Inter-american court of human rights


XI Artículo 21 de la Convención Americana (Derecho a la Propiedad)



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XI

Artículo 21 de la Convención Americana (Derecho a la Propiedad)

en relación con el artículo 1.1 de la misma

(Obligación de Respetar los Derechos)
Alegatos de los representantes
122. Los representantes argumentaron que el Estado violó el derecho a la propiedad establecido en el artículo 21 de Convención Americana con base en las siguientes consideraciones:
a) mientras que la presunta violación inicial – la expulsión forzosa de la comunidad de sus tierras y territorio tradicionales – ocurrió el 29 de noviembre de 1986, con anterioridad a la ratificación de Suriname a la Convención y su reconocimiento de la competencia de la Corte, la violación del artículo 21 de la Convención es de naturaleza continuada fáctica y jurídicamente;
b) las violaciones continuadas son particularmente comunes en casos en los que pueblos indígenas y tribales han sido desplazados forzosamente de sus tierras tradicionales;
c) el Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo ha ejercido su competencia con regularidad sobre las consecuencias de reubicaciones, particularmente en lo que se relaciona con los derechos de propiedad, los cuales persisten aun en los casos en que los hechos que las originaron ocurrieron décadas antes de la entrada en vigor del Convenio No. 169;
d) las presuntas víctimas continúan siendo privadas de sus derechos de propiedad como consecuencia de las siguientes acciones y omisiones del Estado: i) denegación de justicia, la cual en sí misma impide a las presuntas víctimas reinstalar su comunidad en sus tierras tradicionales; y ii) el hecho que Suriname no ha establecido mecanismos legales o administrativos para que las presuntas víctimas reclamen y aseguren sus derechos a la tenencia de la tierra de conformidad con las normas consuetudinarias, valores y usos N’djuka;
e) los derechos de propiedad de las presuntas víctimas se encuentran garantizados y protegidos en el artículo 21 de la Convención, el cual tiene un significado autónomo y no se encuentra restringido a la propiedad tal como está definida por los regímenes legales nacionales; esa disposición también protege los derechos de propiedad de los “miembros de comunidades indígenas dentro del marco de la propiedad colectiva”;
f) las presuntas víctimas se han visto privadas de su medios de subsistencia tradicionales debido a la expulsión forzada de su territorio tradicional y la imposibilidad de regresar a él; viven en condiciones de pobreza; y
g) el desalojo forzado o el reasentamiento involuntario están prohibidos en el derecho internacional porque provocan daños graves a los derechos básicos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto de individuos como de colectividades. En el caso de pueblos tribales, el desalojo forzado anula las relaciones con sus tierras ancestrales.
Alegatos de la Comisión
123. La Comisión no presentó específicamente argumentos de derecho en relación con la presunta violación del derecho establecido en el artículo 21 de la Convención Americana.

Alegatos del Estado
124. El Estado tampoco presentó expresamente argumentos de derecho que se refirieran a la supuesta violación del derecho establecido en el artículo 21 de la Convención Americana.
Consideraciones de la Corte
125. La Corte observa una vez más que la Comisión no presentó argumentos que expresamente se refirieran a la presunta violación del derecho consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana. Sin embargo, recuerda (supra párr. 91) que los representantes pueden alegar otras violaciones de la Convención diferentes de las alegadas por la Comisión, en la inteligencia de que tales argumentos de derecho se refieran a los hechos recogidos en la demanda70.
126. Asimismo, como se estableció en el capítulo relativo al artículo 22 de la Convención Americana (supra párr. 108), la Corte puede ejercer su competencia sobre desplazamiento continuo de la comunidad de sus tierras tradicionales, situación que persistió después de que el Estado reconoció la competencia del Tribunal en 1987, y continúa hasta el presente.

