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COMISIÓN DE JUSTICIA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA



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COMISIÓN DE JUSTICIA




COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA


Proposiciones de Ciudadanos Senadores


De los Senadores Salomón Jara Cruz y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación a la denuncia formulada por Leticia Valdés Martell en contra de diversos maestros del Instituto “San Felipe, S.C”, por la presunta responsabilidad de varios delitos cometidos en agravio de su hijo menor.

P





SEN. Salomón
Jara Cruz








SEN. José Luis Máximo
García
Zalvidea






ROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA DENUNCIA FORMULADA POR LETICIA VALDÉS MARTELL EN CONTRA DE DIVERSOS MAESTROS DEL INSTITUTO “SAN FELIPE S.C.” POR LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE VARIOS DELITOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE SU HIJO MENOR

Los suscritos, senadores Salomón Jara Cruz y José Luis Máximo García Zalvidea, integrantes de LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso B, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- El 23 de mayo de 2007, Leticia Valdés Martell presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca en contra de diversos maestros y colaboradores d del Instituto “San Felipe S.C.” por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación, corrupción de menores, pornografía infantil y asociación delictuosa, cometidos en agravio de su hijo menor.
SEGUNDA.- Las acusaciones de la madre apuntan a Adán Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos abusadores de su hijo. Además, señala a la profesora Magdalena García de ser una de las cómplices de los violadores, y a Yolanda León Ramírez, directora y dueña del colegio, de proteger las fechorías de los profesores. Ésta última es esposa de Constantino García.

Hay que señalar que la Procuraduría de Justicia del estado giró órdenes de aprehensión contra los implicados, tras acreditarse el delito de violación en agravio al hijo de Valdés Martell. Pero hasta ahora, la única detenida es la profesora García, quien espera que se defina su situación jurídica.


García es señalada por el menor de ser la responsable de llevarlo ante sus violadores a un área del colegio para que abusaran de él. También se acusa a los agresores de filmar el hecho delictivo.
Los daños al menor fueron cometidos en el 2006, cuando el estudiante de preescolar contaba apenas con cuatro años de edad, pero la denuncia se interpuso en mayo del 2007, cuando la madre se dio cuenta del abuso que había sufrido el pequeño.
Valdés Martell y su familia afirman que el matrimonio García tiene muchas influencias entre las altas esferas de poder en Oaxaca incluyendo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH, que preside el primo de Franco Jiménez, uno de los defensores de los acusados, así como en la procuraduría estatal.
TERCERA.- Resultado de la denuncia presentada y de su tenacidad para reclamar justicia, Leticia Váldes ha recibido constantes amenazas telefónicas donde le dicen “que se va a morir y que sus días están contados”; además señala que al circular con su vehiculo, se le “avientan” otros vehículos para sacarla de la carretera, por lo que teme por su vida y la de los suyos.
Por tal motivo, la señora Valdés presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 9 de octubre de 2007. En este sentido, sin prejuzgar los hechos y para salvaguardar los derechos humanos, la CNDH emitió una recomendación el 18 de enero de 2008 a la Secretaría de Seguridad Pública proveyera de medidas cautelares para garantizar la seguridad de Leticia Valdés y sus familiares solo por 30 días.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública acató la recomendación de la CNDH, pero es precisó que dicha protección se extienda en tanto se continúa con el proceso penal.


Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro García Luna, para que disponga de medidas cautelares tendentes a salvaguardar la seguridad e integridad de la C. Leticia Valdés Martell, así como el de sus familiares, hasta que concluya el proceso penal con relación a la denuncia presentada en la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, en contra de diversos maestros del Instituto “San Felipe S.C., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de violación, corrupción de menores, pornografía infantil y asociación delictuosa, cometidos en agravio del hijo de Leticia Valdés Martell.
Salón de Sesiones del Senado de la República, a seis de marzo de 2008.
SUSCRIBEN


Sen. Salomón Jara Cruz

Sen. José Luís Máximo García Zalvidea

Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social a promover el diálogo para la solución de la huelga minera en Cananea.

