Expte. N° 074/10 A., B. C. S/ Incidente de ejecucion



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Expte. N° 074/10

A., B. C. S/ INCIDENTE DE EJECUCION

Nº de Orden: 75/2011.-

Libro: I

Trenque Lauquen, 28 de Octubre de 2011 -



AUTOS Y VISTOS:: Los presentes actuados caratulados "A., B. C. S/ INCIDENTE DE EJECUCION", registrados bajo el número 074/10, de acuerdo a su estado respecto de la situación personal y modalidad de cumplimiento de la pena impuesta al encartado B. C. A. (art. 80, último párrafo de la ley Nro. 13.634);

Y CONSIDERANDO:

I.-PRECEDENCIAS DEL CASO:

El joven B. C. A., de 19 años de edad, previo haber sido declarada su responsabilidad penal en relación a distintos delitos contra la propiedad que le fueron atribuídos, le fue impuesta sanción penal de efectivo cumplimiento (en los actuados de Registro Interno de este JRPJ Nº 11/09, con fecha 31/03/2010, por 2 -dos- años; en fecha 14/07/2010 en los autos Nº 27/09; por 3 -tres- meses); en tanto que en fecha 21/10/2010, ya en los autos Nro. 74/10 del Reg. Interno de este JRPJ (Cám. Pen. 442/2010 - IPP Nro. 8301/09) -fs. 176/187-, se procedió a la unificación de la SANCION PENAL UNICA en DOS años y NUEVE meses de prisión de efectivo cumplimiento.-

A fs. 602 antecede el nuevo COMPUTO de pena confeccionado por Secretaría, por el que conforme se informa, la pena VENCE el día 13 de febrero de 2013.-

Correspondería, consecuentemente y en esta instancia, proceder a su aprobación.-

I.-1) Ante la deserción del joven del CC Junín, establecimiento indicado por la Subsecretaría Pcial. para proseguir con el cumplimiento de la sanción penal (se autorizó el cambio de régimen por aplicación del art. 80, último parrafo, de la ley Nro. 13.634 -resol. fs. 372/77) por progresividad luego del extenso período en que permaneció privado de su libertad en el Centro Cerrado de Azul; se ordenó el día 9 de mayo la captura del mencionado joven y consecuente detención -habido que fuera- en la Comisaría de Policía del lugar en que se encontrara el mismo a fin de asegurar el traslado al Centro de Recepción dependiente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Pcia. de Buenos Aires que correspondiera a este Departamento Judicial hasta tanto se decidiera sobre su situación en autos.-

En fecha 27 de junio del corriente año, la dependencia policial de XXX informa haber procedido a la captura de A., por lo que se dispone el adelantamiento de las pericias psicológica y social trimestrales ordenadas al CTA con anterioridad a la incidencia (fs. 445 y 467).-

Asimismo y en respuesta al oficio de fs. 402 y vta. dirigido al Titular del organismo provincial Dr. Alfonso Sánchez Wilde (ccte. fs. 347 y respuesta fs. 366/370), en la misma fecha -27 de junio- se recibe vía fax nota Nro. 135/11 del Departamento de Ubicación y Derivación de Causas Penales de la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, haciendo saber que no corresponde se dé curso a lo pedido -inclusión del encartado en un dispositivo institucional de su dependencia, sin siquiera realizar una evaluación o una referencia a las circunstancias del caso en concreto- por contraponerse con los preceptos normativos que validan la admisión de jóvenes en dispositivos del SRPJ en razón de su edad (cfrme. ley Nro. 26.579/09 -arts. 126/128 Cód.Civil) y además con "sustento legal en lo prescripto por el art. 2 de la Ley 13.298 y en lo establecido en las Resoluciones Nº 171/2007 y 172/2007, en cuanto al límite de protección especial, no pudiéndose en ningún caso ordenarse el ingreso institucional de una persona con 18 años de edad cumplidos conforme el límite de intervención especial determinado por la legislación vigente; y en lo atinente al rango etáreo que opera como límite de ingreso en este Organismo - en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil-..." a lo que agrega que resulta vinculante para ése Dpto. "el contenido de la Disposición Nro. 12/09 (Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires) la cual recupera toda la normativa precitada"; poniendo en conocimiento de la Suscripta que, "en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ha implementado el Programa de Jóvenes Adultos dirigido por el Lic. Fabio Frontelli", resultando el ámbito de desenvolvimiento más próximo a esta jurisdicción el Pabellón Especializado de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, debiendo en todo caso viabilizarse el cupo por ante la Dirección de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario de la Pcia. de Buenos Aires ..."(fs. 449/450 por fax y original a fs. 476/77).-