*

* *



127. El artículo 21 de la Convención Americana dispone:
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
[…]
128. En el capítulo relativo al artículo 22 de la Convención, la Corte consideró que la ausencia de una investigación efectiva del ataque de 29 de noviembre de 1986, que lleve al esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los responsables, ha impedido a los miembros de la comunidad regresar a sus tierras tradicionales. Así, Suriname no ha establecido las condiciones, ni provisto los medios que permitan a los miembros de la comunidad vivir nuevamente en su territorio ancestral en forma segura y pacífica; en consecuencia, la aldea de Moiwana ha estado abandonada desde el ataque de 1986.
129. Para determinar si dichas circunstancias constituyen una privación del derecho al uso y goce de la propiedad, la Corte debe considerar, naturalmente, si la aldea de Moiwana pertenece a los miembros de la comunidad, tomando en cuenta para ello el concepto amplio de propiedad desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal.
130. Las partes en el presente caso están de acuerdo en que los miembros de la comunidad no tienen un título legal formal – ni colectiva ni individualmente – sobre sus tierras tradicionales en la aldea de Moiwana y los territorios circundantes. Según lo manifestado por los representantes y por Suriname, el territorio pertenece al Estado residualmente, ya que ningún particular o sujeto colectivo tiene título oficial sobre dichos terrenos.
131. Sin embargo, esta Corte ha sostenido que, en el caso de comunidades indígenas que han ocupado sus tierras ancestrales de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias – pero que carecen de un título formal de propiedad – la posesión de la tierra debería bastar para que obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro71. La Corte llegó a esa conclusión considerando los lazos únicos y duraderos que unen a las comunidades indígenas con su territorio ancestral. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica72. Para tales pueblos, su nexo comunal con el territorio ancestral no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras73.
132. Los miembros de la comunidad no son indígenas de la región; según los hechos probados, la aldea de Moiwana fue fundada por clanes N’djuka a finales del siglo XIX (supra párr. 86.11). Sin embargo, desde ese momento hasta el ataque de 1986, los miembros de la comunidad vivieron en el área con estricto apego a las costumbres N’djuka. El perito Thomas Polimé describió la naturaleza de su relación con las tierras en la aldea de Moiwana y sus alrededores de la siguiente manera:
[los] N’djuka, al igual que otros pueblos indígenas y tribales, tienen una relación profunda y omnicomprensiva con sus tierras ancestrales. Se encuentran intrínsecamente ligados a esas tierras y a los sitios sagrados que ahí se encuentran, y su desplazamiento forzado ha cortado esos lazos fundamentales. Muchos de los sobrevivientes y sus familiares señalan su lugar de origen en, o cerca de, la aldea de Moiwana. Su imposibilidad de mantener su relación con sus tierras ancestrales y con sus sitios sagrados los ha privado de un aspecto fundamental de su identidad y de su sentido de bienestar. Sin una comunión regular con esas tierras y sitios, son incapaces de practicar y gozar sus tradiciones culturales y religiosas, en mayor detrimento a su seguridad personal y colectiva y a su sentido de bienestar.
133. En este sentido, los miembros de la comunidad, un pueblo tribal N’djuka, poseen una “relación omnicomprensiva” con sus tierras tradicionales, y su concepto de propiedad en relación con ese territorio no se centra en el individuo, sino en la comunidad como un todo74. En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte en relación con las comunidades indígenas y sus derechos comunales a la propiedad, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, debe también aplicarse a los miembros de la comunidad tribal que residía en Moiwana: su ocupación tradicional de la aldea de Moiwana y las tierras circundantes – lo cual ha sido reconocido y respetado durante años por los clanes N’djuka y por las comunidades indígenas vecinas (supra párr. 86.4) – debe bastar para obtener reconocimiento estatal de su propiedad. Los límites exactos de ese territorio, sin embargo, sólo pueden determinarse previa consulta con dichas comunidades vecinas (infra párr. 210).

134. Con base en lo anterior, los miembros de la comunidad pueden ser considerados los dueños legítimos de sus tierras tradicionales, por lo cual tienen derecho al uso y goce de las mismas. Sin embargo, de los hechos aparece que este derecho les ha sido negado hasta hoy como consecuencia de los sucesos de noviembre del 1986 y la conducta posterior del Estado respecto de la investigación de estos hechos.


135. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que Suriname violó el derecho de los miembros de la comunidad al uso y goce comunal de su propiedad tradicional. Consecuentemente, el Tribunal considera que el Estado violó el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.

