Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


b. Medidas de reparación no pecuniarias



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b. Medidas de reparación no pecuniarias

 

1. El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el "Boletín Oficial de la República Argentina", y en un diario de alcance nacional mediante una gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con los familiares de la víctima.



 

2. El Gobierno de la República Argentina asume el compromiso de invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que informe respecto del estado de los siguientes expedientes que se encuentran radicados en dependencias públicas de la jurisdicción provincial, hasta su definitiva conclusión:

 

a) Expediente Nº 1-2378 caratulado "N.N. s/Homicidio - víctima: Giovanelli, Fernando Horacio" en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Transición Nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.



 

b) Expediente N° 3001-1785/00 caratulado "Suprema Corte de Justicia - Secretaría General S/Situación Irregular observada en la tramitación de la causa Nº 1-2378 del Juzgado Criminal y Correccional de Transición Nº 3 de Quilmes", en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - Oficina de Control Judicial e Inspección.

 

3. El Gobierno de la República Argentina se compromete a invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a evaluar la posibilidad de incorporar el caso "Giovanelli" a los planes de estudio actualmente en vigencia en los institutos de formación policial como medida de no repetición de prácticas violatorias de derechos humanos.



 

4. El Gobierno de la República Argentina se compromete a elaborar un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contemple el proceso de toma de decisiones —incluyendo la institución de la "solución amistosa"—, un mecanismo de tratamiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y un procedimiento de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consonancia con lo prescripto en el artículo 28 (cláusula federal) en relación con los artículos 1 inciso 1 (obligación genérica de respeto y garantía) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), de la Convención Americana de Derechos Humanos.




  1. El 22 de diciembre de 2009, el Estado informó sobre la conformación del Tribunal Arbitral ad-hoc que determinará el pago de las reparaciones pecuniarias a los familiares de Fernando Horacio Giovanelli. El 1 de junio de 2010 la peticionaria envió copia a la CIDH del laudo arbitral emitido en abril de 2010, y solicitó su aprobación. Dicha solicitud es reiterada por los peticionarios el 4 de julio y el 18 de agosto de 2010, fecha en la que informó sobre el fallecimiento del Sr. Guillermo Giovanelli.




  1. Según la documentación recibida por la CIDH, el 8 de abril de 2010, el Tribunal Arbitral para la Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso Giovanelli VS. Argentina, conformado por los árbitros Fabián Omar Salvioli, Presidente; y Oscar Schiappa-Pietra y Ricardo Monterisi, emitió su laudo arbitral estableciendo reparaciones a favor de Esther Ana Ramos de Govanelli, madre de Fernando Giovanelli; Horacio José Giovanelli, padre de Fernando Giovanelli; Guillermo Jorge (hermano) y Enrique Jose Giovanelli (hermano). Dicho fallo estableció por concepto de lucro cesante, la suma de US$100.000 (cien mil dólares estadounidenses); por concepto de daño emergente la suma de US$ 3,000 (tres mil dólares estadounidenses); y US$15,000 (quince mil dólares estadounidenses) por concepto de daño patrimonial familiar. Por concepto de compensación al daño inmaterial, US$ 60,000 correspondiente a Fernando Giovanelli; US$ 50,000 correspondiente a Horacio José Giovanelli; US$ 50,000 correspondiente a Esther de Giovanelli; US$20,000 correspondiente a Guillermo Giovanelli y US$ 20,000 correspondiente a Enrique José Giovanelli. En relación a costas y gastos, tasó prudencialmente los honorarios del proceso ante la CIDH en US$3,700, de los cuales se otorgó US$1,800 a COFAVI y US$ 1800 a Mariana Bordones. En adición, asignó US$ 2,000 por gastos ante la CIDJ, más US$ 1,600 por honorarios a Mariana Bordones en el proceso ante el Tribunal Arbitral.




  1. Según lo previsto en el fallo arbitral, el pago por parte del Estado argentino debe realizarse “dentro del plazo de tres meses contado a partir de la notificación de la aprobación del presente [laudo] por parte de la H. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.” En atención a lo anterior y por requerimiento expreso de las partes, en el marco del 140º período de sesiones la Comisión evaluó el proceso desarrollado para llegar al fallo arbitral, así como la decisión emitida en cuanto a las reparaciones pecuniarias en el caso y mediante nota del 15 de noviembre de 2010 comunicó a las partes que el laudo se ajusta a los estándares internacionales aplicables.




  1. El 22 de noviembre de 2010, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. El 16 de diciembre de 2010 la peticionaria remitió constancia de la nota remitida el día 13 del mismo mes y año a la Cancillería notificando los herederos instituidos de Horacio José Giovanelli a los efectos del pago del laudo arbitral. Por su parte, mediante nota de 12 de enero de 2010 el Estado informó que, tras la homologación por parte de la CIDH del laudo dictado por el Tribunal Ad Hoc para la Determinación de las Reparaciones Pecuniarias en el presente caso, se habrían iniciado los trámites administrativos tendientes a cancelar el pago del monto determinado por dicho Tribunal.




  1. El 26 de octubre de 2011, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.




  1. Mediante comunicaciones recibidas el 29 de septiembre y el 18 de noviembre de 2011, la peticionaria informó a la Comisión que aún no se habría pagado a la familia Giovanelli la indemnización estipulada en el laudo arbitral del 8 de abril de 2010. Por otra parte, señaló que el Estado no ha impulsado el tema de las medidas de reparación no pecuniarias.




  1. El 31 de octubre de 2011 la peticionaria remitió copia de la nota del día 24 de ese mismo mes y año dirigida por la madre de la víctima a la Presidenta de la República Argentina solicitando el cumplimiento de las medidas acordadas en el acuerdo de solución amistosa.




  1. El 3 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Mediante comunicación de 2 de enero de 2013, la peticionaria presentó información actualizada indicando que con respecto a las medidas de reparación no pecuniarias establecidas aún no se había practicado publicación del Acuerdo de Solución amistosa en el Boletín Oficial de la República Argentina, ni en un diario de alcance nacional.




  1. Por su parte, señala que el expediente Nº 1-2378 caratulado "N.N. s/Homicidio - víctima: Giovanelli, Fernando Horacio" en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Transición Nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, se encontraría archivado, no obstante a que no se habría emitido una resolución definitiva. Respecto del expediente N° 3001-1785/00 caratulado "Suprema Corte de Justicia - Secretaría General s/Situación Irregular observada en la tramitación de la causa Nº 1-2378 del Juzgado Criminal y Correccional de Transición Nº 3 de Quilmes", en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - Oficina de Control Judicial e Inspección, indica que también se encuentra archivado.




  1. Señala que tampoco se habría impulsado por parte del Estado, el compromiso de evaluar la posibilidad de incorporar el caso "Giovanelli" a los planes de estudio actualmente en vigencia en los institutos de formación policial como medida de no repetición de prácticas violatorias de derechos humanos. En el mismo sentido, indica que tampoco se habrían realizado gestiones por parte de las autoridades para elaborar un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al último ítem de las medidas de reparación no pecuniarias insertas en el Acuerdo.




  1. Respecto, a las medidas de reparación pecuniarias, la peticionaria informó que hasta el momento no se habría abonado el importe de reparación debido a la familia, ni ningún tipo de gasto dispuesto en el laudo arbitral.




  1. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Los peticionarios no suministraron la información solicitada.




  1. El 26 de noviembre de 2013, el Estado informó que a la fecha fueron cancelados y depositados en el Banco Provincia de Buenos Aires de la localidad de Quilmes, en la cuenta del Juzgado Civil y Comercial No.2 de ese mismo Departamento Judicial por concerniente sucesorio y por Capital e Intereses Moratorios, la suma de $ 1.100.006,78 mediante Orden de Pago No. 215.491. En cuanto a las acreencias de la Sra. Ana Esther Ramos, el Estado informó que se depositó en el Banco Hipotecario la suma de $ 1.100.006,78, mediante OP Número 222.937, al Sr. Guillermo Jorge Giovanelli, la suma de $ 158.274,36, OP Número 222.936; a Enrique José Giovanelli, la suma de $ 158.274,36 OP Número 222.938 y por último a la letrada Mariana Bordones en el Banco de la Provincia de Buenos Aires la suma de $ 35.216,04. Quedando pendientes los depósitos a los representantes Árbitros Shiappa, Montesisi y Salvioli quienes deberán contactarse con la Dirección de Obligaciones a cargo del Tesoro para solicitar la documentación pertinente y poder realizar sus depósitos. Igualmente, según la información enviada, la Sra. Mabel Yapur, se habría comprometido en nombre de COFAVI a hacer los trámites correspondientes en la AFIP para hacer posible su acreencia.




  1. El 10 de diciembre, el Estado informó que el Expediente N° 1-2378 caratulado "N.N s/ homicidio - victima: Giovanelli, Fernando Horacio", había sido desarchivado. Asimismo, se indicó que de conformidad a la información presentada por la Directora de Planificación e Investigación Educativa, el Plan de Estudios estipulado para la formación policial se enfoca específicamente a temas relacionados a la violencia institucional, derechos de los detenidos, distintas formas legales de privación de la libertad, tortura, prohibición de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes; uso de la fuerza y armas de fuego, principios éticos de actuación policial y en que se pretende concientizar al alumno en la importancia del apego a las normas jurídicas en el quehacer policial, profundizando en el conocimientos de las normas éticas de la profesión y reconociendo el respeto por los derechos humanos interpretando las normas nacionales e internacionales que rigen respecto de la función policial.




  1. Por lo tanto, la Comisión concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra pendiente de cumplimiento. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 12.159, Informe No. 79/09, Gabriel Egisto Santillán (Argentina)


  1. El 6 de agosto de 2009, mediante el Informe No. 79/09 la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 12.159, Gabriel Egisto Santillán. En resumen, la parte peticionaria señala que el Estado es responsable por la muerte de Gabriel E. Santillán ocurrida el 8 de diciembre de 1991, cuando contaba con 15 años de edad, a causa de un impacto de bala recibido el 3 de diciembre de 1991, en circunstancias en que miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perseguían a individuos no identificados acusados de la sustracción de un vehículo. La denuncia se refiere también a la supuesta denegación de protección y garantías judiciales por falta de debida diligencia en el proceso de investigación de los hechos y sanción de los responsables por la muerte de Gabriel E. Santillán.




  1. El 28 de mayo de 2008, el Estado de Argentina y la madre de la víctima suscribieron un acuerdo de solución amistosa, que fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo Nacional N° 171/2009 del 11 de marzo de 2009. El acuerdo estableció principalmente lo siguiente:


III. Medidas a adoptar

 

a. Medidas de reparación pecuniarias

 

1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral “ad-hoc”, a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables.


2. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes […] El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

 

3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes […]



 

4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible […]

 

5. Los peticionarios renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Nacional en relación con el presente caso […]



 

6. Sin perjuicio de la precedente cesión a su favor, y a todo evento, el Estado nacional manifiesta que se reserva su derecho a repetir las sumas efectivamente abonadas a los peticionarios que determine el Tribunal Arbitral contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires […]

 

b. Medidas de reparación no pecuniarias

 

1. El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, y en un diario de alcance nacional mediante una gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con los familiares de la víctima.



 

2. El Gobierno de la República Argentina asume compromiso de invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que informe respecto del estado de los siguientes expedientes que se encuentran radicados en dependencias públicas de la jurisdicción provincial, hasta su definitiva conclusión:

 

a. Expediente N° 5-231148-2 caratulado “Atentado y Resistencia a la autoridad en concurso ideal con Abuso de Armas, Homicidio y Hallazgo de Automotor, Víctima: Santillán, Gabriel Egisto” en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Transición N° 2 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires.


b. Expedientes número 3001-2014/99, caratulado “Ministerio de Justicia. Santillán, Gabriel Egisto. Informe sobre causa N° 23.148/91” y 3001-465/05 caratulado “Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires – Subsecretaría de Justicia remite causa 12.159 – Santillán, Gabriel Egisto”, ambos radicados ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

 

3. El Gobierno de la República Argentina se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para realizar, a la mayor brevedad posible, una actividad académica relacionada con la problemática vinculada con la interacción y articulación entre el Estado Federal y los Estados Provinciales en materia de cumplimiento de obligaciones asumidas internacionalmente, a la luz de lo dispuesto por el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  




  1. En el Informe 79/09 la Comisión valoró positivamente el reconocimiento de responsabilidad de la República Argentina por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales referido a los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, reconoció los esfuerzos desplegados por las partes para lograr el acuerdo de solución amistosa y declaró que el mismo es compatible con el objeto y fin de la Convención.




  1. En dicha oportunidad, la CIDH determinó continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de los puntos establecidos por las partes.




  1. Mediante comunicación del 19 de noviembre de 2010, la CIDH solicitó a las partes información en seguimiento. Por escrito recibido el 7 de diciembre de 2010, la parte peticionaria indicó que se ha constituido el Tribunal Arbitral Ad-Hoc y se ha aprobado el reglamento para el trámite del proceso arbitral. Asimismo, informó que la parte peticionaria presentó escrito de reparación pecuniaria, de lo cual se dio traslado al Estado y éste ya presentó su respuesta al respecto. En relación a las medidas de reparación no pecuniarias señaló que no ha habido impulso.




  1. Por su parte, mediante nota del 12 de enero de 2011, el Estado manifestó que se encuentra en pleno trámite el proceso ante el Tribunal Ad Hoc para la Determinación de las Reparaciones Pecuniarias, de conformidad con los plazos procesales establecidos en el reglamento acordado por las partes a tales efectos.




  1. Mediante nota del 11 de mayo de 2011, el Estado remitió a la Comisión el laudo emitido el 6 de mayo de 2011 por el Tribunal Arbitral para la Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso Santillán vs. Argentina, conformado por los árbitros Fabián Omar Salvioli, Presidente; y Oscar Schiappa-Pietra y Ricardo Monterisi, emitió su laudo arbitral estableciendo las reparaciones correspondientes. Dicho fallo estableció por concepto de lucro cesante, la suma de US$100,000.00 (cien mil dólares estadounidenses); por concepto de daño emergente la suma de US$ 17,000.00 (diecisiete mil dólares estadounidenses); y US$20,000.00 (veinte mil dólares estadounidenses) por concepto de daño patrimonial familiar, a favor de la señora Mirta Liliana Reigas, madre de Gabriel Egisto Santillán. Por concepto de compensación al daño inmaterial, US$ 170,000.00 (ciento setenta mil dólares estadounidenses), correspondiendo US$ 130,000.00 (ciento treinta mil dólares estadounidenses) a la señora Mirta Liliana Reigas; US$ 20,000.00 (veinte mil dólares estadounidenses) a Raúl Alejandro López y US$20,000 a Pamela Lucila López. En relación a costas y gastos, tasó prudencialmente los honorarios del proceso ante la CIDH en US$3,800.00 (tres mil ochocientos dólares estadounidenses), de los cuales se otorgó US$1,900 a COFAVI y US$ 1,900 a Mariana Bordones. En adición, asignó US$ 2,000 por gastos ante la CIDH, de los cuales otorgó US$ 500 a COFAVI y US$1,500 a Mariana Bordones, más US$ 2,000 por honorarios a ésta última en el proceso ante el Tribunal Arbitral.




  1. Mediante comunicación remitida el 5 de diciembre de 2012, la CIDH solicitó información actualizada a las partes respecto del cumplimiento de los compromisos suscritos entre las partes en el referido acuerdo de solución.




  1. Los peticionarios con nota de fecha 2 de enero de 2013, informaron con respecto a las medidas de reparación no pecuniarias establecidas, que aún no se había practicado publicación del Acuerdo de Solución amistosa en el Boletín Oficial de la República Argentina, ni en un diario de alcance nacional.




  1. Por otra parte, con respecto al expediente No 5-23148-02 caratulado “Atentado y Resistencia a la Autoridad en Concurso Ideal con Abuso de Armas, Homicidio y Hallazgo de automotor, Víctima: Santillán, Gabriel Egisto” el cual se encuentra en trámite ante el juzgado de primera Instancia en lo Criminal y Correccional de transición No 2 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires, la peticionario informó que el mismo se encuentra archivado. Indica que no obstante lo cual, la madre de la víctima solicitó en inicios del 2012 una autorización judicial para exhumar el cuerpo y cremarlo, a la vez de arbitrar las medidas pertinentes junto al Equipo de Antropología Forense para preservar su ADN en vista de un posible cotejo, si ocurriera la aparición de los restos de su padre Omar Santillán, desaparecido durante la época de la dictadura militar en Argentina. Respecto de los expediente No 3001-2014/99 “Ministerio de Justicia, Santillán, Gabriel Egisto. Informe sobre causa No 12.148/91” y 3001-465/05”Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires-Subsecretaría de Justicia remite causa 12.159- Santillán, Gabriel Egisto” radicados ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, indicó que ambos también se encuentran archivados.




  1. Señala que tampoco se habría impulsado por parte del Estado, el compromiso de impulsar una actividad académica relacionada con la problemática de articulación entre el Estado Federal y los Estados Provinciales en materia de cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente, a la luz del artículo 28 de la Convención Americana.




  1. Respecto a las medidas de reparación pecuniarias, la peticionaria informó que hasta el momento no se habría abonado el importe de reparación debido a la familia, ni ningún tipo de gasto dispuesto en el laudo arbitral, aun vencido el plazo establecido en el mismo.




  1. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Mediante nota de 9 de diciembre de 2013, el Estado informó la Dirección Nacional elaboró el proyecto de Decreto para la realización del pago de conformidad al compromiso asumido, luego de que se encontraran previstos los créditos presupuestarios para el ejercicio del año 2013. Indicó que el mismo cursa mediante el número de expediente S04 0052637/2013, encontrándose para refrendo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, indicó que se solicitó a la Subsecretaria de Justicia de la Provincia de Buenos Aires información actualizada respecto al caso de referencia.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.



D. estado del cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales
Caso 12.080, informe no. 102/05, sergio schiavini y maría teresa schnack (argentina)
Caso 11.732, informe no. 83/09,
Petición 242-03, informe no. 160/10, inocencia luca de pegoraro y otros (argentina)
Acuerdo de solución amistosa
I.- la responsabilidad de la provincia de mendoza en el caso
Medidas de reparación pecuniarias:
Caso 11.670, informe no 168/11, amílcar menéndez y juan manuel caride y otros (argentina)
Caso 12.324, informe no. 66/12, rubén luis godoy (argentina)
Caso 12.051, informe no. 54/01, maria da penha maia fernandes (brasil)
Caso 11.556, informe no. 32/04, corumbiara (brasil)
Caso 12.586, informe no. 78/11, john doe y otros (canadá)
Petición 4617/02, informe no. 30/04, mercedes julia huenteao beroiza y otras (chile)
Caso 11.783, informe no. 98/00, marcia irene clavijo tapia (ecuador)
Caso 11.443, informe no. 105/01, washington ayora rodríguez (ecuador)
Caso 11.753, informe no. 52/02, ramón martínez villarreal, (estados unidos)
Caso 9111, informe no. 60/01, ileana del rosario solares castillo, ana
Caso 12.130, informe no. 2/06, miguel orlando muñoz guzmán (méxico)
Caso 11.381, informe no. 100/01, milton garcía fajardo (nicaragua)
Casos 10.247 y otros, informe no. 101/01, luis miguel pasache vidal y otros (perú)
Caso 11.706, informe no. 32/12,



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