Indice I. IntroduccióN



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Garantizar la aplicación de la legislación en esta materia




              1. Fomentar la cooperación internacional en la persecución de los delitos sexuales


5.2. EL PROCESO JUDICIAL: VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA DEL MENOR
5.2.1. Situación actual
Es una realidad la terrible situación en la que se encuentran los menores que han sido y son víctimas de delitos sexuales. Y ello porque, en los casos de abusos sexuales, los niños, además de sufrir el mal infinito de la agresión, sufren - posteriormente- el calvario del proceso penal. No olvidemos que nuestro ordenamiento jurídico punitivo no pretende como finalidad primera la protección del menor, sino que ésta aparece en un plano muy secundario, supeditada al objetivo principal: la imposición de una pena al autor del delito.
El Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigentes están más preocupados por alcanzar esa finalidad punitiva que por remediar la auténtica situación del menor. Nuestros procedimientos penales no señalan diferencias respecto de los adultos, no tienen en cuenta las necesidades y los derechos de los niños. El menor será obligado a declarar no una vez sino varias, incitándole a recordar nuevamente los hechos, a rememorar cada uno de los detalles en un ambiente muy formalista y distante. Esto va a producir un efecto boomerang: el propio proceso penal se vuelve contra la víctima. El menor víctima de un delito sexual se va a volver víctima de otro maltrato, el institucional.
Según recientes investigaciones, esta victimización secundaria genera en los menores un fuerte estrés y ansiedad al tener que actuar como testigos.
Los expertos entienden que estos factores se producen porque el niño-víctima del delito suele ser sometido a interrogatorios múltiples no continuados. Primero en la comisaría, luego en el juzgado de instrucción y finalmente en el juicio oral. Entre la comisión del delito y la denuncia y, entre ésta y el testimonio del menor ante el Juez de Instrucción, normalmente transcurre un mes. Sin embargo, entre la denuncia y la celebración del juicio oral pueden llegar a transcurrir aproximadamente dos años. Las demoras, además, dan la oportunidad de que surjan en el niño sentimientos de culpa y, por supuesto, producen efectos negativos sobre la memoria. El transcurso del tiempo produce un deterioro global en la exactitud del relato de los hechos.
Estudiosos de este tema han analizado cuáles son las deficiencias que existen en nuestros procesos de investigación y de enjuiciamiento y han realizado una serie de consideraciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de entender la realidad que vive el menor cuando se acerca al Derecho Penal en busca de protección.
En primer lugar, y como cuestión general, se ha de indicar que, en la mayor parte de los casos de abusos sexuales cometidos sobre un menor, el testimonio de éste constituye la prueba fundamental, incluso la única, de que se dispone. Pero ¿qué valor otorga el sistema jurídico al testimonio infantil? Puede afirmarse que existe una tendencia generalizada a desconfiar de las declaraciones de los menores. El menor, a priori, no es creído. Por esta razón, el menor es enfrentado a interrogatorios múltiples. Los familiares, los policías, los médicos forenses, el Juez de instrucción, los abogados y todas las personas que preguntan al menor van a intentar arrancarle “la verdad”. El menor siente que está continuamente a prueba.
Por otra parte, la propia declaración del menor en el juicio puede ser una experiencia dolorosa y estresante. ¿Por qué?


  • El menor desconoce el procedimiento legal. En estudios realizados sobre las ideas que tienen los niños acerca de lo que es un juzgado, la respuesta coincidía en señalar que “es un sitio donde se lleva a la gente mala”. Creen que en el caso de no decir toda la verdad durante el juicio serán ellos los que irán a la cárcel. No olvidemos que el menor debe realizar el juramento de verdad antes de testificar.




  • Existe la posibilidad de que el menor se encuentre con el acusado en los pasillos de los juzgados. La declaración en el juicio, en muchas ocasiones, se hace cara a cara con el presunto agresor.




  • La posición física elevada que ocupan los actores del proceso (abogados, jueces, etc.), las ropas de abogados y jueces, la existencia de público en la sala pueden intimidar al menor.




  • El menor es forzado a hablar en voz alta y no entiende el vocabulario legal empleado, especialmente cuando es examinado por el abogado de la defensa.

5.2.2. Propuestas





  • A nivel general, se hace necesario que se articulen de forma urgente medidas legislativas y también de práctica judicial para proteger a los menores en los juicios por delitos sexuales, sin merma, por supuesto, del derecho de defensa y de los principios de inmediación y contradicción que asisten al acusado.

Cabe señalar que la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha introducido una aspecto novedoso de carácter procesal que puede redundar en una considerable minoración de las consecuencias que sobre la propia víctima o sobre los testigos menores de edad puede tener el desarrollo del proceso. En efecto, se introduce la cobertura legal necesaria para que no se produzca confrontación visual entre aquéllos y el procesado, pudiéndose para ello utilizar medios audiovisuales. Por congruencia con este principio, la práctica de careos cuando lo testigos sean menores de edad pasa a tener carácter excepcional. Debemos recordar que esta reciente modificación está en consonancia con el tratamiento que algunas instituciones europeas han dado a esta cuestión. En este sentido, el Consejo de Europa en 1985 recomendó que los menores fueran asistidos por familiares o profesionales a la hora de testificar, en 1991, que se adoptaran medidas especiales para amortiguar los efectos de su comparecencia y reforzar su credibilidad y en 1998 volvió a hacer hincapié en la puesta en práctica de las propuestas realizadas. En 1997, el Parlamento Europeo instó a los Estados para que su derecho procesal no permita que los menores revivan de manera traumática los actos delictivos. En algunos países europeos, como Italia, ya se ha procedido a realizar las reformas legales pertinentes para establecer fórmulas específicas en la regulación del interrogatorio de los menores.


A pesar del avance que ha supuesto la modificación introducida por la Ley Orgánica 14/99, se hace necesario seguir solicitando que nuestros textos jurídicos se adecuen a las necesidades y derechos de los niños y que sobre todo se garantice su cumplimiento. De poco sirve que las leyes vayan recogiendo las demandas sociales si por falta de recursos económicos y humanos o por otros motivos no se aplican. Asimismo, todos los adultos intervinientes en el proceso (padres, médicos, policías, psicólogos, abogados, jueces…) deberían adoptar algunas formas de actuación que llevarían a disminuir la experiencia traumática que vivirá el menor. En muchos casos, simplemente se trata de tener cierta sensibilidad o consideración hacia al niño.
Dotación de recursos económicos y humanos para garantizar la aplicación de las leyes.
Por otro lado, existe la creencia errónea de que los niños no dicen la verdad y que son fácilmente manipulables. Ello hace que los procesos penales se alarguen y se endurezcan. Debemos despojarnos de estos prejuicios, sobre todo cuando el delito sexual se produce en el marco de la separación de los padres. En situaciones conflictivas, algunos profesionales ponen en duda la acusación del menor cuando ésta se dirige hacia alguno de los progenitores, considerando que aquélla es infundada y producto de un ataque contra el otro. Sin embargo, otros, como Félix López, profesor de psicología de la Universidad de Salamanca, afirma que “... no se ha de cuestionar la veracidad de los hechos porque cuando los niños cuentan un abuso, no mienten prácticamente nunca”.
A nivel particular, se propone:



  • Articular un procedimiento fiable que permita evaluar en una única declaración en qué medida el relato del niño es real o ficticio. En Derecho comparado, las legislaciones más modernas regulan de forma específica cómo ha de desarrollarse el interrogatorio de menores. Ello reduciría el número de interrogatorios haciendo que fuera un sólo experto o especialista el que lo llevara a cabo. Sería muy deseable que un equipo de psicólogos estuviera presente en la declaración. El testimonio así obtenido estaría libre de suspicacias y sería considerado como definitivo. Existen experiencias en este sentido en países como Bélgica y otros del norte de Europa.




  • Realizar la comparecencia del menor de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de éste, tal y como se establece en la Ley de Protección Jurídica del Menor.




  • Recoger el testimonio del menor en un ambiente que le ofrezca confianza. Se considera interesante la experiencia de otros países que recurren a la figura de un “interrogador juvenil” (trabajadores sociales con formación especializada) encargado de recibir la declaración del menor y de acompañarle cuando comparezca ante los tribunales.




