Gobierno de puerto rico 18va. Asamblea 4ta. Sesión



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GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria


CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 1742
22 DE AGOSTO DE 2018
Presentado por el representante Márquez Lebrón
Referido a la Comisión de Asuntos Internos
LEY
Para enmendar la Ley Núm. 101 de 13 de agosto de 2017, que creó la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; con el fin de establecer la Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) adscrita a la referida Oficina de Servicios Legislativos; constituir su organización, funciones y facultades; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, Puerto Rico ha sufrido grandes catástrofes, tanto naturales como sociales y humanitarias. Esos eventos inciden, de maneras distintas, sobre el bienestar psicológico y emocional de nuestra población. Sus efectos, en especial los asociados a las políticas estatales son estudiados desde la Psicología Política, una rama emergente de la Psicología. En universidades de Colombia, Argentina, México y Europa, los psicólogos y psicólogas definen la Psicología Política como el estudio de la relación dual entre la política pública y las prácticas sociales. Esta disciplina evalúa conductas colectivas, ejercicios de poder, y contempla cómo las medidas políticas y económicas tienen impacto sobre la salud psicológica de las personas. Su fin es procurar el desarrollo de cambios sociales positivos mediante el ejercicio de las herramientas que la Psicología ofrece a la confección de legislación. En nuestro país, la salud mental es un tópico ausente en las discusiones y decisiones de política pública. A menudo se aprueba legislación sin considerar cómo puede reaccionar o cómo puede verse afectada la cotidianidad de diversos sectores sociales, su estabilidad emocional y, más aún, la percepción que puedan tener los individuos sobre sí mismos.

En Puerto Rico, los diagnósticos de personas con depresión, ansiedad y otros trastornos remiten a un número estadísticamente significativo, sin considerar las personas que no solicitan la ayuda de profesionales de la salud mental que pueden padecer de alguno de estos. Sin embargo, la atención que estas cifras deben recibir ha sido precaria a través de nuestra historia. Las patologías como depresión, ansiedad y otros trastornos similares, son en gran parte, causados por el estrés, tristeza o presión social que sufren las personas en su entorno, comunidad o círculo social. Estas características pueden traducirse a la falta de empleo, discriminación, precariedad, inestabilidad, falta de acceso a servicios esenciales, entre otros. Las estadísticas más recientes muestran esta realidad.


El último estudio sobre la cantidad de personas con algún trastorno mental en Puerto Rico se realizó en el 2016, luego de treinta y un (31) años sin estudiar el fenómeno. El Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Conducta del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) destacó que para el 2016, el 7.3% de los adultos puertorriqueños y puertorriqueñas padece de alguna condición mental seria. Otro dato recopilado de gran impacto fue que uno de cada diez puertorriqueños sufre de desórdenes depresivos severos y el 23.7% combina algún diagnóstico de problema mental con el uso de drogas legales e ilegales. También, encontró que cuatro de cada diez personas diagnosticadas no reciben tratamiento para su condición. El estudio explica que un agravante a estas condiciones y el aumento de diagnósticos se debe, en gran parte, a la crisis económica que enfrenta el país desde el 2009. Entre los principales diagnósticos que afectan a los puertorriqueños y puertorriqueñas están los desórdenes de ansiedad y desórdenes del ánimo. Un factor mencionado por el estudio, que agrava la situación, fue el nivel de desempleo que enfrentaba y que enfrenta la Isla, y los niveles de pobreza, que rondan el 50% de la población. El estudio explica que estos datos no incluyen a personas sin hogar y, claramente, toda la gama de personas en Puerto Rico que probablemente tenga algún problema de ansiedad o depresión causado por la crisis socioeconómica que enfrenta el país, y otros factores.
Por otro lado, la Administración de Seguros de Salud (ASES) destacó que Puerto Rico es la tercera jurisdicción de los Estados Unidos con los mayores problemas de salud mental. Este dato responde a la cantidad de suicidios reportados en la Isla durante el 2017. Según los números oficiales, se reportaron 253 suicidios, entre estos 97 luego del paso del huracán María. La línea telefónica PAS (Primera Ayuda Sicosocial) recibió 113,830 llamadas durante el 2017, aproximadamente 22,500 más que en el año 2016. De estas llamadas, 24,607 fueron de personas que contemplaban suicidarse. Como si fuera poco, en el primer mes del 2018 esta línea atendió 16,934 llamadas. No cabe duda de que los puertorriqueños y puertorriqueñas necesitan que sus representantes velen por su salud, su bienestar psicológico y sean conscientes de las necesidades que enfrenta su pueblo.
Por varios años, y a consecuencia del agotamiento del modelo colonial, las políticas públicas adoptadas internamente y los desastres naturales que nos han impactado en los últimos meses, miles de puertorriqueños y puertorriqueñas han abandonado el país, separándose de sus familias y seres queridos. Esto, indudablemente, ha tenido un serio impacto sobre su bienestar psicológico y orden emocional, sin mencionar el impacto económico que esto presenta. En particular, a raíz del huracán María, esta situación empeoró con el éxodo masivo que experimentó el país, a raíz de la falta de espacios seguros y de las herramientas necesarias para enfrentar la situación. La estabilidad emocional de los puertorriqueños y puertorriqueñas se vio afectada por este suceso y, sin contemplar esta realidad, las medidas que ha acogido, y continúa acogiendo esta legislatura, impactan no solo el factor económico de las personas y el país, sino que afectan masivamente el bienestar psicológico de nuestras comunidades.
Con un país que sufrió y sufre una crisis humanitaria, es imperativo considerar cómo nuestras decisiones, como Asamblea Legislativa, cambian y trastocan la realidad de cada ser humano. Se conoce que la pobreza es un factor dominante que incide en la percepción de la persona sobre sí misma. Ante medidas que potencialmente podrían dirigirnos a la precarización del país, y un evento catastrófico que transformó la realidad emocional, física y económica de las personas en Puerto Rico –y que a su vez provocó un aumento en los problemas de ansiedad o depresión de la población- resulta indispensable que se establezca un organismo que ostente la facultad de anticipar y ponderar los posibles efectos psicosociales de las propuestas de política pública construidas a base de medidas legislativas. La Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP), creada por este estatuto, hará precisamente eso: producirá, a solicitud de los legisladores o las legisladoras, un perfil o declaración de impacto psicológico o psicosocial, que detalle los posibles efectos sobre las comunidades afectadas por la legislación.
De esta manera –como dispone el Artículo 2 de la Ley Núm. 101- “[l]a Oficina de Servicios Legislativos, tendrá el propósito de ampliar los recursos de la Asamblea Legislativa de manera que esta pueda ejercer cabalmente su función constitucional, al contribuir al proceso legislativo mediante la facilitación de servicios tales como asesoría, investigación, redacción de proyectos y, proveer la información necesaria para que los legisladores ejerzan su función vital de mantener a la ciudadanía informada de los asuntos de trascendencia para nuestra sociedad.” La Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) dará énfasis a la facilitación de asesoría, investigación y redacción de informes sobre los efectos psicosociales que una legislación puede provocar en la población. La producción y oficialización de este tipo de investigación permitirá un mejor desarrollo de medidas para el colectivo. Es necesario contemplar esta temática porque no sólo se estaría considerando el bienestar de todas las personas que habitan la jurisdicción puertorriqueña, a quienes servimos, sino que al considerar este fenómeno, podríamos crear política pública que ayude e incremente la salud mental colectiva, para un Puerto Rico más sano.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se añade un nuevo Artículo 15 a la Ley Núm. 101-2017 que leerá como sigue:

Artículo 15. Creación



Se crea la Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) adscrita a la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.”

Sección 2. – Se añade un nuevo Artículo 16 a la Ley Núm. 101-2017 que leerá como sigue:

Artículo 16. Propósito

La Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) tendrá el propósito de ampliar los recursos de la Asamblea Legislativa de manera que ésta pueda ejercer cabalmente su función constitucional, al contribuir al proceso legislativo mediante la facilitación de recursos tales como asesoría e investigación sobre los efectos psicológicos y psicosociales en la población de la legislación propuesta y/o promulgada, y proveer la información necesaria para que los legisladores ejerzan su función vital de mantener a la población de la jurisdicción puertorriqueña informada de los asuntos de trascendencia psicológica para nuestra sociedad.”