El Lic. Frontelli confirma telefónicamente a la Suscripta que, para el caso de así decidirse, efectivamente el pedido de cupo debía canalizarse por su intermedio respecto de dicha Unidad Penal, y consultado puntualmente sobre la prestación del Pabellón de jóvenes adultos, indicó que no contemplaría funcionalmente en general (refirió una excepción) separación en el tratamiento de los internos en razón de su edad (adultos y jóvenes adultos), respecto de los institutos de régimen abierto.-

Se solicitó por Secretaría al organismo administrativo central, la remisión vía fax de la Disposición Nro. 12/09 indicada.-

Interín se cumplieron las medidas imprescindibles para resolver sobre la situación del joven, éste permaneció en la dependencia policial más cercana al domicilio que se le asignó dentro de la funcionalidad propia del Ministerio de Seguridad, con su anuencia (prefirió permanecer allí antes de reingresar al CC de Azul o a la UP 4) y sin objeciones de las partes, siendo explicitados los motivos, en la resolución a la que subsiguientemente me referiré.-

Cabe tener presente que, además de lo ahora dispuesto en ésa instancia administrativa denegando el reingreso del joven al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, continúan persistiendo las condiciones de las que informa el fallo recaído en expte B. 68.599 de la Excma. SCJBA de fecha 22/10/08, en cuanto a la inexistencia de un recurso de permanencia cuanto menos temporal y hasta tanto se reúnan los recaudos necesarios para permitir un pronunciamiento jurisdiccional, como respuesta institucional para supuestos similares.-

I.-2) Por resolución de fecha 22 de julio de 2011, que a la fecha ha adquirido firmeza, luego de audiencia en la que los peritos del CTA ampliaron oralmente sus dictámenes interdisciplinarios, el joven fue oído como a las partes, quienes efectuaron distintas peticiones y en cuidadoso examen previo a disponer la prisionización propuesta por el PE (art. 58 de la ley especial); entre otras cuestiones, decidí NO HACER LUGAR, de momento, a la incorporación de B. C. A., en el instituto de la Libertad Condicional, solicitada en favor del nombrado por la Sra. Defensora Oficial del Joven, Dra. Miriam Canelo en la audiencia de la que informa el acta que precede a fs. 501 a 503 vto. por entender respecto a la norma del sistema penal de adultos invocada -con requisito temporal cumplido-, encontrando lo pedido equiparación en la praxis del régimen especial con el instituto regulado por el art. 79 de la ley Nro. 13.634, no hallé aún reunidas las circunstancias, por permitir una mayor flexibilidad -sobre todo, a partir de los opiniones periciales aconsejantes de un marco de contención más rígido-, para su inclusión; en cambio sí MANTENER la ejecución de la sanción penal oportunamente impuesta al joven B. C. A., bajo el RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD a cumplimentarse en la modalidad de prisión domiciliaria nocturna, en principio en el domicilio denunciado, a saber: calle L. XXX de la ciudad de XXX, partido homónimo; conforme primer parágrafo, del art. 80 de la Ley Pcial. 13.634, y el estricto cumplimiento de las pautas de conducta que se impusieron a continuación.-

