Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos


Mesa: VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS



Descargar 2.84 Mb.
Página18/25
Fecha de conversión11.12.2018
Tamaño2.84 Mb.
Vistas390
Descargas0
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25



Mesa:

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS


Coordinadores: Sabrina Musolino, Andres A. Bustos y Ana Laura Lobo

Derechos Humanos frente a las agendas de seguridad: tensiones y desafíos en la sociedad actual


Jorge Enrique Carvajal Martínez

Andrés Mauricio Guzmán Rincón

El discurso de la seguridad, se ha convertido en un referente recurrente en el mundo contemporáneo, los aspectos tratados son a su vez diversos, se pueden abordar aspectos como la inseguridad ciudadana, redes criminales, terrorismo y problemas fronterizos bajo el mismo tópico de la seguridad. Esta amplitud produce una diversidad de visiones o posturas por parte de los actores sociales. Si bien es innegable que la inseguridad, es un fenómeno social que debe ser atendido por la política pública por medio de medidas de control social, con el fin de desarrollar un orden social que otorgue garantías a los ciudadanos sobre sus derechos. Lo cierto es que desde sectores del poder se promueve la inseguridad como incertidumbre-temor, desde allí se impulsan medidas de control social de corte represivo, autoritario o populista, como el aumento de penas y la criminalización de lo social. En así como la seguridad se convierte como eje de discusión de lo político y lo social, despojando este discurso de otros componentes de conflicto como por ejemplo la estructura económica, la violencia de Estado o los derechos humanos (Bourdieu, 2005).

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el concepto de la seguridad en el contexto social y político. Para ello se recurrirá al análisis documental y tendrá como punto de reflexión la seguridad como discurso del poder y las tensiones que éste mantiene con el discurso de los derechos humanos, e identificar en qué medida esta concepción los subvierte.

El orden de la exposición es el siguiente: i) la seguridad y el consenso social, tema que busca analizar los nuevos valores sociales que emergen en el escenario de la post-guerra fría y que sustentan un concepto particular de seguridad actualmente, y ii) la seguridad, derecho penal y los Derechos Humanos, el cual busca presentar las propuestas y tensiones existentes en este contexto.

La Seguridad y el consenso social

Después de la guerra fría, la ideología de la “Seguridad”, debe enmarcarse como parte de la representación del capitalismo neoliberal, junto con otros valores políticos e ideológicos sobre los cuales se ha fundamentado la agenda de la post-guerra fría, en el ámbito mundial, como lo son la idea de los derechos humanos y la democracia como referente ético, político y social. Sin embargo, la ideología de la seguridad se ha venido constituyendo a partir del siglo XXI en una agenda del poder y en un discurso hegemónico.

La hegemonía se entenderá como la construcción de un modelo ideológico que busca persuadir todos los ordenamientos sociales de compartir similares propósitos o modelos como los adecuados para el orden social. En este sentido, la hegemonía es “la capacidad que tiene una clase dominante de articular a sus intereses los de otros grupos, convirtiéndose así, en el elemento director de una voluntad colectiva, y también el aspecto de la dirección intelectual y moral, que indica las condiciones ideológicas que deben ser cumplidas para que sea posible una semejante voluntad colectiva, la manera en que ésta será cimentada” (Mouffe, 1998, pág. 130).

Hoy en día los acercamientos a la hegemonía se deben enmarcar en el contexto de la globalización y los nuevos paradigmas que ejercen la dominación tanto económica, como cultural y política alcanzan un nivel mundial. Sin embargo, el discurso de la seguridad tiene como contrapeso la agenda de los derechos humanos, el cual ha constituido un lenguaje resistencia, particularmente por parte de los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales (Rajagopal, 2005) .

Si la caída del muro de Berlín, la perestroika y el glasnost, generaron en la conciencia colectiva del mundo la derrota del comunismo y significó la concepción de que sólo el capitalismo democrático era el sistema a seguir (Gray John, 2004), el 11 de septiembre significó que los Estados Unidos es el regente del sistema internacional. Aquello que Gray (2004) delimitó en la Pax americana, y que presuponía en el escenario de la política mundial la existencia de un contrapeso (a semejanza del bloque soviético) frente al poder estadounidense, con los hechos del 11 de septiembre marcaron no solamente el inicio de una nueva fase en la política y las relaciones internacionales sino también un nuevo marco de análisis de las mismas basadas en la seguridad.

Caracterización del modelo de seguridad

La seguridad se caracteriza por el alto grado de excepcionalidad frente a diversos temas a los cuales busca dar respuesta. Siguiendo a Claire (2014) “la clasificación de un evento como excepcional, de emergencia o de crisis es un acto de construcción de la realidad y no un hecho demostrable en sí.” (Claire, 2014, pág. 206).

De allí que cuando se habla de seguridad se incluyen temas tan heterogéneos como: la migración y los centros de detención, política criminal y la tolerancia cero, los tratamientos para resolver los conflictos internos y la lucha contra el terrorismo. Las medidas de control social que se toman en relación con estos discursos, van a responder de manera coherente a lo que Agamben ha denominado como estado de excepción.

Por ejemplo, desde el actual concepto de seguridad, se han creado en varios países de occidente leyes que son presentadas como un instrumento para la realización plena de las libertades públicas y para garantizar la democracia de los países frente a enemigos internos o externos196. Paradójicamente, la regulación que se construye alrededor de la imagen de seguridad, es criticada por obstruir considerablemente la realización de los derechos fundamentales y de las libertades reconocidas en los pactos internacionales de derechos humanos y en las constituciones de los países197, es así como importantes constitucionalistas reconocen que el uso de categorías amplias y vagas para determinar la turbación del orden, incorporan riesgos significativos a la estructura constitucional y a los regímenes democráticos, ya que pueden ser usados por los gobernantes para introducir medidas autoritarias o suspender derechos y garantías de orden superior (Carbonell, 2008).

En lo social, las políticas de seguridad se orientan a la construcción de nuevos discursos que buscan construir nuevas lógicas de control y cohesión social. En este caso la seguridad no es un discurso aislado, es construido por las élites políticas y económicas que canalizan esta demanda de miedo colectivo para fortalecer sus propios intereses (Corey, 2004), a través de este consenso social se generan políticas que se construyen para superar la in-seguridad, ejemplo de ello, el término de “guerra preventiva” y “pax americana” construida por los Estados Unidos, que se han constituido como medios para atacar militarmente a cualquier país a partir de unos criterios imprecisos relacionados con la peligrosidad de un país o grupo, la democracia o la libertad (Barber, 2004).

Las lógicas de seguridad, logran generar un amplio consenso de diversos sectores sociales, dejando de lado otros aspectos como los efectos del modelo económico neoliberal que genera pobreza, el aumento de la inequidad, la desregulación laboral y las dinámicas de explotación y extracción de las empresas transnacionales.

“Los mismos sectores devastados por el neoliberalismo reclaman ‘seguridad’ a las mismas instituciones que repudian. El núcleo de sus reclamos es el terror que reconoce diversas fuentes: el genocidio, la desocupación, la precarización laboral, la oferta de objetos de consumo y de un mundo de completud al que no se tiene acceso, la inseguridad construida por empresas que lucran con la venta de inseguridad, la flexibilidad constante de una vida que no ofrece espacio donde apoyarse, la sensación creciente de ser prescindible en lo laboral, en lo político, en lo afectivo, debido a la desactivación de redes sociales. Todo ello genera una profunda incertidumbre antropológica que genera angustia, la que a su vez produce fuertes sentimientos de violencia” (Murillo, 2004, pág. 268).

Desde el discurso de la in-seguridad se generan diversas medidas encaminadas a dar respuesta a la solución de esta problemática, una de las medidas más recurrentes se da desde el discurso del derecho penal con propuestas relacionadas con medidas de corte punitivo, las cuales se concentran en la creación de nuevos tipos penales, el incremento del castigo y la amenaza de la cárcel como solución al problema de la seguridad. Estas medidas terminan por generar una relación de tensión entre seguridad y derecho penal frente al discurso de los derechos humanos.



La seguridad, derecho penal y los Derechos Humanos

La seguridad es inherente a la existencia humana, esta implica responder ante situaciones que pongan en peligro la integridad de las personas en el presente y en el futuro, precisamente parte de la historia de las sociedades tiene como objetivo dar respuesta a la seguridad tanto de forma individual como colectiva tal y como lo ha hecho el Estado Nación, sin embargo las reflexiones en torno a esta se han centrado sobre todo en la seguridad de los Estados bajo la denominada “Seguridad Nacional” sin que se haya recabado en la importancia que cobran las personas respecto a la misma. En la actualidad se concibe que todas las democracias requieren de un orden y que este orden se preserva mediante la seguridad, la cual se configura a partir de las amenazas que pongan en riesgo la vida en sociedad y esto a su vez es proporcional a la vulnerabilidad de la misma, de allí que se diga que es imposible concebir una sociedad donde exista una seguridad total, más bien esta se concibe como una situación en la que hay una ausencia de amenazas militares y no militares que podrían vulnerar valores que se promueven en una sociedad para preservar a las personas y a las comunidades y que conlleva un riesgo de uso de la fuerza (Vargas Velásquez, 2006).

Respecto del concepto de “amenazas” existen grandes controversias debido a la vaguedad de la expresión, sin embargo en términos generales se entiende como un indicio existente sobre probable violencia o daño futuro, que es percibido por los gobiernos, de allí que se sostenga que el aspecto más importante en este punto es lograr precisar quien define la existencia de las amenazas teniendo en cuenta que teóricamente aun no existen parámetros objetivos que permitan establecer con certeza cuando determinada circunstancia constituye una amenaza (Vargas Velásquez, 2006). A su vez, se considera que la seguridad comprende básicamente tres acciones: prever, controlar y enfrentar amenazas o individuos, grupos, Estados o macrosistemas.

Ahora bien, sin embargo en la posguerra predominó una concepción de la seguridad que se restringió en función del Estado bajo la doctrina de la “seguridad nacional” bajo la cual se consideró que en pleno auge de la guerra fría la amenaza más sobresaliente de los Estados nacionales occidentales era el comunismo, tendencia que se extendió a las manifestaciones de oposición de los ciudadanos o a la protesta social, es decir, bajo esta concepción los sujetos eran considerados también como amenazas, lo que conllevó a la adopción de una serie de medidas represivas por cuenta de los gobiernos y que se constituyeron en el sustento de las dictaduras latinoamericanas en los 60s y 70s, para algunos este fenómeno se constituye en una de las dos desviaciones del concepto de seguridad, la segunda que está relacionada con la primera, consistió en concebir la seguridad en términos exclusivamente militares de allí que la solución a los problemas de inseguridad pretendía resolverse a partir del incremento del tamaño de las fuerzas militares, así como del gasto en los aparatos de seguridad del Estado y en el gasto militar (Vargas Velásquez, 2006).

Hoy en día a pesar de que dichas desviaciones en torno al concepto de seguridad aún persisten, fenómenos como la prevalencia de los sistemas democráticos y de los derechos humanos en el derecho interno bajo la fórmula del Estado social de Derecho implican una nueva concepción de la seguridad bajo la cual se redefinen las relaciones entre la fuerza pública y la sociedad basándose en el respeto mutuo, la colaboración y el sometimiento estricto a las normas de rango legal constitucional como lo pregona el concepto de “seguridad democrática”, que a su vez requiere de las Fuerzas Militares y de Policía disponer de su capacidad militar disuasiva y preventiva que sirva de garante para la protección y vigencia de los derechos ciudadanos, así mismo los problemas de seguridad que adoptan manifestaciones trasnacionales como la mafia organizada, el terrorismo, el narcotráfico o la contaminación, requieren a su vez de iniciativas trasnacionales para ser efectivas. Bajo esta concepción más amplia e integral de la seguridad también es importante diferenciar las amenazas del Estado que provienen del exterior y aquellas que provienen del interior, así como aquellas amenazas que pueden enfrentarse acudiendo a mecanismos militares como el terrorismo internacional o las mafias, de amenazas que requieren salidas que van más allá de lo militar tales como la pobreza o el atraso económico, esta diferenciación debe derivarse de una amplia discusión y participación ciudadana precisamente para lograr una mayor legitimidad del poder político y fortalecer los valores democráticos (Vargas Velásquez, 2006).

Por esta razón en una sociedad como la Colombiana en donde existe un conflicto armado de larga duración que se constituye en una amenaza para la vigencia del Estado y la protección a los derechos fundamentales, en el ámbito de la seguridad es imprescindible adoptar medidas de tipo político que se articulen a las acciones estrictamente militares, de igual forma es imprescindible fortalecer los mecanismos destinados a promover condiciones de desarrollo que erradiquen el “caldo de cultivo” de la guerra y que tienen que ver con la vulnerabilidad de la población por razones de pobreza o exclusión.

Sin embargo, pese al buen momento que atravesaba el discurso de la democracia y del Estado de derecho, a finales del siglo XX, estos postulados serán cuestionados a partir del discurso de la búsqueda de la seguridad. La nueva agenda internacional ubica al terrorismo como el nuevo agente al cual combatir, aparece un nuevo discurso que promueve combatir al enemigo utilizando cualquier medio, la seguridad comienza a prevalecer sobre el sentido de libertad y de las garantías, esto trae como repercusión que el modelo garantista comience a ser desplazado por el modelo de seguridad198. Esa agenda internacional, liderada desde Estados Unidos, arranca de una visión bastante tradicional sobre el terrorismo (Anitua , 2007). Este modelo se orienta a cuestionar la idea de los derechos humanos y la democracia como límite del poder global, en particular la garantía de los derechos. Este pensamiento va a tener un amplio apoyo social ya que va a estar acompañado de la idea de lucha contra el terrorismo global.

Como respuesta al reclamo por seguridad, la política pública construye diversas medidas con el fin de otorgar la anhelada protección. Se impone un nuevo paradigma de seguridad en la política y en el derecho penal. Aparecen discursos que propenden por una transformación del sistema penal, se promueve la idea de combatir el riesgo o la amenaza, se pone en duda las funciones de la resocialización y la rehabilitación de la pena, por último, se comienzan a cuestionar las garantías legales, las cuales tenían como sustento el respeto a la persona humana, a la vida, a la unión entre legalidad y libertad y al acatamiento de los derechos humanos. Esta situación es acompañada por un proceso de regulación por medio de leyes penales donde aparece una especie de nuevas lógicas de excepcionalidad, más penas, más cárceles, más vigilancia privada, implementación de sistemas de monitoreo (Anitua , 2007). Esta nueva dimensión de la política criminal y su vínculo con la seguridad, tiene correlación con el nuevo modelo de económico neoliberal, el cual es altamente excluyente. “En muchas de esas reacciones se percibe, incluso, una cierta nostalgia por la seguridad que podría brindar un gobierno militar, como una especie de “tolerancia cero” de naturaleza absoluta. En tanto, no deja de ser paradójico que los promotores entusiastas del desguace neoliberal del Estado y sus empresas, sean quienes ahora reclaman, desesperados, un Estado fuerte que les brinde protección oficial” (Elbert, 2009).

Este cambio, que inició en 1960 y se va a intensificar a principios del siglo XXI con el 11 de septiembre de 2001, y que se va a impartir también en Europa ha sido asumido como discurso hegemónico, con las nuevas propuestas de la política criminal, las cuales propenderán por castigos más severos, involucrarán análisis económicos, una agresiva política carcelaria para encerrar a los que delinquen, la excepcionalidad penal y la tolerancia cero. Esta situación es presentada por un nuevo pacto social que implica nuevas relaciones entre el Estado y la ciudadanía que le otorga mayor fuerza al poder público (Murillo, 2004). La mayoría de la reglamentación que surgen desde la perspectiva de la seguridad limita las garantías individuales, otorga importantes prerrogativas a las autoridades de policía en el momento de proceder con la privación de libertad, capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones y debilita la independencia del poder judicial ya que restringe su intervención con fines garantistas. La mayoría de estas legislaciones no prevén un sistema de garantías efectivas contra las violaciones que se dan frente a los derechos a la libertad y a la seguridad personal, con lo cual se va en contravía de los principios de legalidad construidos por el Estado moderno.

El Estado de Derecho se ha caracterizado por que promueve un conjunto de principios tendientes a proteger al ser humano en sus derechos, consagrados en un sistema de garantías que han sido concomitantes con el desarrollo del estado moderno: Estas garantía las encontramos en el principio de buena fe, el habeas corpus, la defensa técnica, la imparcialidad de las cortes y la división de poderes. El modelo contemporáneo del Estado Constitucional le corresponde además el respeto por la minorías y la diferencia, el acatamiento al sistema democrático, prohibir lesionar las libertades y dar satisfacción a los derechos sociales. Solamente, en casos excepcionales de orden público el Estado tiene permitido limitar o suspender algunos derechos, pero siempre con el objetivo de mantener y salvaguardar los derechos humanos frente a situaciones graves que atenten contra su ejercicio (Carvajal, 2011).

En algunos periodos de la historia de occidente se han presentado gobiernos de corte autocrático en los cuales, los principios garantistas han sido suprimidos, en Europa en los modelos de corte fascista y nazista que se presentaron en Alemania e Italia y para el caso de América Latina, en las dictaduras surgidas durante las décadas comprendidas entre 1960 y 1980, generando una represión y perdida de garantías que encausaron contra movimientos sociales, partidos de izquierda, estudiantes y en general contra todos aquellos que se consideraran enemigos del sistema por parte de los poderes de facto.

Lo paradójico de esta situación, es que en Colombia por ejemplo, una vez que se superó la dictadura, se mantuvo casi hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado esa concepción represiva y autoritaria que se legitimaba constitucionalmente a través de la figura del estado de excepción.

Es así como el uso recurrente del estado de sitio en Colombia durante el periodo 1958-1978, evidencia claramente la forma en que el poder político estatal en cabeza del gobierno, logra en ese momento compatibilizar el autoritarismo con un sistema democrático. Lo que en la práctica termina desvirtuando la excepcionalidad al erigirla como norma permanente, al convertirla en un referente de legitimación de la represión oficial frente a las demandas políticas de los sectores sociales que emergían en ese momento y que se encontraban inconformes ante el gran déficit de participación y hermetismo propiciado por el frente nacional, figura bajo la cual los partidos tradicionales se distribuían el poder político como mecanismo de pacificación ante la guerra civil.

En esa medida, este periodo se caracteriza por hacer un uso de esta institución dentro del margen constitucional establecido para tal fin y en consecuencia, se diferencia del periodo inmediatamente anterior en el que la fórmula del estado de sitio se basaba en el poder de facto de la dictadura militar liderada por el General Gustavo Rojas Pinilla. Por eso, podría decirse que el estado de sitio sirve como instrumento de represión por parte del Estado y a su vez como forma de legitimación del poder autoritario.

Hasta antes de 1968 podría decirse que el estado de sitio era una institución incipiente, que mantuvo unos objetivos claros como enfrentar el surgimiento de organizaciones políticas populares y sindicales en las zonas urbanas y asegurar al estamento militar un lugar privilegiado en la estructura del Estado al permitirle cooptar funciones políticas, administrativas y judiciales, por ejemplo a través de Cortes Marciales con competencia para juzgar civiles. Sin embargo a partir de la reforma constitucional de 1968, el estado de sitio se perfecciona de manera predominante como instrumento represivo, afectando de manera significativa a las organizaciones obreras y estudiantiles. Mientras que a través de la declaratoria de emergencia económica, se utiliza un mecanismo excepcional para introducir al país en las exigencias de la economía mundial y enfrentar fenómenos como el déficit fiscal, crisis en la balanza de pagos e implementar medidas de choque en el contexto de la sustitución de importaciones; en ese sentido la transformación del Estado también se efectuó recurriendo a fórmulas no democráticas (Ariza, 1997) (García Villegas, 1993) (Gallón Giraldo, 1979).

Epílogo

El actual modelo de seguridad cuestiona las medidas garantistas porque se pueden convertir en un obstáculo para aplicar medidas de seguridad en la medida en que el modelo de control jurídico que otorgaba mucha importancia a los principios de libertad, igualdad, legalidad y seguridad. Bajo el lema de la importancia de la seguridad, el modelo garantista se quiebra en la medida que gobiernos democráticos desarrollan sistemas penales que terminan limitando o desconociendo la estructura de garantías, mediante la implementación de situaciones de excepción o regulaciones especiales que hacen ineficaz los principios garantistas. Una última, característica del modelo de seguridad vigente es la ampliación de intervención y control social por parte de los órganos de seguridad y policía amparados bajo política preventivas y de situaciones de “riesgo”. La argumentación del riesgo o la amenaza otorga una gran discrecionalidad a la fuerza pública para desarrollar acciones que vulneran los derechos y las garantías de los individuos.

La agenda de seguridad genera una paradoja al interior del modelo de Estado constitucional en la medida que so pretexto de proteger los valores democráticos y a la sociedad en su conjunto, de la amenaza que genera la delincuencia común o el terrorismo, se terminan vulnerando los derechos fundamenbtales. El punto de discusión está en establecer claramente una frontera en la cual se garantice la seguridad sin que con ello se menoscaben los derechos humanos y el sistema de garantías. Además de esto crea una nueva gramática y mecanismos de vigilancia que se esparcen en todos los escenarios especiales como un nuevo panóptico de vigilancia liquida (Bauman & Lyon, 2013).

Conclusiones

En la actualidad el discurso de la seguridad se ha convertido en el paradigma sobre el cual se ha construido el nuevo modelo de control social. Este se caracteriza por promover un modelo de excepción, el cual implementa el aumento de penas, criminalización a ciertos sectores sociales, la tolerancia cero, el panóptico y la vigilancia privada. Este modelo va en contravía del discurso de los derechos humanos y del garantismo constitucional contemporáneo.

Bajo estos nuevos marcos refenrenciales de la lucha por la seguridad, unidad al combate contra el terrorismo se desarrolla una globalización hegemónica que pretende persuadir a la sociedad para que acoja plenamente estos marcos conceptuales de promover medidas de excepción. Este modelo es funcional a las lógicas del individualismo, el consumo y el consenso del modelo neoliberal. Un modelo excluyente donde lo jurídico se lee a partir de las nuevas necesidades de las empresas transnacionales y nuevas lógicas del Estado, abriendo el camino a un estado de excepción con nuevos dispositivos de control.

Paralelo a esta lógica emergen discursos contrahegemónicos, que cuestionan o develan las contradicciones del consenso neoliberal. Tal antagonismo, hace posible tanto la construcción de discursos antagónicos como la valoración negativa de aquellos discursos dominantes; y, puede ser canalizado democráticamente en el sistema a través de una nueva gramática del discurso de los derechos humanos o le nueve epistemología de la de-colonización impulsado por movimientos sociales anti-sistema.



Bibliografía

Anitua , G. (2007). La legislación penal en la dinámica de la guerra contra el “mal” o el “ enemigo. En Políticas de seguridad. Buenos Aires.

Ariza, L. J. (1997). Estados de excepción y razón de Estado en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho.

Barber, B. (2004). El imperio del miedo. Guerra, terrorismo y democracia. Barcelona: Paidós.

Bauman, Z., & Lyon, D. (2013). Vigilancia Liquida. Barcelona, España: PAIDÓS Estado y Sociedad.

Bourdieu, P. (2005). “Dos imperialismos de lo Universal”, en r, , Barcelona. En Repensar los Estados Unidos. Para una sociología del hiper pode. Barcelona: Antrhopos.

Carvajal, J. (2011). Derecho y lógicas de seguridad en Colombia. Bogotá: Universidad Libre de Colombia.

Claire, W. (Enero-Junio de 2014). Poderes de emergencia y regímenes de excepción en América Latina: Una perspectiva política. (D. d. gobierno, Ed.) Revista mexicana de análisis político y administración pública, III(1), 205-230.

Corey, R. (2004). El Miedo . México D.C. México: Fondo de cultura económica.

Durkheim, E. (1965). El suicidio. Buenos Aires.: Schapire.

Elbert, C. (2009). El populismo penal: ¿Realidad transitoria o definitiva? . Instituto de investigación de derecho público.

Gallón Giraldo, G. (1979). Quince años de Estado de sitio en Colombia. Bogotá: América Latina.

García Villegas, M. (1993). La eficacia simbólica del derecho. Exámen de situaciones colombianas. Bogotá: Uniandes.

Gray John, J. (2004). Al Qaeda y lo que significa ser moderno . Barcelona: Paidós.

Mouffe, C. (1998). Hegemonía, política e ideología . En J. Bastida, Hegemonía y alternativas políticas en América Latina. Madrid: Siglo XXI.

Murillo, S. (2004). El Nuevo Pacto Social, la criminalización de los movimientos sociales y la ‘ideología de la seguridad. Debates.

Rajagopal, B. (2005). El derecho internacional desde abajo. Bogotá, Colombia: ILSA.

Santos, B. (2009). Sociología jurídica crítica,para un nuevo sentido común en el derecho. Bogotá, Colombia: ILSA.

Shelley, J. (2000). Criminology.

Silva García, G. (1998). Delito político y narcotráfico . En R. T. Cárdenas, La problemática de las drogas. Mitos y realidades. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Vargas Velásquez, A. (2006). Consideraciones analítico conceptuales, capitulo I . En V. V. (Comp), Ensayos sobre seguridad y defensa. Bogotá: UNIJUS.



Coordinadores de eje:
Lorena de los ángeles lizama gajardo



Compartir con tus amigos:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2017
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos