La legitimidad y la legalidad



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La legitimidad y la legalidad

El recuento que hasta ahora hemos efectuado nos conduce a la necesidad de aclarar dos conceptos importantes para la cabal comprensión del poder estatal y para enlazar la teorización efectuada con la del apartado siguiente relativa al Derecho. Se trata de los conceptos de legitimidad y de legalidad, el primero propio de la política y el segundo del Derecho.

En el párrafo inmediatamente anterior se dijo que el Estado detenta el uso de la fuerza legítima. Con lo cual se hace énfasis en que la sola utilización de la fuerza no es suficiente para sustentar y mantener el poder estatal, es necesario que quienes obedecen dicho poder tengan razones para aceptarlo. La legitimidad se refiere precisamente a esta idea que tiene que ver con las razones por las cuales las personas aceptan y justifican un poder político. Si revisamos la historia podemos encontrar diversos fundamentos de la legitimidad del poder político: la divinidad, esto es la creencia de que el poder político deviene de Dios, modelo de legitimidad que se dio en gran medida durante la edad media; el carisma del líder, modelo de legitimidad del cual se encuentran ejemplos aún en el mundo contemporáneo y, como característico del Estado moderno encontramos la legitimidad basada en la legalidad. Lo cual genera como resultado la identificación entre legitimidad y legalidad.

Cuando el Estado moderno, asumió el carácter de Estado de derecho, la legitimidad del poder ejercido por el Estado se fundamentó en su sometimiento a la legalidad, en dos aspectos: quienes ejercen el poder estatal deben estar autorizados para ello por el ordenamiento jurídico, se trata de la legitimidad en el origen del poder; pero además dicho poder debe ser ejercido conforme a lo establecido en la ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera arbitraria, se trata de la legalidad en el ejercicio del poder9 .

El Estado de Derecho significó así la opción por el "gobierno de las leyes", opuesto al gobierno de los hombres. Dicha opción implica tanto gobernar conforme a las leyes como gobernar mediante las leyes, esto es, normas de carácter general válidas para toda la comunidad política.

No obstante, en la actualidad se estima que la sujeción a la legalidad no es ya suficiente para hacer del poder estatal un poder legítimo, por eso podemos afirmar que ese modelo de legitimidad está en crisis. Hoy se considera que es necesario además, que la ciudadanía participe ampliamente en la toma de decisiones y que el Estado sea eficaz en la satisfacción de las necesidades sociales.



9 Norberto Bobbio. El poder y el Derecho. En: origen y fundamento del poder político. Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero. Enlace grijalbo. México: 1984, p. 30.


Diferencia entre legalidad y legitimidad. El derecho a desobedecer


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   La diferencia entre legalidad y legitimidad ha sido una cuestión fundamental de la teoría política y el derecho, desde los inicios del pensamiento humano. La ley es un conjunto de normas de conductas cuyo incumplimiento está sancionado por castigos. Tanto si la ley es una norma escrita como si es fruto de una tradición oral, se entiende que legalidad es todo aquello que ocurre dentro del marco legal dado como válido por el conjunto del cuerpo social. Un acto es legal cuando no incumple una norma; de este modo, cruzar el semáforo en verde, tirar la basura según la hora estipulada por la normativa municipal o no robar al vecino, son comportamientos legales en tanto que no incumplen ninguna ley.

Como vemos, es sencillo explicar lo que es legal, mucho más complejo es saber lo que es la legitimidad. En ocasiones entendemos que ciertos comportamientos son legales pero ilegítimos; por ejemplo, puede ser que criticar a los vecinos no sea un delito y, por tanto, no es un acto “ilegal”; sin embargo, entendemos que no es un acto legítimo hablar mal de alguien a sus espaldas. Vemos que la moral no está contenida por lo legal sino que más bien parece lo contrario; además, la cosa se complica cuando descubrimos que, en ocasiones, lo legal se opone a lo que sentimos como legítimo.

Cuando observamos las persecuciones que ha sufrido el pueblo judío en Europa durante los últimos siglos, comprendemos que actos que hoy nos parecen monstruosos eran perfectamente legales en determinadas épocas. Denunciar a tu vecino judío no solo era legal en la Alemania nazi o en la España de 1492 sino que no denunciarlo podía ser entendido como un delito. ¿Era legítimo que alguien se opusiese a esa ley y ayudase a los judíos víctimas de la persecución? ¿Condenaríamos su conducta? Creo que la mayoría de los lectores estarán de acuerdo en admitir que un hombre que violase esas leyes no actuaría ilegítimamente aunque sí ilegalmente. Estos conflictos no solo se originan cuando echamos la vista atrás o comparamos nuestros sistemas de leyes con los de otras culturas. Hoy en día ese conflicto entre legalidad y legitimidad está más vivo que nunca y continuamente el debate se reabre; por ejemplo, hace poco Dana Bakdounis se fotografió sin velo y subió su foto a una red social ¿acaso no tiene derecho una chica a negarse a llevar el velo aún cuando en su país la ley establece que debe llevarlo?

Dirimir cuales son los derechos individuales inalienables y que no pueden negárseles a ningún hombre independientemente de la sociedad en la que viva y sus leyes, es una labor compleja debido a las culturas y tradiciones humanas plurales que conviven en nuestro planeta. Sin embargo, y a pesar de tal dificultad, también existen abusos que la inmensa mayoría de la población mundial reconoce como tales por muy legales que sean: el lento exterminio del pueblo palestino, las guerras imperialistas, el hambre evitable…

La actual crisis económica en Europa ha puesto cruelmente de manifiesto este conflicto entre la ley y lo justo-legítimo. Cuando la ley condena al desahucio a una persona por haber perdido su puesto de trabajo o recorta derechos laborales, podemos dudar que tal ley sea legítima; mas, cuando los mismos que sostienen esas leyes indultan a banqueros, políticos corruptos y a torturadores pero no a las familias que se ven condenadas a la miseria, pocas dudas nos deben caber sobre la legitimidad de tales leyes y gobernantes. Por lo tanto, igual que un ciudadano alemán estaba moralmente autorizado a desobedecer ciertas leyes bajo la opresión nazi, nosotros lo estamos hoy para cuestionar nuestro grado de obediencia a unas leyes que se aplican conculcando derechos humanos básicos y haciendo uso de la violencia.

En definitiva, la cuestión teórica sobre la relación entre la legalidad y la legitimidad tiene, adoptemos la postura que adoptemos, consecuencias prácticas y políticas evidentes que no deben ser desdeñadas en el análisis. 





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