Informe Anual 2018 Cap. G colombia



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  1. ACTIVIDAD PROCESAL




  1. La CIDH solicitó información actualizada a las partes los días 08 de octubre de 2013, el 25 de noviembre de 2014; 3 de septiembre de 2015; 27 de septiembre de 2016 y el 29 de agosto de 2017 y 29 de agosto de 2018.




  1. El Estado proporcionó información los días 22 de diciembre de 2012; 16 de marzo de 2015; 28 de octubre de 2015; 27 de septiembre de 2016; 29 de agosto de 2017. El Estado solicitó prorrogas los días 30 de agosto de 2018 y 5 de octubre de 2018. Para la fecha del cierre del presente informe, el Estado no ha presentado información adicional.




  1. Los peticionarios proporcionaron información los días 11 de abril de 2013; 5 de septiembre de 2017 y 9 de octubre de 2018.




  1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA




Cláusula del Acuerdo

Estado de Cumplimiento en el 2018

Información relevante proporcionada por las partes

PRIMERO.- Materia de reparaciones.

a) Reparaciones de carácter pecuniario.

Una vez homologado el acuerdo de solución amistosa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se comprometió a presentar ante el Consejo de Estado una propuesta de conciliación hasta por el cien por ciento (100 %) de la sentencia proferida por el Tribunal Contenciosos Administrativo de Santa Marta, por los daños morales reconocidos a los familiares de Jorge Antonio Barbosa Tarazona; así mismo en dicha diligencia el Estado reconocería los perjuicios materiales originados por la muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona con base en el salario mínimo legal vigente.


El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996, con el propósito de reparar en beneficio de la madre, la esposa y la hija, los siguientes perjuicios: el daño inmaterial ocasionado a Jorge Antonio Barbosa Tarazona, por los sufrimientos padecidos desde el momento de su retención hasta la declaración judicial de su muerte por presunción y los gastos en que hayan incurridos los familiares de la víctima anteriormente mencionados, en la búsqueda de sus restos, siempre y cuando aportaran las pruebas que así lo demuestren.

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.



b) Reparaciones no pecuniarias o medidas de satisfacción.

En el espacio de suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa acordado para el 22 de septiembre de 2006, en la ciudad de Barranquilla, que se realizará con la presencia de los familiares de la víctima, el Estado representado por funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional, solicitará perdón por los hechos que originaron la muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona; igualmente se entregará a los familiares de la víctima una Placa para recordar la memoria de Jorge Antonio Barbosa Tarazona y una Nota de Estilo con un mensaje en el mismo sentido, suscrita por un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional.


El Estado se compromete a valorar al estado de salud y psicológico de la madre, señora e hija de Jorge Antonio Barbosa Tarazona, y les brindará los tratamientos a los que haya lugar.
El Estado se compromete a incluir el presenta caso en el proceso pedagógico del Ejército Nacional, mediante la metodología de “lecciones aprendidas”.

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SEGUNDA.- En materia de justicia

El Estado, en el marco del impulso oficioso que le corresponde en materia de investigación, fortalecerá y adelantará gestiones y diligencias especiales que conduzcan a la identificación e individualización de los responsables de la desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona. Asimismo, realizará sus mejores esfuerzos técnicos y científicos en la búsqueda de los restos mortales de la víctima. Cuando se encuentren e identifiquen los restos mortales, el Estado los entregará a la brevedad posible a sus familiares, para que pueda ser honrado, según sus creencias


.




Parcial

En relación a la investigación penal adelantada por el Estado:

En el 2012, el Estado informó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la acción de revisión promovida por la Procuraduría General de la Nación contra la providencia de 15 de febrero de 1993 (que cesó el procedimiento contra una persona por delito de homicidio) y la resolución de 15 de abril de 2002 (precluyó la investigación contra tres personas por el delito de secuestro simple). En su sentencia de 26 de septiembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia invalidó ambas decisiones y ordenó la remisión del diligenciamiento a la Fiscalía General de la Nación. El Estado indicó que en razón de lo anterior, se reabrirán y continuarán las investigaciones para determinar lo sucedido y las responsabilidades correspondientes.


