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ANALISIS DE DERECHO




    1. Responsabilidad internacional extraterritorial y control efectivo





  1. Tal como la Comisión señaló en la decisión de admisibilidad del presente caso, su competencia para revisar las denuncias presentadas deriva de los términos de la Carta de la OEA, su Estatuto y su Reglamento. De conformidad con la Carta, todos los Estados miembros se comprometen a proteger los derechos fundamentales de los individuos. En el caso de los países que no son parte de la Convención, los derechos en cuestión son aquellos establecidos en la Declaración Americana, la cual constituye una fuente de obligaciones internacionales. La Comisión está comprometida por su Estatuto a prestar atención especial al cumplimiento de los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración al ejercer su jurisdicción con respecto a los países que no son partes de la Convención Americana567.




  1. La Comisión considera pertinente señalar que, en ciertas circunstancias, el ejercicio de su jurisdicción sobre actos ocurridos fuera del territorio del Estado denunciado no sólo será congruente sino requerido por las normas pertinentes568.




  1. Dado que los derechos individuales son inherentes a las personas, todos los Estados americanos están obligados a respetar los derechos de cualquier persona sujeta a su jurisdicción. Si bien ello se refiere comúnmente a las personas que se hallan dentro del territorio de un Estado, en determinadas circunstancias puede referirse a situaciones en que la persona está presente en el territorio de un Estado, pero se encuentra sujeta al control o autoridad de otro Estado, por lo general a través de los actos de los agentes de este último en el exterior569.




  1. Esta aproximación resulta congruente con el derecho internacional en un sentido más amplio, en el cual las bases de la jurisdicción no son exclusivamente territoriales sino que puede incluir otras bases también570. De esta forma, aunque jurisdicción usualmente se refiere a la autoridad sobre personas que se encuentran dentro del territorio de un Estado, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos y no se basan en su ciudadanía o ubicación571. La Comisión ha señalado que bajo el sistema interamericano, cada Estado está obligado a respetar los derechos de todas las personas dentro de su territorio y de aquellas presentes en el territorio de otro Estado pero sujetas al control de sus agentes572. Esta postura coincide con la de otros organismos internacionales que al analizar el ámbito de aplicación de instrumentos internacionales de derechos humanos han contemplado su posible aplicación extraterritorial573.




  1. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha arribado a conclusiones similares, y al respecto ha determinado que el término “jurisdicción” no se limita al territorio nacional de un Estado Parte, pues puede surgir responsabilidad por actos de sus autoridades que produzcan efectos fuera de su territorio574. El ejercicio de jurisdicción es una condición necesaria para hacer a un estado responsable por los actos u omisiones que le sean imputables y que dieron lugar a una infracción de los derechos y libertades protegidos575.




  1. Asimismo, en su decisión en el caso Bankovic y otros. vs. Bélgica576, el Tribunal Europeo insistió en que el significado del término “jurisdicción” se deriva del derecho internacional y es primaria, pero no es exclusivamente territorial577.




  1. También la Corte Internacional de Justicia, al analizar el ámbito de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, afirmó que “si bien la jurisdicción de los Estados es primordialmente territorial, en ocasiones puede ejercerse fuera del territorio nacional” y que “[t]eniendo en cuenta el objeto y el fin del [PIDCP], parece lógico pensar que, aunque así sea, los Estados que son parte en el Pacto están obligados a cumplir sus disposiciones”578. De la misma manera se pronunció al decidir el caso RDC c. Uganda, en cuyo fallo expresó que el derecho internacional de los derechos humanos se aplica en relación con actos realizados por un Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su territorio579. Por su parte el Comité de Derechos Humanos, respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos “a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción”, ha considerado admisible la aplicabilidad extraterritorial del Pacto sobre la base del requisito de la autoridad o el control tanto en el contexto de casos individuales como en el de sus observaciones finales sobre informes periódicos de los Estados580.




  1. Sobre el ejercicio extraterritorial de jurisdicción, la CIDH ha señalado que es preciso verificar que el territorio en cuestión y consecuentemente las presuntas víctimas, hayan estado sometidas a la autoridad y control de los agentes581 de las fuerzas extranjeras. En ese sentido, la CIDH ha enfatizado que la responsabilidad de los Estados miembros bajo la Declaración Americana y la Convención Americana, se compromete por la acción u omisión de sus agentes582. Ésta no se limita a las actuaciones dentro de su territorio, sino que se extienden además sobre los hechos ocurridos en el territorio de otro Estado, siempre y cuando se verifique el control y autoridad de sus agentes sobre dicho territorio583.




  1. Al respecto, la Comisión ha destacado que al momento de analizar el ámbito de jurisdicción de la Declaración Americana, es necesario determinar si existe un nexo de causalidad entre la conducta extraterritorial de un Estado mediante las actuaciones u omisiones de sus agentes y/o de personas que hayan actuado bajo su mando o aquiescencia y la alegada violación de los derechos y libertades de una persona584.




  1. En una perspectiva similar, el Tribunal Europeo en el caso Loizidou vs. Turquía, determinó que donde un Estado ejerce control efectivo sobre un territorio, como en el caso de las ocupaciones militares, ejerce jurisdicción585. El Tribunal expuso ésto en los siguientes términos:

Al respecto, la Corte recuerda que, aunque el artículo 1 (art.1) establece límites al alcance de la Convención, según esta disposición el concepto de “jurisdicción” no se restringe al territorio nacional de las Altas Partes Contratantes. […] la responsabilidad de las Partes Contratantes puede verse involucrada por actos de sus autoridades, ya sea que se lleven a cabo dentro o fuera de sus fronteras nacionales, que produzcan efectos fuera de su propio territorio […]


Teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención, la responsabilidad de una Parte Contratante puede surgir también cuando como consecuencia de una acción militar- ya sea legal o ilegal- ejerce control efectivo de un área fuera de su territorio nacional. La obligación de garantizar en dicha área, los derechos y libertades consagradas en la Convención, deriva del hecho de tal control, ya sea ejercido directamente a través de sus fuerzas armadas, o a través de una administración local subordinada.586



  1. Posteriormente en el caso Issa y otros vs. Turquía, el Tribunal Europeo reiteró que la responsabilidad de un Estado puede generarse por la violación de derechos y libertades de personas que están en el territorio de otro Estado, pero que se encontraban bajo el control y la autoridad de agentes del primer Estado quienes operaban, legal o ilegalmente, en territorio del segundo. El test aplicado es el del “control efectivo”. Según el Tribunal Europeo, la responsabilidad en ese tipo de situaciones se genera como resultado de que no puede interpretarse el artículo 1 del Convenio Europeo de tal forma que le permita a un Estado parte cometer violaciones de derechos humanos en el territorio de otro Estado, que en su propio territorio no podría cometer587. La Corte indicó que el “control efectivo” global, por ejemplo como resultado de una operación militar podría ser temporal, y sobre una porción particular del territorio del segundo estado, y todavía dar lugar a responsabilidad internacional para el primer estado.




  1. El Comité de Derechos Humanos estableció en su Observación General 31, que:

[…] El disfrute de los derechos del Pacto no se restringe a los ciudadanos de los Estados Partes, sino que debe también extenderse a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o de su situación apátrida […]. Este principio se aplica asimismo a los sometidos al poder o al control eficaz de las fuerzas de un Estado Parte que actúan fuera de su territorio, independientemente de las circunstancias en las que ese poder o control eficaz se obtuvo, como las fuerzas que constituyen un contingente nacional de un Estado Parte asignado a una operación internacional encargada de imponer la paz o de mantenerla588.




  1. En estos escenarios de ocupación, la Comisión Interamericana observa que es preciso verificar la existencia de “control efectivo”, y para ello se aplican las normas pertinentes del derecho internacional humanitario y los derechos humanos para el territorio sujeto a ocupación.589.




  1. Al respecto, el artículo 42 del Reglamento de La Haya de 1907 establece que "se considera un territorio como ocupado cuando se encuentra de hecho colocado bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende más que a los territorios donde dicha autoridad se halla establecida y con medios para ser ejecutada”. Frente a esto el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante “CICR”) ha establecido que virtud del artículo 2 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, estos tratados aplican a todos los casos de ocupación de territorios durante conflictos internacionales, así como en situaciones en las que la ocupación del territorio de un Estado no encuentra resistencia armada590.




  1. Más aún, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido que a pesar de que la ocupación se encuentra regulada por la Carta de las Naciones Unidas y por el derecho conocido como jus ad bellum, cuando existe una situación que, en los hechos, equivale a una ocupación, se aplica el derecho de la ocupación, independientemente de que la ocupación se considere lícita o no. Es decir, -tal y como lo ha respaldado el CICR-, que para determinar la aplicabilidad del derecho de la ocupación, no depende de que el Consejo de Seguridad haya aprobado la ocupación, ni del objetivo que ésta persiga, ni de la calificación que reciba, más bien, la determinación de su aplicabilidad se determina únicamente a partir de los hechos que ocurren sobre el terreno. Asimismo, el CICR ha establecido que el derecho de ocupación aplica en los casos de ocupación total o parcial de territorios extranjeros, independientemente de si la ocupación se enfrenta o no a resistencia armada591.




  1. En adición, en un caso similar al que nos ocupa, la CIDH estableció que la protección del Cuarto Convenio de Ginebra comienza a aplicarse "desde el principio de cualquier conflicto u ocupación mencionados en el artículo 2”592. Las relaciones entre las tropas que avanzan y los civiles están regidas por el Convenio (independientemente de que dicho avance incluya o no hostilidades), y no existe una brecha en la aplicación de las disposiciones "entre lo que podría calificarse como la fase de invasión y la inauguración de un régimen estable de ocupación"593.






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