XII

Artículos 8 y 25 de la Convención Americana

(Garantías Judiciales y Protección Judicial)

en relación con artículo 1.1

(Obligación de Respetar los Derechos)

Alegatos de la Comisión
136. La Comisión alegó en su demanda que el Estado es responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana, con base en las siguientes consideraciones:
a) a las presuntas víctimas y a sus familiares les fue imposible invocar y ejercitar su derecho a un recurso judicial simple, rápido y efectivo para la protección de sus derechos, de conformidad con el artículo 25 de la Convención;
b) los esfuerzos de las presuntas víctimas y sus familiares se encontraron con resistencia institucional y no produjeron resultados sustanciales; consecuentemente, no sólo se les ha negado el derecho a una investigación efectiva para establecer las violaciones cometidas y las responsabilidades correspondientes, sino también el derecho a buscar reparación por las consecuencias de esas violaciones;
c) la obligación de brindar protección judicial no se cumple simplemente con la existencia formal de los recursos legales; por el contrario, los Estados deben adoptar medidas específicas para asegurar que la protección judicial sea efectiva;
d) los recursos judiciales disponibles teóricamente en el ordenamiento jurídico han probado ser completamente ilusorios en el presente caso, dado que las víctimas nunca han logrado obtener una investigación adecuada de del ataque a la aldea de Moiwana, a pesar que ocurrieron múltiples crímenes que requerían investigación de oficio, incluyendo, pero sin limitarse a, homicidio, agresión y destrucción de propiedad;
e) los únicos esfuerzos para llevar a cabo una investigación en el presente caso, encabezados por el inspector Gooding, alcanzaron una etapa en la que varios miembros de las fuerzas armadas fueron arrestados, sólo para ser liberados por la policía militar;
f) a pesar de que esta acción del ejército para liberar a los soldados detenidos implicó un incumplimiento abierto y notorio del rol y autoridad de la policía militar, no se impuso a esta acción ninguna sanción oficial. Al contrario, la investigación del ataque a la Comunidad Moiwana fue suspendida después del homicidio del inspector Gooding, en circunstancias que nunca se han aclarado. De esta manera, las autoridades responsables de llevar a cabo una investigación han sido intimidadas o se les ha impedido directamente aplicar la debida diligencia en la investigación del ataque;
g) adicionalmente a la obligación del Estado de investigar de oficio cuando existe la sospecha de violaciones de derechos humanos, la ley surinamés establece el derecho de la víctima de intervenir como parte en una investigación penal. Las presuntas víctimas, entonces, tenían un derecho civil fundamental de ir ante las cortes, y de esa manera jugar un rol importante en impulsar el caso penal; sin embargo, ese derecho no se puede realizar cuando se obstruye el proceso de investigación;
h) los familiares tienen derecho a conocer los hechos y circunstancias relativos al destino de sus seres queridos. También tienen derecho a una investigación judicial llevada a cabo por una corte penal designada para establecer responsabilidades por violaciones de derechos humanos;
i) la ley de amnistía adoptada por el Estado promueve el clima de impunidad que prevalece en Suriname después del ataque a la Comunidad Moiwana. Dado que las iniciativas de investigación nunca alcanzaron la etapa de acusación, la ley de amnistía no ha sido aplicada en este caso. Sin embargo, existen elementos probatorios que sugieren que la ley tuvo el efecto de indicar a funcionarios relacionados con el caso que los responsables de las violaciones cometidas durante ese período de tiempo no serían llamados a rendir cuentas; y
j) la ley de amnistía sigue siendo interpretada por muchos en el sentido de ser un obstáculo para la aplicación de cualquier medida para identificar, perseguir penalmente y sancionar a los responsables del ataque a la aldea de Moiwana y, de esa forma, contribuye a la impunidad en Suriname, tanto en el presente caso como en otros.