  • Evitar siempre que sea posible la declaración del menor en la Sala de Vistas. Sería muy adecuado que el testimonio del niño fuera grabado en vídeo para ser visualizado ante el Tribunal sentenciador, sustituyéndose así la declaración ante éste del menor. Otra posibilidad es que sea un tercero el que declare en vez del menor. En el Código de Procedimiento Penal italiano se contempla la posibilidad de que sea el Juez quien dirija el interrogatorio, y que las partes no formulen directamente sus preguntas al niño, sino a través del Juez.







  • Reducir los plazos de celebración del juicio. Ello, además, ayudará a que la memoria del niño esté menos deteriorada y, por tanto, su testimonio será más fiable.




  • Evitar posibles encuentros con el acusado en las dependencias policiales y judiciales. Una solución sería que el presunto agresor estuviera ausente de la sala durante la declaración del niño, como ocurre en Alemania. Otra posibilidad para eliminar el contacto visual del niño con el acusado sería establecer paneles móviles o utilizar la técnica de la transmisión simultánea de su declaración por vídeo a la sala donde está el acusado.




  • Garantizar que no se celebren careos y enfrentamientos entre la víctima y el presunto agresor.




  • Garantizar un cuerpo de policía especializado que mantenga un exquisito respeto y preste un trato adecuado del menor víctima del delito. En este punto es preciso reseñar la existencia del GRUME y del EMUME, grupos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil respectivamente, especializados en menores que ofrecen una mayor sensibilidad y experiencia en esta materia. Sin embargo, estos grupos solamente existen en las grandes ciudades. Se hace necesario, por tanto, la extensión del mismo a las pequeñas poblaciones.




  • Formar de manera específica a los abogados, fiscales y jueces y demás profesionales intervinientes en los casos de delitos sexuales. Sería muy deseable que todos ellos recibieran un entrenamiento adecuado para tratar estos casos. En general, puede afirmarse que se tiene un gran nivel de desconocimiento de cómo se produce el abuso sexual, de cómo se detecta y de cuál es la conducta normal del niño en estas ocasiones.




  • Celebrar protocolos de actuación entre los profesionales del ámbito sanitario, judicial, policial y social para ofrecer al menor una protección integral, evitando la reiteración de actuaciones.




  • Establecer que las vistas orales se celebren sin público. Consideramos que es importantísimo que se consagre una prohibición legal, por un lado, de consignar en las informaciones de los medios de comunicación datos que permitan identificar a los menores y, por otro, de obtener o difundir sus imágenes. Es necesario un escrupuloso respeto a la intimidad de la víctima.




  • Informar al niño sobre el juicio y lo que sucederá en él, las personas que verá y qué papel desempeñará. En Escocia, se ha editado un folleto donde se explica de forma sencilla y con ilustraciones lo que sucede durante un juicio. En Dinamarca, el juez asigna al menor un abogado de apoyo que le informa en cada fase del procedimiento sobre lo que va a suceder después. En este sentido, consideramos muy oportuna la recomendación, que se incluye en el Informe “Secretos que destruyen”, de reforzar el status y la importancia de los abogados de apoyo.




  • Evitar que el menor tenga que forzar la voz en el acto del juicio.







  • Evitar que el vestuario de jueces, fiscales y abogados sea una fuente más de temor. Sería muy sencillo que los profesionales del derecho prescindieran de la toga.


A modo de conclusión, entendemos que es fundamental que se lleven a cabo políticas preventivas que eliminen o atemperen las conductas delictivas contra la infancia. Estamos convencidos de que la protección a la infancia debe venir por otros cauces y somos conocedores de que el Derecho Penal no es más que un instrumento tosco, necesario, nunca suficiente, cuya finalidad no es la protección de la víctima, sino el restablecimiento del orden social agredido.
Siendo conscientes de esta realidad, debemos apremiar a nuestros legisladores para que introduzcan las modificaciones pertinentes en nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en aras de evitar que el proceso penal, cuando los menores son víctimas de delitos sexuales, genere una segunda victimización. La consideración hacia las necesidades del menor no puede quedar al libre albedrío de los profesionales intervinientes. En relación a la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de capital importancia que ésta se ponga en práctica, no quedando supeditada a una falta de recursos económicos u humanos o al grado de sensibilidad de los profesionales del derecho.
Finalmente, se hace necesario el desarrollo de cursos de formación y campañas de sensibilización dirigidos a jueces, abogados, fiscales y a todos los profesionales que intervienen en los casos de delitos sexuales para que se sientan vinculados por el interés superior del menor, y que basándose en este principio, se esfuercen por tener presente que el niño o niña que están viendo, al que están interrogando, es una víctima que acude al Derecho Penal en busca de un resarcimiento, pero que ante todo es un niño con unas necesidades y con unos derechos que deben ser protegidos.

III. PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL


  1. ENFOQUE GENERAL DEL TRABAJO DE PREVENCIÓN




  1. METODOLOGÍA GENERAL EN EL TRABAJO DE PREVENCIÓN


3. NIVELES DEL TRABAJO DE PREVENCIÓN
3.1.PREVENCIÓN PRIMARIA

3.1.1.Enfoque general.

3.1.2.Programas en el ámbito comunitario.

3.1.3.Programas en el ámbito sociosanitario.

3.1.4.Programas en el ámbito educativo.

3.1.5.Programas en el ámbito policial y judicial.


3.2.PREVENCIÓN SECUNDARIA

3.2.1. Enfoque general.

3.2.2. Detección.

3.2.2.1. Indicadores.

3.2.2.2. Dificultades en la detección.

3.2.3.Grupos de riesgo.

3.2.4. Contenidos de los programas de prevención secundaria.
3.3.PREVENCIÓN TERCIARIA

3.3.1. Enfoque general.

3.3.2. Cómo prevenir la reincidencia.

3.3.3. Cómo prevenir la revictimización.

3.3.4. Contenidos de los programas de prevención terciaria.

3.3.5. Revelación, comunicación y denuncia.

3.3.5.1. Revelación. Cómo actuar ante ella.

3.3.5.2. Comunicación de la sospecha.

3.3.5.3.Denuncia.


  1. Procedimiento: aspectos médicos, psicológicos, sociales y policiales.

  2. Evaluación de testimonio.

  3. Falsos positivos.

3.3.5.4.El papel de los medios de comunicación en la denuncia.

1. ENFOQUE GENERAL DEL TRABAJO DE PREVENCIÓN
Prevenir el abuso sexual infantil es una labor compleja, que atañe no sólo a los profesionales, sino que ha de desarrollarse involucrando a los distintos agentes sociales de la comunidad. Por eso es importante, antes de entrar a valorar los programas de prevención, establecer a priori tres criterios a los que deben obedecer.
Todo programa de prevención ha de ser diseñado teniendo en cuenta tres requisitos:

  • Debe ir enmarcado en un enfoque de promoción del buen trato a la infancia y de educación afectivo sexual.

  • Debe hacer referencia a unos contenidos mínimos, con independencia de la población a la que vaya dirigido.

  • Debe ir dirigido a la posible víctima pero también al potencial agresor.

El abuso sexual no es sino un modo de maltrato al niño, puesto que vulnera sus necesidades y daña su desarrollo físico, afectivo y social. Sin embargo, es importante valorar sus características diferenciales respecto a las otras tipologías de maltrato, por tres motivos:




  1. El abuso sexual infantil sucede en la mayoría de los casos sin violencia física, pero sí emocional. Se emplea la manipulación y el engaño, o la amenaza y el soborno. Sin embargo, la violencia física solamente media en un 10 por cien de los casos.




  1. Es importante recordar que los niños, sobre todo los más pequeños, viven el abuso con sorpresa -no tienen referente de comparación para el comportamiento del adulto-, como algo ocasional, no intencionado, casi accidental puesto que para ellos es impensable que ocurra otra cosa. Poco a poco, irán percibiendo el abuso como más intrusivo e intencional. Sin embargo, al principio es difícil que se den cuenta de lo que está ocurriendo, por lo que es muy difícil la revelación.




  1. El abuso sexual, como ya se ha explicado, es una cuestión de abuso de poder pero tiene un componente que no debemos olvidar en cuanto a la sexualidad del individuo, tanto del agresor como de la víctima. La vulneración de la sexualidad del niño puede dañar su desarrollo, impedirle establecer relaciones afectivo sexuales normalizadas o inducirle a pautas sexuales erróneas y dañinas.

A juicio de los autores de esta obra, cuando se emprende cualquier tipo de labor de prevención en este ámbito, es necesario mantener un enfoque positivo. No es posible reducir la incidencia del maltrato infantil ni paliar sus efectos en el niño, si no fomentamos unas pautas de trato adecuadas. Los padres y demás adultos cercanos al niño, antes de saber el grado de equivocación con el que hacen las cosas, han de tener una oportunidad de hacerlas bien. En la crianza de los niños, hay una infinidad de cosas que se dan por sabidas, como si “el sentido común” fuera garante de su conocimiento. Esta presunción no es cierta. Los padres a menudo ignoran el modo en el que han de enfrentarse al cuidado de sus hijos, a sus necesidades. De esta forma, esta crianza se suele convertir en un aprendizaje mutuo a base de ensayos y errores.


Por eso, el planteamiento del trabajo en prevención ha evolucionado de la prevención del maltrato infantil a la promoción del buen trato a la infancia. La idea es proporcionar unas pautas positivas de relación, generalizables a otros ámbitos de la vida personal, profesional y social.
Es importante dejar claro que, al igual que dentro del fenómeno “maltrato” se diferencian categorías de malos tratos, también en el buen trato debería hacerse una clasificación similar de buenos tratos. En efecto, hay factores culturales y sociales que diferencian el comportamiento diario. Así, el contacto físico que en los países del área mediterránea se vive como normal en otros países puede resultar agresivo. Conservando siempre la perspectiva del respeto a los derechos del niño como persona y a su integridad física, psicológica y emocional, se ha de comprender que la variabilidad de pautas parentales es mayor de la que a menudo contemplamos.
Los pilares del “buen trato” a los niños y niñas podrían ser los que a continuación se reseñan. Todos ellos deberían respetarse en cualquier tipo de “buen trato”:


  • Reconocimiento del niño como persona y sus derechos. (Ver Anexo 6)




  • Respeto al desarrollo evolutivo del niño. (Ver Anexo 8)




  • Empatía. (Ver Anexo 9)




  • Comunicación efectiva. (Ver Anexo 10)

 Vinculación afectiva e interacción.




  • Resolución positiva y no violenta de conflictos. (Anexo 11)

Dentro del buen trato, y en lo concerniente al abuso sexual infantil, hay un factor al que se ha de dar prioridad: la construcción de vínculos afectivos entre el adulto y el niño. Los padres han de diferenciar la interacción con el niño de la vinculación con él. Cuando un adulto interactúa con el niño está compartiendo su tiempo y proporcionándole una serie de aprendizajes, pero cuando se vincula a él pasa a ser un referente afectivo, una presencia individual e insustituible: lo que haga o deje de hacer en adelante condicionará el desarrollo del menor. Se constituye en espejo, en el cual el niño se mira y va configurando su propia imagen, su propia identidad.


A continuación se detallan algunos de los contenidos que un programa de promoción del buen trato debería englobar:


  • La no violencia en las relaciones personales, sociales e institucionales.




  • El respeto a la igualdad de género.




  • El respeto al propio cuerpo y al de los otros.




  • La potenciación de los vínculos afectivos.




  • La promoción de la tolerancia.




  • El interés superior del niño.




  • El reconocimiento y aceptación de los sentimientos y la afectividad en el trato con los otros.




  • La participación de los individuos en la comunidad.




  • La perspectiva positiva: el reconocimiento de las cosas positivas que acontecen, la promoción que sigan pasando y pasen más, el reconocimiento de lo positivo en los demás.




  • La potenciación de la comunidad como red de apoyo psicosocial, no como algo institucional, sino como un aprendizaje desde las relaciones personales.

En cualquier caso, entendemos que los “valores” que englobamos en el buen trato, no sólo han de constituir la base del trabajo de sensibilización y prevención que realizan los profesionales sino que éstos se ha de obligar a creérselos, a abanderarlos y a practicarlos.



2. METODOLODÍA GENERAL EN EL TRABAJO DE PREVENCIÓN
La metodología que se debería seguir pasa por:


  • La involucración de padres y otros agentes sociales. Un programa de prevención que trabaje solamente con los niños y niñas, por muchas habilidades que les proporcione, será menos efectivo, porque no les facilitará posibilidades de generalización de esas capacidades.




  • El apoyo y asesoramiento a los profesionales de campo. La formación sobre el abuso sexual infantil que poseen los profesionales responsables de la atención a la infancia es limitada. No sólo es importante que profesionales expertos en el campo desarrollen programas de prevención e investigación al respecto, sino que los profesionales que han de detectar y evaluar los casos puedan hacerlo adecuadamente. Save the Children Suecia desarrolla un programa de selección y formación de los profesionales responsables del cuidado a la infancia de modo que se garantice la calidad del trato que reciben los niños y niñas.




  • La consideración especial de grupos vulnerables. A menudo, los programas de prevención primaria sólo están diseñados para poblaciones generales, sin atender a las características diferenciales de algunos colectivos. Por ello, las habilidades o conocimientos que se les proporcionan suelen ser poco útiles, puesto que no pueden aplicarlos en su entorno y realidad.




  • La planificación del programa y de la evaluación del mismo, considerando el contexto familiar y social. Para diseñar un programa de prevención primaria eficaz es fundamental que los contenidos puedan aplicarse en la realidad familiar y social de la persona destinataria y que contemplen las características sociales, económicas y educativas, entre otras, de su contexto vital.




  • La evaluación previa y posterior de todos los programas de prevención. Es necesario establecer pautas que garanticen la aplicabilidad de las actuaciones a otros colectivos, así como su eficacia.

Evaluación de los programas de prevención


En general, los profesionales del ámbito social y, en particular, los que trabajan con niños en situación de riesgo sufren una considerable presión, ya que su trabajo consiste en encontrar soluciones a situaciones que no son nada fáciles de resolver.
Proporcionar un ambiente seguro y satisfacer las necesidades de los niños, especialmente las de aquellos que están en situaciones más precarias, en muchas ocasiones puede tropezar con importantes barreras legales, familiares y sociales. Es especialmente en estos casos cuando resulta más importante demostrar que las intervenciones mejoran las condiciones de vida de estos niños, es decir, que son eficaces.
Por otro lado, la continua escasez de fondos públicos dedicados a la atención social en general debería obligar a que los profesionales realizaran un esfuerzo por demostrar las bondades de sus intervenciones, con el ánimo de evitar cuestionamientos que pueden poner en peligro la continuidad de las mismas.
La realidad nos demuestra que los profesionales, por lo general, están lejos de la implementación sistemática de procesos que permitan evaluar sus intervenciones. Es más, muy frecuentemente tienden a percibir la evaluación como un proceso complicado, costoso y poco rentable.
El gran mérito de la evaluación es que proporciona información acerca de los resultados de todo el conjunto de las actividades que se desarrollan en el seno de una intervención. Es decir, permite determinar en qué medida las acciones que previamente hemos planificado han conseguido los objetivos establecidos (eficacia), en qué medida podría mejorarse la relación entre los objetivos conseguidos y los recursos utilizados (eficiencia) o, simplemente, si se han obtenido otros efectos distintos a los previamente esperados (efectividad).
Evaluar implica, básicamente, emitir un juicio de valor sobre el mérito de alguna cosa4. Para que sea posible realizar juicios de valor con relación a la eficacia y la eficiencia, es necesario que los objetivos del programa sean identificables y medibles, y que exista un sistema de recogida de información relacionado con los mismos.
El cumplimiento de las características indicadas supone un esfuerzo de integración de la evaluación en el proceso de planificación de las intervenciones preventivas. A nivel práctico, supone una planificación y una gestión que tenga en cuenta la creación de los correspondientes protocolos de recogida de información, de introducción sistemática de los mismos dentro de todo el sistema de gestión del programa, la formación de las personas que deben utilizarlos y, finalmente, el procesamiento de toda la información recogida.
La evaluación debe ser entendida como una cultura5, es decir, como un elemento fundamental que impregna y orienta todo el conjunto de actividades que se realizan en un programa, dirigiéndole hacia la mejora continua a través de la facilitación de:


  • La implementación de las actividades del programa.




  • Los procesos de toma de decisiones.




  • La distribución de recursos.




  • El control presupuestario.




  • La participación de los implicados.



La evaluación de un programa juega un papel fundamental porque aporta información en torno a la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo.

La evaluación de un programa conlleva las siguientes ventajas:


  1. Mayor conocimiento del programa y sus resultados. La evaluación es un proceso de aprendizaje común y un proceso acumulativo y sumativo de datos respecto al trabajo. Cada uno de estos datos supone un mayor conocimiento de los profesionales involucrados no sólo respecto a los resultados sino también respecto a la eficacia del programa.




  1. Mayor credibilidad de la intervención. Un programa evaluado es un programa fiable, lo que no significa que la fiabilidad venga en función del procedimiento de evaluación empleado ni que un programa que no haya sido evaluado no pueda ser eficaz, pero la credibilidad y comunicación del programa, así como la oportunidad de aplicabilidad de éste vienen supeditados a una valoración rigurosa.




  1. Mayor participación social a través de los agentes sociales. A lo largo de este trabajo, se reiterará en varias ocasiones que la construcción de redes de trabajo, con intercambios personales entre los profesionales implicados, y una coordinación eficaz e interdisciplinar es requisito imprescindible para una intervención válida. La evaluación del programa supone una oportunidad única de participación de los agentes implicados durante el proceso.


Asimismo, la evaluación de un programa implica el cumplimiento de algunos requisitos que, en ocasiones, pueden suponer un obstáculo para los profesionales:


  1. Dedicación de tiempo. Es importante establecer que el coste mayor de la evaluación no es monetario sino de tiempo de los profesionales involucrados, que son los que han de utilizar los instrumentos, coordinar sus actuaciones y evaluar la eficacia de cada una de ellas.




  1. Costes económicos asociados a la evaluación.




  1. Mayor control sobre las actuaciones realizadas. Como se ha dicho, un programa evaluado es un programa sometido a un juicio de valor y un programa aplicable, pero cuando los profesionales involucrados tienen distintas metodologías o escuelas de trabajo, la desconfianza respecto a la evaluación se incrementa. La evaluación proporciona transparencia a las actuaciones profesionales, pero se ha de optar por ella.


Uno de los puntos importantes a tratar cuando abordamos la evaluación de los programas es que no todos pueden ser evaluados. De hecho, pueden existir problemas que imposibiliten la emisión de un juicio de valor en relación a los méritos del mismo. La valoración de la evaluabilidad6 constituye una herramienta diagnóstica que se utiliza para determinar hasta qué punto puede existir en el programa implementado problemas relacionados con:


  • La falta de definición de los objetivos del programa y/o de los resultados que se esperan.




  • La inexistencia de un sistema de información que proporcione indicadores relacionados con las actuaciones en el programa.




  • La falta de un modelo de intervención con una lógica que justifique unos efectos esperados derivados de la propia intervención.




  • La existencia de barreras a la evaluación por parte de los agentes implicados en ella.

Un programa que integre una visión crítica de sus actividades, a través de un proceso sistemático de evaluación, debería7:




  1. Definir claramente el propósito o finalidad de la evaluación.




  1. Definir claramente los objetivos de la evaluación.




  1. Planificar y gestionar estratégicamente las actividades de la evaluación.




  1. Identificar claramente a los agentes sociales implicados.




  1. Establecer una metodología clara, rigurosa y adaptada a los objetivos de la evaluación.




  1. Desarrollar un sistema de indicadores y de protocolos de recogida de información en concordancia con la finalidad y los objetivos de la evaluación.




  1. Valorar los costes y los beneficios de la evaluación.




  1. Promover la credibilidad del proceso de evaluación.




  1. Asegurar la relación con el proceso de toma de decisiones.




  1. Comunicar los resultados de manera abierta y transparente.


¿Qué tipo de evaluación se puede hacer sobre un programa de prevención?
A continuación, se destacan algunos de los tipos de evaluación que pueden ser realizados sobre un programa de prevención del abuso sexual infantil y otros malos tratos8:


  1. Evaluación de necesidades. Constituye un elemento previo a la planificación de las actividades preventivas. La evaluación de necesidades trata de determinar la dimensión del problema que pretendemos abordar, es decir, en qué medida se detectan necesidades reales en la población a la que va destinado el programa.