Sección 3. – Se añade un nuevo Artículo 17 a la Ley Núm. 101-2017 que leerá como sigue:

Artículo 17. Funciones y Facultades

La Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) adscrita a la Oficina de Servicios Legislativos, como organismo de apoyo al quehacer legislativo, tendrá las siguientes funciones y facultades:


  1. Redactar informes a solicitud de los miembros de la Asamblea Legislativa sobre el impacto psicológico y psicosocial que pudiera tener en los habitantes de Puerto Rico, o algún sector social o comunidad particular, la política pública establecida en una pieza de legislación presentada, aprobada, o propuesta en un borrador de medida.

  2. Preparar y distribuir entre las agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los municipios, modelos de impacto psicológico y psicosocial en la población, para la confección informada de legislación o medidas que pudieran afectar el bienestar psicológico de los habitantes de Puerto Rico y sus comunidades.

  3. Proveer servicios de investigación psicológica y psicosocial, y atender consultas psicológicas sobre los asuntos legislativos, a petición de los miembros de la Asamblea Legislativa. La Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) proveerá dichos servicios de manera estrictamente confidencial.

  4. Preparar y distribuir digestos que indiquen la práctica y estudio de otros cuerpos similares o investigaciones de esta índole en distintas jurisdicciones.

  5. Generar una publicación anual sobre los cambios psicológicos y psicosociales, si algunos, que demostró la población ante el cambio o vigencia de las legislaciones puestas en vigor ese año y años anteriores. La Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) tendrá que emitir un informe estadístico sobre lo mencionado, dos veces al año, hasta el momento de su publicación, al final del año fiscal.

  6. Brindar talleres a los legisladores y legisladoras, y personal legislativo para informar sobre la confección de legislación que responda a los intereses de la salud mental.

  7. Formalizar acuerdos de colaboración con las escuelas de Psicología, Consejería y Trabajo Social para efectuar un análisis relacional o de correlación entre cambios económicos y la salud mental de los habitantes en Puerto Rico.

  8. La Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) podrá contar con recursos o cuerpos exteriores que le permitan un mejor análisis de la temática.“

Sección 4. – Se añade un nuevo Artículo 18 a la Ley Núm. 101-2017 que leerá como sigue:

Artículo 18. Dirección y Reglamentación



La Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) será dirigida por un sub Director que ejercerá funciones bajo la autoridad del Director de la Oficina de Servicios Legislativos identificado en el Artículo 4 de la Ley 101-2017. La Oficina de Servicios Legislativos establecerá mediante reglamento los requisitos y procesos para reclutar al sub Director de la Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP), en atención a las leyes vigentes. No obstante, la persona que ocupará el cargo de sub Director de la Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) cumplirá con los siguientes requisitos mínimos:

  1. Haber obtenido el grado de Doctor en Filosofía en alguna rama de la Psicología o Sociología de alguna Universidad debidamente acreditada o de reconocimiento internacional.

  2. Contar con por lo menos, cinco años de experiencia ejerciendo como psicólogo o sociólogo.

  3. Haber publicado investigaciones pertinentes a la salud mental y/o conductas colectivas.”

Sección 5. – Se añade un nuevo Artículo 19 a la Ley Núm. 101-2017 que leerá como sigue:

Artículo 19. Personal



Entre el personal que desempeñará funciones en la Oficina de Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP), deberán reclutarse, al menos, dos (2) sociólogos, dos (2) psicólogos y otros científicos sociales con conocimiento en el área.”

Sección 6. – Se reenumeran los Artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley Núm. 101-2017 como Artículos 20, 21, 22 y 23, respectivamente.

Sección 7. – Cláusula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.



Sección 8. – Vigencia

Esta Ley comenzará a regir luego de transcurridos sesenta (60) días desde el momento de su aprobación.


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