Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos


Estado y su aparato militar en la Revolución Bolivariana. La unión cívico-militar y el nacionalismo petrolero130



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Estado y su aparato militar en la Revolución Bolivariana. La unión cívico-militar y el nacionalismo petrolero130.


“Una potencia verdadera necesita una potente Fuerza Armada, sigamos pues, uniendo a la Fuerza Armada, condición indispensable para convertirla en una potente Fuerza Armada, como la estamos convirtiendo, uniéndola, aclarando cada día más el rumbo, la nueva Doctrina Militar Bolivariana” 131



Presidente Hugo Chávez

1. Introducción
En las distintas tradiciones del pensamiento marxista se denota el carácter represivo y coercitivo del Estado burgués, en algunos casos entendido en tanto instrumento de las clases dominantes para garantizar de modo directo sus intereses materiales y en otros como parte analítica constitutiva de las relaciones sociales de producción capitalistas que en su objetivación en forma de aparato estatal interviene activamente en su reproducción procesando las situaciones de fuerza derivadas de la lucha entre las clases antagónicas y las fracciones de clase con tensiones, por lo tanto - en mayor o menor medida – esa característica esencial se constituye en un problema de estudio en la inmensa mayoría de los autores adscritos parcial o completamente a la llamada filosofía de la praxis por Antonio Gramsci.

En el caso específico de una región como América Latina, periférica y dependiente de la economía global capitalista, que fue incorporada violentamente al naciente sistema-mundo a través de la conquista y colonización ibérica, en la que además en el siglo XIX y principios del XX la concreción de las independencias formales y la consolidación de los armazones institucionales de los Estados tuvo como una institución fundamental a los aparatos estatales militares, entre otras particularidades se caracteriza por mantener una sobre-representación de las diferentes Fuerzas Armadas Nacionales producto de su evidente centralidad en la conservación cotidiana y en momentos de crisis de hegemonía tanto de las relaciones sociales de producción capitalistas como de la condición subordinada de las formaciones económico-sociales latinoamericanas al proceso de acumulación de capital mundial.

En ese marco, en el presente capítulo del libro, analizaremos los cambios y las continuidades que acontecen en el aparato militar del Estado venezolano en medio de la llamada Revolución Bolivariana (1999-2016), denotando a través de un recorrido analítico e histórico el proceso que permitió la transición desde la Doctrina de Seguridad Nacional a la vigente Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, a partir de transformaciones constitucionales, políticas estatales y sobre todo agudos conflictos entre el bloque político emergente y el tradicional que se reflejaron en divisiones internas de la ahora denominada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Modificaciones en el aparato estatal que permitieron el redimensionamiento de la participación de los militares activos en la conservación del orden imperante, mientras antes entre los años 1959 y 1998 su actuación se restringió casi de manera exclusiva a la represión generalizada en coyunturas precisas o permanente de focos insurgentes, ahora en los últimos 16 años sin desestimar sus actividades represivas y coercitivas al mismo tiempo se involucraron directamente en la construcción de consenso y en la subordinación de las clases populares al armazón institucional del Estado extractivista.
2. Formas de Estado y aparatos militares en América Latina.
Los Estados capitalistas en determinados períodos históricos y territorios nacionales asumen distintas “formas de Estado”, que implican características particulares en la institucionalidad que componen los aparatos estatales y en los modos concretos a través de los cuales participan en la constitución-reproducción de las relaciones sociales dominantes. Entonces, las modificaciones progresivas o regresivas que ocurren en las diferentes formas de Estado suponen modificaciones parciales en las relaciones de explotación y dominación propias de las sociedades capitalistas, que se cristalizan en los aparatos estatales a partir del procesamiento histórico de los contextos reproductivos de la economía mundial que condicionan a los diversos espacios valorización (países) y de las diferentes situaciones de fuerzas derivadas de las luchas antagónicas entre las clases fundamentales y de las disputas que desarrollan fracciones de las clases dominantes y otros sectores sociales.

En ese sentido, las cualidades específicas de las configuraciones institucionales e ideológicas de los aparatos militares dependen de las diversas formas de Estado, por ello se encuentran condicionadas al mismo tiempo por las características de las diferentes modalidades hegemónicas del capital y de los distintos contextos históricos del sistema-mundo. La caracterización del origen, desarrollo y crisis de las doctrinas de los aparatos militares de los Estados en concreto, requiere entonces precisar en un período temporal determinado por un lado su manera de relacionarse con el proceso de acumulación y las clases sociales antagónicas, en el otro lado su tipo de inserción como parte de un Estado particular en la geopolítica y geoeconomía del sistema-mundo. En consecuencia, puntualmente las llamadas Fuerzas Armadas Nacionales se encuentran condicionadas por su modo de imbricación con la reproducción de las relaciones sociales dominantes y la posición de su Estado en la jerarquía estatal del sistema-mundo.



En el caso específico de una región como América Latina que hasta en la segunda mitad del siglo XX siempre tuvo en los aparatos militares a las instituciones que a través de la violencia directa organizaron y reprodujeron tanto las formas políticas coloniales y republicanas, como los regímenes de acumulación primario exportadores y desarrollistas sustituidores de importaciones, es perentorio identificar la génesis y la continuidad de la referida centralidad de las Fuerzas Armadas Nacionales en los armazones institucionales de los Estados latinoamericanos (Sandoval Rodríguez, 1976). Los autores vinculados al pensamiento conservador de estirpe positivista señalan que el llamado “militarismo” en América Latina, tiene su origen en la condición latina de nuestras sociedades en las que existe una frágil cultura democrática que permite e incluso hace necesario fenómenos históricos como el caudillismo y el autoritarismo militar para garantizar el orden político y el progreso económico. De manera imbricada, los académicos liberales sostienen que el denominado “pretorianismo” en la región es causa de la ausencia de un proceso acabado de profesionalización de los aparatos militares que concluya en el establecimiento de un conjunto de procedimientos que institucionalicen el control civil de las Fuerzas Armadas Nacionales (Buttó, Irwin y Langue, 2006). Respuestas que presentan una posición conceptual eurocéntrica que ocultando experiencias políticas europeas como el nazismo, fascismo, falangismo y gaullismo naturalizan la centralidad de los aparatos militares en América Latina, mientras a su vez desconocen la importancia de factores políticos y económicos propios de la ubicación de la región en el sistema-mundo y su división internacional del trabajo que originan la sobrerepresentación estatal de las FAN. Nosotros, al contrario, siguiendo con nuestro planteamiento imbricado a la tradición marxista creemos que la condición periférica de las formaciones económico-sociales de la región, provoca entre otras consecuencias el llamado “déficit hegemónico” que constituye a la violencia directa ejercida por los aparatos militares de los Estados como la garantía del orden imperante de modo permanente y en las permanentes crisis de la dirección consensual de las sociedades en su conjunto por parte de las clases dominantes (Kohan, 2007). Por lo tanto, aquello que genera la continuidad de la centralidad de los militares en América Latina es la reproducción y la interpelación de la subordinación de los aparatos estatales y de las economías de Latinoamérica al proceso de acumulación mundial y a los intereses geopolíticos de los centros estatales de poder mundial (imperios coloniales o potencias imperialistas).

Dicha característica unificadora de la estatalidad de América Latina que en la actualidad (2016), cuando no hay ninguna dictadura militar como gobierno en la región, aparece modificada y relativamente encubierta en Estados que con regímenes políticos democráticos representativos al mismo tiempo incorporan en sus legislaciones normas jurídicas que son abiertamente represivas como las llamadas leyes antiterroristas que criminalizan las luchas de las clases populares y complementan desde la ilegalidad la represión estatal utilizando la violencia directa de organizaciones paraestatales denominadas de forma tradicional como grupos paramilitares. Aunque el caso más conocido y emblemático es el colombiano, donde la violencia paraestatal es responsable de millones de campesinos e indígenas asesinados y desplazados de sus tierras con la complicidad del aparato del Estado nacional y la injerencia estatal de los Estados Unidos, creando las condiciones concretas que mantienen el conflicto social y armado que acontece en Colombia (Vega Cantor, 2015). En realidad, en la inmensa mayoría de los otros países latinoamericanos existen organizaciones paraestatales constantes o contingentes que mediante la violencia directa participan de la conservación del orden capitalista, dependiente y extractivista imperante en Nuestra América. Los mencionados grupos paramilitares que son financiados con recursos provenientes del narcotráfico y/o de aportes de las clases dominantes internacionales y locales encarnadas en empresas transnacionales y grandes terratenientes, en la mayoría de las oportunidades se encuentran involucrados en los procesos de defensa y aumento de la concentración de la propiedad de la tierra, combatiendo a las organizaciones campesinas e indígenas que se movilizan en rescates de tierras para su distribución democrática y despojando a campesinos e indígenas de sus tierras para incorporarlas al agronegocio y a la extracción minera. Por ejemplo, con diferencias en el uso más directo o atenuado de la violencia paraestatal tenemos en la Argentina a las llamadas “patotas sindicales”, en Brasil a las denominadas “milicias” que atacan los asentamientos agrícolas del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Chile el Movimiento Antimarxista Húsar que asume la responsabilidad de acciones paramilitares que sufren en la Araucanía el pueblo Mapuche, en Guatemala las Juntas Locales de Seguridad que son la instancia orgánica que reorganizó y remozó a los antiguos integrantes de los grupos paramilitares que participaron en el conflicto social y armado guatemalteco (1960-1996), en México entre muchas expresiones paramilitares en el caso específico de Chiapas la organización paraestatal Paz y Justicia creada para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Paraguay los Justicieros de la Frontera que efectúan operaciones armadas para amedrentar al campesinado paraguayo y combatir la insurgencia del Ejército del Pueblo de Paraguay (EPP) y en Venezuela bandas coyunturales de policías locales y delincuentes comunes que realizan acciones de sicariato asesinando campesinos, indígenas y dirigentes sindicales.

Más allá de la continuidad de la centralidad de la violencia estatal y paraestatal en América Latina, en lo concreto las configuraciones institucionales e ideológicas de los aparatos militares de los Estados de la región, que se cristalizan en las doctrinas de las FAN, sufren en términos históricos modificaciones producto de la forma en la cual participan en la reproducción de las relaciones sociales imperantes y del tipo de inserción en los intereses geopolíticos de las potencias estatales del sistema-mundo. De modo puntual, el aparato militar del Estado en el caso del Puntofijismo (1959-1998), enmarcado en la Doctrina de Seguridad Nacional, se involucraba en la garantía del orden dominante de manera permanente y en coyunturas precisas a través casi exclusivamente de la violencia estatal y la coerción, mientras se subordinaba a la llamada estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos en el conflicto bipolar con la Unión República Socialista y Soviética, que se anclaba por ende en la contrainsurgencia y el anticomunismo. En cambio, el aparato militar en la denominada Revolución Bolivariana a partir de la concreción de su Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, se inserta en la recuperación de las capacidades estatales interviniendo en la organización y reproducción de las relaciones sociales capitalistas mediante su esencia que es la represión e incorporando en sus operaciones la construcción de consenso, mientras en lo internacional ejecuta una estrategia de defensa nacional más autónoma que supone la diversificación de sus relaciones militares, estableciendo alianzas de carácter multipolares con centros de poder mundial y aliados políticos como por ejemplo Rusia y Cuba respectivamente.


3. La doctrina del aparato militar del Estado venezolano en la Revolución Bolivariana (1999-2016).
3.1. La Revolución Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación.
En medio de significativos conflictos políticos y sociales que expresaban las disputas a lo interno del bloque de clases en el poder, en el año 1999 comienza la conformación de una forma de Estado que restaura con una orientación más progresiva las capacidades estatales para construir consenso alrededor de las relaciones sociales capitalistas, en ese sentido ocurre un proceso paralelo de reordenamiento institucional y de retorno al llamado por nosotros nacionalismo petrolero, que implicó a través de la re-estatización parcial de la industria petrolera el aumento de los ingresos del aparato estatal extractivista para mediante su distribución mejorar aunque de modo contingente las condiciones de vida de las clases subalternas. En ese contexto histórico, caracterizado por la lucha de las clases fundamentales y las fracciones de las clases dominantes en torno a la definición de las características de la nueva modalidad hegemónica del capital, las Fuerzas Armadas Nacionales a partir de las modificaciones doctrinarias son constituidas como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En tanto cristalización institucional del aparato militar del Estado venezolano, la FANB se involucra en la recomposición de las capacidades estatales para la organización de consenso alrededor del orden dominante estableciendo en su nueva Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación de modo concomitante: un redimensionamiento de su estructura institucional y la incorporación en sus orientaciones ideológicas de las premisas del nacionalismo petrolero. Entonces, en términos programáticos la FANB se autodefine desde una perspectiva puntual como bolivariana, cuando se autocaracteriza como supuestamente “el pueblo en armas” y “antiimperialista”, por lo tanto en su concepción es junto a la sociedad corresponsable de la defensa y el desarrollo de la patria. En palabras escritas en 1973 para su campaña presidencial José Vicente Rangel132 planteaba que “para los países subdesarrollados la defensa no tiene las características de los países altamente desarrollados e industrializados”, en realidad “la defensa está unida a la idea de crear los mecanismos propios de desarrollo, de combatir la miseria, la dependencia, los factores foráneos del capital monopolista que remachan esa dependencia”. Por ello, “defensa nacional y desarrollo independiente son factores de una misma política, al margen de la cual no puede estar el Ejército” (1973: 112). Además, según el propio Hugo Chávez, en palabras expresadas el 23 de julio de 2009 en el acto de cierre del III curso de Estado Mayor Conjunto de la FANB, es “una Fuerza Armada popular, porque viene del pueblo, es parte del pueblo, es el pueblo mismo armado y uniformado; una Fuerza Armada antiimperialista, porque nacimos desde hace 200 años para enfrentar los imperios” (Chávez, 2009: 8).