Que deberá permanecer dentro del domicilio antes indicado, entre las 20.00 hs. y las 7.00 hs. de cada día, bajo vigilancia del Titular de la dependencia policial del domicilio a los fines de su eventual constatación en caso de incumplimiento para ser puesto en conocimiento de éste Juzgado labrándose el acta correspondiente; durante el día deberá realizar la actividad laboral ofrecida por el Sr.Héctor Nicolás Herrera, D.N.I. Nro. 42.114.179, tareas que comenzará a cumplir el día inmediato después de efectivizada la soltura y continuará hasta tanto obtenga en forma efectiva otra ocupación de su interés, si así fuere el caso, con acreditación al menos, UNA VEZ POR MES, por intermedio de la Defensa; deberá disponerse al cuidado, acompañamiento y supervisión del Centro de Referencia Penal y/o, en su caso de así corresponder, del Patronato de Liberados (art. 85 de la Ley Nº 13.634; art. 25 y ccdtes. de la Ley Nº 11.922; Leyes Nacional Nº 24.660 y Provincial Nº 12.256 y modifs.), como de todas las instrucciones que se le indiquen en la instrumentación de un adecuado de marco de contención, que tal lo previsto por el citado art. 80, primera parte de la ley Pcial. Nro. 13.634, se brindará desde ésa instancia ejecutiva y le será en su oportunidad, fehacientemente informado; estimándose conveniente en su implementación la individualización de un referente local que desarrolle alguna actividad o capacitación que resulte de motivación y/o interés personal del joven; y conforme se coordine entre la Defensoría del Joven y el organismo ejecutivo que intervenga en el seguimiento de la ejecución de la sanción penal, deberá A. presentarse, con una frecuencia no menor a SEMANAL, en el lugar que a éstos efectos se le indique.-

A los fines de procurar el adecuado recurso de contención previsto en el citado art. 80 de aplicación, en el item III ordené que deberá el organismo ejecutivo (CRP Dptal.) en coordinación con la Defensoría especializada, en un plazo NO SUPERIOR a 10 (DIEZ) días, informar a ésta sede la red de acompañamiento y supervisión que a tal fin deberá conformarse, detallando su modalidad con individualización del referente local, actividades en días y horarios que se pautarán, como los recursos materiales y humanos que efectivamente se afectarán para procurar el sostenimiento del joven, en su actual situación (fs. 510/547 vta.).-

I.- 3) Tambien, por sus fundamentos a todo lo que me remito, atendiendo a la respuesta negativa otorgada por el organismo oficiado para la reinclusión del joven -al menos transitoria hasta posibilitar ésa decisión, como antes referí-, en establecimiento del SRPJ; se dispuso LIBRAR OFICIO a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad de la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a los fines previstos en el último considerando de la presente, adjuntando copia íntegra y las piezas de este incidente que pudieran resultar de interés.-

También se puso en conocimiento de su Titular las derivaciones que se venían realizando por el CRP Dptal. al Patronato de Liberados, en virtud de la edad de ingreso al programa establecido por la reglamentación (18 años) -lo cual en principio no comprometía su actuación en éste caso- y el de la consulta efectuada por Prosecretaría al organismo central.-

El mismo dió origen a actuaciones para trámite por separado, no obstante en el decurso del proceso y observándose que las circunstancias allí planteadas trascendían su carácter potencial y general -tal se citó-, para redundar en el suceder de la causa, se puso a las partes en conocimiento del contenido del mismo, con remisión de copias.-

Como consecuencia de lo acontecido en autos, estimo pertinente para no iterar, la agregación de iguales copias al presente incidente.-

I.-4) Es así que ulteriormente, la Sra. Pringles, Titular del Centro de Referencia Dptal., no obstante la intervención que detentó durante todo el proceso judicial; notificada que fue de la tarea encomendada en fecha 25 de julio del cte. (mediando entrega en forma personal por Secretaría del oficio librado) y del plazo de 10 días con que contaba para la conformación de la red comunitaria de contención en un caso de su conocimiento; en 1ro. de agosto remite nota a esta sede, en la que informa que previa lectura el requerimiento ha sido direccionado a la Delegación del Patronato de Liberados de la localidad de XXX, lugar de residencia del joven.-

Lo que sostiene en: "...visto y considerando nuestra competencia respecto de la edad del joven y en conformidad con el mencionado organismo en función de la optimización de la intervención ya que los recursos humanos intervinientes se encuentran en ese espacio...".-

Expresa que habiendo mantenido comunicación telefónica con la coordinadora de ésa Delegación (del Patronato de Liberados) Lic. María Teresa Violeta se acuerda una permanente comunicación "a los efectos coordinar si así lo requirieran". (fs. 580 fax y 586 en original) de lo que subsiguientemente se puso en conocimiento a las partes con los autos y a la Subsecretaría de DDHH de la SCJBA (tambien en éste último caso, por separado).-

Por escrito obrante a fs. 582/585 vta. el Sr. Agente Fiscal del fuero interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 22 de julio pasado antes citada.-