P





SEN. Pablo
Gómez
Álvarez






ROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL C. SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A PROMOVER EL DIÁLOGO PARA LA SOLUCIÓN DE LA HUELGA MINERA EN CANANEA.

Quien suscribe, senador Pablo Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES
Siguiendo una añeja tradición de lucha para la reivindicación de sus derechos laborales, los mineros de Cananea se encuentran en huelga desde hace poco más de siete meses. La empresa Minera de Cananea, filial del consorcio Industrial Minera, negó la necesidad argüida por los trabajadores de mejorar sus condiciones de higiene y seguridad en cumplimiento del contrato colectivo, lo que llevó al estallido del conflicto laboral el 31 de julio del año pasado.
La movilización sindical minera que desde hace más de un año ha recorrido el país tiene por antecedente un conflicto económico, del que los mineros no participan, y uno político, que les trasciende como trabajadores; pero el movimiento de Cananea, como los anteriores en Sonora, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y otras entidades, tienen su raíz en una reivindicación social que empresa y gobierno se han negado a atender.
La tragedia de Pasta de Conchos reveló a la opinión pública las precarias condiciones de seguridad y salariales en las que trabajan los mineros y sus secuelas políticas revelaron el conflicto mercantil que se libra en la cúpula del poder económico minero, entre el Grupo México y la empresa Altos Hornos de México, por el dominio de la riqueza del subsuelo mexicano.
Desde antes de Pasta de Conchos, Minera México maniobra, con el Gobierno Federal como aliado, para socavar la unidad del sindicato minero y violentar con toda impunidad los derechos laborales de sus agremiados. El cierre arbitrario de las minas La Caridad y La Calera, en Nacozari y Aguaprieta, Sonora, son ejemplo de ello.
En Cananea, durante los últimos 7 meses, los mineros han resistido desde el acoso y la represión policial, hasta el artificio legal, pasando por la intransigencia e indolencia de las autoridades laborales y hasta por la fallida mediación del ejecutivo estatal. Ello, sin mencionar las difíciles condiciones de sustento para sus familias.
Desde el estallido de la huelga, el papel de las autoridades laborales mexicanas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su dependiente Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, han jugado un papel crucial para mantener a la empresa del Grupo México en circunstancias favorables a su interés económico y político y para someter a los huelguistas a difíciles condiciones de resistencia, bajo ilegales artimañas.
En el mes de octubre, por ejemplo, con el intento de mediación del Gobernador del Estado, las autoridades laborales llamaron a una mesa de negociación, sin ofrecer para ello nada más que sus declaraciones públicas y una agenda que restringía los temas para el diálogo. Así, las anfitrionas autoridades federales minaban las posibilidades reales de la concertación. La historia se repitió en noviembre y desde entonces no se aprecia un compromiso real del Gobierno Federal para promover la solución del conflicto.
Todo lo contrario. El pasado 11 de enero, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró legalmente inexistente la huelga de Cananea, por segunda ocasión y fundándose en una artimaña jurídica, después de que un órgano judicial le ordenó dejar insubsistente una idéntica declaración que había emitido con anterioridad por no estar apegada a derecho. El argumento de la autoridad fue irrisorio: empleados de confianza declararon que, al momento de estallar la huelga, algunos mineros continuaban laborando o transitando por los pasillos de la mina, que una computadora continuaba encendida, que algunos vehículos estaban en los vaciaderos. El desconocimiento que esa repetición de actos implica a la autoridad del Poder Judicial, es evidente.
Inmediatamente después de informada la inexistencia, ingresaron a las instalaciones de la mina fuerzas de al menos 800 militares, policiales federales y policías estatales, a fin de implementar un operativo especial de vigilancia, en lo que, ya nadie puede dudar, fue una artero golpe de mano dura de la Federación al movimiento obrero en beneficio de la empresa.
La represión fue, además de innecesaria, ilícita. Rompió con los términos establecidos en la propia Ley Federal del Trabajo, que da a los trabajadores un plazo de 24 horas para determinar el regreso a las labores, sólo después del cual puede la autoridad tomar otras medias. El asalto tuvo como único objeto evitar que la inminente protección que brindaría unas horas después la autoridad de amparo a los trabajadores impidiera la recuperación del control de la mina por las autoridades federales; lo que, a su vez, no podía tener otro propósito que permitir el raudo intento de Minera México para reabrir la mina ofreciendo un bono a los trabajadores que volvieran a sus labores, es decir, por el viejo método del esquirolage. Es decir, la acción gubernamental fue concertada.
La medida no funcionó. Al siguiente día, 12 de enero, la justicia federal otorgó a los trabajadores la suspensión provisional del acto federal en la tramitación del juicio de amparo solicitado por los trabajadores. La reacción de la Secretaría del Trabajo no se hizo esperar, otra vez a favor de la empresa e ilegalmente en contra del movimiento huelguista: externó dicha autoridad en un comunicado que, aún con la suspensión, los trabajadores que así lo decidieran podrían regresar a laborar, quedando la empresa en posibilidad de mantener sus operaciones normales. Ello, detallaba el comunicado, “mientras se resuelve, en cuanto al fondo, la demanda de amparo promovida contra la resolución” de la Junta.
Poco interesó a la Secretaría que el derecho de huelga de los trabajadores quedaba subsistente con la suspensión y que ese derecho se ejerce precisamente con los actos realizados por los trabajadores: vaya, el cierre de la empresa. Las máximas autoridades laborales cancelaban con esa tranquilidad el derecho de huelga, en abierta confrontación con el artículo 123 constitucional y la legislación laboral que lo desarrolla.
El golpe represivo recrudeció el conflicto, provocando el paro general minero del 17 de enero. Acción obrera que, nuevamente, recibió la pronta descalificación del Secretario del Trabajo, quien lo consideró intransigente, ilegal e incipiente, inmediatamente después de ofrecer su apertura “a la negociación, a la libertad sindical y al respeto a la ley”.
La parcial declaración del Secretario entorno del movimiento obrero fue arropada por el Poder Judicial, cuando éste último concedió la suspensión definitiva, pero coincidió con la declaración del funcionario federal al señalar que la empresa quedaba en condiciones de “reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo”. Extraña ambivalencia judicial que privaría en tanto se resolvía el fondo del amparo.
Tan ambigua resolución fue festejada por el Secretario del ramo, quien expresó que las determinaciones del Poder Judicial de la Federación deben ser respetadas en todos sus términos y por todos los actores; y llamando a los trabajadores a que “con absoluta libertad y en conciencia decidan sobre la conveniencia de reincorporarse a sus labores, toda vez que están garantizadas las medidas de seguridad”, y exhortando al sindicato a “no anteponer intereses personales y de índole extralaboral sobre los intereses de la mayoría de los trabajadores”.
Mediando escaso tiempo, también esa controversia se resolvió a favor de los trabajadores. El pasado 14 de febrero, el juez sexto de distrito en materia laboral notificó al sindicato el amparo concedido, resolviendo que la huelga inició en tiempo y forma, por lo que se obliga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a revisar de nuevo el caso. Una vez más, en una circunstancia que se vuelve cada vez más común, empresa y Secretaría coincidieron en que el amparo no se pronuncia sobre la existencia o legalidad de la huelga, por lo que ésta seguiría inexistente.
Nada se ha resuelto desde entonces. Los trabajadores en huelga han hechos subsistir el paro protegidos ahora por el amparo de la justicia federal. La policía sigue en las instalaciones de la mina, a pesar de que la federal ha sido sustituida por grupos particulares de seguridad. La empresa Industrial Minera México persiste en su intención de romper la huelga llamando a los trabajadores al regreso a sus labores y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social persiste en su vocación patronal y en el reniego de sus obligaciones constitucionales.
Por su propia naturaleza gubernamental y conforme lo orden el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría está encargada de proteger e instrumentar los derechos laborales definidos por el artículo 123 constitucional, como conquistas sociales imprescindibles; además de que, conforme al mismo artículo, tiene el deber de procurar el equilibrio entre los factores de la producción, para lo cual, en el caso Cananea y como un mínimo esfuerzo, tendría que promover el diálogo y la concertación para una salida digna del conflicto.
En lugar de lo anterior, el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ha litigado el asunto del brazo de Industrial Minera México, desde el comienzo de la huelga, tal y como lo hiciera su antecesor con el conflicto minero que cumplió dos años en febrero pasado.
El interés que persigue el Grupo México es claro, lo ha sido desde el principio; el propósito de la lucha laboral de los mineros de Cananea es expreso y las razones social y jurídica han asistido sus actos, y el Poder Judicial ha cumplido su papel en la administración de justicia laboral. Es el Gobierno Federal, a través de su representante sectorial, el Secretario del Trabajo, el que sistemáticamente ha faltado a sus obligaciones constitucionales y ha confundido la naturaleza de sus actos públicos con los intereses privados de una corporación de particulares.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, a que promueva de manera expedita y eficiente las pláticas de avenencia entre la empresa Industrial Minera México y los trabajadores en huelga de la mina de Cananea, a efecto de que se resuelva con prontitud y justicia el actual conflicto laboral.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal a adoptar una conducta de defensa de la legislación del trabajo y de los derechos laborales de los trabajadores de la mina de Cananea.
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,

a 6 de marzo de 2008.


S U S C R I B E

De los Senadores María Teresa Ortuño Gurza, Ramón Galindo Noriega y Gustavo Madero Muñoz, por el Estado de Chihuahua; Andrés Galván Rivas, Alejandro González Yáñez, Ricardo Pacheco Rodríguez y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, por el Estado de Durango, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que publique en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de arancel-cupo para la importación de mercancías clasificadas en la partida 4412 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.




C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA H. CÁMARA DE SENADORES

PRESENTE
MARIA TERESA ORTUÑO GURZA, RAMÓN GALINDO NORIEGa y GUSTAVO MADERO MUÑOZ, Senadora y Senadores por el Estado de Chihuahua; ANDRÉS GALVÁN RIVAS, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ, y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Senadores por el Estado de Durango, miembros de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía Proposición con punto de acuerdo poR el que se exhorta a la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Federal, para que publique en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de arancel-cupo para la importación de mercancías clasificadas en la partida 4412 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en los términos siguientes:
CONSIDERACIONES
De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el año 2003 operaron 48 fábricas productoras de chapa y triplay. Durango concentró el mayor número de fabricas (23%), seguido por Chihuahua (19%), Campeche (10%), México y Quintana Roo (8% cada uno), Guerrero y Oaxaca (6% cada uno), Chiapas y Yucatán (4% cada uno), y el remanente ubicado en otros estados. Con una capacidad instalada en la industria de 924 mil metros cúbicos rollo, concentradas en el estado de Durango (36%), Chihuahua (27%), Guerrero (8%) y Oaxaca 7%). Actualmente la industria mexicana del triplay se compone de 14 empresas ubicadas en los estados de Chihuahua, Durango, guerrero, México, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. El embate de la competencia internacional y la competencia desleal, han provocando el cierre de plantas, despido de trabajadores, disminución de la producción y de la capacidad utilizada, reducción de compra de madera a ejidos y comunidades forestales y disminución en la recaudación de impuestos
La industria nacional del triplay ha enfrentado por varios años dos tipos de contrabando: el técnico y el bronco. Se estima que en el año 2006, estos sumaron cerca de 400 millones de pesos, que por su propia naturaleza no solo constituyen una competencia desleal a la industria nacional establecida, sino una evasión fiscal muy importante por concepto de aranceles y de IVA. Por otra parte, la industria nacional del triplay se ha visto limitada para competir internacionalmente por las siguientes causas:


  1. Alto costo de la madera (hasta 60% del costo total del producto terminado).




  1. Competencia por el mismo tipo de materia prima con la industria del aserrío, lo que eleva el precio de la materia prima.




  1. Alto costo de transporte (entre 40 y 60% del costo total de la materia prima).




  1. Desarticulación de los eslabones de la cadena forestal.




  1. Inversión limitada para mejorar el cultivo, manejo, enriquecimiento y aprovechamiento del bosque, APRA incrementar la productividad del recurso forestal y la rentabilidad del negocio forestal.




  1. Altos costos financieros y fiscales en comparación con otros países con sectores forestales importantes.




  1. Apoyo gubernamental limitado, a diferencia de lo que sucede en otros países con sectores forestales importantes que reciben subsidios, incentivos, trato fiscal preferente entre otros.

El deterioro de la competitividad de la industria nacional de fabricación de triplay en los últimos diez años, requiere de nuestra atención urgente, antes de que la planta nacional sea dañada en forma permanente e irreversible por la competencia desleal y los impactos negativos en los integrantes de la cadena productiva.


Para apoyar a la industria nacional del triplay, el 27 de diciembre de 2007, el Titular del Poder Ejecutivo publicó, en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial y los diversos que establecen la tasa aplicable para el 2007 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales (TIGIE). Para la instrumentación de este Decreto, la Secretaría de Economía ha elaborado un Anteproyecto de Acuerdo de arancel-cupo para la importación de mercancías clasificadas en la partida 4412 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, lo permitirá la diversificación de la oferta del triplay, con lo que se fortalece la competitividad de la industria de la madera contrachapada (triplay).
Debe considerarse que tanto el Decreto como el Anteproyecto de Acuerdo referidos son consistentes con la legislación nacional aplicable y los tratados y acuerdos comerciales signados por nuestro país con otras naciones.
Se espera que con la instrumentación del arancel-cupo se beneficie a catorce empresas fabricantes nacionales de triplay y se convierta en un incentivo para impulsar la inversión en la industria nacional, con impactos positivos en el aumento de la producción nacional; aumento de la demanda de madera nacional, en beneficio de ejidos y comunidades del país; inversión directa e indirecta en plantaciones forestales comerciales; aumento en la oferta del triplay nacional y de importación; con una posible reducción de precios para los usuarios y consumidores nacionales, ordenamiento del mercado y reducción de importaciones ilegales, uso correcto de programas de fomento a la exportación y reducción de la evasión fiscal.
Por lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Federal para que publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de arancel-cupo para la importación de mercancías clasificadas en la partida 4412 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial y los diversos que establecen la tasa aplicable para el 2007 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales (TIGIE).
S u s c r i b e,

Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 11 de marzo de 2008.

Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a fin de que informe sobre el gasto excesivo que ha erogado en viajes al extranjero.



P





SEN. Carlos
Lozano de
la Torre






ROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, MAESTRO SERGIO VELA MARTINEZ, PARA QUE INFORME SOBRE EL GASTO EXCESIVO QUE HA EROGADO EN VIAJES AL EXTRANJERO.

