Informe Anual 2018 Cap. G colombia



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  1. ACTIVIDAD PROCESAL




  1. La CIDH solicitó información actualizada a las partes, los días 3 de septiembre de 2016, 18 de agosto de 2017 y de julio de 2018, 27 de septiembre de 2016, 29 de agosto de 2017 y 23 de julio de 2018.




  1. El Estado proporcionó información los días 16 de noviembre de 2015, 7 de noviembre de 2016, 6 de diciembre de 2016, 29 de diciembre de 2016, 26 de enero de 2018. El Estado solicitó prórroga el 23 de agosto de 2018 y presentó información con posterioridad.




  1. Los peticionarios proporcionaron información los días 19 de diciembre de 2013, 12 de diciembre de 2016, 13 de octubre de 2017, 18 de julio de 2018 y 27 de agosto de 2018.




  1. El 6 de diciembre de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con la facilitación de la Comisión, con el fin de impulsar el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo de solución amistosa. En dicha reunión el Estado se comprometió a gestionar distintas medidas relativas: a la capacitación a la que podría acceder Alba Lucía Rodríguez en Abejorral, Medellín o municipios de la subregión; a las condiciones de contratación con la Gobernación de Antioquia; la evaluación de la hoja de ruta para el cumplimiento de las medidas de reparación; a gestionar un equipo de atención psicosocial que garantice a Alba Lucía Rodríguez en su localidad atención psicológica especializada y de calidad; y, por último, a hacer gestiones con la Consejería Nacional de la Mujer para evaluar las vías posibles para proteger a Alba Lucía Rodríguez de situaciones de vulnerabilidad.




  1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA




Cláusulas del Acuerdo

Estado de Cumplimiento en el 2018

Información relevante proporcionada por las partes

PRIMERO.- El Estado se compromete a realizar un reconocimiento expreso de responsabilidad, en consulta y contando con el consentimiento de la víctima

Total9

SEGUNDA.-

El Estado se compromete a indemnizar a la víctima por los perjuicios morales y materiales ocasionados con las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se produjeron en el presente caso. Para el efecto, el Estado y los representantes de las víctimas le solicitan respetuosamente a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fije el monto que corresponda a dicha indemnización. (Se adjuntara una comunicación conjunta a la CIDH al respecto). En todo caso, de llegarse a una conciliación extrajudicial o de producirse un fallo en la jurisdicción interna, los montos que sean cancelados a la víctima en virtud de estos actos legales, serán descontados de la indemnización que fije la Honorable Comisión. En caso de que los montos internos excedan el monto fijado por la Honorable Comisión, el Estado pagará el excedente interno.



Total 2018

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión de manera excepcional determinó en el Informe No. 59/14 el monto indemnizatorio por los perjuicios morales y materiales ocasionados con las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se produjeron en el presente caso. En este sentido, la Comisión fijó en equidad, la cantidad de US$ 60.000 como indemnización por concepto de daño inmaterial; la suma de US$ 10.740 por concepto de lucro cesante a favor de la señora Alba Lucia Rodríguez por los 6 años que estuvo privada de libertad (1996-2002); la cantidad de US$ 5.557 por concepto de daño emergente; y por concepto de costas y gastos la cantidad de US$2.136 a favor de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Medellín y la cantidad de US$ 10.000 a favor de la abogada Castilla.

El 21 de febrero de 2018, el Estado presentó la Resolución No. 0000933 del 18 de diciembre de 2017, mediante la cual se establecieron los montos a indemnizar a las víctimas por los perjuicios morales y materiales. Adicionalmente, informó que los días 27 de diciembre de 2017 y 11 de enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación procedió a realizar las transferencias de fondos en beneficio de las víctimas.

El 18 de julio de 2018, la parte peticionaria reconoció que el Estado había abonado los montos, según lo acordado y consideró que la medida de reparación económica se encontraba totalmente cumplida.

Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento total y así lo declara.



TERCERA.- Dentro del compromiso del Estado de otorgar medidas de reparación integral adecuadas en relación con las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se produjeron en el presente caso, el Estado se compromete a diseñar e implementar capacitaciones con alcance nacional en escuelas de formación de funcionarios judiciales y administrativos, así como para el personal médico, psicológico y psiquiátrico en perspectiva de género y el alcance del secreto profesional; Las capacitaciones deben tener un especial énfasis en temas como:
i) derechos humanos y género;
ii) perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y;
iii) superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente a los relativos a violencia por razones de género, tomando en cuenta que ciertas normas y prácticas en el derecho interno tienen efectos discriminatorios en la vida cotidiana de las mujeres. Asimismo, el Estado se compromete a solicitar al Ministerio de Educación Nacional información sobre las gestiones y los lineamientos que se han adelantado y se adelantarán para que se dé cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1257 de 2008. Dentro de dichos programas deberá hacerse mención a los instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente a los relativos a violencia por razones de género, tomando en cuenta que ciertas normas y prácticas en el derecho interno tienen efectos discriminatorios en la vida cotidiana de las mujeres

Parcial sustancial 2018

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión dio cuenta de que el Estado indico que el 3 de octubre de 2012 se habría lanzado el “Plan Nacional de Formación para Garantizar el Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de la Violencia”, dirigido a funcionarios judiciales, con énfasis en la aplicación de la ley N° 1257 de 2008, en enfoque diferencial y derechos de las víctimas de violencia. Informa de igual forma que ya han sido capacitados más de 500 funcionarios, todos vinculados con el poder judicial y la administración de justicia.

El 5 de marzo de 2014, los peticionarios afirmaron que los programas desarrollados están orientados a capacitar únicamente a los funcionario/as de justicia, y sólo sobre un tema en específico que sería el de “enfoque diferencial y derechos de las víctimas de violencia”. En ese sentido, indican que valorarían que se presentara una información sobre la capacitación realizada en términos sustantivos, con el fin de poder analizar si la finalidad de la medida acordada sobre la perspectiva de género, fue alcanzada. Por otra parte, afirman que estarían a la espera de recibir mayor información acerca de las medidas adoptadas por el Estado para capacitar a funcionarios administrativos en términos generales.

En lo que respecta a la implementación de capacitaciones para el personal médico, psicológico y psiquiátrico, el Estado informó que el Ministerio de Salud realiza dichas capacitaciones de manera permanente, por lo que se comprometió a enviar información consolidada sobre el contenido y desarrollo de las mismas. Las peticionarias expresan que estarían a la espera de recibir dicha información con el fin de determinar si las mismas cumplirían con la presente cláusula.

En su Informe Anual de 2017, la Comisión dio cuenta de que el 16 de noviembre de 2015, el Estado reiteró que se había lanzado el “Plan Nacional de Formación para Garantizar el Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de la Violencia”, dirigido a funcionarios judiciales con énfasis en la aplicación de la Ley 1257 de 2008. Indicó que para el año 2014 la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer implementó acciones y estrategias con el fin de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente en sectores fundamentales como lo son justicia, seguridad y salud; afirmando que los talleres y jornadas de capacitación habían resultado en un avance por parte de los funcionario/as, representantes de los diferentes sectores, en la sensibilización y conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y que existía un mayor dominio por parte de la institucionalidad en el conocimiento de la normativa nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres.

En el mismo sentido, el Estado aportó información detallada sobre la realización de diversas acciones y estrategias por el Ministerio de Salud y Protección Social dirigidos a distintos funcionarios y sociedad civil en temas de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de equidad de género, salud materna y salud pública. Explicó cómo se llevaron a cabo distintos procesos de capacitación; foros; documentos técnicos elaborados; jornadas de asistencia técnica; talleres de formación, seguimiento y evaluación de modelos de servicio de salud.

El 6 de diciembre de 2016, el Estado presentó información detallada sobre las medidas implementadas por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Salud, relacionadas con las capacitaciones a funcionarios judiciales y personal médico en perspectiva de género y el alcance del secreto profesional; así como sobre las acciones ejecutadas por el Ministerio de Educación, para dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1257 de 2008. Con base a la información presentada en materia de superación de los estereotipos sobre el rol social de las mujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, promovió la realización en marzo de 2015 de un estudio denominado “II Medición del Estudio de Tolerancia Social e Institucional a la Violencia contra las Mujeres”. Asimismo, ha venido implementando desde el año 2013 una línea de orientación psicosocial y jurídica para mujeres que se atiende 24 horas al día, durante toda la semana por personal de la Policía Nacional. Adicionalmente, ha prestado apoyo a nivel territorial en departamentos y alcaldías de las ciudades capitales, para la formulación de medidas y acciones concretas dentro de los planes de desarrollo territoriales sobre equidad de género, reducción de las brechas, atención de casos de violencia de género y participación de la mujer. De la misma forma, la Consejería junto al Ministerio de Justicia y del Derecho han desarrollado 5 herramientas técnicas para estandarizar y homogenizar los servicios prestados por las Comisarias de Familia con el fin de fortalecer a las mismas, y a la fecha se han realizado 10 encuentros regionales con comisarios de familia locales y sus equipos de trabajo.

