F facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas



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CONCLUSIONES:

A modo de conclusión de este trabajo, me gustaría concluir que a lo largo del desarrollo del mismo hemos tratado en un primer lugar del concepto de políticas públicas, como un conjunto de objetivos, decisiones y acciones llevadas a cabo por el Gobierno que en un momento determinado ostenta el poder ejecutivo, para solucionar una serie de problemas que por su importancia y por su carácter básico y de manera consustancial a la dignidad humada, los ciudadanos y el propio gobierno consideran que deben ocupar la primera página de la agenda política.

Hemos apuntado que el gobierno cuenta con numerosos instrumentos para hacer frente a esas necesidades y situaciones que los ciudadanos consideran imprescindibles en un estado de bienestar. De entre todos esos instrumentos se ha señalado dos totalmente opuestos como son, que la administración produzca directamente los servicios públicos, es decir que sea la propia administración la que con sus recursos (recursos que son constituidos por todas las personas en sus distintas modalidades de prestación) genera los servicios como educación, sanidad, cultura, etc. Y que representa la dirección aconsejable que se debería tomar para mantener la igualdad y la equidad entre todos los ciudadanos. En el lado totalmente opuesto se maneja la privatización de determinados sectores, es decir, se deja entrar a las empresas privadas para que sean ellas las que lleven a cabo la gestión y la prestación de dichos servicios, actuando como una empresa más con la única finalidad de obtener los mayores beneficios.

Igualmente hemos visto como en la adopción de las políticas públicas intervienen números actores sociales, todos ellos con sus propios intereses, en las distintas fases en la que se distribuye el ciclo de las políticas públicas, y como recordaremos son:



  • Identificación y determinación de los problemas. Dentro de esta fase se determina las carencias sociales y tu calificación como problema público.

  • Formulación de las políticas públicas. Una vez determinadas las carencias sociales, es aquí donde se establecen las metas alcanzar y se plantean toda una amalgama de soluciones para cubrir esas carencias.

  • Adopción de la decisión. En base al primer punto y las soluciones planteadas los decisores políticos llevan a determinación de cuál es la decisión a adoptar.

  • Implementación de las políticas públicas. Abarca todas las actuaciones y procesos desarrollados hasta que aparecen los efectos de la intervención pública.

  • Evolución. Se observa en qué medida se han logrado los objetivos de la política pública en cuestión. Cierra el ciclo pero a su vez puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases.

Por último se ha puesto de manifiesto la opción que el Gobierno actual viene adoptando e intentando introducir en el ámbito social, que no es otra que la privatización de la sanidad, para posicionarme en contra de ella basándome en la igualdad de derechos que es un principio constitucional y demostrando que a pensar de que nos estén dando continuamente justificaciones de la privatización, como por ejemplo de tipo profesional, mejora de la calidad, mayor atención a los enfermos, nada de eso es cierto tal y como lo demuestran las encuestas y las estadísticas. Como partiendo ese lazo de unión entre ciudadanos y gobierno, este deja paso a las empresas privadas en este sector con el objetivo de obtener beneficios tanto liberándose de tener que prestar dichos servicios como lo que reciba a cambio de las concesiones privadas.



En conclusión siendo las políticas publicas un conjunto de decisiones y objetivos a conseguir por parte del gobierno con la finalidad de cubrir una serie de contingencias que los ciudadanos consideran que deben ser satisfechas por parte de los poderes públicos y que son consustanciales al estado de bienestar de la sociedad, una política de privatización supone ir en contra del propio concepto de política publica. Este sistema de privatización de la sanidad publica acarrea unos problemas que el gobierno parece obviar bajo la formula de que la privatización solo puede generar beneficios para todos. Si es cierto, el único beneficio es el económico tanto para las grandes empresas inversoras y para el gobierno, mientras que para los ciudadanos da más problemas que beneficios. Principal problema es la ruptura del principio de igualdad, ya que debido a la crisis económica solo los más pudientes pueden acceder a una sanidad privada o contratar seguros que a cambio de una generosa prima puedan cubrir los gastos sanitarios. Otro problema es la masiva desaparición de puestos de trabajo públicos, ya que los profesionales de la sanidad comienzan a verse en desempleo, al ser la empresas inversoras las que deciden contratar a su propio personal, que por otra parte no garantizan la máxima cualificación profesional. Como tercer gran problema podría resaltar seria la falta de inversión en el avance medico y tecnológico en los centros públicos en favor de los privados, con la consiguiente quiebra del estado de bienestar de la mayoría de los ciudadanos.

Como alternativas de mejora seria garantizar la suficiente financiación por parte del gobierno del Plan Nacional de salud publica en función de las necesidades sociales evitando el establecimiento del copago. Los Fondos de Cohesión deberían de incrementarse sustancialmente, incluyendo en ellos toda la financiación adicional y asegurando su reparto entre las CCAA en razón de los objetivos del Plan Integrado de Salud. También es necesaria la elaboración de Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Deben de establecerse estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios: camas, profesionales médicos y de enfermería. Deberían desarrollarse mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos para cubrir las necesidades reales de los ciudadanos. Garantizar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico.

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