evitar que la persona institucionalizada se cause daño a sí misma o a otras personas.

  2. La adopción de dichas medidas, corresponde al Director del centro, a propuesta del facultativo médico, e informándose inmediatamente a los padres, tutores o a la designada como responsable de la persona institucionalizada.

  3. Dichas medidas requieren la autorización judicial, a menos que estén amparadas por una situación de urgencia inaplazable que haga imposible la demora, en cuyo caso se pondrán en conocimiento de la autoridad judicial para que confirme, modifique o anule las mismas.

ARTÍCULO… PROTECCIÓN DE LA PERSONA INSTITUCIONALIZADA50.

  1. La persona institucionalizada, en caso de considerar que se ha vulnerado alguno de sus derechos, o que ha sido víctima de discriminación, acoso o cualquier tipo de abuso verbal, sexual, físico o psíquico por parte del personal del centro o de otras personas, podrá efectuar, en primer lugar, una denuncia ante la Dirección del centro.

  2. Las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos podrán presentar igualmente una reclamación en nombre e interés de las personas que así lo autoricen51.

  3. El personal del centro está obligado, bajo responsabilidad, a poner en conocimiento de la Dirección del centro cualquier situación de las descritas en el apartado 1 de este artículo.

  4. En todos los supuestos señalados en los apartados anteriores, la Dirección del centro deberá abrir un expediente de investigación interna y contestar por escrito o por medio accesible a sus circunstancias del que quede evidencias al reclamante en el plazo máximo de un mes.

  5. El reclamante podrá presentar la correspondiente reclamación ante el órgano administrativo al que esté adscrito el centro, en caso de ser de titularidad pública, o ante la Órgano administrativo que determine la Administración autonómica competente.

ARTÍCULO… TUTELA JUDICIAL.

La tutela judicial de los derechos de las personas internas comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner fin a la violación del derecho y prevenir violaciones ulteriores, así como para restablecer al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho.



ARTICULO… LEGITIMACIÓN52.

Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas directamente concernidas, las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de las personas internas y recayendo en las mismas los efectos de aquella actuación.

_______________

Al anterior contenido y al tratarse de unas disposiciones que se incluirían en un Texto legal de mayor alcance (regulación d ela atención a la dependencia), sería necesario recoger:



    • En el Régimen de Infracciones y Sanciones, aquéllas referidas particularmente a los derechos y obligaciones establecidos en los artículos anteriores.

    • Hacer referencia a la competencia del Estado para regular esta materia,

    • Carácter básico de esta legislación, que podrá ser completada o mejorada por las Comunidades Autónomas.


COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI)


1 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, P.: “El problema de la dependencia en las personas mayores”. Documentación Social. Nº 11. 1998.

2 Es sintomático que, ante el problema de la dependencia, la propia Administración haya dado prioridad a propuestas centradas en la incentivación de los seguros de dependencia privados (Disposición adicional decimocuarta de la Ley 55/1999, de acompañamiento de los presupuestos de 2000, que ha dado origen a un documento de la Dirección General de Seguros, acerca de las posibilidades de los seguros de dependencia).


3 Con ser importantes los efectos de la incorporación de la mujer al trabajo en la crisis del modelo tradicional (y profundamente injusto y discriminatorio) de atender los cuidados de la dependencia en España, sobre el mismo opera, además, a la crisis multifuncional del concepto de familia, que no solo se produce por esa incorporación femenina al trabajo, sino por otros factores, como el aumento del paro masculino la movilidad geográfica, la consolidación de la vida urbana, la estandarización de las viviendas (de escaso tamaño y no preparadas parta atender a los problemas de movilidad de las personas discapacitadas, la inestabilidad de las familias (familias monoparentales, recompuestas, etc).

4


 El Gobierno, las Organizaciones empresariales y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.


5 Es decir, que la Comisión de trabajo debería estar constituida antes del día 10 de julio de 2001.

6 Consistente en relacionar de forma unívoca dependencia y envejecimiento.

7


 Actividades de la vida diaria (AVD): son las tareas básicas de autocuidado, también llamadas de cuidado personal o de funcionamiento físico. Se definen como aquellas habilidades básicas necesarias para llevar una vida independiente en casa. En este grupo se incluyen actividades como comer, vestirse y desnudarse, asearse y lavarse, ir al servicio, ducharse o bañarse, levantarse y acostarse, andar con o sin bastón y poder quedarse solo durante toda la noche.

8


 Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): son actividades más complejas que las AVD, y requieren un mayor nivel de autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domésticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el teléfono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, subir una serie de escalones, coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), poder pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

9 Los niños con discapacidad, en general en edad escolar y, particularmente, los comprendidos entre los 0 y 6 años, también han de considerarse personas dependientes, al margen del grado de discapacidad que les afecte. Por ello, las medidas que se adopten en favor de las personas dependientes han de entenderse también aplicadas para los menores con discapacidad y sus familias siendo esencial darle un lugar prioritario a la atención temprana (0-6 años) y al apoyo a la familia en esta etapa, crucial para las personas con discapacidad.

