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Trabajo Fin de Grado

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS POLITICAS SANITARIAS Y LA QUIEBRA DE LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES

Alumno: Ana Libia Plaza Frías

Julio, 2014

INDICE.

1. Resumen

2. Introducción.

a. Orígenes de la privatización.

b. Historia de la privatización en España.

c. Historia de la privatización sanitaria española

3. Marco teórico: las políticas públicas

a. ¿Qué son las políticas públicas?

b. Aspectos para el análisis de las políticas públicas.

c. Etapas de las políticas públicas.

i. La identificación y definición de problemas.

ii. La formulación de las políticas.

iii. La adopción de la decisión.

iv. La implementación de las políticas públicas.

v. La evaluación de las políticas públicas.

4. Políticas Públicas versus Privatización.

5. Conclusiones

Bibliografía.



RESUMEN.

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) que expongo trata de un breve estudio sobre las reformas políticas en materia de sanidad que actualmente acontecen en nuestro país. Pretendo, con el presente estudio analizar la evolución de las políticas públicas sanitarias según el desarrollo de estas en sus diferentes fases.

Para ello partiré de un marco teórico, creando, a través del estudio de los distintos autores de la temática, una base que permita situar y centrar el tema tratado, conceptualizando aquellos términos básicos sobre políticas públicas y sus distintas fases para, posteriormente, describir la investigación llevada a cabo. Expondré los resultados y datos que obtenga de la investigación, así como las conclusiones, las recomendaciones y planes de mejora oportunos que podrían establecerse.

ABSTRACT.

My present essay (TFG), that I am going to expose will be a brief summary about the reforms of politics in sanitary material that are happening at this moment, in our country. My intention with this analysis is to analyses the evolution of the politics of the public sanitary by the development of these in different aspects.

For this I will start with a theory, creating it throughout the study of the different authors of the themes, a base that needs to situate and concentrate on the theme touched, conceptualizing some themes that are basic about public politics and there different faces to previously, describe the analysis that has been made. I will expose the results and datas that can be obtained by this investigation, just as a conclusion, recommendations and plans of a better opportunity that could occur.

INTRODUCCIÓN.

Quisiera comenzar este trabajo haciendo referencia a una serie de conceptos generales en esta materia y que nos servirán de instrumento fundamental para la comprensión del tema planteado. Es lógico hacer mención en primer lugar al concepto de “política”. Se puede decir que existen tres acepciones del término como son: la política entendida como el ámbito de gobierno y de la sociedad humana (polity en inglés); como segunda acepción se entiende el vocablo política como la actividad de organización y lucha por el control del poder (politics, en inglés) y como tercera opción, la política como propósito y acción de un gobierno expresada en políticas y programas (policy, en inglés) (Roth Deubel A. 2002).

El origen del término guarda relación con la “polis” que aludía a las ciudades griegas que constituían Estados. En el contexto de una sociedad democrática, la política guarda una importancia significativa, en la medida en que es la disciplina que garantiza el funcionamiento del sistema. No obstante, es correcto decir que la interacción entre personas con vistas a liderar al grupo y a la consecución de una serie de objetivos es intrínseca a la humanidad desde sus inicios.

Muchos autores célebres se han dedicado al análisis del accionar político, así, Confucio relacionó el buen desempeño como gobernante con la aptitud ética, considerando que solo un hombre virtuoso debe tener autoridad; Platón por su parte argumento que todos los sistemas políticos son corruptos por naturaleza y que el gobierno debía recaer en una clase educada para esa actividad; Aristóteles aseguró, que la política es intrínseca a la naturaleza del hombre, que es necesaria para vivir en plenitud moral y que toda forma de gobierno puede tener una vertiente correcta y otra incorrecta.

También apuntar que en un contexto global de crisis actual y cuestionamiento de la actividad de los representantes de los gobiernos, la efervescencia de la actividad política de la sociedad en general se ha fomentado en los últimos años. Protestas, movilizaciones, manifestaciones en diferentes puntos del planeta permiten reflejar la acción social en cuanto a luchar por los derechos de los ciudadanos y protestar por mejoras en los sistemas políticos.

El segundo de los conceptos a tratar en esta introducción será el de POLITICAS PUBLICAS. Al respecto podríamos decir que tanto la política en general como las políticas públicas están relacionadas de forma directa con lo social, bien en lo relativo al poder general (políticas) o bien en lo relativo al manejo de asuntos de interés público (políticas públicas) (Lahera PE. 2004).

Una política pública se define como una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y ocasionalmente privados, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo (Lahera. PE, 2004). Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar el comportamiento de grupos sociales que, se supone, origina el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen de efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales).

Autores como Manuel Tamayo Sáez (1997) definen las políticas publicas “como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.

Éstas políticas se entienden como un proceso cíclico por lo que sus fases se interrelacionan entre sí. Se inicia cuando un gobierno un directivo público advierte un problema que por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. Teniendo en cuenta todo esto podemos decir que este ciclo se compone de las siguientes fases (Bañón, R, 1997):


  • Identificación y definición del problema.

  • Formulación de alternativas de solución.

  • Implantación de la alternativa seleccionada.

  • Evaluación de los resultados obtenidos.

Del mismo modo John Stuart en el siglo XIX vinculaba el ámbito público con el privado, y definía lo privado como lo que no afecta al otro (Roth Deubel A. 2002).

Podríamos de este modo definir lo público como lo que afecta a los demás, por lo que un problema público sería una situación negativa que afecta al bienestar de los demás. Dentro de estos conceptos se contempla la imposibilidad del individuo para resolver las situaciones por sus propios medios, por lo que la intervención del Estado se hace necesaria para su resolución (Parson. W, 1995).

Para que un problema se trate como tal debe ser previamente sometido a un proceso de problematización colectiva, lo que quiere decir que el problema se construye en base al contexto en el que se presenta, afectado por distintos intereses. Eso supone un papel muy importante de los medios de comunicación en el reconocimiento de las problemáticas sociales del mismo modo ése reconocimiento del problema se verá afectado por el número de afectados por el mismo (Oszlak. O, 1980).

Ante la presencia de un problema público se desencadenan una serie de posibilidades de acción para hacerle frente que implican unas posturas determinadas que se toman por una sucesión de decisiones que a su vez surgen de una serie de metas a lograr. Estas decisiones son tomadas en función de una serie de intereses que conforman la agenda pública, por lo tanto implicará considerar los medios y recursos necesarios para darles una determinada sostenibilidad y fiabilidad a la política.

Las políticas son como diría Dye (1972) “una acción de gobierno donde el gobierno escoge hacer o no hacer, refiriéndose a que la respuesta de política pública ante un problema de interés común puede resultar como una no-acción del gobierno frente al problema a resolver, en caso de que la intervención del Estado resultara negativa para con el tema a tratar. Sin embargo existen otros grupos de actores que también conforman la red de decisiones perteneciente a las políticas públicas. Estos actores pueden ser los partidos políticos, grupos de interés, medios de comunicación, instituciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional etc.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora podemos decir que las políticas públicas no son un fin en sí mismas, sino que son, más bien un medio para dar respuesta a una problemática social específica. De aquí observamos entender el anclaje del concepto de políticas públicas al asunto a resolver. Es vinculante entonces el concepto de público con el de problema público en el sentido de que la existencia de algo público supone a fin de cuentas un asunto al que dar respuesta (Bañón. R, 1997).

Y como éste trabajo está relacionado con el ámbito de la sanidad y su desarrollo a en el concepto de políticas públicas que venimos examinando, recordar que la salud pública depende en gran medida de la política y de los actores que actúan en función de ella o del contexto socioeconómico y político. Tradicionalmente, la investigación sobre políticas de salud ha mantenido como objetivo la salud poblacional y los sistemas de salud como el centro de intervenciones y estrategias integradas. La salud pública investiga los procesos sociales, políticos y económicos que determinan las modalidades adoptadas por la respuesta organizada.

Por otra parte la investigación sobre políticas públicas y salud estudia los determinantes, el diseño, la implementación y las consecuencias de las políticas sobre sanidad. En este contexto, los derechos de los ciudadanos basados en la participación genuinamente democrática se erigen en una de las principales vías para el abordaje de las relaciones de influencia entre el factor político y la salud.

Los derechos humanos configuran un marco apropiado para las actividades de salud pública, antes no reconocidos ni por las ciencias biomédicas ni por la salud publica clásica. En la arena de la política, clarifican el escenario propicio para el ejercicio de las políticas públicas en salud. Se plantean así los derechos humanos como herramienta para construcción de las políticas públicas relacionadas con la sanidad, generando un campo innovador para el logro de políticas sociales y públicas en salud.

En general la salud se ha asociado a la dimensión biológica, pero hoy no podemos dejar de reconocer las limitaciones de esta consideración y el mayor alcance de su objeto de estudio, revestido de características políticas y sociales incuestionables, que rebasan lo meramente natural y se amplían con la garantía de los derechos humanos.

Hasta ahora, se había definido claramente que los determinantes de la salud eran sociales, económicos y culturales, pero hoy irrumpe con fuerza la idea de los determinantes sociales mediados por el efecto de la política. La dimensión política, por sí misma, es uno de los terminantes de la salud y su influencia se impone a través de las políticas públicas, cuyo efecto será positivo cuando se basan en derechos humanos.

Muy tímidamente se venía reconociendo el papel de las políticas como determinantes de la salud, desde los años ochenta, pero hoy se demuestra su relevancia porque condicionan la distribución de los propios determinantes sociales. La salud es política porque sus propios determinantes sociales son sensibles a las intervenciones políticas, son dependientes de la acción política y en tal sentido la ideología, el poder y lo político influyen sobre la salud de las personas.

