Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos



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Interpelando la noción de seguridad: Conflictos sociales y vulnerabilidad de derechos en torno al uso del gas en Argentina.

Dr. Claudio Gallegos

CONICET / Universidad Nacional del Sur

cgallegos@uns.edu.ar



Eje 14. Defensa, seguridad y derechos humanos

Introducción

Los recursos naturales, en general, han tenido un rol de suma importancia en lo que respecta al desarrollo económico de los diversos países de América Latina. La coyuntura internacional en la actualidad pone de manifiesto una serie de problemáticas centrales en lo concerniente a los recursos naturales, dando como resultado la necesidad de observar dicho proceso para poder comprender las particularidades del mismo.

Es así que hoy en día, en función de los reordenamientos internacionales, el papel que juegan los recursos naturales deviene estratégico desde la geoeconomía y la geopolítica, cobrando un lugar prioritario en los planes de desarrollo de un país y de una región.

En los últimos años observamos, con mayor frecuencia, la presencia de manifestaciones vinculadas con el control de los recursos naturales, conformándose un foco de conflicto que difiere en su escalada de violencia, desde los armados hasta las tensiones cotidianas.187

Como parte de un proceso de décadas, una porción considerable del territorio argentino ha sido apropiado por el capital financiero, enajenando a nuestro país en lo que respecta al control y la gestión de varios de sus propios recursos, entre ellos el gas. En nuestro caso particular de análisis destacamos la importancia en la actualidad de la explotación del gas como un hidrocarburo de niveles bajos de contaminación y costo en relación al resto.

En dicho proceso es dable destacar también la reacción y acción de las diversas fracciones de la sociedad en cuanto a la implementación de políticas neoliberales que nos han alejado del manejo de nuestros propios recursos vulnerando una serie de derechos indispensables para el desarrollo como nación independiente.

En este sentido, este trabajo propone referenciar los actores intervinientes (Estado, privatizadas, etc.) en los conflictos generados por el uso del gas en Argentina, junto a las variadas estrategias vinculadas a la seguridad (desde una mirada integral), a la que se apelaría para justificar el uso del recurso.

Nos preguntamos si los actores y sus decisiones políticas en cuanto al tema en cuestión consideran las dimensiones propias del conflicto, involucrando en sus elecciones las implicancias de las políticas públicas o las acciones de las privatizadas.

En este sentido, se identificarán los actores centrales que protagonizan estos conflictos por la gestión y el acceso a los mismos,  entre los que se reconocen consorcios empresariales diversos, de capitales extranjeros, que se instalan en nuestro país e interpelan las capacidades del Estado y de las organizaciones populares en el siglo XXI.

Los temas vinculados al análisis de los recursos naturales estratégicos pueden ser: abundancia/escasez, su control, el acceso y la preservación de los mismos, su ubicación geográfica y su relación con otros recursos. Todos ellos reflejan atributos propios de la soberanía de un actor determinado e interpelan el significado del término frente a las circunstancias del siglo XXI.

        Es por ello que nos preguntamos si esos atributos propios de la soberanía de un actor (léase capacidad de control, autoridad, regulación y extracción) que definen los temas de soberanía en términos de Krasner (2009), y que se vinculan con el Estado-Nación westfaliano, son suficientes para describir y comprender la complejidad de las múltiples dimensiones, intereses y percepciones que intervienen en la gestión de los recursos naturales en un determinado contexto espacial y temporal actual.

Asimismo, la existencia de ámbitos geográficos de alta tendencia a la conflictividad entre actores en función del logro de mayores capacidades relativas de acceso y control sobre recursos considerados estratégicos (Klare, 1990), pone en el centro de la escena la factibilidad de escenarios conflictivos abiertos o implícitos en su despliegue, y que pueden tener alcances locales y regionales de difícil capacidad de previsión (Klare, 1990).

        Cabe preguntarnos, entonces, si los Estados se plantean un enfrentamiento bélico por los recursos considerados estratégicos. Por lo pronto, lo que sí podemos afirmar es la existencia de nuevas formas de conflictos vinculados a la temática que pone de manifiesto una variedad de actores a descifrar, analizar y comprender.

