Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


Caso 12.051, Informe No. 54/01, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil)



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Caso 12.051, Informe No. 54/01, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil)


  1. En el Informe No. 54/01 de 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que: a) la República Federativa de Brasil era responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento, por la dilación injustificada y tramitación negligente del presente caso de violencia doméstica en Brasil; b) el Estado había tomado algunas medidas destinadas a reducir el alcance de la violencia doméstica y la tolerancia estatal de la misma, aunque dichas medidas no han aún conseguido reducir significativamente el patrón de tolerancia estatal, en particular a raíz de la inefectividad de la acción policial y judicial en el Brasil, respecto a la violencia contra la mujer; y c) el Estado había violado los derechos y el cumplimiento de sus deberes según el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la señora Fernandes; y en conexión con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y en su relación con el artículo 1.1 de la Convención, por sus propias omisiones y la tolerancia de la violación infligida.




  1. La CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones33:

 

  1. Completar rápida y efectivamente el procesamiento penal del responsable de la agresión y tentativa de homicidio en perjuicio de la señora Maria da Penha Fernandes Maia.




  1. Llevar igualmente a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad por irregularidades o retardos injustificados que impidieron el procesamiento rápido y efectivo del responsable; y tomar las medidas administrativas, legislativas y judiciales correspondientes.




  1. Adoptar, sin perjuicio de las eventuales acciones contra el responsable civil de la agresión, medidas necesarias para que el Estado asigne a la víctima adecuada reparación simbólica y material por las violaciones aquí establecidas, en particular su falla en ofrecer un recurso rápido y efectivo; por mantener el caso en la impunidad por más de quince años; y por evitar con ese retraso la posibilidad oportuna de acción de reparación e indemnización civil.

4. Continuar y profundizar el proceso de reformas que eviten la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio respecto a la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil. En particular la Comisión recomienda: 




  1. Medidas de capacitación y sensibilización de los funcionarios judiciales y policiales especializados para que comprendan la importancia de no tolerar la violencia doméstica;




  1. Simplificar los procedimientos judiciales penales a fin de que puedan reducirse los tiempos procesales, sin afectar los derechos y garantías de debido proceso;




  1. El establecimiento de formas alternativas a las judiciales, rápidas y efectivas de solución de conflicto intrafamiliar, así como de sensibilización respecto a su gravedad y las consecuencias penales que genera;

  2. Multiplicar el número de delegaciones especiales de policía para los derechos de la mujer y dotarlas con los recursos especiales necesarios para la efectiva tramitación e investigación de todas las denuncias de violencia doméstica, así como de recursos y apoyo al Ministerio Público en la preparación de sus informes judiciales;




  1. Incluir en sus planes pedagógicos unidades curriculares destinadas a la comprensión de la importancia del respeto a la mujer y a sus derechos reconocidos en la Convención de Belém do Pará, así como al manejo de los conflictos intrafamiliares,

f. Informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la transmisión del presente Informe al Estado, con un informe de cumplimiento de estas recomendaciones a los efectos previstos en el artículo 51(1) de la Convención Americana.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Se ha recibido este año información de ambas partes pertinente para el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión contenidas en el Informe No. 54/01.




  1. Por su parte, el Estado presentó una comunicación el 29 de agosto de 2013, en la que resalta los esfuerzos para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo No. 54/01. Con respecto a la recomendación 2, el Estado confirma que existe un proceso judicial en curso relacionado con el caso de Maria Da Penha Maia Fernandes dentro del marco del Conselho Nacional de Justiça (CNJ), y que en el futuro le enviará información a la Comisión sobre este proceso. También informó que el 14 de octubre de 2011, la Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) y el CNJ firmaron un acuerdo de colaboración según el cual la SPM formará parte del programa “Justicia Plena”. Este programa tiene como objetivo monitorear y dar transparencia a los procesos judiciales con implicaciones sociales importantes. Dentro del contexto de este programa, la SPM estará facultada para seleccionar cinco procesos relacionados con la Lei Maria da Penha con repercusiones sociales importantes, que serán monitoreados por dicho programa. Entre otras medidas para garantizar la eficacia de la Lei Maria da Penha, el Estado destaca dos sentencias de la Corte Suprema en 2012 que resolvieron dudas relativas a la constitucionalidad de sus disposiciones, la creación de coordinadores estatales para hacer frente a consideraciones de violencia doméstica como órganos permanentes de la presidencia de los tribunales y acuerdos de colaboración técnica entre la SPM y otros órganos del sistema de justicia para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres en casos de violencia. El Estado también informa sobre la campaña informativa titulada “Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – a Lei é Mais Forte!”, para involucrar al poder ejecutivo, así como a los órganos de administración de justicia y seguridad pública, en el abordaje de la impunidad que rodea a los actos de violencia contra las mujeres.




