Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


Caso 11.556, Informe No. 32/04, Corumbiara (Brasil)



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Caso 11.556, Informe No. 32/04, Corumbiara (Brasil)

 


  1. En el Informe No. 32/04 de fecha 11 de marzo de 2004, la Comisión concluyó que el Estado brasileño era responsable de: a) la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial y a las garantías judiciales consagrados en los artículos 4, 5, 25 y 8, respectivamente, de la Convención Americana, en perjuicio de los trabajadores sin tierra identificados en el informe, debido a las ejecuciones extrajudiciales, lesiones a la integridad personal, y violaciones de la obligación de investigar, del derecho a un recurso efectivo y de las garantías judiciales cometidas en su perjuicio; b) la violación de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y de las obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención; y c) la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.




  1. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos por órganos que no sean militares, que determine y sancione la responsabilidad de todos los autores materiales e intelectuales, tanto militares como civiles, respecto a las muertes, lesiones personales y demás hechos ocurridos en la hacienda Santa Elena el 9 de agosto de 1995.


2. Reparar adecuadamente a las víctimas especificadas en este informe, o a sus familiares, de ser el Caso, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe.

 

3. Adoptar las medidas necesarias para tratar de evitar que se produzcan hechos similares en el futuro.



 

4. Modificar el artículo 9 del Código Penal Militar, el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal Militar y cualquier otra norma interna que requiera modificarse a los efectos de abolir la competencia de la policía militar para investigar violaciones a derechos humanos cometidas por policías militares, y transferir dicha competencia a la policía civil.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.




  1. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Caso 11.634, Informe No. 33/04, Jailton Neri da Fonseca (Brasil)


  1. En el Informe No. 33/04 del 11 de marzo de 2004, la Comisión concluyó que: a) el Estado brasileño era responsable de la violación al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 7, 5, 4, 19 en perjuicio de Jailton Neri da Fonseca, y de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 en perjuicio de sus familiares; y que b) el Estado violó su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y violó también la obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.




  1. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones35:

2. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, por órganos que no sean militares, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad respecto a los hechos relacionados con la detención y asesinato de Jailton Neri da Fonseca.

 

4. Modificar el artículo 9 del Código Penal Militar, el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal Militar y cualquier otra norma interna que requiera modificarse a los efectos de abolir la competencia de la policía militar para investigar violaciones a derechos humanos cometidas por policías militares, y transferir dicha competencia a la policía civil.



 

5. Adoptar e instrumentar medidas de educación de los funcionarios de justicia y de la policía, al fin de evitar acciones que implique en discriminación racial en los operativos policiales, en las investigaciones, en el proceso o en la condena penal.

 

6. Adoptar e instrumentar acciones inmediatas para asegurar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención Americana, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las demás normas nacionales e internacionales concernientes al tema, de manera que se haga efectivo el derecho a protección especial de la niñez en Brasil.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Ni el Estado ni los peticionarios presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas este año. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Caso 12.001, Informe No. 66/06, Simone André Diniz (Brasil)

 


  1. En el Informe No. 66/06 de fecha 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y a las garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 24, 25 y 8 de la Convención Americana, en perjuicio de Simone André Diniz. Asimismo, la Comisión determinó que el Estado había violado el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención, en violación también de la obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en dicho instrumento. 




  1. La Comisión formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones36:

 

3. Conceder el apoyo financiero a la víctima para que ésta pueda iniciar y concluir sus estudios superiores;

 

5. Realizar las modificaciones legislativas y administrativas necesarias para que la legislación anti-racismo sea efectiva, con el fin de sanear los obstáculos demostrados en los párrafos 78 y 94 del informe de fondo;


6. Realizar una investigación completa, imparcial e efectiva de los hechos, con el objetivo de establecer y sancionar la responsabilidad respecto de los hechos relacionados con la discriminación racial sufrida por Simone André Diniz;

 

7. Adoptar e instrumentar medidas de educación de los funcionarios de justicia y de la policía a fin de evitar acciones que impliquen discriminación en las investigaciones, en el proceso o en la condena civil o penal de las denuncias de discriminación racial y racismo;



 

8. Promover un encuentro con organismos representantes de la prensa brasileña, con la participación de los peticionarios, a fin de elaborar un compromiso de evitar la publicidad de denuncias de carácter racista, todo de acuerdo con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión;

 

9. Organizar Seminarios en los estados, con representantes del Poder Judicial y las Secretarías de Seguridad Pública locales, a efectos de fortalecer la protección contra la discriminación racial y el racismo;



 

10. Solicitar a los gobiernos de los estados la creación de comisarías especializadas en la investigación de delitos de racismo y discriminación racial;

 

11. Solicitar a los Ministerios Públicos de los estados la creación de Procuradurías Públicas Especializadas de los estados en la lucha contra el racismo y la discriminación racial;



 

  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Caso 12.019, Informe No. 35/08 Antonio Ferreira Braga (Brasil)


  1. En el Informe No. 35/08 de fecha 18 de julio de 2008, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación, en perjuicio del señor Antonio Ferreira Braga, de los derechos a la integridad física, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 5, 7, 8(1) y 25 de la Convención Americana, en concordancia con las obligaciones generales que imponen el artículo 1(1) de la misma, e incumplió con la obligación de prevenir y sancionar todo acto de tortura cometido en su territorio, contemplada en los artículos 1, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura.




  1. La Comisión formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:

1. Que adopte las medidas necesarias a fin de que se dé efecto legal a la obligación de investigar y sancionar efectivamente a los autores de la detención ilegal y las torturas infligidas a Antonio Ferreira Braga; en este sentido, el Estado debe asegurar un debido proceso penal en aras a evitar que la prescripción se invoque como causal de la extinción de la punibilidad penal respecto de delitos como la tortura, y ocurran demoras injustificadas en el trámite de ésta.

 

2. Que se investiguen las responsabilidades civiles y administrativas por el retraso irrazonable en el proceso penal respecto a las torturas infligidas a Antonio Ferreira Braga, especialmente de las autoridades judiciales que tuvieron conocimiento del expediente, a los efectos de sancionar adecuadamente a quienes resulten responsables, a fin de establecer si hubo negligencia en el actuar de dichas autoridades.


3. Que repare adecuadamente a Antonio Ferreira Braga por las violaciones a sus derechos humanos establecidas supra, incluyendo una indemnización.

 

4. Que se lleven a cabo capacitaciones a los oficiales de la policía civil a fin de proporcionarles conocimientos básicos sobre el respeto a los derechos fundamentales contemplados en la Convención Americana, especialmente en lo que se refiere al trato debido.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.




  1. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas sigue estando pendiente. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones


Caso 12.310, Informe No. 25/09 Sebastião Camargo Filho (Brasil)


  1. En el informe No. 15/09 de 19 de marzo de 2009 la CIDH concluyó que el Estado brasileño incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de Sebastião Camargo Filho, prevista en el artículo 4 de la Convención Americana, al no prevenir la muerte de la víctima el 7 de febrero de 1998, a pesar de conocer el riesgo inminente que corrían los trabajadores asentados en las haciendas Boa Sorte y Santo Ângelo, así como al dejar de investigar los hechos debidamente y sancionar a los responsables. Asimismo, la CIDH estableció que el Estado brasileño es responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial, de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, por la falta de debida diligencia en el proceso de investigación y recolección de evidencia, sin la cual los procesos judiciales no pueden llevarse adelante. Finalmente, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado incumplió la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento.


  1. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del Informe 25/09, la Comisión Interamericana recomendó al Estado brasileño:

1. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad material e intelectual por el asesinato de Sebastião Camargo Filho.

 

2. Reparar plenamente a los familiares de Sebastião Camargo Filho, que incluya tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe.



 

3. Adoptar con carácter prioritario una política global de erradicación de la violencia rural, que contemple medidas de prevención y protección de comunidades en riesgo y el fortalecimiento de las medidas de protección destinadas a líderes de movimientos que trabajan por la distribución equitativa de la propiedad rural.

 

4. Adoptar las medidas efectivas destinadas a desmantelar los grupos armados ilegales que actúan en los conflictos relacionados con la distribución de la tierra.



 

5. Adoptar una política pública de lucha contra la impunidad de violaciones de derechos humanos de las personas involucradas en conflictos agrarios y que luchan por una distribución equitativa de la tierra.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El Estado no ha presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.




  1. Los peticionarios solamente informaron a la Comisión, el 7 de noviembre de 2013, sobre la interposición de una queja por el Ministério Público contra Tarcisio Barbosa de Souza, por el homicidio de Sebastião Camargo Filho. En este sentido, consideraron que habría una decisión judicial sobre la recepción de la denuncia y el procesamiento de esta acción en noviembre de este año. La Comisión no recibió información adicional alguna por parte de los peticionarios este año.




  1. Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Caso 12.440, Informe No. 26/09 Wallace de Almeida (Brasil)


  1. En el informe No. 26/09 de 20 de marzo de 2009 la CIDH concluyó que el Estado brasileño es responsable por la muerte de Wallace de Almeida, un joven negro, pobre y residente de una zona marginal, que fue herido por agentes de la policía y luego falleció desangrado sin haber sido auxiliado por dichos agentes; que la cuestión racial tanto como social, fue un ingrediente en este caso; que la investigación sobre el caso fue paupérrima; que no se cumplió con la diligencia debida, incluso hasta la fecha de aprobación del informe seguía paralizada e inconclusa, sin que se hubiera podido sindicar a responsable alguno por la comisión de los hechos.




  1. Como consecuencia de tales hechos, la Comisión Interamericana constató la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial consagrados, respectivamente, en los artículos 4, 5, 8, 24 y 25 de la Convención Americana. La responsabilidad estatal por violación a los artículos 4, 5 y 24 de la Convención Americana tiene como perjudicado a Wallace de Almeida, mientras que en lo concerniente a las violaciones a los artículos 8 y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana, los perjudicados son sus familiares. La Comisión Interamericana determina igualmente que se violaron las obligaciones impuestas por la Convención Americana en su artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos en ella consagrados; en su artículo 2, que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno con el objeto de hacer efectivos los derechos contenidos en dicho cuerpo; y en su artículo 28, relativa a la obligación tanto del Estado Federal como del estado de Río de Janeiro, de cumplir las disposiciones contenidas en la Convención Americana.




  1. Con fundamento en su análisis y las conclusiones del presente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:

 

1. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, por órganos judiciales independientes del fuero policial civil/militar, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad respecto a los hechos relacionados con el asesinato de Wallace de Almeida, y los impedimentos que vedaron se lleve a cabo tanto una investigación como un juzgamiento efectivos.

 

2. Reparar plenamente a los familiares de Wallace de Almeida, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe, y en particular;



 

3. Adoptar e instrumentar las medidas necesarias para una efectiva implementación del artículo 10 del Código Procesal Penal Brasileño.



 

4. Adoptar e instrumentar medidas adecuadas dirigidas a los funcionarios de justicia y de la policía, a fin de evitar acciones que impliquen discriminación racial en los operativos policiales, en las investigaciones, en el proceso o en la condena penal.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El Estado no ha presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.




  1. Los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de información de la CIDH el 6 de diciembre de 2013. Los peticionarios indican que el contexto de violencia policial y ejecuciones sumarias no ha cambiado en Río de Janeiro desde el homicidio de Wallace de Almeida en 1998. Señalan que las estadísticas muestran que todavía hay 2,4 muertes por día a manos de las fuerzas de seguridad en Brasil. La violencia policial y el uso de fuerza letal como violación sistemática de los derechos humanos es común y prueba la permanencia del sistema de seguridad que se empleaba en la década de los noventa. Por ejemplo, el proyecto lanzado en 2008 para crear Unidades de Policia Pacificadora (UPP) en todo el territorio nacional también ha sido tema de múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo la descripción de actos de tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas, en las zonas donde operan las UPP.




  1. En relación con los aspectos de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, los peticionarios resaltan que el Estado brasileño solamente ofreció algunas reparaciones a la familia de Wallace de Almeida, en forma de indemnización. El Estado también organizó, el 25 de junio de 2009, una ceremonia en que el Gobernador del estado de Río de Janeiro anunció el pago de la indemnización a los familiares de Wallace de Almeida y ofreció una disculpa formal. No obstante, los peticionarios consideran que estas medidas no constituyen reparaciones suficientes, pues los familiares no pudieron hablar en la ceremonia formal y el pago de indemnización no basta para considerar plenamente cumplido este aspecto de las recomendaciones como. También destacan que tras 15 años del homicidio de Wallace de Almeida, los policías militares que perpetraron estos actos no han sido sancionados judicialmente y todavía prestan sus servicios en las fuerzas policiales. Hacen énfasis en las irregularidades y demoras en las investigaciones de estos tipos de ejecuciones, incluyendo la de Wallace de Almeida, y en el hecho de que la mayoría permanecen en la impunidad. También resaltan un pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas que describe la influencia de la discriminación racial en el sistema de derecho penal en Brasil, y que la creación y existencia de la Secretaria Especial de Políticas de Promoção Racial no es suficiente para resolver el problema del racismo en el país. Por lo tanto, consideran que el Estado brasileño no ha cumplido debidamente las recomendaciones contenidas en el Informe No. 26/09.




  1. Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Caso 12.308, Informe No. 37/10 Manoel Leal de Oliveira (Brasil)


  1. En el Informe No. 37/10 de fecha 17 de marzo de 2010, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación, en perjuicio del señor Manoel Leal de Oliveira y sus familiares, de los derechos a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial, respectivamente consagrados en los artículos 4, 13, 8 y 25 de la Convención Americana, todos relacionados con la obligación que impone el artículo 1.1 del mismo tratado.




  1. La Comisión Interamericana formuló las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1. Reconozca públicamente su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos determinadas por la CIDH en este informe.


2. Realice una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, de forma de determinar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Manoel Leal de Oliveira.


  1. Realice una investigación completa, imparcial y efectiva de las irregularidades ocurridas a lo largo de la investigación policial del homicidio de Manoel Leal de Oliveira, incluidos los actos que procuraron dificultar la identificación de sus autores materiales e intelectuales.




  1. Indemnice a la familia de Manoel Leal de Oliveira por los daños sufridos. Dicha indemnización debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe ser por un monto suficiente para resarcir, tanto los daños materiales, como los daños morales sufridos por los familiares de la víctima.

5. Adopte, de forma prioritaria, una política global de protección del trabajo de los periodistas y centralice, como política pública, el combate a la impunidad en relación con el asesinato, la agresión y la amenaza a periodistas, a través de investigaciones exhaustivas e independientes de tales hechos, y sancione a sus autores materiales e intelectuales.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El Estado no ha presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.




  1. Los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de información de la CIDH el 1º de noviembre de 2013. Consideran que el Estado brasileño aun no ha cumplido la recomendación de reabrir el caso del homicidio de Manoel Leal de Oliveira e identificar y sancionar a sus autores intelectuales. También informaron que el 18 de octubre de 2012, el Conselho de Defensa dos Direitos da Pessoa Humana adoptó la resolución número 7, mediante la cual estableció un grupo de trabajo encargado de los derechos humanos y los profesionales de la comunicación en Brasil, con el fin de analizar el contexto actual en la materia y proponer acciones para prevenir la violencia contra estos profesionales. Mediante la resolución número 6, adoptada por la Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Repûblica, se recomendó la protección especial de periodistas y profesionales de la comunicación durante su cobertura de protestas e incluyó directrices relativas al uso de armas menos letales por las fuerzas de seguridad pública. La Secretaria también organizó un coloquio en la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro (PUC-RJ), para debatir la seguridad de los profesionales de la comunicación y la importancia de erradicar la impunidad cuando sufren violencia.




  1. Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.



D. estado del cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales
Caso 12.080, informe no. 102/05, sergio schiavini y maría teresa schnack (argentina)
Caso 11.732, informe no. 83/09,
Petición 242-03, informe no. 160/10, inocencia luca de pegoraro y otros (argentina)
Acuerdo de solución amistosa
I.- la responsabilidad de la provincia de mendoza en el caso
Medidas de reparación pecuniarias:
Caso 11.670, informe no 168/11, amílcar menéndez y juan manuel caride y otros (argentina)
Caso 12.324, informe no. 66/12, rubén luis godoy (argentina)
Caso 12.051, informe no. 54/01, maria da penha maia fernandes (brasil)
Caso 12.586, informe no. 78/11, john doe y otros (canadá)
Petición 4617/02, informe no. 30/04, mercedes julia huenteao beroiza y otras (chile)
Caso 11.783, informe no. 98/00, marcia irene clavijo tapia (ecuador)
Caso 11.443, informe no. 105/01, washington ayora rodríguez (ecuador)
Caso 11.753, informe no. 52/02, ramón martínez villarreal, (estados unidos)
Caso 9111, informe no. 60/01, ileana del rosario solares castillo, ana
Caso 12.130, informe no. 2/06, miguel orlando muñoz guzmán (méxico)
Caso 11.381, informe no. 100/01, milton garcía fajardo (nicaragua)
Casos 10.247 y otros, informe no. 101/01, luis miguel pasache vidal y otros (perú)
Caso 11.706, informe no. 32/12,



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