¿La intervención psicosocial en la modalidad comunitaria… verdaderas garantías en tiempos de postconflicto?



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¿LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA MODALIDAD COMUNITARIA… VERDADERAS GARANTÍAS EN TIEMPOS DE POSTCONFLICTO?

  1. INTRODUCCIÓN

El contexto histórico colombiano que ha estado atravesado por un conflicto armado con diferentes actores armados y la fuerza pública, ha implicado que en la mitad de este conflicto sea la población civil la que debe asumir, sin así quererlo y sin haberlo buscado, las consecuencias de una guerra que fractura su cotidianidad, irrumpe en su manera de ver la vida y genera afectaciones irreparables, puesto que su experiencia con la guerra genera puntos de quiebre donde en su vida, ya nada vuelve a ser lo mismo.

Después de los hechos victimizantes, la población debe resignificarse desde el posible dolor que deja los impactos de la misma, y para ello, se construyen estrategias de supervivencia tanto personales como colectivas, algunas desde la misma población y otras motivadas por el Estado o cooperación internacional. En dichas estrategias se encuentra la intervención psicosocial, la cual es una de las modalidades de rehabilitación en la garantía al derecho a la reparación de las víctimas.

Se considera que la intervención psicosocial comunitaria es una modalidad necesaria para la recuperación del tejido social y todo lo que este significa, recuperar la capacidad organizativa y participativa de las poblaciones, recobrar la confianza y solidaridad en ellas mismas, reconstruir y fortalecer los mecanismos de gestión ante la institucionalidad, entre otros factores que después de la guerra se diluyen, ya que sea porque la población víctima abandona sus regiones o porque el silencio es la mejor estrategia de supervivencia, lo que acentúa así una convivencia individual con los otros, y aunque se lea contradictorio, termina sucediendo en las comunidades, donde estamos presentes pero ausentes en cuanto a la convivencia y aún más, en cuanto a la posibilidad de construir acciones colectivas.

Por ello, ante este nivel de fracturas que irrumpen en la construcción con el otro, amerita que la intervención psicosocial comunitaria dada por el Estado, represente para las poblaciones la posibilidad que los impactos de la guerra no sean subsanadas –en alguna medida- solo en el ámbito individual sino también en lo comunitario, ya que como lo diría el investigador Mario Calderón que “la paz es nacional como propuestas pero regional como solución”.1 Es decir, todo lo que se pueda construir desde la acción colectiva, y en este caso para reparar las afectaciones psicológicas y sociales que han afectado a las comunidades, solo así, se puede considerar que se estará en un verdadero postconflicto que mira de frente a las poblaciones y que no va tarde a la deuda social de volver a entretejer todo lo que se construye en las acciones con los otros.



  1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Conocer en tiempos de postconflicto, ¿cómo son las dinámicas en las que se está realizando la intervención psicosocial comunitaria como garantía de derechos de la población víctima del conflicto armado?

  1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448/2011, se exhorta al MPS a la creación e implementación del PAPSIVI. La funcionaria Maritza Villareal del departamento de Promoción Social del MPS, sostuvo en entrevista que desde el año 2012, cuando entró en vigencia la ley, se crearon espacios internos y externos, interinstitucionales y académicos para la construcción del documento del presente programa. Desde el segundo semestre del 2012 hasta el primer semestre del 2013, se hicieron consultas a las mesas departamentales de víctimas y en los espacios transicionales de víctimas, generando así treinta espacios regionales y uno nacional con las víctimas del conflicto armado. Además, se creó otro tipo de escenarios interinstitucionales, académicos y de cooperación internacional; de modo que a partir de estos espacios de trabajo el MPS construyó el documento preliminar del programa, con fecha de junio del 2013, con el que se inició la implementación del programa en agosto del mismo año. El presente programa tiene dos componentes, el primero es la atención psicosocial, la misma que al no estar en el Plan Obligatorio de Salud POS está a cargo de equipos interdisciplinarios los cuales están adscritos al MPS; el segundo componente es la atención en salud integral, siendo esta responsabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.