  1. En cuanto a la recomendación 4, el Estado informa que desde 2007, la SPM está implementando una ronda de actividades de trabajo relacionadas con la Lei de Maria da Penha, con el objetivo de crear un foro de debate y aclaración con respecto a los compromisos contenidos en esta ley, que incluyen cursos de capacitación para los jueces. El Estado también confirmó la creación del Foro Nacional de Jueces de Violencia Doméstica y Familiar contra las Mujeres (FONAVID), con el fin de establecer un foro permanente de discusión sobre la Lei Maria da Penha y la violencia doméstica. El Estado también informa sobre la implementación de los programas de capacitación relacionados con la Lei Maria da Penha en coordinación con diversas entidades responsables de la administración de justicia; la planeación anual de una cumbre nacional de fiscalías estatales involucradas en la implementación de la Lei Maria da Penha; y la creación de una serie de mecanismos estatales para promover la defensa de los derechos de las mujeres, como el Comissão da Mulher no Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais (CONDEGE), entre otros.




  1. El Estado también informa que con el lanzamiento del Pacto Nacional de Enfrentamento à Violencia contra a Mulher, en agosto de 2007, la atención a las mujeres en situaciones de violencia fue seleccionada como uno de los dos ejes de atención del Estado brasileño. Dentro de este eje se ha incluido la creación de una red para mejorar la calidad de la atención que se les ofrece a las mujeres víctimas de violencia. La SPM está aplicando actualmente diversas actividades para monitorear el funcionamiento de esta red. El Estado también menciona los esfuerzos significativos para fortalecer las delegacias especializadas no atendimento á mulher e implementar una base de datos nacional de estadísticas relativas a la violencia doméstica y familiar, entre otras medidas. Finalmente, el Estado reitera que la Lei Maria da Penha constituye la más importante de las acciones implementadas para hacer frente a la violencia contra las mujeres dentro del Tercer Plan Nacional de Políticas sobre la Mujer (2013-2015). Por estos motivos, el Estado considera que ha implementado todas las recomendaciones formuladas por la Comisión.




  1. Los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de la Comisión el 25 de noviembre de 2013, y anteriormente este año enviaron información pertinente, el 6 de febrero de 2013. En cuanto a la recomendación 2, los peticionarios indican que el proceso judicial emprendido dentro del marco del Conselho Nacional de Justiça (CNJ) con respecto a este caso no se pronunció en relación con las responsabilidades relativas a irregularidades y demoras en el curso del proceso penal contra el agresor de Maria da Penha Maia Fernandes. A solicitud de la víctima se inició un nuevo proceso en el ámbito del CNJ en septiembre de 2009, a fin de que se investigaran efectivamente las irregularidades. En su comunicación más reciente, el Estado brasileño informó que se abrió un proceso adicional en el CNJ para determinar las responsabilidades relativas a irregularidades y demoras en el proceso penal, que los peticionarios afirman fue archivado el 11 de junio de 2013, de acuerdo con información disponible electrónicamente. Los peticionarios indican que el acceso a los expedientes relativos a este último proceso requiere que la señora da Penha viaje personalmente a Brasilia, lo cual se le dificulta por las consecuencias de la violencia doméstica que sufrió. Por lo tanto, solicitan que la Comisión le pida al Estado brasileño que envíe la decisión adoptada en relación con dicho proceso. En resumen, consideran que la recomendación 2 aún está pendiente de cumplimiento tras 12 años de la aprobación del Informe de Fondo de la Comisión.