A fs. 587 y vta. el Sr. Defensor "ad hoc" presenta la propuesta en coordinación con la Sra. Alejandra Juan del Patronato de Liberados e informa que el Sr. Sergio Antonio Narvaez, profesor de canto de B. aceptó de buen grado ser individualizado como referente local, comprometiéndose no sólo a acompañarlo, motivarlo e incentivarlo en el cumplimiento de obligaciones y cargas impuestas, sino ocuparse de su capacitación para lo cual el joven tiene aptitudes naturales.- Se fija día, hora y lugar de las clases técnicas y horarios de 07,00hs. a 16,00 hs. de L/V y sábados, medio día, para las tareas laborales a cargo del Sr. Herrera.-

A fs. 590/591 obra adelantado por fax el informe de supervisión efectuado por el organismo ejecutivo tutelar de derivación del caso (Patronato de Liberados) conforme la delegación efectuada por el Centro de Referencia Dptal. a cuya Titular, la Sra. Pringles la tarea se le ordenó y como se dijo, se le notificó fehacientemente, sin siquiera consulta previa a éste JRPJ en funciones de Juzgado de ejecución de la sanción del fuero especial para la valoración en ésta instancia de lo que ella estima una "optimización de la intervención" en función exclusivamente de los recursos disponibles en el lugar del domicilio, más en detrimento de la especialización y de su conocimiento previo del caso.-

En dicho informe suscripto por Daniel Omar Alfonso, Coordinador (Dis. Nro. 21/07) de la Delegación Rivadavia del Patronato de Liberados Pcial. consta que en fecha 03/08/11 su titular acepta la labor encomendada (25/08/11, original receptado en 30/08/11 obrante a fs. 593/4).-

Con ulterioridad, surge confirmada en segunda instancia la decisión adoptada, por la Alzada local en el fallo en Expte. Nro. 10.201/11 de ésa Cámara, Nro. de orden 234 de fecha 29 de agosto del cte., tal consta en el incidente de apelación receptado en ésta sede en fecha 13 de septiembre del cte. mes y año (fs. 84 a 88 de ése).-

La Excma. Cámara de Apelaciones Dptal. con asiento en las constancias de la causa -más allá indica al relevarlas, quizás por error involuntario, que el joven fue alojado en la UP 4- y sustento legal en la cita de sentencia de la SCBA, se estima que en referencia a la de fecha 22/10/08 (Juzgado de Menores Nro. 1 Trenque Lauquen / Pcia. de Buenos Aires )-Conflicto de Poderes, Nro. B. 68.599-, luego de oír al joven y a las partes, además de "...confirmar la resolución de fs. 28/65 vta. "en cuanto a sido materia de agravio", debiendo tener presente la "a quo" las recomendaciones efectuadas en el considerando"; mientras en éste se estima "...la inclusión de B. A. en el régimen establecido en el art. 80 de la Ley aparece -de momento- como la solución más adecuada, sin perjuicio de sugerir a la Sra. Magistrada, la incorporación de mayores tareas a fin de ocupar al nombrado en actividades que redunden en su beneficio, tales como la concurrencia a un centro de formación profesional, o aquellas que estime conducentes. Del mismo modo, establecer la actividad durante los fines de semana y feriados, por fuera del horario en que debe permanecer en su domicilio...".-

II.-PLANTEO DEL PROBLEMA:

En suma y en este estado, se suscitarían varias cuestiones atinentes a la etapa de ejecución de la sanción penal en el fuero de responsabilidad penal juvenil, de distinta índole y entidad, que se relacionarían -además de lo planteado por los operadores ejecutivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil- con la orfandad normativa a nivel nacional de disposiciones que establezcan fondalmente las sanciones penales específicas y los requisitos temporales especiales para acceder a beneficios durante el cumplimiento de la de privación de libertad (art. 16 CN y ccte. CPBA); y de una ley de ejecución de sanciones penales (y eventualmente, medidas cautelares) a nivel provincial que determine los procederes y delimite las funciones jurisdiccionales del magistrado a cargo de la etapa, de las administrativas, otorgando certeza a los operadores, al justiciable y a las partes.-



Ello por cuanto el art. 85 de la ley Nro. 13.634 remite a la ley pcial. Nro. 12.256 y su art. 106 modificando la ley orgánica del PJ, otorga la competencia para la etapa al JRPJ, mas las funciones jurisdiccionales surgirían también subsidiariamente (por su art. 1ro.) establecidas del art. 25 CPP.-

O sea, las remisiones funcionales y normativas que regulan la etapa en su totalidad, son a institutos procesales, órganos y servicios del fuero penal de adultos.-

El Sr. Fiscal especializado, con funciones genéricas de control del debido proceso legal, someramente en el punto 2) de su libelo recursivo incursionó en el problema, en cuanto estima que no se "...dan los requisitos formales previstos por la normativa legal vigente para el otorgamiento del instituto en cuestión".-

El Dr. Butti hace mención al citado art. 85 de la ley Nro. 13.634 y expresa "...No contando entonces la ley 13.634 con una norma específica que regule la forma de conceder el beneficio de la semilibertad, debemos necesariamente remitirnos a las disposiciones de la ley 12.256 (de ejecución penal de la pcia. de Buenos Aires), tal como dispone el art. referenciado en el párrafo anterior..." y analiza el presente caso a la luz de lo normado por el art. 100, 122, 123 y cc. de la ley mencionada supra, concluyendo que si bien tanto las leyes de Ejecución Nacional como Provincial (de aplicación supletoria en este caso) atienden al principio de progresividad, los recaudos legales no se encuentran reunidos para permitir el acceso al beneficio otorgado, que califica de premio injustificado (fs. 582/585 vta.).-

El alcance de la aplicación de las leyes que rigen para la ejecución de la pena en el sistema penal de adultos, ha sido objeto de tratamiento (sin dejar de tener presente el grado de dificultad que presenta), en otras resoluciones y sentencias de éste JRPJ y del TRPJ.-

Mas se reeditan en éste incidente, como fácilmente traducidas en distintas incidencias suscitadas -o a plantearse, eventualmente a futuro- en cuanto a la naturaleza del abordaje dentro del proceso del responsabilidad penal juvenil y el trámite a imprimir de conformidad a la etapa.-

Lo cual a título ejemplificativo, en relación a este caso en concreto, menciono:

a) el encuadre normativo dado a la intervención ejecutiva por el Patronato de Liberados en expte. Nro. 854883/E de ésa Delegación: PRISION NOCTURNA "(SEMIDETENCION LEY 24.660)" en relación a la implementación del instituto previsto en el art. 80 de la ley especial Nro. 13.634, lo que para refocalizar dicha intervención (alcances y consecuencias), haría necesario la previa elucidación del instituto que ha de ser fiscalizado y sus alcances, dentro de lo previsto en las leyes de ejecución del fuero de adultos.-

Surge del mentado informe que dicha tarea se cumple respecto de "pena de prisión nocturna (semidetención ley 24.660)" y expresa que "...con respecto a permanecer en el domicilio entre las 20:00 y 7:00 hs.: No consta incumplimiento. La constatación estará a cargo de la Dependencia policial. ...".-

Es así que, del análisis de la ley nacional en la que encuadra el Patronato de Liberados su intervención (ley nac. Nro. 24.660), su texto denota que las alternativas para situaciones especiales indicadas por el titular del organismo que regula fondalmente dicha ley Nacional, complementaria del Código Penal, cfrme. art. 229 (arts. 35, 39 y 41 de la ley antes cit.) -o los del Cap. IV, institutos de régimen abierto, alternativas..., arts. 122 y sgtes. de la ley Nro. 12.256- NO detentan puntual correlato con la modalidad adoptada en autos para continuar el cumplimiento de la pena del fuero especial (régimen de semilibertad - internación nocturna en ámbito domiciliario-: art. 80 de la ley Nro. 13.634).-

Es más, uno de los requisitos para la admisibilidad de la semidetención, en ambas leyes de ejecución (en la Nacional Nro. 24.660: art. 35 inc. "a" y en la Pcial. Nro. 12.256: art. 116), sería justamente la previa revocación de la prisión domiciliaria prevista en los supuestos -de fondo, ccte. art. 10 CP- del art. 32 de la ley Nac. Nro. 24.660.-

Es así que, si nos remitimos al régimen de ejecución de las penas de adultos en el orden nacional para la elucidación del instituto de fondo respecto del que se derivan los procederes judiciales y administrativos establecidos en el orden provincial-, serían en cambio éstas últimas, las normas que, en todo caso, guardarían en su espíritu, un mayor acercamiento analógico con lo dispuesto en el art. 80 de la ley especial provincial, siendo ésta la norma del fuero especial que en el presente caso se aplicó, en las dos oportunidades que se decidió en autos, dentro de las variables que prevé el artículo (fs. 372/377 y 510/547) y lo que a la postre, resultó confirmado por la Alzada local en fecha 29 de agosto de 2011, sent. a fs. 84/88 del incidente.-

b) CONTROL POLICIAL de cumplimiento de los horarios de permanencia en el domicilio establecidos en la resolución:

Respecto de dicho instituto regulado por el art. 32 de la ley Nacional con el que fondalmente podría entonces asumirse alguna equiparación, se advierte que el art. 33 de la ley 24.660 en su último párrafo, dispone: "El juez en cuanto lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un patronato de liberados ....- En ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales y de seguridad."

Mas dicha disposición no encontraría consonancia con lo previsto en el art. 509 del CPP (de aplicación subsidiaria, conforme art. 1 de la ley Nro. 13.634) tal como se encontraba vigente al momento de decidirse a fs. 510/547 en que, para el supuesto análogo del sistema penal en general, dispone que la detención domiciliaria prevista por el Código Penal se cumplirá: "...bajo la inspección o vigilancia de la autoridad policial o del Servicio Penitenciario, para lo cual el órgano competente impartirá las ordenes necesarias...".-

Asimismo, la ley de ejecución penal provincial establececía: "La pena domiciliaria establecida en el art. 10 del Código Penal, será supervisada en su ejecución por el Servicio Penitenciario..." (art. 115, ley Nro. 12. 256).-

Si bien la determinación del organismo de control de cumplimiento de los horarios de la internación nocturna establecida en la resolución de fs. 510/547, se presentaría como una cuestión de naturaleza claramente procesal -por su sola incorporación normativa dentro del código ritual provincial- sería de tener presente no sólo la tajante restricción de la ley 24660 para el ámbito nacional y lo dispuesto en su art. 228, sino que las reglas procesales provinciales fueron en el interín, concordadas .-

c) La tarea de procurar compatibilizar la legislación especial con las normas de ejecución penal de adultos ante un vacío coyuntural comprensible, no es nueva en ésta instancia: precede el ejercicio de lo acontecido durante la transición penal residual del fuero de menores disuelto, no obstante la inexistencia de normas de fondo a nivel nacional para el fuero específico aunada a las remisiones a funciones y procederes del sistema penal de adultos a nivel provincial, aumenta las condiciones de diluír o perder de vista, los parámetros con los que operamos en un fuero distinto.-

Los objetivos y finalidad del fuero de responsabilidad penal juvenil apenas iniciado y concebido bajo un nuevo paradigma, corren serio riesgo de distorsionarse, en mi impresión, ante la mera posibilidad de naturalizar la práctica de derivación de los casos a órganos de prisionización y/o supervisión del sistema penal de adultos como consecuencia remanente de lo que a éste Sistema especial aún resta le sea asignado en los distintos estamentos de intervención.-

Es así que la negativa de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia Pcial. para afectar sus programas y recursos a la etapa de ejecución y en razón de la edad a que arribó el condenado durante el proceso, confluiría pragmáticamente en la falta de programas/operadores específicos para la ejecución de institutos aún no contemplados en la ley nacional fondal y regulados expresamente en la ley provincial especial.-

No obstante, cabe tener en cuenta, que el legislador provincial sólo efectuó la formulación normativa del instituto -en la especie: régimen de semilibertad- (dentro de las distintas modalidades de cumplimiento de la sanción penal juvenil en los arts. 79 y sgtes.), sin indicación de los órganos, recursos y/o servicios ejecutivos ni regulación del mismo orden respecto del proceder de los primeros en el ámbito administrativo (como por ejemplo, para el rol y actuación del Servicio Penitenciario, lo determinan el art. 10 de la ley Nro. 24.660 a nivel nacional y el art. 95 de la ley 12.256 en el ámbito de la Pcia. de Bs. As.).-





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