El 16 de marzo de 2015, el Estado indicó las actuaciones sobresalientes en el caso así como presentó una lista de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial. Dentro de las actuaciones, el Estado informó sobre las sentencias condenatorias emitidas en contra de varios acusados y expresó que las mismas demuestran su compromiso por dar cumplimiento a la obligación de adelantar “gestiones y diligencias especiales que conduzcan a la identificación e individualización de los responsables de la desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona”. En razón de lo anterior, el Estado solicitó que se declare el cumplimiento total de las obligaciones adquiridas por el Estado al suscribir el acuerdo de solución amistosa.
El 28 de octubre de 2015, el Estado reiteró la información presentada en marzo del mismo año en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos y agregó en relación al compromiso en materia de justicia que según información allegada por Fiscalía a octubre del 2015, no hay nuevas actuaciones adicionales a las reportadas en la nota anterior, aclarando que eso no signifique que “el Estado no esté realizando los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a esta obligación, para poder identificar e individualizar a los responsables de la desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona”.
En relación con la búsqueda de los restos:

La Comisión dio cuenta en su Informe de Homologación del presente caso que, en cuanto al esclarecimiento judicial de la desaparición, el Estado informó que la Fiscalía General de la Nación tomó las declaraciones de la madre y una de las hermanas de Jorge Antonio Barbosa y pruebas de ADN de la primera, con el fin de realizar el cotejo correspondiente con restos óseos que podrían asimilarse a las características físicas de la víctima.
En 2012, el Estado informó que el caso se incluyó en el Centro Único Virtual de Identificación (CUVI) y se radicó en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, para que se incluya en la relación de personas pendientes por identificar dentro de aquellas que se llegaren a encontrar en las exhumaciones de esa Unidad. Finalmente, el Estado solicitó que la CIDH declare el cumplimiento total de las obligaciones adquiridas por el Estado con la suscripción del acuerdo de solución amistosa

El 11 de abril de 2013, los peticionarios indicaron que “tienen el derecho de las víctimas a saber los esfuerzos técnicos y científicos realizados por el Estado colombiano en la búsqueda de los restos mortales de la víctimas.” Específicamente, indicaron que el Estado debe presentar información sobre: i) “si es cierto que los militares confesaron que el cadáver fue dejado en calidad de N.N. en el cementerio de Ciénega – Magdalena”; ii) qué diligencias han realizado las autoridades encargadas y durante cuánto tiempo con el fin de localizar los restos; y iii) “cuáles han sido las razones o circunstancias que a sabiendas de que los restos están en determinado cementerio se ha hecho posible su localización”. Esta información fue trasladada al Estado mediante comunicación de la CIDH de 30 de abril de 2013, solicitando sus observaciones en el plazo de un mes.


El 16 de marzo de 2015, el Estado indicó, en relación a la búsqueda de los restos mortales de la víctima, que el caso de Jorge Antonio Barbosa Tarazona se radicó en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, para que se incluya en la relación de personas pendientes por identificar dentro de aquellas que se llegaren a encontrar en las exhumaciones y se incluyó en el Centro Único Virtual de Identificación – CUIV, sin embargo agregó que ha sido imposible el hallazgo de los restos mortales de los occisos atendiendo que la funeraria que los inhumo cambio de administración y no se ha obtenido archivos de la fecha de los hechos.
El 5 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron que tal y como han manifestado con anterioridad, al Estado Colombiano es imposible la ubicación exacta de los restos mortales de la víctima aun cuando la investigación esclareció que el cadáver fue inhumado como N.N en el Cementerio Central.
El 9 de octubre de 2018, la parte peticionaria reiteró la información proporcionada en 2017 y agregó que los restos de Jorge Antonio Tarazona se encontraban en el cementerio Central de Ciénaga, Magdalena y solicitó al Estado que centrara sus averiguaciones en ese lugar.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por la parte peticionaria, la Comisión considera que el nivel de cumplimiento de esta medida sigue siendo parcial.
Al respecto, la Comisión insta a las partes a dialogar sobre las medidas concretas y finales para su total implementación.




  1. ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA




  1. La Comisión considera que la información proporcionada por la parte peticionaria en 2018 es relevante dado que es actualizada y amplía sobre las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las cláusulas del acuerdo de solución amistosa. El Estado no proporcionó información dentro del plazo otorgado por la CIDH.




  1. Por lo anterior, la CIDH considera que hay información disponible para realizar el análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2018.




  1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO




  1. La Comisión observa que no han existido avances sustanciales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en los últimos tres años, e insta a las partes a trabajar conjuntamente en la definición de fórmulas que permitan medir e impulsar el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa.




  1. La Comisión insta a las partes a sostener reuniones de trabajo de forma periódica para la implementación de la cláusula segunda, de manera que se pueda concluir la implementación total de este acuerdo.




  1. Por lo anterior, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido e insta al Estado a suministrar información sobre la cláusula segunda del acuerdo de solución amistosa.




  1. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO




  1. Resultados individuales del caso




  • El Estado realizó el pago de las medidas de reparación de carácter pecuniario mediante el pago efectivo de $377.781.470,99 millones de pesos colombianos, en concepto de indemnización, a los familiares de la víctima a través de la Resolución N º 0062 de 9 de enero de 2007, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional.

  • El Estado celebró el 22 de septiembre de 2006, en presencia de altos mandos militares, un acto en el cual el Viceministro de Defensa reconoció en nombre del Estado de Colombia su responsabilidad por la desaparición de Jorge Antonio Barbosa Tarazona, pidió perdón a sus familiares e hizo entrega a los familiares de una placa recordatoria y una nota de estilo.

  • El Estado realizó la valoración del estado de salud de los familiares, toda vez que el Ministerio de Protección Social inició la valoración psicológica correspondiente a la madre, esposa e hija de Jorge Antonio Barbosa.




  1. Resultados estructurales del caso




  • En relación con la medida de recuperación de la memoria, la oficina de Educación y Doctrina del Ejército Nacional incluyó el caso de Jorge Antonio Barbosa Tarazona en el proceso pedagógico del Ejército mediante la metodología de “Lección Aprendida” el cual fue difundido al interior de la institución, a las Escuelas de Formación (Escuela Militar de Cadetes y Escuela Militar de Suboficiales de Ejército) y Escuelas de Capacitación.


FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 59/14

CASO 12.376

ALBA LUCÍA RODRÍGUEZ

(Colombia)

  1. RESUMEN DEL CASO




Víctima (s): Alba Lucía Rodríguez

Peticionario (s): Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Estado: Colombia

Informe de Acuerdo de Solución Amistosa.: 59/14, publicado el 24 de julio de 2014

Relatoría vinculada: Personas Privadas de Libertad

Temas: Campesinos/ Mujeres/ Integridad personal/ Garantías judiciales/ Igualdad ante la ley/ Protección de la honra y de la dignidad/ Protección judicial
Hechos: El 21 de diciembre de 2000, la Comisión recibió una petición mediante la cual indicaron que Alba Lucía Rodríguez, una joven mujer campesina, fue víctima de violación sexual y fruto de la violación quedó embarazada dando a luz a una niña el 4 de abril de 1996 en el baño de su casa situada en zona rural en la localidad de Pantano Negro. Según lo dicho por la propia Alba Lucía, la recién nacida habría caído en el sanitario, “hizo un suspiro y ya, se quedó”. Alba Lucía habría cortado el cordón umbilical con un alambre y envuelto al bebé en un “costal”. Como había perdido mucha sangre durante el parto, sólo alcanzó a llegar a su cama semi inconsciente. Alba Lucía fue trasladada al hospital público de Abejorral por una de sus hermanas. El médico que atendió a Alba Lucía y que posteriormente realizaría la necropsia sobre el cadáver de la niña, la acusó de haber causado intencionalmente su muerte, y en base a estos alegatos se inició un proceso penal en su contra.
Derechos alegados: La parte peticionaria alegó que la República de Colombia era responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (derecho a la integridad personal); 8 (garantías judiciales); 11 (protección de la honra y de la dignidad); 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos, así como al artículo 7 de la "Convención de Belem do Para", en perjuicio de la víctima.



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