La intervención psicosocial se da en tres modalidades: individual, familiar y comunitaria, siendo esta última de interés de esta investigación, puesto que el último informe2 dado por el MPS expone unas cifras de población atendida en el ámbito comunitario pero relacionando las mismas cifras con la modalidad familiar, lo cual no permite dar cuenta del verdadera atención dada en ésta modalidad, ya que no está discriminada ni se especifica indicadores de evaluación sobre los que sea ha hecho en la modalidad comunitaria. Sumado a ello, en la investigación de tesis de maestría3 de la presente autora, se encontró que la modalidad que presentaba mayores complicaciones para poder desarrollarse era la atención psicosocial comunitaria, lo cual hacia que la intervención psicosocial dada por el Estado quedara en acciones terapéuticas pro lo tanto individuales, pero no impactara en las acciones colectivas que permiten reconfigurar el tejido social sobre lo que comunidad se afectó psicológica y socialmente.


  1. ANTECEDENTES

A partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448/2011, se exhorta al MPS a la creación e implementación del PAPSIVI. La funcionaria Maritza Villareal del departamento de Promoción Social del MPS, sostuvo en entrevista que desde el año 2012, cuando entró en vigencia la ley, se crearon espacios internos y externos, interinstitucionales y académicos para la construcción del documento del presente programa. Desde el segundo semestre del 2012 hasta el primer semestre del 2013, se hicieron consultas a las mesas departamentales de víctimas y en los espacios transicionales de víctimas, generando así treinta espacios regionales y uno nacional con las víctimas del conflicto armado. Además, se creó otro tipo de escenarios interinstitucionales, académicos y de cooperación internacional; de modo que a partir de estos espacios de trabajo el MPS construyó el documento preliminar del programa, con fecha de junio del 2013, con el que se inició la implementación del programa en agosto del mismo año. El presente programa tiene dos componentes, el primero es la atención psicosocial, la misma que al no estar en el Plan Obligatorio de Salud POS está a cargo de equipos interdisciplinarios los cuales están adscritos al MPS; el segundo componente es la atención en salud integral, siendo esta responsabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.



Proceso de implementación del PAPSIVI
El PAPSIVI ha transcurrido en cuatro fases de implementación, la primera etapa se realizó en el período de agosto del 2013 a julio del 2014, a partir del Convenio 363 que en 2013 se hizo con la Organización Internacional para las Migraciones, en adelante OIM, a quien se le transferían los recursos para así estar a cargo del proceso de licitación de los operadores en región, en donde cada operador se encargaba de contratar los equipos interdisciplinarios quienes operaban en cada región; esta primera fase se implementó en 17 departamentos y 2324 municipios, más el distrito capital. En marzo del 2014 el MPS decide que para la segunda fase del PAPSIVI no se haría prorroga de estos contratos a terceros y de no entregar los recursos a los mismos, el Ministerio toma la decisión en marzo del 2014 de no prorrogar el contrato a la OIM para que así la transferencia de recursos y la responsabilidad del programa se le entregara a las Secretarias de Salud Departamentales.
En la segunda fase se aumentó la cobertura a 11 departamentos para un total de 28 territorios departamentales, y fue desarrollada de septiembre a diciembre del 2014 y en algunas regiones finalizó en enero del 2015. En este segundo período las entidades territoriales tenían autonomía para contratar un operador en la región para realizar la logística o la operación del programa, también podían asumir ellos mismos la ejecución directa del programa. Esta decisión fue asumida por el MPS porque según la funcionaria, las mesas departamentales de víctimas expresaron al MPS la pertinencia de no hacer licitaciones con terceros, puesto que ello significaría tercerizar el programa y hacer que los recursos se viesen disminuidos para la operación del mismo. Además, porque en una evaluación nacional realizada en marzo del 2014, el MPS encontró que en algunos departamentos no había articulación entre los operadores contratados por la OIM y las direcciones territoriales en salud, lo cual hacia que el efecto reparador del programa se perdiera porque estaba implicando someter a las víctimas a procesos desarticulados y ajenos a la dinámica institucional del MPS.
La tercera fase de implementación del programa comprendió el período de mayo a diciembre del 2015, se tiene planeado que no haya cierre de este proceso antes de diciembre puesto que como se expondrá más adelante, una de las desventajas del programa ha sido los cortos períodos para el desarrollo de cada fase. La quinta fase se realizó en el 2016, desde el 2014 no hay un informe público de resultados.
Nuevas apuestas al programa PAPSIVI
Según Villareal, funcionaria del MPS, hubo un espacio de evaluación del programa en el marco de la jornada de construcción del capítulo de víctimas para el Plan Decenal de Salud Pública, se presentaron los resultados del programa en cada departamento y fueron los líderes de cada mesa departamental de víctimas quienes validaban dichos resultados. A partir de las retroalimentaciones recibidas en esos espacios, el MPS definió el propósito de hacer fases anuales para el programa y no trimestrales ni semestrales como ha venido pasando. También se hicieron ajustes sustanciales al desarrollo del programa por parte de los equipos interdisciplinares, ya que el documento anterior tenía marcos de referencia y fases pero presentaba inconsistencias en aspectos metodológicos, puesto que no se especificaba en el cómo hacer la intervención psicosocial, frente a ello la funcionaria Villareal sostiene que:

Nos estábamos encontrando con una multiplicidad de metodologías para hacer atención psicosocial, eso no nos preocupaba, la diversidad, lo que nos preocupaba era que esas metodologías son muy lejanas al enfoque reparador, y eso si nos preocupaba, no queremos unificar, pero queremos garantizar que lo que se haga en esta materia si tenga enfoque reparador, porque el PAPSIVI se inscribe como una medida de reparación y se inscribe en las medidas de rehabilitación. El Ministerio debía trabajar en ello para no hacer acciones con daño, revictimizaciones y así darle más estructura a la fase de atención psicosocial.5


Desde finales del 2014 hasta marzo del 2015 se logró hacer las modificaciones al documento para que éste diera cuenta de un enfoque epistemológico, ontológico, ético, político y metodológico, precisando en fortalecer el componente conceptual y metodológico que carecía el documento anterior; este trabajo estuvo a cargo de la oficina de Prevención y Promoción y la oficina de Promoción Social, quienes dieron como resultado el documento llamado “Estrategia de Atención Psicosocial”, el cual le permitirá al profesional tener herramientas para enfrentar diferentes expresiones del daño psicosocial, se sugieren el número de sesiones, el tiempo entre una y otra sesión. Según la funcionaria, el propósito es socializar y consultar con expertos este documento y pasar a una etapa de consulta en el mes de marzo, para que en el mes de abril se haga la capacitación a los equipos interdisciplinarios sobre estas reformulaciones, este proceso de reinducción se hará durante todo el año por medio de dispositivos tecnológicos reconociendo las dificultades que hay para estar presente en todo el territorio nacional. Según el MPS, representado por la funcionaria Villareal, se considera importante capacitar y actualizar a los profesionales, puesto que la experiencia les ha dicho que de nada sirve cambiar e innovar en una estrategia si no hay una capacitación oportuna para los profesionales que ejecutan la misma.
La apuesta principal que pretende el MPS es una intervención psicosocial que no tenga el carácter lineal que el anterior plan de atención, es decir, primero caracterizar, luego construir un plan de atención para terminar con la fase de implementación. Lo que se pretende ahora es hacer un proceso cíclico que permita que desde la primera visita el profesional genere una acción que tenga efecto terapéutico de reconocimiento mutuo, y que permita una concertación de trabajo entre los profesionales y la víctima, lo cual va a repercutir en el cambio de instrumentos que utilizaban los profesionales, puesto que estos ya no serán tan complejos para registrar la información que tienen que reportar ante el MPS, puesto que el propósito es reducir los tiempos de registro para invertirlos en la atención a la víctima, ya que en la socialización con las mesas de víctimas citada anteriormente, se encontró que debido a lo complejo y extensos de los formatos de caracterización se estaba generando acciones victimizantes a la población, algo así como si estos procesos se volvieran un check list de los hechos victimizantes, sus daños e impactos en las víctimas.

  1. JUSTIFICACIÓN

El conflicto armado colombiano afecta gravemente el ejercicio de los derechos humanos en la población en situación de desplazamiento, convirtiéndola en víctimas de ataques indiscriminados, pérdida de sus tierras y de sus familiares, y todo tipo de desarraigo, que los convierte en una población vulnerable que no solo debe asumir las consecuencias intrínsecas del desplazamiento, además de ello deben enfrentar el factor desproporcionado entre sus necesidades y la respuesta ineficaz del gobierno frente a las mismas.

Actualmente el país tiene 42.888.594 personas, de las cuales según la Unidad de Vícitmas presenta 8.320.8746 personas víctimas del conflicto armado, lo cual convierte al país con el mayor número de desplazamientos internos en el mundo. Lo anterior da cuenta que el conflicto armado es una de las problemáticas más complejas y coyunturales que tiene el país, por ende, es de vital importancia que la academia no sea ajena a este tipo de problemática, y antes bien, este comprometida con el conocimiento de la dinámica de este flagelo, en función de dar cuenta tanto de las violaciones históricas que legitiman la violencia, además de reconocer las nuevas causas, consecuencias, actores y demás factores que se reinventan en el conflicto armado interno.

Por otro lado, la manera en cómo se da cuenta la guerra en Colombia es desde una perspectiva muy sesgada, ya que la historia del conflicto armado se ha contado como se ha querido contar, mostrando lo que conviene mostrar y legitimando toda aquellas dinámicas que permitan mantener las arcas de aquellos que no están interesados en un proceso de paz, puesto que la guerra les resulta su principal estrategia de crecimiento económico, o si es desde el contexto político, existen discursos totalitaristas de partidos políticos que no les representa nada atractivo negociar con la disidencia y empezar a construir desde su modelo hegemónico una Colombia con aires de paz.

Por ello esa mirada del conflicto armado tan elaborada y al mismo tiempo simplista de los gobiernos de turno, los cuales solo dan cuenta de los ataques armados de los grupos insurgentes, de las afectaciones que le hacen al país, pero lejos de ello hay un discurso que dé cuenta de las causas estructurales de la guerra, de la responsabilidad que ha tenido el supuesto Estado social de derecho para perpetuar la misma. Además, otro negligencia que ha tenido el Estado, es el desconocer a las víctimas que ha dejado el conflicto armado, esta población se ha convertido en el sujeto inexistente históricamente, donde ellos y ellas no tienen rostro ni voz, lo que hace que sus percepciones sobre la guerra y sobre la consecuencias de las mismas sobre su vida y las de sus familias es desconocimiento del Estado y de la sociedad. Seguramente ese desconocimiento no es ingenuo, representa la intención de ser inoperante con no asumir la principal consecuencia de la guerra: la fragmentación del tejido social, puesto que ello le significa costos altísimos de reparación.

También, el reconocer a las víctimas y su voz, muy seguramente significa develar la negligencia del Estado para garantizarles sus derechos, además, como este mismo Estado ha sido reproductor de la guerra en las regiones, y en muchos casos, como la fuerza pública mediante el abuso del poder termina siendo la protagonista de la violación a los derechos humanos en las poblaciones. Evidenciar las anteriores verdades significa afectar la mala imagen del país ante la comunidad internacional, más exactamente a los empresarios extranjeros que generan cierta desconfianza inversionista en un país con estas complejidades. Todo lo anterior no ha hecho posible que en la historia de la guerra se visibilice a las víctimas y aun mejor se conozca la historia de esta guerra desde sus voces, sus experiencias y por ende sus afectaciones, dicho argumento es sostenido en el último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica al referir que: “Durante décadas, las víctimas fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra, fueron vagamente reconocidas bajo el rótulo genérico de la población civil o, peor aún, bajo el descriptor peyorativo de “daños colaterales”. Desde esta perspectiva, fueron consideradas como un efecto residual de la guerra y no como el núcleo de las regulaciones de esta”.7

Por ende, en un contexto de visibilización de las víctimas habrá que dar cuenta de los derechos que tienen por el hecho de ser víctimas, es por ello que esta investigación reconoce que la justicia transicional es un aporte para el marco jurídico para la paz, ya que este tipo de justicia tiene como propósito garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La garantía de los derechos que contempla la justicia transicional representan fundar la paz desde el reconocimiento del otro y de su historia, ya que si no hay garantía de los derechos de las víctimas en un posible postconflicto, se estaría fundando la paz en la impunidad, en la indiferencia intencionada de esconder los hechos victimizantes y con ellos el dolor, la pérdida, y todos los significantes emocionales y relaciones que generan los crímenes en contextos de guerra. En palabras de Elizabeth Lira:

“La prolongación de la violencia por años o décadas genera acostumbramiento. Paradójicamente, la denuncia que se repite una y otra vez contribuye a que, para la mayoría de esa sociedad, esos horrores se vuelvan invisibles y que el trauma y el sufrimiento se transformen en un asunto privado de las víctimas. Cuando las violaciones de los derechos humanos se tratan políticamente como si no hubiesen existido o, de haber existido como el costo necesario de la paz (…)”. 8

Ahora bien, es preciso afirmar que ese proceso de visibilización a las víctimas en el marco de la justicia transicional, estará supeditado en la manera como el Estado reconozca a las víctimas, es decir, si las reconoce como sujetos derechos o como sujetos inexistentes. La viabilidad de un proceso de justicia transicional efectivo dependerá que a la población civil afectada por el conflicto armando se le reconozca en dos vías, tanto como víctimas por los derechos vulnerados y como sujetos de derechos capaces de liderar procesos de defensa y exigibilidad sobre lo que se les vulneró, permitiendo que su presencia y existencia tenga peso y sentido en esta sociedad que tiende a ser indiferente con la guerra.

Cabe precisar que el concebir a las víctimas como sujetos de derechos, tiene un significado importante en la aplicabilidad de una justicia transicional, ya que este proceso va más allá de lo que el Estado o los victimarios quieran garantizar o reconocer, es allí donde las víctimas tienen un papel decisorio sobre lo que ellas conciben como garantía a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Si no se les permite actuar en el escenario de su propia reivindicación, se comete el error de invisivilizar a esta población, perpetuando así una de las lógicas de la guerra: la negación del otro, de su existencia y por ende, de su realidad. Lo que en palabras del autor Alejandro Rosillo al referirse al no reconocimientos del otro desde los tiempos de la conquista: “ En la actualidad, casi quinientos años después, esa emergencia del otro, exige sus derechos a través del acceso a los bienes para la satisfacción de sus necesidades materiales de vida, sigue interpelando a una sociedad que formalmente (constitucionalmente) reconoce y garantiza derechos humanos, pero que los cumple desde la totalidad, desde la mismidad; la exterioridad es excluida de su disfrute”9.

Contextualizando esa materialización de derechos en la realidad colombiana, se tiene que la ley de Víctimas y Restitución de tierras 1448/2011, representa la cuota inicial para la construcción de la paz, y aunque reparar a más de 5 millones de víctimas que hay hasta la fecha, según el último reporte dado por la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria a la revista Semana del mes de Junio de este año, según ella se ha reparado 158.000 personas10, lo cual evidencia que los avances en la materia son poco representativos y que aún queda una tarea de gran magnitud para que el derecho a la reparación se materialice en la vida de las víctimas.

En cuanto al derecho a la reparación en el eje de lo psicosocial la revista Semana sostiene que: “En los planes de rehabilitación psicoterapéuticos, por ejemplo, el gobierno está quedado y hay falencias en otras áreas, coinciden muchos. Faltan indicadores de desempeño y ‘semáforos’ para verificar al ritmo que esas instituciones se suben al bus de la reparación” 11También hay que precisar que en la búsqueda bibliográfica sobre este tema, no se encontró cifras que den cuenta de la población víctima que ha recibido atención psicosocial.

Por lo anterior, entender la reparación en el plano de lo psicosocial significa reconocer y dar visibilidad a las afectaciones inmateriales, esas que no se ven a simple vista, pero que su ausencia puede significar que sean posiblemente las que más perpetúan el sufrimiento y el recuerdo de lo vivido, “(…) en cuanto no se toman medidas para mitigar ese sufrimiento y no se reconoce como la desatención de lo sucedido impide a las comunidades encontrar salidas que transformen su hoy y ahora, anclándolas en la memoria del dolor y dificultando la reconstrucción de los proyectos de vida”. 12

Por consiguiente, sí las víctimas de este conflicto armado no tienen escenarios de garantías reales a sus derechos, están destinadas a la cristalización de sus traumas a perpetuar su condición de víctimas, pues es desde ese rol que se posicionan para visibilizarse y ser reconocidas por el Estado y la sociedad, lo cual hace que esta población detenga su vida esperando que le reconozcan sus derechos y por ende su dolor, entre tanto, su cotidianidad seguirá enmarcada por los hechos victimizantes que se quedan en un presente continuo.

Asumir la paz es sinónimo de reconocer las causas estructurales del conflicto armado, y ello se consigue conociendo los crímenes, logrando que los causantes de estos crímenes sean judicializados, asumiendo la reparación más allá de la indemnización material, y creando contextos sociales, políticos y económicos que den garantías de no repetición, es allí donde se fortalece el Estado social de derecho, de lo contrario, sino se repara este tipo de afectaciones se estará viabilizando el perpetuar los resentimientos, estimular las venganzas y reeditar el conflicto.



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