Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


Caso 11.443, Informe No. 105/01, Washington Ayora Rodríguez (Ecuador)



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Caso 11.443, Informe No. 105/01, Washington Ayora Rodríguez (Ecuador)


  1. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Washington Ayora Rodríguez el 14 de febrero de 1994. La víctima fue sometida a incomunicación, torturas y tratos crueles e inhumanos, tras lo cual fue liberado por no existir motivos que justificaran su detención.




  1. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 105/0153 en el que certificó el cumplimiento del pago de US$30,000 en concepto de indemnización a la víctima y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 08 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no ha iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.450, Informe No. 106/01, Marco Vinicio Almeida Calispa (Ecuador)


  1. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la muerte de Marco Vinicio Almeida Calispa el 2 de febrero de 1988 mientras se encontraba bajo la custodia de agentes de la Policía, y su falta de esclarecimiento judicial.




  1. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 106/0154 en el que certificó el cumplimiento del pago de US$30,000 en concepto de indemnización a los familiares de la víctima y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes relativo al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso a informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre siguiente que el Estado no ha iniciado ninguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por el contrario dado el tiempo transcurrido hasta la presente fecha la causa habría prescrito por cumplirse los plazos previstos en el Código Penal que establece el plazo de 10 años desde la fecha del hecho o desde el inicio del juicio sin que haya decisión judicial en aquellos casos sancionados con pena de reclusión como lo es el de asesinato. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.542, Informe No. 107/01, Ángel Reiniero Vega Jiménez (Ecuador)


  1. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la detención sin orden judicial de Ángel Reiniero Vega Jiménez que fue efectuada en su hogar, con violencia, por agentes del Estado el 5 de mayo de 1994. Tras se sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos, la víctima falleció en un hospital. Los efectivos implicados fueron sobreseídos por la justicia penal policial.




  1. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 107/0155 en el que certificó el cumplimiento del pago de US$30,000 en concepto de indemnización a los familiares de la víctima y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre siguiente los peticionarios reiteraron que la jurisdicción policial (sin competencia) conoció de este caso de violación a derechos humanos y sobreseyó a los responsables archivando la causa, sin que el Estado haya efectuado acción alguna tendiente a dejar sin efecto dicha decisión por ser dictada por jueces incompetentes, a fin de sancionar a los responsables, al igual que tampoco ha iniciado acciones en contra de aquellos jueces policiales que se atribuyeron una competencia que no la tenían. Por su parte, el Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.574, Informe No. 108/01, Wilberto Samuel Manzano (Ecuador)


  1. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la muerte de Wilberto Samuel Manzano consecuencia de acciones perpetradas por agentes del Estado el 11 de mayo de 1991. La víctima fue herida con arma de fuego y luego detenido ilegalmente por policías de civil, tras lo cual falleció en un hospital. Los efectivos implicados fueron sobreseídos por la justicia penal policial.




  1. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 107/0156 en el que certificó el cumplimiento del pago de US$30,000 en concepto de indemnización a los familiares de la víctima y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso a informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre siguiente los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado alguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por el contrario dado el tiempo transcurrido hasta la presente fecha la causa habría prescrito por cumplirse los plazos previstos en el Código Penal que establece el plazo de 10 años desde la fecha del hecho o desde el inicio del juicio sin que haya decisión judicial en aquellos casos sancionados con pena de reclusión como lo es el de asesinato. Por su parte, el Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.632, Informe No. 109/01, Vidal Segura Hurtado (Ecuador)


  1. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Vidal Segura Hurtado el 8 de abril de 1993 por agentes de la Policía Nacional vestidos de civil. La víctima fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, luego fue ejecutada y su cadáver encontrado el 8 de mayo de 1993 en la vía perimetral de la ciudad de Guayaquil.




  1. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 109/0157 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$30,000.00 en concepto de indemnización a los familiares de la víctima y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no ha iniciado ninguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por el contrario dado el tiempo transcurrido hasta la presente fecha la causa habría prescrito por cumplirse los plazos previstos en el Código Penal que establece el plazo de 10 años desde la fecha del hecho o desde el inicio del juicio, sin que haya decisión judicial en aquellos casos sancionados con pena de reclusión como en el caso de los delitos de asesinato. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 12.007, Informe No. 110/01, Pompeyo Carlos Andrade Benítez (Ecuador)


  1. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Pompeyo Carlos Andrade Benítez el 18 de septiembre de 1996. Luego de diez meses de detención se revocó el auto de prisión preventiva y luego se dictó auto de sobreseimiento, sin embargo la víctima permaneció detenida.




  1. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa
    No. 110/0158 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$20,000.00 en concepto de indemnización a la víctima y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Ninguna de las partes presentó la información solicitada.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.515, Informe No. 63/03, Bolívar Franco Camacho Arboleda (Ecuador)


  1. El 17 de julio de 2002 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la duración de la detención preventiva de Bolívar Franco Camacho Arboleda en un proceso por posesión ilícita de cocaína. La víctima fue privada de la libertad el 7 de octubre de 1989. El 24 de enero de 1995 se le impuso sentencia absolutoria y en febrero de 1995 fue puesto en libertad, cuando llevaba ya detenido más de cinco años (63 meses).




  1. El 10 de octubre de 2003 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 63/0359 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$30,000.00 en concepto de indemnización a la víctima y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, el 21 de noviembre de 2013, los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial o administrativo para investigar, identificar y sancionar a los policías, jueces y fiscales responsables de los hechos alegados ante la CIDH. Por su parte, el Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 12.188, Informe No. 64/03, Joffre José Valencia Mero, Priscila Zoreida Valencia Sánchez, Rocío Valencia Sánchez (Ecuador)


  1. El 12 de noviembre de 2002 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Joffre José Valencia Mero, Priscila Zoreida Valencia Sánchez y Rocío Valencia Sánchez el 19 de marzo de 1993 por miembros de la policía. El 28 de marzo de 1993 se decretó detención preventiva a las víctimas en juicios por tráfico de drogas y conversión de bienes. Las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva más de cinco años, tras lo cual fueron absueltas.




  1. El 10 de octubre de 2003 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 64/0360 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$25,000 en concepto de indemnización a cada una de las víctimas y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de estos arreglos amistosos.


  1. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no ha iniciado acciones civiles, penales o administrativas para sancionar a los policías, jueces y fiscales responsables de los hechos alegados. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo amistoso. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 12.394, Informe No. 65/03, Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Loor Argote y Hugo Lara Pinos (Ecuador)


  1. El 26 de noviembre y el 16 de diciembre de 2002 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre el ataque con armas de fuego contra el vehículo en el que se transportaban Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Loor Argote y Hugo Lara Pinos el 22 de mayo de 1999 por agentes de la Policía Nacional. Luego del ataque las víctimas fueron detenidas sin orden de arresto y sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos, tras lo cual fueron puestas en libertad, debido a que el ataque y la detención se debió a un “error policial”.




  1. El 10 de octubre de 2003 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 65/0361 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$100,000.00 al señor Hernández, US$300,000.00 al señor Loor y US$50,000.00 al señor Lara en concepto de indemnización a las víctimas y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento a los acuerdos de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos de los acuerdos amistosos, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir respuesta.




  1. Por lo expuesto, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo amistoso. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Petición 12.205, Informe No. 44/06, José René Castro Galarza (Ecuador)


  1. El 10 de octubre de 2005 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de la obligación general de respeto y garantía y de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables.




  1. El presente Caso versa sobre la duración de la detención preventiva de José René Castro Galarza en procesos sobre tráfico de drogas, testaferrismo y enriquecimiento ilícito. La víctima fue privada de la libertad sin orden de arresto el 26 de junio de 1992. La víctima fue incomunicada por 34 días. El 22 de noviembre de 1996 la víctima fue sobreseída en la causa por enriquecimiento ilícito, el 23 de marzo de 1998 fue sobreseída en la causa por testaferrismo y se le impuso sentencia de ocho años de prisión por tráfico de drogas, la cual fue reducida a seis años el 15 de septiembre de 1997. La víctima fue mantenida en prisión a pesar de haber cumplido los seis años de detención y salió en libertad el 16 de junio de 1998.




  1. El 15 de marzo de 2006 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 44/0662 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$80.000,00 en concepto de indemnización a la víctima e indicó que continuaría con el seguimiento y la supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto recordó a las partes, su compromiso de informar a la CIDH del cumplimiento del presente arreglo amistoso.




  1. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios indicaron el 19 de noviembre siguiente que el Estado no ha iniciado acciones a fin de sancionar a los policías, jueces y fiscales responsables de los hechos, así como tampoco ha realizado todas las medidas reparatorias necesarias y no ha procedido al levantamiento de la prohibición de enajenar que recae sobre la propiedad del señor José René Castro Galarza.




  1. Al respecto, los peticionarios señalaron que la medida cautelar de prohibición de enajenar los bienes de la víctima fue emitida en 1992, y que han transcurrido 20 años sin que la víctima pueda gozar de su propiedad lo cual sería un incumplimiento del acuerdo de solución amistosa y una violación a su derecho de propiedad basada en una arbitrariedad de los agentes estatales. Por ello, solicitó a la CIDH que inste al Estado a cesar las violaciones en contra de la víctima y proceda a levantar las medidas cautelares referidas. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.



D. estado del cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales
Caso 12.080, informe no. 102/05, sergio schiavini y maría teresa schnack (argentina)
Caso 11.732, informe no. 83/09,
Petición 242-03, informe no. 160/10, inocencia luca de pegoraro y otros (argentina)
Acuerdo de solución amistosa
I.- la responsabilidad de la provincia de mendoza en el caso
Medidas de reparación pecuniarias:
Caso 11.670, informe no 168/11, amílcar menéndez y juan manuel caride y otros (argentina)
Caso 12.324, informe no. 66/12, rubén luis godoy (argentina)
Caso 12.051, informe no. 54/01, maria da penha maia fernandes (brasil)
Caso 11.556, informe no. 32/04, corumbiara (brasil)
Caso 12.586, informe no. 78/11, john doe y otros (canadá)
Petición 4617/02, informe no. 30/04, mercedes julia huenteao beroiza y otras (chile)
Caso 11.783, informe no. 98/00, marcia irene clavijo tapia (ecuador)
Caso 11.753, informe no. 52/02, ramón martínez villarreal, (estados unidos)
Caso 9111, informe no. 60/01, ileana del rosario solares castillo, ana
Caso 12.130, informe no. 2/06, miguel orlando muñoz guzmán (méxico)
Caso 11.381, informe no. 100/01, milton garcía fajardo (nicaragua)
Casos 10.247 y otros, informe no. 101/01, luis miguel pasache vidal y otros (perú)
Caso 11.706, informe no. 32/12,



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