Alegatos de los representantes
137. Los representantes estuvieron de acuerdo con la Comisión en que el Estado ha violado los referidos derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y argumentaron de la siguiente manera:
a) la prueba presentada ante la Corte demuestra que todas las presuntas víctimas buscaron activa y repetidamente un recurso jurídico en Suriname, pero sus intentos de obtener justicia fueron ignorados, rechazados y obstaculizados, y no produjeron resultado alguno;
b) como resultado del incumplimiento de Suriname de proveer un recurso y garantías judiciales efectivas, así como de la obstrucción de justicia por parte del Estado, a las presuntas víctimas se les ha negado no sólo el derecho a una investigación efectiva tendiente a esclarecer los hechos y a determinar responsabilidades, sino también el derecho a buscar reparación por las consecuencias de las violaciones perpetradas en su contra;
c) Suriname ha obstruido positivamente la justicia en este caso, tanto a través de las acciones de funcionarios militares en 1989 como a través de la invocación de la Ley de Amnistía de 1989 en relación con la investigación inicial de restos mortales en 1993; y
d) Suriname tiene una “responsabilidad internacional agravada” por su obstrucción de justicia en este caso y su continuada tolerancia de esa obstrucción. Asimismo, la denegación de justicia en este caso también debe verse a la luz de la “extrema gravedad” de las violaciones subyacentes; en este sentido, hay una obligación positiva para el Estado de investigar y juzgar crímenes contra la humanidad.
Alegatos del Estado
138. En relación con la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, el Estado alegó que:
a) si el Estado puede probar en el presente caso que ofreció protección judicial adecuada después de su ratificación de la Convención, entonces no habría una violación del artículo 25, suponiendo que la Corte aceptara el argumento de la “violación continuada”;
b) el Estado ha iniciado una investigación penal que se encuentra en trámite, y no tiene intención de que ningún delito se quede sin sanción;
c) no hay falta de voluntad ni de capacidad por parte del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes presuntamente cometieron violaciones de derechos humanos contra los residentes de Moiwana. Suriname no ha rehusado en el pasado ni en el presente a proveer justicia por el presunto ataque, ni ha obstruido la justicia en este caso;
d) a pesar de que las presuntas víctimas han requerido al Gobierno que inicie una investigación penal independiente, no han “denunciado ningún delito”; por otro lado, no han iniciado un procedimiento civil ante las autoridades;
e) en 1989 se inicio una investigación penal, sin que hubiera sido promovida por las presuntas víctimas o los peticionarios; sin embargo, en ese momento “la democracia todavía no era estable” y, como resultado, el clima no era el apropiado para llevar a cabo una investigación suficiente;
f) en agosto de 2002 se reinició una investigación penal, sobre los hechos del 29 de noviembre de 1986, que se está llevando a cabo de conformidad con las normas legales nacionales, con el propósito de juzgar y sancionar a los culpables;
g) la situación política en Suriname es adecuada para un enfoque estructurado de la investigación penal en el caso Moiwana, así como de otros hechos que ocurrieron durante los ochentas y principios de los noventas. Se ha establecido un equipo de oficiales de investigación liderado por un fiscal en jefe;
h) las presuntas víctimas y sus familiares tenían y tienen todavía la oportunidad de invocar y ejercer el derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo para la protección de sus derechos;
i) la manera más efectiva de obtener una compensación por daños es el proceso civil. El Código de Procedimientos Civiles surinamés ofrece a todos la oportunidad de iniciar un acción civil; aunque se pudo haber entablado una acción de esas características contra el Estado, esto no se ha hecho en el presente caso;
j) la Oficina de Asistencia Legal del Ministerio de Justicia y Policía provee asistencia legal a personas de bajos recursos económicos;
k) el peticionario original, Moiwana ’86, conoce la referida posibilidad para obtener justicia, dado que dicha organización inició, a nivel nacional, una acción en contra del Estado para declarar que la Ley de Amnistía de 1989 no es obligatoria;
l) a través de la Ley de Amnistía de 1989 no se han violado derechos de individuos. “Si el Estado renuncia al juzgamiento de ciertas personas […] o difiere el juzgamiento hasta un momento adecuado, lo que hace es diferir o renunciar al uso de ciertos medios para ejecutar o proteger […] derechos”;
m) un Estado tiene tanto el derecho como la autoridad para “diferir o renunciar al uso de ciertos medios para hacer cumplir la ley”, cuando el uso de tales medios implicaría comprometer otros intereses importantes que forman parte de las responsabilidades del gobierno, tales como asegurar la paz y el orden;
n) al redactar la Ley de Amnistía de 1989 “el legislador no tenía en mente la impunidad de los posibles perpetradores de los hechos en Moiwana”;
o) la Ley de Amnistía de 1989 no es contraria al derecho internacional, dado que otros Estados han otorgado amnistías similares, “con la cooperación de la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Unidad Africana”;
p) la Ley de Amnistía de 1989 no es aplicable a crímenes de lesa humanidad. No todas las infracciones a los derechos otorgados a las personas se incluyen bajo el título de crímenes de lesa humanidad; estos abarcan crímenes cometidos dentro del marco de una violación sistemática de derechos humanos con el objetivo de destruir o diezmar cierto grupo de personas, o al menos privarlas de un lugar dentro de la sociedad normal. Tal grupo se identifica con base en el carácter nacional, la etnicidad, la raza o la religión; y
q) La Ley de Amnistía de 1989 expresamente excluye la aplicación de la amnistía a quienes hayan perpetrado crímenes contra la humanidad y “es incorrectamente considerada como una herramienta para la denegación de justicia”. “Si una investigación posterior demostrara que los acontecimientos en Moiwana deben ser calificados como una práctica de terrorismo en contra de la población o parte de ella, lo cual significa que se puede verificar en forma razonable que hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos, entonces, de conformidad con la ley, la amnistía no se aplica a los autores de dichos acontecimientos”.
Consideraciones de la Corte
139. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulado contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
140. El artículo 25 de la Convención dispone:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema lega del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
141. La Corte ha afirmado que carece de competencia para conocer de los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1986 en la aldea de Moiwana; no obstante, tiene competencia para examinar la conducta del Estado respecto del cumplimiento de la obligación de investigar estos hechos (supra párr. 43). Este examen tendrá como objetivo establecer si esta obligación se cumplió de conformidad con las normas de los artículos 8 y 25 de la Convención.
142. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción75.
143. En casos similares, esta Corte ha establecido que “[e]l esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”76. Con base en los precedentes, el Tribunal considerará la totalidad de los procesos nacionales relevantes en el presente caso, con el fin de realizar una determinación informada sobre si se han violado las normas de la Convención mencionadas relativas a la protección judicial y al debido proceso77. Las consideraciones de la Corte incluirán una discusión de los siguientes elementos: a) el recurso legal adecuado, dadas las circunstancias del presente caso; b) la efectividad de dicho recurso; y c) el principio de plazo razonable.
a) El recurso legal adecuado
144. Durante el trámite del caso ante esta Corte, el Estado ha sostenido que los miembros de la comunidad debieron haber iniciado acciones civiles en las cortes nacionales para obtener reparación por las violaciones de derechos humanos que alegan haber sufrido. Suriname ha manifestado que “la manera más efectiva de obtener una indemnización por daños y una reparación es el proceso civil”, y que “está claro que los peticionarios debieron haber interpuesto una demanda civil para recibir compensación por los daños materiales y [morales]”. En este sentido, Suriname presentó prueba de que han prosperado acciones contra el Estado para obtener compensación, y además señaló que no existe registro alguno de que miembros de la comunidad hayan interpuesto una acción civil ante las cortes nacionales (supra párr. 86.38).
145. La Corte observa que, eventualmente, las acciones civiles pueden servir como medio para reparar parcialmente las consecuencias de las violaciones de derechos humanos sufridas por los miembros de la comunidad, realizadas por agentes del Estado y sus colaboradores. Sin embargo, se encuentra probado (supra párr. 86.15), así como expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva78.
146. Al acceder a la Convención Americana en el año 1987, la primera acción legal que Suriname estaba obligado a suministrar era una investigación pronta y exhaustiva sobre los hechos del 29 de noviembre de 1986. La Corte ha establecido que tal investigación debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa79. Además, esta búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y definitivamente no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios80.
147. El Tribunal ha afirmado que durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación81. La Corte ha establecido que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad con respecto a esas violaciones – esto es, a ser informados sobre los hechos y los responsables82. Por lo tanto, los miembros de la comunidad tienen derecho en el presente caso a que las muertes y violaciones a la integridad personal producto del ataque de 1986 sean efectivamente investigadas por la autoridades estatales, a que se juzgue y sancione adecuadamente a los responsables de las acciones ilegales, y a recibir compensación por los daños y perjuicios sufridos83.
b) La efectividad de la investigación estatal en el presente caso
148. Así, en respuesta a las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron el 29 de noviembre de 1986, el primer recurso que el Estado debió haber suministrado era una investigación efectiva y un proceso judicial tendientes al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y una compensación adecuada. Para poder juzgar sobre la efectividad de la investigación del Estado en el presente caso, la Corte considerará si las acciones oficiales se condujeron con la debida diligencia84.
149. En este sentido, el Tribunal ha especificado previamente los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte; y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio85. Además, la Corte hace notar que: a) se debe investigar exhaustivamente la escena del crimen, y b) profesionales competentes deben llevar a cabo autopsias rigurosamente, así como análisis de restos humanos, empleando los procedimientos más apropiados86.
150. En cuanto al presente caso, los hechos probados indican que la policía civil inició una investigación de los hechos del 29 de noviembre de 1986 en la aldea de Moiwana en 1989, más de dos años después del ataque (supra párr. 86.25). Durante marzo y abril de 1989, el inspector Herman Gooding, que se encontraba a cargo de dicha investigación, interrogó a varios sospechosos y arrestó al menos a dos personas, Frits Moesel y Orlando Swedo (supra párr. 86.25). Sin embargo, poco después de que el señor Swedo quedara bajo custodia estatal, un contingente armado de la policía militar se presentó en la estación de policía y obtuvo su liberación por la fuerza (supra párr. 86.26). Después del asalto a la estación de la policía civil, el Comandante del Ejército Desire Bouterse emitió una declaración, en la cual informó lo siguiente: a) que la operación en la aldea de Moiwana fue una acción militar que él mismo había ordenado; b) que no permitiría que la policía civil investigara operaciones militares; y c) que había ordenado la liberación del señor Swedo (supra párr. 86.27).
151. La investigación oficial quedó abandonada hasta mayo de 1993, cuando Moiwana ’86 descubrió una fosa común cerca de la aldea de Moiwana y lo notificó a la Oficina del Fiscal General (supra párr. 86.31). El sitio de la fosa fue posteriormente visitado en dos ocasiones – 29 de mayo y 9 de junio de 1993 – por la policía militar y civil, un patólogo y Moiwana ’86 (supra párr. 86.31). El equipo de excavación descubrió restos humanos, que fueron llevados a Paramaribo para hacer mayores análisis (supra párr. 86.31). Posteriormente, sin embargo, las autoridades estatales sólo informaron que los restos podían corresponder a entre cinco y siete adultos y entre dos y tres niños; el Estado no ha provisto la identificación de los cadáveres ni mayor información sobre el sitio de la fosa (supra párr. 86.31).
152. La Corte observa con gran preocupación que sólo los limitados pasos de investigación descritos anteriormente fueron realizados por el Estado desde los hechos del 29 de noviembre de 1986. Asimismo, el Estado ha sostenido su posición de indiferencia a pesar de la directiva adoptada el 19 de diciembre de 1995 por la Asamblea Nacional de Suriname, que requirió al Poder Ejecutivo “iniciar una investigación inmediata” de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (supra párr. 86.32).
153. En sus esfuerzos por explicar la preocupante falta de resultados, el Estado ha señalado que el clima político en Suriname después del ataque de 1986 impidió “una investigación independiente e imparcial”, dado que “la posición de poder que ostentan antiguos líderes militares aún no había finalizado y que […] la democracia aun no era estable”. En este sentido, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que ha atravesado Suriname en su lucha por la democracia. Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, generalmente no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones legales establecidas en ese tratado, que subsisten por lo que respecta a ejecuciones extrajudiciales87. El Tribunal ha sostenido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a los responsables, el Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus familiares, e impide que la sociedad conozca lo ocurrido88.
154. Por su parte, las presuntas víctimas y las organizaciones que actúan en su nombre, Moiwana ’86 y Association Moiwana, han solicitado repetidamente una investigación oficial sobre el ataque a Moiwana. Por ejemplo, de conformidad con los hechos probados, el 24 de mayo de 1993 Moiwana ’86 reportó el descubrimiento de la fosa común al Fiscal General y solicitó que se realizara con urgencia una investigación del ataque y el juzgamiento de los responsables (supra párr. 83.31). El 23 de agosto de 1993, Moiwana ’86 dirigió otra nota al Fiscal General, solicitando información sobre el estado de la investigación penal (supra párr. 86.34).
155. Asimismo, tal como se relata en los hechos probados (supra párr. 86.35), después de la moción de la Asamblea Nacional, Moiwana ’86 presentó dos solicitudes formales en 1996 ante el Fiscal General para que se realizara una investigación adecuada sobre el ataque. Al no haber recibido una respuesta, Moiwana ’86 se comunicó con el Presidente de la Corte de Justicia. El 21 de agosto de 1996 el Presidente de la Corte de Justicia ordenó al Fiscal General que presentara a esa Corte, de conformidad con el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales, un informe sobre el asunto, que debía estar acompañado de los expedientes policiales disponibles. Sin embargo, la Oficina del Fiscal General no ha respondido hasta ahora en forma adecuada estas solicitudes del Presidente de la Corte de Justicia y de Moiwana ’86.
156. La inactividad manifiesta de Suriname ante estos hechos extremadamente graves – a pesar de la presión de las presuntas víctimas, así como del propio Poder Legislativo del Estado para investigar el ataque de 1986 – evidencia falta de respeto al principio de diligencia debida. En efecto, cuando se realizó la audiencia pública ante esta Corte el 9 de septiembre de 2004, ni siquiera el propio Fiscal General de Suriname podía describir con algún grado de especificidad el estado de la investigación sobre el ataque de 1986. El Tribunal, entonces, comparte las consideraciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual, en sus Observaciones Finales de 2004 sobre la situación de los derechos humanos en Suriname, señaló:
las investigaciones sobre […] la masacre en Moiwana de 1986 aun se encuentran pendientes y todavía no han producido resultados concretos. [La información aportada de que el caso] aun se encuentra siendo investigado es perturbadora, especialmente dado el tiempo transcurrido desde que aconteció. El Comité además considera que esta situación refleja falta de recursos efectivos disponibles para las víctimas de violaciones de derechos humanos […]89.
*

