Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh



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CAS0

CUMPLIMIENTO TOTAL

CUMPLIMIENTO PARCIAL

PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO

Petición 714-06, Informe No. 123/12, Ángelica Jerónimo Juárez (Guatemala) 18

X







Caso 12.264, Informe No. 1/06, Franz Britton (Guyana)







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Caso 12.504, Informe No. 81/07 Daniel y Kornel Vaux (Guyana)







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Caso 11.335, Informe No. 78/02, Guy Malary (Haití)







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Petición 11.805, Informe No. 124/12, Carlos Enrique Jaco (Honduras)19


X






Casos 11.826, 11.843, 11.846 y 11.847, Informe No. 49/01, Leroy Lamey, Kevin Mykoo, Milton Montique y Dalton Daley (Jamaica)





X



Caso 12.069, Informe No. 50/01, Damion Thomas (Jamaica)





X



Caso 12.183, Informe No. 127/01, Joseph Thomas (Jamaica)





X




Caso 12.275, Informe No. 58/02, Denton Aitken (Jamaica)




X




Caso 12.347, Informe No. 76/02, Dave Sewell (Jamaica)




X




Caso 12.417, Informe No. 41/04, Whitley Myrie (Jamaica)







X

Caso 12.418, Informe No. 92/05, Michael Gayle (Jamaica)




X




Caso 12.447, Informe No. 61/06, Derrick Tracey (Jamaica)




X




Caso 11.565, Informe No. 53/01, Hermanas González Pérez (México)







X

Caso 11.807, Informe No. 69/03, José Guadarrama (México)20

X







Petición 388-01, Informe 101/05 Alejandro Ortiz Ramírez (México)21

X







Caso 12.130, Informe No. 2/06, Miguel Orlando Muñoz Guzmán (México)







X




CAS0

CUMPLIMIENTO TOTAL

CUMPLIMIENTO PARCIAL

PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO

Petición 161-02, Informe No. 21/07, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto (México)22

X







Caso 11.822, Informe No. 24/09, Reyes Penagos Martínez y otros (México)




X




Caso 12.228, Informe No. 117/09, Alfonso Martín del Campo Dodd (México)







X

Caso 12.642, Informe No. 90/10, José Iván Correa Arévalo (México)




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Caso 12.660, Informe No. 91/10, Ricardo Ucán Seca (México)23

X







Caso 12.623, Informe No. 164/10, Luis Rey García (México) 24

X







Petición 318-05, Informe No. 68/12, Gerónimo Gómez López (México)25

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Caso 11.381 (Informe No. 100/01, Milton García Fajardo (Nicaragua)




X




Caso 11.506, Informe No. 77/02, Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos (Paraguay)







X

Caso 11.607, (Informe No. 85/09 Víctor Hugo Maciel (Paraguay)




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Caso 12.431, Informe No. 121/10, Carlos Alberto Mojoli Vargas (Paraguay)26

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Caso 11.800, Informe No. 110/00, César Cabrejos Bernuy (Perú) 27

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Caso 11.031, Informe No. 111/00, Pedro Pablo López González y otros (Perú)




X




Casos 10.247 y otros, Informe No. 101/01, Luis Miguel Pasache Vidal y otros (Perú)




X




Caso 11.099, Informe No. 112/00, Yone Cruz Ocalio (Perú)




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CAS0

CUMPLIMIENTO TOTAL

CUMPLIMIENTO PARCIAL

PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO

Caso 12.035; Informe No. 75/02(bis), Pablo Ignacio Livia Robles (Perú)28

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Caso 11.149, Informe No. 70/03 Augusto Alejandro Zúñiga Paz (Perú)29

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Caso 12.191, Informe No. 71/03, María Mamerita Mestanza (Perú)




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Caso 12.078, Informe No. 31/04, Ricardo Semoza Di Carlo (Perú)




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Petición 185-02, Informe No. 107/05, Roger Herminio Salas Gamboa (Perú)




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Caso 12.033, Informe No. 49/06, Rómulo Torres Ventocilla (Perú)30

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Petición 711-01 y otras, Informe No. 50/06, Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez y otros; Petición 33-03 y otras, Informe No. 109/06, Héctor Núñez Julia y otros (Perú); Petición 732-01 y otras; Petición 758-01 y otras, Informe 20/07 Eulogio Miguel Melgarejo y otros (Perú); Petición 758-01, Informe No. 71/07, Hernán Atilio Aguirre Moreno y otros (Perú)




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Petición 494-04, Informe No. 20/08, Romeo Edgardo Vargas Romero (Perú)




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Peticiones 71-06 y otras, Informe No. 22/11, Gloria José Yaquetto Paredes y otros (Perú)




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Caso 12.174, Informe No. 31/12, Israel Geraldo Paredes Acosta (República Dominicana) 31

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Caso 12.269, Informe No. 28/09, Dexter Lendore (Trinidad y Tobago)







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Caso 11.500, Informe No. 124/06, Tomás Eduardo Cirio (Uruguay) 32

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Petición 228-07, Informe No. 18/10, Carlos Dogliani (Uruguay)

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Caso 12.553, Informe No. 86/09, Jorge José y Dante Peirano Basso (Uruguay)




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Caso 12.555, Informe No. 110/06, Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola (Venezuela)







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Caso 11.706, Informe No. 32/12, Pueblo indígena Yanomami de Xaximú (Venezuela)











Caso 11.804, Informe No. 91/03, Juan Ángel Greco (Argentina)


  1. El 22 de octubre de 2003, mediante Informe No. 91/03 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Juan Ángel Greco.  En resumen, los peticionarios alegaron que el 25 de junio de 1990 el Sr. Greco, 24 años de edad, fue detenido ilegalmente y maltratado cuando trataba de obtener asistencia policial al denunciar una agresión.  Los peticionarios señalaron que mientras el Sr. Greco estaba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas, Provincia del Chaco, se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, que le provocó graves quemaduras.  Asimismo, sostuvieron que la Policía era responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital.  El Sr. Greco estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1990, y enterrado, conforme a lo denunciado por los peticionarios, sin una autopsia adecuada.  Los peticionarios señalaron también que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar los hechos aducidos, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia y a obtener una indemnización.




  1. De conformidad con el acuerdo amistoso, el Estado se comprometió a:

1. Reparar económicamente a los familiares de Juan Ángel Greco en la suma de Pesos Trescientos Mil ($300.000) que se pagarán a la Sra. Zulma Bastianini de Greco a razón de Pesos Treinta Mil ($30.000) mensuales en el plazo previsto en el Punto 3 del presente Item, comprendiendo la misma daño material, daño moral, lucro cesante, gastos, honorarios y todo otro rubro que pudiera derivarse de la responsabilidad asumida por la Provincia del Chaco.


2. Enviar a los peticionarios y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por intermedio de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, fotocopia certificada y legalizada de dos causas en la que la Provincia de Chaco ha solicitado el reexamén.

 

3. Instar, en el marco de sus competencias, la reapertura de Ia causa penal y las investigaciones correspondientes.



 

4. Disponer la reapertura del sumario administrativo N°130/91-250690-1401 una vez reabierta la causa penal.

 

5. Asegurar en el marco de sus competencias, el acceso de los familiares de la víctima a las investigaciones judiciales y administrativas.


6. Publicar el acuerdo en los principales medios de prensa gráficos nacionales y de la provincia del Chaco.

 

7. Continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos. Al respecto el Estado dejo constancia en el acuerdo de que se había elaborado y remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia para su estudio y aprobación un Proyecto de Ley a través del cual se crea una Fiscalía Penal de Derechos Humanos.



 

8. Fortalecer la tarea de la Comisión Permanente de Control de los Centros de Detención creada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia del Chaco Nro. 119, de fecha 24 de febrero de 2.003.



 

9. Acentuar la tarea del Órgano de Control Institucional (O.C.I.) creado por el Art. 35 de la Ley Orgánica Policial de la Provincia del Chaco N° 4.987 diseccionándolo hacia una más efectiva protección de los derechos humanos, por parte de la Policía de la Provincia. En ese sentido, el Estado deja constancia que por iniciativa del Poder Ejecutivo se constituyó en el ámbito de la Cámara de Diputados, el Consejo Provincial para la Promoción y Educación de los Derechos Humanos creado por Ley Nro. 4.912, para lo cual ya se han designado y convocado los representantes de los distintos organismos y poderes intervinientes.




  1. El 13 de noviembre de 2009, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. 




  1. En relación con las medidas de reparación pecuniarias, conforme fuera informado en anteriores presentaciones, el Estado indicó en su respuesta que mediante Decreto 19/2004 el Poder Ejecutivo provincial autorizó a la Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo a liquidar y abonar a la Sra. Zulma Bastianini de Greco la suma de Pesos Trescientos Mil ($300.000) que serían pagadas en diez cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Treinta Mil ($30.000) dentro de los diez (10) días hábiles de cada mes. Asimismo, que con fecha 1 de marzo de 2005, el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia de Chaco informó que en fecha 29 de octubre de 2004 se efectuó el décimo depósito de los pagos establecidos por el Decreto 19/04. En dicho decreto el Poder Ejecutivo provincial estableció expresamente que el monto indemnizatorio no estaría sujeto al pago de ningún impuesto, contribución o tasa existente o por cerrarse.




  1. En relación con las medidas de reparación no pecuniaria, el Estado informó que conforme a lo establecido por el Decreto 19/2004, el Acuerdo de Solución Amistosa fue publicado en dos diarios de circulación nacional (Clarín y Ámbito Financiero) y cuatro de circulación local (Norte, El Diario, Primera Línea y La Voz del Chaco). En cuanto al compromiso de continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para dar una mejor protección a los derechos humanos, el Estado hizo mención a la sanción, el 16 de mayo de 2006, de la Fiscalía Especial Penal en materia de Derechos Humanos (Ley 5702), que se encuentra actualmente en funcionamiento. Finalmente, el Estado reiteró que en el caso se reabrió la causa penal y el sumario administrativo llevado a cabo contra el Comisario Principal de la Policía Juan Carlos Escobar, el Subcomisario de Policía Adolfo Eduardo Valdez y el Sargento Primero Julio Ramón Obregon, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes; e informó que dichos expedientes se encuentran en plena sustanciación.




  1. El 23 de noviembre de 2010, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.




  1. En relación con las investigaciones judiciales, el Estado remitió en su comunicación del 12 de enero de 2011 el informe elaborado por el Gobierno de la Provincia del Chaco con relación a la intervención del Fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos en el trámite judicial de la causa judicial caratulada “Escobar, Juan Carlos y otros s/ Abandono de Persona Seguido de Muerte”, Expte. No. 5.145/03, según el cual al 20 de octubre de 2010 las autoridades judiciales no habían notificado lo resuelto en relación con dicha intervención en la causa.




  1. Por su parte, los peticionarios indicaron en su comunicación de 21 de diciembre de 2010 que en reiteradas ocasiones denunciaron la falta de avances en las investigaciones debido a la reticencia de las autoridades judiciales. Informaron que luego de la muerte de la madre de la víctima la responsabilidad del Estado quedó en una mayor evidencia, y que difícilmente se producirían avances concretos en la causa si los Estados nacional y provincial no asumían una actitud más activa.




  1. Los peticionarios reiteraron la información según la cual, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco solicitó ser tenido como “querellante particular” en la causa. Al respecto, los peticionarios advierten que si bien, a su juicio, no es función del Ministerio Público constituirse en querellante sino instar la acción pública, carecen de información sobre la resolución adoptada por los autoridades judiciales en relación con dicha solicitud, así como sobre las medida que eventualmente haya solicitado la Fiscalía en tal carácter. Asimismo, indican que en la reunión de trabajo sostenida por las partes a instancias de la CIDH en febrero de 2010, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comprometió a explorar la posibilidad de constituirse en querellante en la causa, sobre lo cual tampoco han recibido información alguna.




  1. En cuanto al procedimiento administrativo, los peticionarios indicaron que continúan sin conocer el estado del trámite del mismo; y en ese sentido reiteran su preocupación por el riesgo de que se aplique la prescripción y de que dicho procedimiento sea supeditado al penal, cuando se trata de dos vías de diferente naturaleza.




  1. Finalmente, en cuanto a las reformas normativas, los peticionarios celebraron la sanción y promulgación de la ley provincial No. 6483 de 2010 que crea el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. Los peticionarios consideran que dicho paso fundamental debe ser concretado mediante la adopción de medidas específicas para lograr su puesta en funcionamiento.




  1. En relación con el punto 7º del Acuerdo, los peticionarios reiteraron sus observaciones sobre las serias insuficiencias en torno a las atribuciones y competencias conferidas por ley No. 5.702 a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, sobre la cual además indican que carece de autonomía funcional. Insisten en que si bien la ley denomina “Fiscal” a la figura que crea, se trata meramente de un cargo público, que como en el presente caso, solo tiene facultades para denunciar y constituirse en querellante, para la cual requiere ser habilitado por el juez. Con respecto al cumplimiento de dicho punto del Acuerdo, los peticionarios consideran que es necesario promover una reforma legislativa para modificar la figura de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.




  1. El 26 de marzo de 2011 se llevó a cabo una reunión de trabajo durante el 141° periodo ordinario de sesiones de la Comisión en la que los representantes de la Provincia del Chaco se comprometieron a instar ante el Poder Legislativo la sanción de la modificación de la figura de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la modificación del órgano de control institucional de las fuerzas de seguridad provinciales, en el menor tiempo posible. Asimismo, con respecto al mecanismo provincial para la prevención de la tortura se comprometieron a transmitir a la legislatura la importancia de su pronta puesta en funcionamiento.




  1. En la misma reunión, los representantes de la Provincia del Chaco informaron de la orden ministerial de ampliación del sumario administrativo a todo el personal policial involucrado en los hechos y se comprometieron a dar seguimiento a la misma; por otra parte, se comprometieron a transmitir a la Cámara Primera en lo Criminal de la Primera Circunscripción de la Provincia del Chaco la importancia de la realización del juicio oral en el menor tiempo posible.




  1. Mediante nota del 27 de mayo de 2011, el Estado argentino informó que se habría resuelto medida administrativa de suspensión de funciones con retanción de haberes al Sargento Primero de Policía, Julio Ramón Obregón, dentro del sumario en el que se investiga disciplinariamente a los presuntamente involucrados en la detención y muerte de Juan Ángel Greco. Asimismo, se informó que se habría publicado en abril de ese año una invitación a audiencia pública a celebrarse el 2 de junio de 2011 a fin de poner a consideración de la ciudadanía los preseleccionados para integrar el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. Igualmente, señaló que en mayo de 2011 se habría realizado una actividad de capacitación relativa al “Protocolo de Actuación para la Investigación de Apremios Ilegales y Torturas”.




  1. En nota del 7 de julio de 2011, el Estado remitió fotocopia de la Ley N° 6.786 sancionada por el parlamento local y promulgada por Decreto N° 982 del 18 de mayo de 2011, mediante la que se modifica la figura de la Fiscalía en lo Penal Especial en Derechos Humanos.




  1. Mediante comunicaciones de fecha 17 de octubre y 14 de noviembre de 2011, los peticionarios manifestaron su satisfacción por observar de parte de la Provincia de Chaco un compromiso tendiente al cumplimiento efectivo de los puntos acordados en el Informe 91/08. En particular, informaron que se habría iniciado el juicio oral para determinar la responsabilidad de los agentes policiales involucrados en los hechos y acusados por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Agregaron que en el proceso administrativo, efectivamente se estarían realizando gestiones para identificar a todo el personal de la Comisaría de Puerto Vilelas, donde estuvo detenido Juan Ángel Greco. No obstante lo anterior, respecto del proceso administrativo manifestaron su preocupación por el hecho de que sólo se haya imputado a los policías acusados penalmente, dejando por fuera la responsabilidad que cabría a otros oficiales por falta al deber de control, prevención y sanción.




  1. Por otra parte, manifestaron que, efectivamente, se ha avanzado en la designación de todos los miembros de la sociedad civil que integra el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y sólo resta que la Cámara de Diputados elijan a sus dos representantes y ordene una partida presupuestaria para que el mecanismo comience a funcionar. Celebraron también la sanción de la reforma legislativa que modifica la figura de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como la existencia de un proyecto de ley tendiente a crear un “Sistema provincial de protección de los derechos humanos en el ejercicio de la función policial y penitenciaria”, cuya aprobación implicaría un importante avance.




  1. Mediante comunicaciones remitidas el 3 de diciembre de 2012 y el 10 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.




  1. En relación con los compromisos adquiridos por el Estado, la Comisión ya dio por cumplidos tanto los aspectos del acuerdo de solución amistosa relacionados con la indemnización monetaria, como los aspectos relacionados con la publicación del mismo. La Comisión no ha recibido información actualizada en relación con el deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de Juan Ángel Greco.




  1. Mediante comunicación del 9 de diciembre de 2013, el Estado mediante nota de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación remitió información respecto a los avances en los compromisos asumidos por las autoridades de la provincia del Chaco. Mediante dicha comunicación informaron que la Sentencia No. 62 dictada el 31 de mayo de 2012, por la Cámara Primera en lo Criminal, en contra de los cuatro policías Juan Carlos Escobar, Adolfo Eduardo Valdez, Ramón Antonio Brunet y Julio Ramón Obregón, quedó firme por no haberse interpuesto ningún recurso en contra. Dicha sentencia absolvió de culpa a Juan Carlos Escobar y a Ramón Antonio Brunet por el delito de ABANDONO DE PERSONA SEGUIDO DE MUERTE; además de condenar a Adolfo Eduardo Valdez, y Julio Ramón Obregón como autores responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, a sufrir la pena de un año y diez meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble tiempo de la pena impuesta. Al mismo tiempo, el Estado informó sobre los avances en el proceso de la designación en el cargo de Fiscal Adjunto en lo Penal Especial de Derechos Humanos; la cual se encuentra abierta a Concurso de Antecedentes y Oposición.




  1. Mediante comunicación del 19 de diciembre de 2013, los peticionarios informaron sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo. En ese sentido, informaron que si bien después de la firma del Acuerdo de solución amistosa, la Justicia Provincial inició el juicio a los responsables de la muerte del Sr. Greco; este se habría realizado sobre la base de pruebas producidas por una investigación deficiente las cuales han entorpecido el proceso y la determinación de la responsabilidad de los agentes policiales implicados en los hechos. Mediante dicha comunicación reclaman al Estado dilucidar los hechos que provocaron la muerte de Juan Ángel Greco y sancionar a los responsables, así como que determinar las razones por las que originalmente se realizó una investigación deficiente y determinar la responsabilidad de los funcionarios que la llevaron adelante.




  1. En cuanto a la designación de los miembros del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradante, informaron que finalmente se ha completado su composición y que se encuentra en pleno funcionamiento. Este Comité desarrolla esta tarea mediante la entrega de un presupuesto específico el cual solicitan sea entregado cada año regularmente para poder funcionar efectivamente como garantía de no repetición de cara a la prevención de la tortura.




  1. En cuanto a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, los peticionarios celebran la reforma legislativa a nivel normativo. Sin embargo, informan que la actuación material de la Fiscalía Especial no ha demostrado ser plenamente efectiva. Consideran que resulta preocupante la escasez de casos en los que solicita pasar a juicio, así como el retraso procesal en las investigaciones.




  1. En lo referente a otras medidas institucionales, dentro de las cuales se encuentra la presentación de un proyecto de ley tendiente a crear un “Sistema provincial de protección de los derechos humanos en el ejercicio de la función policial y penitenciaria”. Los peticionarios informan que hasta la fecha, no han recibido información sobre el estado en el que se encuentra su discusión en la legislatura provincial, pero insisten en que su aprobación implicaría un importante avance en materia de control de la práctica policial para la prevención, investigación, detección y sanción de cualquier abuso funcional que pueda implicar torturas, vejámenes, tratos crueles degradantes e inhumanos. Por lo que instan al Estado tomar precauciones para que su aprobación se haga posible.




  1. En paralelo, en cuanto a la sanción de la Ley N° 6976 que instaura el “Sistema Provincial de Seguridad Pública” en la provincia de Chaco. Pidieron a la Comisión solicitar al Estado información sobre la forma en que esta norma incide en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y en particular, si prevé dispositivos para la prevención de futuras violaciones de derechos humanos, como las acontecidas en este caso, así como información sobre su implementación.




  1. De la información enviada por ambas partes, la Comisión desprende que el Estado ha dado cumplimiento a los compromisos de de investigar y sancionar de los responsables de la muerte del Sr. Ángel Greco y al de nombrar a los miembros del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradante, así como en el impulso de medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos. De la misma manera la Comisión observa que, en cuanto al impulso de medidas legislativas y administrativas, quedarían algunas pendientes como el proyecto de ley tendiente a crear un “Sistema provincial de protección de los derechos humanos en el ejercicio de la función policial y penitenciaria”.




  1. Por lo expuesto, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.



D. estado del cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales
Caso 12.080, informe no. 102/05, sergio schiavini y maría teresa schnack (argentina)
Caso 11.732, informe no. 83/09,
Petición 242-03, informe no. 160/10, inocencia luca de pegoraro y otros (argentina)
Acuerdo de solución amistosa
I.- la responsabilidad de la provincia de mendoza en el caso
Medidas de reparación pecuniarias:
Caso 11.670, informe no 168/11, amílcar menéndez y juan manuel caride y otros (argentina)
Caso 12.324, informe no. 66/12, rubén luis godoy (argentina)
Caso 12.051, informe no. 54/01, maria da penha maia fernandes (brasil)
Caso 11.556, informe no. 32/04, corumbiara (brasil)
Caso 12.586, informe no. 78/11, john doe y otros (canadá)
Petición 4617/02, informe no. 30/04, mercedes julia huenteao beroiza y otras (chile)
Caso 11.783, informe no. 98/00, marcia irene clavijo tapia (ecuador)
Caso 11.443, informe no. 105/01, washington ayora rodríguez (ecuador)
Caso 11.753, informe no. 52/02, ramón martínez villarreal, (estados unidos)
Caso 9111, informe no. 60/01, ileana del rosario solares castillo, ana
Caso 12.130, informe no. 2/06, miguel orlando muñoz guzmán (méxico)
Caso 11.381, informe no. 100/01, milton garcía fajardo (nicaragua)
Casos 10.247 y otros, informe no. 101/01, luis miguel pasache vidal y otros (perú)
Caso 11.706, informe no. 32/12,



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