  1. En cuanto a la recomendación 4, los peticionarios reiteran la información que presentaron en la audiencia temática en 2011 ante la CIDH en cuanto a la implementación de la Lei Maria da Penha. Resaltan diversos obstáculos para la aplicación correcta de dicha ley para hacer frente a la violencia doméstica en Brasil, que prueban que la recomendación 4 está aún pendiente de cumplimiento por parte del Estado. Destacan los desafíos para la creación de una red para prestar servicios necesarios a las mujeres víctimas de violencia. También subrayan la reducción en el número total de delegacias especializadas no atendimento á mulher entre 2007 y 2012, de 397 a 395, y su distribución deficiente en el territorio nacional. También señalan una reducción en la cantidad de tribunales especializados en el país, la ausencia de un mecanismo de vigilancia de la calidad de los servicios especializados y la necesidad pendiente de recopilar datos relacionados con los delitos de violencia doméstica. A pesar de la adopción de esta ley especializada, también se ha dado un incremento persistente en el número de casos de muertes violentas de mujeres. Hacen referencia a un estudio específico publicado por el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) en 2013 que indica que desde la adopción de la Lei Maria da Penha no se ha visto una reducción en las tasas anuales de muertes de mujeres; estos resultados indican, según los peticionarios, la falta de aplicación adecuada de esta ley por el Estado.




  1. Aunque reconoce los esfuerzos del Estado, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Casos 11.286, 11.406, 11.407, 11.412, 11.413, 11.415, 11.416 y 11.417,
Informe No. 55/01, Aluísio Cavalcante y otros (Brasil)

 


  1. En el Informe No. 55/01 de 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que la República Federativa del Brasil era responsable de la violación del derecho a la vida, la integridad y la seguridad personales (artículo I de la Declaración Americana), del derecho a las garantías y la protección judiciales (artículo XVIII de la Declaración y artículos 8 y 25 de la Convención), y por la obligación que tiene el Estado de garantizar y respetar los derechos (artículo 1.1) reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el homicidio de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y en relación con las agresiones e intentos de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de Lima, Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, practicados todos por agentes de la policía militar del Estado de São Paulo, así como de la falta de investigación y sanción efectiva de los responsables.




  1. La CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:




  1. Que el Estado brasileño lleve a cabo una investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos y circunstancias en que se produjo la muerte de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y las agresiones y tentativas de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de Lima, Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, procese a los responsables y los sancione debidamente.




  1. Que dicha investigación incluya las posibles omisiones, negligencias y obstrucciones de la justicia que hayan tenido como consecuencia la falta de condena definitiva de los responsables, incluyendo las posibles negligencias e incorrecciones del Ministerio Público y de los miembros del Poder Judicial que puedan haber determinado la no-aplicación o reducción del carácter de las condenas correspondientes.




  1. Que se tomen las medidas necesarias para concluir, con la mayor brevedad posible y en la más absoluta legalidad, los procesos judiciales y administrativos referentes a las personas involucradas en las violaciones indicadas anteriormente.




  1. Que el Estado brasileño repare las consecuencias de las violaciones de los derechos de las víctimas y sus familiares o a quienes tengan derecho, por los daños sufridos mencionados en este informe.




  1. Que se tomen las medidas necesarias para abolir la competencia de la Justicia Militar sobre delitos cometidos por policías contra civiles, tal como lo proponía el proyecto original presentado oportunamente para la revocación del literal f) del artículo 9 del Código Penal Militar, y se apruebe en cambio el párrafo único allí propuesto.




  1. Que el Estado brasileño tome medidas para que se establezca un sistema de supervisión externa e interna de la Policía Militar de Río de Janeiro, independiente, imparcial y efectivo.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El Estado no ha presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.




  1. Los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de información de la CIDH el 4 de diciembre de 2013. En cuanto a la recomendación 1, los peticionarios indicaron que en relación con el proceso penal relativo a Aluísio Cavalcanti, después de siete extensiones, se llevó a cabo una audiencia de sentencia para Robson Bianchi y Luiz Fernando Gonçalves, el 25 de abril de 2012, ante el Tribunal Judicial IV de São Paulo. En esa instancia fueron absueltos y se presentó una apelación, actualmente pendiente de resolución.




  1. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Caso 11.517, Informe No. 23/02, Diniz Bento da Silva (Brasil)


  1. En el Informe No. 23/02 del 28 de febrero de 2002, la Comisión concluyó que la República Federativa del Brasil era responsable de la violación del derecho a la vida (artículo 4) del señor Diniz Bento da Silva, ocurrida en el Estado de Paraná el 8 de marzo de 1993, y de la violación del derecho a las garantías judiciales (artículo 8), del derecho a la protección judicial (artículo 25) y del derecho a obtener garantías y respeto de los derechos enumerados en la Convención (artículo 1.1).




  1. La CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:




  1. Realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por medio de la justicia común, a fin de juzgar y castigar a los responsables de la muerte de Diniz Bento da Silva; castigar a los responsables por las irregularidades comprobadas en la investigación de la Policía Militar, así como a los responsables de la demora injustificada en la realización de la investigación civil, de acuerdo con la legislación brasileña.




  1. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de la víctima reciban adecuada reparación por las violaciones de derechos aquí establecidas.

3. Adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos semejantes, en especial formas de prevenir la confrontación con trabajadores rurales en los conflictos sobre tierras, negociación y solución pacífica de esos conflictos.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.




  1. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Caso 10.301, Informe No. 40/03, Parque São Lucas (Brasil)

 


  1. En el Informe No. 40/03 del 8 de octubre de 2003 la CIDH concluyó que el Estado brasileño violó los derechos humanos de Arnaldo Alves de Souza, Antonio Permoniam Filho, Amaury Raymundo Bernardo, Tomaz Badovinac, Izac Dias da Silva, Francisco Roberto de Lima, Romualdo de Souza, Wagner Saraiva, Paulo Roberto Jesuíno, Jorge Domingues de Paula, Robervaldo Moreira dos Santos, Ednaldo José da Fonseca, Manoel Silvestre da Silva, Roberto Paes da Silva, Antonio Carlos de Souza, Francisco Marlon da Silva Barbosa, Luiz de Matos y Reginaldo Avelino de Araújo, consagrados por los artículos I y XVIII de la Declaración Americana y por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, y que no cumplió las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la misma Convención.




  1. La CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Que adopte las medidas legislativas necesarias para transferir a la justicia penal común el juzgamiento de los crímenes comunes cometidos por policías militares en ejercicio de sus funciones de orden público.


2. Que se desactiven las celdas de aislamiento (“celas fortes”).
3. Que sancione, de acuerdo con la gravedad de los delitos cometidos, a los policías civiles y militares involucrados en los hechos motivo del Caso sub judice.
4. Que, en los Casos en que todavía no lo haya hecho, pague una indemnización compensatoria justa y adecuada a los familiares de las víctimas, por el daño causado como consecuencia del incumplimiento de las referidas disposiciones.

 


  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Ni el Estado ni los peticionarios presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas este año. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.


Caso 11.289, Informe No. 95/03, José Pereira (Brasil)

 


  1. El 24 de octubre de 2003, mediante Informe No. 95/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso José Pereira. Por medio de este acuerdo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en el Caso, dado que “los órganos estatales no fueron capaces de prevenir la ocurrencia de la grave práctica de trabajo esclavo, ni de castigar los actores individuales de las violaciones denunciadas”.




  1. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a34:

 

3. Continuar con los esfuerzos para el cumplimiento de los mandatos judiciales de prisión contra los acusados por los crímenes cometidos contra José Pereira. Para ello se dará traslado del acuerdo de solución amistosa al Director General del Departamento de la Policía Federal.

 

5. Implementar las acciones y las propuestas de cambios legislativos contenidas en el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, elaborado por la Comisión Especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, e iniciado por el Gobierno brasileño el 11 de marzo de 2003, a fin de mejorar la Legislación Nacional que tiene como objetivo prohibir la práctica del trabajo esclavo en el país.



 

6. Efectuar todos los esfuerzos para la aprobación legislativa (i) del Proyecto de Ley Nº 2130-A, de 1996, que incluye entre las infracciones contra el orden económico la utilización de mecanismos “ilegítimos de la reducción de los costos de producción como el no pago de los impuestos laborales y sociales, explotación del trabajo infantil, esclavo o semi-esclavo”; y (ii) el Sustitutivo presentado por la Diputada Zulaiê Cobra al proyecto de Ley Nº 5.693 del Diputado Nelson Pellegrino, que modifica el artículo 149 del Código Penal Brasileño.

 

7. Defender el establecimiento de la competencia federal para el juzgamiento del crimen de reducción análoga a la de esclavo, con el objeto de evitar la impunidad.



 

8. Fortalecer el Ministerio Público del Trabajo, velar por el cumplimiento inmediato de la legislación existente, por medio de cobranzas de multas administrativas y judiciales, de la investigación y la presentación de denuncias contra los autores de la práctica del trabajo esclavo; Fortalecer el Grupo Móvil del MTE; Realizar gestiones junto al Poder Judiciario y a sus entidades representativas, en el sentido de garantizar el castigo de los autores de los crímenes de trabajo esclavo.

 

9. Revocar, hasta el final del año, por medio de actos administrativos que le correspondan, el Término de Cooperación firmado entre los propietarios de haciendas y autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio Público del Trabajo, firmado en febrero de 2001, y que fue denunciado en el presente proceso el 28 de febrero de 2001.



 

10. Fortalecer gradualmente la División de Represión al Trabajo Esclavo y de Seguridad de los Dignatarios-DTESD, creada en el ámbito del Departamento de la Policía Federal por medio de la Portaria-MJ Nº 1.016, del 4 de septiembre de 2002, de manera de dotar a la División con fondos y recursos humanos adecuados para el buen cumplimiento de las funciones de la Policía Federal en las acciones de fiscalización de denuncias del trabajo esclavo.

 

11. Hacer gestiones ante el Ministerio Público Federal, con el objetivo de resaltar la importancia de que los Procuradores Federales otorguen prioridad a la participación y el acompañamiento de la acciones de fiscalización de trabajo esclavo.



 

12. Realizar una campaña nacional de sensibilización contra la práctica del trabajo esclavo, con fecha prevista para octubre de 2003, y con un enfoque particular en el Estado de Pará. En esta ocasión, mediante la presencia de las peticionarias se dará publicidad a los términos de este acuerdo de solución amistosa. La campaña tendrá de base un plan de comunicación que contemplará la elaboración de material informativo dirigido a los trabajadores, la inserción del tema en la media por la prensa y por difusión de cortos publicitarios. También están previstas visitas de autoridades en las áreas de enfoque.



 

13. Evaluar la posibilidad de realización de seminarios sobre la erradicación del trabajo esclavo en el Estado de Pará, hasta el primer semestre de 2004, con la presencia del Ministerio Público Federal, garantizando la invitación para la participación de las peticionarias.




  1. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento del acuerdo arriba mencionado, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Se ha recibido información de ambas partes este año relevante para el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa relativo a este caso.




  1. La Comisión observa en primer lugar la información presentada el 2 de enero de 2013 por el Estado sobre el cumplimiento del acuerdo arriba aludido y las disposiciones que el mismo contiene. En los documentos mencionados, el Estado describió las medidas que ha adoptado dirigidas al fortalecimiento del marco jurídico para combatir la práctica de trabajo esclavo, que incluyen la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 458/2001, que está pendiente de votación en la Cámara de Diputados; la decisión de establecer una Comisión Parlamentaria de Averiguaciones (CPI) para investigar la situación de trabajo esclavo en Brasil, el 3 de febrero de 2012; así como varios proyectos de ley relativos al trabajo esclavo actualmente bajo consideración por la legislatura federal (PL 5016/2005, dirigido a reformar el Código Penal sobre las sanciones por el trabajo esclavo; el PL 169/2009, orientado a prohibir que las empresas brasileñas firmen contratos con empresas que explotan trabajo degradante en el extranjero; el PL 603/2011, que se relacionan con las condiciones trabajo en las minas de carbón; y el PL 1515/2011, para impedir que los espacios públicos de cualquier naturaleza reciban el nombre de personas notoriamente involucradas en la explotación de trabajo esclavo).