En el tema que nos ocupa, el conflicto es una variable interviniente en la lucha por el control sobre un recurso natural estratégico. Los conflictos han acompañado a las personas y a los pueblos en toda su historia. Contractualmente se habla de una antropología social “por naturaleza”; en la búsqueda de un bienestar que siempre la lleva a interrelacionarse; sin embargo, dicha socialización postulada en función de sus conveniencias para cumplir ciertos propósitos (la defensa de la vida, por ejemplo), no estaría eximida de fricciones y de revoluciones políticas, económicas y hasta militares, llegando al arquetipo ambivalente a través de ciertos autores de que la guerra se presentaría como inherente al ser humano. Esa lucha generada por la búsqueda de recursos para la subsistencia, en la actualidad deja de manifiesto una serie de intereses a nivel mundial que vincula una diversidad de actores disímiles en contextos específicos.

Entonces ¿qué es el conflicto en definitiva? Sería una consecuencia de un determinado estado de cosas. ¿De cuál estado? De una situación de divergencia social, es decir, de una relación contradictoria (de disputa) que sostienen personas o grupos sociales separados al poseer intereses y valores diferentes (Silva García, 1996). Una línea similar (Ferrari, 1989), distingue entre los conflictos por interés (competencia) y aquellos relacionados con los valores (disensos).

Dichas cuestiones las analizaremos en lo que respecta al uso del gas en Argentina. En esta problemática, el gas, como recurso natural no renovable, es considerado desde una mirada muy tradicional. Se piensa, en general, como necesario para producir energía calórica domiciliaria. Pero en realidad el gas posee otras utilidades y con otros usuarios.



Conflictos por el gas

La búsqueda por la apropiación y el control de los recursos naturales estratégicos por parte de los capitales ya sean nacionales o, sobre todo, internacionales ha generado una diversidad de conflictos diferenciados por su graduación en la escalada de violencia.

En relación a una estrategia global, desde hace dos décadas el territorio argentino fue apropiado por el capital financiero por medio, por ejemplo, de la privatización de empresas del Estado a través de las cuales acceden al control y explotación de los recursos naturales, junto con el consecuente control de su transporte.

Las políticas neoliberales implementadas en la década de 1990 generaron el espacio propicio para una transformación sustancial en lo que respecta a la presencia del Estado nacional en el cumplimento del deber de garantizar Seguridad Energética a los habitantes. Se llevaron a cabo la privatización de empresas destinadas a los servicios públicos, incluso con el aval de gran parte de la población. La idea de la perfección del ámbito privado sobre el estatal regaba las tintas de los periódicos.

La privatización de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), considerada en su momento como la única empresa autorizada para la venta de gas, representa uno de los casos paradigmáticos de la época, generando una transformación en la industria del gas natural. Acompaña a este proceso la privatización de Gas del Estado, empresa que controlaba el transporte y la distribución del gas por todo el país.

Hasta ese momento, el Estado Argentino poseía el monopolio de la exploración y la explotación del petróleo por medio de YPF, empresa símbolo de la soberanía nacional. Recién en el año 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner se crea la empresa estatal ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima),188 logrando la concesión de áreas petroleras en el litoral marítimo.

La empresa española REPSOL absorbe la mayoría de los activos de YPF, logrando asimismo el control del recurso en nuestro país. Dicha cuestión generó una reorganización en la producción que vino acompañada por la ayuda del Estado por medio de mecanismos institucionales de regulación tales como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), cuestionados en su accionar.

El paso de los activos a capitales españoles (REPSOL), en su mayoría, estuvo acompañado de una ola de despidos sin precedentes. Las manifestaciones en Mosconi y Tartagal en Salta, junto a las de Plaza Huincul y Cutral – Co en Neuquén dan paso a esta lucha en torno al control y gestión de los recursos estratégicos, que continua hasta la actualidad.

Los conflictos derivados de la privatización dieron lugar a la organización de los trabajadores desocupados quienes, por medio de protestas en donde la herramienta de lucha era el piquete, salieron a la calle en búsqueda de respuestas, soluciones, etc.

La crisis en el sector energético, entre otros aspectos, parte de la cuestión de que el gas no es sólo utilizado como consumo domiciliario. También se utiliza en las industrias, como combustible por medio del GNC y también para el funcionamiento de las centrales Termoeléctricas, lo que da cuenta de la vulnerabilidad de la garantía eléctrica al estar en dependencia del gas. En esta crisis podemos dar cuenta de una serie de actores que forman parte de este conflicto.



Actores intervinientes

Son varios los actores intervinientes en los conflictos que se generan en torno al control de un recurso estratégico como es el gas. En primer lugar podemos encontrar a las petroleras, quienes van variando su discurso desde no hay gas, no se puede transportar, las exploraciones son imposibles por la falta de capitales, el tema de los precios internacionales, etc. (Guerrero, 2005). Entre las más destacadas desde los 90 nos encontramos con YPF, HALLIBURTON, REPSOL, TECPETROL PAN AMERICAN ENERGY, PETROBRAS, ETC, alguna de ellas no operan en la actualidad.

En un sentido más estricto, en lo concerniente al sector empresarial vinculado a la energía, y específicamente al gas, podemos observar diversos ámbitos tales como la exploración – producción, generación, transporte, ingeniería y construcción, comercialización mayorista y minorista, etc., entre las que existen vinculaciones. (Espona, 2013)

En segundo lugar nos encontramos con las distribuidoras del gas. Aquí se generan una serie de conflictos vinculados con la periodicidad de los cortes de suministro para poder distribuir un recurso que deviene escaso. Los cortes pueden estar destinados a la red domiciliaria como así también a las industrias. No se evidencian, en general, cortes de suministros considerables en las estaciones de GNC.

En tercer lugar hacemos referencia al Estado. Como sostiene Analía Guerrero, “el mismo debe enfrentar un triple frente en lo interno, los usuarios de los servicios públicos, que quieren un suministro continuo y sin aumento de tarifas (a pesar de ser algo inevitable y que se trata de encubrir bajo un sistema de premios y castigo), las empresas de servicios públicos con las cuales se están negociando los contratos y que presionan indirectamente a través del FMI en un momento crítico de negociación de la deuda externa argentina, amparadas por regulaciones ampliamente favorables negociadas durante la década del 90 (2005:2).

El cuarto actor en el conflicto son los usuarios, clasificados en residenciales o industriales. Sobre ellos, en general, recaen las medidas más drásticas vinculadas con los cortes en el suministro, los castigos por un consumo mayor al estipulado, los aumentos en las tarifas, etc.

Usuarios residenciales e industriales entran en conflicto con empresas multinacionales que han logrado privilegios desde la época de las privatizaciones. Conforme pasa el tiempo, los usuarios pujan por mejorar la calidad de servicio y no ver aumentos desconsiderados en sus tarifas. Por su parte, los capitales extranjeros reviven constantemente los contratos firmados en las renegociaciones que pactan con el Estado. Luego de la política subsidiaria de los últimos años llegamos a los tarifazos con incrementos de hasta 400% en las tarifas.

Y el conflicto se reactiva. Nuevos aranceles y el mismo servicio. El problema central del control de los recursos estratégicos queda en un segundo plano, siendo realmente el problema estructural. El más perjudicado siempre termina siendo el usuario, que ve vulnerados sus derechos de acceso al gas, entre otros, sufriendo los cortes y los aumentos desmedidos sin ningún tipo de programación estratégica.

No debemos olvidar tampoco, la incapacidad decisoria del Estado hasta el año 2004 en lo referente a determinación de precios en el gas desde el ENARGAS en compañía de diversos organismos de Defensa de los Derechos de los Consumidores.

Es necesario destacar, asimismo, que podemos encontrar actores en el ámbito regional, internacional, en donde entran en juego no sólo estas multinacionales sino también organismos tales como el FMI, la ONU, y sus consignas en cuanto a la idea de Seguridad Integral.

En este sentido recordamos la calidad de territorial que posee el recurso gas. Con ello queremos decir que no se encuentra en todas partes y, paradójicamente, la mayoría de sus reservas se localizan en países considerados en vías de desarrollo o atrasados: no se encuentra en las conocidas como “economías desarrolladas”, las cuales necesitan del abastecimiento de este recurso para su propio funcionamiento. De ahí la necesidad de intervenciones por medio de diversas estrategias, como puede ser la In-seguridad de su eficiente y eficaz explotación y uso.

Noción de seguridad

En el lenguaje de las ciencias sociales, “seguridad” es un concepto controvertido, ya que no existe un consenso generalizado sobre su significado. En función de las personas, sus ideas, cultura y percepciones de la realidad el término seguridad adquiere un valor distinto.

“Seguridad”, proviene del latín, y significa “securitas” o “securus”. Hace referencia a la posibilidad de vivir “sin temor” o “despreocupados”. Alude a un concepto utilizado en el lenguaje cotidiano, en función de varios hechos o fenómenos, por lo que necesita ser analizado en profundidad para su utilización en distintos ámbitos. Sin embargo, la experiencia demuestra que dicho término ha sido uno de los más problemáticos y difíciles de aceptar, tanto en la comunidad nacional como internacional.

Si vinculamos dicho concepto con el Estado estaremos frente a un nuevo término: Seguridad Nacional. El mismo no se incorporó al vocabulario común de las Relaciones Internacionales, sino hasta 1943, con el libro de Walter Lipmann: “Política Exterior de los EEUU: Escudo de la República”. En su texto, y refiriéndose al aislacionismo geográfico natural de su país (“con dos océanos protectores y una benevolente marina inglesa” según decía), el autor resaltaba que en esa precisa combinación de factores se “ocultaba la idea de la seguridad nacional para los norteamericanos”. Tal como allí lo expresara y según su criterio, la fuerza de las circunstancias al final de la Gran Guerra, comenzaba a delinear, para los EEUU, un “perímetro de seguridad” muy superior al de sus simples fronteras. (Báez, 2003)

Tradicionalmente, el Estado representa el referente de la seguridad. El mismo asume la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y demanda su lealtad. Así, la seguridad de los ciudadanos de un país está garantizada cuando la propia seguridad del Estado también lo está. Este modelo tradicional de seguridad queda reflejado en el término Seguridad Nacional que según George Kennan es “la capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de interferencia de potencias extranjeras” (Laborde Iglesias, 2011). La seguridad nacional gira alrededor del paradigma realista, en virtud del cual la política mundial es invariablemente una lucha entre Estados por el poder, bajo una situación de anarquía, compitiendo por sus propios intereses nacionales.

De esta manera, los Estados confían en el poder militar para garantizar esos intereses contrarrestando las amenazas que surgen de la fuerza armada de otros Estados. Entonces, la soberanía nacional y el equilibrio de poder, entendido como la distribución del mismo entre los distintos Estados, se encuentran inequívocamente unidos a lo que se entiende por seguridad. Se trata de proteger, desde una perspectiva interna, los intereses nacionales.

Con su fallido antecedente de la Sociedad de Naciones, la fundación de las Naciones Unidas viene a superar la noción de seguridad nacional al incluir en su agenda aspectos no militares. El artículo 55 de la Carta de las NNUU señala que “con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; (…), c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos”. Consecuentemente, la ONU crea agencias especializadas con el objetivo de promover este propósito en el que el individuo parece convertirse en el centro de interés.

Esta nueva visión propia del pensamiento político liberal, se materializa en el concepto de Seguridad Colectiva por el que se proscribe el recurso a la violencia como forma de salvaguardar los intereses nacionales, salvo en caso de autodefensa. Para Ballesteros “la seguridad colectiva es el fruto de una decisión conjunta de determinados países y en la que se adquiere el compromiso de condicionar las respectivas políticas de seguridad a las de los demás, equilibrando solidariamente las diferencias de intereses, atenuando incertidumbres y desalentando comportamientos agresivos”(2004:53). Sin embargo, influido por el enfrentamiento bipolar de la segunda mitad del siglo XX, el sistema de seguridad colectiva de la ONU muestra sus limitaciones.

En resumen, la ONU habla de “...situación en la que un Estado se considera a resguardo contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello libertad de acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso…”189

Si vinculamos estas conceptualizaciones con el tema de la energía, y más precisamente el gas, llegamos a la conclusión de que el Estado es responsable de otorgar Seguridad Energética a la población, garantizando su calidad de vida y el desarrollo económico del país. Recordamos que dicha seguridad forma parte de la Seguridad Nacional, y promueve la protección de la infraestructura, garantiza la continuidad del suministro, pero también persigue la salvaguarda de la independencia, la reducción de la vulnerabilidad, las relaciones internacionales, etc.

La falta de Seguridad Energética resulta un problema importante con consecuencias inmediatas, tanto para la población como para la economía del país y la región. (Guerrero, 2008). Y aquí es donde se genera el inicio de los conflictos. La idea de falta de seguridad o in-seguridad, ligado al mal desempeño estatal y al no cumplimento de derechos vinculados al uso del gas.

Daniel Castillo denomina este tipo de conflictos como conflictos socio-ambientales, sosteniendo que hacen alusión a “situaciones en las cuales existe un choque de intereses entre personas o grupos que usan un bien o un servicio ambiental, o entre quienes causan un problema ambiental y quienes sufren sus consecuencias. Los conflictos socio-ambientales pueden también ser ocasionados por diferencias en la distribución de bienes y/o servicios ambientales.

En el caso del gas en la Argentina asistimos a la falta de definiciones precisas en relación a los Intereses Estratégicos y Política de Defensa a nivel regional, lo cual nos deja en un marco de vulnerabilidad peligroso. Recién en el año 2008, el Estado se vio fortalecido por el apoyo de otras naciones por medio de UNASUR.

Ante la variada gama de conflictos nacionales y regionales se apela a la necesidad de garantizar la Seguridad Energética, por lo cual las intervenciones desde organismos internacionales se hacen evidentes en forma de empresas multinacionales que, por medio del control y la gestión de los recursos estratégicos gracias a las privatizaciones, terminan interpelando al Estado Nacional y dirigiendo el futuro de fuentes de energía, como el gas, vulnerando todo tipo de derechos

De manera consecuente, la administración de Cristina Kirchner agudizó el conflicto con Estados Unidos producto de su acercamiento a capitales venezolanos. Y abajo el gobierno de Mauricio Macri, asistimos a un reacomodamiento regional, retomando lazos con la potencia del norte, y a la espera de la concreción de un plan serio, en concordancia con el aumento en las tarifas sufridas por los usuarios.

Conclusiones

La década del 90 marca la entrega de parte de nuestros recursos naturales estratégicos al capital extranjero. Las protestas sociales que se generaron buscaron la reactivación del empleo y, en algunos casos, planteaban cuestiones políticas vinculadas a la pérdida de soberanía, la política nacional de defensa, etc.

A partir de los noventa comienza un proceso de modificación en lo concerniente a la política energética nacional. Se pasa del manejo de los recursos por parte del Estado a la privatización y gerenciamiento privado de los mimos, aludiendo a la ineficiencia estatal y la mentada Seguridad Energética puesta en duda bajo la administración nacional. Sin embargo en los albores del nuevo siglo se recuperan empresas emblemáticas de la nación, comenzando un camino de reordenamiento hoy en crisis.

Los conflictos que tímidamente describimos en el cuerpo del trabajo no son anómalos y, por definición, no los podemos clasificar como algo bueno o algo malo. Representan una circunstancia histórica y social natural de las relaciones sociales. En otras palabras, los conflictos vinculados en la energía representan una forma de relación social universal, lo que permite distinguir el conflicto como contenido de las relaciones, de la interacción misma, sus circunstancias de tiempo, espacio o las particularidades del episodio (Simmel, 1977).

Asimismo, debemos tener en cuenta que hoy, el dominio de los recursos naturales estratégicos se encuentra condicionado por una profunda metamorfosis del sistema-mundo (Wallerstein, 2005), que pone en jaque las capacidades medioambientales del planeta a través del impulso de un patrón de crecimiento ilimitado (Lander, 2012). Esto se da en el marco de un imperialismo en decadencia (Chomsky, 2013) que ambiciona y necesita control sobre América Latina, debido a su vasta riqueza en insumos claves (petróleo, gas, agua potable, minerales estratégicos), biodiversidad, grandes mercados en expansión y amplios saberes poblacionales (Borón, 2012).

Así, se abre una línea de investigación y debate sobre la definición pertinente a la hora de desagregar los denominados “recursos estratégicos” naturales, la cual pretende caracterizar las variables que propician e imponen procesos de vulneración de derechos, identificando por ejemplo las continuidades y los cambios producidos en este sentido desde los tiempos de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional hasta la contemporánea Doctrina de inSeguridad Mundial (Winer, 2011) en el marco de la consolidación de un paradigma estadounidense que aspira al “control de espectro total” sobre territorios y poblaciones (Ceceña, 2005; Winer y Melfi, 2014), el cual se asienta sobre elementos pre-modernos y sobre resabios absolutistas político-jurídicos sintetizados en el Derecho Penal del Enemigo (Jakobs y Cancio Meliá, 2006; Zaffaroni, 2006; Aponte Cardona, 2006; Barrón Cruz, 2010) cuya argumentación consideramos marca una tendencia sumamente regresiva y opuesta a los principios que rigen la doctrina de derechos humanos y del derecho internacional en defensa de la soberanía y de la vida (Winer, 2015).

Las controversias acerca de la noción de seguridad se han centrado habitualmente sobre el papel que debe llevar a cabo el Estado en su consecución. Varias han sido las iniciativas que preconizan la idea que es preciso examinar enfoques alternativos a la noción tradicional de la seguridad nacional en el que el Estado es sin lugar a dudas el objeto referente.

Por último, en la actualidad nos encontramos en un contexto de clara inseguridad en lo concerniente al abastecimiento de gas, producto de la constante inestabilidad política y jurídica, ligado a incumplimientos de contratos, falta de políticas de desarrollo, etc. Aún seguimos a la espera de un plan apropiado.



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