¿Hay daño al proyecto de vida?



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“¿Hay daño al proyecto de vida?”

por


Jorge Mario Galdós

LL 2005-F-1005.




Sumario


I.- El punto de inicio.-

II.- Daño al proyecto de vida.-

III.- Primeras consideraciones conclusivas.


1. El punto de inicio


El interrogante que nos convoca es verificar si el daño “al proyecto de vida” es un concepto jurídico extraño en el derecho judicial argentino o si, en cambio, la jurisprudencia patria le ha dado cabida en el ámbito del daño resarcible.

La respuesta es afirmativa (aunque con los alcances que luego precisaremos) y surge de la indagación de nuestra casuística, tarea que aquí es provisional y parcial ya que procura -tan solo y en definitiva- desentrañar si constituye un “nuevo daño”, con propia conformación conceptual e indemnizatoria, pero ello limitado únicamente a los pronunciamientos jurisdiccionales como dato empírico, sin poner mayormente el foco en los ricos aportes de la doctrina.

Esta inquietud se incentivó a partir de un reciente estudio de la jurista cordobesa Matilde Zavala de Gonzalez quien, con su habitual agudeza, retomó y enriqueció reflexiones y aportes anteriores, propios y de otros autores 1.

El presente enfoque parte de un presupuesto previo que es necesario especificar. Desde una visión más descriptiva y empírica que valorativa y dogmática, creemos que en nuestra praxis judicial el daño es binario: material o extrapatrimonial, y que el daño a las personas integra una u otra categoría o ambas a la vez y no constituye un rubro autónomo.

De ese modo la afectación o detrimento a la persona humana genera un daño patrimonial y uno moral; y esta división bipartita cobija a los diferentes y más recientes “nuevos” daños: daño psicológico, estético, daño biológico, daño sexual, a la vida de relación, daño a la lactancia, daño material por la incausada omisión de reconocimiento de la filiación biológica, etc. Aún cuando muchos de estos perjuicios tienen autonomía conceptual, generalmente y salvo algunos supuestos particulares, su cuantificación se integra en aquellos items y si bien se los puede discriminar y liquidar por separado, otorgándose sumas individuales, lo cierto es que adquieren emancipación resarcitoria únicamente cuando revisten ciertas notas tipificantes vinculadas con la gravedad, entidad, permanencia e irreversibilidad de la lesión, patrimonial o extrapatrimonial. Así, la postura jurisprudencial extranjera, particularmente del derecho italiano, que reconoce otros daños, como el daño biológico, el daño a la vida de relación y el daño existencial, no son admitidos por los tribunales argentinos. Cabe señalar –reiterando lo que hemos expresado en otras oportunidades- que en aquella orientación proclive a reconocer nuevos daños autónomos, una corriente de opinión en la doctrina nacional sostiene que el daño es al patrimonio y a las personas, siendo ésta última una categoría independiente que abarca varias sub-especies: por un lado el daño moral, identificado con el dolor y el sufrimiento, y por el otro, las restantes alteraciones del bienestar psicofísico, las que tienen su propia estructura (daño juvenil, daño biológico, daño a la vida de relación, etc.); de este modo, y para esta postura, el daño a las personas es un género con su propia identidad, que se aproxima a una suerte de daño extrapatrimonial distinto del moral o de un daño patrimonial diferenciado del daño material y el lucro cesante 2.

La tesis contraria y prevaleciente entre nosotros en la praxis judicial resulta acompañada con el fuerte y simétrico ensanchamiento-en su contenido y en la legitimación-de los denominados daños tradicionales, material y moral, y con la consiguiente dilatación de los rubros resarcitorios genéricos, como la incapacidad sobreviniente que, con exclusión del daño moral, comprende los daños corporales, a la salud y a la integridad psicofísica de las personas 3.

En suma, y con prescindencia del encuadre nominativo que reconoce y admite independencias ontológicas, lo definitivo es que los montos resarcitorios que se asignan a los “nuevos daños”no significa indexar ni los daños ni las indemnizaciones sino que lo que se procura es identificarlos, categorizarlos y cuantificarlos con realismo.

II.- Daño al proyecto de vida.

1.- La constitucionalización del derecho civil y la transnacionalización de la tutela de los derechos humanos incide, aún de modo mediato e indirecto, en el análisis del ensanchamiento del elenco de los daños corporales, a la salud o a las personas.

Reiteradamente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación viene remarcando que el derecho a la vida es “el primer derecho de la persona humana preexistente a toda la legislación positiva y resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes” 4. “El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable. El respeto por la persona humana es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respeto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” 5.

Aún cuando nuestro Código Civil, en la concepción de Vélez Sársfield, tiene una adscripción preponderantemente patrimonialista, no desconoció el daño a la persona como se resalta en las notas a los arts. 2312 y 1075 6, el que hoy se centraliza en la dignidad como epicentro y sustrato del reconocimiento amplio de la tutela de la persona humana. Tan es así que las normas jurídicas que eventualmente violenten los derechos humanos derivados de la dignidad de la persona, serán un no derecho o un derecho inválido 7.

