El trabajo en la interfase psico-socio-jurídica Lic. Silvia Crescini* Resumen



Descargar 102.69 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión26.03.2019
Tamaño102.69 Kb.
  1   2   3


El trabajo en la interfase psico-socio-jurídica

Lic. Silvia Crescini*

Resumen

El trabajo en la interfase psico-socio-jurídica es una práctica novedosa que incluye profesionales de la psicología, del trabajo social y del derecho.

La autora del presente artículo intenta dar cuenta de las vicisitudes de dicha práctica a través del relato de un caso de adopción de un niño maltratado que le fue derivado desde un Tribunal de Menores, en el que tuvieron activa participación diferentes actores sociales pertenecientes a la comunidad de la cual la familia adoptante formaba parte.

Se trabajó en interfase con el Tribunal de Menores, con el hogar de tránsito que recibió al niño en primera instancia y con la familia de acogimiento, que luego devino familia adoptante; destacando el rol del operador de interfase como gestor del proceso terapéutico.

La tarea realizada se apoyó en el abordaje sistémico, activando las redes sociocomunitarias naturales que funcionaron como sostén del proceso terapéutico a la vez que representaron al sistema familiar ampliado, y favoreciendo la construcción de los puentes interinstitucionales que ayudaron a mantener el diálogo constante.
Palabras clave: Interfase psico-socio-jurídica, puentes interinstitucionales, operador de interfase, abordaje sistémico.
Abstract

The psycho-social-judicial inter-phase’s work is a new practice that includes professionals from the psychology, social work and law.

The author of this paper tries to explain this practice’s vicissitudes through a case - story of the adoption of an abused child, which came to her from a Children and Juvenile Court in which different social actors that belonged to the community of the adoptive family took an active role.

This work has been accomplished in inter-phase with this Court, the residential center that received the child in the first instance and with the foster family that later became the adoptive family; emphasizing the role of the inter-phase operator as the manager of the therapeutic process.

This work relied on the systemic approach, activating the natural socio-community nets which played as the support of the therapeutic process and represented the extended family system at the same time, as well as facilitating the construction of inter-institutionary bridges that helped to keep a fluent dialogue.

Key words: psycho-social-judicial inter-phase, inter-institutionary bridges, inter-phase operator, systemic approach.



  • Lic. Silvia Crescini, psicóloga, terapeuta familiar. E-mail: silviacrescini@ciudad.com.ar,


Introducción

En este artículo se trasmitirá la práctica específica de lo que fue denominado en un primer momento como “el trabajo en la interfase psicojurídica”. El concepto de interfase está tomado de la Informática. Más adelante este concepto será desarrollado.

Se presentará un caso en el que intervienen diferentes actores sociales ligados a la “protección de la minoridad en riesgo”, denominación que está en plena transformación a partir de la promulgación de la nueva ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. Cabe aclarar que dicha intervención se respalda en organizaciones comunitarias con fuerte ligazón con la doctrina social de la Iglesia Católica.

Alcances y objetivos de la nueva ley de Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes

La nueva Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 26 de octubre de 2005, tiene vigencia para todo el territorio de la República y se inscribe en los principios de la doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia. Derogó al decreto-ley 10.903 imbuido del antiguo modelo tutelar o de “patronato”, que se ocupaba de la “minoridad”.

La nueva ley simboliza un salto cualitativo en la concepción de la infancia y adolescencia donde las relaciones con la familia, la sociedad y el Estado quedan redefinidas.

Solo para destacar sus facetas más trascendentes puede señalarse que:



-Se establecen lineamientos que deben regir las políticas públicas en la materia.

-Se consagra de manera explícita la obligatoriedad de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y se precisan criterios en orden a principios rectores como el concepto del Interés Superior y garantías mínimas de procedimientos, sin perjuicio del reconocimiento expreso de derechos fundamentales.

-Se delimitan obligaciones y responsabilidades del Estado, la familia y la comunidad en la materia.

-Se establecen pautas para la conformación del Sistema de Protección Integral de Derechos.

-Se definen las modalidades de intervención estatal frente a la amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y/o adolescentes.1

Algunas consideraciones teóricas acerca del prefijo inter o entre

Para acceder a la definición del concepto de interfase es necesario importar explicaciones que provienen de la Informática. Se refiere a toda superficie de contacto, de articulación, de traducción entre dos o más órdenes de realidades diferentes. En un marco psico-socio-jurídico se prepara el terreno para que la “acción conjunta” sea efectiva.