El que suscribe, Sen. Carlos Lozano de la Torre integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al C. Presidente de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Maestro Sergio Vela, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos días se ha dado a conocer a la opinión pública que durante el primer año de su gestión al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Maestro Sergio Vela realizó 32 viajes de trabajo, nueve de ellos al extranjero y 23 en el territorio nacional, con un costo de casi 800 mil pesos por concepto de viáticos y gastos de transporte. Esto quiere decir que efectuó casi tres viajes por mes durante el año de 2007 y que 44 días del año los pasó en el extranjero, lo que además de hablar del vigor físico del maestro Vela, sorprende por el tiempo dedicado al exterior, cuando las necesidades y los asuntos de orden cultural que se tiene que atender en México son muchos y de gran relevancia.
Sobre todo si consideramos que desde el mes de mayo del 2007, cuando a raíz del asunto de las irregularidades en la construcción de la Megabiblioteca José Vasconcelos, que obligaron a su cierre al público, el Senado de la República citó a comparecer al mencionado funcionario ante la Comisión de Cultura, a raíz de lo cual se hizo el compromiso de que por estas fechas esa Megabiblioteca sería reabierta. Aún no sabemos que pasa al respecto.
Por otra parte, al tiempo que nos enteramos del gran gasto y tiempo invertido en esas recurrentes giras al extranjero, sabemos que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha registrado subejercicio en algunas partidas, mientras en otras, como la de servicios generales, se ha sobregirado el gasto. El año pasado se dejó de ejercer un monto de más de 400 millones de pesos en el presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados para ese año; esto es casi el 20 por ciento de lo autorizado. No podemos olvidar que durante la intensa discusión que se dio para aprobar el presupuesto 2008, mucho se peleó para que el presupuesto de cultura fuera incrementado y gracias a ello fue la propia Cámara de Diputados que aumentó el monto originalmente propuesto por el ejecutivo para ese sector.
Son muchas las voces que desde la comunidad cultural están solicitando una explicación al titular de CONACULTA, del por qué el derroche en viajes, cuando tales recursos podrían haber servido para mejorar muchos aspectos de la vida cultural y del trabajo de los creadores, que han visto limitadas las oportunidades y poco recompensada su labor creativa, mientras los recursos se destinan a cuestiones superfluas y al gasto de oropel. Por ejemplo, La suma destinada a la conmemoración de las fiestas del 15 y 16 de septiembre del año pasado -esto es 18 millones de pesos- es equivalente al presupuesto de un año para la Compañía Nacional de Teatro. Si a ello se agrega lo que se ha gastado en viajes, se ve una enorme desproporción y una falta total de idea de lo que debe ser una política cultural desde la administración pública.
No se trata únicamente de los frecuentes viajes, sino de cómo se concibe la gestión de la cultura que hasta ahora ha sido manejada de manera discrecional y sin una dirección clara. Para más datos, conviene mencionar que tres importantes funcionarios de CONACULTA renunciaron por enfrentamientos entre si y con su titular. Se trata de Vicente Herrasti, Director de Publicaciones; y de los secretarios técnicos Carmen Quintanilla y Javier González Rubio, quienes denunciaron serias irregularidades al salir de ese organismo, lo que ha dado pie a que se ventile la información en los medios de comunicación.
Tal parece que se continúa el extraviado camino de la administración anterior, caracterizada por la frivolidad y la chabacanería. Más aún, por una visión patrimonialista que dio pie a la megalomanía y la corrupción, de la que el megafraude de la biblioteca José Vasconcelos, es sólo el ejemplo emblemático. Aún así creo que estamos a tiempo de impedir que se repita la historia reciente, que tan amargo sabor de boca dejó y tanto daño hizo al desarrollo de la cultura en nuestro país.
Por todo lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- El Senado de la República cita a comparecer al C. Maestro Sergio Vela Martínez, Presidente del Consejo nacional para la Cultura y las Artes, a efecto de que explique a detalle el ejercicio presupuestal del organismo a su cargo, así como el avance de los programas y el propósito y resultados de lo viajes realizados al exterior.
A t e n t a m e n t e

Sen. Carlos Lozano de la Torre

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, a nombre de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la que contiene punto de acuerdo en relación con la certificación de predios propiedad de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, particularmente el Parque Ecológico “Jaguaroundi”.








SEN. Francisco Javier
Obregón
Espinoza









Proposición con Punto de Acuerdo que presentan los Senadores Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en relación con la certificación de predios propiedad de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, particularmente el Parque Ecológico “Jaguaroundi”
HONORABLE ASAMBLEA:
Los Senadores que suscribimos, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:


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