La Delincuencia Organizada Transnacional



Descargar 167.88 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión15.08.2018
Tamaño167.88 Kb.
Vistas22
Descargas0
  1   2   3
Catálogo: pdfs -> 2015
pdfs -> International Agency for Development of Culture, Education and Science Level 7/ 30 Collins St, Melbourne, vic 3000, Australia
pdfs -> Entre assimilação e integração Índice
pdfs -> Wampia, entre el proceso educativo propio y el mundo escolar
pdfs -> MigraçÕes e cultura: como superar a discriminação?
pdfs -> Anexo 2 bases del concurso público para proveer cargos académicos de la universidad de los lagos
pdfs -> Wampía, entre el proceso educativo propio y el mundo escolar
pdfs -> qué es ser adolescente mujer en pasto (2002)
pdfs -> Em São Paulo, feministas protestam contra Estatuto do Nascituro
pdfs -> Consorcio de Educación de Enfermería para el Final de la Vida
2015 -> Quincuagésimo séptimo período ordinario de sesiones del 9 Abril – Mayo, 2015 Washington, D. C



La Delincuencia Organizada Transnacional:

Una aproximación preliminar al fenómeno en la región

Documento Informativo

preparado por el Departamento de Seguridad Pública

de la Secretaría de Seguridad Multidimensional



INTRODUCCION

El escenario de violencia por el que atraviesan hoy día a los países del hemisferio puede atribuirse, en gran medida, a la creciente actividad, adaptabilidad y expansión de la delincuencia organizada. Especialmente, en los últimos años, se manifiestan expresiones de delincuencia con vínculos transnacionales que no respetan fronteras. La violencia que generan los grupos criminales organizados, sea cual sea su expresión y magnitud, afecta a cada uno de los países de la región. Se ha vuelto una constante encontrar noticias del impacto que la delincuencia organizada tiene en la vida diaria de las personas que habitan en el hemisferio. Más preocupante aún es la naturalización y normalización de esta situación, que se manifiesta, entre otras conductas, en una sobre-adaptación de la población y, a nivel del Estado, en una falta de acción pública.

La delincuencia organizada engloba varias actividades ilegales, y más que un hecho delictivo puntual, cada actividad puede ser mejor concebida como un proceso delictivo, pues involucra varias etapas, pasos e interacciones.

La delincuencia organizada transnacional es un tema que afecta no sólo a la seguridad pública de la región, sino que, tiene impactos múltiples, de corto, mediano y largo plazo. Tiene impacto a nivel individual, en la medida en que hombres, mujeres y niños caen víctimas de las actividades delictivas y de la violencia que éstas generan. A nivel de las comunidades, particularmente de aquéllas que se ven sujetas al control violento o a los enfrentamientos armados entre grupos organizados rivales, emerge un entorno de miedo e incertidumbre que altera los hábitos y estilos de vidas de los ciudadanos, afectan su sensación de bienestar y satisfacción con la vida. Hay evidencia de que las actividades ilícitas y el modus operandi de los grupos organizados transnacionales también inciden sobre la intención de emigrar. Ante la falta de respuesta por parte del Estado o de respuestas ineficientes, intermitentes, de corto plazo, las comunidades también pueden reaccionar tomando medidas colectivas extra-judiciales, desde linchamientos hasta la creación de grupos de auto-defensas o vigilantes.

Pero además de los potenciales impactos a nivel individual y comunitario, la delincuencia organizada transnacional también trastoca la relación Estado-sociedad. Ganan terreno las demandas por políticas de mano dura, que privilegian la represión y la venganza en lugar de la prevención y la reinserción. Según reporta el Barómetro de las Américas 2014, 55,1% de los encuestados se manifestaron a favor de enfoques punitivos para enfrentar la delincuencia. Con respecto al estudio de 2012, esto implica un aumento de 8,2 puntos porcentuales. También se evidencia una mayor tolerancia y hasta una posición favorable hacia el involucramiento de las FF.AA. en materia de seguridad pública. Esto se ve reflejado en una tendencia hacia la mayor militarización de la seguridad.

También sufren los sectores de la economía legal, no sólo en términos de pérdida de inversiones, productividad, ingresos y empleos sino también debido a la pérdida de mano de obra y fuga de cebreros como consecuencia de la violencia generada a raíz de algunas de las actividades ilícitas llevadas cabo por la delincuencia organizada transnacional

Asimismo, el Estado se ve afectado por al menos cuatro vías. Las dos primeras están relacionadas con el impacto directo que la delincuencia organizada transnacional puede tener sobre el funcionamiento del Estado: la pérdida de control de territorio y retracción de la presencia del Estado, y la penetración por parte de redes ilícitas en las estructuras e instancias estatales y niveles de gobierno. Las dos segundas pueden concebirse como impactos indirectos, producto de la respuesta del Estado: la asignación de recursos y la erosión de la legitimidad.

La pérdida de control del territorio se da en aquellos lugares donde la presencia del Estado es nula o débil. La delincuencia organizada aprovecha esos vacíos de poder e impone el monopolio de la fuerza y sus reglas de juego. Esos territorios conquistados se defienden no sólo de la fuerza pública sino también de grupos delictivos rivales. El poderío financiero de la delincuencia organizada transnacional, producto de las actividades ilícitas que lleva a cabo, permite comprar voluntades y cargos al interior del aparato estatal y de las estructuras de gobierno.

El combate de la delincuencia organizada transnacional implica una asignación de recursos públicos por parte de los Gobiernos. Sin embargo, ya sea por ineficiencia en el gasto o por ingresos fiscales insuficientes, entre otras causas, los recursos que finalmente se disponen para atender las múltiples dimensiones, causas e impactos del problema, no parecen ser adecuados. Por otro lado, también se paga un costo de oportunidad pues los recursos que se asignan para enfrentar las diferentes actividades ilícitas y sus impactos directos e indirectos, son recursos que se podrían invertir en educación, salud, desarrollo, entre otras áreas de gestión pública.

La falta de respuestas eficientes y efectivas frente al fenómeno corroe la confianza en las instituciones del Estado (particularmente de las fuerzas policiales, las cortes y el sistema de justicia penal), golpea la popularidad y el apoyo de los gobiernos (según Latinobarómetro, la aprobación de gobierno viene cayendo de manera sostenida desde el 2009, año en que la aprobación se ubicó en 60%, hasta el 2015, en donde se ubicó en 47%) y, eventualmente, puede ocasionar una pérdida de legitimidad de la democracia. Según Latinobarómetro, en 2015, la satisfacción con la democracia en la región es del 37%. Si se compara con los puntos álgidos de satisfacción, es decir 2009 y 2010 donde alcanzó 44%, la satisfacción con la democracia cayó 7 puntos porcentuales y se ubica al mismo nivel que en 2007-2008.

Dado lo mucho que está en juego y la expansión, mayor sofisticación, creatividad y adaptabildad de los grupos criminales organizados, se debe descartar de plano la idea de que cada Estado podrá enfrentar el problema de manera unilateral y aislada. La delincuencia organizada afecta, en mayor o menor medida a todos los Estados. Es posible afirmar que estamos ante un problema de seguridad con un amplio rango de impacto espacial: local, nacional, regional e internacional. La delincuencia organizada es un fenómeno de interdependencia compleja que moldea la agenda de seguridad regional, así como las relaciones de los países de la región entre sí, y entre éstos y otros países y regiones del mundo (Dreyfus, 2009). Por lo tanto, no sólo hace falta una mayor coordinación y articulación en el plano doméstico, entre los diferentes niveles de gobierno e instituciones estatales, sino también a nivel regional e internacional. En el combate a la delincuencia organizada transnacional, la política multilateral aún continúa siendo relevante y más necesaria que nunca. Ese es uno de los caminos que es necesario reforzar y revitalizar.

El presente documento está estructurado en cinco partes. La primera parte del documento está dedicada a la conceptualización y caracterización del fenómeno. En la segunda parte, se presenta una aproximación al estado de situación de la delincuencia organizada transnacional en las Américas. En la tercera parte se presentan algunas de las principales limitantes y obstáculos que impiden la adecuada medición del fenómeno. La cuarte parte está dedicada al tema de género, postulando la necesidad de profundizar el análisis sobre el impacto de la delincuencia organizada (doméstica y transnacional) sobre las mujeres, como víctimas y victimarias. Finalmente, se presentan los instrumentos, foros y mecanismos del sistema interamericano que viabilizan una respuesta coordinada y articulada a nivel regional.



  1. CONCEPTUALIZACION Y CARACTERIZACION DEL FENOMENO

La Convención



























de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés) y sus Protocolos, son el principal instrumento jurídico a nivel mundial para combatir el delincuencia organizado. Según el artículo 2 de dicho instrumento, un grupo delictivo organizado debe ser entendido como: “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

La Convención luego pasa a definir qué se entiende por “delito grave”, “grupo estructurado” y “bienes”. En el artículo 3 se avanza en determinar bajo qué condiciones los delitos pueden ser consideraos de carácter transnacional.

Es posible identificar al menos cuatro criterios en la definición propuesta por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional:




























  • El primero es un criterio numérico. Un grupo delictivo está compuesto por tres o más miembros, y no se formó de manera aleatoria.

  • El segundo criterio es la determinación de un espacio, la transnacionalidad, sean éstos delitos que se comenten en un sólo Estado pero con implicancia transnacional, o bien delitos que se cometen en más de un Estado.

  • El tercero es un criterio lucrativo, es decir, que se actúe de manera premeditada con el objetivo de directa o indirectamente obtener un beneficio financiero o material.

  • Y el cuarto es el criterio delictivo. Por medio de este criterio se quiere dar a entender que se actúa de manera premeditada, con el objetivo de cometer un delito grave.

Bajo esta definición amplia, se agrupa una gran diversidad de estructuras, procesos y actividades. Si a nivel internacional se tiene una definición demasiado englobante y poco precisa, a nivel nacional, uno de los problemas es que las legislaciones difieren en cuanto a la tipificación de este delito.

Independientemente de las dificultades conceptuales o de definición, está claro que la delincuencia organizada transnacional desafía a las instituciones encargadas de aplicar la ley y a las instituciones de gobierno. Más aún, por su efecto multiplicador sobre la criminalidad y la violencia, tiene un impacto directo y negativo en la vida diaria de millones de ciudadanos.

El proceso de globalización trajo aparejado resultados positivos como la expansión del comercio internacional pero también posibilitó, entre otros efectos no deseados/esperados, el crecimiento, la diversificación y la transnacionalización de la delincuencia organizada.

Las formas jerárquicas tradicionales de los grupos de delincuencia organizada típicas de los ‘80s y principios de las ‘90s se han ido transformando y han sido reemplazadas por redes flexibles que trabajan articuladamente a fin de explotar nuevas oportunidades de mercado. Así, los grupos delictivos organizados involucrados en el tráfico de drogas también participan en el tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico de armas y el contrabando de otros productos ilegales. Asimismo, se ha producido una división de las actividades y consecuente especialización, mientras que algunos de esos grupos se encargan de la producción de drogas, otros se encargan de su traslado, y un tercero de su venta o explotación. Además, el quiebre e esas estructuras jerárquicas y verticalistas en un contexto de globalización, dio lugar a la multiplicación y atomización de los grupos delictivos lo cual, a su vez, posibilitó la expansión e incursión en nuevos negocios y mercados.

Las organizaciones criminales también se ven afectadas por el surgimiento de nuevas generaciones de delincuentes “más jóvenes y con una mayor disposición a romper la disciplina mantenida por las organizaciones tradicionales”. Un ejemplo de lo anterior es la utilización de las pandillas y bandas como vehículo de actividades ilegales.

La creación de nuevos mecanismos que facilitan transacciones financieras rápidas en contextos de controles bancarios endebles, favorecen el blanqueo de capitales producto de las actividades ilegales de la delincuencia organizada. La creciente capacidad financiera no sólo les permite proteger y defender sus negocios ilícitos sino que les da capacidad para penetrar las estructuras del Estado y ampliar su presencia en sectores de la economía legal. En última instancia, el mayor poderío financiero de la DOT socava aún más la capacidad del Estado para controlar las actividades ilícitas.



  1. ESTADO DE SITUACION EN LAS AMERICAS

La delincuencia organizada, tanto a nivel nacional como transnacional, en las Américas no es un problema nuevo. Sin embargo, en las últimas décadas, algunas de sus manifestaciones como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata y el tráfico de personas, la piratería musical e informática, la falsificación de productos, entre otros, han adquirido una escala y gravedad de tal importancia que, como señaló la OEA en estudios anteriores, algunas zonas de la región se han convertido en reductos de impunidad.1
En las zonas de estatalidad deficitaria o debilitada, el territorio es controlado por grupos delictivos organizados (GDO) que lo defienden de la fuerza pública de seguridad así como también del ataque de otros GDOs.
En algunos casos, el nivel e intensidad de la violencia que generan estos GDOs sobrepasa la capacidad de contención de las fuerzas policiales. Los Estados se ven obligados a recurrir a operativos cuasi-bélicos para intentar recuperar el control del territorio. Sin embargo, estos operativos no están exentos de costos humanos, sociales, económicos y políticos, particularmente cuando la recuperación del territorio termina siendo efímera. Las víctimas colaterales que dejan estos operativos, la falta de aplicación de la justicia y las frecuentes violaciones a los derechos humanos, generan una sensación de impunidad que potencia la percepción de falta de estatalidad y refuerza la ilegalidad en las comunidades. Más aún, en algunos casos, como en Colombia o Perú, la delincuencia organizada “ha jugado un papel decisivo en el financiamiento y la prolongación de los conflictos armados internos.”2

Diversos factores contribuyen a que en la región prospere la delincuencia organizada, entre ellos cabe mencionar los siguientes:



  • La región se ha convertido en una de las principales productoras de drogas, particularmente de cocaína.

  • El aumento del consumo de drogas.

  • La disponibilidad de armas de fuego.

  • La facilidad de acceso a modernos sistemas de comunicación y sistemas bancarios.

  • La porosidad de las fronteras.

  • Los elevados niveles de corrupción.

  • La demanda de bienes y servicios ilícitos, así como de personas para ser explotadas.

  • El alto porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan. La falta de una educación formal y los altos niveles de desempleo y sub-empleo, expulsan a los jóvenes de la economía legal y los torna vulnerables al reclutamiento de la delincuencia organizada transnacional.

  • La debilidad institucional, particularmente las limitaciones de los sistemas de justicia penal, refuerza la percepción de ineficacia de los sistemas judiciales y de corrupción generalizada.

  1. Tráfico de drogas y precursores químicos

El tráfico ilícito de drogas constituye una de las principales manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional. Debido a la estructura, las operaciones y las ganancias que genera, actúa como un catalizador de otras formas de delincuencia. En América Latina y el Caribe, la principal fuente de ganancias de la DOT es el tráfico de drogas y desde allí ha habido una diversificación hacia otros negocios ilícitos incluyendo: tráfico de armas, trata de personas, entre otros.3

Una forma de aproximarse a los volúmenes y montos del tráfico de drogas, así como también a las rutas, es a través de las incautaciones que se producen en un determinado país, en un determinado año. Sin embargo, los niveles de corrupción y colusión entre los carteles y las fuerzas de seguridad pública, la falta de controles eficaces y de coordinación fronteriza, las múltiples vías de entrada y la creatividad y mayor sofisticación de los carteles para enviar los cargamentos de droga, son algunos de los factores que explicarían por qué las incautaciones no reflejarían el verdadero volumen, cobertura y rentabilidad del negocio.

Hasta aproximadamente el 2006, la mayor parte del tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica entraba a los Estados Unidos a través de México. Sin embargo, a partir del reforzamiento de políticas destinadas a cerrar esa puerta de entrada, organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, reestructuraron sus rutas comerciales a países más pequeños y con instituciones más débiles, principalmente en Centroamérica y el Caribe.

A partir de datos obtenidos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en toda la región, las incautaciones de cocaína habrían disminuido en 33% durante el periodo 2009-2013. Aunque entre el 2009 y el 2011 se habría registrado un aumento del 64%, para el 2013 las incautaciones habrían disminuido en 59%. Resulta interesante ver las dinámicas entre las sub-regiones. Si bien la sub-región de América del Sur parece haber registrado el mayor aumento de incautaciones entre 2009 y 2011 (74%), entre 2011 y 2013 destaca la sub-región del Caribe, en dónde las incautaciones habrían aumentado casi diez veces. Esto se puede explicar, en parte, por medio del “efecto globo”.

También es posible apreciar el valor de lo incautado con respecto a la economía formal.4 En toda la región habría caído del 0,13% en 2009 al 0,07% en el 2013, aunque en algunas sub-regiones habría aumentado. En línea con lo anterior, se destaca el Caribe, donde las incautaciones como porcentaje del PIB habrían pasado del 0,21% en 2009 a casi el 2% en el 2013. Por su parte, en Sudamérica, habría alcanzado el 0,3% del PIB en el 2011 debido, principalmente, al volumen de lo incautado (y no necesariamente al precio5). Estas cifras sólo reflejan el número de las incautaciones hechas con éxito y no el tráfico total. Metodológicamente, el próximo paso sería establecer un multiplicador adecuado que permita estimar el tamaño total del tráfico de cocaína (lo explícito y lo oculto). Este multiplicador sería una de las tantas posibles formas para intentar medir la “cifra oscura” del tráfico de cocaína en un determinado país o en la región.

Al igual que con las incautaciones de cocaína, las incautaciones de cannabis reflejan dinámicas interesantes al interior de las sub-regiones. Entre el 2009 y el 2013, según datos de ONUDD, las incautaciones en las Américas se habrían reducido en 38%. No obstante, se presentó un leve aumento del 14% entre el 2011 y el 2013. Entre 2011-2013 la subregión que mayor aumento tuvo en términos de incautaciones de cannabis fue América Central, mientras que la única región que presentó caídas en las incautaciones, durante ese mismo periodo, fue el Caribe (52%). Cabe resaltar que fue esta última región la que mayor incremento de incautaciones registró entre 2009 y 2011.

El valor de las incautaciones de cannabis como porcentaje del PIB es ligeramente menor que el valor de las incautaciones de cocaína en Centroamérica y Sudamérica.6 Sin embargo, en el Caribe, representaron el 1,18% del PIB en el 2011, aunque en 2013 ese porcentaje cayó a casi la mitad (0,54%). En Norteamérica, al igual que en el Caribe, el valor de las incautaciones de cannabis como porcentaje del PIB es superior al valor de las incautaciones de cocaína.

Adicionalmente al volumen y monto de las incautaciones como indicador para poder estimar magnitud, alcance y rentabilidad del negocio del tráfico de drogas, también es posible medir su impacto en el nivel de violencia que genera, según queda registrado en la tasas de homicidios.

Las políticas de combate al tráfico de drogas por varios Gobiernos de la región, han puesto mayor presión sobre los carteles y ha aumentado la competencia entre éstos. Ya sea producto del enfrentamiento entre fuerzas de seguridad pública con grupos de traficantes o entre éstos por el control territorial de las rutas, el resultado ha sido, entre otros, mayores niveles de violencia criminal y aumento de las tasas de homicidios.

Hasta el momento, el único instrumento avalado y reconocido por los Estados Miembros para recolectar datos a nivel mundial sobre homicidios dolosos es la Encuesta de Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal, comúnmente conocida como CTS por sus siglas en inglés. La sección de Homicidios, que es una de las más grandes de la encuesta,7 recolecta datos sobre 59 variables. Entre estas variables, se pregunta por el número de homicidios relacionados con grupos delictivos organizados.8 De los 34 Estados Miembros representadps en la OEA, 21 enviaron respuesta a este cuestionario en el 2013. De este grupo, sólo cinco países reportaron datos para homicidios relacionados con grupos delictivos organizados: Barbados (0), El Salvador (904), Estados Unidos (137) Honduras (17) y Trinidad y Tobago (197).

Uno de los principales problemas en la utilización de la tasa de homicidios como indicador de la violencia generada por el narcotráfico es que no existe una caracterización universal y estandarizada de lo que constituye un homicidio cometido por grupos de la delincuencia organizada u ocasionados a raíz de las actividades ilícitas llevadas a cabo por dichos grupos. Este vacío dificulta el registro de la información relevante para entender, con base en evidencia, el real impacto y los costos no monetarios que los países pagan producto de la violencia que conlleva el narcotráfico.

Si se toman las cifras de homicidios reportadas por los países a través de la encuesta CTS, América del Sur, América Central y el Caribe se encuentran entre las cinco regiones más violentas del mundo. Una porción importante de los homicidios violentos están relacionados con el tráfico de drogas y la disponibilidad de armas. La mayoría de los homicidios violentos en las Américas son cometidos con armas de fuego (66% en 2012) y la mayoría de las víctimas son jóvenes varones de entre 15 y 29 años. La alta incidencia del homicidio intencional en la región en comparación con otras regiones del mundo se explica, en gran medida, por la presencia de grupos delictivos organizados y pandillas.9

La región marcó un punto de inflexión en la discusión sobre cómo abordar el problema de las drogas con el informe “El problema de las drogas en las Americas”, publicado en el 2013. El informe sobre drogas de la OEA desterró el paradigma tradicional con el que se venía trabajando en la región y abrió la posibilidad de cuestionar y buscar alternativas, plantear nuevos enfoques y proponer soluciones novedosas.

Respecto a los precursores químicos, según el Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2014 (INCSR) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, doce países del hemisferio occidental se consideran los principales países de origen. Asimismo, se estima que el 90% de las drogas ilegales también transitan a través de este grupo de países. Y si bien es cierto que entre ese conjunto de países han aumentado las incautaciones de precursores en los últimos años, se sigue trabajando con capacidades y recursos limitados para tratar y disponer de estos materiales.

La Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) mantiene estrecha relación con las autoridades nacionales que se dedican a estos temas. Se han desarrollado y publicado buenas prácticas para mejorar las capacidades nacionales como, por ejemplo: procedimientos operativos de estándar nacional para el análisis, manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación de los precursores químicos peligrosos presentes, entre otros. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en materia de mayor cooperación bilateral y regional, que debería ir más allá del intercambio de información. Desde la Secretaría se busca promover la firma de acuerdos para llevar a cabo operaciones conjuntas y, de esa manera, estrechar la cooperación fronteriza y evitar la duplicación de esfuerzos.



  1. Compartir con tus amigos:
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2017
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos