Encuesta nacional de violencia contra la mujeres



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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LA MUJER

PROGRAMA No.824-A1-908

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA



CONTRA LAS MUJERES EN COSTA RICA”

PROYECTO No. 824-A1-545

ENCUESTA NACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LA



MUJERES”


INFORME FINAL DE INVESTIGACION

Dra. Montserrat Sagot R.

Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)

Escuela de Antropología y Sociología

Investigadora principal
Dra. Laura Guzmám

Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)
Investigadora asociada


Marzo, 2004


1. Introducción: la Violencia Contra las Mujeres como un Problema Social

Diversos estudios han mostrado que la violencia contra las mujeres es un problema social de grandes dimensiones, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género, que afecta sistemáticamente a importantes sectores de la población femenina (Heise, et.al, 1994; Ellsberg, 1996; Carcedo y Zamora, 1999; Kennedy, 1999). Este tipo de violencia tiene una direccionalidad clara: en la mayoría de los casos es ejercida por hombres contra las mujeres. Una forma endémica de este tipo de violencia es el abuso de las mujeres por parte de su pareja. Según investigaciones realizadas en América Latina, entre un cuarto y más de la mitad de las mujeres informan haber sido abusadas en algún momento por sus parejas (Heise et.al, 1994; Johns Hopkins University-CHANGE, 1999; United Nations, 2000). De acuerdo con estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, alrededor del mundo, por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o maltratada de alguna manera durante el transcurso de su vida (Johns Hopkins University-CHANGE, 1999).



Estudios realizados en Estados Unidos también han comprobado la forma desproporcionada en que la violencia es dirigida hacia las mujeres. Por ejemplo, se ha demostrado que el 63% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por sus esposos, novios o compañeros y que la mayoría de estos femicidios han ocurrido en la propia casa de las víctimas (Dobash & Dobash, 1979; Strauss, Gelles & Steinmetz, 1980). Datos similares se reportan para Canadá, Brasil y Costa Rica, donde entre el 60% y el 78% de los homicidios femeninos son cometidos por una pareja, expareja o pretendiente (United Nations, 2000; Carcedo y Sagot, 2001). En Canadá, los resultados de la Encuesta de Violencia Contra las Mujeres, mostraron que el 50% de las mujeres había experimentado por lo menos un incidente de violencia desde los 16 años y que, en la mayoría de las ocasiones, esa violencia había sido ejercida por un hombre cercano (Statistics Canada, 1993).
La prevalencia tan significativa de estas formas de violencia constituye un serio problema de salud pública, un obstáculo oculto para el desarrollo socioeconómico y una violación flagrante de los derechos humanos de las personas afectadas.
Como problema de salud pública, este tipo de violencia representa una causa significativa de morbimortalidad entre las mujeres de edad productiva. Además de las heridas, fracturas, abortos, etc. producto de las agresiones, las mujeres blanco de la violencia pueden padecer estrés crónico y, como consecuencia, enfermedades tales como hipertensión, diabetes y asma. Frecuentemente, las mujeres maltratadas sufren dolores de cabeza en forma crónica, trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos (Larraín y Rodríguez, 1993; Johns Hopkins-CHANGE, 1999). Un estudio llevado a cabo en Colombia por el Instituto Forense de Bogotá encontró que la quinta parte de los casos de lesiones físicas presentados para ser evaluados por esa dependencia, se debían a violencia conyugal contra las mujeres (United Nations, 1991). Una evaluación de los servicios de emergencia de varios hospitales en Santiago de Chile determinó que el 73% de las mujeres atendidas por lesiones habían sido heridas por personas cercanas (Heise et.al., 1994).
La violencia contra las mujeres tiene también un alto costo social y económico para el Estado y la sociedad. Los gastos incurridos en salud, procesos legales, transporte, incapacidades y ausencias al trabajo de las mujeres afectadas pueden implicar sumas multimillonarias anuales para las instituciones públicas y privadas, así como para las familias involucradas (Buvinic, Morrison y Shifter, 2001). Por otra parte, algunos estudios estiman que el abuso sexual y el maltrato físico disminuyen el ingreso de las mujeres entre un 3% y un 20% por el impacto en el logro educacional y sobre la salud lo que, a su vez, repercute en la vida laboral (Nelson, 1996). Según cálculos hechos con la metodología AVAD (Años de Vida Ajustados Según Discapacidad), en las economías de mercado, la violencia representa casi un año de vida perdido por cada cinco años de vida saludable para las mujeres de 15 a 44 años (Heise et.al., 1994).
La violencia contra las mujeres implica además una restricción a la libertad, la dignidad, y el libre movimiento y, a la vez, una violación directa a la integridad de la persona (Bunch, 1991). Muchas de las manifestaciones de esta violencia son, de hecho, formas de tortura, de encarcelamiento en la casa o hasta de esclavitud oculta. Desde esa perspectiva, la violencia representa una violación de los Derechos Humanos de las mujeres afectadas.1
Una de las características principales de la violencia contra las mujeres es su invisibilidad. El amplio subregistro de los casos en las fuentes oficiales contribuye a esta invisibilización. Por ejemplo, según estimaciones, solo son denunciados un 2% de los casos de abuso sexual infantil dentro de la familia y entre un 20% y un 30% de los ataques sexuales contra las mujeres adultas (United Nations, 2000). En América Latina, para el caso de la violencia intrafamiliar contra mujeres adultas, se estima que únicamente son denunciados entre un 15% y un 25% de estos incidentes (Shrader Cox, 1992; CEFEMINA, 1994).
Este subregistro es el resultado de una multiplicidad de factores, entre los que se encuentran: el hecho de que estas formas de violencia sean consideradas como actos aislados dentro del ámbito privado y no un problema social; la percepción de que los actos de violencia son hechos normales dentro de las dinámicas de la familia, es decir, que la práctica de la violencia es un acto legítimo; El hecho de que las personas afectadas, principalmente las mujeres, suelen responsabilizarse a sí mismas de ser las provocadoras de los actos violentos, percepción ampliamente reforzada por los mitos y actitudes de la sociedad; finalmente, la percepción de las mujeres de que no hay servicios o respuestas sociales positivas para apoyarlas a resolver su problema, o que los servicios existentes son poco eficientes, inadecuados y hasta dañinos.
Estos factores conducen a que muchas mujeres afectadas se nieguen o se vean imposibilitadas a denunciar la violencia de la que son objeto. Las instituciones prestatarias de servicios, en general, no cuentan con sistemas de detección y registro apropiados lo que oculta aun más el problema. La falta de registros, a su vez, lleva a diagnósticos, políticas de prevención y modelos de atención no adecuados para responder a las necesidades de las mujeres afectadas, y a la complejidad y magnitud de este problema.
La solución para este extendido problema requiere de políticas y acciones coordinadas estratégicas e intersectorialmente con la participación tanto del Estado como de la sociedad civil.
Cada sector tiene un papel crucial que jugar en la prevención, registro y atención de la violencia contra las mujeres y en garantizar los derechos de las afectadas. Sin embargo, en términos reales, las ideas predominantes en el imaginario colectivo sobre la violencia contra las mujeres y la falta de datos hacen que las respuestas sociales sean inadecuadas e insuficientes en la mayoría de los casos.

2. Antecedentes del Proyecto

Dada la magnitud, la falta de datos y las implicaciones del problema el Proyecto de la Encuesta Internacional de Violencia contra las Mujeres (EIVCM) se planteó los siguientes propósitos:




  • Contribuir a elevar el nivel de concientización del público y las autoridades mostrando la magnitud del problema social de la violencia contra la mujer.

  • Aportar información fiable para la elaboración de medidas legislativas y otras respuestas de la justicia penal.

  • Contribuir a promover la asistencia a las mujeres víctimas.

  • Proveer información exacta y fiable que sirva de base para la elaboración de políticas racionales.

  • Proveer bancos de datos sobre el delito y la justicia penal comparables internacionalmente.

  • Mejorar las prácticas policiales en el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer

  • formular y poner a prueba hipótesis de investigación y teorías relacionadas con la violencia contra la mujer.

  • Desarrollar aptitudes y conocimientos técnicos a nivel local para la ejecución de encuestas, entrevistas sobre cuestiones delicadas y análisis e interpretación de los datos de las encuestas sobre victimización .


El proyecto de EIVCM se apoya fundamentalmente en la red e infraestructura de la Encuesta Internacional de Victimización (ICVS) que se ha realizado con éxito en más de 70 países alrededor del mundo.2 La ICVS ha ayudado a varios países en vías de desarrollo a preparar y realizar encuestas sobre victimización como un instrumento de investigación y política. Entre las sugerencias específicas surgidas del análisis de los resultados de la ICVS hay que mencionar la necesidad de una nueva encuesta especialmente concebida para enfocar la violencia contra la mujer tanto dentro como fuera de la familia. Si bien algunos incidentes se informaron a los entrevistadores de la ICVS, muchos casos de violencia siguen sin conocerse debido a lo extremadamente delicado del asunto y a las dificultades metodológicas implícitas en una entrevista sobre este tema.
El proyecto de EIVCM se inició en 1997 cuando el HEUNI junto con varios expertos internacionales en la materia comenzaron a elaborar una herramienta modelo de encuesta comparativa para medir el grado de violencia contra la mujer en todo el mundo. Desde entonces, el instrumento de encuesta ha sido objeto de revisiones y consultas. En marzo de 2001, con la contribución del Ministerio de Justicia de Canadá, se organizó un taller para diez países en vías de desarrollo y varios países desarrollados que se autofinanciaron. Los participantes revisaron el cuestionario de la encuesta en preparación para las pruebas y analizaron los posibles problemas relacionados con la implementación de la metodología de la encuesta en diferentes contextos culturales. El cuestionario fue sometido a consultas antes de su finalización en octubre de 2001. Se prepararon manuales, procedimientos, directrices de capacitación y el cuestionario para la prueba piloto.
La prueba piloto se realizó en 11 países antes de la segunda reunión de coordinadores nacionales que tuvo lugar en Turín, Italia, del 3 al 5 de octubre de 2002. El cuestionario se revisó una vez más para ser puesto a prueba en Australia antes de su finalización en noviembre de 2002.
El proyecto de EIVCM se ha concebido en torno a la hipótesis de que las violaciones de las leyes y normas de la sociedad contra la violencia se mantienen invisibles, dado que la mayoría de los actos de violencia contra la mujer no llegan a conocimiento de la policía ni de otras organizaciones de ayuda. La violencia contra la mujer sucede más a menudo en los ambientes sociales íntimos e inmediatos. Este hecho, junto con las normas de protección de la vida privada de la familia, no favorecen la denuncia de incidentes violentos, especialmente a la policía, y mucho menos aún si el sistema jurídico no tiene procedimientos específicos para responder a la violencia doméstica. En consecuencia, en muchos países, la violencia contra la mujer no se denuncia debido a que el marco jurídico no es adecuado para tratar la violencia doméstica y la reticencia de las víctimas a denunciar los casos a la policía. Si la violencia doméstica no se considera de facto una cuestión que concierne al sistema de la justicia penal, posiblemente haya un alto nivel de incidencia pero muy poca visibilidad de este hecho en los datos oficiales. Sin tener en cuenta la cuestión de validez, esto hace que sea muy arriesgado elaborar políticas en el ámbito local y hacer análisis comparativos de la violencia doméstica sobre la base de los datos oficiales.
Hasta el momento el proyecto incluye varios países que han asegurado su participación de manera autofinanciada: Australia, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Holanda, Noruega, República Checa, Suecia y Suiza. Se están manteniendo conversaciones para alentar a otros países industrializados a que participen. Otros países que están buscando financiamiento actualmente a fin de participar son: Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Estonia, Filipinas, Indonesia, Polonia, República Checa, Serbia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Ucrania y Uruguay.

Los primeros países que realizaron la encuesta real a partir de comienzos de 2003 son: Australia, Dinamarca, Suiza, Polonia, Mozambique, Italia, Grecia y Costa Rica. Otros países lo irán haciendo a medida que obtengan fondos.



3. Metodología

3.1 El cuestionario


Este proyecto utilizó el cuestionario construido de forma conjunta por los equipos de investigación de todos los países que participan en el proceso, así como el manual para el trabajo de campo también elaborado por el equipo internacional. En octubre del 2002, el equipo de investigación se reunió en Turín, Italia y con base en los resultados de las pruebas piloto se elaboró el instrumento que sería utilizado para esta fase. Según se planteó arriba, la versión revisada del cuestionario fue sometida a prueba en Australia. El cuestionario original se elaboró en inglés por lo que tuvo que ser traducido al español. En Costa Rica el cuestionario fue traducido por personas especializadas en la temática de la violencia contra las mujeres y luego revisado por la investigadora principal y la investigadora asociada para asegurar coherencia con el cuestionario original.
El cuestionario consta de las siguientes 9 secciones:

a Formulario de control

b Estado conyugal y características de la entrevistada

c Experiencias de violencia

d Informe de victimización de no compañeros

e Informe de victimización de compañeros íntimos

f Características del anterior compañero intimo violento

g Características del compañero intimo actual

h Historia de abuso de la madre y victimización en la infancia

i Ingreso y conclusión

3.2 Definiciones de Violencia en la Encuesta


  • Violencia física: El uso de cualquier fuerza física contra una mujer sin su consentimiento (golpes, patadas, mordiscos, empujones, quemaduras, ahorcamientos, jalones de pelo, torceduras de brazos, uso de armas blanca o de fuego)




  • Violencia sexual: Tocamientos o asalto a la sexualidad de una mujer, violación (penetración vaginal, oral o anal), violación en el matrimonio, explotación sexual y prostitución forzada.




  • Violencia psicológica: se la considera como “predictora” de actos más severos de violencia, pero no se contabiliza como tal (abuso verbal, humillación, insultos, amenazas, daño a las posesiones, etc.).

3.3 Entrenamiento del Equipo de Encuestadoras
Dada la sensibilidad de este tema, el primer paso de la estrategia metodológica del proyecto implica la cuidadosa selección y capacitación de las encuestadoras. En ese sentido, se seleccionó a 25 estudiantes de las carreras de Antropología, Trabajo Social, Psicología, Sociología y Estudios de la Mujer a quienes durante 3 días se les entrenó en los siguientes temas, de acuerdo a los lineamientos del plan de capacitación definido por el proyecto a nivel internacional:


    • Información general sobre el proyecto “Encuesta Internacional de Violencia Contra las Mujeres”

    • Definiciones de violencia contra las mujeres

    • Los efectos de la violencia en las mujeres maltratadas

    • Mitos sociales sobre la violencia y sobre las mujeres afectadas

    • La importancia de esos mitos en las respuestas a la encuesta

    • Asuntos de seguridad personal concernientes a las encuestadoras y las entrevistas

    • Respuestas al trauma emocional

    • Cómo obtener respuestas acertadas y honestas

    • Consideraciones éticas

    • Práctica de las encuestas

Las encuestadoras, además, portaban un instructivo sobre como actuar en casos de emergencia o crisis y una lista de todos los recursos disponibles para la atención de mujeres afectadas por la violencia. Es decir, ellas tenían a su disposición números telefónicos de las líneas e emergencia, de los grupos de apoyo para mujeres maltratadas y de los nombres de las personas que pertenecen a las diferentes redes locales de atención y prevención de la violencia. Asimismo, las encuestadoras también llevaban un paquete de información y panfletos sobre las diferentes leyes del país, tal como la Ley Contra la Violencia Doméstica, la Ley de Pensiones, la Ley de Paternidad Responsable, etc. para ser utilizada en caso de que alguna de las informantes lo necesitaras. Sin embargo, el criterio ético principal siempre fue el de un respeto profundo a los procesos y decisiones de las mujeres afectadas por la violencia.


3.4 Acompañamiento al Equipo de Encuestadoras


La alta prevalencia de la violencia contra las mujeres significa, casi sin excepción, que las encuestadoras podían haber estado expuestas a algún tipo de experiencia de violencia directamente, en su familia o en su entorno más cercano. En ese sentido, el proceso de involucrarse en este estudio podría despertar emociones, confusión y conflicto interno. Estas reacciones podían afectar el trabajo así como tener un impacto negativo en la salud emocional de las encuestadoras.
Por este motivo se hizo necesario realizar un acompañamiento constante y brindar apoyo emocional al equipo de encuestadoras. Como parte de este apoyo se contó con una persona experta en el trabajo con sobrevivientes de violencia y una psicóloga. Cada equipo de encuestadoras tenía que reportase diariamente con la coordinadora de la investigación y de ser necesario eran referidas al equipo de apoyo emocional.
3.5 Tamaño y Selección de la Muestra
Con el fin de garantizar que la muestra fuera seleccionada de forma aleatoria y que, por tanto, fuera generalizable, se le solicitó colaboración al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según los objetivos de la encuesta, El INEC definió los criterios para la selección de la muestra nacional de segmentos censales. El resultado fue una muestra de 90 segmentos donde se realizarían 10 entrevistas en cada uno, para un total de 900 entrevistas con un nivel de confianza del 95%.
El siguiente cuadro presenta los lugares y el número de encuestas realizadas en cada lugar.
Cuadro 1

Costa Rica: Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres

Lugar donde se realizó la encuesta. 2003

(valores absolutos y relativos)

Lugar

No. encuestas


%

San José (central)

60

6,6

Escazú

20

2,2

Desamparados

53

5,8

Puriscal

10

1,1

Aserrí

20

2,2

Goicoechea

20

2,2

Santa Ana

10

1,1

Alajuelita

20

2,2

Vázquez de Coronado

10

1,1

Tibás

10

1,1

Moravia

30

3,3

Montes de Oca

10

1,1

Curridabat

20

2,2

Pérez Zeledón

31

3,4

Alajuela (central)

50

5,5

San Ramón

20

2,2

Grecia

20

2,2

Naranjo

10

1,1

Palmares

10

1,1

Poás

10

1,1

San Carlos (central)

41

4,5

Upala

10

1,1

Guatuso

9

1

Cartago (central)

24

2,6

Unión

16

1,8

Jiménez

10

1,1

Turrialba

10

1,1

Oreamuno

10

1,1

Guarco

10

1,1

Heredia (central)

20

2,2

Barva

10

1,1

Santa Bárbara

10

1,1

San Rafael

10

1,1

San Isidro

10

1,1

Flores

10

1,1

Sarapiquí

10

1,1

Liberia

10

1,1

Nicoya

11

1,2

Santa Cruz

13

1,4

Carrillo

20

2,2

Tilarán

10

1,1

Puntarenas (central)

40

4,4

Buenos Aires

10

1,1

Osa

10

1,1

Aguirre

10

1,1

Golfito

10

1,1

Coto Brus

10

1,1

Corredores

10

1,1

Limón (central)

30

3,3

Pococí

10

1,1

Siquirres

20

2,2

Talamanca

10

1,1

Matina

10

1,1

Total


908

100



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