* *
157. La Corte además observa que en el expediente consta abundante prueba que acredita el involucramiento del régimen militar de Suriname en la obstrucción de justicia en el presente caso. La liberación por medio de la fuerza por parte del Comandante Desire Bouterse de Orlando Swedo y su declaración prohibiendo investigaciones adicionales de operaciones militares por parte de la policía civil son ejemplos irrefutables de ello.


158. Los hechos probados (supra párrs. 86.28, 86.29 y 86.37) también ponen de manifiesto que los actores esenciales en la búsqueda de justicia en el presente caso sufrieron grave violencia y hostigamientos: a) el 4 de agosto de 1990 el inspector Herman Gooding, después de su reunión con el Comandante Adjunto de la policía militar, fue víctima de homicidio; b) algunos de los investigadores policiales que colaboraron con el inspector Gooding se enfrentaron a circunstancias que amenazaban su vida y, en consecuencia, huyeron de Suriname; c) Stanley Rensch, fundador de Moiwana ’86, sobrevivió un atentado de muerte y fue arrestado en forma arbitraria en cuatro oportunidades; posteriormente, buscó refugió en el extranjero; y d) quienes colaboraron con Moiwana ’86 para obtener justicia por el ataque de 1986 y otras violaciones de derechos humanos relacionadas con aquél fueron amenazados y hostigados con frecuencia; como resultado de ello, algunos se vieron en la necesidad de salir de Suriname por su propia seguridad.
159. Esta Corte considera que los referidos actos de violencia y las mencionadas amenazas se dirigían a disuadir a las personas mencionadas de sus respectivos papeles en la investigación y el esclarecimiento de los hechos relativos al ataque de 1986 a la aldea de Moiwana. En este sentido, el Tribunal nota con preocupación que, después de casi 15 años, la muerte del inspector Gooding aun no ha sido investigada en forma adecuada. Para garantizar el debido proceso y la protección judicial en una nueva investigación oficial sobre el ataque de 1986 y las violaciones de derechos humanos relacionadas con aquél, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los investigadores, testigos, fiscales, jueces y a los miembros de la comunidad (infra párr. 207)90.


c) El principio del plazo razonable
160. Desde que Suriname reconoció la competencia de la Corte el 12 de noviembre de 1987, han pasado casi 18 años y el Estado no ha realizado una investigación seria y efectiva de estos hechos que pueda haber conducido a un enjuiciamiento de los responsables del ataque a la aldea de Moiwana (supra párr. 86.33). El Tribunal considera que una demora tan prolongada constituye per se una violación de las garantías judiciales, que difícilmente podría ser justificada por el Estado, sin perjuicio de lo cual el Tribunal considerará si la demora se debió a la complejidad del caso o a la conducta de las partes91.
161. Con respecto a la conducta de las partes, los hechos probados (supra párrs. 86.34 y 86.35) indican que las presuntas víctimas y sus representantes frecuentemente han solicitado con urgencia una investigación penal sobre el ataque a la aldea de Moiwana, y en ocasiones han favorecido directamente los esfuerzos del Estado, como ocurrió en 1993, cuando Moiwana ’86 informó a la Oficina del Fiscal General el descubrimiento de la fosa común.
162. En relación con la complejidad del caso, la Corte reconoce que la investigación sobre los hechos del 29 de noviembre de 1986 es difícil, ya que el ataque involucró las acciones de un régimen militar poderoso, comprendió un gran número de víctimas – que fallecieron o fueron desplazadas – y tuvo lugar en una región remota del país, entre otros factores. Sin embargo, se recuerda que en la investigación del inspector Gooding, en 1989, se tomaron declaraciones de testigos y se llevaron a cabo arrestos de probables responsables de los hechos (supra párr. 86.25). Si esta investigación no hubiera sido abandonada poco tiempo después – debido a las acciones militares de obstrucción (supra párrs. 86.26 y 86.27) y a la posterior falta de iniciativa por parte de la Oficina del Fiscal General (supra párrs. 86.31 a 86.33 y 86.35) – podría haber culminado con prontitud en la identificación y la sanción de los perpetradores del ataque. Por lo expuesto, la Corte considera que no se ha justificado la prolongada demora; en consecuencia, se ha vulnerado el principio del plazo razonable en esta investigación.
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163. En atención a los diversos factores analizados anteriormente, la Corte considera que la gravemente deficiente investigación de Suriname sobre el ataque de 1986 a la aldea de Moiwana, la obstrucción violenta de justicia y el largo período transcurrido sin que se logre el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables han violentado las normas de acceso a la justicia y debido proceso establecidas en la Convención Americana.


