Investigación académica y políticas de ciencia y tecnología para la inclusión social en el nivel regional-local. Reflexiones desde México. Autor



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Investigación académica y políticas de ciencia y tecnología para la inclusión social en el nivel regional-local. Reflexiones desde México.
Autor: Eliana Arancibia Gutiérrez

Centro Peninsular en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México (CEPHCIS-UNAM).


Correo: (earanci@gmail.com).

Palabras claves: Investigación académica, desarrollo local, inclusión social, políticas regionales de ciencia y tecnología.

Resumen

La ponencia se sitúa en un campo de discusión tributario del llamado “Pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad” (PLACTS) y pretende avanzar en la comprensión de las articulaciones necesarias para construir convergencias entre producción de conocimiento tecno-científico e inclusión social en el nivel regional-local. En esa línea, el interés se centra en la contribución que la investigación académica desarrollada en universidades y centros públicos de investigación puede hacer en esos procesos, discutiendo al mismo tiempo orientaciones de política en ciencia y tecnología que posibiliten esa aspiración.



Introducción

Este trabajo pretende avanzar en la comprensión de las articulaciones necesarias para construir convergencias entre ciencia, tecnología e inclusión social, con foco en el nivel regional y en la contribución que la investigación académica desarrollada en universidades y centros públicos de investigación puede y debe desempeñar en ese acoplamiento. Así, se parte de la conjetura que los espacios regionales-locales constituyen las escalas más idóneas para pensar los vínculos y relaciones entre los diversos actores que pueden participar en la producción de conocimiento para la resolución de problemas sociales. Se cree que resulta fundamental en el análisis de estos procesos el reconocimiento de las especificidades de cada territorio y de los grupos sociales que los integran, sus formas de organización social y de construir el interés común por medio de la construcción de “solidaridades horizontales” (Milton Santos, 2006).

Luego de este apartado introductorio son presentados los antecedentes de lo que parece ser un nuevo campo de discusión que procura construir relaciones y vínculos más directos entre ciencia, tecnología y los problemas inherentes al desarrollo social. Posteriormente, se exponen de manera sintética las principales propuestas teóricas latinoamericanas que apuntan a ese objetivo, para luego describir que ocurre en el contexto mexicano, con énfasis en el tema de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se concluye con un conjunto de argumentos que permiten pensar que es en el nivel de las políticas regionales de CTI donde habrían mayores posibilidades de fomentar la confluencia entre conocimiento científico y tecnológico y bienestar social.


  1. Un campo de discusión emergente: ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social.

La función y orientación que debería tener la producción de conocimiento tecno-científico en contextos de subdesarrollo es un debate que posee larga data en América Latina. Ya en la década del sesenta los autores que conformaron el llamado “Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad” (PLACTS), discutieron ampliamente la idea de que la ciencia y tecnología generada en los países periféricos no estaba convocada a cumplir el mismo papel que desempeñaba en los países centrales (Dagnino et al, 1996; Vaccarezza, 1998). Aspectos fundamentales de ese análisis fueron las reflexiones realizadas por Amílcar Herrera (1970, 1973), quien buscó comprender la dinámica científica de los países latinoamericanos enfatizando en las consecuencias perniciosas que originaba la tendencia a emular la agenda de investigación de los países desarrollados. Asimismo Varsavsky (1969) criticó el “cientificismo”, concepto que sintetiza las características de la producción científica dependiente como un quehacer que, fundado en una noción de ciencia universal e infalible, obedece a los dictados de los países avanzados, llevando a los investigadores locales a desatender el significado social de su trabajo y a una total desvinculación de su actividad con la transformación no solo económica, sino también, política, social y cultural de la sociedad.

El carácter fuertemente político de esa matriz de pensamiento, que consideraba a la política científica y tecnológica como parte estratégica de un proyecto nacional mayor, perdió fuerza en la siguiente década. La irrupción de los regímenes militares en el cono sur implicó la instauración de mecanismos represivos y coercitivos que limitaron por varias vías la producción y circulación de ideas en los ámbitos académicos e intelectuales, así, tal como sucedió con otros campos de discusión, la reflexión sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y procesos de desarrollo fue interrumpida. El posterior influjo de las ideas neoliberales en la región a partir de los años ochenta tendió a inhibir la continuación de un pensamiento propio en estos temas y propiciar la adopción de enfoques provenientes de la Economía de la Innovación, los cuales presuponen que la generación de conocimiento adquiere valor y utilidad, principalmente, a través de su incorporación al sector empresarial privado.

Conforme a esa visión—que se tornó hegemónica, influenciado crecientemente las orientaciones explícitas de la política científica y tecnológica latinoamericana— la importancia social de la investigación se justifica por la convicción de que los esfuerzos locales en ciencia y tecnología, podrían servir para movilizar la dinámica innovadora de las empresas. La generación de innovaciones permitiría a su vez aumentar la productividad y una inserción más competitiva de la producción en los mercados globales, favoreciendo el crecimiento económico. Los lucros extraordinarios derivados de ese crecimiento, al ser luego distribuidos, se reflejarían directamente en un mayor desarrollo social.

Varios autores han señalado la imposibilidad de que este modelo, basado en una asociación linear y determinista entre innovación y desarrollo, cumpla su promesa de retorno social (Dagnino, 2004,2009,2012; Thomas, 2009, 2011, 2012a, 2012b; Sutz, 2010a, 2010b, 2011,2013). Es claro que construir procesos desarrollo va mucho más allá de lograr el catching-up (Cozzens y Sutz, 2012), algo que por lo demás parece poco probable en una región cuyas tasas de innovación siguen siendo bajas y que, en caso de concretarse, en un contexto de desigualdad como el latinoamericano podría incluso profundizar las asimetrías (Chataway y Smith, 2006; Cozzens, Gatchair et al., 2006; Arocena y Sutz, 2009).

De esta manera, la permanencia de los problemas estructurales que definen el carácter dependiente y descontextualizado de nuestra producción de conocimiento científico y tecnológico, y, sobre todo, la persistente desigualdad en América Latina, han motivado que en la última década se haya retomado con nueva intensidad el debate en torno a la contribución de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) a los procesos de desarrollo.

Esas interpretaciones han dado lugar a la emergencia de un nuevo campo de discusión que procura construir relaciones y vínculos más directos entre CTI y los problemas inherentes a la exclusión y la desigualdad social en la región. Claramente, esta no es una preocupación únicamente latinoamericana ni del mundo en desarrollo, sino que se inserta en una tendencia más general que busca ampliar los argumentos que justifican la importancia de las actividades de CTI y de investigación, desanclándolas del territorio exclusivamente económico.

Destacamos en la actual discusión latinoamericana los enfoques que le atribuyen en este cuadro, un papel importante a la investigación realizada en universidades y centros públicos de investigación Estos abordajes están ensayando diversas respuestas para contestar la siguiente cuestión: ¿De qué formas las capacidades regionales de producción de conocimiento científico y tecnológico pueden contribuir directamente con la comprensión y resolución de los problemas que afectan a las poblaciones en condiciones de exclusión?

La respuesta que ha planteado Dagnino (2004) a esta pregunta se sintetiza en la noción de “Tecnología Social”, definida como un proceso de construcción colectiva de conocimiento que involucra la participación directa de los interesados en el desarrollo de las tecnologías y una interacción con los actores tradicionalmente ocupados en concebirla, entre los cuales la comunidad de investigación ocupa un lugar destacado (Dagnino 2004).

Desde esta perspectiva teórica se percibe a la estructura productiva del capitalismo periférico como la principal generadora de exclusión. La inclusión social aquí es vista como un proceso que debiera permitir a los grupos marginados del sistema socioeconómico, o que se encuentran en la informalidad, buscar alternativas de empleo y renta en el ámbito de la economía solidaria. Dice Dagnino: “los emprendimientos solidarios apoyados por la TS podrían significar una revitalización de las formas asociativas y autogestionarias que la clase trabajadora tiene para organizar la producción material y resistir contra el avance del capital” (2009:32).

Este enfoque enfatiza en visibilizar la dimensión tecno-científica de los problemas asociados a la exclusión social y la dimensión política y cultural de la generación de tecnologías. Dagnino cuestiona la tecnología capitalista convencional y el conocimiento “propietario”, haciendo ver la necesidad de que la comunidad científica se involucre en la generación de conocimiento consistente con los valores e intereses de los excluidos.

Este autor pone acento en la importancia de modificar la política científica, tecnológica y de innovación (PCTI), en particular el proceso de definición de la agenda de estas políticas para que la Tecnología Social, concebida como apuesta fundamental de la agenda tecnológica de los movimientos sociales, tenga cabida y ejerza un poder de contrapeso frente a las demandas de los actores tradicionales que participan en la construcción de la agenda (comunidad académica, gobierno, empresa) (Dagnino, 2009).

Por su parte, Thomas (2011, 2012a, 2012b, 2013) ha avanzado recientemente en esa conceptualización planteando una visión sistémica sintetizada en el concepto de “Sistemas Tecnológicos Sociales” (STS) que alude a “sistemas socio-técnicos heterogéneos (de actores y artefactos, de comunidades y sistemas de tecnologías para la inclusión social) orientados a la generación de dinámicas de inclusión social y económica, democratización y desarrollo sustentable para el conjunto de la sociedad” (Thomas y Picabea, 2013:3).

Esta propuesta intenta construir un modelo que pretende ir más allá de soluciones paliativas a ciertos problemas, se trata más bien de generar circuitos productivos que sean sustentables e inclusivos. Se enfatiza en la participación protagónica de los actores locales lo que permite democratizar la concepción y el uso de las tecnologías, así como la incorporación de saberes y capacidades locales que dan mayor sustento y aseguran la continuidad de las soluciones implementadas (Thomas y Picabea, 2013).

En este enfoque resulta fundamental el concepto de “alianza sociotécnica” que remite a una coalición de participantes heterogéneos (actores sociales, instituciones, regulaciones, condiciones del entorno, recursos, entre otros) que se involucran y coordinan en el proceso de construcción y funcionamiento de una tecnología; claramente esta noción permite visualizar la dimensión política de las relaciones socio-técnicas y, desde el punto de vista estratégico, pueden ser vistas como un instrumento de planeación para orientar la dinámica de solución de problemas.

También desde un enfoque sistémico, tributario de la Teoría de Sistema Nacional de Innovación, Judith Sutz (2010a; 2010b, 2011), ha trabajado en torno al concepto de sistemas de innovación socialmente orientados. De acuerdo a esta perspectiva, abordar un problema que afecta el bienestar y calidad de vida de un grupo marginado como problema de investigación, requiere dos condiciones esenciales: a) que sea un problema con agencia, es decir visibilizado por un actor vinculado directamente al problema y no definido por el investigador desde la oferta; y b) que sea un problema cuya solución demande la creación de conocimiento científico nuevo.

Sutz (2011) propone un circuito que describe el proceso que comienza con el problema y culmina en su solución efectiva, mostrando cuáles actores y qué tipo de relaciones deberían darse entre ellos durante ese recorrido. Resulta fundamental en esta definición la identificación del problema de inclusión y su transformación en demanda de investigación, lo que implica su entrada al “radar académico” de los investigadores y su incorporación en la agenda de investigación de las instituciones académicas. La transformación de las agendas de investigación, las cuales deben abrir espacio para la generación de conocimiento orientado a la resolución de necesidades específicas de los grupos vulnerables, es un reto que va aunado a la exigencia de cooperación con actores externos para la construcción solidaria de respuestas a las demandas sociales.

Si bien estos enfoques no se articulan en una misma dirección ni le otorgan un significado idéntico al sentido de la inclusión, hay que destacar que convergen en los siguientes aspectos:



  • El primero es la pretensión por encontrar mecanismos de coincidencia entre producción de conocimiento y satisfacción de necesidades sociales locales. Hay una preocupación por la utilidad social del conocimiento localmente producido y se asume que la contribución de la CTI a la inclusión social puede ser directa.

  • El segundo es la importancia que le conceden a la investigación académica en estos procesos. Como señala Sutz (2011), los investigadores constituyen el grupo de actores específicamente entrenado para crear conocimiento tecno-científico nuevo y, en tal virtud, poseen capacidades para aportar a la resolución de una amplia gama de problemas sociales. Vincular la investigación académica con las demandas y las necesidades de los sectores excluidos permitiría la creación de tecnologías para la inclusión social más intensivas en conocimiento y con mayor continuidad y beneficios.

  • El tercero es que realizan un cuestionamiento profundo a la orientación de las actuales políticas de CTI de la región. De manera explícita las tres propuestas despliegan un esfuerzo por imaginar pasajes viables para que los problemas de inclusión social se integren en la agenda de la PCTI latinoamericana, de modo que estas políticas sirvan también como herramientas útiles para promover el desarrollo social.

  • Finalmente, se reconocen las posibilidades de lo local como locus de procesos innovativos más flexibles, compatibles con las necesidades, intereses y recursos contextuales. Esto facilitaría la coordinación de alianzas socio-técnicas adecuadas a lo local y agendas de investigación orientada por las demandas y vocaciones de los territorios.




  1. El contexto mexicano: investigación académica y PCTI para la inclusión social.

Puede afirmarse que en México no ha habido convergencia entre la ciencia y la tecnología localmente producida y las necesidades de desarrollo social. Igualmente, al revisar los planes y programas en que se sustenta la PCTI mexicana a lo largo de su trayectoria se constata que ésta nunca ha definido objetivos ni materializado acciones directas para atender problemas como la pobreza y desigualdad dentro del sistema de ciencia y tecnología.

Esto lo confirma un estudio (Casas et al, 2013) en donde se realiza un comparativo entre 10 países latinoamericanos. Colombia y México son los únicos países que no incorporan en los documentos rectores de su PCTI objetivos, mecanismos y estrategias que busquen asociar la CTI con el desarrollo y la inclusión social. En contraste, encontramos dos casos en América Latina donde esta asociación si es nítida: el caso de Brasil, cuya PCTI incorporó desde 2004 objetivos explícitos para el desarrollo social. Se creó para ese fin la Secretaría de Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2007. Igualmente, Argentina instituyó desde 2010 la Red de Tecnologías para la Inclusión Social (REDTISA). Esta es una iniciativa civil, que tiene apoyo gubernamental, y que articula un conjunto de instituciones y organizaciones públicas y privadas (universidades, ONGs, cooperativas de trabajo, centros de desarrollo e investigación, entre otras) para el desarrollo de alternativas tecnológicas en contextos de exclusión social.

Por otra parte, si bien desde la década de los noventa las nociones y conceptos de la Economía de la Innovación se han incorporado a la retórica de la PCTI y se han realizado crecientes esfuerzos por orientar la PCTI hacia un modelo que fomente la innovación para la competitividad (al menos a nivel discursivo), en la realidad se constata que las empresas tampoco se están beneficiando de esas políticas, así lo muestra la última encuesta de innovación en México (ESIDET, 2012).

Según muestran los resultados de ESIDET (2012) las empresas mexicanas no son proclives a realizar innovación. Del universo de empresas encuestadas (casi 36 mil empresas) solo 4,179 empresas, es decir el 11,7% del total declaró haber realizado innovaciones (de producto, proceso, organizacional, mercadotecnia). Asimismo, pese a los esfuerzos por regionalizar el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), que es una de las principales herramientas de política que tiene México en ese sentido, se advierte que el 65% de las empresas innovadoras se concentran en cinco estados de la república: DF, Nuevo León Jalisco, Guanajuato, Estado de México (ESIDET, 2012)

Así, pese a que la innovación o “el innovacionismo”- como le llama el filósofo de la ciencia Marcos Barbosa de Oliveira (2011)- ha tenido un papel cada vez más protagónico en el discurso de la PCTI, junto con su campo semántico asociado: competitividad, productividad, crecimiento, lo cierto es que las empresas tampoco se están el beneficiando de las políticas de CTI, y por tanto, no hay grandes ganancias que “derramen” de la actividad innovativa nacional.

Al mismo tiempo, las reformas a las políticas de educación superior y la reorientación de la PCTI, que buscaron adecuar estas políticas al proyecto neoliberal, reforzaron desde los años ochenta la tendencia a producir conocimiento desvinculado de los problemas locales y propiciaron la legitimación de las actividades científicas y tecnológicas en términos casi exclusivamente económicos. El imperativo por generar una “empresarialidad académica” opacó también la importancia y el potencial que las actividades de producción de conocimiento tienen para contribuir con respuestas directas para los problemas propios del desarrollo, particularmente los sociales y ambientales. La orientación gerencial que rige las actividades de investigación en las universidades y los centros públicos de investigación mexicanos desde los años noventa ha tenido diversas implicaciones, entre las más notorias, se ha identificado la pérdida de autonomía de los investigadores en el control de la investigación, la privatización de los productos investigación y la creciente tecnologización de la investigación (Ibarra Colado, 2003, 1998). Del mismo modo, el impulso dado a los mecanismos de autofinanciamiento ha conducido a las instituciones a buscar vínculos con agentes capaces de aportar recursos económicos a las investigaciones, principalmente empresas, en detrimento de los vínculos con otros actores sociales. (Zubieta y Jiménez, 2003; Avila et al, 2011).




  1. Las posibilidades de los contextos regionales

Los matices que adquieren tales fenómenos en los ámbitos regionales, sobre todo en las universidades autónomas estatales y centros públicos de investigación localizados en las regiones, han sido menos estudiados. Sin lugar a dudas, el lógico compromiso que estas instituciones tienen con la producción de conocimiento coherente con las señales y demandas del entorno regional y local, los cuales obviamente trascienden los requerimientos del sector industrial, ya no es comprendido ni ejercido en los mismos términos.

Un asunto fundamental en ese contexto tiene que ver con la PCTI específicamente dirigida a los estados y regiones. La preocupación por fomentar las capacidades científicas y tecnológicas en el nivel regional es una cuestión que ha sido incorporada de manera reciente en la agenda de esa política. Fue a partir de los años noventa que se establecieron diversos programas, instrumentos y acciones específicas para vigorizar el desarrollo tecno-científico y el potencial innovador en los 32 estados mexicanos (Casas y Luna, 2001). El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), órgano conductor de la PCTI mexicana, ha sido el principal responsable de la configuración del contenido de esa política, concentrando el poder decisorio en los momentos de conformación de la agenda, de la formulación e, inclusive, de la implementación de las acciones (Peña y Archundia, 2006). De esta forma, actores regionales relevantes como los gobiernos estatales y las propias comunidades académicas locales no tienen mayor capacidad de decisión sobre los rumbos de la PCTI para el desarrollo regional1.

Esas políticas decididas centralmente adquieren también un carácter estandarizado que no considera las especificidades y asimetrías inherentes a los espacios regionales. Al mismo tiempo, están definiendo las reglas y orientaciones para las agendas de investigación desarrollada en las regiones, determinando áreas y problemas prioritarios, definiendo la cuantía de los recursos, estableciendo mecanismos e instrumentos de financiamiento e instaurando modelos de evaluación y calidad de los proyectos a ser financiados en las esferas regional y local. El escenario descrito adquiere aun mayor complejidad si consideramos que en los últimos 15 años se instaurado en los estados mexicanos una institucionalidad propia en ciencia y tecnología. Desde la década de los noventa fueron creados los primeros consejos y organismos de CTI en los gobiernos estatales, en los últimos años comenzaron a elaborarse en las entidades federativas programas y leyes de CTI, también en algunos congresos locales han sido instituidas comisiones de CyT. Todo este movimiento revela nuevas tensiones y la necesidad de combinar políticas arriba-abajo con políticas abajo-arriba surgidas de las regiones y localidades (Dutrenit, 2008).

Se sostiene que son precisamente las escalas regionales-locales las más idóneas para pensar los vínculos y relaciones entre los diversos actores que pueden participar en la producción de conocimiento para la resolución de problemas de inclusión. En esos espacios, y aun en un contexto que parece restringir la receptividad de las instituciones académicas con los grupos que no poseen condiciones para cofinanciar las investigaciones, se registran interacciones de investigadores con comunidades rurales, comunidades indígenas, organizaciones civiles y comunitarias, cooperativas y pequeños productores, entre otros grupos. El propósito de estos acercamientos es desarrollar soluciones o alternativas tecnológicas para resolver los problemas sociales y ambientales que enfrentan esos grupos en diversas áreas como vivienda, energía, salud, agricultura familiar, entre las más relevantes. Entre las experiencias que ya han sido sistematizadas destacan la Red de espacios de innovación socio-ambiental de la frontera sur de México (Bello et al, 2012); experiencias de investigación-acción en el campo del conocimiento tradicional, innovación y reapropiación social en Guerrero, Hidalgo, Michoacán y el Distrito Federal (Argueta, Gómez, Navia, 2012); además de otras experiencias que fueron compendiadas en el catálogo de tecnologías alternativas para las comunidades del Corredor Biológico Mesoamericano (Vignau, 2009).




  1. Reflexiones finales

De la discusión presentada aparecen dos vertientes de reflexión para incorporar a la agenda de investigación en este campo:

  1. Por una parte, hay que pensar cómo revitalizar el vínculo de las instituciones académicas localizadas en las regiones con las problemáticas locales, concretamente con las que tienen que ver con la exclusión, marginación y pobreza. Estas instituciones tienen un compromiso lógico con la producción de conocimiento coherente con las señales y demandas del entorno regional y local, que obviamente trasciende los requerimientos del sector industrial.

Pensamos que deberían ser creados incentivos y mecanismos diferenciados de vinculación social, que 1) trasciendan las prácticas extensionistas y 2) que respondan a las especificidades de cada territorio y sus formas de organización social. Tal como han sido creados incubadoras de empresas, unidades de transferencia tecnológica y otro tipo de mecanismos para la vinculación empresarial, porque no imaginar la creación de incubadoras de emprendimientos solidarios, de cooperativas sociales, unidades de certificación social para experiencias de comercio justo, etc. En fin, modalidades que permitan institucionalizar las interacciones entre académicos y grupos postergados.

  1. Por otra parte, las políticas de CTI destinadas a las regiones deben comenzar a incorporar estos temas y eso pasa también por modificar también sus procesos decisorios, incorporando la voz de los actores locales, empezando por las comunidades académicas y gobiernos locales que se encuentran, sin duda subrepresentados. Como hemos visto estas políticas se deciden centralmente y no consideran las especificidades y asimetrías inherentes a los espacios regionales. Al mismo tiempo, están definiendo las reglas y orientaciones para las agendas de investigación desarrollada en las regiones, determinando áreas y problemas prioritarios, definiendo la cuantía de los recursos, estableciendo mecanismos e instrumentos de financiamiento e instaurando modelos de evaluación y calidad de los proyectos a ser financiados en las esferas regional y local. El enfoque diferenciado y la necesidad de combinar políticas arriba-abajo con políticas abajo-arriba surgidas de las regiones y localidades cobra más sentido cuando se intenta pensar en una política de CTI que pueda servir también como herramienta para el desarrollo social. Todo esto daría lugar a agendas de investigación regional más incluyentes, más democráticas y más receptivas a los problemas que enfrentan las poblaciones excluidas.

Diremos finalmente que las políticas de ciencia y tecnología rara vez son vistas y discutidas como coadyuvantes al desarrollo y al bienestar, cuando si están llamadas a contribuir en esos procesos. Si queremos que nuestras capacidades de producción de conocimiento respondan a las necesidades de nuestro contexto, estas políticas deben también dialogar con otras políticas que atienden demandas vinculadas al desarrollo. La PCTI debe construir puentes con la política social, de salud, de vivienda, de medioambiente, de energía, de transporte, creando convergencias a partir de las capacidades y vocaciones presentes en las especificidades de los territorios.
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1 Si bien las reformas realizadas 2009 a la Ley de ciencia y tecnología (2002) establecen varias modificaciones en favor del desarrollo regional y la descentralización de las actividades de CTI, lo ciertos es que se no introducen cambios en cuanto al control de la PCTI, cuya formulación sigue siendo responsabilidad del CONACYT y el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Las atribuciones de los gobiernos estatales continúan bajo el mismo esquema y sus posibilidades de influencia se limitan al canal formal que da la Conferencia Nacional de CyT, espacio de opinión y deliberación, mas no de decisión. De manera implícita, otras vías de influencia son puestas en práctica a través de procesos de negociación para establecer arreglos en torno a asuntos puntuales como prioridades, implementación de programas e instrumentos y distribución de recursos. Entre el CONACYT y los gobiernos de los estados prevalecen mecanismos de coordinación “blandos”, que dependen de la disposición y mutuo ajuste de las partes. Los FOMIX ejemplifican esta forma de coordinación, la tentativa de regionalizar otros instrumentos y programas del CONACYT, entre ellos el programa de becas al extranjero y el Programa de Estímulos a la Innovación, también está sujeta a estos acuerdos de voluntades, no siempre estables y continuos.


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