  1. Asimismo, el Estado explicó en su comunicación las medidas adoptadas para vigilar adecuadamente el cumplimiento de la legislación laboral actual. En este sentido, el Estado subrayó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha afirmado que las acciones de inspección de Brasil deben considerarse como prácticas óptimas ejemplares. El Estado también hizo referencia específica a sus logros continuos relacionados con las sanciones administrativas y civiles, la cantidad de trabajadores liberados y el número y alcance de las operaciones efectuadas.




  1. Los peticionarios también presentaron información respecto a las disposiciones arriba mencionadas, el 30 de enero de 2013. En cuanto a las medidas relacionadas con la sentencia y sanción de los perpetradores, los peticionarios afirman que no han recibido información alguna relativa a esfuerzos o iniciativas del Estado brasileño en este sentido. En relación con las medidas de prevención, hacen referencia al Segundo Plano Nacional para a Erradicacão do Trabalho Escravo, lanzado el 10 de septiembre de 2008, y a una evaluación emprendida en 2010 por la Comissão Nacional para a Erradicacão do Trabalho Escravo (CONATRAE), que indica que aproximadamente el 41% de las acciones contenidas en el plan no se han implementado, el 31% se han cumplido parcialmente y apenas alrededor del 27% se han cumplido exhaustivamente. En relación con la reforma legislativa, expresan su preocupación por el retraso y archivo de varios proyectos legislativos relacionados con distintas facetas de la prohibición de la práctica del trabajo esclavo en Brasil. Sobre la creación de los cargos de Agente o Delegado de la Policía Federal, los peticionarios adelantan información que indica que se han creado 500 cargos de Delegados de la Policía Federal y 750 cargos de Agentes de la Policía Federal, mediante la Ley No. 11,890/2008, pero también presentan una evaluación elaborada por la Associacão Nacional dos Delegados de Policia Federal de agosto de 2011 que indica que existe un déficit de 3.000 oficiales de la policía federal (incluyendo delegados, expertos y agentes), y que es posible que las vacantes den como resultado la salida de 2.270 oficiales de la policía federal hasta diciembre de 2015.




  1. Los peticionarios también se refieren a un conflicto existente entre las competencias federales y estatales como uno de los factores que más prolongan el proceso penal y contribuyen a la prescripción de los delitos y a la perpetuación de la impunidad en el país. Subrayan que este tema se encuentra actualmente ante el Supremo Tribunal Federal, mediante recurso extraordinario pendiente de resolución. Afirman también que en Brasil todavía es difícil verificar el número exacto de procedimientos legales en curso, ante el Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho o ante la Justiça Comun, lo que impide una evaluación adecuada del cumplimiento del acuerdo celebrado en este caso, y la vigilancia de la ocurrencia del trabajo esclavo en el país, entre otros problemas.




  1. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente el acuerdo de solución amistosa arriba aludido. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de los puntos pendientes de cumplimiento.



D. estado del cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales
Caso 12.080, informe no. 102/05, sergio schiavini y maría teresa schnack (argentina)
Caso 11.732, informe no. 83/09,
Petición 242-03, informe no. 160/10, inocencia luca de pegoraro y otros (argentina)
Acuerdo de solución amistosa
I.- la responsabilidad de la provincia de mendoza en el caso
Medidas de reparación pecuniarias:
Caso 11.670, informe no 168/11, amílcar menéndez y juan manuel caride y otros (argentina)
Caso 12.324, informe no. 66/12, rubén luis godoy (argentina)
Caso 11.556, informe no. 32/04, corumbiara (brasil)
Caso 12.586, informe no. 78/11, john doe y otros (canadá)
Petición 4617/02, informe no. 30/04, mercedes julia huenteao beroiza y otras (chile)
Caso 11.783, informe no. 98/00, marcia irene clavijo tapia (ecuador)
Caso 11.443, informe no. 105/01, washington ayora rodríguez (ecuador)
Caso 11.753, informe no. 52/02, ramón martínez villarreal, (estados unidos)
Caso 9111, informe no. 60/01, ileana del rosario solares castillo, ana
Caso 12.130, informe no. 2/06, miguel orlando muñoz guzmán (méxico)
Caso 11.381, informe no. 100/01, milton garcía fajardo (nicaragua)
Casos 10.247 y otros, informe no. 101/01, luis miguel pasache vidal y otros (perú)
Caso 11.706, informe no. 32/12,



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