  1. Evaluación de implementación. Este tipo de evaluación trata de determinar si el programa se aplica o se desarrolla tal como se planificó sobre el papel. En muchas ocasiones, los programas no son implementados tal como se han diseñado, básicamente porque van surgiendo inconvenientes que no son afrontados con la atención que posiblemente merecen. Es tarea del evaluador saber si lo que se va a valorar responde a aquello que se diseñó en función de los objetivos que se quieren lograr.




  1. Evaluación de la eficacia. Trata de determinar en qué grado el programa alcanza los objetivos previstos. La evaluación de la eficacia implica que previamente los objetivos del programa han debido estar perfectamente definidos.




  1. Evaluación de la eficiencia. Trata de determinar cuál es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados, es decir, se intenta averiguar si se hubieran podido conseguir los mismos resultados con menos recursos.




  1. Evaluación de la efectividad. Este tipo de evaluación trata de determinar si el programa ha conseguido otros efectos diferentes a los buscados a través de los objetivos del mismo. En ocasiones sucede que los programas provocan consecuencias que no habían estado previamente buscadas y/o definidas. La evaluación de la efectividad trata de identificarlas.




  1. Evaluación de la cobertura. Consiste en determinar hasta qué punto las actividades desarrolladas por el programa llegan al público objetivo. Se trata de identificar posibles sesgos y analizar las barreras de acceso al programa.


Algunas de las aportaciones realizadas por la evaluación de programas al campo de la prevención del abuso sexual infantil y otros malos tratos están recogidas por Finkelhor. Este autor se basa en una muestra de 25 estudios de evaluación de programas de prevención dirigidos a menores. Los estudios fueron realizados entre 1984 y 1987 en los Estados Unidos y Canadá. Todos los estudios, excepto dos, fueron realizados con niños y niñas de guarderías y de primaria, es decir, de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Los resultados más significativos son los siguientes:


  • La inmensa mayoría de los estudios descubrieron que los niños adquirían los conceptos de prevención después de someterse a los programas (24 de los 25 coincidieron en estos resultados).




  • A pesar de que los estudios han señalado repetidamente la existencia de un aprendizaje importante, existen algunos conceptos que son asimilados de forma más fácil que otros. Los hechos que constituyen abuso se asumen con mayor facilidad. El concepto más difícil es el hecho de reconocer que el abuso podía provenir de una persona adulta conocida.




  • Al parecer se aprenden más fácilmente los conceptos que los comportamientos. Desgraciadamente, la gran mayoría de los estudios están dirigidos a la adquisición de conocimientos y no de comportamientos.




  • Los estudios también pusieron de manifiesto que algunos niños asimilan mejor los conceptos que otros, es decir, existen diferencias individuales. Los niños más grandes aprenden mejor que los más pequeños, quizás porque se trata de nociones más complejas.




  • La mayoría de los estudios no ha comparado programas, pero parece que los que proporcionan mayor implicación de los niños y los que suponen mayor duración son más eficaces.




  • Los pocos estudios que incluyen un seguimiento a más largo plazo (entre 2 y 8 meses y 1 y 6 meses) indican que los niños tienen más conocimientos que antes del aprendizaje, pero desgraciadamente se produce un descenso de los mismos a medida que transcurre el tiempo. Incluso un estudio indica una pérdida significativa del aprendizaje de un cierto número de conceptos.




  • En relación a los posibles efectos negativos que pudieran producir los programas, los estudios que han interrogado a padres y maestros sobre posibles signos de miedo o ansiedad y los que se dirigían directamente a los escolares no han encontrado problemas.




  • Un aspecto muy importante de los estudios es que, al parecer, los programas facilitan el diálogo entre los niños y los padres. Los niños y las niñas hacen preguntas y hablan sobre el abuso sexual.




  • Parece que el diagnóstico de casos de abuso sexual se ve favorecido en aquellas escuelas que han desarrollado los programas de prevención, debido posiblemente a un mayor conocimiento y una mayor prevención.







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