2.- En este contexto se afirma que el daño al proyecto de vida compromete “el ser mismo del hombre, al afectar la libertad de la persona y que trastoca o frustra el proyecto de vida que libremente se formula cada uno para su realización como ser humano” 8. Se designa como proyecto de vida al rumbo o destino que la persona otorga a su vida, es decir en el sentido existencial derivado de la previa valoración, lo que la persona decide hacer con su don de vida 9

En otras palabras: “se consuma una lesión de tal índole cuando se interfiere en el destino del sujeto, frustrando, menoscabando o postergando su realización personal” 10.

Se trata de la mutilación del plan existencial del sujeto, de aquél que conforma su libre, personalísimo, íntimo y auténtico “ser y hacer” y en la medida que ese plan supere el mero deseo, aspiración o expectativa y que se arraige en la probabilidad cierta de que el objetivo vital sería razonablemente alcanzado de no mediar el hecho nocivo. Por ello la alteración debe ser profunda y comprometer las potencialidades, condiciones y predisposiciones ciertas de la persona y encaminadas diariamente a su consecución 11.

Este nuevo daño fue recogido en un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –con jurisdicción internacional sobre nuestro país- que reconoció que constituye una noción distinta del daño emergente y del lucro cesante, “pues atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas” 12. Así y a la par del daño material y moral padecido por quién fue víctima de violaciones a los derechos humanos mientras se encontraba detenida, se admitió la autonomía conceptual del daño al proyecto de vida afirmando que “se asocia al concepto de realización personal que a su vez se sustenta en las opciones para conducir la vida y alcanzar el destino propuesto. Por ende, la pérdida de dichas opciones es reparable aún cuando no se trate de un resultado seguro sino probable – no meramente posible- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos” . Pese a su admisión este daño no fue indemnizado por el Tribunal Internacional toda vez que se argumentó que “la evolución doctrinaria y jurisprudencial no reconoce la posibilidad de su cuantificación independiente” y que “la emisión de la correspondiente sentencia de fondo implica un principio de satisfacción”.

Esa conclusión ha sido criticada por parte de la doctrina ya que un daño sin satisfacción dineraria es un no-daño. Incluso se agrega que esa reparación puede concretarse “en dinero, a título meramente satisfactivo” o mediante otros medios complementarios o sustitutos: desagravio público del Estado agresor reconociendo su responsabilidad al lesionar derechos humanos, publicación de la sentencia condenatoria, restitución a la víctima al trabajo u ocupación que debió abandonar, etc. En otro antecedente la Corte Interamericana en un caso en el que la víctima, un estudiante, había sido sometido a torturas y tratos degradantes, consideró que la vía más idónea para restablecer su proyecto de vida es que el Estado le proporcione una beca de estudios superiores o universitarios, con el fin de cubrir los costos de la carrera profesional en un “centro de reconocida calidad académica escogido de común acuerdo entre la víctima y el Estado” 13.


La referencia al antecedente de la Corte Interamericana tiene importancia en el derecho patrio porque los fallos que pronuncia en materia de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio para la República Argentina (art. 68 ley 23054, Pacto San José de Costa Rica, y art. 75 inc. 22 Constitución Nacional).


En un resonado precedente “Bulacio”, al que nos hemos referido en anteriores oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por violación del derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, y al no ser posible la “restitutio in integrum” la reparación se realizó, “inter alia”, según la jurisprudencia internacional, y se otorgó una compensación pecuniaria juzgada según la equidad, pero que –se afirmó- debe consistir en una “justa indemnización” 14.

En el catálogo de los daños resarcibles se reconoció -entre otros- el daño material comprensivo del “daño patrimonial familiar” para los familiares (la madre, la hermana y la abuela) de la víctima fallecida “que perdieron sus trabajos o la posibilidad de realizar actividades cotidianas debido al cambio de sus circunstancias personales como consecuencia de los hechos juzgados”, a las que de indemnizó con U$S 21.000 para las tres. Se admitió también la indemnización por “pérdidas de ingresos” del damnificado en una suerte de valor económico “per se” de la vida humana, fijándose ese rubro en U$S 100.000 para el joven fallecido, de 24 años, que trabajaba como caddie en un campo de golf y que percibía aproximadamente U$S 400 mensuales. El “daño inmaterial” se otorgó por “los sufrimientos y aflicciones y el menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”; así se indemnizó el daño extrapatrimonial mismo de la víctima y el de su padre fallecido, cuya porción se distribuyó entre los familiares sobrevinientes (U$S 55.000 para la víctima fallecida; U$S 50.000 para la madre; U$S 30.000 para la hermana; U$S 35.000 para la abuela y U$S. 30.000 para el padre fallecido) 15.

Pero la resonancia del precedente internacional se expande más aún ya que nuestra Corte Suprema, en ese mismo caso, subordinó sus decisiones al contenido de lo resuelto por el Tribunal Internacional, por ser éstas decisiones de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino. Con ese fundamento, y dejando a salvo su opinión contraria, abandonó su postura anterior 16 y declaró inaplicables las disposiciones de derecho local sobre extinción de la acción penal por prescripción que en principio no podría considerarse alcanzada por las reglas de derecho internacional incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en materia de imprescriptibilidad 17.

Más tarde en la causa “Simón” consolidó la Corte Federal la incidencia local de los tratados internacionales y de la responsabilidad asumida por el Estado Argentino en materia de derechos humanos y por los crímenes de esa humanidad 18.


3.- Retomando ilación en torno al daño al proyecto de vida en el derecho jurisdiccional patrio la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha acudido a la noción de “el desarrollo pleno de la vida” como figura equivalente, o al menos cercana, al daño “al proyecto de vida”, en cuanto importante parámetro valorativo que integra, a modo de sub-especie, la incapacidad psicofísica o sobreviniente (art. 1086 Cód. Civ.).

Afirma invariablemente que la integridad personal “tiene por sí misma un valor indemnizable” y “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral”. La lesión a la integridad física “comprende a más de aquella actividad económica diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida”, que en –ese caso juzgado- alcanzó “restricciones casi absolutas”19. Esta es, según lo creemos, una de las primeras manifestaciones concretas en la que se alude más explícitamente al daño al proyecto de vida bajo la denominación “frustración del desarrollo pleno de la vida” y que se lo incluyó en el daño material por la incapacidad sobreviniente.

En ese antecedente –causa “Pose”- la cuantía por la incapacidad total, irreversible y definitiva de un estudiante universitario, de 24 años, equivalente al 100% de responsabilidad, se fijó en $ 500.000, destacándose que la falta de acreditación de “la existencia del lucro cesante no es óbice para resarcir la incapacidad” del actor.

Posteriormente el Superior Tribunal reiteró esa doctrina y también computó “la frustración del desarrollo pleno de la vida” como parámetro de ponderación del detrimento de la integridad física y psíquica. Se decidió que la incapacidad psicofísica de la víctima, parcial y permanente del 45% -del ama de casa, de 52 años- comprensiva del valor en sí de la integridad, afecta “no sólo el área laboral sino toda su vida de relación por la secuela imposible de recuperar con tratamiento y susceptible de agravarse en el futuro” 20.

Luego, en “Millone”, la Corte Suprema Nacional consideró que una gran discapacidad incidirá en la frustración del “desarrollo pleno de la vida” del trabajador y de su familia, por lo que el impedimento legal de optar por una indemnización de pago único afecta “el ámbito de libertad constitucionalmente protegido al que se inserta su proyecto de vida” 21.

Es necesario formular dos distingos. En este precedente, y remitiéndose a la causa citada “Pose” 22, la Corte Federal consideró, por un lado, que la “frustración del desarrollo pleno de la vida” del trabajador resultaba de la grave incapacidad psicofísica que repercutía no sólo en la esfera económica sino en todos los ámbitos (doméstico, cultural y social) de la víctima. Agregó que “un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador –y en su caso, a la familia de éste- a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo”. Empero, y por otro lado, la inconstitucionalidad del articulado de Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto impide a los damnificados por incapacidades más severas el pago indemnizatotrio en una única vez y de modo completo , el que se impone en forma de renta, se fundó en el parámetro hermenéutico de que esa modalidad reparatoria conculca la libertad de la víctima, porque el ámbito del “proyecto de vida es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo”. Es evidente, entonces, la interrelación entre incapacidad (como daño material) y la frustración del “desarrollo pleno de la vida” a fines de mensurar la entidad y alcances de ese daño patrimonial y, desde otra perspectiva, la interrelación libertad-“proyecto de vida” (denominación diferenciada de la anterior: “desarrollo pleno de la vida”) como pauta para concretar el “test de constitucionalidad” de la norma que se invalidó.

Ello no obsta que, según lo entendemos, el contenido del daño definido doctrinariamente como “al proyecto de vida” es el receptado por la Corte Nacional bajo la locución “frustración pleno del desarrollo de la vida” para el daño material por la incapacidad sobreviniente del art. 1086 Cód. Civ.

Como esencialmente resulta de los precedentes mencionados, la Corte Suprema Nacional, en criterio sustentado al resolver cuestiones de derecho común, considera al daño al proyecto de vida como elemento tipificante de la incapacidad sobreviniente, de la disminución o supresión de las aptitudes psicofísicas de la víctima en el ámbito del daño patrimonial. Son aquí de aplicación nuestras consideraciones conclusivas anteriores en el sentido de que el dato empírico que proviene de los fallos judiciales es que la incapacidad sobreviviente, con sustento normativo en el citado art. 1068 Cód Civ, opera como una suerte de norma residual, abierta y recepticia de todos los daños a la persona y a la salud que no son daño moral 23.

Sin embargo no puede (ni debe) soslayarse que en anterior antecedente, partiendo también de la concepción elaborada anteriormente de que la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable 24, se consideró dentro de los gastos médicos de convalescencia y restablecimiento a los gastos psicológicos y psiquiátricos solicitados como daño material, toda vez que esa asistencia profesional especilizada permitirá ayuda a la víctima a “aceptar su situación para elaborar un nuevo proyecto de vida” 25.

El daño al proyecto de vida pivotea, entonces, como detrimento material que se emplaza en la integridad psicológica y física en tanto menoscabo a la salud, ya operado (en el rubro incapacidad), o que se procura reestablecer con tratamiento adecuado (en el rubro gastos de tratamiento asistencial)

4.- Empero el daño al proyecto vital no siempre tiene acogimiento en la dimensión patrimonial del menoscabo ya que, a veces, se lo incluye dentro del perjuicio extrapatrimonial o moral.

En tal sentido el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial de 1998 se refirió al daño al proyecto de vida únicamente como un daño extrapatrimonial, ajeno al patrimonial. Establecía que “el daño extrapatrimonial comprende al que interfiere en el proyecto de vida, perjudicando a la salud física o psíquica o impidiendo el pleno disfrute de la vida, así como al que causa molestias en la libertad, en la seguridad personal, en la dignidad personal, o en cualesquiera otras afecciones legítimas” (art. 1600, ap. b). Además estatuía que “la responsabilidad por daño al proyecto de vida no puede ser excluida ni limitada, salvo en los casos en que lo autoriza la ley” (art. 1642, c). Este criterio que circunscribe al perjuicio extrapatrimonial el daño al proyecto de vida es resistido por parte de la doctrina 26

En la Suprema Corte de Buenos Aires se ponderó particularmente como factor de incidencia en la configuración del daño moral el “truncamiento del destino vital” de una adolescente con secuelas que limitaban su actividad física y con posibilidades ciertas de desarrollar en el futuro una epilepsia, incluyéndose y remarcándose en el daño extrapatrimonial la explicita referencia a que la joven no podía realizar en plenitud su proyecto de vida 27.

Sin embargo, y poniendo de manifiesto las dificultades que viene exhibiendo la jurisprudencia para encasillar el daño al proyecto de vida, se indemnizó en $ 400.000 la incapacidad sobreviniente a la víctima, soltera, de 28 años, instrumentadora, que contrajo H.I.V. en el hospital en el que trabajaba, englobando en ese rubro “la chance de la frustración de la expectativa de participar en una actividad de concreción futura y variable” (su profesión de psicóloga, carrera que estudiaba), lo que afectó su capacidad de producir. Y en el daño moral, por el que se otorgó $ 450.000, se incluyó una suerte de truncamiento al proyecto de vida: “resulta indudable la frustración, no sólo en algunos aspectos de la vida cotidiana, sino en el desarrollo del plan de vida abarcativo de todas las áreas en que la actora estaba razonablemente en condiciones de desenvolverse”. Concluyó el fallo señalando que se “ha anulado la posibilidad de intentar un proyecto de vida para el cual se había preparado y merecía intentar” 28.

5.- La cuestión de la existencia del daño al proyecto vital presenta muchos y difíciles ribetes que se enriquecerán con el debate doctrinario: si conviven sólo “el” o “los” proyectos de vida, cual es la entidad de las lesiones físicas o psíquicas idóneas para desencadenarlo, el grado de permanencia para que se afecte la estructura misma del sujeto, cómo se deslinda e interrelaciona conceptual y dinerariamente con los otros daños, si tiene independencia plena y completa, etc.

Parece claro que el daño debe ser grave como para afectar la estructura básica de un proyecto existencial personal, por lo que su entidad debe superar un standart medio de aflicciones a la salud. Las molestias al descanso, tranquilidad, sosiego, seguridad, es decir las alteraciones “tolerables” del bienestar psicofísico propia de las afectaciones “menores” del derecho ambiental, carecen –por vía de principio- de envergadura suficiente para conformar el daño al proyecto vital 29. Su noción es más propia –aunque no excluyente- de la denominada gran discapacidad o caso del “gran lisiado”, de víctimas con “secuelas mayores” o con “lesiones severas”, en los que más allá del porcentaje de incapacidad (es decir, aún cuando no sea total) se genera un estado de imposibilidad de realizar cualquier tarea remunerativa, requiriéndose generalmente de la asistencia de terceros, aún en forma discontinua, para afrontar la satisfacción de las necesidades mínimas. Su característica es la entidad y magnitud de la afectación a la salud y sus secuelas, como en el caso de los estados de vida vegetativa, paraplejias, daño neurológico, amputaciones de ambos miembros, perturbaciones mentales profundas, etc. 30.

El destino vital tronchado se acerca a las lesiones físicas y psíquicas de envergadura y por regla la libertad de elección del hombre, que sustenta desde el plano teórico e uis filosófico la nocividad y resarcimiento de su frustración, repercutirá más que en los “proyectos” –como lo plantea Zavala de Gonzalez- en “el” proyecto vital, generalmente familiar y/o laboral.

6. Tampoco será tarea sencilla diferenciar este perjuicio de la pérdida de ciertas chances, particularmente las derivadas de proyectos laborales esenciales, que en ciertos casos y para resarcir la repercusión patrimonial de la incolumnidad física menoscabada tiene un creciente campo de aplicación en el ámbito de la frustración de chances.

En ese sentido la Corte Federal incluyó en la patrimoneidad del daño el rubro peticionado como “consecuencias patrimoniales patrimoniales producidas por el infortunio en cuanto a la frustración de sus posibilidades de éxito en el campo deportivo”. Indemnizó con $ 300.000 el daño cierto y resarcible, en los términos del art. 1067 Cód. Civ. (lo que supera la hipótesis de daño eventual), conformado “por las posibilidades suficientes de buen éxito deportivo y económico” del actor –un joven futbolista profesional- con razonables expectativas de “incorporarse a niveles internacionales con los consiguientes beneficios materiales que traerán aparejados”. Esa reparación se otorgó además del daño moral, el que se cuantificó en $ 300.000, y del daño material por la incapacidad parcial y permanente del 38% de la total obrera, tarifada en $ 50.000 31.

La praxis judicial revela más recientemente la reiteración de estas pretensiones de pérdidas de chances cuando los miembros de las fuerzas de seguridad y policiales demandan al Estado Argentino reclamando “la pérdida de chances de ascender en su carrera”. La jurisprudencia es oscilante y por vía de principio la tendencia predominante es más bien restrictiva considerándolo un daño conjetural y no cierto 32, o una mera probabilidad 33. En otros casos se admitió la pérdida de la chance de competir para alcanzar un grado más en su carrera en el Ejército Argentino y culminar en él su actividad 34.

La pérdida de la chance de futuros ascensos es un daño resarcible –se afirma- cuando implica una probabilidad suficientes de beneficios económicos que resultan frustrados por acto imputable al responsable 35

Se suele distinguir entre la pérdida de la chance de ascender profesionalmente en el escalafón militar, lo que no es automático sino aleatorio y depende de varios factores, de “la chance de competir con otros oficiales o compañeros para aspirar al grado de culminación de la carrera” 36. Inclinándose por la posible configuración de daño cierto en esta hipótesis fáctica se rechazó empero la pretensión en el caso puntual atendiendo a los antecedentes laborales desfavorables de la víctima 37.

Según la doctrina de la Corte Federal se configura chance indemnizable cuando existe “un interés actual del interesado” lo que se verifica sólo si “quien se pretende damnificado llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida” 38. Con esa base, en un repetido precedente, se resolvió que “no procede indemnizar el lucro cesante resultante de la incapacidad derivada de un accidente sufrido por un funcionario policial si en el caso no existe la probabilidad objetiva de que de continuar el actor prestando servicios habría ascendido paulatinamente hasta alcanzar los grados máximos del escalafón policial, pues durante su carrera fue pasible de numerosas sanciones disciplinarias no se destacó en los cursos emprendidos y sólo tuvo una recomendación” 39. Si bien y como se vio se desestimó el lucro cesante, se admitió en cambio el daño como pérdida de chances “ya que el accidente ha privado al actor de la posibilidad futura de ascender y, por ende, de obtener los beneficios en cuestión”. En otro antecedente, empero, se ponderó que la minusvalía física del actor le produjo padecimientos espirituales (daño moral) porque le impidió ingresar en la Escuela de Penitenciaria de la Nación, en la que había sido seleccionado 40.

7.- De la rica problemática que exhibe el tema sobresale –entre otros- lo atinente a su autonomía conceptual y resarcitoria; algunas posturas se inclinan por reconocerle rango de rubro autónomo 41.

De las opiniones que se comienzan a insinuar, Agoglia afirma que la “la expresión de daño al proyecto de vida, puede ser resarcible a título de pérdida de chance, cuando lesiona intereses materiales. En cuanto signifique la minoración de un interés espiritual, su resarcibilidad corresponderá a título de daño moral”42. Zavala de Gonzalez señala que “la frustración de un proyecto de vida tiene (siempre) contenido espiritual o, con frecuencia, económica 43.

Ambas postulaciones no son incompatibles y resultan parcialmente armonizables y revelan –desde la doctrina- lo que empíricamente se registra en el terreno judicial.

Nosotros creemos también –en este inicial acometimiento del tema- que las dos esferas del daño moral y material, alternativa o simultáneamente, son carriles instrumentales autoabastecientes para reconocer resarcitoriamente este daño conceptualmente autónomo.


3. Primeras consideraciones conclusivas


El daño al proyecto de vida si bien no es un concepto difundido ni afianzado en la praxis jurisprudencial argentina, ni tiene una acepción unívoca, no resulta totalmente extraño en la crónica judicial y se lo cohonesta con la frustración o tronchamiento de objetivos vitales, de marcada relevancia y gravitación y con probabilidad objetiva y cierta de ser alcanzados.

Se lo ha incluido como item integrante del daño moral, de la incapacidad sobreviniente o de la frustración de chances patrimoniales cuando se vinculó con la pérdida de desempeños laborales.

En una primera impresión el carácter dual del daño condujo a su encasillamiento en la patrimoneidad, a través de la incapacidad o de la pérdida de chances, especialmente en el terreno laboral o productivo; y en el daño moral cuando se atienden a las afectaciones de intereses extrapatrimoniales.

Pese a que el daño al proyecto de vida no se trata de un instituto completamente elaborado y que su noción es bastante difusa y ambigua, puede igualmente ser estudiado y analizado a partir del desarrollo teórico y práctico del basamento normativo existente, intentando definirlo y precisarlo, delineando sus cualidades esenciales según su adscripción al daño patrimonial o al moral o en ambos.

El daño al proyecto de vida refleja, al menos hasta ahora, la problemática propia de todos los “nuevos” daños al acentuar la necesidad imperiosa de resolver el triple problema de identificarlo, categorizarlo y cuantificarlo. Identificarlo significa individualizar y precisar su contenido y deslinde, dotándolo de autonomía conceptual; categorizarlo importa subsumirlo, según el caso, en una o en ambas órbitas del daño patrimonial o extrapatrimonial, discriminando su incidencia en la repercusión final de ese género. Cuantificarlo, en tanto nada sencilla etapa final, implica asignarle valor pecuniario, sea separado del rubro genérico(daño patrimonial o moral) o dentro de ellos, según las conveniencias prácticas del caso en juzgamiento, lo que obviamente necesita insoslayablemente de su previa y concreta individualización.

Su emancipación nominal o conceptual no conduce a una independencia resarcitoria que confunda, duplique o superponga ni los daños ni su cuantía. No se pretende auspiciar snobismos retóricos o abstracciones discursivas vacías de contenido que impliquen, de modo expreso u oculto, indexar los daños a las personas o incrementar incausadamente las indemnizaciones.

A partir de la noción de daño jurídico, sea que se lo entienda como la afectación de intereses lícitos merecedores de tutela, como la lesión de bienes jurídicos o de derechos que deben ser protegidos, o como la consecuencia, repercusión o efectos de ese ataque, el punto decisorio es identificar, categorizar y cuantificar el daño al proyecto de vida a partir de su patrimonialidad y/o extrapatrimonialidad.

Creemos que el desarrollo del daño al proyecto vital puede desenvolverse satisfactoriamente en el carril de las dos únicas exteriorizaciones del daño, como material o moral, según criterio dogmático que es de aplicación para todos los daños, los clásicos y los “nuevos” 44.

De lo que se trata, más bien, es de atender a la “justa indemnización”, según expresión de la Corte Interamericana de Justicia empleada incluso para la reparación de equidad 45, y de la Corte Suprema de Justicia según locución de antigua data a la que se recurrió para tipificar a la reparación plena. Se dijo allí que resulta inconstitucional una indemnización que no fuera “justa”, puesto que indemnizar es “eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento lo que no se logra si el daño o el perjuicio subsisten en alguna medida´´ 46. Esta doctrina de la Corte de Justicia de la Nación fue a la que acudió más recientemente en “Aquino” para retomar el criterio de que el principio de la reparación plena tiene jerarquía constitucional (art. 19 Const. Nac.) y que no admite “atenuación en la doctrina constitucional” 47.

Desde allí, y desde entonces, se expandió a los restantes tribunales la pauta hermeneútica, de linaje constitucional, que asienta la suficiencia o insuficiencia de la cuantía reparatoria de la indemnización prevista en una normativa específica, a su cotejo, comparación o confrontación con la indemnización propia del derecho común 48.

Sólo la “justa reparación” es la “reparación íntegra” del daño inmerecido y la reparación plena comprende “todo” el daño; no es más pero tampoco menos que el concreto perjuicio que sufrió la persona humana, atendiendo a toda su particular singularidad. Si bien el “nomen iuris” contribuye a evitar superposiciones conceptuales e indemnizatorias y obviamente a tipificar el instituto, lo que realmente importa es lograr una adecuada simetría entre el “quid” y el “quantum” del daño jurídico, en base a las imprescindibles pautas de realismo jurídico y razonabilidad judicial.



1 Zavala de Gonzalez Matilde “Daño a proyectos de vida” Revista Responsabilidad Civil y Seguros Año VII-Nº. 4 Abril 2005, pág. 1 y La Ley 4/7/2005 pág. 1. Ver: Fernández Sessarego Carlos “El daño al “proyecto de vida” en una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en anotación a fallo Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27/11/98, “Loayza Tamayo María E.” Revista Responsabilidad Civil y Seguros 1999-209; Fernández Sessarego Carlos en “Nuevas reflexiones sobre el daño al proyecto de vida”, RRC y S, 2002-272; Fernández Sessarego Carlos “Protección a la persona” en Andorno-Cifuentes y otros, “Daño y protección a la persona humana”, Ed. La Rocca, Bs. As., 1993; p. 21; Fernández Sessarego Carlos “Daño moral y daño al proyecto de vida” en Revista de Derecho de Daños Nº. 6 “Daño moral”, pág. 25; Fernández Sessarego Carlos “Apuntes para una distinción entre el daño al proyecto de vida y el daño psíquico” en “Los derechos del hombre. Daños y protección a la persona”, Coord. Carlos A. Ghersi, Ediciones Jurídicas Cuyo, pág. 17.

2 Ver: Mosset Iturraspe Jorge “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad” en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº. 1. “Daños a la persona” Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992 p. 9; Mosset Iturraspe Jorge “Daño moral-Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona” en Revista Derecho de Daños Nº. 6, “Daño Moral”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1999, p.

3 Ampliamos en Galdós Jorge M. “Daños a las personas” en RRC yS, Febrero 2005, pág. 5; “Un caso de gran discapacidad, en un fallo ejemplar” en anotación a fallo Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala III, 24/2/2005, “Líol Ester y otro c/ Ministerio del Interior” La Ley 20/4/2005; “Acerca del daño psicológico” en JA 2005-fasc. 10 p. 3; “Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires” Revista de Derecho de Daños 2004-3 “Determinación Judicial del Daño-I”, pág. 31; “Nuevos daños a la persona en la sociedad de riesgo” conferencia pronunciada en el VIII Congreso Internacional de Derecho de Daños, (Bs. As. 9 de junio de 2005).

4 CS, 6/11/80, “Sagüir y Di Claudia G.” voto concurrente de los Jueces Frías y Guastavino, Fallos 302: 1285 (en el caso se autorizó a un menor a que se la practique la ablación de uno de sus riñones para ser implantado en su hermano, interpretando el art. 13 de la ley 21541 sobre transplante de órganos); CS, 27/1/87, 27/1/87 “Baricalla de Cisilotto María del Carmen c/ Nación Argentina”, Fallos 310:113 (se rechazó el amparo pretendiendo se suministre a un menor el complejo crotoxina ya que la autoridad administrativa legalmente autorizada había informado que esa sustancia no producía, en ese momento, los efectos científicos pretendidos).

5 CS, 6/4/93, “Bahamondez Marcelo s/ medida cautelar”, votos concurrentes, Fallos 316:479 (en ese precedente se confirmó primacía a los derechos a la intimidad y a la libertad de conciencia y a profesar su culto por sobre el derecho a la propia vida del miembro del culto “Testigos de Jehová”, que se negó a recibir transfusiones sanguíneas).

6 Messina de Estrella Gutierrez Graciela en Bueres Alberto-Highton Elena “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial” T. 3-A 3ª, Bs. As. Ed. Hammurabi, 1999, p165.

7 Alegría Héctor “Humanismo y Derecho a los Negocios” en su discurso de incorporación en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. La Ley junio de 2004 p. 23.

8 Fernández Sessarego Carlos “Protección a la persona” en Andorno-Cifuentes y otros, “Daño y protección a la persona humana”, cit. Ed. La Rocca, Bs.As., 1993, p55.

9 Mosset Iturraspe Jorge “El valor de la vida humana” Ed. Rubinzal-Culzoni 4ta. Ed. Sta. Fe, 2002, p. 30.

10 Zavala de González Matilde, “Daño a proyectos de vida” cit. RRC y S Año 2005-VII Nº. 4 Abril 2005-1.

11 Ver: Zavala de González Matilde, “Daño a proyectos de vida” cit. RRC y S Año 2005-VII Nº. 4 Abril 2005-1; Galdós Jorge M. “Daños a la persona” cit. en RRCyS, Febrero 2005, cit. pág. 21

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27/11/98, “Loayza Tamayo María E.” con nota de Carlos Fernández Sessarego “El daño al “proyecto de vida” en una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” cit. Revista Responsabilidad Civil y Seguros 1999-209.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, 3/12/01, caso “Luis Alberto Cantoral Benavídez”, cit. por Fernández Sessarego en “Nuevas reflexiones sobre el daño al proyecto de vida”, RRC y S, 2002-272; Zavala de Gonzalez Matilde “Daño a proyectos de vida” cit. RRCy S Año VII-Nº. 4, Abril 2005 pág. 1. Fappiano Oscar “El daño al Proyecto de vida” en el Proyecto de Código Civil de la República Argentina frente al derecho Internacional de los Derechos Humanos” RRCyS 2000-95.

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 18/9/2003, “Bulacio c/ Argentina” LL 2004-A-682, 3. con nota de Luis M. García. Julieta Di Corleto.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 18/9/2003, “Bulacio c/ Argentina” LL 2004-A-682, 3. con nota de Luis M. García. Julieta Di Corleto.

16 CS, 21/8/2003 “Resolución 1404/2003, Procurador del Tesoro de la Nación s/ presentación” JA 2005-I, fasc. nº. 2, pág. 21, con nota de Ricardo D. Monterisi y Ramiro Rosales Cuellos “La sentencia arbitraria como vulneración al debido proceso: su tutela doméstica y en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”.

17 CS, 23/12/2004, “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa” elDial AA26CD “El caso Bulacio” con nota de Mario A. Juliano.

18 CS, 14/6/2005, “Simóm, Julio H. y otros ” con nota de Roberto J. Boico “El ocaso de las leyes de punto final y obediencia debida” LL 30/6/2005, pág. 4.

19 CS, 1/12/92, “Pose José Daniel c/ Provincia del Chubut y otra” Fallos 315:2835, en reenvío a Fallos 308:1110 y Fallos 312:2412.

20 CS, 21/5/2002, “Camargo Martina y ot. c/ Provincia de San Luis”, Fallos 325:1157.

21 CS, 26/10/2004, “Millone Juan c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente-ley 5688”

22 Fallos 315:2834. Considerando 12.

23 Ampliamos en Galdós Jorge M. “Daños a las personas” en Revista Responsabilidad Civil y Seguros, febrero 2005, pág. 5.

24 CS, 5/9/86, “Honorio Juan Luján c/ Nación Argentina”, Fallos 308:1110.

25 CS, 12/12/89 “Ortiz Eduardo Adolfo, Ortiz Enrique A. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos” Fallos 312:2416, Considerando 10 y 11.

26 Tale Camilo “Cuarenta y dos objeciones fundamentales al Proyecto de Código Civil de 1998, en materia de responsabilidad” ED 191-953; Mosset Iturraspe Jorge “El valor de la vida humana” cit. p. 30.

27 SCBA, Ac. 78851, 20/4/2005, “T., S.R. y ot. c/ Rivero Roberto y ot. Daños y Perjuicios”, voto Dr. Eduardo de Lázzari.

28 Cám. Nac. Civ., Sala L, 27/11/95, “N.N. c/ Municipalidad de Bs. As.” JA 1996-IV-400 y LL 1997-E-615.

29 Ver: Sup. Trib. Just. Jujuy, 21/2/2005, “Yazlle, Juan José – Aparicio, Marcela Beatriz c/ Ibiza For Ever y Salinas, Hugo Luis”, con nota de Nelson G. A. Cossari “La protección de la esfera vital ante las inmisiones intolerables” en Revista de Derecho ambiental, dir. Néstor A. Cafferatta, LexisNexis, abril/junio 2005, pág. 231.

30 Galdós Jorge M. “Un caso de gran discapacidad, en un fallo ejemplar” cit. en LL 20/4/2005.

31  CS, 28/4/98, “Zacarías Claudio H. c/ Córdoba Provincia de y ots.” ED 181-203 y LL 1998-C-31 con nota de Jorge Bustamante Alsina “¿Es responsable la asociación del futbol argentino por los daños que se generan en ocasión de las competencias que organizan sus entidades afiliadas?”.

32 Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. Sala III, 1/6/2004, “Galeano Argentino c/ Estado Nacional”

33 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com. Sala II, 21/11/2002, “Avila Jorge M. c/ Ejército Argentino” DJ 2003-1-769.

34 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com. Sala II, 25/6/2004, “Herrera, Antonio D. c/ Ejército Argentino” LL 27/10/2004, pág. 13.

35 Ver Trigo Represas Félix-López Mesa Marcelo “Tratado de la Responsabilidad Civil” Ed. La Ley Bs. As. 2004-T. I p. 473 Nº. 6, citas 38 y 39.

36 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala III, 1/6/2004, “Galeano Argentino R. c/ Estado Mayor General del Ejército” LL 27/5/2005, p. 11, con nota de Marcelo Hersalis, Eduardo Magri y Gabriel Talco “La pérdida de la “chance” y sus notas tipificantes”; Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala III, 21/3/2005 “V., C.B. c/ Policía Federal” LL 30/6/2005, p. 4. En el precedente Cám. Nac. Fed. Civ. y Com. sala II, 28/2/2005, “E., L. C. c/ Policía Federal Argentina” quedó firme el rechazo de Primera Instancia de la pérdida de chance, LL 1/7/2005, p. 5.

37 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala III, 21/3/2005 “V., C.B. c/ Policía Federal” LL 30/6/2005, p. 4.

38 CS, 8/3/94, “Rodríguez Santorum, Claudio c/ Tap Air Portugal” JA 1995-IV-141.

39 CS, 5/9/96, “Honorio Juan Luján c/ Nación Argentina” Fallos 308:1109.

40 “Ortiz, Eduardo Adolfo (menor); Ortiz, Enrique Angel c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios” Fallos 312:2413.

41 Mosset Iturraspe, Jorge “El valor de la vida humana”, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 2002-, págs. 30 y 31, Fernández Sessarego Carlos “El daño al proyecto de vida en una reciente sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos”, RCyS, 1999-1324 cit. en esa tendencia Burgos Osvaldo R. en “El daño extrapatrimonial de los llamados damnificados indirectos ante supuestos de irreversibilidad de las consecuencias dañosas. Daño al Proyecto de Vida, Daño existencial, Daño moral o el hombre como límite del Derecho”. Ponencias en el VIII Congreso Internacional de Derecho de Daños. Por una sociedad más equitativa” U.B.A., Bs. As. junio 2005.

42 Agoglia María Martha “El daño jurídico. Enfoque actual” Ed. La Ley, Bs. As. p. 89.

43 Zavala de Gonzalez Matilde “Daño a proyectos de vida” cit. RCyS Año VII, Nº. 4-1

44 Nos remitimos a las conclusiones vertidos en los trabajos referidos supra en cita 3.

45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 18/9/2003, “Bulacio c/ Argentina” LL 2004-A-682, 3, con nota de Luis M. García. Julieta Di Corleto.

46 CS, 26/6/67, “Provincia de Santa Fe c/ Nicchi Carlos Aurelio” Fallos 268:112, considerandos 4to. y 5to.

47 CS, 21/9/2004, “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.” ED 210-881, con nota de Rodolfo Aricó “Reparación de daños en materia laboral. A propósito de los fallos de la Corte en las causas “Vizzoti” y “Aquino”; RRCyS 2004-537, con nota de Ghersi Carlos A. “La Corte Suprema de Justicia y el Caso Aquino. La realidad y el Derecho. Lo obvio no es lo cierto” con nota de Castagnino Laura “El caso “Aquino”: la supremacía constitucional ” Pizarro Ramón Daniel “La Corte consolida la jerarquía constitucional del derecho a la reparación (primeras reflexiones en torno a un fallo trascendente y a sus posibles proyecciones futuras)” LL 2004-F-90; con nota de Vázquez Ferreyra Roberto A. “Algunas ideas sobre el fallo “Aquino” LL 2004-F-99; Capón Filas Rodolfo “Ciudadanos en la ciudad, ciudadanos en la empresa” LL 2004-F-107; López Mesa Marcelo “Una declaración de inconstitucionalidad largamente esperada” LL 2004-F-112; Castrillo Carlos V. “Un acertado paso formal que abre un futuro incierto… ¿se regirá efectivamente el Código Civil en los reclamos por accidentes de trabajo?” LL 2004-F-123; Schick Horacio “La Corte declará inconstitucional una norma discriminatoria contra los trabajadores” LL 2004-F-127.

48 S.C.B.A., Ac. L 87394, 11/5/2005, “V.D.C., M.C. y otros c/ Municipalidad de San Isidro s/ Indemnización por accidente de trabajo”





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