164. En consecuencia, el Tribunal declara que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.

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165. La Corte toma nota de que el 19 de agosto de 1992 el Presidente de Suriname promulgó oficialmente la Ley de Amnistía de 1989, la cual otorga amnistía a quienes cometieron ciertos actos criminales, con la excepción de crímenes de lesa humanidad, entre enero de 1985 y agosto de 1992 (supra párr. 86.39). La ley define vagamente los crímenes de lesa humanidad como “aquellos crímenes que, de conformidad con el derecho internacional, se encuentren clasificados como tales”. Naturalmente, hubo mucho debate durante el trámite del caso ante el Tribunal sobre la posibilidad de que el ataque de 1986 constituya un crimen de lesa humanidad conforme a esa definición.
166. En este sentido, la Corte estima necesario reiterar sus consideraciones anteriores: en respuesta a las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron el 29 de noviembre de 1986, el primer remedio que el Estado debió haber aportado era una investigación y un proceso judicial efectivos y prontos, tendientes al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la compensación adecuada a las víctimas.
167. Como el Tribunal ha afirmado en repetidas ocasiones92, ninguna ley o disposición interna – incluyendo leyes de amnistía y plazos de prescripción – podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Si no fuera así, los derechos consagrados en la Convención Americana estarían desprovistos de protección efectiva. Este entendimiento de la Corte es conforme a la letra y al espíritu de la Convención, así como a los principios generales del derecho internacional. Posee especial preeminencia entre dichos principios el de pacta sunt Servando, el cual requiere que se asegure un efecto útil de las disposiciones de un tratado en el plano del derecho interno de un Estado Parte93.



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