A modo de conclusión de esta introducción diremos que la salud debe constituirse en un tema de primer orden de la agenda política, como una cuestión social con amplias potencialidades redistributivas de la riqueza de la ciudadanía.

Los derechos de los ciudadanos se convierten en una vía importante para la transformación social, en una poderosa herramienta para el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población y desechar la vía de la privatización que solo conllevara a una peor calidad de los servicios prestados y a una desigualdad patente entre los miembros de la sociedad. Por ello la salud pública, como bien global y las políticas públicas tienen sentido si se apoyan en los derechos humanos mediante mecanismos de construcción ciudadana y participación política, de ahí que sea necesario promoverlos más allá de las acciones encaminadas a resolver la vulneración en los sistemas de salud.



ORIGENES DE LA PRIVATIZACIÓN.

En los momentos actuales en los que la sociedad está inmersa en una situación de crisis económica y descontento social se viene percibiendo una escalonada desmantelarían de los diversos métodos de protección social, entre los que nos encontramos la sanidad pública.

Estas agresiones a la estabilidad en el ámbito de la sanidad pública no es un problema que haya nacido en los momentos actuales sino que es el resultado de una larga evolución iniciada en los años sesenta, años correspondientes a Reagan o Thatcher, con la aparición de políticas públicas que fueron la cuna idónea para la destrucción de los servicios públicos fundamentales para la sociedad, dejando estos, en los brazos del mercado y por tanto en manos de las empresas privadas. La finalidad por entonces era el de obtener una participación mínima por parte del Estado y en el que fueran los mismos ciudadanos los que pusieran remedio a las contingencias vitales. Esta política neoliberal surge, en primer lugar, para el desmantelamiento del Estado de Bienestar, considerándolo como un Estado que no se sostiene debido a sus despilfarros e ineficiencias colectivas que supuestamente ocasionaban grandes déficits difíciles de asumir por parte de Estado.

HISTORIA DE LA PRIVATIZACIÓN ESPAÑOLA.

Cuando hablamos de recortes, de las privatizaciones de servicios públicos o de la gestión de servicios y bienes públicos, hablamos, a su vez, de un recorte al Estado del Bienestar, es indiscutible negar la antagónica relación entre estos dos conceptos: privatizaciones – Estado del Bienestar. Por ello, para entender bien hacia dónde vamos y porque se está realizando (ahora más que nunca) un adelgazamiento del Estado, es necesario conocer de dónde venimos.

En España, lo que hoy conocemos como Estado del Bienestar no surgió hasta los últimos años del Franquismo e inicio de la Democracia, reflejado en la Constitución Española de 1978.

El legado del dictador Franco se basaba en un sistema de beneficencia y no de equidad, reflejo de ello son los siguientes cuadros:



Fuente: (Raya Diez, E. (2005): Estado de Bienestar: aparición, crisis y reestructuración. Universidad de la Rioja, pág 25)



Fuente: (Raya Diez, E. (2005): Estado de Bienestar: aparición, crisis y reestructuración. Universidad de la Rioja, pág 26).

En 1978, el Estado de Bienestar queda blindado en nuestra Carta Magna en múltiples artículos, como por ejemplo, en el siguiente artículo: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” (Constitución Española, artículo 39.1).

Pero todo precepto constitucional o artículo de cualquier norma que haga referencia a esta tipología de Estado, nace de aquí: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (Constitución Española, artículo 1.1). Estado social y democrático de Derecho:

- Con el término social quiere afirmar que España garantiza el ejercicio efectivo de los derechos sociales, prestando la necesaria protección, y a su vez, promoviéndolos y facilitando su ejercicio.

- Democrático. Sufragio universal, independientemente de cualquier razón económica, ideológica, cultural o de credo, los españoles podrán elegir directamente a sus representantes.

- De Derecho: El Estado queda sometido a principio de legalidad, al igual que sus ciudadanos, los cuales ostentan un sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. División de poderes y la obligación de respetar una serie de derechos constitucionales (entre ellos se encuentran los fundamentales) por parte de toda administración.

Aunque lo anterior, “no sólo es verídico, sino que además es cierto”, como diría el cómico Warren Sánchez. La interpretación de la norma está sujeta a las circunstancias del momento, al contexto y realidad actual. Por ello, aunque la Constitución recoge pilares inamovibles, su interpretación no es cerrada. Lo mismo ocurre con las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico. Situándonos:



1939 - 1977

1978

1990 y ss.

2008 - hasta la actualidad

No existe el Estado

de Bienestar



Se blinda mediante la Constitución

Crisis. Privatizaciones de empresas públicas y recorte del gasto.

Crisis. Privatizaciones de empresas, de la gestión de servicios públicos clave y recorte del gasto.

Existe el Estado del Bienestar

Franquismo

Constitucionalismo


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