10 Vid. por ejemplo, la publicación de la Comisión Europea “ La protección social de la dependencia en las personas de edad en los 15 Estados de la UE y en Noruega” (1999), así como el informe conjunto de la Comisión y el Consejo “Apoyar las estrategias nacionales para el futuro de la asistencia sanitaria y los cuidados a las personas mayores

11 El texto de estas Recomendaciones puede analizarse en la publicación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: IMESERSO: “Vejez y Protección social a la dependencia en Europa”. Madrid. 1999.

12 Entre ellos, los servicios de ayuda familiar o las ayudas técnicas apropiadas.



13 Situación que es objeto de crítica por parte de la doctrina. Vid. AZNAR LÓPEZ, M.: ”. “De la gran incapacidad a la protección por la dependencia Revista Española del Daño Corporal. Nº 4. 1996.

14 Existen otras medidas, como es el “Cheque asistencial”, establecido en la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante Decreto del Consello da Xunta, de 22 de junio de 2000, en el marco de un programa de ayudas públicas individuales destinadas a la cofinanciación de los gastos que se derivan de la atención a las personas, con 65 o más años, en situación de severa dependencia y que precisan la ayuda de otra persona para la realización de las actividades de la vida diaria.

15 La jurisprudencia ha precisado el concepto de la gran invalidez, delimitando qué se entiende por acto esencial de la vida, así como estableciendo que la necesidad del concurso de una tercera persona no tiene que ser forzosamente continuada (por ejemplo, SSTS. 27 de junio de 1984 ó 23 de marzo de 1988), bastando con que aquella sea prestada de forma habitual. Para la jurisprudencia del Tribunal Supremo por acto esencial para la vida debe entenderse el encaminado a satisfacer una necesidad primaria e ineludible, en orden a subsistir fisiológicamente o para ejecutar los actos indispensables en la dignidad, higiene y decoro de la persona (por ejemplo, SSTS, de 17 de junio de1985 ó la de 23 de marzo de 1988)

16 Aprobado por Real Decreto-Legislativo 4/ 2000, de 23 de junio.

17 Texto Refundido aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2000, de 9 de junio.

18 No obstante, se precisa que los gastos derivados de tal hecho no podrán representar para el ISFAS un incremento superior al 10% de la prestación.

19 De conformidad con el Reglamento CE 1408/1971, de 14 de junio, en la redacción dada por el Reglamento CE 1247/1992, de 30 de abril.

20


 Conforme a lo previsto en la Ley de la Seguridad Social, se entiende por unidad económica la convivencia del beneficiario con otras personas unidas con él por matrimonio o lazos de parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado.

21  Conforme a los artículos 2 y 10 del RD. 356/1991, así como la Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, de 9 de abril de 1.991.

22 Los Tribunales han realizado una interpretación muy flexible de la separación transitoria. Vid. Por ejemplo, la STSJ, de Madrid, de 3.5.1996, que considera no rota la convivencia, aunque el hijo resida en el extranjero, existiendo dependencia económica, puesto que, a juicio del Tribunal, aunque el hijo resida en el extranjero, existiendo dependencia económica, ya que, a juicio del Tribunal, el requisito de convivencia debe aplicarse con flexibilidad, atendiendo al espíritu y no solo a la letra de la normativa.

23 De acuerdo con la regulación incorporada en el ordenamiento de la Seguridad Social por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.

24 Según Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, de 9 de abril de 1991. Un análisis de la incidencia del matrimonio del propio hijo, como posible causa de extinción de la asignación, en la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de junio de 1996.


25 Aunque, conforme a los Reglamentos comunitarios de coordinación, la residencia en los países del Espacio Económico Europea del menor se considera, a estos efectos, como residencia en España: También –y por lo que se refiere a los países de la Unión Europea (salvo en el caso de Dinamarca) también se entiende producida en España, la residencia en dichos países de los hijos de trabajadores de países terceros que trabajen y residan en España.

26


 Hasta el año 2.000, el importe de las asignaciones económicas por hijo a cargo era equivalente a la cuantía -sin pagas extraordinarias- de las pensiones de invalidez, en la modalidad no contributiva. Esta equivalencia se ha roto a partir del ejercicio 2.000, ya que mientras que las pensiones no contributivas se incrementaron por encima de las previsiones del crecimiento del IPC, este parámetro se ha utilizado para la actualización, en el ejercicio 2000, de las asignaciones económicas por hijo a cargo, minusválido y con 18 o más años.

27 Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.

28 Ésa parece ser la intención de la Administración, a la vista de las declaraciones del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales aparecidas en el mes de enero de 2004 en la prensa.

29


 Datos extraídos de la publicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social


Compartir con tus amigos:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2017
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos