Jefatura del estado


TÍTULO IV Normas de gestión y organización administrativa CAPÍTULO I



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TÍTULO IV

Normas de gestión y organización administrativa



CAPÍTULO I

De la gestión


SECCIÓN 1ª. De la Gestión Financiera
Artículo 59. Modificación del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (RCL 1988, 1966, 2287).
Se modifican los siguientes artículos del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Uno. Se añade un nuevo apartado, el 6, al artículo 6 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria con la siguiente redacción:
«6. Los organismos públicos a que hace referencia la disposición adicional única.3 de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, que modifica la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la presente Ley que les sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado».
Dos. Se modifica el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 50. Integran los Presupuestos Generales del Estado:

a) El Presupuesto del Estado y los presupuestos de los Organismos autónomos.

b) El Presupuesto de la Seguridad Social.

c) Los presupuestos de las Sociedades Mercantiles Estatales y de las Entidades Públicas Empresariales.

d) Los presupuestos de las Fundaciones Estatales.

d bis) Los presupuestos de los organismos públicos a que se refiere la disposición adicional única.3 de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, que modifica la Ley 27/1992, de 11 de noviembre.

e) Los presupuestos de los restantes organismos públicos a que se refieren las disposiciones adicionales novena y décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado».
Tres. Adición de un nuevo apartado 3 al 18 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre.
«3. En las ayudas financiadas por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, la intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, realizará los cometidos asignados al servicio específico contemplado en el artículo 11 del Reglamento (CEE) 4045/89, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1989 (LCEur 1989, 1863), relativo a los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), sección Garantía.

Los controles previstos en el Reglamento (CEE) 4045/89 serán realizados, de acuerdo con sus respectivas competencias, por los siguientes órganos de ámbito nacional y autonómico:

a) La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

b) Las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas.

La intervención General de la Administración del Estado, como servicio específico para la aplicación del referido Reglamento:

a) Elaborará los Planes anuales de control en coordinación con los órganos de control de ámbito nacional y autonómico.

b) Será el órgano encargado de la relación con los servicios correspondientes de la Comisión de la Unión Europea en el ámbito del Reglamento (CEE) 4045/89, centralizará la información relativa a su cumplimiento y elaborará el informe anual sobre su aplicación, según lo previsto en los artículos 9.1 y 10.1.

c) Efectuará los controles previstos en el Plan anual cuando razones de orden territorial o de otra índole así lo aconsejen.

d) Velará por la aplicación en España, en todos sus términos, del Reglamento (CEE) 4045/89».
Cuatro. Se modifican los apartados 3, 5 y 7 del artículo 61 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, que quedan redactados de la siguiente forma:
Apartado 3 del artículo 61:
«3. El número de ejercicios a que puedan aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b), c) y f) del número 2 no será superior a cuatro. Asimismo, el gasto que en tales casos se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que se impute la operación, definido a nivel de vinculación, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100.

Las retenciones de crédito, a que se refiere la disposición adicional decimocuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, computarán a efectos de los límites establecidos por los anteriores porcentajes».


Apartado 5 del artículo 61:
«5. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda podrá modificar los porcentajes señalados en el apartado 3 de este artículo y los importes que se fijen conforme a lo dispuesto en el apartado 4, así como modificar el número de anualidades en casos especialmente justificados, a petición del correspondiente Departamento ministerial y previos los informes que se estimen oportunos y, en todo caso, el de la Dirección General de Presupuestos.

Este procedimiento será, igualmente, de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 99.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, bien se pacte el abono total de su precio de una sola vez o se fraccione en distintas anualidades que no podrán ser superiores a diez desde la fecha fijada para la conclusión de las obras».


Apartado 7 del artículo 61.
El apartado 7 del artículo 61 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria queda sin contenido, pasando el actual apartado 8 de dicho artículo a ser el 7.
Cinco. Los apartados 1 y 7 del artículo 95 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, quedan redactados como sigue:
Apartado 1 del artículo 95.
«1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o del contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 5.000 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero».


Apartado 7 del artículo 95.
«7. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente apartado.

Si el Interventor general de la Administración del Estado o los interventores delegados al conocer de un expediente observaran alguna de las omisiones indicadas en el párrafo anterior, lo manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquél y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta.

Corresponderá al titular del Departamento a que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación, acordar, en su caso, el sometimiento del asunto al Consejo de Ministros para que adopte la resolución procedente.

El acuerdo favorable del Consejo de Ministros no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.



Reglamentariamente se regulará el procedimiento previsto en el presente apartado».
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 129, del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. La Intervención General de la Administración del Estado realizará anualmente la auditoría de las cuentas que deban rendir los Organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, los organismos públicos y las entidades a que se refieren las disposiciones adicionales 9 y 10 de la Ley 6/1997, de 14 de abril y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Asimismo realizará la auditoría de cuentas de las fundaciones estatales y las sociedades mercantiles estatales que, no estando sometidas a la obligación de auditarse en virtud de su legislación específica, se hubieran incluido en el plan anual».
Siete. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 130 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, que tendrá la siguiente redacción:
«Las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales y el resto de entes públicos del sector público estatal sometidos a la normativa mercantil en materia contable, así como las fundaciones estatales, rendirán, además de las cuentas que les son exigidas por su legislación específica, una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen estas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público. Dicha memoria se adaptará al contenido que al efecto disponga el Ministro de Hacienda, e incluirá información acerca de las subvenciones recibidas y resultados con ellas obtenidos, así como la ejecución de los contratos-programa y su grado de cumplimiento».
Ocho. Se incorpora una nueva letra, la c), a la regla sexta del apartado 2 del artículo 153 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado de la siguiente forma:
«c) Los pagos correspondientes a la financiación del Programa Operativo de Pesca para las Regiones de objetivo núm. 1, Regiones, en régimen transitorio y del DOCUP (Documento Unico de Programación) para las Regiones de Fuera de objetivo núm. 1 podrán librarse en su totalidad una vez hayan sido acordados en Conferencia Sectorial los criterios objetivos de distribución y la distribución resultante así como el refrendo mediante Acuerdo de Consejo de Ministros».
Artículo 60. Habilitación a la Administración General del Estado para la adopción de medidas derivadas de la responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas cuando ejercen competencias de gestión de la legislación laboral, que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se cofinancian por el Fondo Social Europeo.
Cuando las Comunidades Autónomas sean titulares de competencias de ejecución de la legislación laboral que impliquen la gestión de ayudas del Fondo Social Europeo que estén consignadas en los estados de gastos de los presupuestos de la Administración General del Estado como subvenciones públicas, asumirán la responsabilidad financiera derivada del cumplimiento de los requisitos contemplados en la legislación comunitaria aplicable a los Fondos Estructurales de la Unión Europea.
Al distribuir anualmente las subvenciones a gestionar por las Comunidades Autónomas, según el procedimiento establecido en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, se identificarán los programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Los Departamentos u organismos competentes de la Administración General del Estado titulares de los créditos a los que se refiere el apartado primero de este artículo, acordarán la suspensión de los libramientos de los mismos a las Comunidades Autónomas, titulares de las competencias de ejecución cuando éstas no acrediten, en los términos y plazos previstos en la legislación comunitaria, el cumplimiento de las condiciones exigidas para la justificación de las ayudas mediante la aportación de la información y la documentación relativas a la gestión realizada.
Al finalizar el ejercicio presupuestario los remanentes de los fondos anualmente territorializados, correspondientes a acciones no ejecutadas en el citado ejercicio de programas cofinanciados con ayudas del Fondo Social Europeo cuya gestión esté transferida a las Comunidades Autónomas, no podrán ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente para su afectación a la Administración autonómica, computándose como tesorería en origen en la forma prevista en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
SECCIÓN 2ª. Gestión en materia de contratación
Artículo 61. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (RCL 2000, 1380, 2126).
Se modifican los siguientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio:
Uno. Se añade un nuevo párrafo, el tercero, al apartado 1, del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con la siguiente redacción:
«Además de la clasificación que resulte procedente para la ejecución del contrato, los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que completen en la fase de selección y a efectos de la misma, la acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello, que deberán concretar en su candidatura u oferta».
Dos. Se añade un nuevo apartado, el 5, al artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que queda redactado de la siguiente forma:
«5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días».
Tres. Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 187, con el siguiente texto:
«4. El contenido de este artículo será de aplicación a los contratos a los que se refiere el apartado 5 del artículo 198, entendiéndose que los bienes a entregar, en su caso, por la Administración han de ser bienes y equipos informáticos y de telecomunicaciones».
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, añadiendo una nueva letra al apartado, la f), con la siguiente redacción:
«f) De gestión de los sistemas de información que comprenda el mantenimiento, la conservación, reparación y actualización de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información, así como la actualización de los programas informáticos y el desarrollo de nuevos programas».
Cinco. Se añade un nuevo apartado, el 5, al artículo 198, con el siguiente texto:
«5. Los contratos de servicios para la gestión de los sistemas de información, así como aquellos a los que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo (RCL 2001, 1393), por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación, tendrán un plazo de vigencia máximo de cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las normas presupuestarias de las Administraciones públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de seis años, ni éstas puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originariamente».
Seis. Se adiciona un nuevo punto, el 6, a la disposición adicional novena del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con la siguiente redacción:
«6. La presente Ley no será de aplicación a la prestación de servicios gratuitos que realicen a las Entidades Locales las asociaciones de las mismas a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799, 1372; ApNDL 205), Reguladora de las Bases de Régimen Local».
Artículo 62. Modificación de la Ley 26/1999, de 9 de julio (RCL 1999, 1853), de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas. Resolución de contratos de las viviendas militares.
Se modifica el artículo 10 de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10. Resolución de contratos de las viviendas militares.

1. Son causas de resolución del contrato relativo a cualquier vivienda militar las siguientes:

a) La falta de pago del canon arrendaticio de uso o de las cantidades cuyo abono haya asumido o sean repercutibles al usuario, correspondientes a tres mensualidades;

b) El subarriendo o la cesión del uso de la vivienda;

c) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no autorizadas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas que modifiquen la configuración de la vivienda y de sus accesorios o provoquen disminución de la estabilidad o seguridad de la misma;

d) Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas;

e) Cuando la vivienda deje de estar destinada a satisfacer la necesidad de vivienda habitual del beneficiario o se utilice para actividades ajenas a dicho fin;

f) Cuando el titular disponga de otra vivienda adquirida por los procedimientos de adjudicación directa o concurso, a que hace referencia la Disposición adicional segunda de esta Ley;

g) El fallecimiento del titular sino existen beneficiarios definidos en el artículo 6 o el de estos en su caso; y

h) La extinción de las causas por las que se otorgó el derecho de uso de la vivienda, previstas en el artículo 6 de esta Ley.

2. Asimismo, podrá resolverse el contrato de cualquier vivienda militar por las siguientes causas:

a) Cuando por razones de interés público se modifique el destino del inmueble;

b) Cuando a resultas de la división horizontal de la finca haya de modificarse el destino de la vivienda; y

c) Cuando, con arreglo al planeamiento urbanístico en vigor, la parcela en que se ubique la vivienda no haya agotado su edificabilidad.

3. En los supuestos a que se refiere el anterior apartado 2, acordada la resolución del contrato, el titular del derecho de uso podrá optar entre:

a) Ser realojado en otra vivienda militar de similares características, si hubiere disponibles, o

b) Recibir una indemnización, que se fijará en el importe de treinta y seis mensualidades del canon vigente o, si fuere mayor, en una cantidad igual al setenta por ciento del valor real de mercado de la vivienda cuando el usuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un uno por ciento menos por cada año más, con el límite mínimo del diez por ciento.

4. Producida cualquiera de las causas de resolución del contrato que se establecen en los apartados 1 y 2 del presente artículo, si el usuario no desalojara voluntariamente la vivienda en el plazo de un mes, desde el requerimiento que le dirija al efecto el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se incoará el correspondiente expediente administrativo de desahucio, que se ajustará al procedimiento señalado en la legislación sobre viviendas de protección oficial».






Ley 24/2001, (política económica), medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición adicional undécima.
Disposición adicional vigésima quinta.
Disposición transitoria decimonovena.



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