De la autodeclaración de la FANB como “popular” y “antiimperialista” a su caracterización por nosotros existe una brecha considerable, que se inserta en la reproducción en la realidad concreta del carácter de clase del Estado burgués en la llamada Revolución Bolivariana. En resumen, a pesar de la retórica inflamada del bloque político chavista y su líder histórico, es imposible que un aparato militar popular y antiimperialista constituya parte de un Estado burgués, mucho menos en una formación económico-social dependiente y extractivista. En las últimas seis décadas del siglo XX y en los años transcurridos en el siglo XXI, la Fuerza Armada Nacional de Venezuela en su inmensa mayoría se compone de oficiales que tienen su origen en las clases subalternas, es objeto de un trabajo político desarrollado de modo clandestino o directo por parte de distintos partidos de izquierda y nacional-populistas a través de la incorporación de jóvenes en la Academia Militar y con el acercamiento permanente con militares activos y, por último, recibe la influencia ideológica del ideario del Libertador Simón Bolívar que aunque bastante adaptable tiene un núcleo anticolonial esencial que es re-significado por el nacionalismo petrolero venezolano. Circunstancias que han creado las condiciones de posibilidad para el surgimiento en varias coyunturas históricas de una fracción nacional-populista y progresista a lo interno de la FAN venezolana, por ejemplo los participantes en las sublevaciones militares ocurridas en el año 1962 y el 4 de febrero de 1992, sin embargo eso no supone una supuesta condición popular y antiimperialista del aparato militar del Estado extractivista de Venezuela.

En realidad, la autodefinición de la FANB en tanto “popular” y “antiimperialista” expresa como el aparato militar del Estado en la denominada Revolución Bolivariana, desarrollando la represión y coerción como su esencia a su vez participó en la recomposición de las capacidades estatales para construir consenso alrededor de las relaciones sociales capitalistas, a través de un reordenamiento institucional y el retorno al nacionalismo petrolero. Primero, la ejecución operativa de la llamada unión cívico-militar implicó modificaciones institucionales en el aparato militar del Estado venezolano, por un lado oficiales activos asumen cargos de alta jerarquía en la administración estatal desarrollando en términos generales programas sociales y de infraestructura, en el otro lado la movilización de una fracción significativa de los núcleos organizados de las clases populares sufre un proceso de estatización mediante su transformación en funcionarios del orden dominante, al incorporarlos de modo voluntario y subordinado en la FANB a partir de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana. Segundo, la FANB se declaró bolivariana al considerarse una institución estatal que es responsable de defender el patrimonio heredado por el Libertador Simón Bolívar: el territorio nacional (Müller Rojas, 1992). Un territorio que en su subsuelo tiene los yacimientos petroleros, que la FANB los significó como recursos naturales que se requieren para constituir un poder nacional que permitiera el surgimiento de la Venezuela potencia, pero que al mismo tiempo son codiciados por el “imperialismo” personificado en los gobiernos nacionales de EEUU (Chávez, 2009). La FANB por ende asumió el nacionalismo petrolero cuando respaldó la recuperación del control parcial de la industria petrolera por el armazón institucional del Estado extractivista entre los años 2001 y 2007, que supuso en medio de importantes conflictos históricos redimensionar la alianza estatal con el capital transnacional petrolero a través de la asociación en las empresas mixtas que operan entre otros yacimientos en los ubicados en la Faja Petrolera del Orinoco. Situación que en un contexto reproductivo del mercado mundial caracterizado por el incremento vertical del precio del petróleo, garantizó el incremento de los ingresos estatales provenientes de las exportaciones de petroleras, que al menos en una porción fueron distribuidos mediante un conjunto de programas sociales que de forma coyuntural y parcial lograron satisfacer necesidades materiales y culturales de las clases subalternas del país.



Como ya vimos, en el proceso de recomposición de las capacidades estatales para organizar consenso en torno al sentido dominante del orden, que fueron resquebrajadas por las clases populares venezolanas en los años 90 del siglo XX desplegando una resistencia antineoliberal, el bloque político bolivariano estableció al nacionalismo petrolero como orientación ideológica del aparato del Estado extractivista, provocando el surgimiento de las condiciones de posibilidad que desembocaron en sucesos concretos que develaron conflictos con el capital transnacional petrolero y los gobiernos de EEUU, por ejemplo el golpe de Estado de abril del año 2002 y el paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003. Por lo tanto, la FANB establece como sus hipótesis de conflicto a los aparatos militares de los Estados de EEUU y de la vecina Colombia por su condición de aliado militar en la región de la principal potencia imperialista de Occidente. En un cuestionamiento a las bases militares que en el año 2009 EEUU acordó con el gobierno colombiano instalar en Colombia, el propio Presidente Hugo Chávez planteaba “los yanquis quieren convertir a Colombia en el Israel de América Latina” (2009: 8). Definiendo como parte de la doctrina militar una estrategia de operaciones practicada incluso en ejercicio militares denominada “guerra popular de resistencia”, que supondría un posible conflicto convencional con la FAN colombiana y una guerra asimétrica contra la FAN de EEUU por su superioridad militar (Garrido, 2006). Finalmente, en el marco de la política exterior ejecutada por el aparato estatal en la llamada Revolución Bolivariana que se proponía la creación de un mundo multipolar, la FANB orientada por su Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación cambió sus alianzas militares constituyéndose en aliada de Cuba, incentivó la fundación del Consejo de Defensa Sudamericano como órgano de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y efectuó compras de equipamiento militar principalmente a Rusia y en menor medida a China.
4. Estado y aparato militar en la Revolución Bolivariana (1999-2016). Un recorrido histórico.
4.1. Disputas internas y consolidación doctrinaria (1999-2004).
La transición de la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación propia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se enmarca en el proceso de constitución de una nueva modalidad hegemónica del capital y por ende en las modificaciones en la forma de Estado en Venezuela en la llamada Revolución Bolivariana. El referido cambio en el aparato militar del Estado extractivista provoca importantes conflictos internos, que son abiertos y públicos en el período comprendido entre el año 1999 y 2003. En ese lapso temporal ocurren sucesos como el impasse presidencial con el Ministro de la Defensa General de División Raúl Salazar por su aceptación de la ayuda militar proveniente de EEUU en medio de la tragedia de Vargas en 1999, los pronunciamientos de militares disidentes en 2002, el golpe de Estado del 2002 y la manifestación de rechazo al gobierno nacional por parte de oficiales activos y retirados uniformados en la Plaza Altamira en 2002. Un conjunto de acontecimientos históricos que desembocan paulatinamente en la consolidación de la unidad de mando del aparato militar estatal en torno a la figura del Presidente Hugo Chávez, pero en los que se divulgaron diferentes cuestionamientos alrededor de la nueva orientación de la FANB, en los que se criticaba desde los nuevos objetivos asumidos hasta el cambio en los aliados militares. Entonces, en esos conflictivos años, el Presidente Hugo Chávez logra consolidar las modificaciones doctrinarias estableciendo como dilema del aparato militar del Estado: la defensa del control estatal de los “recursos naturales” necesarios para el desarrollo nacional o la entrega de los “recursos naturales” de la nación al capital transnacional petrolero personificado en el gobierno de EEUU, a partir de la privatización total de la industria petrolera defendida por la fracción tradicional de las clases dominantes locales y los partidos de conservadores.

Ya antes mencionamos que en términos generales la principal modificación que sufre el aparato militar del Estado extractivista es su inclusión activa en el proceso de organización de consenso alrededor de las relaciones sociales propias del orden dominante, en ese sentido la FANB es involucrada en tareas distintas a las relacionadas estrictamente con la denominada seguridad y defensa nacional. Por ejemplo, ejecutando políticas asistenciales como el llamado Plan Bolívar-2000 y participando en diferentes misiones sociales entre ellas la Misión Alimentación, Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Gran Misión Vivienda, entre otras. Una condición que generó críticas de sectores de la sociedad que recelaban una posible militarización del país y fracciones de las FANB que manifestaban una distorsión en su objetivo primario que es la defensa nacional (Blanco Muñoz, 2007). El Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández planteó que “las Fuerzas Armadas sienten que no son albañiles, que tienen que estar por allí pintando casas”, en realidad “su rol en la paz, (es) entrenarse para la guerra” (Blanco Muñoz, 2003: 153 y 287). Asimismo, el Capitán en situación de retiro Otto Gebauer, involucrado en la custodia del Presidente Hugo Chávez el 12 de abril de 2002, esgrime que “cuando Chávez llega al poder, las FAN son distraídas con el Plan Bolívar 2000”, en consecuencia “los miembros de las FAN abandonaron las operaciones en las fronteras” (Blanco Muñoz, 2009: 87). Concluyendo que “el militar no es que no esté preparado y capacitado, pero tiene una función muy específica dentro de la institución militar que tiene que ver con la seguridad y defensa de la nación” (Blanco Muñoz, 2009: 623). Por último, el General de Brigada en situación de retiro Francisco Usón, Ministro de Finanzas de Hugo Chávez y a partir del golpe de Estado de abril de 2002 su opositor, sostuvo que “Chávez tiene una concepción muy particular del papel de las Fan juegan en el contexto de la sociedad. La participación activa de la institución en el desarrollo nacional”, “pero él interpreta como que las FAN son el motor impulsor de ese proceso de desarrollo”, por lo tanto “utilizamos un soldado para cuestiones tan simples como es la venta de mercancías alimenticia y ese oficial no se entrena para la misión principal que es la defensa, o sea, trastocamos completamente su función” (Blanco Muñoz, 2007: 380-381).

La inclusión del aparato militar en el proceso de construcción de consenso en torno el orden imperante implica una relación orgánica más estrecha con el gobierno nacional, buscando en el discurso oficialista el desarrollo nacional, ocasionando que se denuncie la supuesta “polarización” y “partidización” de las FANB que por ende se estaría incumpliendo lo estipulado en términos normativos en el artículo 328 de la Constitución de 1999. El Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández hablando del Presidente Hugo Chávez esgrime que “él ha querido partidizar las FAN”, por eso “hoy en día ellos (los militares) están molestos por la forma como él los ha irrespetado, mal utilizado y desjerarquizado” (Blanco Muñoz, 2003: 143). En ese mismo sentido el General Francisco Usón de manera tajante afirmó que “las FAN son el partido político de Chávez” (Blanco Muñoz, 2007: 306), igualmente el Capitán Otto Gebauer expresó “ya veo que la política ha penetrado mucho a los miembros de las FAN (Blanco Muñoz, 2009: 438). Un cuestionamiento que surge de una idea totalmente falsa acerca del aparato militar de un Estado, que lo caracterizan como apolítico y neutral desde una perspectiva partidista. Sin embargo, es claro que la función represiva de los militares tiene una imbricación con los intereses de las clases dominantes, garantizando constitutivamente y en coyunturas de crisis de hegemonía la propiedad privada de los medios de producción y el intercambio mercantil como forma que asume el lazo social en las sociedades capitalistas. Además, incluso los oficiales citados, así como otros autores han reconocido que entre los mecanismos de control de las FAN en la modalidad hegemónica del capital estuvo la afiliación de los militares a los partidos AD y Copei (Müller Rojas, 1992) (Caballero, 2007).

Las críticas efectuadas por la supuesta “politización” o “partidización” de las ahora FANB, se relacionan con los cuestionamientos que realizan algunos oficiales opositores ante lo que consideraron una reorientación ideológica de las FANB, que tiene nuevos aliados políticos y militares como la República de Cuba y se define neutral en el conflicto social y armado colombiano evitando combates en la frontera con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como vimos la subordinación del aparato militar a las autoridades civiles propias del régimen político democrático representativo en la forma de Estado del “Puntofijismo” implicó la organización de un perfil de oficial profesional, supuestamente apolítico, que su principal misión era la seguridad nacional ante la amenaza comunista externa e interna; en cambio, los militares opositores señalan como muestra determinante de “politización” y “desprofesionalización” en la llamada Revolución Bolivariana el acercamiento estatal con Cuba y la modificación de la relación con la insurgencia colombiana. En pocas palabras, se desdibuja al menos en lo programático y retórico la diatriba entre democracia o comunismo, pero en lo concreto la FANB conserva su rol como aparato represivo y disciplinador de los sectores de las clases subalternas que se movilizan de manera autónoma. El Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández fue directo “Chávez traiciona a Venezuela, a la patria cuando abraza a la guerrillera que mata venezolanos y a los soldados venezolanos. Chávez traiciona a la patria cuando le regale el petróleo a Cuba”, rememorando la lucha contrainsurgente de los años 60 y 70 del siglo XX considera que “ese acercamiento hacia Fidel Castro ¿cómo lo vamos a entender? Nosotros vivimos la invasión castrocomunista y fue enfrentada por nuestra FAN” (Blanco Muñoz, 2003: 236 y 356). Igualmente, el General Francisco Usón hablando de sus antiguos compañeros de armas indicó que “esas personas actualmente apoyan la penetración castrocomunista o castrochavista dentro de las FAN y son quienes, o lo aceptan o la promueven. Verdaderamente los desconozco” (Blanco Muñoz, 2007: 304). Profundizando esa posición, el Capitán Otto Gebauer planteó que el redimensionamiento ideológico de las FAN se observa en la imbricación con organizaciones político-militares como los Tupamaros, afirmando que “cuántas veces nosotros no combatimos o estábamos detrás de los Tupamaros en el 23 de enero. ¿Y quiénes son hoy los Tupamaros? Son materialmente una de las manos derechas del Presidente” (Blanco Muñoz, 2009: 58).

Las últimas situaciones que provocaron reacciones adversas en sectores de las FAN, que mayoritariamente terminaron involucrados en un conjunto de acontecimientos concretos en los cuales se define el horizonte de los cambios en el armazón estatal en general y en su aparato militar en particular, son más operativas y expresaron en forma puntual la disputa por el control de las FANB. La intervención de militares en la ejecución del Plan Bolívar 2000, así como en otros cargos estatales, genera entre sus consecuencias un conjunto de hechos de corrupción, que en ningún caso son perseguidos penalmente. En palabras del Capitán Otto Gebauer “la primera decepción que tuve en ese sentido, fue con el surgimiento del Plan Bolívar 2000, cuando comenzaron a verse esa cantidad de robos, la sobrefacturación y la desviación de presupuestos” (Blanco Muñoz, 2009: 90). Una situación que según el Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández era una estrategia del Presidente Hugo Chávez: “él quiere corromper a las FAN. ¿Cómo? Dándole cantidades de dinero para que administren” (Blanco Muñoz, 2003: 154). Otra circunstancia provocadora de molestia en los oficiales opositores fue el uso del uniforme militar por parte del Presidente Hugo Chávez, en tanto su condición de Teniente Coronel en situación de retiro. Su anterior compañero de armas y miembro fundador del MBR-200 Jesús Urdaneta Hernández señaló que “Chávez es el presidente de la República y comandante en Jefe de las FAN, pero no como militar, sino como civil. Él es el del Estado civil, porque la población, la ciudadanía le dio ese privilegio”, entonces “que se ponga el uniforme de teniente coronel para estar comandando a generales de división, eso es una locura, algo que no tiene ningún sentido” (Blanco Muñoz, 2009: 153). Por último, en una institución jerárquica como las FAN los ascensos se transforman en un procedimiento siempre en discusión por la violación de la llamada meritocracia, en ese sentido el General Francisco Usón cuestionó que “Chávez ahora tiene una capacidad adicional que no tenían los presidentes anteriores: decide de manera libre, sin ningún tipo de ataduras, quiénes ascienden y quiénes no lo hacen” (Blanco Muñoz, 2007: 489).

Los cuestionamientos indicados aunque se mantienen y continúan divulgando después del proceso de transición de la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, fueron esenciales en el período entre los años 1999 y 2003 al convertirse en las justificaciones o excusas en las que se enmarcó la intervención de una fracción de las FANB que podríamos caracterizar como conservadora, en un conjunto de acontecimientos históricos en los cuales se disputa la orientación del aparato del Estado extractivista. En términos concretos, el primer suceso donde se develaron las tensiones al interior del aparato militar estatal ocurre finalizando el año 1999, con la desautorización del Presidente Hugo Chávez a la decisión asumida de manera inconsulta por el Ministro de la Defensa, el General Raúl Salazar, en la que aceptó la ayuda ofrecida por la Fuerza Armada de los Estados Unidos para supuestamente enfrentar las consecuencias de la llamada Tragedia de Vargas. En palabras del General Francisco Usón la tensión que se produce entre el Presidente Hugo Chávez y los militares de mayor antigüedad entre ellos el General Raúl Salazar, tiene en parte un carácter generacional porque son de promociones anteriores y según la “concepción militarista” “lo veían como el muchacho, el cadete”, “habían sido superiores de Chávez toda la vida” (Blanco Muñoz, 2007: 316). Probablemente el General Raúl Salazar le era incomodo solicitar la autorización de un Teniente Coronel como Hugo Chávez, que siempre fue su subalterno, sin embargo también en las causas del impasse Chávez-Salazar se encuentra la incipiente reorientación de las alianzas internacionales de las FANB. Las FAN en la denominada Guerra Fría fueron un apéndice de la estrategia de seguridad hemisférica de EEUU, algo que no se trastocó con la implosión de la URSS al establecer nuevas amenazas regionales como el narcotráfico, entonces era natural la aceptación de la ayuda ofrecida por el aparato militar de EEUU. Pero, aunque de modo germinal ya en 1999 el Presidente Hugo Chávez intentaba desarrollar una política exterior dirigida a la organización del llamado mundo multipolar, promoviendo la reducción de la influencia militar de EEUU en Venezuela (Garrido, 2005). En ese sentido, diez años después del evento, en el 2010, el Presidente Hugo Chávez sostuvo que el General Raúl Salazar era agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), porque según su evaluación intentó utilizar la Tragedia de Vargas para que EEUU estableciera una “cabeza de playa” en el litoral central del país.



Los siguientes acontecimientos en los cuales se denota la fractura interna del aparato militar del Estado son los pronunciamientos públicos de militares de alto rango efectuados en el año 2002 en la víspera del golpe de Estado del 11 de abril, en términos específicos las alocuciones del Coronel Pedro Soto el 7 de febrero, el Vicealmirante Carlos Molina Tamayo el 18 de febrero y el General Néstor González González ya en medio del plan conspirativo el 10 de abril. Las declaraciones de los oficiales se imbricaron con la lucha hegemónica iniciada por la alianza conservadora con el paro patronal del 10 de diciembre de 2001 en el que solicitaban la derogación de los decretos con rango, valor y fuerza de ley que promulga el Presidente Hugo Chávez en noviembre de ese año. Evidenciando por un lado la intervención activa de EEUU en las acciones que culminan en abril de 2002 con el secuestro del Presidente Hugo Chávez por parte de un grupo de militares sublevados. EEUU a través de su Misión Militar en Venezuela realiza la labor operativa de unificación de las acciones civiles y militares de la alianza conservadora (Golinger, 2005). En el otro lado demuestra que incluso antes del mismo 11 de abril el gobierno de Hugo Chávez había logrado identificar al menos un sector de los oficiales inmersos en la conspiración cívico-militar, por ello se encontraban en la FANB en cargos administrativos sin comando de tropas. Sin embargo, la alianza conservadora mediante esos pronunciamientos de oficiales de alto rango de la FANB logró construir un escenario de agitación antigubernamental, que les permitió motivar y acompañar las movilizaciones de los manifestantes opositores que finalmente el 11 de abril de 2002 crearon las condiciones para la asonada militar.

Los sucesos históricos que sucedieron entre el 9 y el 13 de abril del año 2002 son caracterizados de distinta manera por varios personajes políticos involucrados y autores académicos, independientemente de su adscripción política al bloque político bolivariano o a la alianza conservadora. Algunos considera que fue un “vacío de poder” (Urbaneja, 2013), otros un “autogolpe” (Blanco Muñoz, 2003; 2006; 2007 y 2009) y la mayoría un golpe de Estado (Golinger, 2005) (Ramos Jiménez, 2009). Nosotros, adscribimos a la tesis del golpe de Estado ya que identificamos la ejecución de un plan que tenía como objetivo evitar la materialización de un conjunto de reformas progresivas mediante la destitución del Presidente Hugo Chávez, a través de la amenaza de la utilización de la capacidad de fuego controlada por el aparato militar del Estado. El golpe de Estado de abril del año 2002 nos permite detallar que al menos una buena parte de los oficiales sublevados se encontraban desprovistos de comando de tropas, es decir, estaban asignados en cargos administrativos o relegados a sus casas. Tesis afirmada entre otros por el General en Jefe en situación de retiro Raúl Isaías Baduel el cual consideró que “lo que ocurrió fue que una clase de la graduación más alta de los oficiales se apartó de su deber y tomó esa posición”, en cambio “los mandos operacionales directos, los mandos medios y subalternos, tuvieron siempre claro que tenían que defender la Constitución” (Harnecker, 2004: 129). Circunstancia que les impuso a los golpistas deslegitimar al Presidente Hugo Chávez ante las oficiales con puestos de comando de tropas en la FANB planificando el resultado de la movilización convocada el 11 de abril para la antigua sede de PDVSA en Chuao, pero re-direccionada al centro de la ciudad de Caracas: una importante cantidad de fallecidos y heridos (Villegas Poljak, 2012). Entonces, el proceso de desplazamiento del comando de tropas de los militares vinculados con EEUU y la alianza conservadora es al menos parcialmente previo al golpe de Estado de 2002. La ausencia de comando de tropas por parte de oficiales participantes en la conspiración provocó que la asonada militar dependiera de las posiciones de los comandantes de los batallones del Fuerte Tiuna y a su vez que no tenga unidad de mando, algunos proponían expulsar del país al Presidente Hugo Chávez y otros juzgarlo por su supuesta responsabilidad en los crímenes cometidos el 11 de abril en las adyacencias del Palacios de Miraflores (Blanco Muñoz, 2007). La dependencia de los comandantes de los batallones del Fuerte Tiuna y la ausencia de unidad de mando son los dos factores militares que de modo articulado generan el fracaso del golpe de Estado; lo primero, dificulta la designación de Pedro Carmona Estanga como Presidente de la República y, lo segundo, permite que los oficiales comprometidos con el bloque político bolivariano retomen el control de la situación militar. Los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna ante los fallecidos en el centro de Caracas asumen la alocución del oficial de más alta graduación, el General en Jefe Lucas Rincón, donde afirmaba la solicitud de la renuncia al Presidente Hugo Chávez y su aceptación de la misma. Sin embargo, al ocurrir la auto-juramentación del empresario Pedro Carmona Estanga exigen el cumplimiento de los procedimientos constitucionales, o sea, la designación temporal del Vicepresidente de la República Diosdado Cabello y la posterior convocatoria de unas elecciones presidenciales (Blanco Muñoz, 2007). En palabras del General de División en situación de retiro Wilfredo Ramón Silva “de los 19 comandantes de batallones del Fuerte Tiuna, solamente uno se había puesto a la orden de la conspiración, el resto estuvo confuso y después se pusieron a la orden de García Carneiro y mía”, en consecuencia “hicimos una reunión en el Batallón Ayala, ahí se redactó un documento donde se manifestó que no apoyábamos un golpe de Estado y se le pidió al comandante del Ejército que se pronunciara a favor de la restitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Harnecker, 2004: 35-36). En ese sentido, se corrobora la sedimentación de larga duración en la mayoría de los miembros de las FANB de la creencia que parte esencial de su rol es la defensa de los mecanismos legales y electorales para el cambio gubernamental: la denominada constitucionalidad como supuesta expresión principal de la democracia. Según el General Francisco Usón “nos domesticaron y fuimos verdaderamente inoculados con la vacuna de la democracia como forma de gobierno” (Blanco Muñoz, 2007: 369). La posición de los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna y la recuperación del control del Palacio de Miraflores por la Guardia de Honor Presidencial permite que desde la Brigada de Paracaidista de Maracay, comandada por el General Raúl Isaías Baduel, se despliegue una operación para buscar al Presidente de la República que se encontraba detenido en el puesto naval de la Orchila y regresarlo a la ciudad de Caracas donde pudo retomar el control del gobierno nacional.

El primer resultado de los sucesos acontecidos entre el 9 y13 de abril de 2002 a lo interno de las FANB es el inicio de la depuración de los oficiales que asumieron abiertamente mediante su actuación en el golpe de Estado una postura crítica ante los cambios concretados en el aparato estatal. Comienzan un conjunto de procesos penales y administrativos en los tribunales militares y en los consejos de investigación que provocan la expulsión o la solicitud de la baja de los oficiales opositores. En palabras del Capitán Otto Gebauer “Chávez fue haciendo las purgas. Al comienzo sacó una cantidad de profesionales, después del 11 de abril tiró la podadora hasta donde daba” (Blanco Muñoz, 2009: 506). Sin embargo, más allá de la caracterización de “purga” de un oficial opositor que incluso estuvo detenido varios años por su participación en los hechos de abril de 2002, es natural que el Presidente Hugo Chávez después de sufrir un golpe de Estado desarrolle un conjunto de estrategias para acentuar la subordinación del aparato militar del Estado a las autoridades electas a través del sufragio universal, directo y secreto. En ese sentido, también designa en los puestos que implican el comando de tropas a los oficiales vinculados con el bloque político bolivariano. Según el Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández “después del 11 de abril, Chávez se dedicó a cambiar comandantes de batallones, y a colocar en ellos a gente que él piensa que pueden ser irrestricta de él” (Blanco Muñoz, 2003: 360). Nada diferente a lo efectuado por Rómulo Betancourt entre 1959 y 1963, entre otras cosas porque los oficiales y suboficiales de las FAN o la FANB no fueron nunca ni ahora tampoco son apolíticos ni neutrales en términos partidistas, por lo tanto cualquiera requiere para consolidar la unidad de mando del aparato militar el control del comando de las tropas.

El fracaso del golpe de Estado de abril de 2002 genera una división en la alianza conservadora, por un lado sectores minoritarios que plantean solicitar de manera extemporánea un referéndum para consultar la permanencia en el gobierno del Presidente Hugo Chávez, en el otro lado la mayoría logra imponer que se continúe la lucha antigubernamental mediante vías inconstitucionales. En consecuencia, un grupo de oficiales de alto rango y uniformados inician una manifestación de rechazo al gobierno nacional el 22 de octubre de 2002 en la Plaza Altamira en el este de la ciudad de Caracas. Una acción comandada por el General de División en situación de retiro Enrique Medina Gómez, que demostró entre otras cosas la perdida de presencia militar a lo interno de las FANB de la alianza conservadora. En pocas palabras ante la falta de tropas solo les quedaba de modo individual asumir un pronunciamiento en una plaza pública, con la finalidad de mantener la agitación política necesaria para el paro petrolero de finales de año. En palabras del General de División en situación de retiro Virgilio Lameda fue un acto que evidenciaba nuevamente la tensión generacional “pienso que los generales de una promoción anterior a Chávez nunca lograron verlo como presidente, lo siguieron viendo como un teniente coronel que había sido subalterno de ellos y se equivocaron”, por ello “a esas promociones anteriores pertenecen muchos de los generales que se fueron para la Plaza Altamira” (Harnecker, 2004: 54). Sin negar que el conflicto generacional atraviesa todas las disputas internas en las FANB en el período 1999 y 2003, también se involucran otros oficiales de los rangos medios como capitanes y mayores que estaba inmersos en investigaciones penales y administrativas por el golpe de Estado de abril de 2002. La llamada “toma” de la Plaza Altamira detona el aislamiento de los oficiales opositores y lo termina de profundizar totalmente, garantizando el control operativo de las FANB por parte de Hugo Chávez y el bloque político bolivariano. Según el General Francisco Usón “el evento del 22 de octubre del año 2002, cuando varios militares van a la Plaza Altamira, si bien fue trascendental en términos emocionales para la sociedad venezolana en general, fue traumático para el sector militar”, porque “éste consideraba inconcebible que unos militares uniformados estuviesen planteando una lucha política a partir de la toma, secuestro o conversión de una plaza pública en cuartel” (Blanco Muñoz, 2007: 238). Con una mirada autocrítica el Capitán Otto Gebauer, participante en esa acción política, señala que “lamentablemente, con el tiempo el gran beneficiado fue el gobierno, mientras nosotros nos debilitamos” (Blanco Muñoz, 2009: 376).

La denominada “toma” de la Plaza Altamira al provocar el aislamiento de los militares opositores de sus compañeros de armas en los cuarteles es central en el proceso de control operativo de las FANB por parte del Presidente Hugo Chávez y los oficiales miembros del bloque político bolivariano, pero el acontecimiento histórico que crea las condiciones para el cierre de la conflictiva transición de la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral es el paro petrolero ocurrido entre diciembre de 2002 y enero de 2003. La paralización de la industria petrolera por la alta y mediana gerencia de Pdvsa, integrante de la alianza conservadora, permite que sea identificada claramente en tanto una amenaza interna para la seguridad de la nación que bloquea el desarrollo nacional por su subordinación al enemigo externo (EEUU) que desea apropiarse de las riquezas petroleras de la patria. El General Virgilio Lameda caracteriza esos eventos como un “sabotaje petrolero”, porque “los paros en una democracia tienen que ser legales, deben ser de tipo laboral y movidos por reivindicaciones específicas”, pero “ellos decidieron hacer un paro para obligar al Presidente a renunciar. Eso no tiene asidero legal ni aquí ni en ninguna parte del mundo” (Harnecker, 2004: 56). Igualmente, a pesar de su condición de opositor, el General Francisco Usón afirmó que “cuando ellos llevan un problema laboral a un problema de seguridad nacional como fue el caso del paro petrolero de diciembre, se estaban adentrando en un área que no dominaban”, por lo tanto “cruzaron una línea que estaba completamente reservada a los militares” (Blanco Muñoz, 2007: 115). Por eso, la FANB al analizar al paro petrolero como amenaza a la seguridad nacional respalda totalmente a su Comandante en Jefe, el Presidente de la República Hugo Chávez, en las acciones de recuperación de las actividades de extracción, refinación y distribución del petróleo. En ese sentido, las FANB junto a la clase obrera petrolera se involucran actividad en la reactivación de la industria petrolera, en términos emblemáticos los militares participan en el abordaje del tanquero petrolero “Pilín León” que obstruía el transito naval en el lago de Maracaibo. Esa imbricación FANB y clase obrera petrolera es evaluada por los militares oficialistas como una muestra de la unión cívico-militar en defensa de los intereses estratégicos de la nación. En palabras del General Virgilio Lameda “con el sabotaje del petróleo comienza otra etapa. Se produce esa integración cívico-militar que permite hacerse de PDVSA. Se hace una trilogía: PDVSA, el pueblo y la Fuerza Armada” (Harnecker, 2004: 56). En conclusión, la respuesta del aparato militar del Estado en el paro petrolero termina de sedimentar el control doctrinario de las FANB por parte del bloque político bolivariana, se institucionaliza la llamada unión cívico-militar.

Por último, como colofón al proceso de disputas provocadas al menos a lo interno de las FANB producto de la transición de la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, en mayo del año 2004 es desalojada la Misión Militar de los Estados Unidos de su sede ubicada en el Fuerte Tiuna. El Presidente Hugo Chávez se preguntaba retóricamente “¿qué hace una misión militar norteamericana en el mismo corazón del Fuerte Tiuna?”, mientras informaba que “he ordenado, por otra parte, que la misión militar norteamericana salga de Fuerte Tiuna, ya era hora” (2005a: 257). Reconociendo entre líneas que se demoró en una decisión que le permitió debilitar la influencia ideológica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el aparato militar de Venezuela, creando las condiciones necesarias para el establecimiento doctrinario del gobierno de los Estados Unidos como personificación del principal obstáculo para el desarrollo del poder nacional: el imperialismo (Chávez, 2009).
4.2. Desarrollo de la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación (2003-2016).

Oficiales activos en cargos estatales de alta jerarquía.

La crisis de la modalidad hegemónica del capital denominada en la historiografía venezolana como el Puntofijismo afectó de modo particular a la Doctrina de Seguridad Nacional del aparato militar del Estado extractivista, entre otras consecuencias logró que se hayan generalizado en una fracción de los militares activos dos críticas articuladas que cuestionaban: la “segregación” de las FAN del llamado proceso de desarrollo nacional y el control de los militares por parte de los partidos políticos tradicionales. Las críticas referidas ya las habían realizado dos décadas antes oficiales nacionalistas y progresistas de la FAN, que participaron en las sublevaciones militares de 1962 y en la creación de la FANL, sin embargo solo la crisis del Puntofijismo creó las condiciones de posibilidad para su rebrote en el aparato militar del Estado venezolano. Por ejemplo, en su obra “De militares para militares”, publicada por primera vez en el año 1964, planteaban que “se nos ha pretendido mantener aislados, como una isla en la inmensidad de la sociedad. Se nos ha cuidado del contacto popular, por temor a que reaccionemos en el sojuzgamiento y miseria de nuestro pueblo”, porque “se ha pretendido tenernos encofrados, sacándonos solamente cuando es necesario golpear para acallar la boca del hambriento” (Asuaje; González; Piccardo y Serrietello, 2006: 204). Al contrario, ellos señalaban que “las Fuerzas Armadas necesitan entonces plantearse grandes tareas que recomen nuestra Institución y la conviertan en instrumento y factor de progreso”, en ese sentido “está planteada la necesidad de contribuir al desarrollo económico, cultural y social del país” (Asuaje; González; Piccardo y Serrietello, 2006: 108).

En los años 80 y 90 del siglo XX en una formación económica-social determinada por el inicio de la crisis orgánica del capitalismo dependiente, extractivista y parasitario de Venezuela, surgen circunstancias concretas que facilitan la irradiación en los militares activos de cuestionamientos a la Doctrina de Seguridad Nacional y su forma de ejecución en el país, entre ellas el deterioro de sus condiciones materiales de vida, el develamiento de casos de corrupción en las compras del equipamiento castrense, la exacerbación de las manifestaciones del control partidista de las FAN y la erosión del llamado orden público producto de la movilización casi siempre inorgánica de las clases subalternas venezolanas. En consecuencia, una fracción de los oficiales activos comienza un proceso de problematización de su subordinación a las autoridades civiles del Estado, que son caracterizadas como incapaces y corruptas, mientras paulatinamente recuperan su autovaloración como sujetos formados con criterios democráticos y capacitados con altos niveles técnicos, que deben aportar a la solución de los problemas nacionales. En palabras repetidas incansablemente en sus textos y entrevistas, repudiaron su condición impuesta por los civiles de componente ubicado “en un lugar político de segundo orden dentro de la sociedad” o de “un eunuco en relación con la problemática nacional” (Machillanda Pinto, 1988: 176-177) (Müller Rojas, 1992: 88). En palabras del Contralmirante en situación de retiro Hernán Grüber Odremán, líder de la sublevación del 27 de noviembre del año 1992, “un almirante le cuesta mucho dinero a la nación, debe poseer profundos conocimientos aplicables a la buena marcha de la administración del país, para que ese intelecto se pierda miserablemente en una actitud indiferente ante todo cuanto acontece alrededor suyo” (1996: 59). Creemos que esas críticas no buscaban afirmar como expresó un intelectual venezolano conservador que “los únicos capaces de gobernar son los militares” (Caballero, 2007: 59), en cambio intentaban ampliar su intervención en la ejecución de diferentes políticas estatales orientadas a la garantía del orden dominante.

La crítica a la “segregación” política de los militares activos en las FAN, también se relacionó con la interpelación de su subordinación a los dirigentes políticos civiles y sus partidos. Entonces, la revalorización de sus propias cualidades como sujetos formados y capacitados para involucrarse en la solución de los problemas nacionales, nace de su cuestionamiento al desprecio anti-castrense de los dirigentes políticos civiles. Incluso Manuel Caballero, acérrimo opositor de los militares, en un artículo escrito en los años 90 del siglo XX indicó que “una insultante actitud muy corriente en nuestros dirigentes políticos…es el hábito de tomar a los militares por estúpidos, por ser, al contrario de los políticos, hombres de pocas palabras”, de esa manera “como por lo general ellos no saben enhebrar un discurso con tanta labia como un parlamentario, estos tienden a creer que son tontos y por lo tanto manipulables” (2007: 137). En ese contexto de crisis económica y política, por un lado una parte de los militares repudiaban las manifestaciones exacerbadas de control partidista de las FAN, por ejemplo cuando en el desastre natural del Río Limón en septiembre del año 1987 la pareja sentimental del Presidente Jaime Lusinchi, la señora Blanca Ibáñez se presentó vestida de General en Jefe. Según el Teniente Coronel Yoel Acosta Chirinos ese acontecimiento sucede porque “Blanca Ibáñez hacía y deshacía en las Fuerzas Armadas. Ella le daba los reales que quisiera a cualquier general, ascendía a los que ella le daba la gana” (Blanco Muñoz, 2006: 52). Una parte de los oficiales a su vez criticaban las reticencias e intentos de cooptación de los partidos de izquierda de los militares activos que conspiraban organizados en al menos el MBR-200 contra los gobiernos nacionales del Puntofijismo. Hugo Chávez, rememorando situaciones ocurridas en los años 80 del siglo XX en sus relaciones con civiles de partidos como Bandera Roja o la Causa R, expresaba que “los sectores revolucionarios siempre andan cuidándose de los militares, de las dictaduras, de las propuestas nacionalistas, y esa reserva se traduce en actitudes que hicieron mucho daño”, por ejemplo ocurrió que organizaciones de izquierda pretendieron “infiltrar o meterse en el movimiento militar para tener su grupito de apoyo militar, para tratar de ampliar su control sobre los militares”, en términos puntuales “se daban reuniones generales de coordinación y luego sectores civiles llamaban a oficiales nuestros para reuniones aparte, para asegurar lealtades en hombres” (Blanco Muñoz, 1998: 341).

Por lo tanto, el Presidente Hugo Chávez al organizar concretamente la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación como configuración ideológica y operativa de la FANB desde el año 1999, generalizó a través del principio de corresponsabilidad la participación de los militares activos en cargos de alta jerarquía en los que pudieran materializar políticas estatales articuladas con el llamado desarrollo nacional, es decir que permitieran la recomposición de las capacidades del armazón institucional del Estado para organizar el sentido dominante del orden social. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su Título VII denominado “De la seguridad de la nación”, específicamente en su artículo 326 establece que

La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Los militares activos entonces asumieron generalmente la responsabilidad de ministerio, instituciones adscritas y empresas estatales. En cambio, los militares en situación de retiro en su mayoría son los candidatos del movimiento chavista para las gobernaciones de los Estados y de modo minoritario se convierten en diputados en la Asamblea Nacional de Venezuela. La referida situación provocó críticas provenientes de dirigentes políticos e intelectuales adscritos a la alianza reaccionaria, que observaron un regreso del “pretorianismo” ante la presencia de una gran cantidad de militares en la dirección de la institucionalidad del Estado (Buttó, Irwin y Langue, 2006). Más allá de los cuestionamientos conservadores, encubiertos en un falso civilismo que no condenó el golpe de Estado efectuado con intervención de oficiales activos el 11 de abril de 2002, la subjetividad militar se estructura en relaciones sociales condicionadas por un conjunto de normas y procedimientos que residen en la reproducción de una lógica de mando-obediencia de la jerarquía institucional, que tiene como objetivo el restablecimiento y la conservación del orden. La inmensa mayoría de los militares en altos cargos estatales establecieron una relación vertical y unilateral con las clases populares comprendidas como “masas”, desarrollando gestiones gubernamentales que bloqueaban su autoorganización en los centros de trabajo y en los espacios residenciales rurales o urbanos. Por ejemplo, los militares designados como presidentes o gerentes en las empresas estatales, en diversas ocasiones impidieron mediante el disciplinamiento y el boicot procesos de organización de consejos de trabajadores y trabajadoras que intentaban concretar experiencias de control obrero. En otro sentido analítico, también se generó una modificación en el patrón de corrupción de los militares, en vez de ocurrir desviaciones de fondos destinados a las compras de equipamiento castrense como en el Puntofijismo, en los últimos años los oficiales que se terminan involucrados en actividades en donde se apropian de recursos públicos lo hacen en la mayoría de las oportunidades directamente desde sus altos cargos estatales.
La ejecución de políticas sociales y la recomposición estatal de las capacidades para organizar consenso.

La crisis orgánica del capitalismo venezolano que comienza cuando se obtura la reproducción en escala ampliada de capital en el año 1979, pero que se manifiesta en el mal llamado “Viernes Negro” con la maxidevaluación del tipo de cambio que ejecuta el aparato estatal el 18 de febrero de 1983, es respondida por la fracción tradicional del bloque de poder con la aplicación estatal de medidas neoliberales cristalizadas en los programas de ajuste macroeconómico (el Gran Viraje en 1989 y la Agenda Venezuela en 1996), en el inicio en 1991 de la privatización parcial de la industria petrolera mediante la llamada “Apertura Petrolera” y en el establecimiento de una estructura tributaria abiertamente regresiva en 1993 con la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Un conjunto de políticas estatales que acentuaron en medio de la contracción vertical del precio del petróleo, las condiciones concretas que provocaron entre otras consecuencias un deterioro de la infraestructura hospitalaria y educativa, un incremento de la pobreza, una disminución del consumo de alimentos por parte de las clases populares y un aumento del déficit habitacional en el país.

En ese contexto histórico, condicionado por la resistencia antineoliberal de las clases subalternas, después de la sublevación militar del 4 de febrero de 1992, surgió Hugo Chávez y su organización política como un factor canalizador del descontento popular y la deslegitimación de los partidos dirigentes en el Puntofijismo. Circunstancia que le permitió alcanzar la victoria en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Entonces, ya como Presidente de la República Hugo Chávez involucró a la actual FANB en la respuesta estatal a la caracterizada “emergencia social” que sufrían las clases populares del país, a través del llamado Plan Bolívar-2000. En la emisión número 14 de su programa Alo Presidente emitido el 12 de septiembre de 1999, argumentaba que “el Plan Bolívar 2000 es un programa de atención en situación de emergencia social”, por lo tanto

por primera vez, unos 100 mil militares están en las calles, en los pueblos, en los campos. Esto jamás se había visto en Venezuela, aunque se vio cuando los presidentes anteriores mandaron a los militares a echarle plomo al pueblo desarmado. Eso sí se veía, militares con ametralladoras y con fusiles cuando ocurrió El Caracazo, el 27 de febrero de 1989 (Chávez, 2014a: 41).

En el mismo orden de ideas, en la emisión número 21 de su programa Alo Presidente emitido el 21 de noviembre de 1999, haciendo una evaluación del Plan Bolívar-2000 señalaba que “es maravilloso, los militares operando gente, los hospitales de campaña que estaban previstos para la guerra con no sé quién”, en realidad “aquí no va a haber guerra contra nadie, la guerra es contra el hambre, la miseria, la muerte, la guerra es por la vida, es la que tenemos ahora y la vamos a ganar” (Chávez, 2014a: 72). Palabras que, desde un inicio, evidenciaron una modificación central en el discurso y en la práctica de la FANB orientada en la nueva Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, antes el aparato militar del Estado se relacionaba con las clases populares solo a partir de su participación en acciones represivas, en cambio ahora en la Revolución Bolivariana se compromete con la solución estatal del hambre, la miseria y la muerte. En términos generales, la actual FANB empezó su intervención en el proceso de restauración de las capacidades estatales para organizar consenso alrededor de las relaciones sociales capitalistas, pero sobre nuevas bases más progresivas que al menos de modo coyuntural y parcial lograron mejorar las condiciones materiales de existencia de las clases subalternas, enmarcada en el Plan Bolívar-2000 rehabilitando escuelas y hospitales, recuperando canchas deportivas y plazas públicas, reparando viviendas precarias ubicadas en los asentamientos urbanos y distribuyendo alimentos en mercados contingentes.

Después del Plan Bolívar-2000, que finalizó sumergido en diferentes denuncias de actos de corrupción ocurridos en su ejecución133, la FANB continuó en la denominada Revolución Bolivariana desarrollando políticas estatales con la intención de restablecer las capacidades del armazón institucional del Estado para construir consenso en torno al sentido dominante del orden. En consecuencia, el aparato militar venezolano interviene en la organización y en la concreción de varias de las misiones sociales que son constituidas a partir del 2004, entre ellas con mucho protagonismo en la Misión Alimentación y en la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En ese sentido, el Presidente Hugo Chávez en diciembre de ese año, en un encuentro en Brasil motivado por una reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur), al defender en su discurso la incorporación de los militares en el combate a la miseria en la región, enfatizaba que “la Fuerza Armada Venezolana lo más que hace hoy es trabajo social” (2005a: 704).

La Misión Alimentación se encargó de la distribución de alimentos subsidiados en establecimientos permanentes como los Mercales y en operativos ejecutados en las localidades de residencia de las clases populares. Es fundada en el 2004 y es adscrita al nuevo Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, que desde su creación en el año 2004 hasta el 2016 tuvo siete ministros de los cuales seis son militares. El General de Brigada en situación de retiro Rafael Oropeza (2004-2006) (2007-2008), el General de Brigada Félix Osorio (2008-2010) (2013-2014), el Mayor General Carlos Osorio Zambrano (2010-2013) (2015), el Mayor General en situación de retiro Hebert García Plaza (2014), el General de Brigada Yván Bello (2014-2015) y el General de División Rodolfo Marco Torres (2016). Los argumentos para justificar el control de los militares de la Misión Alimentación fueron por un lado el carácter estratégico del acceso a los alimentos y en el otro sus supuestos conocimientos en materia logística, que eran requeridos en la organización de una red estatal de suministros desplegada en todo el territorio nacional para distribuir una gran cantidad de bienes de primera necesidad.

Otra caso paradigmático de la participación del aparato militar del Estado en la ejecución de políticas sociales fue la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es constituida en el 2009 y redimensionada en el 2013. La referida política asistencial y focalizada tiene su antecedente en el llamado Plan Avispa, desarrollado por el General en Jefe en situación de retiro Jorge Luis García Carneiro como parte del Plan Bolívar-2000. Con su equipo de trabajo compuesto por militares y civiles inició en diversos lugares del país la estructuración y el financiamiento de operativos para rehabilitar y construir viviendas en las localidades residenciales de las clases subalternas. Según el oficial de alto rango referido “el Plan Avispa ha sido excepcional, porque no solamente soluciona el problema de la vivienda, sino porque también genera empleos”. En resumen, “estábamos dando dos respuestas a la vez: primero conformando cooperativas y generando empleos, y uniendo a la Fuerza Armada con su pueblo; segundo no solamente satisfacíamos las necesidades del hombre, sino también ayudamos al Estado a resolver los problemas” (Harnecker, 2004: 20). La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor tiene un objetivo similar al proponerse rehabilitar, recuperar, embellecer y urbanizar los asentamientos ubicados en las ciudades que se encuentran en situación de precariedad, que en Venezuela son denominados como barrios. Desde su origen la misión descrita tuvo entre sus responsables militares como el Capitán en situación de retiro Diosdado Cabello Rondón, en su antigua condición de Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Viviendas, así como el General de Brigada Manuel Quevedo en tanto Presidente de la Fundación Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En la ejecución de los procesos de rehabilitación de viviendas y espacios públicos de las barriadas urbanas del país que fueron concretados por la misión mencionada, se involucraron activamente oficiales de la FANB mediante el establecimiento de campamentos militares en los cuales se depositaban los materiales y las herramientas de construcción, que paulatinamente eran suministradas a las organizaciones comunitarias de la localidad popular.


La Milicia Nacional Bolivariana. Una forma de estatización de las clases subalternas.

El proceso de recomposición de las capacidades estatales para construir consenso en las clases subalternas alrededor de las relaciones sociales capitalistas, pero sobre nuevas bases más progresivas, necesitó al mismo tiempo un reacomodo institucional y un retorno al nacionalismo petrolero, que en el contexto histórico de la llamada Revolución Bolivariana asumió la forma de un posneoliberalismo extractivista. En ese sentido, en medio de profundos conflictos políticos y sociales, en noviembre del año 2001 el aparato del Estado a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Hidrocarburos incrementó las regalías cobradas a las empresas transnacionales petroleras asentadas en el territorio venezolano, afectando parcialmente los intereses de capitales internacionales por lo tanto se convirtió en un adversario en América Latina del gobierno de los EEUU, que se involucró en actividades conspirativas para desplazar inconstitucionalmente de la dirección gubernamental de Venezuela al Presidente Hugo Chávez (Golinger, 2005).

Entonces, de modo gradual el aparato militar del Estado venezolano definió como sus hipótesis de conflicto a las FAN de los Estados de EEUU y de la fronteriza Colombia por su característica de socio militar en Sudamérica de la principal potencia imperialista del hemisferio occidental. Una alianza militar que en los últimos años se cristalizó a través del denominado Plan Colombia, que permitió el incremento del financiamiento y de la presencia de oficiales norteamericanos en territorio colombiano con la finalidad de regular el narcotráfico, combatir a la insurgencia y asegurar la posibilidad de intervenir en acciones militares en todo el continente (Vega Cantor, 2015). En esas circunstancias, la FANB estableció como parte de la doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación un concepto estratégico militar empleado en movilizaciones militares internas llamado “guerra popular de resistencia”, que implicaría un posible conflicto bélico convencional con la FAN colombiana y una guerra asimétrica contra la FAN de EEUU por su incuestionable superioridad tecnológica en el campo militar. Según el General de Brigada Menry Fernández, oficial activo de la FANB y antiguo Subdirector del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN), la “concepción de la guerra popular de resistencia” parte de la idea de contraponer a los “designios hegemónicos del imperialismo una impenetrable defensa militar que le haga pagar un alto precio al agresor, en un enfrentamiento armado donde participará toda la población”. En consecuencia, ante “la gran superioridad tecnológica del enemigo se suple oponiéndole una guerra generalizada” donde cada “ciudadano” como parte de un pueblo con una elevada “fuerza moral” tenga un medio, un lugar y una forma de lucha que hostigue, desgaste y desmoralice al enemigo. Es un tipo de defensa que requiere “el apoyo mayoritario del pueblo”, “debiendo la Fuerza Armada Nacional organizarlo, armarlo y prepararlo para ello” (2010: 116-117).

La concreción del concepto estratégico militar englobado en la “guerra popular de resistencia” implicó que el aparato militar del Estado definiera la necesidad de organizar la llamada Milicia Nacional Bolivariana (MNB). Un nuevo componente de la FANB que es caracterizado como complementario, que apareció por primera vez en la propuesta de Reforma Constitucional del año 2007, específicamente en la posible modificación del artículo 329 de la Constitución Nacional. En la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, promulgada el 17 de noviembre de 2014 en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.156, en su artículo 66 se define a la MNB como “un cuerpo especial integrado por la Milicia Territorial y Cuerpos Combatientes destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación”, que según lo establecido en el artículo 67 de la norma referida tiene como misión “entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral de la Nación, con el fin de complementar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. La MNB es parte y complemento de la FANB, como cristalización del aparato militar del Estado venezolano. En términos concretos los milicianos son simpatizantes del bloque político bolivariano que de manera colectiva en los centros de trabajo y comunidades residenciales o individualmente se integran de forma voluntaria en la FANB, recibiendo en algunos fines de semana cierto adiestramiento militar y una formación ideológica que los imbrica a la llamada “defensa nacional” en tanto funcionarios estatales del orden. Es claro que la MNB no es la milicia en el sentido marxista: la auto-organización militar de los núcleos organizados de las clases subalternas tradicionalmente en partidos para defender a partir del control territorial procesos de recuperación y gestión popular de tierras o de medios de producción industriales. Totalmente al contrario, el Presidente Hugo Chávez planteaba que las milicias debían crear “Unidades de Inteligencia Popular”, ya que

no hay nadie más inteligente que el pueblo, con capacidad para hacer redes de inteligencia contra las infiltraciones esas que ustedes mismos señalaban en la frontera, paramilitares que vienen y se disfrazan de campesino, o de taxista y se convierten en una amenaza, afectan mucho el tema de la seguridad ciudadana (2009: 7).

La creación de la MNB se debe situar en medio de un proceso de recomposición de las capacidades estatales para crear consenso en torno a las relaciones sociales imperantes, al permitir subordinar una significativa fracción de los núcleos organizados de las clases populares al objetivo principal de todo Estado: garantizar el orden. En pocas palabras, se uniforma y canaliza el esfuerzo movilizador de sectores de las clases subalternas a la seguridad, defensa y desarrollo de una comunidad imaginada e imaginaria como la nación. Eso, por supuesto, no quiere decir que su constitución ocurrió con esa intención directa e inmediata. Es destacable que en un debate caracterizado por el alarmismo de los académicos civiles de la alianza conservadora con el peligro del “pueblo armado” y la retórica inflamada de los intelectuales civiles del bloque político bolivariano con la conquista revolucionaria del “pueblo en armas”, el General de Brigada Francisco Usón con una mesura mucho más ajustada a la realidad señaló que la reserva y las milicias tenían un objetivo asistencialista y propagandístico (Blanco Muñoz, 2007). La FANB a través de la distribución del estipendio por la participación en cada jornada de entrenamiento y en los ejercicios militares, les facilitaba un ingreso económico a los milicianos con el cual reproducir sus condiciones materiales de existencia. Pero, además, el bloque político bolivariano obtenía una “masa de maniobra” que en muchas oportunidades convocaba y movilizaba para distintas actividades gubernamentales y electorales, es decir con fines propagandísticos134.

o La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un mundo multipolar.

La primera fisura de importancia del sistema interamericano de seguridad fue el llamado conflicto del Atlántico Sur, la guerra de las Malvinas en 1982, cuando los EEUU y algunos países de la región como Chile apoyaron militarmente al Reino Unido en la acción militar desarrollada para recuperar el control de las islas en disputa, desconociendo de forma abierta el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) firmado en el año 1947 (Müller Rojas, 1992). Provocando entre otras consecuencias inmediatas que los asesores e instructores de las Fuerzas Armadas de la Argentina asentados en Centroamérica para respaldar las operaciones militares de contrainsurgencia en la región fueran retirados por el gobierno argentino en ese momento encabezado por la última dictadura cívico-militar, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (Kohan, 2007). Al mismo tiempo, demostrando que el llamado sistema interamericano de seguridad hemisférica era simplemente un armazón político y jurídico que justificaba la permanente presencia militar de los EEUU en la región para desplegar operaciones de contrainsurgencia que bloquearan el inicio de experiencias revolucionarias o sabotearan a los gobiernos populares surgidos en América Latina.

Sin embargo, las modificaciones doctrinarias al sistema interamericano de seguridad más significativas surgen con el fin de la llamada Guerra Fría, producto de la disolución de la República Democrática de Alemania en 1990 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, que en su concepción elimina al denominado “comunismo internacional” como una amenaza para la seguridad continental. Necesitando sobre todo EEUU, como eje dominante del sistema interamericano de seguridad, el establecimiento de nuevas amenazas que justificaran su apabullante presencia militar en territorios donde se concentran bienes comunes y megaproyectos extractivistas en América Latina, definiendo en la década de los 90 del siglo XX y en los inicios del siglo XXI al narcotráfico y el terrorismo. Por ello, en el caso específico de contextos nacionales donde persisten organizaciones insurgentes propias de la tradición comunista como en Colombia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o en el Paraguay el Ejército del Pueblo de Paraguay (EPP), son caracterizadas de modo arbitrario en tanto “narcoterroristas” como parte de la deslegitimación del enemigo que implica todo conflicto bélico (Winer, 2015).

En ese sentido, el 2 de febrero del año 1999 cuando Hugo Chávez asume la Presidencia de República de Venezuela, las amenazas establecidas por la doctrina militar de EEUU para el sistema interamericano de seguridad hemisférica eran esencialmente el narcotráfico y el terrorismo. En diferentes oportunidades y de distintas maneras los EEUU en su discurso va a intentar relacionar con esos dos fenómenos al aparato del Estado venezolano (Garrido, 2005). Por lo tanto, siempre rondó en voceros políticos de EEUU, la derecha tradicional de la región y del país la acusación totalmente falsa que Venezuela es un Estado narcoterrorista o el bloque político chavista desarrollaba un narcorégimen (Landaeta, 2014). En términos históricos, las disputas con alguna resonancia militar entre los EEUU y la República Bolivariana de Venezuela comienzan en fecha tan temprana como en el período comprendido entre los años 1999 y 2001, articuladas con la reacción de la principal potencia imperialista occidental ante por lo menos cuatro decisiones de la nueva gestión gubernamental venezolana, que eran parte de su necesidad de recomponer las capacidades estatales para organizar consenso y de su intención manifiesta de construir un mundo multipolar: las políticas concretadas en esos años por el armazón institucional del Estado en el marco del retorno al nacionalismo petrolero, el inicio de estrechas relaciones diplomáticas con la República de Cuba, los cambios en la respuesta militar venezolana ante el conflicto social y armado que acontece en la hermana Colombia y los cuestionamientos venezolanos a la denominada “guerra contra el terrorismo” desplegada por el gobierno de EEUU después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001.

Por un lado, el retorno gradual al nacionalismo petrolero comienza en el propio año 1999 con la definición de una estrategia comercial que combinada con otros factores de la economía-mundo permitió el incremento del precio del petróleo, a partir del recorte de la oferta mundial del referido hidrocarburo. En ese año Alí Rodríguez Araque, en ese momento Ministro de Energía y Minas, inició contactos diplomáticos con los otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entre ellos Estados como Arabia Saudita, Argelia, Irak, Irán, Libia, entre otros. Al año siguiente, en agosto del 2000, el Presidente Hugo Chávez realizó una gira por esos países, visitando por ejemplo al Rey Fahd al-Saud y a los presidentes Abdelaziz Buteflika, Sadam Hussein, Mohammad Jatami y Muamar Gadafi finiquitando las negociaciones para efectuar la II Cumbre de Jefe de Estados y de Gobierno de la OPEP, que fue organizada el mes siguiente en la ciudad de Caracas, concluyendo con la decisión de restablecer y cumplir las cuotas de exportación de petróleo. A pesar de reunirse con gobernantes de países aliados o enemigos de los EEUU como Arabia Saudita o Irán, lo que fue más cuestionado al Presidente Hugo Chávez fue su visita a Sadam Hussein y a Muamar Gadafi, desestimando las presiones de la potencia imperialista norteamericana. La decisión de Hugo Chávez ya demostraba cierto nivel de autonomía en su política exterior, ajustada a las necesidades de incrementar los ingresos petroleros para obtener una base material con la que recomponer las capacidades estatales para construir orden consensual. Entonces, se presentaron de forma pública las llamadas “preocupaciones” por parte de voceros del Departamento de Estado de EEUU, que de manera velada o abierta planteaban desde esa época los vínculos de Venezuela con Estados caracterizados como “forajidos”, que eran sospechosos de financiar supuestamente organizaciones terroristas islámicas (Garrido, 2006).

La segunda parte del retorno al nacionalismo petrolero implicó el proceso de re-estatización parcial de la industria petrolera, que se inicia con el aumento de las regalías cobradas al capital transnacional asentado en territorio venezolano, a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Hidrocarburos promulgado en noviembre del año 2001. Afectando los intereses de empresas estadounidenses involucradas en el extracción de petróleo en yacimientos ubicados en Venezuela, mediante los llamados convenios operativos de la Apertura Petrolera. Desde ese momento, el gobierno de EEUU decide intervenir activamente orquestando un proceso de desestabilización de las instituciones estatales del país, con la finalidad de deponer de su cargo al Presidente Hugo Chávez. Sucediendo entre el año 2001 y 2004 con su apoyo y participación directa el paro patronal del 10 de diciembre de 2001, el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, la ocupación de la Plaza Altamira en octubre de 2002 por un conjunto de militares activos uniformados, el paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, los cortes de calles en urbanizaciones de las ciudades por parte de integrantes de los sectores medios y la convocatoria del referéndum revocatorio que reafirma en su cargo al Presidente Hugo Chávez. Un período conflictivo que incluyó una acentuación progresiva de las tensiones entre los Estados de EEUU y Venezuela, que se evidenció abiertamente el 29 de febrero de 2004 en las palabras sostenidas por el Presidente Hugo Chávez en la movilización del bloque político bolivariano denominada “Venezuela se respeta”:

el principal objetivo de esta monumental concentración, previa marcha, es decirle “No” al intervencionismo yanqui en Venezuela. Es decirle “¡Basta!” al gobierno del señor George W. Bush, gobierno intervencionista, invasor y colonialista como pocos han pasado por la Casa Blanca (2005a: 133).

Las modificaciones en la política exterior y de defensa que en los primeros años de la llamada Revolución Bolivariana tensionaron de manera gradual la relación entre los EEUU y Venezuela, se pueden resumir en tres temas que expresaban la autonomía venezolana: las relaciones con Cuba, las críticas al Plan Colombia y el rechazo a la denominada por la administración del Presidente de EEUU George W. Bush “Guerra contra el terrorismo”. Los conflictos entre la principal potencia imperialista de Occidente y la Revolución Cubana son bastantes conocidos, nacen al calor de la denominada “Guerra Fría” con sus fronteras ideológicas que separaban por un lado a los países capitalistas y en el otro los países donde hubo intentos de construcción del socialismo. En ese marco, el aparato estatal de los EEUU estableció en el año 1960 un embargo económico, comercial y financiero a la República de Cuba, el conocido “Bloqueo”, que fue sorteado por las clases populares y los dirigentes revolucionarios cubanos a partir de su unidad y conciencia nacional, pero también por el respaldo político y especialmente económico de la URSS. La implosión del campo socialista con la URSS a la cabeza, afectó considerablemente la economía cubana y además permitió que los EEUU acentuaran el referido embargo económico en las administraciones tanto del partido republicano con el Presidente George H.W Bush (1989-1993) como del partido demócrata con el Presidente Bill Clinton (1993-2001) (Martínez Heredia, 2006). Sin embargo, contracorriente de la política exterior de EEUU y provocando su reacción negativa, el Presidente Hugo Chávez desde su llegada al gobierno nacional de Venezuela, desarrollando un acercamiento gubernamental con la República de Cuba, que tiene como un punto de bifurcación en la firma el 30 de octubre del año 2000 el llamado “Convenio Integral de Cooperación”. En el referido acuerdo binacional acordaron en el artículo III el suministro por parte de Venezuela de crudo y derivados de petróleo hasta un total de 53000 barriles diarios en precios definidos por el mercado mundial pero con esquemas de pago flexibles, en el artículo IV por Cuba el ofrecimiento de servicios médicos gratuitos en territorio venezolanos con los especialistas y técnicos en salud necesarios. Garantizando por un lado que Cuba sorteara las dificultades energéticas creadas en lo fundamental por el embargo económico y en el otro lado que en Venezuela ejecutaran posteriormente políticas estatales como la Misión Barrio Adentro.



Otro tema significativo que incide en los conflictos entre los EEUU y Venezuela es la ejecución del Plan Colombia, en tanto parte de la política norteamericana de seguridad hemisférica para según su concepción combatir problemas como el narcotráfico y el terrorismo, que en términos orgánicos se cristalizarían supuestamente en la insurgencia colombiana. El Plan Colombia lo iniciaron en el año 1999 aunque parezca contradictorio como parte del proceso de negociación de paz desarrollado en la zona de distensión del Caguán, entre el gobierno nacional colombiano del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP, que termina fracasando en el año 2002 entre otros factores porque los EEUU rearman a las Fuerzas Militares de Colombia y aumentan su presencia en territorio colombiano con la instalación de la Base Militar de Tres Esquinas, en el Departamento de Caquetá (Vega Cantor, 2015). Al contrario de alcanzar la paz, el Plan Colombia permitió fortalecer el poder militar del Estado colombiano y de los grupos paramilitares mediante el financiamiento y la asesoría de los EEUU. Creando las condiciones para la posterior ofensiva militar desplegada contra la insurgencia colombiana a través de la llamada en el discurso oficial “Política de Seguridad Democrática” del gobierno nacional colombiano del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que a pesar de su retórica contra el denominado “narcoterrorismo” es conocido que tiene amplios vínculos con el narcotráfico y es un organizador de grupos paramilitares. En ese contexto, desde su comienzo en el año 1999, el gobierno nacional venezolano de Hugo Chávez asume una neutralidad activa en torno al conflicto social y armado que ocurre en la hermana Colombia. Desestima la llamada “persecución en caliente” de la insurgencia colombiana en la extensa frontera colombo-venezolana, establece negociaciones bilaterales con las FARC-EP y el ELN para evitar el secuestro de ciudadanos venezolanos, mientras niega la caracterización de terroristas para la guerrilla colombiana hace activamente diligencias para respaldar los diálogos de paz en Colombia. Por lo tanto, el bloque político bolivariano siempre fue un adversario del Plan Colombia y el incremento de la presencia militar de los EEUU en la región. Denunciando, desde aquellos años, los voceros de la principal potencia imperialista occidental, de la derecha tradicional de la región y de la alianza conservadora venezolana las relaciones estrechas entre la Revolución Bolivariana y la insurgencia colombiana, que facilitaban su estigmatización como “narcoterrorista” (Garrido, 2005). En la presentación de su Memoria y Cuenta del año 2000, el 15 de enero del 2001 en el Palacio Legislativo Nacional, el Presidente Hugo Chávez reafirmaba “tenemos que seguir insistiendo en nuestro deseo de cooperar con la paz de Colombia”, en consecuencia “nosotros no tenemos, insisto, nada contra Colombia, nada, queremos la paz, y cuando hemos alertado sobre lo que consideramos peligros del Plan Colombia, así llamado, es porque somos sinceros” (2013: 287). Su principal preocupación era “especialmente la parte militar del Plan Colombia, y esto tienen que oírlo los gobiernos a los que compete directamente como son el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos”, porque “eso es una cosa lógica, queremos la paz y vamos a mandar no sé cuántos helicópteros artillados. Y qué paz se logra así, qué paz se logra así con más armas (2013: 287). Igualmente, el Presidente Hugo Chávez en el discurso desarrollado en la presentación del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el 28 de septiembre de 2001, señalaba que

nosotros, por ejemplo, no podemos de ninguna manera considerar a grupos subversivos colombianos que están en proceso de diálogo con el gobierno de Colombia, considerarlos como terroristas, porque sencillamente no podríamos continuar abogando y conversando por la paz, porque con el terrorismo no se conversa, el terrorismo hay que combatirlo (2013: 388).

La disolución de la URSS en el año 1991, con la inmensa mayoría del campo socialista de Europa Oriental, finaliza la bipolaridad de Occidente y Oriente como fronteras ideológicas entre los llamados mundos capitalista y comunista. Entonces, los EEUU requirieron establecer nuevas amenazas para su seguridad nacional, que justificaran su grosera inversión militar. En ese sentido, el politólogo estadounidense Samuel Huntington en un artículo publicado en el año 1993, plantea un escenario futuro caracterizado por un “choque de civilizaciones”. El prominente intelectual neoconservador, asesor de los denominados “halcones” del Partido Republicano entre ellos George W. Bush y Dick Cheney, en el año 1996 en la ampliación en formato libro de su tesis sobre los futuros conflictos en el sistema-mundo, señaló con claridad que

Ahora que una Unión Soviética marxista-leninista ya no supone una amenaza para el mundo libre, y los Estados Unidos ya no suponen una amenaza opuesta para el mundo comunista, los países de ambos mundos cada vez ven más las amenazas procedentes de sociedades culturalmente diferentes (2005: 39).

Según el mismo Samuel Huntington “entre los problemas concretos pendientes entre Occidente y el islam se encuentran la proliferación armamentística, los derechos humanos, el terrorismo, la inmigración y el acceso al petróleo” (2005: 245). En pocas palabras, ya desde principios de la década de los años 90 del siglo XX, los EEUU definieron como una amenaza para su seguridad nacional al caracterizado por ellos terrorismo islámico. Sin embargo, fueron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en las Torres del “World Trade Center” de Nueva York y en el Pentágono, con una importante cantidad de muertos y heridos, los que permitieron desplegar las llamadas doctrinas militares concebidas como la “guerra contra el terror” y las “guerras preventivas” que supusieron respectivamente las invasiones militares de Afganistán en octubre de 2001 y de Irak en marzo de 2003 (Chomsky, 2004). Desde un comienzo el Presidente Hugo Chávez se opuso a los bombardeos en Afganistán y posteriormente a las acciones militares en Irak, sosteniendo que eran agresivos igual de terroristas. En una conferencia de prensa efectuada en el Palacio de Miraflores el 29 de octubre de 2001, señaló que “nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, y ahí nadie debe tener dudas”, pero “no se puede responder al terror con más terror” (2005b: 543). Mostrando fotos de los resultados sanguinarios de los bombardeos a los civiles en Afganistán indicaba que se busquen soluciones al problema del terrorismo sí, que se busquen a los terroristas, ¡Pero así no, así no! Miren estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán, esto no puede ser (2005b: 543).

En el mismo discurso de toma de posesión, el 2 de febrero de 1999, el Presidente Hugo Chávez afirmaba hablando de la unidad latinoamericana y caribeña que “ya el mundo del siglo XXI no será bipolar ni unipolar; será multipolar” (2013: 37). Sin embargo, es en medio y sobre todo después de los conflictos concretos y las diferencias alrededor de la seguridad mundial y hemisférica con los EEUU, que el aparato militar del Estado venezolano al consolidar su Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, inicia una modificación en sus alianzas militares imbricado a la política exterior ejecutada en la llamada Revolución Bolivariana: el mundo multipolar. En el caso de la relación militar con la República de Cuba tiene un carácter integral, hubo un significativo asesoramiento doctrinario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba para la definición como concepto estratégico operativo de la FANB a la “guerra popular de resistencia”, intercambio de información de inteligencia con la participación activa en territorio venezolano del G2 cubano e incluso compra de equipamiento militar por ejemplo adquiriendo en el año 2010 un simulador de tiro de fusiles de fabricación cubana para instalarlo en la Academia Militar (Osilia Heredia, 2011). Además, en la misma América Latina pero en una institucionalidad multilateral la Unasur la FANB promovió con la creación del Consejo de Defensa Sudamericano una reducción de la influencia militar de los EEUU, señalando que antes que un aliado natural es una amenaza para la defensa y seguridad nacional de los países de la región, entre otros factores por su necesidad de los bienes comunes ubicados en el territorio sudamericano, que se encuentra a su vez repleto de bases militares de la principal potencia imperialista de Occidente (Angiolillo Fernández, 2012). Fuera del continente las alianzas militares con Rusia y China en un primer momento tenían un objetivo inmediato que era la compra de equipamiento para la FANB, sobre todo después del establecimiento en el 2004 de un embargo militar a la República Bolivariana de Venezuela por parte de los EEUU, que obstaculizó la entrega de repuestos para el mantenimiento de los aviones de fabricación estadounidense tipo caza “F-16” y evitó la venta de aviones brasileños “Súper Tucano” y aviones españoles de transporte “C-295” por tener componentes de fabricación estadounidense. En ese sentido, por un lado desde el año 2004 el gobierno nacional de Venezuela adquirió fusiles de fabricación rusa “Kalashnikov” en reemplazo del fusil FAL de origen estadounidense, posteriormente amplió sus compras a Rusia por ejemplo los tanques de guerra “T-72B1V”, aviones tipo caza “Sukhoi” y los helicópteros Mi-17. En el otro lado, especialmente después de la fundación del Fondo Conjunto Chino-Venezolano en el año 2008 la FANB compra de manera financiada armamento de fabricación china, entre ellos el sistema anti-acceso y negación aérea “A2/AD”, el misil “DF-21” y los aviones tipo caza “K-8”.

Una reorientación del equipamiento militar que sedimentó los conflictos con los EEUU, al perder un mercado de armas en la región y perder la incidencia militar que implica el suministro de tecnología de guerra. Por ende, en diversas oportunidades voceros de la principal potencia imperialista occidental, la derecha regional y local denunciaron los “peligros” para la paz regional que suponían las compras militares de Venezuela. Respondiendo el Presidente Hugo Chávez en enero del 2009, en la presentación de su Memoria y Cuenta del año 2008, que “no es cierto que estemos invirtiendo más que todos los países de este continente en compra de armas, no. No es cierto que estemos en una carrera armamentista”, en realidad “sencillamente estamos cumpliendo con un plan, doctrina de seguridad nacional venezolano-bolivariana” (2014b: 93). Palabras que denotan como en el marco de la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación las adquisiciones militares del aparato militar del Estado, las auto-conceptualizaron en tanto de carácter disuasivo y defensivo ante posibles ataques externos.
4.3. Crisis de la doctrina de la unión cívico-militar. Las tensiones y los conflictos cívico-militares (2013-2016).

En la noche del sábado 8 de diciembre de 2012 de manera imprevista inician una cadena nacional de radio y televisión en la que después de explicar su situación de salud, el Presidente Hugo Chávez informó que ante la posibilidad de que “se presentara alguna circunstancia sobrevenida”, que lo inhabilitara “para continuar al frente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”, en su “opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total” consideraba que al convocar las nuevas elecciones presidenciales se eligiera como Presidente de la República al entonces Vicepresidente Nicolás Maduro (Chávez, 2012: 41). En pocas palabras, comunicó al país en su conjunto pero sobre todo al movimiento chavista que su posible sucesor era un civil. En ese sentido, transitados algunos meses de desconcierto institucional, después de dos años de tratamientos médicos para revertir las consecuencias de su enfermedad, el 5 de marzo del año 2013 fallece en el Hospital Militar de Caracas el Presidente Hugo Chávez, circunstancia que provocó que ante la condición de civil de su sucesor se inicie un proceso que redimensionó paulatinamente la relación entre la FANB y las autoridades civiles del Estado venezolano.

Hugo Chávez fue un oficial creador de una organización aglutinadora de militares activos como el MBR-200 que además participó en la formación de varias promociones de oficiales de las FANB en la década de los 80 del siglo XX, como instructor de historia militar de la Academia Militar de Venezuela, al mismo tiempo era el Presidente de la República electo mediante el voto de la mayoría de la sociedad, por lo tanto pudo personificar a través de su liderazgo carismático la imbricación cívico-militar propia de las concepciones doctrinarias y operativas del aparato militar del Estado en la denominada Revolución Bolivariana. En términos partidistas era el líder de los militares activos y retirados integrantes del bloque político bolivariano, entonces unificaba en su persona el liderazgo personal e institucional de las FANB. En cambio, el Presidente Nicolás Maduro es un civil que en los años 70 y 80 del siglo XX fue miembro de una organización partidista marxista-leninista como la disuelta Liga Socialista, que su militancia política fue desarrollada en el Movimiento Estudiantil de Unidad Popular (MEUP), en el sindicato de El Metro de Caracas y posteriormente a la rebelión del 4-F de 1992 como parte de los civiles del MBR-200. Una condición y origen político que evitan la conjunción de liderazgo personal e institucional de las FANB como en el caso del Presidente Hugo Chávez.

En consecuencia en el proceso de reordenamiento de la relación orgánica entre aparato militar y autoridades civiles del Estado empezó el surgimiento gradual de un liderazgo visible en la institución castrense por parte de oficiales activos de alta graduación como el General en Jefe Vladimir Padrino López, que desde octubre del año 2014 asume paralelamente los cargos de Ministro del Poder Popular para la Defensa y de Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde esos dos cargos el General en Jefe Vladimir Padrino López asumió a su vez el mando institucional y operativo de las FANB interviniendo incluso como vocero y firmante de comunicados en los que el aparato militar se pronunció directamente acerca de acontecimientos de política exterior y de política interior en los que en términos normativos e institucionales antes se manifestaba a través del Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FANB. Por ejemplo, mediante los ya referidos comunicados en marzo de 2015 respondieron la declaración del gobierno de Estados Unidos en la que se decretó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional con el objetivo de sancionar funcionarios estatales supuestamente involucrados en casos de violación de derechos humamos, igualmente en enero de 2016 rechazaron el retiro de la imágenes del Libertador Simón Bolívar y el fallecido Presidente Hugo Chávez del Palacio Legislativo Nacional por parte del nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado de la oposición de derecha Henry Ramos Allup.

En el período comprendido entre los años 2013 y 2016 no solo se modifica la relación institucional y personal entre el liderazgo civil y militar del armazón material del Estado venezolano, también en un momento histórico caracterizado por la inestabilidad política y económica el aparato militar requiere en su intervención en la defensa de las relaciones sociales dominantes privilegiar a su esencia: la violencia y el disciplinamiento estatal. En otras palabras, la erosión de las condiciones políticas y económicas que facilitaban la construcción de consenso alrededor de las relaciones sociales dominantes, implicó la crisis de la modalidad hegemónica del capital propia de la llamada Revolución Bolivariana descrita como un “posneoliberalismo extractivista”, provocando que las FANB intervinieran en tanto aparato represivo en diversas coyunturas concretas. Puntualmente la Guardia Nacional (GN) asume una centralidad en el aparato militar que es otorgada por su cualidad de organización castrense destinada a la conservación del denominado orden público (Müller Rojas, 1992). Por ejemplo, en el 2013 el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez impuso la necesidad de convocar nuevas elecciones presidenciales, que fueron efectuadas el 14 de abril del mismo año terminando en una estrecha victoria del candidato oficialista Nicolás Maduro sobre la opción política de la oposición conservadora personificada en Henrique Capriles Radonski. La reducción de la brecha electoral con respecto a las elecciones presidenciales de octubre de 2012, le permitió al líder de la alianza conservadora denunciar un supuesto fraude, llamando a sus seguidores para que manifestaran su molestia en las calles del país. Las acciones en ocasiones violentas de los manifestantes fueron reprimidas y dispersadas en varias oportunidades por el aparato militar del Estado, específicamente a través de la GN. Igualmente, en el 2013 pero en noviembre cuando se acercaban las elecciones municipales, el gobierno nacional ejecuta la intervención momentánea de la empresa importadora y comercializadora de electrodomésticos Daka, imponiendo la venta de las mercancías importadas en un precio comercial que estableció de modo unilateral la antigua Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), ponderando en las estructuras de costos las divisas vendidas por el aparato estatal de forma subsidiada a partir del tipo de cambio oficial. En el llamado “Dakazo” la GN participó activamente en el disciplinamiento del establecimiento comercial y en la garantía coercitiva del proceso de venta controlada de los electrodomésticos, evitando posibles saqueos y disturbios cerca de las tiendas de Daka.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) planteó en la campaña de las ya antes mencionadas elecciones municipales de diciembre de 2013, que eran un plebiscito para el Presidente Nicolás Maduro sin embargo el efecto del llamado “Dakazo”, la apatía del voto opositor por las denuncias de fraude electoral y la movilización de las organizaciones partidistas del movimiento chavista provocaron la victoria de la mayoría de los candidatos del Gran Polo Patriótico. Un resultado electoral que supuestamente generaría un incremento de la estabilidad política, pero al contrario de lo previsto la fracción más reaccionaria de la alianza conservadora inicia el 12 de febrero de 2014 el desarrollo de un conjunto de manifestaciones de calle que se englobaron en la estrategia denominada “La salida”, que tenía como objetivo lograr el cambio por fuera de los procedimientos constitucionales del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Las movilizaciones comandadas en todo el país por el dirigente de derecha Leopoldo López y su partido Voluntad Popular colocaban en cuestión la continuidad gubernamental y a su vez fueron casi siempre violentas, por lo tanto la GN como parte del aparato militar del Estado respondió reprimiendo y dispersando a los manifestantes. El saldo de fallecidos alcanzó las 43 personas, sumando aquellas que fueron resultado de las acciones violentas de los manifestantes opositores y aquellas que ocasionó la violencia estatal.



En la segunda mitad del año 2014 y en el transcurso de la totalidad del 2015 el aparato militar del Estado extractivista también participó activamente en las políticas estatales aplicadas ante la crisis económica, que estalló en Venezuela a partir de la reducción primero tendencial y después vertical del precio del petróleo. En ese sentido, en el período comprendido entre 2013 y 2016 el aparato estatal ejecuta un ajuste económico reaccionario, procesando una correlación de fuerzas regresiva que se fue cristalizando molecularmente y un cambio en el contexto reproductivo del mercado mundial. El llamado por nosotros ajuste económico reaccionario, que explicamos con datos oficiales después en el capítulo sobre la crisis del posneoliberalismo extractivista, implicó una contracción unilateral de las importaciones para disponer de divisas con las cuales asumir en lo fundamental la cancelación de vencimientos de la deuda externa y el pago de pasivos de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), generando un incremento significativo de la inflación y de la escasez de bienes de primera necesidad. El gobierno nacional a través de la matriz discursiva estatal de la denominada “guerra económica” intento encubrir las condiciones concretas que permitieron el surgimiento de esos dos problemas, planteando que eran causa solamente de una estrategia de boicot desarrollada por una fracción de las clases dominantes, que desviaba al mercado colombiano, acaparaba y especulaba con las mercancías escasas. Entonces, en su condición esencial de institución represiva y disciplinadora la FANB en los años 2014 y 2015 a través del GN participa en las intervenciones de distintas empresas privadas que acaparaban mercancías, en el control de las largas filas que se presentan en los establecimientos comerciales producto de la escasez para bloquear posibles saqueos y en la confiscación de las mercancías vendidas por los comerciantes informales por encima de los precios oficiales que eran definidos unilateralmente por el Estado. En cambio, el Ejército asumió en agosto del 2015 el resguardo del cierre decretado por el gobierno venezolano de la frontera entre Colombia y Venezuela para supuestamente evitar el desvío de las mercancías al mercado colombiano. La aplicación por parte del gobierno nacional del ajuste económico reaccionario creó las condiciones concretas que desembocaron en el deterioro acelerado y acentuado de las condiciones de vida de las clases populares de Venezuela, que se plasmó por ejemplo en cifras de inflación que alcanzaron en el año 2014 el 68,5% y en el 2015 el 180,09% (BCV, 2016). Circunstancia que facilitó la victoria por parte de la alianza conservadora en las elecciones parlamentarias efectuadas el 6 de diciembre de 2015, por lo tanto el 5 de enero del año 2016 asumió como Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado de la MUD Henry Ramos Allup. El también Secretario General de AD, en el discurso desarrollado después de la presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente Nicolás Maduro, inicio un debate planteando que “los militares no pueden participar en actividades políticas”, porque “el civil no puede deliberar como un hombre armado, el civil no puede deliberar con un hombre de uniforme si tiene parcialidad política, porque no son los militares de este o de aquel partido, son los militares de todo el país, son los militares suyos y son los militares míos, los militares de todos”. En consecuencia, según su concepción la “Fuerza Armada Nacional, no puede ser política, no puede ser deliberante, no puede estar sometida a ninguna parcialidad política”, en conclusión “el militar activo que quiera hacer política, cuelgue el uniforme y vaya a hacer política” (Ramos Allup, 2016: 13-14). La respuesta del General en Jefe Vladimir Padrino López fue a través de su cuenta en twitter, afirmando que “es propicio recordar que hace 16 años fue derogado por el pueblo venezolano, convocado como poder constituyente originario, el adefesio discriminatorio entre civiles y militares”, en ese sentido “los términos apolítico y no deliberante para la FANB quedó en el pasado, se fue con la Constitución de 1961. Es historia”. Defendiendo el carácter político de los militares señaló mediante una reflexión de estirpe aristotélica “¿Acaso la FANB no forma parte de esta sociedad? ¿Somos irracionales? Esta institución tiene armas, pero ama la democracia y la libertad. El zoon politikón militar de la Venezuela del siglo XXI, emplea las armas para defender al pueblo, la independencia, la soberanía y la paz”. Por ello, en sus palabras “la FAN es Bolivariana porque instituye la doctrina de El Libertador, como fuente inspiradora de su esencia independentista-antiimperialista”.

El debate Ramos Allup-Padrino López evidenció el inicio de la transición de las antes descritas tensiones que afrontó el aparato militar en los últimos años a la crisis doctrinaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en lo fundamental al ocurrir la ruptura de la llamada unión cívico-militar. El bloque político bolivariano desde diciembre de 2015 perdió la mayoría electoral, que en las democracias electorales representan la forma en la cual el pueblo colectivamente y los ciudadanos individuales otorgan su respaldo formal a las organizaciones partidistas que componen y dirigen las gestiones gubernamentales. De ese modo, en el 2016 y seguramente en los años siguientes la FANB se convierte en el principal soporte de la defensa solo legal del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. En otras palabras, la continuidad gubernamental del bloque político bolivariano depende desde 2016 de su fracción militar. Por eso, en ese año los militares sobredimensionan su intervención estatal tensando la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, incluso asumieron directamente mediante empresas de la FANB la explotación de bienes comunes entendidos como recursos naturales y la responsabilidad integral de la distribución de bienes de primera necesidad por parte del armazón institucional del Estado. Por ejemplo, el 10 de febrero de 2016 a través del decreto presidencial N° 2.231, publicado en Gaceta Oficial N° 40.845, crearon la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Igualmente, el 11 de julio de 2016 a partir del decreto presidencial N° 2.367, publicado en Gaceta Oficial N° 40.941, crearon la Gran Misión Abastecimiento Soberano que en el artículo 1 de la norma jurídica mencionada considera que “la unión cívico-militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos y las venezolanas”. Ya la FANB no solo acompaña y resguarda ante amenazas externas e internas los proyectos económicos y sociales orientados a la concreción del llamado desarrollo integral de la nación, ahora personifica la institucionalidad estatal que se encarga directamente de la explotación de los recursos naturales y de la garantía de derechos sociales como la alimentación y la salud.



Por último, en el año 2016 la crisis de la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación también se expresa en modificaciones parciales en la intervención estatal de las FANB, por un lado establecen en términos jurídicos una relación entre posibles movilizaciones de las clases populares y la existencia de amenazas internas creadas desde el exterior que afectan la seguridad nacional, en el otro lado se involucran abiertamente en la protección militar de proyectos económicos en los cuales se le entrega concesiones del territorio nacional al capital transnacional para que extraiga en una gran escala minerales de la naturaleza, que es entendida como proveedora de recursos naturales. Primero, el 13 de mayo de 2016 mediante el decreto presidencial 2.323, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.227, declararon el Estado de Excepción y Emergencia Económica planteando en un considerando que “los cuerpos de investigación y seguridad del Estado, en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), han detectado la existencia de grupos armados y paramilitares extranjeros estableciendo su vinculación a actores con interés políticos de desestabilización de la economía nacional y de la institucionalidad del Poder Público”, que además les “han promovido y financiado desde el exterior de la República con el afán de generar en Venezuela problemas de orden público que causen malestar en el pueblo venezolano, vulneren la Seguridad Nacional y justifiquen la intervención de poderes extranjeros contra el país”. La afirmación del decreto se enmarca en una respuesta del armazón institucional del Estado ante un conjunto de disturbios y saqueos que ocurrieron entre finales del año 2015 y todo el transcurso del 2016, en los establecimientos comerciales y centros de distribución estatal en un contexto económico caracterizado por una escasez extrema de alimentos, medicinas y bienes de higiene personal. La movilización espontanea e inorgánica de sectores de las clases subalternas en rechazo a la escasez, producto de la contracción de la oferta de mercancías generada en lo fundamental por el ajuste económico reaccionario, es descrita como un problema de orden público que vulnera la seguridad nacional y crea las condiciones para una invasión extranjera, en consecuencia su respuesta por parte de la FANB es abiertamente represiva. Es importante identificar a su vez como en el discurso estatal desplegado por la gestión gubernamental del movimiento chavista se estigmatizan las protestas de las clases populares empleando como argumento la defensa del pueblo y de la soberanía nacional. En ese marco, el 9 de junio de 2016 en la localidad de Cariaco en el Estado Sucre aconteció una protesta motivada por la escasez de alimentos que fue respondida por la GN a través de disparos efectuados con armas de guerra, específicamente fusiles, provocando un muerto y once heridos de bala. Igualmente, el 15 de junio de 2016 en la ciudad de Cumaná ocurrió una revuelta popular ocasionada por la extrema escasez de bienes de primera necesidad, que implicó el saqueo de alrededor de 150 establecimientos comerciales. El gobierno nacional decidió la militarización de la capital del Estado Sucre deteniendo cerca de 400 personas y en la represión asesinando un manifestante. Realidad similar sucedió en la ciudad de Tucupita, capital del Estado Delta Amacuro, donde manifestantes reclamando una mayor distribución de alimentos por parte del aparato del Estado terminaron saqueando establecimientos comerciales y centros de acopio estatales, provocando la militarización de la localidad y la detención de aproximadamente 140 personas.

Asimismo, buscando el ingreso de divisas con las cuales continuar asumiendo el pago de los vencimientos de la deuda externa y los pasivos de PDVSA, el 24 de febrero del año 2016 mediante el decreto presidencial N° 2.248 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.855, crean la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, definiendo en el artículo 4 de la norma jurídica referida como objetivo “la creación de los estímulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco”. Transformando sin consulta previa un territorio indígena en una localidad que el aparato estatal dispone unilateralmente para el desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto. Además, en su artículo 13 plantea que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrollará conjuntamente con el Poder Popular Organizado un Plan Integral de Seguridad y Defensa e instalará a través del Resguardo Minero Nacional, las unidades correspondientes adscritas al Comando Regional competente en el área de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. La concreción del decreto presidencial N° 2.248 supuso la firma el 5 de agosto de 2016 de convenios de concesión entre el gobierno nacional y un conjunto empresas transnacionales como la Gold Reserve, Ecomine, Hiuaniamon Pinen Company y EnerGold Mineral. En el mismo acto protocolar el General en Jefe Vladimir Padrino López anunció la creación de una unidad militar especial para la protección de las operaciones extractivistas de las empresas transnacionales y estatales en el llamado Arco Minero del Orinoco. Entonces, a partir de una forma particular de materializar su concepción desarrollista de la Venezuela potencia, la FANB participarán de manera activa en el resguardo de la entrega de parte del patrimonio nacional al capital minero extranjero, que ya no es conceptualizado como un obstáculo para la independencia de la patria ahora es supuestamente un aliado para el desarrollo integral del país.

Omar Vázquez Heredia
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