Por su parte, el Ministerio de Salud en materia de secreto profesional e interrupción voluntaria del embarazo, ha adelantado un total de 15 talleres con prestadores primarios de servicios de salud en 15 departamentos, capacitando un total de 73 profesionales del sector salud entre personal asistencial y administrativo. El Ministerio de Salud ha dado acompañamiento técnico a la Fiscalía General de la Nación en la formulación de la Directiva 06 del 2016 mediante la cual se establecen los criterios a seguir por parte de fiscales para la investigación de la posible comisión del delito de aborto, tipificado en el artículo 122 del Código Penal; y ha realizado capacitaciones en 9 departamentos priorizados por su baja conectividad a profesionales del sector de la salud y del sector protección y justicia en temas de género, violencia de género y violencia sexual, enfoques de derechos, género y diferencial, derechos sexuales y derechos reproductivos, normatividad nacional e internacional sobre violencia de género y violencia sexuales. Adicionalmente, en el año 2016 a través del Curso Atención integral en salud para víctimas de violencia sexual desarrollado en la plataforma virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha logrado certificar 1251 profesionales del talento humano en salud.

El Ministerio de Educación en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1257 de 2008, desde el año 2013, ha impulsado la implementación de la Ley 1620 mediante la que se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y el Decreto 1965 del mismo año que la reglamenta. En concreto, estos instrumentos normativos facilitan el cumplimiento de las obligaciones que tienen las secretarías de educación municipales y departamentales, las instituciones educativas y los cuerpos docentes frente a la vinculación de toda la comunidad educativa en la promoción y protección de los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes. Por último, el Ministerio de Educación directamente, ha apoyado algunos procesos de formación con representantes de las Secretarías de Educación como aporte a la prevención de las violencias contra las mujeres. Al respecto, en los años 2013 y 2014, se adelantaron varias jornadas de sensibilización e información con representantes de centros educativos de varias partes del país para facilitar la apropiación de los lineamientos desarrollados por el Ministerio para promover la convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia en la escuela incluida la violencia basada en género.


El 18 de julio de 2018, la parte peticionaria informó que hasta la fecha el Estado no había cumplido con el diseño e implementación de las capacitaciones en perspectiva de género.
En 2018, el Estado informó sobre las actividades realizadas y las estrategias llevadas a cabo por La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Adicionalmente, reiteró las actividades desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento parcial sustancial y así lo declara.
Al respecto, la Comisión considera que esta cláusula es bastante amplia, por lo que insta a las partes a definir los puntos específicos requeridos en materia de capacitaciones con perspectiva de género a adelantarse en el 2019 de manera que pueda valorarse el cumplimiento total de la medida.

CUARTA.- El Estado se compromete a proporcionar atención médica, psicológica y en salud sexual y reproductiva a la señora Alba Lucía Rodríguez y su compañero permanente, con el fin de evaluar los daños o traumas causados con ocasión de los hechos. La atención psicológica se extenderá a sus familiares, como acompañantes en el proceso de rehabilitación de Alba Lucía, si así lo determina el diagnóstico que elabore el especialista, y en ese orden de ideas, el Estado se compromete a cubrir los gastos de su desplazamiento. Se diseñará un programa de rehabilitación y recuperación integral en salud, que incluirá prestaciones médicas integrales y gratuitas durante el tiempo que se estime necesario para Alba Lucía y su compañero permanente, de acuerdo con el diagnóstico de los respectivos profesionales médicos y psicológicos.

Parcial Sustancial 2018

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión dio cuenta de que el Estado indicó sobre esta cláusula que Alba Lucía y su compañero estarían “asegurados por el régimen contributivo del régimen de seguridad social colombiano en la EPS”. Con relación al grupo familiar, informó que se habría ofrecido la posibilidad de realizar el tratamiento médico y psicológico con el equipo de la Unidad Psicosocial y de Memoria. En su informe de julio de 2013 el Estado adjuntó un informe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social de la Dirección de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Atención a víctimas, reintegración comunitaria y Reconciliación, sobre el “Acompañamiento psicosocial en el caso de Alba Lucía Rodríguez”. En dicho informe se indicó que el Estado estaría acompañando “el proceso de rehabilitación psicológica de alba lucia (sic) y su familia”, indicando que inicialmente, el acompañamiento psicosocial se ofreció “una vez al mes, durante un año en el municipio de Abejorral”, tras lo cual se realizaría un diagnóstico para “especificar si se requiere continuar con un seguimiento al caso o por el contrario es un tiempo suficiente (…)”.

Las peticionarias, por su parte, expresaron su interés por conocer con más profundidad sobre el acceso efectivo de la víctima y su compañero a los servicios médicos y de salud sexual y reproductiva. Asimismo, expresaron que desconocían el resultado del proceso de acompañamiento psicosocial y que quisieran obtener del Estado mayor información, con el fin de que se determine conjuntamente entre las partes sobre la efectividad del mismo y la necesidad de continuar con dicho acompañamiento.



En su informe Anual de 2017, la Comisión dio cuenta de que el Estado presentó información suministrada por el Ministerio de Salud. Al respecto el Ministerio informó sobre la celebración de una reunión el día 3 de diciembre de 2015 entre la representante de la víctima, la Dirección Seccional de Antioquia, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Antioquia y la nueva Entidad Promotora de Salud- EPS con el fin de hacer un seguimiento y establecer acuerdos necesarios para impulsar esta medida. En cumplimiento a lo acordado en dicha reunión, recalca la asignación de la Institución Prestadora de Salud para atención ambulatoria desde el 3 de diciembre en UT Viva 1 Sede Medellín, institución donde ha recibido atención general por un grupo interdisciplinario único compuesto por médico, enferma y psicóloga. Por último, menciona los servicios que se le han prestado a la señora Alba Rodríguez a través de la nueva EPS durante los meses de enero y febrero de 2016.
El 18 de julio de 2018, la parte peticionaria informó que en relación al tratamiento psicológico, que en la actualidad la víctima se encuentra en atravesando una situación de violencia doméstica. Resaltó que si bien se le asignó una psicóloga con la que tuvo dos citas, el acompañamiento no fue constante ni suficiente para brindar la contención necesaria que Alba Lucia ha atravesado ni su situación actual. Por otro lado, indicó que desde aquella cita no se han vuelto a contactar con ella para coordinar una nueva. En cuanto a la atención médica informó que Alba Lucía ha manifestado estar recibiendo un buen tratamiento médico en Medellín, se le halló un absceso en un seno, por el que fue hospitalizada a inicios de junio y se le realizó un drenaje. Asimismo, se encuentra a la espera desde inicios del mes de junio de 2018 de una cita en Medellín para una mamografía y una ecografía de seno, sin que a la fecha se la haya realizado el examen requerido.
En 2018, el Estado presentó la información proporcionada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante al cual indicó que “durante el año 2017 la regional noroccidente de la Nueva EPS había realizado inducción a la demanda a los servicios de salud integral (física y psicológica), sin embargo según lo refiere la EPS, la señora Alba Lucia no ha respondido a los procesos de inducción a la demanda que se le han ofertado para la atención en salud. Vale aportar que por solicitud de la paciente, sus atenciones serán asignadas a la ciudad de Medellín”. Adicionalmente, el Estado resaltó que mediante comunicación telefónica establecida con la psicología que realiza las atenciones a la paciente, se le informó que efectivamente la paciente no había respondido a las llamadas telefónicas para programar citas de seguimiento el año 2017.
Adicionalmente, el Estado presentó información presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Mediante la cual actualizan sobre la situación de la peticionaria. Al respecto, indicó que Alba Lucía acudió a urgencias a la E.S.E San Juan de Dios de Abejorral, por absceso en el seno y en donde le ordenaron ecografía, al respecto precisan que la E.S.E San Juan de Dios de Abejorral no hace parte de la red de atención de Nueva EPS, ni tiene prestación del servicio referido. Asimismo, informó que hubo comunicación efectiva con la señora Alba Lucía Rodríguez el día 25 de julio de 2018, quien manifestó sentirse bien de salud actualmente y no presentar inconformidad con atención recibida por IPS y Nueva EPS. El estado también informó que Alba Lucí cuenta con números telefónicos de contacto de la líder de su IPS primaria, como de la enfermera de Nueva EPS de la zonal Antioquia para los casos que requiera de apoyo u orientación, pero no se ha recibido solicitud de su parte. Finalmente, indicó con respecto de La continuidad de la atención por psicología, la Nueva EPS que se suspendió, debido a que la usuaria manifestó “no” querer continuar con este proceso.
En relación con la situación de violencia doméstica que alega la parte peticionaria, el Estado recomendó poner en conocimiento de la Personería Municipal el hecho, para que esta entidad, en el marco de sus competencias, ejerza las funciones de Ministerio Público ante la Comisaría de Familia e intervenga en la defensa de los derechos y garantías fundamentales, así como en el debido proceso de la señora Alba Lucía. Adicionalmente, recomendó a los representantes de la víctima que se dirijan a la Fiscalía más cercana, en este caso sería a la Dirección Seccional de Medellín, con el fin de poner en conocimiento los hechos objeto de esta comunicación, de manera más expedita. Finalmente, el Estado presentó un informe de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, mediante la cual informó sobre las gestiones realizadas por la Defensoría para dar seguimiento al caso. En la misma nota se observa que Alba Lucía manifestó su deseo de desistir de la solicitud de desalojo de la casa de su esposo, debido a que deseaba iniciar los trámites de divorcio primero. Pero que en la audiencia programada, la misma señaló que desistía del divorcio porque deseaba continuar viviendo con él y que en “la actualidad persiste la convivencia de la señora Alba Lucía, en un inmueble cercano a la alcaldía municipal, de la cual se tiene visión desde el despacho de la comisaría de familia, si novedad, donde ambos manifiestan que se encuentran en sana convivencia”.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento parcial sustancial y así lo declara.

QUINTA.- En caso de que Alba Lucia Rodríguez decida adelantar estudios, el Estado se compromete a gestionar a través de la Secretaría de Educación de Medellín y/o la Gobernación de Antioquia, el acceso al plan educativo de su preferencia. Su ingreso y permanencia en el programa educativo estará sujeta a los requisitos que para ello establezca la entidad educativa elegida. La oferta educativa comprende el inicio de estudios secundarios básicos, medios, formación técnica, tecnológica y/o en artes y oficios. La oferta de estudios podrá tener sede en la ciudad de Medellín o en cualquier otro municipio. En todo caso, las condiciones estipuladas en el numeral estarán sujetas a variaciones propias de las necesidades comprobadas de la ciudadana.

Parcial

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión dio cuenta de que el Estado indicó que la Gobernación de Antioquia le ofreció a Alba Lucía un cupo en la institución Educativa Manuel Canuto de Abejorral. Alba Lucia informó que planeaba ingresar en el 2014 a dicha institución para culminar sus estudios de secundaria básicos.
En el acta de la Reunión de Trabajo mantenida por las partes con el acompañamiento de la CIDH, en el 159 periodo de sesiones en Panamá, el Estado se comprometió, por intermedio de la Gobernación de Antioquia a hacerle llegar a la peticionaria sus propuestas de capacitación a la que podría acceder en Medellín o Municipios de la Subregión. Para que termine sus estudios superiores y capacitación en pintura y artesanía.
El 18 de julio de 2018, la parte peticionaria informó que a la fecha el Estado no ha presentado información sobre el cumplimiento de esta medida, ni ha facilitado que Alba continúe con sus estudios.
En 2018, el Estado presentó una serie de opciones educativas en beneficio de Alba Lucía, tanto en de educación de forma regular, como alternativas de tiempo parcial, en las áreas de su interés.
Al respecto, al Comisión observa la voluntad del Estado de implementar la medida y al mismo tiempo, observa con preocupación la falta de articulación de las partes en facilitar a través del dialogo que dicha medida se concretice a favor de la beneficiaria. Por lo anterior, la Comisión insta a las partes a dialogar sobre las alternativas de estudio planteadas por el Estado de manera que Alba Lucia pueda seleccionar alguna de ellas para avanzar en sus estudios en el 2019.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por la parte peticionaria, la Comisión considera que el nivel de cumplimiento de esta medida sigue siendo parcial.

SEXTA.- En caso de que Alba Lucía decida dedicarse a una actividad laboral, el Estado la apoyará mediante capacitación laboral adecuada con sede en la ciudad de Medellín o en cualquier otro municipio del departamento de Antioquia, con el suministro de bienes o mercancía por una sola vez, o de cualquier otro modo que contribuya de manera eficaz a que Alba Lucía pueda rehacer su proyecto de vida.

Parcial

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión dio cuenta de que el Estado colombiano señaló que el 9 de mayo de 2013, mediante Decreto N° 1920 de la Gobernación del Departamento de Antioquia, se nombró a Alba Lucía en la plaza de empleo “Celador”, en la Institución Educativa San Luis del Municipio de Yarumal. El 4 de junio de 2013 se posicionó a Alba Lucía en la Institución educativa con un contrato de 6 meses, renovable por 6 meses. Afirma el Estado que la Gobernación de Antioquia tiene el reto de garantizar la continuidad de este empleo.

Las peticionarias, por su parte, en comunicación del 5 de marzo de 2014, precisaron que pese a los esfuerzos desplegados por el Estado en este sentido, dicho contrato de trabajo no ha alcanzado un carácter de indefinido, por lo que consideran que “la temporalidad del empleo ofrecido le obstaculiza “rehacer su proyecto de vida”.

En el acta de la Reunión de Trabajo mantenida por las partes con el acompañamiento de la CIDH en 2016, el 159 periodo de sesiones en Panamá, el Estado se comprometió a brindar información sobre las condiciones de contrato y la forma en la que está asegurada su estabilidad laboral. Sin embargo, el Estado no presentó la información en las 3 semanas prometidas.

El 18 de julio de 2018, la parte peticionaria informó que el Estado había brindado un contrato de trabajo a Alba Lucia como celadora en una escuela, pero que dicho puesto no era indefinido. Adicionalmente, informó que Alba Lucía había ido a Medellín, a la gobernación de Antioquia, a mediados de mayo de 2018, para solicitar traslado de su empleo por la situación de violencia doméstica en la que se encuentra. Sin embargo, a la fecha no había obtenido una respuesta formal del Estado.


Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por la parte peticionaria, la Comisión considera que el nivel de cumplimiento de esta medida sigue siendo parcial.

SÉTIMA.- Dado que tanto las prestaciones de salud como las educativas y la capacitación laboral no pueden implementarse en la localidad en la que reside actualmente Alba Lucía, por carecer de las mismas, el Estado asistirá en el traslado, instalación y permanencia de Alba Lucía y su compañero permanente a la ciudad de Medellín u otro municipio del departamento de Antioquia, mediante el desembolso de una cuota de sostenimiento. Esta será desembolsada con una periodicidad semestral durante el tiempo que dure el programa educativo o de capacitación laboral escogido por Alba Lucia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del presente acuerdo.

Parcial

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión dio cuenta de que las peticionarias, expresaron su interés por conocer con más profundidad sobre el acceso efectivo de la víctima y su compañero a los servicios médicos y de salud sexual y reproductiva. Asimismo, expresaron que desconocían el resultado del proceso de acompañamiento psicosocial y que quisieran obtener del Estado mayor información, con el fin de que se determine conjuntamente entre las partes sobre la efectividad del mismo y la necesidad de continuar con dicho acompañamiento.

El Estado presentó información suministrada por el Ministerio de Salud. Al respecto el Ministerio informó sobre la celebración de una reunión el día 3 de diciembre de 2015 entre la representante de la víctima, la Dirección Seccional de Antioquia, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Antioquia y la nueva Entidad Promotora de Salud- EPS con el fin de hacer un seguimiento y establecer acuerdos necesarios para impulsar esta medida. En cumplimiento a lo acordado en dicha reunión, recalca la asignación de la Institución Prestadora de Salud para atención ambulatoria desde el 3 de diciembre en UT Viva 1 Sede Medellín, institución donde ha recibido atención general por un grupo interdisciplinario único compuesto por médico, enferma y psicóloga. Por último, menciona los servicios que se le han prestado a la señora Alba Rodríguez a través de la nueva EPS durante los meses de enero y febrero de 2016.


Dado que las medidas relacionadas con las clausulas quinta y sexta del acuerdo se encuentran en proceso de implementación, la Comisión considera que el nivel de cumplimiento de esta medida sigue siendo parcial.



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