Dice J. Shotter (1996) “...aquellos involucrados en tal acción conjunta crean ‘situaciones’ entre ellos que, aunque pueden no contener objetos materiales independientes como tales, es como si lo hicieran. Porque quienes están dentro de una ‘situación’ se sienten obligados a proceder conforme a las ‘cosas’ en ella, no debido a su forma material, sino debido a que todos nos exigimos moralmente proceder conforme a lo que existe ‘entre’ nosotros”.

Y más adelante: “...lo que nos complace llamar nuestro sí mismo es un fenómeno de frontera. En la práctica es menos una entidad y más una estrategia o conjunto de estrategias, un modo o un conjunto característico de modos de responder a los otros alrededor nuestro. Algo que solo aparece en ese punto de contacto (la cursiva es mía) con aquellos otros. O, si es una entidad, es una con fronteras constantemente disputadas y cambiantes; algo que re-unimos de un modo un día y de otro al siguiente”.

El concepto de “acción conjunta” evoca la idea de “entrelazamiento”, donde las acciones son precedidas por acuerdos previos –que en el caso que se presentará a continuación – se

establecen entre representantes de las diferentes disciplinas convocadas: el derecho, la psicología y el trabajo social, para construir lo que Carlos Sluski (2008) ha denominado “interlenguajes”. El concepto de acción conjunta” y el de “interlenguajes” van de la mano con el de interdisciplina. La interfase psico-socio-jurídica se sostiene en la “acción conjunta” y en la generación de “interlenguajes” para llevar adelante la propuesta que se traduce como “trabajo en interfase”.

La interfase remite a enlace, contacto, conexión entre dos o más personas, situaciones, instancias, grupos, instituciones, sectores. En este sentido, interfase e interdisciplina están íntimamente relacionadas. Fried Schnitman y Schnitman (2000) mencionan que los “espacios intermedios” pueden ser definidos como una instancia dialógica de acción social coordinada.

Enriquece el aporte que hizo Rosa María Ravera, (filósofa especialista en Estética) para definir el espacio “inter” o “entredós” como ella caracterizó al ámbito que se genera entre el artista y su público, a través de la obra de arte. Ella lo llama “mediación estética”. Funciona como puente entre ambos; resulta sumamente útil para dar cuenta del espacio “inter”, el “no man's land” propio del operador de interfase.

Explica R. M. Ravera2: “Lo que se procura en estas líneas es obtener la visualización de un espacio entre, rastreado en el derrotero de mediaciones que han sido históricamente operativas y que son aún hoy actuantes, persuadidos de que la laboriosidad de ese territorio experimental no da indicios de dominio intelectual ni está viciado categorialmente.”... “Para ello, las mediaciones podrían (deberían) multiplicarse al infinito, en ilimitada semiosis, sin pretensiones unitarias ni globales, como avances interpretativos tendientes a reconocer la privilegiada inmediatez del sentir, y la esperanza de una comunidad estética. También con la significación de un renovado sensus communis, aceptando que todos somos capaces de apreciar y construir formas desde la interioridad de un sentimiento que es propio de la especie y que retiene la posibilidad universal de una comunicación intersubjetiva.” El concepto de sensus communis (la cursiva es de la autora) me fue útil para reconocer que estaba “operando” en esa dimensión con cada una de las personas que componíamos ese singular sistema terapéutico.

Carlos Sluzki (2008) habla de “interlenguaje” refiriéndose a las estrategias propias de la resolución alternativa de conflictos o mediación, refiriéndose al lenguaje específico que requiere el trabajo en interfase para que sea transformativo. En ese sentido es un “lenguaje novedoso” porque permite a los diferentes operadores experimentar el sensus communis que plantea R. M. Ravera.



El operador de interfase

El operador de interfase es un facilitador que permite que las instituciones intervinientes devengan genuinos actores sociales responsables de la misión que cada uno comporta. Es un articulador, un verdadero tejedor de redes. Atento a la trama que se va entrelazando realiza un trabajo artesanal, verifica permanentemente que las conexiones estén en condiciones de operar, que la interfase esté en funcionamiento, que las bisagras estén aceitadas, que los vínculos devengan flexibles, que si Mahoma no va a la montaña, la montaña se acerque a Mahoma, sorteando obstáculos o bien transformándolos en información, en prueba fehaciente, en evidencia.

En la interfase pisco-socio-jurídica, el contexto judicial se vuelve ámbito de intervención para los operadores sistémicos (terapeutas, trabajadores/as sociales, abogados/as de familia), de modo que ipso facto devienen operadores de interfase.

Cuando el operador de interfase aprovecha el contexto judicial, este se convierte en una herramienta útil que le permite reforzar la intensidad de la intervención aumentando las opciones de conciliación en las disputas o afinando la herramienta diagnóstica en las evaluaciones. El operador de interfase deberá abocarse a la construcción de un interlenguaje que permita una comunicación fluida sin que por ello se abandonen los instrumentos propios de cada disciplina. Por el contrario, intentará que se vuelvan inteligibles para unos y otros las singularidades que definan cada lenguaje específico en las diferentes disciplinas.



El trabajo en interfase

El trabajo en interfase genera instrumentos que le permiten al operador moverse con soltura en el resbaladizo terreno de las situaciones judiciales. Lo judicial, a través de la orden del juez, reasegura el continente psicológico que suele desbordar cuando se desatan las pasiones, los conflictos individuales, de pareja, familiares y de contexto. De idéntica manera el aporte psicológico permite a jueces y juezas hacer una mejor justicia, en la medida en que puedan reconocer los patrones de conducta de las familias o parejas en crisis que llegan al tribunal.

Es necesario tener en cuenta que las familias o parejas que llegan al ámbito jurídico han agotado las instancias previas o han desbordado los diques que otras instituciones, ya sean educativas o de salud, intentaron construir.

En este sentido cabe recalcar, que el contexto judicial se vuelve ámbito de intervención para el equipo de salud mental, teniendo en cuenta que la medida judicial apropiada aplicada en el momento oportuno funciona como una verdadera intervención en crisis.



Acerca de la minoridad y la ley

Una de las cuestiones más complejas por las que atraviesa la tarea tiene que ver con los cambios que se han producido desde que se promulgó la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, según la cual el término “menor” calificaba a los niños y niñas huérfanos, o los que se encontraban en estado de “abandono”, por lo tanto esos niños y niñas debían ser “judicializados”, es decir, puestos bajo la “tutela”3 del juez o jueza de menores, quien podía disponer del niño, niña o adolescente, según su criterio, así como también podía mandar a evaluar a los padres de los mismos y determinar su capacidad para ejercer la Patria Potestad4; si la misma no se confirmaba las niñas, niños y adolescentes eran internados en institutos de menores o bien dados en adopción.

Aún cuando la Convención Internacional por los Derechos del Niño fue suscripta por Argentina en 1990, adquiriendo rango constitucional en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional en la Asamblea Legislativa de Santa Fe. Se mantuvo el Patronato que garantizaba el control social del Estado, sobre los “menores en riesgo”, a través del tutelaje.

En cambio, la Ley 26061 garantiza la Protección Integral de la Infancia: Derechos, Garantías y recursos en función del Interés Superior del Niño. Es decir que a través de la nueva ley, el niño, niña o adolescente deja de ser “objeto de protección” para pasar a ser “sujeto de derechos”.



El contexto de la derivación

En este contexto, apenas sancionada la Ley 26061, recibí el llamado de una de las trabajadoras sociales perteneciente al equipo técnico de un tribunal de menores del conurbano bonaerense; quien conocía mi trayectoria como operadora en la interfase psicojurídica en ocasión de ejercer como tal en el mencionado tribunal de menores; razón por la cual la jueza Dra. G. sugirió que la familia P. que deseaba consultar por los problemas de aprendizaje y de conducta que presentaba su hijo menor, adoptado en dicho tribunal, años atrás, me fuera derivada.

Los tribunales de menores de la provincia de Buenos Aires contaban con la colaboración de un Equipo Técnico dentro del Tribunal, constituido por psicólogas/os, trabajadoras/es sociales, médico/a psiquiatra infantil y médico/a pediatra.

En principio, el mencionado equipo era el encargado de determinar el grado de gravedad que revestía la situación particular de los “menores en riesgo” que llegaban al Tribunal.

Es necesario aclarar que la trabajadora social que se puso en contacto conmigo; había intervenido desde el inicio en el caso siendo el contexto tribunal, el ámbito donde se tomaron las primeras decisiones que tenían como objeto “proteger” al menor llamado Juan C. del maltrato físico y moral del que había sido víctima. Corría el año 1993, todavía bajo la vieja legislación.

El bebé de siete meses fue internado por desnutrición. Su madre era una menor de 14 años, que lo “entregó” a una de sus hermanas mayores para que lo críe, en tanto ella se volvía a su provincia.

Esta tía se acercó a la parroquia del barrio para pedir ayuda. La parroquia la envió a un centro materno infantil, que al comprobar la desnutrición dio intervención al tribunal.

La jueza Dra. G. designó a M., trabajadora social, para que se ocupara de conseguirle la vacante para la internación. Es así que Juan C. llegó al Hogar de Tránsito dirigido por la Sra. Ana S. e inmediatamente fue puesto al cuidado de una familia de acogimiento: los P.



La derivación a la consulta la recibí cuando Juan C. ya era Juan José P. de 13 años de edad.

Antes de penetrar de lleno en las vicisitudes del caso, es conveniente dedicar una sección a describir el funcionamiento del Hogar de Tránsito y de las Familias de Acogimiento, en tanto instituciones pertenecientes a la comunidad que rodea al Tribunal de Menores, prestando servicios sociales que refuerzan la acción tutelar del servicio de Justicia, responsabilidad del Tribunal de Menores.



El Hogar de Tránsito y las Familias de Acogimiento: extensiones del Tribunal de Menores

Entre las organizaciones comunitarias que colaboraban con el tribunal, se encontraba el Hogar de Tránsito que dirige la Sra. Ana S., una institución que fue creada para poner en práctica el concepto de “protección”5 propio de la Ley de Patronato. Es un espacio para proteger y resguardar a la “minoridad en riesgo”, tal como lo mencionaba la derogada ley 10903. Los niños y niñas permanecían internados (Hogar de Tránsito o Familia de Acogimiento) mientras duraba la medida de protección impuesta por el juez, hasta tanto la familia biológica estuviera en condiciones de hacerse cargo; o bien, el niño o niña fuera dado en adopción. La medida suspendía por el mismo período la patria potestad de los padres biológicos cuando hubieren incurrido en abuso, maltrato o violencia contra el niño, niña o adolescente.

Las Familias de Acogimiento (también llamadas Familias Guardadoras), por su parte, sustituían durante un período a la familia biológica cuando el juez le otorgaba la guarda provisoria6 del menor. Al mismo tiempo, el acogimiento familiar permanecía mientras los padres biológicos eran asistidos psicosocialmente. En la actualidad, tales instituciones se mantienen de manera restringida, lo que significa que solo son utilizadas en los casos extremos en los que el juez debe tomar “medidas especiales de protección”7.

Las mencionadas familias colaboraban voluntariamente con el Hogar de Tránsito dirigido por la Sra. Ana S., recibiendo a aquellos “menores” que necesitaban cuidados especiales. El término “acogimiento” fue utilizado por Matilde Luna (1994), quien lo despliega cuidadosamente como una alternativa pedagógica y de sostén para aquellas familias que necesitaran ayuda para criar a sus hijos. “A partir de la segunda mitad del siglo xx, con algunos antecedentes aislados, la ubicación de chicos en familias es empleada como modalidad asistencial alternativa a la institución asilar para los niños en situación de riesgo, a los que se debía apartar de su medio familiar”… “las ventajas de la colocación familiar sobre otras formas de atención a personas con diferentes problemáticas –en particular menores– han sido reconocidas universalmente en los últimos años. Desde múltiples estudios provenientes de las diferentes disciplinas que abarcan el estudio y la aplicación de las políticas de asistencia a la infancia en riesgo, se han producido informes que respaldan tal valoración” (Luna, 1994, págs. 27,28).

Conviene aclarar que todavía regía la doctrina de la “protección de la infancia” a través de las instituciones vecinales fuertemente ligadas a la doctrina social de la iglesia promotora de la beneficencia y la filantropía.

La donación estaba presente en la mayoría de los actos que protagonizaron los miembros de esta comunidad. Donaban casas, dinero, víveres, tiempo. El precepto religioso que guiaba sus vidas les imponía tales comportamientos. No parecía haber contradicciones. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes recibían atención y cuidado genuino mientras aprendían a colaborar con las tareas domésticas, los mayores cuidaban a los más pequeños mientras se ayudaban mutuamente en las tareas escolares.

La fluida comunicación entre la jueza de menores, la directora del hogar de tránsito y el matrimonio de acogimiento garantizaba la circulación por los puentes interinstitucionales. El contexto religioso funcionaba como elemento aglutinante, generador de las redes socio-comunitarias que garantizaban el éxito de la “acción conjunta”, matriz del trabajo en interfase.

Como se verá más adelante, el sistema de valores que sostenía a los P. (familia adoptiva antes de acogimiento) enmarcaba dentro del presupuesto de la filantropía, sumada la práctica de la caridad y la misericordia pregonada por la Iglesia Católica que tanta influencia ha tenido en los temas de la minoridad.

La cuestión de la“minoridad” ha sido sostenida por múltiples intereses político-religiosos, es decir que las políticas públicas (sociales) concomitantes partían del presupuesto de la “protección (Guemureman y otros, 2001). Sin embargo, en el presente caso, cabe afirmar que la protección fue real, es más, la puesta en acto de la protección desencadenó procesos impensados en el seno de la familia de acogimiento.

Analía y Horacio: de matrimonio de acogimiento a padres adoptantes

La familia de acogimiento, los P, que conformaban el grupo familiar conviviente son Analía, la mamá, (56) Horacio, el papá (58) y Juan José, el hijo adoptivo de 13 años.

Los padres adoptantes tenían 3 hijos biológicos: Ernesto (35), divorciado; Mariana (33), casada y Mercedes (31), casada.

Analía y Horacio se conocieron muy jóvenes. Se casaron cuando Analía tenía 18 años y Horacio, 20. Ambos provenían de familias tradicionales, vecinas del mismo barrio, en una localidad del conurbano bonaerense donde habitan familias de clase media, pequeños industriales, comerciantes y profesionales ligados fuertemente a la comunidad.

El padre de Analía los ayudó económicamente en los primeros tiempos del matrimonio. Horacio era cantante pop. Ya habían nacido los hijos mayores, Ernesto y Mariana, cuando recibió una oferta para actuar en el extranjero. Debía ausentarse varios meses para cumplir con la gira. Analía se opuso. Se iban todos, o se terminaba el matrimonio.

Analía no se movió de su decisión (cortó menos diez –según su propia expresión), por lo tanto Horacio renunció estoicamente a su carrera como cantante y se acopló a la familia L. Su suegro lo ayudó con dinero para poner un negocio de telas. Horacio prosperó como comerciante. Analía trabajó atendiendo el negocio mientras criaba a sus hijos mayores.

En el ínterin, queda embarazada de un tercero/a que resuelven abortar, evento vivido con gran sentimiento de culpa por Analía. Al tiempo queda nuevamente embarazada y nace Mercedes. Horacio hubiera preferido quedarse con dos hijos.

Durante las entrevistas, surgió una y otra vez el costo emocional que tuvo el aborto para Analía y lo sola que se sintió durante el embarazo de Mercedes y su posterior nacimiento.

Horacio siempre fue celoso y posesivo con su esposa. Nunca digirió demasiado bien el tener que compartirla con sus hijos, con la familia de origen y con las actividades que Analía realizaba en la comunidad. Tan así es, que Horacio se incorporó a la actividad comunitaria a través de los encuentros matrimoniales que propuso la parroquia, como una manera de compartir objetivos con Analía.

De este modo es que se convirtieron en familia de acogimiento. Es posible entenderla como una estrategia reparatoria inconsciente para tramitar el aborto. Analía hizo que Horacio se comprometiera fuertemente con el voluntariado como una manera de permanecer unidos, más allá de los tres hijos.

En este contexto los P. recibieron a Juan C. Como se expresara más arriba, ellos son católicos practicantes y respondían al perfil que el dispositivo de la filantropía, la protección y la tutela requieren para “asistir” a quien lo necesita. Pertenecían a un centro comunitario, cuya organización y coordinación estaba a cargo de los feligreses notables de la parroquia local. No conocían al pie de la letra lo consignado en la Convención Internacional por los Derechos del Niño, sin embargo se comportaban dentro de los cánones que la mencionada convención pregona. Aparecía la doctrina social de la Iglesia respaldando el accionar de los P. “La acción en la Pastoral Social tiene características muy especiales: es personal, es decir, brota del compromiso de la fe y se expresa en una verdadera conversión de corazón; es comunitaria, no es individualista, sino que compromete a toda la comunidad en el proceso transformador…”8 Prestaban un servicio a la comunidad que bien podría encuadrarse dentro de lo que se ha definido como Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.





Compartir con tus amigos:
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad