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Revisión de prensa

Medio – El Espectador

Fecha – 28 de abril de 2014

Titular – “Construcción afecta conjunto residencial del nororiente de Bogotá”

Link – http://www.elespectador.com/noticias/bogota/construccion-afecta-conjunto-residencial-del-nororiente-articulo-489272
Alarmados se encuentran los habitantes de un conjunto residencial al nororiente de Bogotá por cuenta de la construcción de un edificio contiguo que ha generado desplazamientos de tierra. Según los residentes del conjunto ubicado en la localidad de Chapinero, la construcción ha ocasionado grietas, levantamiento de pisos y afectación en los muebles. “Empezaron a sacar unas rocas grandes, el edificio vibraba un poco y fue cuando se levantó el piso y se bajó el mueble de la cocina”, manifestó a Noticias Caracol Clemencia Camargo de Lancheros, residente afectada.
Los cerca de 300 residentes afectados esperan que los daños no aumenten, por lo que interpusieron varias acciones ante la Alcaldía de Chapinero. “Ya uno no sabe realmente qué va a pasar más adelante si siguen con la construcción y sacando tierra”, indicó otro de los residentes afectados.
Por su parte, la Alcaldía de Chapinero suspendió la construcción de la obra y anunció medidas para evitar el deterioro del conjunto residencial. “La Alcaldía ha cerrado la obra y solamente autorizará las obras de mitigación. Hasta tanto no se hayan realizado no pueden continuar la obra”, señaló Mauricio Jaramillo, alcalde local de Chapinero. Si se incumplen las medidas, la constructora podría ser sancionada económicamente y hasta se podría demoler parte de la obra adelantada.
Medio – La República

Fecha – 7 de marzo de 2014

Titular – “Los constructores piden estabilidad jurídica en Bogotá”

Link - http://www.larepublica.co/infraestructura/los-constructores-piden-estabilidad-jur%C3%ADdica-en-bogot%C3%A1_120346
Un nuevo capítulo se abre para las constructoras en la capital del país. Las firmas le piden a las autoridades del sector estabilidad jurídica para desarrollar la actividad en una ciudad cuya administración local les ha puesto más de una traba.
Sí hay preocupación por la inestabilidad. Y el llamado es a tener cuidado, porque uno entiende que la norma se debe reformar, pero que se haga con prudencia, para que no se detengan los proyectos que ya están en ejecución”, señaló Gabriel Díaz, presidente del Grupo Oikos.
Este nuevo malestar se da luego de un pleito jurídico entre la firma Pedro Gómez y la comunidad del barrio Los Rosales, que llevó a que la constructora detuviera el proyecto Serranía de los Nogales (Calle 79B con carrera 4-26). Colsubsidios también participaba en el desarrollo de la edificación.
La orden fue dictada por la Corte Constitucional que falló en contra de la empresa una tutela interpuesta por Leonardo Bernal Morales, uno de los vecinos.
LR conoció que Pedro Gómez presentó ayer un recurso de nulidad, aludiendo a la falta de garantías para un proyecto que ya tenía licencia de construcción. El Ministerio de Vivienda y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se unieron a esta decisión, para coayudar a la firma.
Esta acción se suma a una carta que Pedro Gómez, presidente de la empresa, envió el 14 de febrero al presidente Juan Manuel Santos. “Con esta decisión (la suspensión) se deja sin efectos una licencia de construcción en firme (...) A pesar de que se había cumplido con estricto rigor todos los requerimientos legales. Frente a la gravedad que este fallo se torne en un precedente le sugerimos intervenir en la forma que el Gobierno considere más apropiada”, dice el empresario en el documento.
Este llamado al Mandatario lo reiteró Alejandro Castañeda, presidente de la Inmobiliaria Cobrac’s: “yo pienso que aquí no hay gobierno local, porque hay incertidumbre sobre lo que va a pasar con el Alcalde, así que se necesita un Gobierno Nacional fuerte que le ponga orden a la ciudad”.
Un pleito de 2012

El enfrentamiento entre la empresa y la población de Los Rosales comenzó en 2012, cuando la firma adquirió un terreno en el que solía estar el Colegio Gimnasio Femenino.


Sin embargo, el pleito por el lote data de mucho antes, cuando la institución educativa aún operaba. La comunidad señalaba en ese entonces que la actividad de las estudiantes incomodaba en el barrio, así que el colegio cerró. Cuando la firma comenzó el proyecto hace más de tres años, las quejas fueron por el uso del suelo, que debía ser para instituciones educativas, recreativas o culturales, por lo que la constructora no podría desarrollar la obra.
En la acción de tutela también se planteó que la edificación afectaría una casa de los años 1950, que es considerada un patrimonio distrital.
Pero Pedro Gómez ofreció el proyecto, que se vendió como ‘pan caliente’, y puso piedra sobre piedra, pese a la disputa.
Luego de tres años de debate, la Corte Constitucional notificó el pasado 31 de enero que en segunda instancia se decidió que la empresa debía detener la ejecución.La compañía emprendió acciones, pues notificó que tanto la Curaduría Urbana N°4 de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación le habían dado las autorizaciones.
Para Castañeda, a las constructoras les genera más desconfianza que se detenga una obra que ya tenía los permisos y cumplía con la ley. “Ya no tenemos seguridad en la licencia de construcción que entrega una curaduría. Los proyectos corren riesgo y es posible que una constructora no se arriesgue”, agregó.

Anexo 13: Devolución de fármacos
Plenaria

Tema: Objeciones al proyecto de acuerdo 222 de 2013 – Mecanismos de devolución de fármacos.

Iniciativa de: Bancada Partido de la U.

Fecha: 5 de mayo de 2014.
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE DEVOLUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE FARMACOS O MEDICAMENTOS VENCIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”


  1. Resumen concreto




Nombre

Concepto

Ponente 1

Darío Fernando Cepeda

Ratifica ponencia positiva

Ponente 2

Miguel Uribe

Ratifica ponencia positiva

Ponente 3

Orlando Parada

Ratifica ponencia positiva

Administración

Secretaría Distrital de Ambiente

No viable




Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI

Viable con modificaciones

Viabilidad jurídica

Valentina Coral

Competencia

Sí.

Legalidad

Sí.

Concepto general

Ana María Parada

Si es viable.

Voto en Comisión

Juan Carlos Flórez



Voto en Plenaria

Juan Carlos Flórez



Informe de la Comisión Accidental

Clara Lucía Sandoval

Miguel Uribe Turbay

Jairo Cardozo Salazar


Recomienda rechazar las objeciones

Concepto jurídico frente a las objeciones

Valentina Coral

Rechazo

Voto frente a las objeciones

Juan Carlos Flórez

No (rechazando las objeciones)

Decisión de la Plenaria

Rechazar las objeciones

El objeto del proyecto de acuerdo es establecer mecanismos de recolección y devolución de fármacos y medicamentos vencidos en los hospitales de la red pública, los cuales, obligación que recae en la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud, las cuales además deberán incentivar en los programas de devolución de dichos medicamentos. Para ello, se señala que dichas Secretarías deberán coordinar sus actuaciones con los fabricantes, importadores y distribuidores de fármacos y medicamentos, pues son estos los encargados de formular los planes de gestión de devolución posconsumo. El proyecto fue aprobado en segundo debate el 13 de febrero de 2013.


El 4 de marzo de 2014 el alcalde presentó objeciones jurídicas al proyecto, así: 1) el concejo no es competente para establecer mediante acuerdo mecanismos para la devolución de fármacos o medicamentos vencidos, pues dicha competencia, de acuerdo con lo establecido en normas nacionales (Decreto Nacional 4741 de 2005 y Resolución 371 de 2009) le corresponde al Ministerio de Ambiente. 2) el proyecto de acuerdo no cumple con las normas en materia de impacto fiscal, pues el mismo, aunque en su exposición de motivos señala que no genera impactos de ese tipo, al mismo tiempo obliga a los hospitales a contar con centros de acopio de medicamentos vencidos, lo cual genera gastos para la administración.
La comisión accidental presentó su informe el 17 de marzo de 2014, recomendando el rechazo de las objeciones, por las siguientes razones: 1) el concejo si es competente para expedir el proyecto de acuerdo, pues si bien son los productores e importadores quienes deben formular los planes de gestión de devolución posconsumo, los municipios tienen la obligación de apoyar dichos planes y realizar campañas de sensibilización frente a los mismos; y los hospitales, en su calidad de instituciones prestadoras de salud, deben participar en su implementación. Por lo tanto, como la salud es, en parte, un servicio a cargo del distrito, el concejo tiene competencia para dictar el proyecto de acuerdo, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1421 de 1993. 2) No se incumplieron las normas en materia de impacto fiscal, pues el proyecto de acuerdo no impone la obligación de contar con centros de acopio, sino simplemente de disponer de recipientes, proporcionados por los propios fabricantes o importadores, donde sean depositados los fármacos o medicamentos vencidos, para que después el fabricante o importador pueda recolectarlos; lo cual no genera impacto fiscal. Además, señalan que la obligación de evaluar el impacto fiscal y proponer alternativas, tal y como lo ha indicado la Corte Constitucional, es de la Secretaría de Hacienda. El informe también hace hincapié en los beneficios de la iniciativa.
Evaluadas las objeciones y el informe de la comisión accidental, se considera que las primeras no tiene fundamento, por cuanto; 1) el concejo es competente para expedir el proyecto de acuerdo, pues las normas nacionales imponen obligaciones no solo a los productores o importadores de fármacos y medicamentos, sino también a los municipios y hospitales; y el cabildo puede dictar normas que busquen el cumplimiento de dichas obligaciones. 2) el proyecto no genera el impacto fiscal argumentado por la administración, pues no obliga al establecimiento de centro de acopio, sino a disponer de recipientes que son proporcionados por los propios fabricantes o importadores.
Por 36 votos, la plenaria rechazó las objeciones presentadas por la administración y remitió el proyecto al alcalde para su sanción.


  1. Objeciones al proyecto de acuerdo

El Alcalde presenta objeciones jurídicas al proyecto de acuerdo 222 de 2013, señalando que el mismo es ilegal pues invade las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así, presenta dos objeciones: 1) falta de competencia del Concejo para expedir el proyecto de acuerdo; y 2) no cumplimiento de las normas en materia de impacto fiscal.


Falta de competencia del Concejo Distrital para expedir el proyecto.
La administración señala que el Decreto Nacional 4741 de 200576 establece que los medicamentos vencidos son considerados residuos peligrosos, frente a los cuales los productores o importadores deben presentar ante el Ministerio de Ambiente el respectivo plan de gestión de devolución de productos posconsumo (fármacos o medicamentos vencidos) y, que el Ministerio de Ambiente es la autoridad encargada de establecer los elementos de dicho plan, obligación que cumplió a través la Resolución 371 de 200977. Con base en dichas normas, la administración señala que no es competencia de las Secretarías de Ambiente y Salud implementar puntos de recolección para medicamentos vencidos ni estrategias para incentivar los programas de gestión de devolución de los mismos, pues dichas actividades no son de su competencia sino obligación los productores o importadores. Según las objeciones presentadas, la competencia de autoridad ambiental distrital se reduce a poner en conocimiento del público la lista de receptores o instalaciones autorizadas para el almacenamiento, pero no implica en ningún caso la implementación de puntos de acopio.
Concluye entonces que las disposiciones contenidas en el proyecto de acuerdo 222 de 2013 son contrarias a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y a la Resolución 371 de 2009, y que con ellas se están invadiendo las competencias del Ministerio de Ambiente. Señala que como es el Ministerio el que establece los elementos de los planes de gestión de devolución de productos posconsumo y ante quien los productores o importadores deben presentar el respectivo proyecto de plan de gestión; la competencia para establecer mecanismos de devolución de fármacos o medicamentos vencidos es de dicha autoridad ambiental y no del Concejo de Bogotá.
Señala además que el distrito puede unirse a los planes ya creados e implementados por los productores e importadores, pero no incentivarlos. Por último, afirma que la obligación de los hospitales de la red pública de generar centros de acopio de fármacos o medicamentos vencidos es contraria a la función de estos hospitales, sin explicar el porqué de dicha afirmación.
Incumplimiento de las normas en materia de impacto fiscal
La administración indica que si bien la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 222 de 2013 señala que el mismo no tiene impacto fiscal; en realidad de los argumentos presentados por el autor no es posible determinar los gastos que conllevarían la implementación y/o ejecución del proyecto de acuerdo, lo cual es contrario a lo exigido por artículo 7º de la Ley 819 de 2003 y por el literal d) del artículo 68 del Acuerdo Distrital 348 de 2008.
Señala que esto es así por cuanto el proyecto de acuerdo ordena la implementación en todos los hospitales de la red pública de puntos de recolección de medicamentos vencidos y de estrategias para incentivar la gestión de devolución de dichos productos; lo cual claramente requiere de la destinación de recursos para su ejecución, pues la recolección se debe realizar en centro de acopio con características especiales. Es decir, el proyecto si tiene impacto fiscal.


  1. Informe de la comisión accidental

En su informe, la comisión accidental señala que consideran infundadas las objeciones jurídicas presentadas, por lo cual proponen a la plenaria su rechazo. Previo al análisis de las objeciones presentadas, el informe señala que los argumentos a favor del proyecto de acuerdo 222 de 2013 son los siguientes:




  • El control de medicamentos vencidos es una herramienta para generar desarrollo sostenible. Tiene un efecto positivo tanto en la salud pública, pues evita que medicamentos vencidos sea reutilizados, como en la conservación del medio ambiente, pues disminuye el riesgo de contaminación. Lo anterior a largo plazo disminuye el riesgo de contraer enfermedades.

  • Garantiza el goce efectivo del derecho a la salud. Pues garantiza la calidad y el uso adecuado de los medicamentos.

  • Es conveniente establecer mecanismos de devolución y recolección de fármacos o medicamentos vencidos. Evita la contaminación de fuentes de agua y ecosistemas, así como la comercialización ilegal de los medicamentos vencidos y con ello, disminuye los riesgos de intoxicación por consumo de los mismos.

  • La iniciativa es pertinente. La misma traería beneficios al sector salud, generando responsabilidades compartidas.

  • Bogotá sería pionera en el cumplimiento de la norma nacional referente a la participación activa en los planes de posconsumo de fármacos y medicamentos vencidos y en el manejo de residuos sólidos.

Específicamente frente a las objeciones presentadas por el alcalde, el informe de la comisión señala lo siguiente:


El Concejo tiene competencia para expedir el proyecto de acuerdo 222 de 2013
El informe de la comisión accidental señala que las normas nacionales imponen obligaciones no sólo a los fabricantes e importadores, sino también a las entidades territoriales. Así, señala que el artículo 25 del Decreto 4741 de 2005 establece obligaciones en cabeza de los municipios de participar en los procesos de devolución posconsumo de residuos peligrosos como son los medicamentos vencidos, en los siguientes términos:
(…)

b) Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que establezcan los generadores de residuos o desechos peligrosos, así como las autoridades ambientales;

c) Apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e investigación con el fin de promover la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos.”
En cuanto a lo establecido en la Resolución 371 de 2009, el informe señala que su artículo 2º leído de manera completa y no sesgada como lo hace la administración, claramente establece la obligación de los hospitales de participar en los procesos de devolución de fármacos o medicamentos vencidos, pues estos entran dentro de la categoría de instituciones prestadoras del servicio de salud:
Artículo segundo. Ámbito de Aplicación. Para los efectos de la presente norma se entenderá como fabricante o importador de fármacos o medicamentos aquellas personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro sanitario expedido por el INVIMA o autoridad delegada, para producir, importar, o envasar medicamentos o preparaciones farmacéuticas, quienes estarán sujetos a formular, presentar y desarrollar los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos.

Los establecimientos farmacéuticos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación de medicamentos, las farmacias – droguerías, droguerías y las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud, estarán obligados a participar en la implementación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos.(Subrayas originales del informe de la comisión accidental).
Así las cosas, señala que no es dable que la administración se excuse en una interpretación errada de la norma para evadir el cumplimiento de una obligación legal. Recuerda además que en virtud del Acuerdo 400 de 200978, los hospitales de la red pública son distribuidores y comercializadores de fármacos, por lo cual las disposiciones de la Resolución 371 de 2009 le son aplicables.
A reglón seguido, el informe de la comisión señala que en materia ambiental rige el principio de rigor subsidiario, en virtud del cual las autoridades territoriales pueden expedir normas ambientales sucesiva y respectivamente más rigurosas. Por lo tanto, por ser la recolección de fármacos y medicamentos vencidos una acción que afecta también el medio ambiente, el concejo puede expedir para el distrito normas más rigurosas que las del orden nacional, pero no más flexibles.
Por último, recuerda que una de las atribuciones del Concejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 199379 es: “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”.
En consecuencia, solicita a la plenaria rechazar la objeción planteada por la administración.
El proyecto de acuerdo cumple con las normas en materia de impacto fiscal
En primer lugar, el informe aclara que con el proyecto de acuerdo no busca implementar centros de acopio, sino simplemente unos recipientes donde se pueda disponer de los medicamentos vencidos para su posterior recolección por parte del fabricante o importador. Señala que, a diferencia de lo que afirma la administración, los hospitales, en su calidad de distribuidores y comercializadores, si tienen la obligación de disponer de espacios donde los fabricantes o importadores puedan ubicar recipientes para que los consumidores finales o residenciales puedan depositar sus medicamentos vencidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Resolución 371 de 2009:
ARTÍCULO CUARTO. De los distribuidores y comercializadores. Para efectos de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos, son obligaciones de los distribuidores y comercializadores las siguientes:

(…)

d) Tener a disposición sin costo alguno para los fabricantes e importadores un espacio para los recipientes o elementos necesarios para que los consumidores finales o residenciales de medicamentos depositen los medicamentos vencidos.” (Subrayas originales del informe de la comisión accidental).
Así las cosas, el informe señala que el proyecto no genera impacto fiscal, pues no obliga a la implementación de centros de acopio, sino simplemente a la disposición de recipientes suministrados por los propios fabricantes o importadores, quien los recolectan su contenido de forma periódica. Además, tampoco se incurre en gasto alguno por la obtención de licencias o permisos.
En todo caso, señalan que si, en gracia de discusión, el proyecto genera algún impacto fiscal, es la administración, a través de la Secretaría de Hacienda en su calidad de asesora del Concejo en materia presupuestal, evaluar y calcular los costos y gastos en los que se incurriría, y no simplemente oponerse al proyecto; tal y como lo ha determinado la Corte Constitucional al señalar las funciones que le corresponden al Ministerio de Hacienda frente a los proyectos de Ley.
Por último, el informe de la comisión accidental hace referencia a un nuevo decreto, el 351 de 201480, en virtud del cual se establecer obligaciones en materia de gestión integral de residuos generados en la atención en salud, las cuales resultan aplicables al distrito, especialmente a los hospitales de la red pública. Así, citan que el artículo 2º, el cual ordena que las disposiciones del decreto deben aplicarse por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan residuos generados en actividades como servicios de salud, práctica médica y odontológica, incluidas las farmacias y droguerías; clasificación dentro la cual entran los hospitales de la red pública. Dentro de las obligaciones de los agentes citados, de acuerdo con el artículo 6º del mencionado decreto, se encuentran las de responder por los residuos peligrosos que genere, así como entregar al transportador dichos residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados.
Por todo lo anterior, solicitan rechazar de esta objeción.


  1. Síntesis del proyecto

La iniciativa en estudio fue presentada anteriormente por los autores en cuatro oportunidades y tramitada a la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, pero se archivó debido a que los respectivos Proyectos de Acuerdo no fueron programados para primer debate, siendo objeto de las siguientes ponencias:


Proyecto de Acuerdo 335 de 2010 “Por medio del cual se establecen mecanismos de devolución y recolección de fármacos o medicamentos vencidos en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. Fue radicado para las sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2011 y contó con una ponencia positiva suscrita por el Concejal Carlos Pérez Parra y una ponencia negativa del Concejal Laureano Alexi García Perea.
Proyecto de Acuerdo 211 de 2011 “Por medio del cual se establecen mecanismos de devolución y recolección de fármacos o medicamentos vencidos en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. Se radicó para las sesiones ordinarias del mes de agosto de 2011 y fue objeto de sendas ponencias positivas de parte de los Concejales Julio César Acosta Acosta y Rafael Orlando Santiestebán Millán.
Proyecto de Acuerdo 027 de 2012 “Por medio del cual se establecen mecanismos de devolución y recolección de fármacos o medicamentos vencidos en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. Radicado para las sesiones ordinarias del mes de febrero de 2012, contó dos ponencias negativas suscritas por los Concejales Omar Mejía Báez y Jorge Durán Silva.
Proyecto de Acuerdo 174 de 2013 “Por medio del cual se establecen mecanismos de devolución y recolección de fármacos o medicamentos vencidos en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. Fue radicado para las sesiones ordinarias del mes de agosto de 2013 y contó con una ponencia positiva suscrita por el Concejal Miguel Uri-be Turbay y una ponencia negativa suscrita por la Concejal Soledad Tamayo Tamayo.


    1. Objetivo del proyecto

El objeto de la presente iniciativa consiste en establecer en los hospitales de la red pública del Distrito, mecanismos de recolección y devolución post consumo, para que los usuarios y consumidores finales o residenciales, puedan depositar los fármacos, medicamentos vencidos o medicamentos que ya no utilicen en sitios especiales para su posterior retorno, entrega al fabricante o importador establecido.




    1. Justificación del proyecto

Dicen los ponentes que uno de los problemas que a diario enfrenta la mayor parte de los bogotanos, es que no sabe qué hacer con los medicamentos vencidos o que ya no está utilizando en el tratamiento para el cual fueron recetados, por lo general la mayor parte de la población opta por eliminarlos a través del inodoro, entregarlos en una farmacia sin tener en cuenta que pueden ser revendidos cambiándoles su fecha de vencimiento, o simplemente los arroja a la basura.


La mala disposición de los fármacos y medicamentos vencidos por lo general pueden contaminar el agua potable al hacer contacto con esta, los antibióticos eliminan las bacterias que pueden servir de tratamiento para la recuperación de las aguas residuales, al igual que perjudican la vida acuática y en el peor de los casos al ser arrojadas a la basura estos pueden ser recolectados para su falsificación o re-venta, al igual que pueden ser manipulados por manos inexpertas como es el caso de los recicladores o los niños.
La resolución 371 de 2009, del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de fármacos o medicamentos, establece que las instituciones prestadoras de servicio de salud, estarán obligadas a participar en la implementación de los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de fármacos o medicamentos vencidos. De acuerdo a las respuestas de la Administración frente a este tema, que lo que se ha hecho hasta el momento es un plan piloto de recolección por parte de algunos laboratorios privados. Por ejemplo la secretaria de ambiente manifiesta en la respuesta al cuestionario de la proposición que “en la actualidad y por iniciativa a laboratorios vinculados a la cámara de la industria farmacéutica de la ANDI, en virtud del cumplimiento a lo establecido en la resolución 371 de 2009, se instalaron desde el 20 de enero de 2010, 15 puntos de recolección en establecimientos de expendidos de productos fármacos y medicamentos en las localidades de Usaquen, Chapinero, Kennedy y Usme, con una recolección a la fecha de 581,23 Kg”.
Como se puede observar la recolección es muy baja y los puntos de acopio son pocos, claro que la obligación es de los distribuidores y productores dando cumplimiento al principio de la responsabilidad extendida del productor, pero no podemos dejar esta tarea solo en manos de los particulares, máxime aun cuando la resolución 371 de 2009, emitida por el ministerio de ambiente, obliga también a las instituciones prestadoras del servicio de salud como son los hospitales de la red pública del distrito, tampoco es menos cierto que a la secretaria del medio ambiente y de salud, les esta obligado exigir a los particulares el fiel cumplimiento de estas obligaciones, es decir el control es también de la entidades públicas para que se cumpla con los principios establecidos en la ley ambiental y lo ordenado en la resolución del ministerio de ambiente.
También se le pregunto a los hospitales de la red pública del Distrito que si era posible establecer estos puntos de acopio en sus instalaciones y manifestaron lo siguiente:
Hospital Usme: “El hospital no cuenta con la información con relación a si existen puntos de acopio en la ciudad y con relación a la posibilidad de establecer puntos de acopio para depositar por parte de la ciudadanía medicamentos vencidos en el hospital lo consideramos viable siempre y cuando todo lo relacionado con el manejo y adquisición de los contenedores, divulgación, recolección, tratamiento y disposición final sea responsabilidad de los distribuidores y comercializadores y en todo caso que no implique costos para el hospital”.
Hospital Tunjuelito II nivel: En respuesta casi idéntica a la del hospital de Usme considera viable la propuesta; “El hospital no cuenta con tal información y con relación a la posibilidad de establecer puntos de acopio para depositar por parte de la ciudadanía medicamentos vencidos lo consideramos viable siempre y cuando todo lo relacionado con el manejo como los contenedores, divulgación, recolección, tratamiento y disposición final sea responsabilidad de los distribuidores y comercializadores y en todo caso que no implique costos para el hospital”.
Hospital Santa Clara: El hospital tiene la disponibilidad y disposición de establecer estos puntos en su interior previa concertación con la secretaria de ambiente y los fabricantes.
Hospital de Usaquén: Este hospital tiene contratada a una empresa que los recoge y los incinera la cual es ECOENTORNO LTDA, como se puede observar están contratando con una empresa y destinado recursos públicos para su destrucción, no están cumpliendo con los procedimientos adecuados, el hospital debe recolectarlos y exigir la responsabilidad extendida del productor o distribuidor para que los recoja y realice su disposición final, no tiene por qué invertir recursos públicos para esta tarea, no puede desobligar a los productores y distribuidores.
Hospital Meissen: Manifestaron que esto no aplica para el hospital Meissen.
Como se puede observar los hospitales desconocen de esta obligación legal, pero están dispuestos a realizar esta labor de los puntos de acopio y contribuir con el medio ambiente de la ciudad.
Por otra el Ministerio de Ambiente alertó que la mala disposición de los medicamentos puede generar la contaminación de agua potable, ya que los antibióticos pueden matar las bacterias necesarias para el tratamiento de las aguas residuales. Además fortalecen las bacterias de los rellenos sanitarios y pueden perjudicar la vida acuática generando alteraciones en la reproducción de los peces causando su extinción.
Se calcula como promedio que en el agua residual se hayan más de 20 fármacos de distinta composición, se ha evidenciado por ejemplo que los antibióticos pueden afectar microorganismos presentes en ecosistemas acuáticos y terrestres, lo cual pude implicar proliferación de organismos patógenos que pueden afectar al hombre".


  1. Análisis de las ponencias




    1. Ponencia positiva con modificaciones de Darío Fernando Cepeda

Dice el concejal que el deterioro del medio ambiente en el mundo ha generado políticas internacionales en todos los campos del ser humano. El manejo de los medicamentos no es la excepción, por cuanto su indebida eliminación afecta de manera negativa el medio ambiente. Esta es una preocupación de la comunidad mundial y ha sido objeto de análisis de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), organización que luego de varias reuniones promulgó un conjunto de normas y las prácticas sobre el uso y la distribución de medicamentos, ofreció asistencia técnica a sus países miembros y estableció unos estándares para las buenas prácticas en farmacia en los siguientes términos:


5. Establecimiento de estándares para las buenas prácticas en farmacia. Las buenas prácticas en farmacia incluyen estándares que a menudo exceden a los establecidos por la legislación nacional. Además, la legislación rara vez ofrece indicaciones exactas sobre cómo se deben realizar los servicios para cumplir con los requisitos. Por lo tanto, las organizaciones farmacéuticas nacionales han de establecer las normas requeridas para las buenas prácticas en farmacia, que incluyan un marco de gestión de la calidad y un plan estratégico para desarrollar servicios. También se reconoce, que en el desarrollo de normas nacionales de buenas prácticas en farmacia, debe prestarse atención tanto a las necesidades de los usuarios de los servicios de atención sanitaria, como a la capacidad de los sistemas nacionales de salud para prestar estos servicios”.
En este mismo documento, se recomienda que las organizaciones nacionales farmacéuticas tengan en cuenta las siguientes funciones, tareas y actividades de los farmacéuticos, cuando corresponda:
(…)

Función 1: “Preparar, obtener, almacenar, asegurar, distribuir, administrar,

dispensar y eliminar medicamentos

(…)

Tarea F: Eliminar medicamentos y productos sanitarios

Se deben establecer estándares nacionales mínimos para estas actividades.

- Los farmacéuticos deben garantizar que se realice un control frecuente de las existencias de medicamentos, y siempre incluir las muestras de medicamentos en el proceso de inspección periódica de fechas de caducidad y de eliminación de existencias caducadas.

- Los farmacéuticos deben asegurar que los medicamentos retirados del mercado, incluidas las muestras, se almacenan inmediatamente por separado para eliminarlos posteriormente, y evitar que estén disponibles para la dispensación o distribución posteriores.

- Los farmacéuticos deben establecer un sistema seguro para la gestión de los residuos de medicamentos tanto en el ámbito de la farmacia hospitalaria como en el de la comunitaria, e incentivar a los pacientes y al público en general para que devuelvan los medicamentos y productos sanitarios caducados o aquellos que no deseen tener. Alternativamente, los farmacéuticos deben proporcionar información adecuada a los pacientes sobre cómo eliminar de forma segura los medicamentos caducados o aquellos que no deseen tener”.
Si bien es una obligación de los fabricantes y distribuidores, aprovechar la infraestructura de los hospitales del distrito contribuirá enormemente a reducir los riesgos generados por una inadecuada manipulación de medicamentos en los hogares de la capital.
De otra parte, el artículo cuarto propuesto por los autores consagra una prohibición a personas jurídicas tales como farmacias, clínicas, visitadores médicos o distribuidores, entre otros, prohibición que debe ser entendida como mecanismo para evitar que quienes conforme al ordenamiento jurídico, estén obligados a formular, presentar y desarrollar los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos vencidos, no descarguen esta responsabilidad en los puntos que se llegaren a instalar en la red pública de hospitales del distrito, en ese sentido propongo modificar el citado artículo cuarto, en los términos señalados en el pliego modificatorio.
Finalmente, la Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI ha propuesto excluir de este proyecto los gases medicinales por cuanto requieren medidas especiales para su manejo y disposición en cilindros, razón por la cual sólo deben ser manipulados por las empresas que los suministran. En esta medida propone adicionar el parágrafo en el sentido sugerido por la ANDI.
En cuanto al costo de la iniciativa, el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, dispone:


    1. Ponencia positiva con modificaciones de Miguel Uribe

Con base en lo expuesto anteriormente, considero necesario que en el debate al Proyecto de Acuerdo No. 222 de 2013 que se realice en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se precisen los alcances del concepto de la Administración sobre la iniciativa; razón por la cual es necesario que el Secretario Distrital de Salud aclarare si las observaciones que sirvieron de base para conceptuar sobre la inviabilidad de la iniciativa se ajustan a la Resolución 371 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y si éstas no contradicen la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C., la cual sobre este punto señala lo siguiente:


Los planes pos-consumo de medicamentos vencidos tienen como propósito disponer adecuadamente los residuos generados por el consumidor final, y no incluye los generados por los hospitales, consultorios médicos o puntos de dispensación, que de acuerdo con la normativa deben contar con sus propios programas de gestión integral de residuos.”
La precisión sobre este aspecto es importante, por cuanto de ello dependerá si se admiten como válidos los argumentos técnicos y jurídicos con base en los cuales la Administración conceptúa desfavorablemente en relación con la iniciativa analizada; lo cual permitiría a los autores ratificar el articulado propuesto en su iniciativa o bien introducirle algunas modificaciones con el fin de adecuarlo a la normatividad vigente.
Si bien, en este momento, no es responsabilidad explicita de la Secretaría Distrital de Salud y de la Red de Hospitales Públicos el implementar una estrategia para mitigar los riesgos asociados con la prevalencia de medicamentos y fármacos vencidos en Bogotá, la solución a esta problemática solo será efectiva y eficiente si se incluyen todos los actores que participan directa o indirectamente en el proceso. De ahí que el establecimiento de puntos de recolección de medicamentos vencidos traería beneficios en los siguientes aspectos:


  • Se previene la prevalencia o aumento de casos de intoxicación por consumo de medicamentos vencidos.

  • Se regula la comercialización de medicamentos vencidos y se frena la emergencia de mercados ilegales.

  • Se incentiva un cambio de comportamiento social: Cultura del reciclaje y protección del medio ambiente

  • Beneficios compartidos en materia de sostenibilidad social y ambiental.

En cuanto al impacto fiscal, dice el concejal, que contrario a lo expuesto por los autores, la Administración afirma que la implementación de los puntos de recolección, por parte de los prestadores a los cuales se aplicaría el Acuerdo, en el evento de ser aprobado, implicaría un gasto relacionado con la asignación del espacio para los recipientes de recolección y el personal encargado de la ejecución del procedimiento.


De lo antes expuesto se evidencia que hay posiciones distintas de los autores y la Administración frente a los eventuales gastos que pueda generar el Proyecto de Acuerdo de ser aprobado, razón por la cual es necesario que, durante su debate en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; se haga explícito el impacto fiscal de la iniciativa y se precise si los Hospitales de la Red Pública del Distrito pueden asumir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos en cuestión o si el Fondo Financiero Distrital de Salud transferirá los recursos para atenderlos.
Ponencia positiva del concejal Orlando Parada
El concejal plantea que el proyecto de acuerdo está encaminado a implementar en los hospitales de la Red Pública Distrital puntos de recolección, para que los usuarios y consumidores finales o residenciales, puedan depositar los fármacos y los medicamentos vencidos o que ya no utilicen, e implementar estrategias para incentivar e informar al ciudadano sobre los procesos de devolución y recolección de estos productos, mediante la coordinación por parte de las Secretarías Distritales de Salud y Ambiente, y así mismo controlar y vigilar el correcto tratamiento de los fármacos o medicamentos que hayan sido entregados para su correcta disposición final.
De conformidad con la exposición de motivos del proyecto de Acuerdo No. 222 de 2013, los principales argumentos a favor que justifican su aprobación residen sobre aspectos como la protección a la salud y al medio ambiente como lo plantean los autores del proyecto.
Aun cuando la ponencia para el caso es positiva, es preciso tener en cuenta lo siguiente:
1. Es necesario que el Secretario Distrital de Salud rinda su concepto y precise sobre la aplicación que se viene dando en el Distrito al tenor de lo contenido en la Resolución 371 de 2009 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y si contradicen o no el proyecto con la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. vigente, en cuanto a los planes posconsumo de medicamentos, lo cual permitiría ratificar o ajustar el articulado propuesto y así mismo pronunciarse sobre el impacto fiscal del proyecto en cuestión.
2. En cuanto al aporte dado por la Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI en donde precisa que si bien los gases medicinales son considerados por la normatividad Colombiana como medicamentos, erróneamente se les ha dado el mismo tratamiento que a los productos farmacéuticos convencionales y en consecuencia no es posible fijar puntos de recolección de gas vencido, debido a la especialidad en su transporte y la experticia requerida en la manipulación de cilindros que los contienen y en razón de ello, propone exceptuar en el contenido del proyecto de Acuerdo la devolución y recolección de cilindros que contienen dichos gases.3 En este sentido aunque no es propio entrar a hacer excepciones, si se recomienda que sea la misma Secretaría de Salud, que determine su reglamentación, de manera adecuada y ajustada a la normativa de índole Nacional aplicable al caso, como lo es la Resolución 371 de 2009 “Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de fármacos o medicamentos vencidos” expedida por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Y en cuanto al impacto fiscal el concejal indica que de conformidad con el Artículo 7o. de la Ley 819 de 2003, el impacto fiscal de todo proyecto de Acuerdo deberá determinarse y de ser consecuente con el marco fiscal, el cual no debe comprometer las vigencias de presupuesto presente o futuro, ni conllevar a gastos adicionales o requerir nuevos ingresos. De ahí la necesidad del pronunciamiento de la administración distrital frente a los eventuales gastos que pueda generar el Proyecto de Acuerdo de ser aprobado.


  1. Análisis de los comentarios de la administración


Secretaría Distrital de Ambiente
La Secretaría indicó que la iniciativa presentada no es viable, en la medida en que ya se viene gestionando un Convenio de Cooperación con la ANDI para la promoción de los diferentes programas posconsumo, entre los cuales se encuentra el relacionado con el objeto del proyecto. Este convenio busca apoyar la divulgación de cada uno de los programas ya estructurados, aumentado su conocimiento en la comunidad, para lo cual, los hospitales podrían actuar como multiplicadores de la información existente.
Dice la entidad que ya existen herramientas e infraestructura para gestionar los residuos farmacéuticos.
ANDI
Dice la entidad que a diferencia de la industria farmacéutica general, la industria de los gases industriales y medicinales desde sus inicios ha incluido en su servicio la recolección de los cilindros usados en el domicilio de los clientes, (pacientes, instituciones de salud, industrias, etc.), al igual que en manejo ambientalmente adecuado del producto remanente en los envases y de los mismos cilindros. Por esta razón, requerimientos tales como la constitución de puntos de acopio de gas medicinal vencido no han sido necesarios, sin contar con su conveniencia técnica y de seguridad para la comunidad.
Frente al artículo 1 del presente proyecto de acuerdo: “La Secretaría Distrital de Ambiente en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, implementarán en todos los hospitales de la red pública del Distrito puntos de recolección y estrategias para incentivar los programas de gestión de devolución de productos posconsumo de fármacos o medicamentos vencidos”. Dice la entidad que la industria de fármacos no es posible fijar puntos de recolección de gas vencido debido a la especialidad de su transporte y a la experticia requerida en la manipulación de los cilindros que los contienen. Al ser el empaque del gas un cilindro metálico, este no es desechado en su primer uso, pues su vida útil es de varios años según el mantenimiento que se le brinde. Por tal razón su tratamiento es especializado en todos los eslabones de la cadena incluyendo la etapa posconsumo, y de esta forma es gestionado por las propias empresas que suministran el gas a los clientes, con el fin de garantizar la seguridad de la actividad, y cuidar y mantener en buen estado sus cilindros.
La entidad presenta la siguiente propuesta:
Con base en el argumento expuesto, respetuosamente se solicita la siguiente redacción para el artículo 1 del proyecto, así:
La Secretaría Distrital de Ambiente en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, implementarán en todos los hospitales de la red pública del Distrito puntos de recolección y estrategias para incentivar los programas de gestión de devolución de productos posconsumo de fármacos o medicamentos vencidos.

Parágrafo. Se exceptúa de la aplicación de este artículo a los Gases Medicinales, los cuales serán recolectados de acuerdo a las particularidades propias de la industria”.



  1. Análisis jurídico

El Distrito tiene funciones y competencias en materia de salud, en virtud de lo establecido en la Ley 715 de 2001; y el artículo 12 del Decreto 1421 de 1993 establece que dentro de las atribuciones del concejo está la de dictar normas para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones a cargo del Distrito, así como la de “Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”.


En materia de manejo posconsumo de fármacos y medicamentos vencidos, la normatividad de carácter nacional establece que la formulación e implementación de los planes de gestión de dichos elementos le corresponde a los importadores y fabricantes de medicamentos; y el seguimiento de la información reportada en virtud de dichos planes le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Así, el artículo 20 del Decreto 4741 de 2005 establece que se consideran residuos peligrosos los fármacos o medicamentos vencidos; y el artículo 21 de la misma norma señala que:
Artículo 21. De la formulación, presentación e implementación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. Los fabricantes o importadores, de productos que al desecharse se convierten en los residuos o desechos peligrosos a los que hace referencia el artículo anterior, deberán presentar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el respectivo Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su conocimiento, en las fechas estipuladas para tal fin en la Tabla 1, e iniciar inmediatamente su implementación. Estos planes de devolución pueden ser formulados y desarrollados por grupos de importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o similar de sus residuos. Sin embargo su presentación ante la autoridad ambiental es en forma individual.
Parágrafo 1°. Los distribuidores y comercializadores de los productos que al desecharse se convierten en residuos o desechos peligrosos descritos en la Tabla 1 del artículo 20 del presente decreto, deben formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo y participar activamente en la implementación de dichos planes.” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
En concordancia con lo anterior, los artículos 7 y 8 de la Ley 1252 de 2008 establecen que los generadores, entendidos estos como fabricantes, importadores o transportadores, son los responsables de los residuos peligrosos que generen, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 7o. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador será responsable de los residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.
ARTÍCULO 8o. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE, IMPORTADOR Y/O TRANSPORTADOR. El fabricante, importador y/o transportador de un producto o sustancia química con características peligrosas, para los efectos de la presente ley, se equiparará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes, transporte o movilización, almacenamiento hasta su descarga y recepción en el destino final, residuos del producto o sustancia y elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos.” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 4741 de 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –hoy escindido en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- , expidió la Resolución 371 de 2009, que tiene por objeto: “establecer los elementos que deben incluir los fabricantes e importadores de fármacos medicamentos, en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos vencidos, para su gestión ambientalmente adecuada, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente”.
Y en su artículo 2º establece que:
Artículo Segundo. Ámbito de Aplicación Para los efectos de la presente norma se entenderá como fabricante o importador de fármacos o medicamentos aquellas personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro sanitario expedido por el INVIMA o autoridad delegada, para producir, importar, o envasar medicamentos o preparaciones farmacéuticas, quienes estarán sujetos a formular, presentar y desarrollar los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos.

Los establecimientos farmacéuticos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación de medicamentos, las farmacias – droguerías, droguerías y las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud, estarán obligados a participar en la implementación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos”. (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Como se ve, quien tiene la obligación de formular, presentar y desarrollar los planes para la devolución de productos posconsumo de fármacos y medicamentos son los productores y fabricantes.
En todo caso, atendiendo a lo establecido en el inciso 2º del artículo 2º de la Resolución 371 de 2009, los hospitales de la red pública del distrito, en su calidad de instituciones prestadoras de salud, deberán participar en la implementación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos, en los términos en que los mismos hayan sido formulados, presentados y desarrollados por los fabricantes o exportadores, de acuerdo con lo establecido en la mencionada resolución.
Así las cosas, teniendo en cuenta el texto del proyecto de acuerdo aprobado en primer debate, el objeto del mismo es propender por la adecuada implementación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos, no que los mismos sean formulados por la administración. El proyecto es concordante con el marco normativo nacional, que obliga a las Instituciones Prestadores de Salud a participar en la implementación de dichos planes. Lo anterior, por cuanto los hospitales de la red pública, de acuerdo con el artículo 84 del Acuerdo 257 de 2006, son entidades adscritas a la Secretaria de Salud, la cual es la cabeza del sector y tiene por objeto “orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital”.
Al respecto, el texto del proyecto señala que las Secretarias de Ambiente y Salud deben:


  • Implementar puntos de recolección en los hospitales de la red pública y estrategias para incentivar los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo.

  • Coordinar el mecanismo de devolución y recolección a ser implementado con los diferentes actores de la cadena del ciclo de vida de los productos posconsumo, dentro de los cuales se encuentran sus productores e importadores, que son los que formulan los Planes de Gestión.

  • Coordinar con productores, importadores y fabricantes las estrategias para informar e incentivar los procesos de devolución y recolección de fármacos o medicamentos vencidos.

En este sentido, entendiendo que las Secretarias de Salud y Ambiente no van a formular los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos, sino a colaborar para que los hospitales de la red pública los implementen, tomando las medidas enunciadas en proyecto; el Concejo sería competente para expedirlo, pues el Distrito tiene funciones y competencias en materia de salud y con el acuerdo se estaría garantizando su eficiente cumplimiento. Por lo anterior la iniciativa es viable.




  1. Impacto fiscal

De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, esta iniciativa no genera ningún tipo de impacto fiscal, toda vez que se trata de coordinar y exigir de los productores y distribuidores de los medicamentos y fármacos que suministren los insumos necesarios para su recolección y cumplan con la responsabilidad extendida del productor.



Anexo 14: Jueces de paz
Plenaria.

Tema: Proyecto de acuerdo 061 de 2014 “Por medio del cual se convoca a elección de los jueces de paz y de reconsideración en Bogotá distrito capital y se dictan otras disposiciones” (segundo debate).

Iniciativa de: Soledad Tamayo, Miguel Uribe, Omar Mejía, Roger Carrillo, Liliana de Diago, Nelly Patricia Mosquera, Lucy Jimena Toro, Severo Correa, Diana Alejandra Rodríguez, Carlos Vicente de Roux, Diego García Bejarano, Yesid García, William César Moreno, José Arthur Bernal, César García Vargas, Fernando López, Germán García, Horacio José Serpa, Marco Fidel Ramírez, Lucía Bastidas, Antonio Eresmid Sanguino, Hosman Yaith Martínez, María Clara Name, Celio Nieves, Venus Silva, Álvaro Argote y Olga Victoria Rubio.

Fecha: 5 de mayo de 2014.
POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACION EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”


  1. Resumen concreto




 

Nombre

Concepto

Ponente 1

Carlos Vicente de Roux

Ratifica ponencia positiva.

Ponente 2

Marco Fidel Ramírez

Ratifica ponencia positiva.

Administración

Secretaría de Gobierno

Viable condicionado a modificaciones

*La Secretaría de Hacienda no presenta comentarios sobre viabilidad financiera.

*No se modifican los comentarios presentados para primer debate.


Viabilidad jurídica

Valentina Coral

Competencia



Legalidad



Concepto general

Andrea Bocanegra

Viable

Voto en primer debate

Juan Carlos Flórez

Positivo

Voto en plenaria

Juan Carlos Flórez

Positivo

Decisión Plenaria

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para su sanción

El proyecto de acuerdo fue aprobado el pasado 26 de abril en primer debate en sesión de la comisión segunda de gobierno, recibiendo voto positivo por parte del concejal Juan Carlos Flórez. En el articulado aprobado en primer debate se acogieron las modificaciones propuestas por el concejal ponente Carlos Vicente de Roux, en relación con las circunscripciones electorales y el artículo 3° atinente con el tema de financiación. En este sentido se modificó el artículo 1º, de tal manera que definió las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) como las circunscripciones electorales para convocar a las elecciones de los jueces de paz. En el artículo 3° quedó definido que “La Administración Distrital asignará los recursos que correspondan a la realización del proceso de elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración de que trata el presente Acuerdo, en el marco de las disponibilidades presupuestales pertinentes”.


No obstante, es menester recordar que el tema de la financiación fue discusión crucial en el curso del primer debate del presente proyecto de acuerdo toda vez que no se presentó un análisis serio por parte de la administración distrital ni fue emitido concepto alguno por parte de la Secretaria de Hacienda. En las respuestas radicadas por la administración distrital con fecha del 21 de abril de este año, mismo día en que se dio apertura a la discusión del proyecto de acuerdo que nos ocupa, la Secretaría de Gobierno manifestó en su concepto sobre la viabilidad de la iniciativa que el proyecto sí tiene impacto fiscal, aclarando a renglón seguido que los gastos generados no pueden ser asumidos por el sector.
En el mismo concepto la Secretaría de Gobierno señala, sin presentar análisis alguno, que el valor estimado para la realización de las elecciones de los jueces de paz para la vigencia de 2014 se encuentra alrededor de los 2.000 millones de pesos. No obstante, en la respuesta radicada por esa entidad el 22 de abril, luego de agotada la primera sesión, en la que varios concejales manifestaron su inconformismo frente a la falta de claridad sobre la financiación del proceso, la secretaría radicó un nuevo concepto. Allí se informa que los recursos programados a la vigencia de 2014 para la elección de jueces de paz es de 610 millones de pesos (1.290 millones menos de los estimados inicialmente), apropiados en el proyecto de inversión 839 de la entidad.
No obstante lo anterior, la Secretaría de Hacienda no emite concepto alguno sobre la viabilidad financiera del proyecto. En su lugar la Secretaría de Gobierno presenta una escueta discriminación de costos para la elección de los jueces de paz para la vigencia del 2014.
La disminución de costos en relación con las elecciones precedentes (2003: 2.000 millones; 2009: 1.012 millones de pesos) se justifica en tanto se utilizarían los recursos humanos y logísticos institucionales, en materia de sensibilización y divulgación. Vale la pena hacer hincapié en el hecho de que la información que se presenta es escueta y que no sustenta de manera rigurosa la viabilidad financiera del proyecto.
Finalmente es preciso anotar que la última elección de jueces de paz y de reconsideración se llevó a cabo el 26 de abril de 2009 teniendo que el término de 5 años se vence en abril de 2014. En este sentido, es probable que la ciudad no cuente con la figura de los jueces de paz por un periodo de varios meses en tanto se realice el proceso electoral.


  1. Articulado aprobado en primer debate

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACION EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales conferidas por el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, numerales 1º y 25º y en especial a lo establecido en la Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”



ACUERDA:

ARTICULO 1º.- CONVOCATORIA. Convócase a Elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital de acuerdo con las circunscripciones electorales que para efectos del presente Acuerdo son las U.P.Z.

PARAGRAFO: La Administración Distrital determinará la fecha de la elección.

ARTICULO 2º. La Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con la Personería de Bogotá, promoverán difundirán y apoyarán el proceso de elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración , debiendo garantizar la infraestructura y logística necesaria para la organización y desarrollo del proceso electoral, así como la participación activa y demás derechos de los ciudadanos en dicho proceso..

ARTICULO 3º. FINANCIACION. La Administración Distrital asignará los recursos que correspondan a la realización del proceso de elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración de que trata el presente Acuerdo, en el marco de las disponibilidades presupuestales pertinentes.

ARTICULO 4º. VIGENCIA. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.


  1. Objeto del proyecto de acuerdo

El proyecto de acuerdo busca convocar a elecciones de jueces de paz y de reconsideración para la vigencia que inicia en el presente año, de acuerdo con lo establecido para el efecto en los artículos 11 y siguientes de la Ley 497 de 1999, y teniendo en cuenta que el periodo de los actuales jueces de paz y de reconsideración se vencía en abril de 2014.


  1. Justificación del proyecto

Esta figura es reconocida como una manera de descongestionar el aparato de justicia en tanto ciudadanos sin formación profesional en leyes pueden incidir en la resolución de conflictos en sus comunidades. La figura de los jueces de paz se reconoce a su vez como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan. Por estas razones se destaca su pertinencia.


El proyecto se justifica en el sentido que la elección de jueces de paz y de reconsideración –establecidos en la Constitución Política y creados por la Ley 497 de 1999, como un mecanismo para solucionar de manera integral y pacífica los conflictos comunitarios-, debe realizarse cada 5 años, previa convocatoria por medio de Acuerdo por parte del Concejo.
La última elección de jueces de paz y de reconsideración se llevó a cabo el 26 de abril de 2009, en virtud de la convocatoria realizada por el Acuerdo 337 de 2008, por lo tanto, el término de 5 años se vence en abril de 2014.
El proyecto de acuerdo fue presentado la penúltima vez en el mes de noviembre del año pasado a través del proyecto 285 de 2013, recibiendo dos ponencias positivas por parte de los concejales Roberto Sáenz Vargas y Jorge Durán Silva, ésta última con texto modificatorio. No obstante, el proyecto fue archivado. Ahora, el proyecto pasa a segundo debate, luego de ser aprobado en la comisión de Gobierno.


  1. Acuerdos anteriores




  • Acuerdo No. 38 de 2001. Fue el primer acuerdo mediante el cual se convocó a la elección de jueces de paz y de reconsideración.

  • Acuerdo 337 de 2008. Mediante este acuerdo se realizó nuevamente la convocatoria para la elección de jueces de paz, teniendo en cuenta el plazo de 5 años establecido en la Ley 497 de 1999.




  1. Análisis de las ponencias

    1. Carlos Vicente de Roux

Reitera su ponencia positiva, aunque para primer debate presentó ponencia positiva con modificaciones, condicionada al concepto en materia de impacto fiscal de la administración distrital. El concejal presentó importantes consideraciones al señalar que, en el texto inicial, se podía estar presentando una irregularidad jurídica toda vez que en su artículo 1 se estaba delegando una facultad propia del Concejo de Bogotá a la administración distrital, haciendo referencia a la definición de las circunscripciones electorales. En este sentido, proponía pliego modificatorio. Al respecto en la ponencia se señala lo siguiente;


La competencia del Concejo no se limita convocar a elecciones mediante acuerdo, sino que también debe establecer allí las circunscripciones electorales en las que se elegirán esos Jueces de Paz. El artículo 11 de la Ley 497 de 199, señala en lo pertinente:

Artículo 11. Elección. Por iniciativa del Alcalde o del Personero o de la mayoría de miembros del Concejo Municipal o de grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o distrital existente, el Concejo Municipal a través de acuerdo convocará a elecciones y determinará para el efecto las circunscripciones electorales, que sean necesarias para la elección de juez de paz y de reconsideración.

(..)

Sin embargo el Proyecto de Acuerdo objeto de análisis propone delegar esta facultad propia del Concejo (la de fijar las circunscripciones electorales necesarias para elegir los jueces de Paz y Reconsideración) en la Administración Distrital, lo cual se hace en los siguientes términos:

ARTICULO 1o.- OBJETO. Convóquese a Elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital de acuerdo con las circunscripciones electorales que determine la Administración Distrital dentro de la facultad reglamentaria del presente Acuerdo y conforme con la reglamentación vigente o la que expida la autoridad competente.

El concejal concluía anotando que: “los Concejos no pueden en principio delegar en los ejecutivos municipales las obligaciones que la Constitución y la ley les impone, pues con ello se desvirtuaría su razón de ser en el sistema de pesos y contrapesos propio del sistema democrático (...)”. Su pliego de modificaciones era el siguiente:



Texto original del Proyecto de Acuerdo

Propuesta de Modificación

PROYECTO DE ACUERDO No 061 DE 2014
“POR MEDIO DEL CUAL SE CON- VOCA A ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACION EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIO- NES”


(Igual)

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales conferidas por el numeral 1o del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, numerales 1o y 25o y en especial a lo establecido en la Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los Jue- ces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”

ACUERDA:



(Igual)

ARTICULO 1o.- OBJETO. Convóquese a Elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital de acuerdo con las circunscripciones electorales que determine la Administración Distrital dentro de la facultad reglamentaria del presente Acuerdo y conforme con la reglamentación vigente o la que expida la autoridad competen- te.


Modificado) ARTICULO 1o.- CONVO- CATORIA. Convócase a Elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital, la cual se realizará en la fecha que disponga la Administración Distrital, atendiendo las normas nacionales que rigen la materia.



ARTICULO 2o. La Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con la Persone- ría de Bogotá, promoverán, difundirán y apoyarán el proceso de elección de los Jue- ces de Paz y de Reconsideración, debiendo garantizar la infraestructura y logística necesaria para la organización y desarrollo del proceso electoral, así como la participación activa y demás derechos de los ciudadanos en dicho proceso.


Modificado) ARTICULO 2o. CIR- CUNSCRIPCIONES. Las circunscripciones electorales serán las señaladas en el Acuerdo 337 de 2008


ARTICULO 3o. FINANCIACION. La Administración Distrital apropiará los re- cursos presupuestales que le correspondan para garantizar la realización del proceso de elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración de Bogotá D.C.


Modificado) ARTICULO 3o. FINAN- CIACION. La Administración Distrital asignará los recursos que correspondan a la realización del proceso de elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración de que trata el presente Acuerdo, en el marco de las disponibilidades presupuestales pertinentes.


ARTICULO 4o. VIGENCIA. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

(Igual)

Ahora bien, el articulado aprobado en el primer debate de este proyecto modificó el artículo 1º, de tal manera que definió las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) como las circunscripciones electorales para convocar a las elecciones de los jueces de paz.




    1. Marco Fidel Ramírez

El Concejal reitera ponencia positiva al proyecto de acuerdo. En su ponencia para el primer debate, el concejal resaltó la importancia de los jueces de paz en tanto instrumentos efectivos de la democracia participativa y acogiendo lo que al respecto ha dicho la Corte Constitucional a través de diversas sentencias sobre la materia;

(.. ) los jueces de paz no deben ser interpretados solamente como una manera de descongestionar el aparato de justicia sino también, y principalmente, como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan (...)”.

La figura de los jueces de paz también es reflejo de la filosofía democrática y participativa que inspiró al Constituyente de 1991. En esa medida, la creación de los jueces de paz fue prevista como un canal para que el ciudadano común participe, en virtud de sus calidades personales y su reconocimiento comunitario, en la función pública de administrar justicia, jugando así un rol complementario al que asignó la Carta a las demás autoridades y particulares que participan de dicho cometido estatal. (Sentencia C-103/04, de la Corte Constitucional)



  1. Comentario de la Administración Distrital

La administración distrital a través de la Secretaría de Gobierno emite concepto favorable a la iniciativa y presenta algunas observaciones.

En el concepto emitido se manifiestan algunas debilidades en relación con el funcionamiento, seguimiento, y monitoreo y evaluación de las figuras de los jueces de paz. Plantea modificaciones al articulado y la necesidad de evaluar sus resultados y efectividad antes de proceder con una nueva elección. No obstante, varios de las observaciones presentadas carecen de sustentos sólidos y los cambios sugeridos no se integran de forma concreta en una propuesta de articulado.

Dentro de las observaciones presentadas se plantea que las elecciones no se realicen en el presente año, considerando a su vez que al ser un año electoral (congreso y presidencia) el público tiende a confundir la finalidad de la figura. Se argumenta a su vez que muchos de los candidatos que se presentan son quienes no salieron electos, y se presentan con el fin de conseguir réditos políticos. Se señala que están también los postulantes que carecen del debido perfil de formación y principios y que al elegirse aprovechan la figura para obtener el lucro económicos incurriendo en abusos graves y delitos ante los miembros de su comunidad.
Se hace una observación importante sobre la necesidad de establecer los lineamientos de formación, capacitación en mediación comunitaria, conciliación en equidad y justicia de paz que permitan unificar en la ciudad los perfiles y competencias de los jueces de paz. No obstante, llama la atención que no se redacta como una propuesta de modificación al articulado.
A continuación se citan textualmente los comentarios y/o modificaciones al articulado presentados en el concepto de la Secretaría de Gobierno para el inicio de la discusión del proyecto


  • Se sugiere el retiro de “por el cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento” del acápite de funcionamiento del proyecto.

  • Se considera conveniente que no se realice el proceso en el presente año, ya que siendo electoral (congreso, presidencia) el público tiende a confundir la finalidad de la figura de los jueces de paz y los candidatos que se presentan son en un porcentaje alto quiénes no salieron electos o sugeridos por estos, con el fin de acercarse a la comunidad con la intención de conseguir réditos políticos posteriormente.

  • Previamente a la expedición del acuerdo se verifique la disposición del presupuesto para este proceso electoral, en el cual deberían aportar varias entidades en especial las vinculadas con el rema de participación.

  • Vincular las demás entidades en el apoyo del proceso electoral (promoción, organización y elección jurados, recursos)

  • Se vincule directamente a la entidad que maneja la temática de la participación en la ciudad el Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC.

  1. Concepto Jurídico

La Constitución Política, en su artículo 247 establece que: “La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular”.


En cumplimiento de dicha disposición constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”.
El artículo 11 de la mencionada Ley establece la manera en que se deberá convocar a elecciones para los jueces de paz y reconsideración, en los siguientes términos:
ARTICULO 11. ELECCION. Por iniciativa del Alcalde o del Personero o de la mayoría de miembros del Concejo Municipal o de grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o distrital existente, el Concejo Municipal a través de acuerdo convocará a elecciones y determinará para el efecto las circunscripciones electorales, que sean necesarias para la elección de juez de paz y de reconsideración.

(…)” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
En cuanto al período de los jueces de paz, el artículo 13 establece que el mismo será de 5 años, y que dos meses antes de su vencimiento, el Concejo deberá convocar a elecciones mediante acuerdo:
ARTICULO 13. PERIODO. Los jueces de paz y de reconsideración serán elegidos para un período de cinco (5) años, reelegibles en forma indefinida.

El Concejo Municipal dos (2) meses antes de la culminación del período previsto en el inciso anterior, convocará a nuevas elecciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.”
Así las cosas, el proyecto de acuerdo propuesto es legal y el Concejo tiene competencia para expedirlo, pues el artículo 313 constitucional establece que corresponde a los Concejos cumplir con “Las demás [funciones] que la Constitución y la ley le asignen”; y artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que son atribuciones del Concejo: “Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”.
En este caso, la Ley 497 de 1999 señala que los Concejos tienen la función de convocar, cada 5 años, a elecciones de jueces de paz y de reconsideración. Además, la iniciativa fue presentada por la mayoría de los miembros del cabildo, en estricto cumplimiento del artículo 11 antes citado. En el primer debate se subsanó el error del proyecto de acuerdo frente a la definición de las circunscripciones electorales, señalando en el artículo 1º que las mismas corresponderán a las U.P.Z., así las cosas, se considera que el proyecto de acuerdo cumple con las exigencias de la Ley 497 de 1999 y es plenamente legal.


    1. Error de redacción de las atribuciones

El texto del proyecto de acuerdo presentado establece:


En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales conferidas por el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, numeral 1º y 25º y en especial a lo establecido en la Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento””.
Por temas de redacción, las atribuciones deberían redactarse así:
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los numerales 1º y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y en los artículos 11 y 13 de la Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento””.


  1. Impacto Fiscal

De acuerdo con la exposición de motivos, se señala que para el funcionamiento de la jurisdicción de paz es el Consejo Superior de la Judicatura quien debe apropiar los respectivos recursos, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 497 de 1999. En cuanto al financiamiento de las elecciones, la administración distrital deberá apropiar los recursos respectivos, para lo cual debe incluir la correspondiente asignación presupuestal al proyecto.


En el análisis sobre impacto fiscal realizado inicialmente por la administración distrital se señala que según el cálculo realizado por la Subsecretaria de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, el costo está alrededor de los (2.000) millones de pesos. No obstante, llama la atención que en la respuesta radicada por esa entidad el 22 de abril, luego de agotada la primera sesión en la que varios concejales manifestaron su inconformismo frente a la falta de claridad sobre la financiación del proceso, la secretaría radicó un nuevo concepto en el cual informa que los recursos programados a la vigencia de 2014 para la elección de jueces de paz es de 610 millones de pesos (1.290 millones menos de los estimados inicialmente), apropiados en el proyecto de inversión 839 de la entidad.
Nuevamente la Secretaría de Hacienda no emite concepto sobre la viabilidad financiera del proyecto. En su lugar la Secretaría de Gobierno presenta una escueta discriminación de costos para la elección de los jueces de paz para la vigencia del 2014, de la siguiente manera;


Componentes

Recursos

Sensibilización

180.000.000

Comunicaciones

180.000.000

Logística electoral

250.000.000

Gran Total

610.000.000

La disminución de costos en relación con las elecciones precedentes (2003: 2.000 millones; 2009: 1.012 millones de pesos) se justifica en tanto se utilizarían los recursos humanos y logísticos institucionales, en materia de sensibilización y divulgación.



Anexo 15: Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
Plenaria.

Tema: Proyecto de Acuerdo 088 de 2014 Participación de Bogotá a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (segundo debate).

Citado por: Alcalde (E) Rafael Pardo.

Fecha: mayo 5 de 2014.

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"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA PARTICIPACIÓN DE BOGOTÁ EN LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES”


  1. Resumen concreto







Nombre

Concepto

Ponente 1.

María Victoria Vargas

Reiteración ponencia positiva.

Ponente 2.

Miguel Uribe Turbay

Reiteración ponencia positiva.

Administración

Secretaría de Hacienda

Viable. Sin embargo se aclara que la administración no presentó comentarios por escrito, y se limitó a exponerlos en el marco del primer debate.

Concepto jurídico.

Valentina Coral

Competencia.



Legalidad.

Sí con observaciones

Concepto general.

Ana María Parada

Sí con observaciones

Voto en primer debate

Juan Carlos Flórez

Positivo

Voto en plenaria

Juan Carlos Flórez

Positivo

Decisión Plenaria

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para sanción

Tal como lo dicen los estatutos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, su objeto es “trabajar en la confección, consolidación y gestión de una agenda común construida desde los territorios y constituida por temas de alcance Nacional y en especial de interés Regional y Local”81. La iniciativa resulta pertinente y loable, pues le permitiría a Bogotá participar en actividades para aunar esfuerzos y experiencias de buenas prácticas entre ciudades capitales, y así fortalecer sus capacidades técnicas, políticas, económicas, sociales y medioambientales.


Sin embargo, debemos plantear la siguiente duda al respecto de la legalidad de ésta. De acuerdo a lo que indica la Ley 136 de 1994, en su artículo 150, la participación de las ciudades capitales en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales está sujeta a la previa aprobación del concejo distrital. Por medio de consultas en internet y llamadas pudimos corroborar que ciudades como San José del Guaviare, Pasto, Medellín, Manizales y Rioacha efectivamente recibieron la aprobación del concejo previo ingreso a la Asociación.
Nos preocupa que Bogotá aparezca como socio de la Asociación sin haber recibido la aprobación requerida por ley. Por ello, y tratando de precisar más la información, el 24 de abril de 2014, hablamos con la persona enlace de la Secretaría General, quien nos informó que Jorge Rojas, ha sido la persona que ha asistido a las reuniones de la Asociación. Sin embargo, ésta persona nos aseguró que el funcionario había asistido en calidad de invitado porque Bogotá aún no es socio. Lo anterior resulta confuso, pues en el certificado de existencia y representación legal de la Asociación, y en medios de comunicación se dice que Gustavo Petro fue nombrado miembro de la junta directiva de ésta. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos previa discusión de la iniciativa se aclare si al no haber recibido previa aprobación del Concejo, para su conformación, se está incurriendo en una ilegalidad.


  1. Articulado aprobado en primer debate

Por medio del cual se autoriza al Alcalde o Alcaldesa Mayor para que afilie a la ciudad de Bogotá a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales”.


EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, en concordancia con los artículos 113 y 209 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, y la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012,
ACUERDA
Artículo 1°.- Autorizar al Alcalde o Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., para que en su calidad de representante legal del Distrito Capital, realice todas las actividades y actuaciones correspondientes e inherentes para la participación de Bogotá, D.C., en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.
Artículo 2°.- La Administración Distrital a través de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., realizará los trámites presupuestales que se requieran para efectuar el pago de la cuota ordinaria anual de sostenimiento, por parte del Distrito Capital a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.
Así mismo dispondrá lo pertinente para la inclusión en los proyectos de presupuesto en las respectivas vigencias anuales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., de los recursos requeridos para el pago de la cuota anual ordinaria.
Artículo 3°.- De conformidad con los estatutos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el Alcalde o Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., hará parte de su Junta Directiva, con facultad, entre otras, de intervenir en el establecimiento de las políticas generales y en la dirección administrativa de la Asociación.
Artículo 4°.- La Administración Distrital deberá presentar un informe anual al Concejo Distrital que dé cuenta de la gestión y los resultados alcanzados por el Distrito Capital en su condición de integrante de dicha Asociación, que contenga objetivos, estrategias, metas e indicadores.
Artículo 5°.- El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el Registro Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


  1. Objeto del proyecto

El objeto del proyecto de acuerdo es que el Concejo de Bogotá, D.C., autorice al/la alcalde/sa Mayor para adelantar todas las actuaciones y actividades que se requieran, con el fin de lograr la participación del Distrito Capital en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.




  1. Justificación del proyecto

La administración distrital resalta la importancia de Bogotá, no sólo como capital de Colombia, sino del departamento de Cundinamarca, ente territorial que concentra casi el 20% de la población colombiana, constituyéndose en el mayor centro urbano del país. Es también generador y abanderado en diversos sectores como el de empleo, la industria, el comercio, el desarrollo, la educación, la seguridad, entre otros.


Un ejemplo claro es el relacionado con la adopción de medidas para disminuir los efectos del cambio climático, tema que el distrito ha liderado. Muestra de esto es la implementación de programas piloto de vehículos eléctricos para el transporte público individual y el Plan de Ascenso Tecnológico del Sistema Integrado de Transporte Público, que busca realizar una sustitución progresiva de tecnologías tradicionales de combustión interna a tecnologías de cero o bajas emisiones en los vehículos del SITP. Este tipo de medidas pueden ser objeto de intercambio con las demás ciudades capitales, a la vez que algunas de las propuestas, proyectos y obras de infraestructura desarrolladas por éstas pueden replicarse en el Distrito Capital. Tal es el caso de los Metro Cables Aéreos de la ciudad de Medellín, que hoy pretenden construirse en las Localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal.
Así, serían muchos los proyectos y programas que podrían ser objeto de trabajo concertado en la Asociación y que podrían constituirse en iniciativas para ser llevadas al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, en beneficio de las comunidades y poblaciones de cada una de las ciudades capitales que conforman o participan en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.


  1. Ponencias




    1. Ponencia positiva de la concejal María Victoria Vargas

Asegura la ponente, frente a la legalidad de la iniciativa, que la iniciativa solicita autorización expresa del Concejo de Bogotá para que el alcalde mayor, en nombre del Distrito Capital, pueda formalizar su participación como miembro activo en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, invocando como fuente normativa de la competencia, el artículo 12, numeral 9 del Decreto Ley 1421 de 1993, que le establece a la Corporación la facultad de “…autorizar (…) la participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características…”. Con ello es claro concluir que tal autorización se encuentra claramente dentro de la órbita de atribuciones del Concejo de Bogotá, siendo por ello viable, jurídicamente, el trámite de la iniciativa.


Luego la ponente se refiere a la conveniencia del proyecto, y asegura que esta dependerá de las bondades y beneficios que dicha autorización podría traer para la ciudad y sus habitantes. Conforme los Estatutos Orgánicos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, suscritos el 31 de octubre de 2013 en Manizales, prevén que Bogotá D.C., haga parte de la Junta Directiva de la misma, teniendo, entre otras responsabilidades, la de “[…] establecer las políticas generales que debe seguir la Asociación para el desarrollo de su objeto […]”, otorgando con ello, al alcalde de Bogotá, una clara capacidad de decisión frente al rumbo de la agremiación y del cumplimiento de sus fines.
Para la ponente es evidente que frente a una sociedad cada vez más compleja e interdependiente se requiere buscar alternativas institucionales, viables y concretas que permitan impulsar, desde el nivel local, fórmulas que potencien su actuar y que aúnen esfuerzos y propósitos, con entes similares, en busca de solucionar problemáticas comunes, sobre la base del valor agregado que genera el trabajo mancomunado.
Por todo lo anterior la ponente concluye que esta iniciativa además de ser viable jurídicamente también es altamente conveniente para los intereses de la ciudad.


    1. Ponencia positiva del concejal Miguel Uribe Turbay

Para el ponente, en la medida en que los gobiernos locales buscan un desarrollo integral, la participación en una Asociación de Ciudades Capitales ofrece la posibilidad a sus miembros de poder complementarse para fortalecer las capacidades técnicas y políticas, y ejecutar estrategias de desarrollo compartido de los gobiernos. A continuación se presentan los argumentos expuestos por el ponente para darle ponencia positiva a la presente iniciativa.


El ponente plantea que el crecimiento demográfico acelerado, sobre todo en zonas urbanas, específicamente Bogotá, muestra un crecimiento poblacional significativo. Por ejemplo, en el año 1985 la ciudad contaba con una población de 4.225.649 y en el año 2013 pasó a 7.776.845, con una proyección de 8.380.801 para el año 2020. Por lo tanto, es necesario realizar esfuerzos conjuntos para ampliar las redes de instituciones asociadas a la capacidad de desarrollar urbes sostenibles teniendo en cuenta la magnitud del desafío que presentan las ciudades. Para hacerlo, es preciso que los gobiernos locales adopten un enfoque planificado e integral que les permita ofrecer servicios públicos de calidad (Banco Mundial 2014). Dice el ponente que enfrentar estos desafíos en las ciudades capitales del mundo, en especial en las de América Latina, implica resolver problemas técnicos y de gestión urbana, y para ello es necesario promover equipos multidisciplinarios con visiones locales y globales. Por esta razón, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales es el escenario que brinda la oportunidad de planear acciones conducentes a proponer eventuales soluciones a las consecuencias del crecimiento demográfico.
Indica también el ponente que la activa participación de Bogotá en esta asociación podría traer beneficios desde la perspectiva económica de la ciudad. Prueba de lo anterior es que más del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se genera en las ciudades (Banco mundial; 2014)82. Sin embargo, como bien lo dice el Banco Mundial “la rápida urbanización trae enormes desafíos, entre ellos satisfacer la creciente demanda de servicios básicos, infraestructura, empleos, disponibilidad de tierras y viviendas asequibles, particularmente para los casi 1000 millones de pobres que a menudo viven en asentamientos informales urbanos” (Banco Mundial; 2014).
Al respecto, conviene indicar que aunque en las ciudades se concentra la mayor parte de la riqueza, también concentra la mayor desigualdad. En cierto sentido, las ciudades se enfrentan a una problemática que tiene dos aristas, por un lado, tienen la responsabilidad de producir riqueza y, por otro lado, tienen la responsabilidad de distribuir la riqueza para no generar mayores brechas de pobreza. En suma, se puede inferir que ante la eventual inscripción de Bogotá, como miembro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, se afrontarían de manera conjunta las complejas relaciones económicas propias del sector urbano.
Luego, el ponente presenta los beneficios de la iniciativa, desde la perspectiva medioambiental. Dice el ponente que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), define sostenibilidad como “la promoción del crecimiento económico y la reducción de la pobreza supeditado a intervenciones que aseguren beneficios ambientales, sociales y económicos perdurables”83. Esto significa implementar medidas que permitan no solo el desarrollo económico sino proteger el medio ambiente, así como utilizar eficientemente los recursos naturales y adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
Visto lo anterior y teniendo en cuenta las razones de importancia demográfica, económica y ambiental descritas, se considera viable la eventual vinculación del Distrito Capital a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, dado que se contaría con una institucionalidad que permitiría abordar a nivel regional, nacional e internacional las problemáticas de carácter local y global que afectan individual o colectivamente a sus asociados.
Sin embargo, el ponente propone las siguientes modificaciones al proyecto de acuerdo presentado por la administración. Los estatutos orgánicos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales fueron reconocidos el 31 de octubre del año 2012. A partir de esta fecha y hasta el año 2013 se han celebrado 6 Cumbres, sin que hasta la fecha se conozcan de parte de la administración distrital los informes o balances derivados de la celebración de dichas reuniones.
Por lo antes mencionado, sería de gran importancia conocer los avances y resultados que hasta la fecha ha tenido la Asociación de Ciudades Capitales, razón por la cual se recomienda que en el debate que se lleve a cabo en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, la administración distrital especifique los beneficios que Bogotá va a recibir al ser miembro activo de esta asociación.
Por otra parte, sugiere el ponente que se adicione un artículo al proyecto de acuerdo en el cual se señale la presentación de un informe anual al Concejo que dé cuenta de la gestión y los resultados alcanzados por Bogotá en su condición de integrante de dicha Asociación. Éste debe contener objetivos, estrategias, metas e indicadores.


  1. Análisis jurídico

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12, numeral 9 del Decreto Ley 1421 de 199384, corresponde al Concejo Distrital: “[…] autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características” (Subrayas y negrillas fuera de texto).


Específicamente, frente a las asociaciones de municipios, la Ley 136 de 1994 establece de manera expresa en su artículo 150 que:
Artículo 150. Conformación y funcionamiento. Las asociaciones para su conformación y funcionamiento se sujetarán a las siguientes reglas:
1. Toda asociación de municipios será siempre voluntaria. Se conformará mediante convenio suscrito por sus alcaldes, previa autorización de los respectivos concejos.

(…)” (Subrayas y negrillas fuera de texto)
En concordancia con estas dos normas, en las disposiciones generales del presupuesto se ha señalado de manera reiterada que las entidades del distrito no se pueden vincular a organismos nacionales o internacionales que impliquen pago de cuotas, sin contar primero con la autorización del Concejo Distrital. En el presupuesto actual, el artículo 27 establece:
Artículo 27. Vinculación a organismos. Ningún órgano o entidad que haga parte del Presupuesto Anual podrá contraer compromisos de vinculación a organismos nacionales e internacionales a nombre de Bogotá D.C. que impliquen el pago de cuotas o emolumentos a los mismos con cargo al Presupuesto Anual del Distrito, sin contar con la aprobación del Concejo de Bogotá mediante Acuerdo Distrital, autorización que involucra la facultad del gobierno distrital para desvincularse cuando así se considere necesario, previa evaluación de la permanencia en dicho organismo. En el caso de las Empresas Industriales y Comerciales y Empresas Sociales del Estado del Orden Distrital se requerirá aprobación del CONFIS previo concepto favorable de la Junta Directiva.

Parágrafo. De la anterior disposición se exceptúan aquellas vinculaciones que deban efectuarse por disposición legal.”
En consecuencia, el Concejo es plenamente competente para expedir el proyecto de acuerdo, por cuanto el objeto del mismo es autorizar al alcalde para realizar todas las actividades y actuaciones necesarias para participar en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.
Sin embargo, de la investigación realizada surge la duda de si Bogotá ya hace parte o no de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, teniendo en cuenta tanto las noticias publicadas al respecto, como por el certificado de existencia y representación de la mencionada asociación. De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, la mencionada asociación fue constituida mediante acta otorgada por su asamblea de socios el 31 de octubre de 2012. De acuerdo con dicho documento, la entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control sobre la Asociación es la Alcaldía Mayor de Bogotá y el señor Gustavo Francisco Petro Urrego es miembro de la Junta Directiva de la Asociación.
De acuerdo con una noticia publicada en la página web de la Alcaldía de Bogotá, la administración señaló: “"Esta asociación está conformada por 21 ciudades hasta hoy, y su junta directiva está conformada por Alcaldes de 9 ciudades capitales. Bogotá está totalmente comprometida bajo la orientación del Alcalde Gustavo Petro, en este esfuerzo asociativo, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que así lo permiten", dijo el Alcalde (e) de Bogotá, Guillermo Asprilla Coronado.85, dando a entender que el Distrito ya hace parte de la misma.
Esta es una situación que la administración deberá explicar al Concejo de Bogotá, pues si el alcalde suscribió el respectivo convenio para la conformación de Asociación Colombiana de Ciudades Capitales sin tener la autorización del Concejo de Bogotá, lo habría hecho sin competencia para ello y, por lo tanto, dicho acuerdo podría estar viciado de nulidad por falta de competencia.
Por último, es importante señalar que en nuestra investigación encontramos los acuerdos mediante los cuales los Concejos Municipales de varias de las ciudades capitales del país autorizaron a sus respectivos alcaldes la participación en la mencionada asociación, con anterioridad a la fecha en que la misma se conformó, a saber:


  • San José del Guaviare. Acuerdo 024 de 2012 (16 de agosto). Por medio del cual se concede una autorización al Alcalde del municipio de San José del Guaviare para suscribir el convenio para la conformación de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.86

  • Manizales. Acuerdo 078 de 2012 (26 de julio). Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que promueva, participe y concurra en la conformación de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y se dictan otras disposiciones.87

  • Medellín. Acuerdo 16 de 2012 (2 de agosto). Por medio de cual se autoriza al Alcalde Municipal para que promueva, participe y concurra en la conformación de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y se dictan otras disposiciones.88

  • Pasto. Acuerdo 018 de 2012 (20 de septiembre). Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que el Municipio de Pasto haga parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y se dictan otras disposiciones.89

  • Riohacha. Acuerdo 013 de 2012 (28 de septiembre). Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que promueva, participe y concurra en la conformación de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y se dictan otras disposiciones.




  1. Impacto fiscal

De conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 7° de los Estatutos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, uno de los deberes de los asociados es “Pagar la cuota ordinaria anual de sostenimiento (...), definidas por la Asamblea General de Ciudades Capitales”, cuyo valor, en los términos indicados en el artículo 38 de los citados estatutos, será determinada conforme a la categorización de los municipios, que para los especiales como es el caso del Distrito Capital, equivale a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes.


En ese sentido, el Presidente de la República expidió el Decreto 3068 de 2013, fijando el salario mínimo legal mensual a partir del 1° de enero de 2014, en la suma de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000.oo), es decir, que para la presente anualidad el valor de la cuota ordinaria de sostenimiento que deberá pagar el Distrito Capital a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, equivale a cuarenta y tres millones ciento veinte mil pesos m/cte. ($43.120.000.oo).
El artículo 27 del Decreto Distrital 609 de 2013 “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y se dictan otras disposiciones”, en cumplimiento del Acuerdo No. 533 de diciembre 16 de 2013, expedido por el Concejo de Bogotá”, señala:
ARTÍCULO 27. VINCULACIÓN A ORGANISMOS. Ningún órgano o entidad que haga parte del Presupuesto Anual podrá contraer compromisos de vinculación a organismos nacionales e internacionales a nombre de Bogotá D.C. que impliquen el pago de cuotas o emolumentos a los mismos con cargo al Presupuesto Anual del Distrito, sin contar con la aprobación del Concejo de Bogotá mediante Acuerdo Distrital, autorización que involucra la facultad del Gobierno Distrital para desvincularse cuando así se considere necesario, previa evaluación de la permanencia en dicho organismo. En el caso de las Empresas Industriales y Comerciales y Empresas Sociales del Estado del Orden Distrital se requerirá aprobación del CONFIS previo concepto favorable de la Junta Directiva. (...)”.
La Secretaría Distrital de Hacienda analizó el proyecto de acuerdo desde el punto de vista presupuestal, indicando que “El gasto por el valor anual de la afiliación a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, no impacta el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la cuota ordinaria anual de sostenimiento no afecta la sostenibilidad de las finanzas distritales en el mediano plazo, caso contrario sucedería si se pretenden efectuar otros gastos diferentes a los mencionados, como quiera que los Estatutos de la Asociación no hacen mención de gastos diferentes a la referida cuota.
Así, la mencionada Secretaría Distrital de Hacienda emitió concepto de viabilidad a la iniciativa, desde el punto de vista financiero.


  1. Información Adicional




    1. ¿Por qué se salió Bogotá de la Federación de Municipios?

En mayo de 1991, el Concejo de Bogotá autorizó al alcalde para afiliar al Distrito Especial de Bogotá a la Federación Colombiana de Municipios y, a su vez, a la Federación Mundial de Naciones Unidas. En este acuerdo, también se facultaba al alcalde para entregar los aportes a que hubiera lugar de conformidad con los estatutos de dichas instituciones. No obstante, Bogotá, D.C., luego de 18 años de ser miembro de la Federación Colombiana de Municipios decidió a través de la Resolución 011 de 2009 proferida por la Alcaldía Mayor desvincular al Distrito Capital como miembro de la Federación Colombiana de Municipios. El argumento que sustentó tal decisión fue que dicha organización promovió múltiples acciones legales contra el Distrito Capital a raíz de la controversia suscitada por la expedición de la Ley 769 de 2002 –Código Nacional de Tránsito-. Para Bogotá D.C.,


la Federación Colombiana de Municipios, sin competencia legal y contra expresa prohibición de las autoridades Distritales, recauda recursos por concepto de multas por infracciones de tránsito en cuentas bancarias a su nombre, descuenta directamente un 10% y gira posteriormente el 90% restante a la Secretaría de Hacienda Distrital […]” (Alcaldía Mayor; 2009)90


    1. Naturaleza, Objeto y Funciones de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley 1454 de 2011, la Ley 136 de 1994, la Ley 489 de 1998 y el Código Civil. De acuerdo a los estatutos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, su objeto consiste en “trabajar en la confección, consolidación y gestión de una agenda común construida desde los territorios y constituida por temas de alcance Nacional y en especial de interés Regional y Local”. Los objetivos y actividades específicas que realizará la Asociación, de acuerdo al artículo 4° de los Estatutos Orgánicos91 son:


a) Representar y defender los derechos de los intereses generales de los asociados.
b) Construir alrededor de problemas comunes que tengan las ciudades capitales posibles soluciones que permitan el desarrollo y progreso de las mismas.
c) Actuar como vocera de las ciudades asociadas en aquellos temas que sean de interés común para las mismas, ante el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Comunidad Internacional y demás organismos que contribuyan al desarrollo de las ciudades.
d) Propiciar por el intercambio de experiencias, la discusión de iniciativas y la creación de mecanismos de colaboración abierta, que sirvan en la búsqueda de mejores soluciones a los problemas que tienen las diferentes Ciudades Capitales.
e) Trabajar por la integración y el diálogo entre las Ciudades Capitales que sirvan en la interacción ideas que contribuyan a la búsqueda de soluciones a las necesidades y desafíos que afronta cada Ciudad.
f) Contribuir a espacios de intercambio de información y de experiencias exitosas sobre temas locales que presenten las Ciudades.
g) Organizar y participar en reuniones, foros, seminarios y demás actividades que sirvan como de espacios de intercambio y aprendizaje de políticas públicas que contribuyan al desarrollo.
h) Dirigirse a las instituciones del Estado para fomentar y contribuir a posibles soluciones en problemas de ciudad.
i) Realizar cualquier otra actividad o función que contribuya al cumplimiento de sus objetivos.


  1. Revisión de prensa


Medio – Página Web de ONU Hábitat

Fecha – Abril 9 de 2013

Titular – “Se consolida Asociación de Ciudades Capitales en Colombia”

Linkhttp://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=987:se-consolida-asociacion-de-ciudades-capitales-en-colombia&catid=161:noticias&Itemid=171
Con presencia del Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos; el Vicepresidente, Angelino Garzón; los Ministros de Hacienda, Justicia, Defensa, Interior, Industria y Comercio y Transporte; los Viceministros de Turismo y Defensa; el Alto Consejero para la Seguridad Ciudadana; el Alto Consejeros para las Regiones; el Comandante General de las Fuerzas Militares; el Director de la Policía Nacional; el Alto Comisionado de Paz; el Jefe del Equipo Negociador en el Proceso de Paz y 24 alcaldes de ciudades capitales de Colombia, finalizó con éxito la V Cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales en Barranquilla.
Medio – El Tiempo

Fecha – Agosto 2 de 2012

Titular – “Alcaldes formalizan creación de Asociación de Ciudades Capitales”

Linkhttp://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12089342.html
Están en Santa Marta para adelantar en la definición de estatutos y organización.
Cerca de 20 alcaldes de ciudades capitales están reunidos desde este jueves en Santa Marta para avanzar en la definición de los estatutos y la organización interna de la naciente Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, con la que pretenden tener una mayor interlocución con el Gobierno Nacional y el Congreso. En este segundo encuentro de alcaldes de ciudades capitales también se instalaron mesas de trabajo en las que se discutirán cuatro temas estratégicos: salud, reforma tributaria, seguridad y pobreza y desigualdad, cuyas conclusiones serán presentadas este viernes al presidente Juan Manuel Santos y algunos de sus ministros.
El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, vocero de la Asociación de Ciudades Capitales, dijo que la creación de esta instancia les permitirá no solo compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en sus ciudades sino tener realmente una vocería unificada para lograr mejores compromisos del Gobierno Nacional. Igualmente, tener interrelación con ciudades y organismos de otros países.
Advirtió que el propósito no es competir con la Federación de Municipios porque cada una tiene sus funciones. "La Asociación es un escenario muy lógico que le faltaba al país desde hace mucho tiempo. Las ciudades capitales tienen unas características que las hacen homogéneas y por eso se están uniendo para trabajar frente a esos problemas compartiendo soluciones", dijo Gaviria.
En esto coincide el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, quien considera que esta Asociación ayudará también a defender los intereses de las ciudades capitales porque "no son iguales los problemas de una ciudad de 500 u 800 mil habitantes a uno de 300 mil. La correlación de fuerzas es muy diferente y en la decisión de las leyes y los recursos debe pesar la población y los indicadores de necesidades básicas insatisfechas", expresó.
En la primera jornada del encuentro se definió la conformación de la junta directiva que estará integrada por diez alcaldes: los de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, más cinco alcaldes que representen cada una de las regiones: Amazonía, Orinoquía, Caribe, Centro y Occidente, más San Andrés Islas. La Secretaría Técnica será asumirá por la ONU -Hábitat Colombia, entidad que se ofreció a respaldar esta iniciativa. Su primer presupuesto fue tasado en 450 millones de pesos, aportados por los asociados.
También se discutió la participación permanente en la Asociación de los alcaldes de Uribia y Providencia y Santa Catalina, quienes asistieron al encuentro, debido a sus condiciones especiales. El primero por ser la capital indígena de Colombia y el segundo por ser el único municipio de las islas de San Andrés y Providencia.
Medio – Caracol Radio

Fecha – Mayo 10 de 2012

Titular – “Ciudades capitales se retirarían de la Federación de Municipios”

Link – http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/ciudades-capitales-se-retirarian-de-la-federacion-de-municipios/20120510/nota/1685598.aspx
Una Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, virtual e independiente de la Federación Colombiana de Municipios, surgió de la reunión de alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades del país, celebrada ayer en Medellín. 23 alcaldes y alcaldesas respondieron a la cita en Medellín para congregarse y conseguir que las ciudades capitales tengan “voz y poder” en las decisiones que las afectan, según plantearon.
Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá, y uno de los nueve nombrados para integrar una Junta Provisional que se encargará de cristalizar la Asociación, explicó que “las ciudades capitales es donde está la mayor parte de la población; donde está la mayor parte de la economía; donde vive el mayor número de pobres y donde hay unos retos indudables que hay que acometer”.
Sobre un virtual “golpe de estado” a la Federación Colombiana de Municipios con la nueva asociación, el alcalde capitalino dijo que la Federación “existe y seguirá existiendo pero en otra agenda; la agenda de los municipios, la mayoría pequeños y medianos, es legítima pero diferente a la problemática de la ciudad”. Reveló que se conformó una Junta provisional de nueve miembros donde están representadas las principales regiones de Colombia y los alcaldes de las cuatro principales ciudades capitales.
Esta Junta convocará una nueva reunión de alcaldes en Santa Marta, a finales de junio o comienzos de julio para consolidar la Asociación y propondrá una reunión con el Presidente Juan Manuel Santos, para establecer una agenda de diálogos sobre temas fundamentales.
Asociación de Ciudades Capitales de Colombia
Nueve son los alcaldes que integran la Junta provisional que se encargará de consolidar la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, surgida de la reunión ayer, de Alcaldes y alcaldesas de todas las subregiones del país.
Se trata de los mandatarios de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, más un alcalde representante de las regiones de Amazonia, la Alcaldesa de Florencia; Orinoquía, el Alcalde de Arauca; Caribe, el Alcalde de Valledupar; Centro del país, el Alcalde de Tunja; Occidente, el Alcalde de Manizales.
“Las ciudades capitales del país tienen una serie de similitudes en sus problemáticas, en aspectos sociales como la pobreza y los desplazados, en aspectos de movilidad y seguridad, entre otros, que hacen necesario que trabajemos con una agenda común”, añadió el Alcalde Aníbal Gaviria, anfitrión de la cita.
Los mandatarios también acordaron que inicialmente el trabajo de la junta provisional se concentrará en cinco temas básicos: regalías, reforma tributaria, población desplazada y víctimas de la violencia, seguridad, y vivienda.
En este encuentro de mandatarios en Medellín, los alcaldes de las capitales colombianas propusieron solicitarle al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, una reunión para presentarle la Asociación como vocera de la agenda de trabajo conjunto, e invitarlo a la reunión que se realizará en la ciudad de Santa Marta.

Anexo 16: Festival Internacional de Poesía
Plenaria

Tema: Proyecto de acuerdo N° 016 de 2014 “Por medio del cual se reconoce el Festival Internacional de Poesía de Bogotá como una actividad de interés cultural”

Fecha: 12 de mayo de 2014
PROYECTO DE ACUERDO N° 016 “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA DE BOGOTÁ COMO UNA ACTIVIDAD DE INTERÉS CULTURAL”


  1. Resumen Concreto







Nombre

Concepto

Ponente 1

Olga Victoria Rubio Cortés (Coordinador)

Ratifica Ponencia positiva

Ponente 2

William César Moreno Romero

Ratifica Ponencia positiva

Administración

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, y Secretaría de Hacienda

Es Viable

Viabilidad jurídica

Valentina Coral

Competencia

Si

Legalidad

Si

Concepto general

Andrea Bocanegra

Si es viable

Voto Primer debate

Juan Carlos Flórez

Positivo

Voto Segundo debate

Juan Carlos Flórez

Negativo

Decisión de la Plenaria

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para sanción

El objetivo del proyecto de acuerdo es declarar el Festival Internacional de Poesía de Bogotá como evento de interés cultural, el cual se realiza cada año en la última semana del mes de junio y en el cual se reúnen importantes exponentes de este género literario.


Aunque la iniciativa es viable jurídicamente al no exceder las competencias conferidas al Concejo de la ciudad en el Decreto Ley 1421 de 1993, su pertinencia debe ser evaluada a partir de dos criterios básicos: primero, existe un alto riesgo de proferir declaraciones de interés cultural de forma indiscriminada, ya que no existen requisitos para su otorgamiento. En segundo lugar, el que una manifestación sea reconocida como de interés cultural no genera implicaciones ni compromisos para el distrito, y por lo tanto se pueden quedar en reconocimientos de papel.

La declaratoria como patrimonio cultural inmaterial se puede hacer a través de dos mecanismos. Por una parte las realiza el Ministerio de Cultura y a nivel Distrital la Secretaría Distrital de Cultura y las que realiza el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá. “La distinción entre las dos quedó definida por una sentencia de la Corte Constitucional que señala que las primeras cuentan con decretaos reglamentarios mientras que la segunda no”92.


El proyecto de acuerdo fue aprobado en primer debate en votación ordinaria. La administración distrital conceptúa el proyecto de acuerdo como viable desde el punto de vista jurídico y presupuestal. La Secretaria de Cultura Recreación y Deporte señala en su concepto que expedir acuerdos relativos al reconocimiento de personas hechos o instituciones que han sido significativas para la ciudad no representa una garantía para la salvaguardia activa de las manifestaciones del patrimonio.


  1. Síntesis del proyecto de acuerdo


2.1 Objetivo del proyecto
El proyecto de acuerdo tiene como finalidad el reconocimiento del Festival Internacional de Poesía de Bogotá como una actividad de interés cultural, en consideración de la trascendencia que ha tenido para el país la realización de este importante evento el cual cumple su edición número 21 en el 2013.


    1. Justificación del proyecto

El Festival Internacional de Poesía de Bogotá es un evento que se viene realizando desde 1992 y ha llegado a su 20ª edición. Señalan los autores que es promovido por la entidad Corpoulrika y convocado por la revista Ulrika y su director Rafael Del Castillo. Su propósito es ofrecer a los ciudadanos de todas las edades y procedencias la oportunidad de disfrutar de la poesía y los poetas contemporáneos que hablan y escriben en este importante evento.  


La programación en la ciudad se planea para espacios tanto públicos como privado, en entidades como; “El Instituto Caro y Cuervo, el Gimnasio Moderno, Biblioteca Nacional, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana y otras, Embajadas de México y España, entre otras93 Así mismo, el festival se articula con eventos pedagógicos y espacios culturales en colegios y universidades y en colaboración con las secretarías de educación y de cultura. Entre sus logros más destacados se encuentra la participación de 600 escritores de países de Iberoamérica y la participación de más de 60.000 espectadores a lo largo de la historia del festival.
En cuanto a modalidades se desarrolla: poesía para niños, jóvenes y adultos, asumiendo la poesía como una voz universal. Se realizan convocatorias previas al festival para seleccionar nuevas voces y otorgarles participación en las lecturas en el marco del festival.
Señalan los autores que el festival ha sido objeto de diversos reconocimientos por su aporte a la cultura y a la poesía. En efecto, desde su primera edición genera publicaciones en las revistas más relevantes y ha sido un importante espacio de visibilización y reconocimiento de poetas colombianos e iberoamericanos.
En el año 2009 la Universidad Pedagógica le concede un reconocimiento por los 15 años del festival. En 2012 la Universidad de nuevo León de México le otorga una publicación de antología por los 20 años del festival. El mismo año la revista Babab de España dedica un número a los 20 años del festival. El instituto Caro Y cuervo publica el libro “Homenajes” sobre los poetas del festival y la revista Ulrika pública por su parte las Crónicas de poetas Iberoamericanos sobre Bogotá y su festival
Finalmente los autores señalan la relevancia del festival en tanto su capacidad de integrar distintos sectores de la sociedad. El público que lo acompaña proviene de todos los estratos, etnias, géneros aunque con énfasis en los más jóvenes, con el fin de consolidar un público activo y creciente en torno a la literatura.


  1. Antecedentes

En el período constitucional 2013, se presentó este proyecto de acuerdo radicado bajo el número 106, logrando ponencias positivas de los Honorables Concejales, Angélica Lozano y Roger Carrillo, y concepto positivo de la administración. El proyecto también fue radicado en 2013 con el número 143.


  1. Análisis de las ponencias




    1. Síntesis del concepto de las ponencias


Ponencia positiva concejal Olga Victoria Rubio Cortés
La concejal María Victoria Rubio rinde ponencia positiva en reconocimiento de las facultades del Concejo de la ciudad para la expedición de acuerdos de la naturaleza propuesta y los compromisos constituciones e internacional adquiridos por el país en relación con la salvaguardia y preservación del patrimonio inmaterial. Se propone pliego modificatorio con cambios de forma más no de fondo, en tanto se apela a la concreción. No obstante, se retira del articulado la responsabilidad explícita de la Secretaria de Cultura de promover la participación de artistas locales en el desarrollo del festival. A continuación se presenta un cuadro en el que se compara el articulado original y el propuesto.


ARTICULADO ORIGINAL

PLIEGO MODIFICATORIO

ARTICULO PRIMERO. Reconocer como actividad de interés cultural “El Festival Internacional de Poesía de Bogotá”, que se realiza en la Capital de la República cada año en la última semana de junio en el cual se reúnen importantes exponentes de este genera literario, ayudando a la promoción y la difusión de nuestra cultura, con especial énfasis en la literatura colombiana e hispanoamericana.

ARTICULO PRIMERO. Reconocer como actividad de interés cultural “El Festival Internacional de Poesía de Bogotá”, que se realiza en la Capital de la República cada año en la última semana de junio.



ARTICULO SEGUNDO. La administración Distrital a través de la Secretaría de Distrital de Cultura Recreación y Deporte, de conformidad con las disponibilidades presupuestales vigentes, podrá promover la participación activa de nuestros artistas y grupos de emprendimiento de los semilleros poéticos de la ciudad en el Festival de Poesía de Bogotá y la promoción para el fomento de esta actividad cultural de la humanidad.

ARTICULO SEGUNDO. La Administración Distrital a través de la Secretaría de Distrital de Cultura Recreación y Deporte, dentro del marco de sus competencias apoyará y acompañará esta actividad de interés cultural.




Ponencia Positiva William César Moreno Romero
El Concejal César Moreno Romero reconoce los argumentos presentados por los concejales autores de la iniciativa en consideración de los cuales rinde ponencia positiva al proyecto de acuerdo.
En esta medida, destaca el Festival Internacional de Poesía de Bogotá en tanto su importancia para la promoción y la difusión de nuestra cultura especialmente de la literatura colombiana e hispanoamericana.


  1. Comentario de la administración Distrital

Para la discusión del presente proyecto de acuerdo emiten comentarios la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte la Secretaría de Hacienda, los cuales son presentados a través de a Secretaría Distrital de Gobierno.


La administración distrital señala la competencia y legalidad del presente proyecto de acuerdo. La Secretaria de Cultura hace una importante claridad con respecto a las implicaciones que tienen consigo la declaratoria de un evento como de interés cultural en cuanto a su salvaguardia.
En Colombia a causa de la forma como se introdujo la idea del patrimonio cultural inmaterial en las instituciones públicas y del desarrollo de los mecanismos y las normas para su regulación existen dos tipos de declaratorias como patrimonio. Por una parte las realiza el Ministerio de Cultura y a nivel Distrital la Secretaría Distrital de Cultura y las por otra las que realiza el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá. La distinción entre las dos quedó definida por una sentencia de la Corte Constitucional que señala que las primeras cuentan con un régimen espacial de protección establecido por la Ley General de Cultura y sus decretos reglamentarios mientras que las segundas no. El patrimonio cultural inmaterial sirve en la medida que garantiza la salvaguardia de una manifestación en el tiempo, así las cosas, resulta claro que el nivel de compromiso y de trascendencia de cada tipo de declaratoria es diferente, las que realiza el Ministerio de cultura y a Nivel Distrital la Secretaria de cultura recreación y deporte cuenta un seguimiento en el tiempo que se plasma en un Plan Especial de Salvaguardia que define alcances, competencias y estrategias frente a la manifestación que los otros tipos de declaratoria no tienen”.


  1. Análisis jurídico del proyecto

El Concejo Distrital es competente para expedir este proyecto de acuerdo, en virtud de lo establecido en el artículo 313 Constitucional, que establece que corresponde a los concejos: “9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio94. En concordancia con el numeral 13 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, según el cual son atribuciones del Concejo Distrital: “13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.”95.


La Constitución Política de Colombia contiene varias disposiciones que buscan el fomento de la cultura y la protección del patrimonio cultural, entre ellas se encuentran los artículos 70 y 72 Superiores.96 En desarrollo de dichas disposiciones se expidió la Ley 397 de 1997, la cual establece normas en materia de patrimonio cultural y fomentos y estímulos a la cultura.97
La Ley 397 de 1997 define la cultura en su artículo 1º como: “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. En dicho artículo también se consagran los principios fundamentales de la ley, entre los cuales se encuentran los siguientes:
Artículo 1º. De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:

(…)

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.

(…)

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.

(…)

12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal.”
Así mismo, en su artículo 2º, la mencionada Ley establece el objetivo de la política estatal en materia de cultural es “la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional”.
Es decir, el Estado en su conjunto (Nación, entidades territoriales, entidades descentralizadas por servicios, entes autónomos, etc.), debe proteger, respetar y estimular los diferentes procesos culturales que se desarrollen en el país. Una forma de cumplir con dichos principios y objetivos es precisamente la declaratoria de interés cultural de determinados eventos o actividades, en este caso, del Festival Internacional de Poesía de Bogotá.
En cuanto al papel específico de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios), el artículo 18 de la Ley 397 señala que éstas deben establecer estímulos para las actividades culturales, en el siguiente sentido:
ARTICULO 18. DE LOS ESTIMULOS. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales:

(…)

d. Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país;

(…)

f. Artes literarias;

(…)” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Lo anterior, refuerza y establece explícitamente la obligación de las entidades territoriales, entre ellas los distritos, de proteger, estimular y fortalecer las expresiones culturales.
El Festival Internacional de Poesía de Bogotá es una manifestación cultural. Su declaratoria de interés cultural no debe confundirse con la declaratoria de bienes de interés cultural (regulado por el artículo 8º de la ley 397 de 1997) ni con la inclusión de determinadas manifestaciones en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial (regulado por el artículo 11-1 de la Ley 397 de 1997 y reglamentado en el Decreto 2941 de 200998). En estos dos últimos casos, declaratoria como bienes de interés cultural e inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, el ordenamiento jurídico establece un procedimiento específico, en virtud del cual la competencia le corresponde al Ministerio de Cultura en el ámbito nacional y a los alcaldes en el ámbito distrital, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, respectivamente.
Sin embargo ninguna disposición de la Ley 397 de 1997 establece en quien recae la responsabilidad de declarar determinadas actividades como de interés cultural. Al respecto, debe recordarse que el parágrafo 2º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, aplicable al Distrito, establece que: “Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley”.
En consecuencia, en aplicación de lo allí establecido, así como de las atribuciones contenidas en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo es competente para expedir el presente acuerdo


  1. Resumen del impacto fiscal

Los autores de la iniciativa señalan que tal y como se propone el proyecto de acuerdo, el mismo no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, así como tampoco implica un cambio en el Presupuesto General del Distrito.


Por su parte, la Secretaría de Hacienda suscribe el concepto de viabilidad financiera que se emite por parte de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.

Anexo 17: Nomenclatura
Plenaria

Tema: proyecto de acuerdo 231 de 2013, nomenclatura.

Iniciativa de: Fernando López Gutiérrez.

Fecha: junio 4 de 2014.

POR EL CUAL SE EXPIDEN DISPOSICIONES SOBRE NOMENCLATURA EN EL DISTRITO CAPITAL”


1. Concepto General





Nombre

Concepto

Ponente 1

Juan Carlos Flórez

Ratifica ponencia positiva.

Ponente 2

Javier Palacio

Ratifica ponencia positiva.

Administración

(Segundo Debate)



Secretaría de Gobierno

(Diciembre 17 de 2013).



Si es viable.

Viabilidad jurídica

Valentina Coral

Competencia

Sí.

Legalidad

Sí.

Concepto general

Ana María Parada

Si es viable.

Voto en Comisión

Juan Carlos Flórez

Si

Voto en Plenaria

Juan Carlos Flórez

Si

Decisión de la Plenaria

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para sanción

El proyecto de acuerdo tiene especial relevancia en el proceso de unificación de la nomenclatura en la ciudad, pues hace explícita la obligación de las empresas de servicios públicos de generar la facturación utilizando como única fuente de información la base de datos oficial de nomenclatura de la Unidad Administrativa Especial de Catastro. Además, presenta una herramienta útil que permite armonizar el uso de la nomenclatura en el Distrito con las dinámicas de crecimiento de la ciudad.


La presente iniciativa resulta ser una herramienta útil que contribuirá a la materialización de la unificación de la nomenclatura de la ciudad, en la medida en que las empresas facturen con una misma dirección los ciudadanos no se verán en la necesidad de mantener, por largos periodos, las placas antiguas en las puertas de sus viviendas.
Consideramos entonces que la iniciativa responde a un necesidad de suplir un vacío normativo que deja a las empresas públicas sin una orden explícita de adoptar la base de datos que maneja actualmente Catastro Distrital. Además, aúna esfuerzos para superar un problema que Catastro Distrital no ha resuelto, a pesar de que esta entidad advirtió en ocasiones anteriores la necesidad de regular específicamente este asunto. Las modificaciones propuestas al articulado en el primer debate, fueron acogidas por el autor, por lo cual ratificamos nuestro concepto de viabilidad.
2. Texto aprobado en primer debate
Texto aprobado en primer debate en la sesión del 26 de noviembre de 2013 de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá D.C.
PROYECTO DE ACUERDO 231 DE 2013

"Por el cual se expiden disposiciones sobre Nomenclatura en el Distrito Capital"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,

en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA

ARTÍCULO 1°. La Administración Distrital adoptará el estándar de nomenclatura vial y domiciliaria definida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD-, o quien haga sus veces, a ser utilizado por las empresas que presten servicios públicos domiciliarios en el Distrito Capital.

PARRÁGRAFO. La base de datos utilizada por dichas empresas, con carácter obligatorio, corresponderá a la nomenclatura vial y domiciliaria oficial cuyo elemento identificador será la numeración de cada uno de los predios y vías del Distrito Capital.
ARTÍCULO 2°. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD- de acuerdo con sus facultades, será la responsable de autorizar el retiro de las placas domiciliarias, una vez sea verificado su estado. Transcurrido un (1) año después de la materialización de las placas por parte de la UAECD y certificado el desmonte de las antiguas, los ciudadanos podrán retirar las placas canceladas oficialmente.

ARTÍCULO 3°. El periodo de transición en el cual las empresas prestadoras de servicios públicos acogerán la base de datos oficial de la nomenclatura vial y domiciliaria será de un (1) año dentro de la cual la UAECD realizará el acompañamiento técnico sobre la homologación de la nomenclatura de predios a las Empresas de Servicios Públicos, empresas de correo, Superintendencia de Notariado y Registro y demás empresas que utilicen en su base de datos este elemento identificador.

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
3. Síntesis del proyecto
3.1. Objetivo del proyecto
El objetivo principal del proyecto consiste en ordenar a las empresas de servicios públicos en el Distrito Capital la adopción del estándar de nomenclatura vial y domiciliaria dictada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Estas empresas deben adoptar la base de datos oficial cuyo elemento principal es la numeración de cada uno de los predios y vías del Distrito Capital. Se suman a este objetivo los siguientes fines:


  • Otorgar a la UAECD la autoridad para ordenar el retiro de placas domiciliarias, una vez sea verificado su estado. Acto seguido a la autorización, el proyecto espera dar a los propietarios y poseedores de los predios la responsabilidad de retirar las antiguas placas domiciliarias y viales.




  • Contemplar un periodo de transición de un año, en el cual las empresas prestadoras de servicios públicos acogerán la base de datos oficial mencionada. La UAECD deberá realizar un acompañamiento técnico sobre la homologación de la nomenclatura.




  • Facultar la expedición de un “Manual Oficial de Nomenclatura” que actualice las definiciones técnicas de los componentes o conceptos que conforman el modelo actual de nomenclatura.


3.2. Justificación del proyecto
La justificación del proyecto de acuerdo está sustentada en dos problemas asociados con el manejo de la nomenclatura en la ciudad. En primer lugar, el proyecto señala que las empresas de servicios públicos utilizan una base de datos independiente para generar las facturas. Esta base de datos no coincide con la base de datos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, entidad encargada de coordinar la actualización y unificación de la nomenclatura vial y domiciliaria de la ciudad. En segundo lugar, el proyecto hace referencia a la coexistencia de multiplicidad de placas en las puertas de una misma vivienda, situación que dificulta la orientación de los ciudadanos y de los servicios que se prestan en la ciudad.
En términos administrativos, una nomenclatura correcta mejora la gestión urbana, puesto que constituye una herramienta para mejorar los servicios de emergencia, programar servicios técnicos, conocer con mayor profundidad el estado de los equipamientos del patrimonio público, y mejorar la planificación urbana y los censos tributarios. No obstante, dado que las ciudades de los países en desarrollo presentan actualmente un crecimiento urbano acelerado, y no necesariamente ordenado, su nomenclatura requiere de una actualización constante, capaz de registrar eficientemente los cambios urbanos.
Ahora bien, los autores identifican una falla en la reglamentación de la nomenclatura, que se hace explícita cuando las empresas de servicios públicos facturan con base en direcciones distintas a la oficial, obligando a los predios, en esos casos, a permanecer con distintas direcciones. En efecto, estas empresas cuentan con bases de datos diferentes y la administración no cuenta con herramientas normativas para exigir el uso de la nomenclatura oficial. Hoy en Bogotá cada empresa de servicios públicos tiene su propia base datos de nomenclatura y procede a facturar en forma autónoma e independiente, situación que desconoce la naturaleza jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital como ente rector de la nomenclatura oficial.
4. Resumen de las ponencias presentadas
4.1. Ponencia positiva con modificaciones del concejal Juan Carlos Flórez
A continuación se presentan las modificaciones sugeridas:

Articulado original

Articulado propuesto

ARTÍCULO 1º Adóptese el estándar de nomenclatura vial y domiciliaria definida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD como base de datos, con carácter obligatorio, por las empresas que presten servicios públicos en el Distrito Capital.

NUEVO ARTÍCULO 1º Las empresas que presten servicios públicos en el Distrito Capital deberán adoptar, con carácter obligatorio, la base de datos de nomenclatura contenida en la infraestructura de datos espacial del Distrito, definida por la Unidad Administrativa Espacial de Catastro Distrital (UAECD), como base de datos para generar la facturación.
PARÁGRAFO. La base de datos utilizada por dichas empresas, con carácter obligatorio, corresponderá a la nomenclatura vial y domiciliaria oficial cuyo elemento identificador será la numeración de cada uno de los predios y vías del Distrito Capital.

ARTÍCULO 2º. La base de datos utilizada por dichas empresas, con carácter obligatorio, corresponderá a la nomenclatura vial y domiciliaria oficial cuyo elemento identificador será la numeración de cada uno de los predios y vías del Distrito Capital.

Artículo 2º se modifica y pasa como parágrafo del artículo 1º.


ARTÍCULO 3º. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD, será la entidad responsable de autorizar el retiro de placas domiciliarias, una vez sea verificado su estado. Transcurrido un (1) año después de la variación de las placas instaladas por parte de la UAEDC y certificado su desmonte; los ciudadanos podrán retirar las placas canceladas oficialmente.

Se suprime.

ARTÍCULO 4º. El período de transición en el cual las empresas prestadoras de servicios públicos acogerán la base de datos oficial de la nomenclatura vial y domiciliaria será de un año (1) dentro del cual la UAECD, presentará y realizará el acompañamiento técnico sobre la homologación de la nomenclatura de predios a las Empresas de servicios públicos, empresas de correo, Superintendencia de Notariado y Registro, y demás empresas que utilicen en su base de datos este elemento identificador.

NUEVO ARTÍCULO 2º. El período de transición en el cual las empresas prestadoras de servicios públicos acogerán la base de datos oficial de la nomenclatura vial y domiciliaria será de un año (1) dentro del cual la UAECD, presentará y realizará el acompañamiento técnico sobre la homologación de la nomenclatura de predios a las Empresas de servicios públicos, empresas de correo, Superintendencia de Notariado y Registro, y demás empresas que utilicen en su base de datos este elemento identificador.

ARTÍCULO 5º. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD expedirá mediante acto administrativo el “Manual Oficial de Nomenclatura” en el cual se actualice las definiciones técnicas de los componentes o conceptos que conforma el modelo actual de nomenclatura vial y domiciliaria urbana y rural del Distrito Capital.

Se suprime.

ARTÍCULO 6º El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

NUEVO ARTÍCULO 3º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.



4.2. Ponencia positiva del concejal Javier Palacio
Dice el concejal ponente que es natural que la misma dinámica de crecimiento de la ciudad genere cierta desorganización en como la nomenclatura está dada, pero la disparidad en muchos sectores genera caos en algunos sectores de la ciudad. De aquí que es necesario que la organización catastral de Bogotá este ajustada a dicha dinámica. Dentro de este contexto es imaginable pensar en cómo los instrumentos de nomenclatura ayudan a los procesos de gestión urbana, información georeferenciada para los fines multipropósito interinstitucionales y las propias al servicio al ciudadano.
De cómo este organizada Bogotá depende como podamos generar desarrollo y son este tipo de asuntos los que facilitan cualquier tipo planeación real para la capital, tener claro que con una base catastral ajustada a lo que pasa en el Distrito facilita la adopción de muchas de las políticas públicas que existen o las que se puedan generar.
Cada actuación que genera el Concejo de Bogotá está encaminada a fortalecer los instrumentos de gestión de Bogotá por eso esta iniciativa cumple con los requisitos y los objetos misionales de este corporación
5. Análisis del concepto de la Administración
5.1. Secretaría de Gobierno
Ésta entidad indicó que teniendo en cuenta el articulado aprobado el pasado 26 de noviembre de 2013, es de su satisfacción, manifestó la entidad que con base en la nueva revisión de la iniciativa se determinó que SI era viable siempre y cuando se incluyeran las siguientes modificaciones:
1. En el Artículo 1° se incluya que se insta a la Administración Distrital para que “Adopte el estándar de nomenclatura vial y domiciliaria definida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD-, como base de datos por las empresas que presten servicios públicos en el Distrito Capital”.
2. En el Artículo 3° y 4° se solicita se deje la responsabilidad a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD-, en uso de sus facultades sin determinar las acciones a realizar para no invadir las competencias del orden administrativo del Alcalde Mayor.
5.2. Secretaría de Hacienda y Secretaría General y Planeación Distrital
La entidad indica que de acuerdo al texto aprobado el pasado 26 de noviembre de 2013, la iniciativa no genera impacto fiscal, por tanto, es viable.
6. Concepto Jurídico
El análisis jurídico presenta un seguimiento de las normas que regulan los temas de catastro y nomenclatura, y recoge los argumentos presentados por la administración al proyecto de acuerdo en vigencias anteriores. En particular, este análisis recae sobre dos temas específicos. El primero tiene que ver con la utilización de una base de datos unificada por parte de las empresas de servicios públicos. El segundo busca resolver el problema de la multiplicidad de placas en una misma vivienda.
6.1. Análisis del objetivo principal del proyecto: obligar a las empresas de servicios públicos a utilizar una base de datos unificada
La Secretaría de Gobierno, en los comentarios al proyecto de acuerdo, argumentó que el numeral 38 del artículo 3 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que es competencia del alcalde definir las funciones de las unidades administrativas del Distrito y el cumplimiento de las mismas.
Adicionalmente, mediante el acuerdo 004 de 2012, "Por el cual se determina el objetivo, la estructura organizacional y las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras disposiciones", queda contemplado dentro de las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital “establecer la nomenclatura vial y domiciliaria de la ciudad”.
Sin embargo, el proyecto de acuerdo que nos compete no pretende regular sobre las funciones de la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital, sino establecer una regla para que las empresas de servicios públicos tengan la obligación de acoger la base de datos de Catastro.
El Concejo de Bogotá de acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, tiene plena competencia para regular los servicios a cargo del distrito. Frente a dicha competencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera del Consejo de Estado, en el fallo identificado con el radicado No. 2651 del 9 de febrero de 1995, con ponencia del Consejero Miguel González Rodríguez, señaló que:
“...La consagración de prohibiciones para intervenir o tomar parte en asuntos que no corresponde resolver al Concejo que son de resorte de otras autoridades, amén de que garantiza la autonomía de las entidades para decidir sus propios asuntos, en nada afecta el ejercicio de la soberanía que emana del pueblo y que se traduce de los mecanismos de participación que la carta ha previsto tales como: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, porque no guarda relación alguna con el tema, como tampoco afecta la eficiente prestación de los servicios públicos ya que para dicha prestación el artículo 12 del Decreto 1421 de 1993 faculta al Concejo para dictar las normas necesarias y, en armonía con ello, corresponde al Alcalde Mayor asegurar el cumplimiento de las mismas...” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Así mismo, debe recordarse que por mandato Constitucional y Legal, los distritos y municipios tienen la obligación de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.
De esta manera, el artículo 365 Constitucional establece que: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.
Disposición constitucional que se complementa con el artículo 311 Superior, según el cual el municipio es la
“…entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.”
En desarrollo de lo anterior, la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, establece expresamente en su artículo 5º que es responsabilidad de los municipios, de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley y los reglamentos que expidan para el efecto los Concejos Municipales asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como contar con una nomenclatura precisa que permita individualizar los predios donde se prestaran dichos servicios:
Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
“5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.
(…)
5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos.
(…)
5.7. Las demás que les asigne la ley.” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Es decir, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, es responsabilidad de los municipios y distritos garantizar la prestación de los servicios públicos, entre ellos por supuesto el servicio de acueducto y alcantarillado, el servicio de energía eléctrica y gas, el servicio de aseo, entre otros; obligación que incluye el deber de contar con una nomenclatura unificada que permita a prestadores y usuarios identificar los predios, lo cual redunda en una mejor y más eficiente prestación de servicios.
En consecuencia, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y del artículo 5º de la Ley 142 de 1994, el Concejo de Bogotá tiene la competencia de reglamentar los servicios públicos y establecer reglas para su prestación, por lo cual puede expedir un Acuerdo que obligue a las Empresas de Servicios Públicos que operan en la ciudad a aplicar la nomenclatura oficial expedida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.
El Acuerdo que se propone no reglamenta ni tiene como objetivo principal reglamentar lo ya establecido en el Decreto 615 de 2011, por medio del cual "se establecen los criterios generales para la asignación de la nomenclatura en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones", ni desconoce lo establecido en el Acuerdo 1º de 1981 “por el cual se crea el Departamento Administrativo de Catastro, se fijan tarifas sobre Impuesto predial y se dictan otras disposiciones”, sino que busca complementar dichas normas.
Así, el artículo 79 del Acuerdo 1º de 1981 establece que:
La nomenclatura oficial vial y domiciliaria de la ciudad será asignada y fijada por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital. En consecuencia las empresas de servicios públicos no podrán por ningún motivo, asignar y fijar nomenclatura vial y domiciliaria aún provisional para el cobro de sus servicios.” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Mientras que el Decreto 615 de 2011, establece en su artículo 7º que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital será la única responsable de la asignación de la nomenclatura en la ciudad, en los siguientes términos:
Artículo 7°.- Responsable de la Nomenclatura. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a través de la Subdirección Técnica o quien haga sus veces, será la única entidad encargada de la asignación, unificación e instalación en procesos masivos de la nomenclatura urbana del Distrito Capital.
Como consecuencia de la citada función, tendrá a su cargo la gestión de la entrega de información sobre nomenclatura con las diferentes entidades públicas y privadas que lo requieran, especialmente con las empresas de servicios públicos y las oficinas de registro de instrumentos públicos.
Igualmente, tendrá bajo su responsabilidad el diseño de mecanismos de atención institucional, estrategias de comunicación y productos asociados a la nomenclatura, que faciliten la comunicación y atención oportuna y eficaz a la ciudadanía sobre el sistema de nomenclatura de la ciudad, sus modificaciones o actualizaciones.”
Por lo tanto, el objetivo que busca el proyecto de acuerdo complementa las mencionadas normas, pues obliga a las empresas de servicios públicos a utilizar la nomenclatura establecida por UAESCD y con ello le da una mayor fuerza a las funciones asignadas a dicha entidad.
Es decir, ante el vacío normativo que se genera por no existir una disposición que ordene explícitamente a las empresas de servicios públicos el uso de la base de datos de Catastro Distrital –i.e. de la información contenida en el mapa de referencia de IDEC@- como única fuente de información actualizada para generar la facturación correspondiente, el artículo primero del proyecto es pertinente como herramienta para obligar el uso de la nomenclatura consolidada por Catastro y con ello promover la unificación de la misma. Introducimos una modificación a este artículo para darle mayor claridad a la redacción del mismo.

En todo caso, es importante mencionar que a pesar de la designación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD con entidad encargada “de la asignación, unificación e instalación en procesos masivos de la nomenclatura urbana del Distrito Capital”, la Ley 136 de 1994 en el numeral 5º de su artículo 32, tal y como fue modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establece que es una atribución de los Concejos: “Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios”. En consecuencia, existe una facultad legal en cabeza de los Concejos Municipales y Distritales, entre ellos por supuesto el Concejo de Bogotá, de reglamentar aspectos relativos a la nomenclatura de la ciudad.


6.2. Análisis del segundo objetivo del proyecto de acuerdo: eliminar la multiplicidad de placas

Con respecto al segundo objetivo del proyecto de acuerdo, asociado con la multiplicidad de placas domiciliarias en un mismo predio, el Decreto 615 de 2011 establece, en su artículo 5º, que es deber de los ciudadanos retirar la nomenclatura no oficial, posterior a los seis meses en los cuales la placa es cruzada por una línea roja para indicar su cancelación. El artículo afirma:


Artículo 5°.- Instalación. La instalación de las placas viales y domiciliarias de nomenclatura en procesos masivos estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. No obstante, el propietario o poseedor podrá instalar placas oficiales en su predio.

A las placas no oficiales se les cruzará una línea roja para indicar su cancelación por el término de seis (6) meses, vencidos los cuales deberán ser retiradas por el propietario o poseedor del inmueble.”
A su vez, el artículo 7º del mismo decreto señala que Catastro es responsable de diseñar estrategias de comunicación orientadas a socializar la información sobre las modificaciones técnicas de la nomenclatura a los ciudadanos:
Igualmente, tendrá bajo su responsabilidad el diseño de mecanismos de atención institucional, estrategias de comunicación y productos asociados a la nomenclatura, que faciliten la comunicación y atención oportuna y eficaz a la ciudadanía sobre el sistema de nomenclatura de la ciudad, sus modificaciones o actualizaciones.”
A pesar de la existencia de esta norma, el problema de su incumplimiento persiste.
Queda claro que existe una norma que impone a los ciudadanos la obligación de retirar las placas una vez estas últimas cumplan su periodo de cancelación, que Catastro debe dar a conocer el sistema de nomenclatura y sus modificaciones por lo tanto, es un asunto que ya se encuentra debidamente reglamentado, y lo que se requiere es su debida aplicación, vale decir, que Catastro enfoque sus esfuerzos en adelantar mejores campañas de cultura ciudadana para dar a conocer las obligaciones de los ciudadanos con base en la normatividad relativa al uso de las placas domiciliarias y las ventajas que implica su buen uso. Por esta razón recomendamos eliminar el artículo 3 del articulado original.
6.3. Aportes de Catastro Distrital a proyectos anteriores
La Unidad Administrativa de Catastro Distrital se pronunció en ocasiones anteriores sobre la viabilidad de la iniciativa del concejal Fernando López frente al presente asunto de la nomenclatura en el Distrito. En ellos, el concepto de la entidad es positivo, reconoce la falta de herramientas normativas para exigir la actualización de las bases de datos que utilizan las empresas de servicios públicos y sugiere algunos ajustes. Éstos pueden ser resumidos así:


  • El Departamento Administrativo de Catastro Distrital, diciembre 7 de 2006 oficio No. 2006EE3760. La entidad dijo: “ha sido muy complicado que las Empresas de Servicios Públicos-ESP, adopten la nomenclatura oficial establecida por el DAC, porque no existe una norma que los obligue […] los resultados no se ven ya que han transcurrido varios años de materializada la nueva nomenclatura y aún no ha sido posible que ésta se refleje en la totalidad de las facturas de las (7) empresas de servicios públicos”.




  • El Departamento Administrativo de Catastro Distrital, diciembre 7 de 2006 oficio No. 2006EE3754, en respuesta a los ponentes designados para el estudio del Proyecto de Acuerdo 518/2006, informa que: “[…] para el Departamento Administrativo sería un apoyo importante y fundamental en el desarrollo del proyecto de Unificación de Nomenclatura, que adelanta esta Entidad desde el año 2001 por localidades, debido al impacto negativo que se ha surtido al respecto, toda vez que ha sido muy complicado que las Empresas de Servicios Públicos- ESP, adopten la nomenclatura oficial establecida por el DACD, porque no existe un norma que los obligue y en este momento estamos supeditados a la colaboración e importancia que las ESP den al tema”.




  • El Departamento Administrativo de Catastro Distrital, mayo 3 de 2007 oficio No. 2007EE1031, en respuesta al Proyecto de Acuerdo 271 de 2007, recomendó dos cambios en el articulado:




Articulado original

Articulado propuesto

TÍTULO: POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA NOMENCLATURA OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL COMO BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL.

TÍTULO: POR EL CUAL SE ADOPTA LA NOMENCLATURA OFICIAL ESTABLECIDA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL EN LA FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Artículo primero: Adoptase por parte de las Empresas de Servicios Públicos de Bogotá Distrito Capital, la Nomenclatura Oficial fijada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, en cada uno de los predios del Distrito Capital, con el propósito de unificar las bases de datos de las empresas prestadoras de servicios públicos

Artículo primero: Adóptese por parte de las Empresas de Servicios Públicos de Bogotá Distrito Capital para facturación de los servicios, la Nomenclatura Oficial fijada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD, en cada uno de los predios del Distrito.




  • Departamento Administrativo de Catastro Distrital, julio 21 de 2008. Radicado No. 2008-624-01-6332-2. En respuesta al Proyecto de Acuerdo 437 de 2008, afirma: “la aprobación de este proyecto de acuerdo beneficia directamente al ciudadano, quien verá reflejado en su factura la nomenclatura unificada en un menor tiempo, ya se reglamenta el componente de homologación que se ha venido estructurando en el proyecto de unificación de nomenclatura”.


7. Impacto fiscal
El autor del proyecto señala que la iniciativa no genera gastos adicionales que comprometan apropiaciones presupuestales para su implementación, diferentes a las ya estipuladas en el plan de desarrollo y, por lo tanto, no genera impacto fiscal. Además, la Secretaría de Hacienda no presenta objeciones de tipo fiscal al proyecto.
Es importante señalar que el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 sobre el impacto fiscal de las normas se refiere a leyes, ordenanzas o acuerdos, y en el último inciso señala que en las entidades territoriales el trámite será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda.
En este contexto, la Corte Constitucional se ha pronunciado señalando que la responsabilidad principal de emitir concepto favorable o negativo de un proyecto durante el trámite con relación al marco fiscal de mediano plazo, es del Ministerio de Hacienda (Secretaría de Hacienda). En la sentencia C-502-07 la Corte Constitucional señala lo siguiente:
en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda”.

Anexo 18: Héroes anónimos
Plenaria

Tema: Análisis proyecto de Acuerdo No. 029 de 2014.

Iniciativa de: Marco Fidel Suárez – Opción Ciudadana

Fecha: 4 de junio de 2014.
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES OCULTOS DEL DISTRITO CAPITAL”


  1. Resumen concreto







Nombre

Concepto

Ponente 1

William Cesar Moreno

Ratifican Ponencia positiva unificada

Ponente 2

Dora Lucia Bastidas

Administración

Secretaría de Gobierno

Ratifica la no viabilidad del proyecto

Viabilidad jurídica

Valentina Coral

Competencia

Si

Legalidad

Si

Concepto general

Jorge Eduardo Torres Camargo

No es viable

Voto en Comisión

Juan Carlos Flórez

Negativo

Voto en Plenaria

Juan Carlos Flórez

Negativo

Decisión de la plenaria

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para sanción

El proyecto de acuerdo busca exaltar la valentía de las personas que se destacan en actos heroicos a favor de los demás y crear el día del héroe oculto para estimular las buenas prácticas de solidaridad y socorro mutuo. Los ponentes sugieren algunos ajustes al articulado que, de acuerdo con el análisis jurídico, se considera contribuyen a la consistencia y solides de la iniciativa.


La administración considera que el proyecto de acuerdo no es viable por ser una norma innecesaria, ya que existe el decreto 693 de 1971 “Orden civil al mérito ciudad de Bogotá”; nuestro análisis jurídico concluye que si bien puede haber similitudes entre la distinción ya existente y la que se busca establecer mediante el proyecto de acuerdo, no se trata de la misma figura por lo tanto se reconoce su competencia y legalidad. No obstante, se considera que no resulta conveniente proferir este tipo de proyectos de acuerdo toda vez que en este momento no responde a las necesidades más apremiantes que enfrenta hoy la ciudad.


  1. Articulado aprobado en primer debate

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES ANÓNIMOS DEL DISTRITO CAPITAL”
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, establecidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional y en especial las conferidas por los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993
A C U E R D A,
ARTÍCULO 1. Establecimiento del reconocimiento.-. Se establece un reconocimiento, consistente en una condecoración anual, mediante la cual se enaltezca la valentía de las personas que se han destacado en actos heroicos a favor de los demás y en los que aquellas hayan expuesto su vida, su integridad física o sus bienes en protección de otro u otros.
ARTÍCULO 2. Estrategia.-. La Administración Distrital promoverá que las entidades públicas y privadas, distritales y locales, lleven un registro de los actos heroicos de que trata el artículo anterior.
PARAGRAFO: Las Alcaldías Locales recogerán los registros de que trata el presente artículo a efectos de remitirlos al Concejo de Bogotá para los fines del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3. Día del Héroe Anónimo en el Distrito Capital. Declárese el primer viernes del mes de agosto, como Día del Héroe Anónimo en el Distrito Capital.

PARÁGRAFO. El día del héroe anónimo el Concejo de Bogotá incorporará en la agenda correspondiente la temática del reconocimiento como un punto en el orden del día, en dicha oportunidad se permitirá que las personas condecoradas, expongan de manera breve la motivación que los indujo a arriesgar su vida, sus bienes o su integridad por los demás.
ARTICULO 4. Criterios para el otorgamiento del reconocimiento a servidores públicos: Cuando los actos heroicos a que se refiere el artículo primero sean realizados por servidores públicos en estricto cumplimiento de sus funciones, el reconocimiento solo se otorgará si la acción de que se trata puede ser calificada de extraordinaria.
Artículo 5. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de publicación.


  1. Síntesis del proyecto




      1. Objetivo del proyecto.

Según los planteamientos formulados por el autor, el objeto del proyecto de acuerdo es establecer un reconocimiento, consistente en un pergamino, mediante el cual se exalte la valentía de las personas que se destacan en actos valerosos a favor de los demás; y crear el día del héroe oculto en el Distrito Capital para estimular las buenas prácticas de solidaridad y socorro mutuo.




      1. Justificación del proyecto.

El autor plantea que “existen muchas personas buenas que hacen de esta ciudad un sitio amable, que cada día despliegan labores a favor de personas que necesitan ayuda. Dentro de estas personas están ciudadanos comunes y corrientes que no ahorran ni dudan al momento de invertir un esfuerzo a favor de alguna persona que lo requiere. También hacen parte de estos héroes, el personal de las autoridades de policía, el personal de la defensa civil, de los bomberos, y aquellos que hacen parte de el (sic) las brigadas de emergencias de las principales empresas y organizaciones de la ciudad. Estas personas a menudo afrontan situaciones de apremio y llenándose de valentía evitan la ocurrencia de hechos dañinos99.


Adicionalmente el autor sugiere reconocer a las personas que se desplazan diariamente a las zonas más deprimidas económicamente de la ciudad, para realizar labores de ayuda comunitaria.
En aras de estimular e incrementar las buenas prácticas de solidaridad y socorro mutuo y poner en conocimiento público los actos heroicos que suceden diariamente en la ciudad, el autor plantea la necesidad de crear un reconocimiento especial para dichas personas e institucionalizar un día en el que se destaquen los actos de los héroes ocultos.


      1. Proyectos de acuerdo anteriores

El proyecto de acuerdo fue radicado 4 veces en 2013 por el Concejal Marco Fidel Suárez; sin embargo, nunca ha sido discutido en la comisión de gobierno.




Proyecto de acuerdo

Ponentes

Sentido de la ponencia

Proyecto Nº 123 de 2013

Andrés Camacho

Positiva

Jorge Durán

Positiva

Proyecto N° 158 de 2013

Roger Carrillo

Negativa

Jorge Durán Silva

Positiva

Proyecto Nº 167 de 2013

Roger Carrillo

Negativa

Jorge Durán

Positiva

Proyecto Nº 247 de 2013

Jorge Durán

Positiva

Fernando López

Positiva




  1. Análisis de las ponencias

Los ponentes reconocen la importancia del proyecto de acuerdo, por lo cual le dan ponencia positiva. Argumentan que en materia de competencia esta norma es de iniciativa del Concejo, que está razonablemente justificado y motivado, y que el articulado propuesto, concreta en general los objetivos generales.


Sin embargo, presentan algunas observaciones y modificaciones, que se recomienda considerar por la solides de la iniciativa. Primero, plantean excluir las acciones de solidaridad que sugiere el autor, tales como labores de ayuda comunitaria en zonas deprimidas, y concentrarse sólo en los actos heroicos. Sugieren establecer parámetros o criterios mínimos que determine cuándo una actuación es considerada como heroica, extraordinaria y/o desproporcionada a su condición como persona humana, a saber:


  1. Otorgar el reconocimiento a civiles, cuando realice actos heroicos que expongan su vida por la protección o bienestar del otro.

  2. Otorgar el reconocimiento a funcionarios de los diferentes organismos como policías, bomberos, defensa civil sólo cuando en el ejercicio de sus funciones el acto realizado no se encuentre dentro de su perímetro de acción y/o que la acción realizada está catalogada como extraordinaria y/o desproporcionada a la situación que este expuesto; por ejemplo, un policía salvando vidas en un incendio.

  3. Otorgar el reconocimiento a personas que se destaquen por el uso y fundamento de sus valores y principios como la honestidad, solidaridad y sentido de pertenencia por la ciudad de Bogotá




  1. Análisis de los comentarios de la administración

La Secretaría de Gobierno no le da viabilidad al proyecto de acuerdo, toda vez que existe y está vigente el decreto 693 de 1971, por lo cual considera innecesaria una nueva norma sobre la materia. Literalmente la administración plantea los siguientes argumentos:



Frente a las observaciones planteadas por la administración, en el siguiente aparte se presenta el análisis jurídico, el cual rebate los argumentos que sustenta la Secretaría de Gobierno para conceptuar negativamente este proyecto de acuerdo.
Para segundo debate la Secretaría de Gobierno reitera su concepto de no viabilidad.


  1. Análisis jurídico

El proyecto de acuerdo busca crear un reconocimiento a las personas que exponiendo su vida o integridad física han realizado actos heroicos en favor de terceros de manera espontánea, lo que el proyecto originalmente se denominó “héroes ocultos” y tras su aprobación en primer debate se denomina “héroes anónimos”. Este tipo de disposiciones se conocen como normas de honores, las cuales han sido definas por la Corte Constitucional como: “cuerpos normativos en cuyas “disposiciones, se exaltan valores humanos que por su ascendencia ante la comunidad, han sido considerados como ejemplo vivo de grandeza, nobleza, hidalguía y buen vivir, y por ello se les pone como ejemplo ante la posteridad100.


Este proyecto de acuerdo se enmarca dentro de la cláusula general de competencia del Concejo de Bogotá establecido tanto en el numeral 1º del artículo 313 de la Constitución Política como en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que establecen que corresponde al Concejo en general: “Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio101, y al concejo distrital en particular: “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito102.
En consecuencia, el proyecto es legal y es competencia del Concejo de Bogotá.
Es importante señalar que el concepto de no viabilidad dado por la administración en primer debate no se basa en la falta de competencia del Concejo o en la ilegalidad del proyecto de acuerdo; sino en la inconveniencia del mismo, por cuanto, en su concepto, el Decreto 693 de 1971 “Por medio del cual se crea la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá” consagra un reconocimiento, aún vigente, con el mismo propósito que el buscado por el proyecto de acuerdo.
Al respecto, el concepto de la Secretaría de Gobierno es bastante diciente: “…se observa que la creación de un acuerdo que busque otorgar UN RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES ANÓNIMOS (OCULTOS) DEL DISTRITO CAPITAL, no es necesaria…” (Negrillas y mayúsculas originales del texto).
Sin embargo, si se compara el reconocimiento que se busca otorgar mediante el proyecto de acuerdo 029 de 2014, tal y como fue aprobado en primer debate, con el reconocimiento consagrado en el Decreto 693 de 1971, se encuentra que no tiene el mismo objeto ni los mismos destinatarios, veamos:


Factor de comparación

Decreto 693 de 1971 - orden civil al mérito ciudad de Bogotá103

Proyecto de Acuerdo 029 de 2014 - reconocimiento a héroes anónimos (texto aprobado en primer debate)

Objeto

“Artículo 2º.- Tal orden se concederá a Colombianos y Extranjeros que hubieren prestado señalados servicios a la ciudad o que, a juicio del Gobierno Distrital los haga merecedores a esta alta distinción.”

“ARTÍCULO 1. Establecimiento del reconocimiento.-. Se establece un reconocimiento, consistente en una condecoración anual, mediante la cual se enaltezca la valentía de las personas que se han destacado en actos heroicos a favor de los demás y en los que aquellas hayan expuesto su vida, su integridad física o sus bienes en protección de otro u otros.”

Grados/

Categorías

“Artículo 17º.- La Orden Civil al Mérito "Ciudad de Bogotá", consta de cinco grados así:

La Gran Cruz Extraordinaria.

La Gran Cruz.

Gran Oficial.

Conmendador (sic) y

Caballero”



El proyecto de acuerdo no consagra categorías.

Destinatarios

Artículos 18 a 22.
Gran Cruz Extraordinaria: Jefes de Estado, exjefes de Estado, exalcaldes de Bogotá, alcaldes y exalcades de ciudades extranjeras, cardenales colombianos.


Gran Cruz: Ministros, Gobernadores, Cardenales, Embajadores, Altos Oficiales de las Fuerzas Armadas.


Gran Oficial: Personas y entidades nacionales o extranjeras que se hayan distinguido extraordinariamente por sus servicios a la república o a la ciudad.

Comendador: Funcionarios del Distrito, del Gobierno Nacional o de Gobiernos Nacionales.


Cruz de Caballero: Funcionarios del Distrito, del Gobierno Nacional o de Gobiernos Nacionales.

Personas que realicen actos heroicos a favor de los demás (artículo 1º).

Del anterior cuadro comparativo se desprende claramente que, si bien puede haber similitudes entre la distinción ya existente y la que se busca establecer mediante el proyecto de acuerdo, no se trata de la misma figura. Mientras que la establecida en el Decreto 693 de 1971 busca reconocer a las personas que han prestado sus servicios a la ciudad, la distinción que se busca establecer mediante el proyecto de acuerdo busca reconocer a aquellas personas que han realizado actos valerosos o heroicos a favor de otras personas. La orden al mérito establece categorías o grados en los cuales se puede otorgar, dependiendo de las calidades del destinatario; en cambio el reconocimiento a héroes anónimos busca reconocer, sin distinción con base en sus calidades, a aquellas personas que realicen actos valerosos a favor de los demás, sin importar si son alcalde, funcionarios públicos o particulares.


5.1. Observaciones al articulado aprobado en primer debate

El articulado aprobado en primer debate introdujo principalmente modificaciones de forma al proyecto, pero se destacan dos modificaciones de fondo que buscan asegurar su adecuada aplicación:




  1. En primer lugar, el texto aprobado en primer debate señala que la administración distrital deberá promover que las entidades públicas y privadas lleven un registro de los actos heroicos, y que las alcaldías locales serán las encargadas de compilar esos registro con el fin de remitirlos al Concejo Distrital para que el Concejo pueda otorgar el reconocimiento anual a los héroes anónimos. Si bien esto resulta adecuado, no es suficiente para garantizar el cumplimiento del acuerdo propuesto.

  2. El artículo 4° se denomina “Criterios para el otorgamiento del reconocimiento a servidores públicos”, pero en realidad lo único que establece es que si el acto heroico es realizado por un funcionario público en cumplimiento de sus funciones, el reconocimiento sólo se podrá otorgar si la acción se puede considerar como extraordinaria.

El proyecto de acuerdo no es claro frente a la manera en que se debe otorgar el reconocimiento o los criterios para otorgarlo.




  1. Resumen del marco fiscal

Según el autor, el proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, comoquiera que de acuerdo con la Ley 819 de 2003, no se compromete al Distrito en asignar apropiaciones presupuestales, sino que obedece al ejercicio propio de las funciones de las entidades públicas y privadas comprometidas.




  1. Cuadro comparativo de las modificaciones al articulado




ARTICULADO INICIAL


ARTICULADO MODIFICATORIO
(Las modificaciones se incluyen subrayadas y resaltadas en el texto, en el cuadro inferior a cada modificación se explican brevemente las razones de esta)



PROYECTO DE ACUERDO N° 29 DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES OCULTOS DEL DISTRITO CAPITAL”.



PROYECTO DE ACUERDO N° 29 DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES OCULTOS DEL DISTRITO CAPITAL”.



Quedará igual.



EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, establecidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional y en especial las conferidas por los numerales 1 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993
A C U E R D A


EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, establecidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional y en especial las conferidas por los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993
A C U E R D A


Modificado: Se elimina numeral 10 del artículo 12 del decreto Ley 1421 de 1993 ya que estipula “Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas”. Lo cual no concuerda con el objeto del proyecto. Por otra parte se adiciona el numeral 25 del Artículo 12 del correspondiente Decreto ley.

ARTÍCULO 1. Establecimiento del reconocimiento. Se establece un reconocimiento, consistente en un pergamino, mediante el cual se reconoce la valentía de las personas que se han destacado en el año anterior al mismo, en actos valerosos a favor de los demás, en los que se exponga la vida, la integridad física y los bienes de una persona a favor de otro u otros.

ARTÍCULO 1. Establecimiento del reconocimiento.-. Se establece un reconocimiento, consistente en un pergamino, mediante el cual se destacan los actos heroicos y proezas que las personas han realizado, de manera espontánea, exponiendo su vida, la integridad física y en la exaltación de los principios y valores a favor de otro u otros.

Modificado Ya que dentro de las categorías estipuladas para el reconocimiento que hace referencia a la exaltación de principios y valores de los que hoy la ciudadanía carece a favor de los demás. Así mismo la exposición de bienes hace referencia a actos de voluntariado y/o acciones solidarias.

ARTÍCULO 2. Estrategia. -. Las entidades públicas, incluyendo las juntas de acciones comunales, las Juntas administradoras locales, las alcaldías menores, las estaciones de policías, los comandos o centros de atención Inmediata (CAI), y demás entidades públicas o privadas que sean solidarias con el bien común, podrán llevar un registro de eventos heroicos que se realicen de manera espontánea de acuerdo a las circunstancias determinadas por el acaso, en los que se destaque la labor de un o unos ciudadanos, a favor de la vida, la integridad o los bienes de otro u otros, que se encuentren en situación de calamidad. .

PARÁGRAFO: Los hechos que se registren a nivel zonal serán reportados a las alcaldías locales, las cuales a su vez reportarán al Concejo de Bogotá, los hechos de mayor trascendencia, a fin de disponer de la entrega del reconocimiento a la persona o personas que se destaquen con las actividades que se mencionan en el presente proyecto.

ARTÍCULO 2. Estrategia. -. Las entidades públicas, especialmente las juntas de Acción Comunal, las Juntas Administradoras Locales, las Alcaldías Locales, las Estaciones de Policía, los Comandos de Atención Inmediata (CAI), Medios de Comunicación y otras organizaciones que sean solidarias con el bien común, podrán llevar un registro de eventos heroicos que se realicen de acuerdo con las circunstancias específicas.
PARÁGRAFO: Los hechos que se registren a nivel local serán reportados a las Alcaldías Locales, las cuales a su vez reportarán al Concejo de Bogotá en cada trimestre, a fin de disponer de la entrega del reconocimiento a la persona o personas que se destaquen con las actividades que se mencionan en el presente proyecto.

Modificado Se hace más breve el texto y se eliminan palabras repetidas con el Artículo anterior.

ARTÍCULO 3. Día del héroe Oculto en el Distrito Capital. Declárese el último día hábil de la primera semana del mes de agosto, como Día del héroe Oculto en el Distrito Capital.

A través de los medios de comunicación y tecnologías de la información de los que disponga, estimulará las buenas prácticas de solidaridad y socorro mutuo en todos los aspectos de la vida.

PARÁGRAFO. El Concejo de Bogotá, D.C., para el día del héroe Oculto en el Distrito Capital, sesionará conforme al procedimiento vigente para la Corporación, incorporando en la agenda correspondiente la temática del reconocimiento como un punto en el orden del día.

ARTÍCULO 3. Día del Héroe Oculto en el Distrito Capital. Declárese el último día hábil de la primera semana del mes de agosto, como Día del Héroe Oculto en el Distrito Capital.

PARÁGRAFO. El Concejo de Bogotá, D.C., para el Día del Héroe Oculto en el Distrito Capital, sesionará conforme al procedimiento vigente para la Corporación, incorporando en la agenda correspondiente la temática del reconocimiento como un punto en el orden del día.

Modificado. En el Artículo Se elimina la estimulación de las buenas practicas a través de medios de comunicación ya que no se puede influir sobre los medios la transmisión de dichos eventos.


Artículo 4. Criterios para la obtención del reconocimiento: para la postulación de candidato se deberá cumplir con los siguientes criterios.
1. Para otorgar el reconocimiento a Civiles, cuando realice actos heroicos que expongan su vida por la protección o bienestar del otro.
2. Para otorgar el reconocimiento a funcionarios de los diferentes organismos como Policías bachilleres, Bomberos, Defensa civil, voluntarios de cruz roja, solo cuando en el ejercicio de sus funciones, el acto realizado no se encuentre dentro de su perímetro de acción y que la acción realizada esta catalogada como extraordinaria y/o desproporcionada a la situación que este expuesto.
3. Otorgar el reconocimiento a personas que se destaquen por el uso y fundamento de sus principios y valores como la honestidad, solidaridad y sentido de pertenencia por la ciudad de Bogotá.

MODIFICACIONES: Se añade el Artículo 4 Criterios para la obtención del reconocimiento. Toda vez que se hace necesario contar con criterios de selección con el propósito de enfatizar los actos heroicos, entendiéndose como aquella acción realizada catalogada como extraordinaria y/o desproporcionada a la situación que este expuesto.

ARTÍCULO 4. Presentación de buenas prácticas de solidaridad y socorro. En la sesión de que trata el artículo tercero del presente acuerdo, se permitirá que personas las naturales, designadas con el reconocimiento, expongan de manera breve la motivación que los indujo a arriesgar su vida o bienes por los demás, y un mensaje de motivación hacia esa disposición del ser humano.

ARTÍCULO 5. Presentación de buenas prácticas de solidaridad y socorro. En la sesión de que trata el artículo tercero del presente acuerdo, se permitirá que personas naturales, designadas con el reconocimiento, expongan de manera breve la motivación que los indujo a arriesgar su vida o bienes por los demás.

Modificado. Se elimina el envío del mensaje de motivación.

Artículo 5. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



Artículo 6. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá a los ___ días del mes de _____________de dos mil catorce (2014).

Modificado. Se establece la fecha de presentación de publicación.

Anexo 19: Información discapacidad


Plenaria.

Tema: proyecto de acuerdo 036 de 2013, acerca de las directrices para adecuar la información pública para personas con discapacidad auditiva y visual.

Iniciativa de: bancada Partido de la U.

Fecha: 4 de junio 2014.

POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DIRECTRICES PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE TRAMITES Y SERVICIOSEN LAS PAGINAS WEB DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL




  1. Resumen concreto




Nombre

Concepto

Ponente 1

Marco Fidel Ramírez Antonio

Ratifica ponencia positiva.

Ponente 2

Yezid García Abello

Ratifica ponencia positiva.

Administración

  • Secretaría General.

  • Direcciones distritales de Desarrollo Institucional y Servicio Ciudadano.

  • Alta Consejería de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Reitera concepto de viabilidad.


Viabilidad jurídica

Valentina Coral

Competencia

Sí.

Legalidad

Sí.

Concepto general

Cristian Calderón

Sí es viable.

Voto en Comisión

Juan Carlos Flórez

Positivo. Aprobado en la comisión de gobierno el 11 de marzo de 2014.

Voto en Plenaria

Juan Carlos Flórez

Positivo

Decisión Plenaria

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para sanción

El proyecto es viable en tanto que fomenta la inclusión de personas en condición de discapacidad al ejercicio de la democracia. El acceso a la información y la participación en la toma de decisiones democráticas puede aumentar en la medida que aquellos en dicha condición reciben una oferta más amplia para hacer uso de las fuentes de información oficial. Efectivamente, el proyecto modificó su articulado de tal manera que su aplicación no se vea limitada a las personas en condición de discapacidad auditiva y visual; y amplió su espectro a todas las personas con y/o en situación de discapacidad. Este cambio no tiene implicaciones jurídicas.


En Bogotá, la población total en condición de discapacidad es de 192.315 personas, según el registro de localización y caracterización de la Secretaría de Salud en el año 2012. Las localidades con mayor población en esta situación son Kennedy, Rafael Uribe, Bosa y San Cristóbal, y se distribuye particularmente en los estratos socio-económicos 1, 2, y 3.
Adicionalmente, el nuevo articulado deja de lado la idea de establecer un contenido específico del software lector de pantalla para la implementación de estas herramientas web amigables con las personas en condiciones de discapacidad. A cambio, el acuerdo establece un plan de implementación, adopción y capacitación de los servidores públicos sobre la información y soporte de las páginas web con dichas especificaciones. Además, encarga directamente a la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC- de la Secretaría General tanto para reglamentar el acuerdo y asesorar técnicamente a las entidades; como para realizar un diagnóstico del estado actual de las páginas web de las entidades.


  1. Articulado aprobado en primer debate

TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 036 DE 2014, APROBADO EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2014


POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE TRAMITES Y SERVICIOS EN LAS PAGINAS WEB DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON Y/O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD”
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 1o. del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,
A C U E R D A:
ARTICULO 1º. OBJETO. El presente Acuerdo establece parámetros para avanzar en la garantía del acceso y accesibilidad universal de personas con y/o en situación de discapacidad a la información pública consignada en los medios de información virtual del Distrito Capital (páginas web institucionales) con el fin de generar mayor participación de esta población en los temas públicos, y de su propio interés.
ARTÍCULO 2º. Adóptese como directriz de todas las Entidades Públicas del Distrito Capital de los sectores centralizado y descentralizado, incluyendo a las Bibliotecas Públicas de Bogotá, la implementación, promoción y masificación de mecanismos y herramientas para garantizar el acceso a la información y la participación interactiva de las personas con y/o en situación de discapacidad en sus diferentes grados, por medio del uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que sean adecuadas a sus necesidades especiales.
ARTÍCULO 3º. Impleméntense en las páginas web, y terminales de auto consulta de las Entidades Públicas del Distrito Capital formatos, modos, medios y mecanismos de accesibilidad a la información que faciliten una mayor inclusión de personas con y/o en situación de discapacidad.
PARAGRAFO. Las páginas web deberán incluir instructivos sobre los formatos, modos, medios y mecanismos de accesibilidad para personas con y/o en situación de discapacidad que les permitan aprender a navegar con plena autonomía en ellas.
ARTICULO 4°. Las Entidades Públicas del Distrito Capital serán las encargadas de ejecutar las acciones encaminadas al ajuste progresivo y adecuación tecnológica de las páginas web para garantizar el acceso universal de las personas con y/o en situación de discapacidad.
ARTÍCULO 5º. PRINCIPIOS. El presente Acuerdo se rige por los principios de autonomía, no discriminación, protección, gratuidad, calidad de la información, disponibilidad, accesibilidad, oportunidad, pertinencia, comprensibilidad, claridad en el lenguaje, facilidad de ubicar la información, fácil navegación, competitividad y participación, previstos en los Tratados Internacionales, la Constitución Política de Colombia, las leyes y otras disposiciones que rigen la materia.
ARTÍCULO 6º. Dispóngase la implementación de dispositivos, herramientas y software para uso de las personas con y/o en situación de discapacidad, en los Centros de Atención Distrital Especializados (CADE) y SUPERCADES, Canales de Atención presencial del Sistema Distrital de Servicios al Ciudadano de la Secretaria General y en los puntos de la Terminal de Transporte de Bogotá.
ARTÍCULO 7º. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, ADOPCIÓN Y CAPACITACIÓN. La Administración Distrital elaborara el plan de implementación, adopción y capacitación para los servidores públicos del distrito encargados de la administración de la información y soporte de las páginas web de sus entidades para que garanticen la permanencia de las condiciones de accesibilidad de estas.
ARTÍCULO 8º. La Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC– de la Secretaria General, elaborara un diagnóstico sobre el estado actual de la accesibilidad de las páginas web de las distintas Entidades del Distrito Capital conforme a lo estipulado en la ley y a las normas técnicas NTC5854 y W3C sobre accesibilidad.
ARTÍCULO 9º. La Oficina de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC-- de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, reglamentará el presente Acuerdo con el propósito de establecer los lineamientos técnicos para la adecuación de las páginas web; dar las recomendaciones técnicas y tecnológicas a las entidades distritales para su implementación; y efectuar el seguimiento y control periódicos.
ARTÍCULO 10º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.”


  1. Objetivo del proyecto de acuerdo

El proyecto tiene como objetivo la transformación y adecuación de la información generada por las entidades distritales hacia el acceso universal de personas con limitaciones visuales o auditivas a ésta. Este tipo de inclusión permitiría que las personas en tales condiciones de discapacidad no sólo accedan de manera igualitaria a la información, en comparación con el resto de la población, sino que fomentaría su participación democrática en las decisiones que les afectan.


  1. Justificación del proyecto

Las personas con discapacidad visual y auditiva son quienes deben superar las mayores barreras en la recepción de información en los medios virtuales/digitales debido a que estos últimos están compuestos en su gran mayoría por imágenes, gráficos, animaciones, entre otros. Del mismo modo, las páginas web tienen alto contenido multimedia104 lo que impide a las personas con discapacidad auditiva acceder a dicha información y necesitan herramientas, aplicaciones y/o mecanismos que les permitan superar la exclusión.
Hoy en día, el internet es una herramienta fundamental para consultar diferentes tipos de información requeridos para el diario vivir (viajes, compras, horarios entre otras). Así mismo, muchas personas ingresan a las páginas web de las entidades distritales bien sea para consultar, solicitar ayuda o darle curso a trámites por este medio buscando eliminar desplazamientos innecesarios o esperas interminables.
Uno de los fundamentos técnicos de la Iniciativa puesta a consideración es la existencia de Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) desarrolladas por The World Wide Web Consortium (W3C), una comunidad internacional que desarrolla normas abiertas para asegurar el crecimiento a largo plazo de la red, implementando pautas y estándares de accesibilidad. Dichos lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos de accesibilidad que se deben implementar en las páginas web en los niveles de conformidad A, AA y AAA105 y conceptúa para Colombia los siguientes principios: perceptible, operable, comprensible y robusto.
Según el censo general realizado por el DANE en el año 2005, en Colombia habitan 1.143.992 personas que poseen limitaciones para ver y 454.822 personas con limitaciones para oír.
TABLA No 1. LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA106

En Bogotá, a su vez, la población total con discapacidad es de 192.315 personas, según el registro de localización y caracterización de la Secretaría Distrital de Salud en el año 2012. Las localidades más representativas son las de Kennedy, Rafael Uribe, Bosa y San Cristóbal. Además, la población con discapacidad se distribuye particularmente en los estratos socio-económicos 1, 2, y 3.



Fuente: Tomado de Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 2005-2010; Ministerio de Salud Y Protección Social, Secretaría Distrital de Salud. Aplicativo del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, Secretaría Distrital de Salud (información preliminar 2011-2012). **Ultima fecha de actualización julio de 2013.


Fuente: Tomado de Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 2005-2010; Ministerio de Salud Y Protección Social, Secretaría Distrital de Salud. Aplicativo del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, Secretaría Distrital de Salud (información preliminar 2011-2012). **Ultima fecha de actualización julio de 2013.


  1. Proyectos de acuerdo anteriores




No. Proyecto

Ponentes

Sentido de la Ponencia

163 de 2013

María Clara Name Ramírez

Positiva

Edward Arias Rubio

Positiva

242 de 2013

Carlos Roberto Sáenz Vargas

Positiva con modificaciones

Roger Carrillo Campo

Positiva




  1. Análisis de las ponencias




    1. Ponencia positiva de Marco Fidel Ramírez Antonio

Da ponencia positiva al proyecto de acuerdo. Señala que implementar la iniciativa hace parte de la responsabilidad social del Estado, y que las entidades del distrito pueden ejecutarla de manera progresiva gracias a la disponibilidad de “software libre” y de programas gratuitos o de bajo costo, de manera tal que las personas en situación de discapacidad tenga acceso real y efectivo a la información y trámites que se encuentra en sus páginas web. Indica que se trata de una propuesta de inclusión social en la que el gobierno nacional ya ha adelantado acciones concretas y cita las diferentes pautas y normas técnicas existentes y aplicables en Colombia que tiene como objetivo que las personas en condición de discapacidad, entre ellas la visual y/o auditiva, tengan acceso a contenidos virtuales. Sostiene que el marco constitucional y legal que soporta la iniciativa es amplio y suficiente, citando las normas contenidas en la exposición de motivos.




    1. Ponencia positiva de Yezid García Abello

Da ponencia positiva al proyecto, pero condicionada al concepto favorable de la Administración. Señala que el Concejo es competente para expedir el proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993. Así mismo, indica que proyecto se ajusta al plan de desarrollo distrital, específicamente el eje 1: “Una ciudad que disminuye la segregación y la discriminación”.


Referencia la “Política Nacional para promover la inclusión y el desarrollo de la población con discapacidad a través del acceso, uso, apropiación y aprovechamiento de las TIC” expedida por el Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación en septiembre de 2012, la cual establece que las entidades estatales deben garantizar a los usuarios en situación de discapacidad acceso a sus servicios, entre ellos las páginas web, en condiciones de calidad que les permita interactuar con los contenidos ofrecidos y garantice su inclusión e integración. Explica que esta política, además de la estrategia de “Gobierno en Línea”, contiene la estrategia “Vive digital, Puntos vive”, la cual busca que se implementen acciones para garantizar el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad e inclusión de las personas en situación de discapacidad. Además, cita el proyecto “Conectando Sentidos”, que busca fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad sensorial y múltiple, mediante la utilización de tecnologías como: Línea Braille, amplificadores de voz, impresoras Braille y software lector de pantalla. Estas estrategias y proyectos contemplan la celebración de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para su adecuado desarrollo.
Señala que para la implementación del proyecto de acuerdo se requiere no solo de la adquisición de software especializado, sino herramientas complementarias, como la adaptación de espacios públicos para el acceso a internet con los siguientes recursos:


  • En casos de deficiencia auditiva:

    • Servicio de interpretación para transferencia de información a Audioimpedidos.

    • Software para el aprendizaje de la Lengua de Señas.

    • Audífonos programables.

    • Señalización visual, (luz en lugar de un timbre por ejemplo).




  • En casos de deficiencia visual:

    • Lectores parlantes

    • Líneas Braille

    • Computador con lector de pantalla y sintetizador de voz (Para la persona sin

    • visión)

    • Computador con magnificador de Imagen (para la persona con visión parcial)




  1. Análisis de los comentarios de la administración

Para el presente proyecto de acuerdo, la administración presentó, desde la Secretaría General, concepto de viabilidad condicionado a la inclusión de sus observaciones. Así mismo lo hizo para el proyecto No. 163 de 2013, antecedente del proyecto actual:


RAZONES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE ACUERDO 163 DE 2013

  • Es viable desde el punto de vista jurídico teniendo en cuenta que está encaminado a facilitar que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan acceder al uso de la tecnología y acceder a la información pública.

  • Favorece la inclusión social.

  • Elimina barreras de acceso que limitan el ejercicio de sus derechos

  • Elimina la segregación y la discriminación (se ajusta al Eje Uno del Plan de Desarrollo de la ciudad)

  • El Concejo es competente para presentar la iniciativa.

  • Existe viabilidad técnica107

Así pues, la iniciativa era considerada viable siempre y cuando se incluyeran las modificaciones que giran en torno a los siguientes puntos:




  • Vinculación de normatividad a la exposición de motivos y actualización de datos referentes a la población en condición de discapacidad visual y auditiva.

  • Vinculación de la Comisión Distrital de Sistemas.

  • Definición de competencias precisas en lo que respecta a la formulación de lineamientos de adecuación de las páginas web para una entidad o instancia.

  • Definición de quién será el encargado de la implementación de la adecuación a las páginas web.

  • Establecer qué instancias, sectores o entidades deben dar los parámetros en el artículo 1º y cuál es su tipología.

  • Incluir la masificación de las tecnologías descritas, con el fin de ampliar y garantizar la cobertura.

  • Incluir las definiciones de sistemas de información, aplicativos o terminales de autoconsulta, pues sólo se mencionan las páginas web.

  • No es necesario un señalamiento taxativo del software, debido a la evolución constante de la tecnología.

  • Reemplazar la definición “Centros de Atención Distrital Especializada –CADE” por “Canales de atención presencial del Sistema Distrital de Servicio al Ciudadano” e incluir a su vez los “Puntos de atención a la ciudadanía de las Entidades del Distrito”.

  • Incluir tanto a personas sin visión como a personas con baja visión.

  • Definir si la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información debe realizar los ajustes en las páginas y aplicativos de cada entidad o si brindará la asesoría.

  1. Concepto jurídico

El Concejo Distrital es competente para expedir el presente proyecto de acuerdo y su contenido se ajusta al ordenamiento jurídico colombiano. El concejo es competente en virtud de lo establecido tanto en el numeral 1º del artículo 313 de la Constitución Política como en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, según los cuales corresponde a los Concejos en general: “Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio108, y al concejo distrital en particular: “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito109.


En cuanto al marco jurídico que regula la protección de las personas en situación de discapacidad, tenemos disposiciones constitucionales y legales, así como tratados internacionales de derechos humanos (que en virtud del Bloque de Constitucionalidad hacen parte de la Constitución Política colombiana), que buscan dicha protección, así como garantizar el acceso de las personas en situación de discapacidad a la información.
Es importante señalar en 2013 se dictaron las ley 1618 y 1680. La primera de ellas busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, para lo cual establece que todas las autoridades y entidades deben garantizar su derecho a la información y un adecuado acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La segunda, es decir, la Ley 1680 de 2013 establece que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación debe adquirir un software de pantalla para que las personas en situación de discapacidad visual puedan acceder a las páginas web del Estado, software que debe ser instalado por todas las entidades estatales tanto del orden nacional y territorial.
Si bien estas leyes ya establecen obligaciones en cabeza de las entidades estatales, incluidas las territoriales; el proyecto de acuerdo que hoy se presenta no es una simple repetición de sus contenidos, sino que establece obligaciones específicas en cabeza de las entidades distritales que pueden encargarse de la adecuación de las páginas web para las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Además, el proyecto de acuerdo busca abarcar un grupo mayor de beneficiarios, pues se refiere no solamente a las personas en situación de discapacidad visual, sino también a las personas en situación de discapacidad auditiva, las cual también puede tener dificultades para acceder adecuadamente a los contenidos multimedia.
Marco Constitucional
En materia de protección a las personas en situación de discapacidad, lo primero sea señalar que el artículo 13 de la Constitución Política consagra el derecho a la igualdad en los siguientes términos:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
Es decir, el Estado en su conjunto puede establecer acciones afirmativas (también llamadas medidas de discriminación positiva), con el fin de garantizar la igual real de las personas en situación de discapacidad. En concordancia con lo anterior, el artículo 47 Superior establece: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. En cuanto al acceso a la información, los artículos 20 y 74 Constitucionales, señalan:
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

(…)

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.”
Bloque de Constitucionalidad
Los tratados internacionales de derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 Superior, hacen parte de nuestra Constitución Política.110 En el caso que nos ocupa, existen dos tratados internacionales sobre la materia:
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad111
Esta convención fue adoptada en Ciudad de Guatemala, Guatemala el 6 de julio de 1999, durante el vigésimo noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos – OEA. La misma fue aprobada por Colombia mediante la Ley 762 de 2002112.
Esta convención consagra definiciones en materia de discapacidad y obligaciones en cabeza de los Estados Parte, a saber:
ARTÍCULO II

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

ARTÍCULO III

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;

(…)

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:

(…)

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad;” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad113
Esta convención fue adoptada el 13 de diciembre de 2006 durante el 61º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Colombia la firmó el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 10 de mayo de 2011.114 La ley que aprobó el tratado fue la 1346 de 2009.115
En la materia que nos convoca, la convención consagra los siguientes principios y obligaciones en cabeza de los Estados Parte:
Artículo 3 

Principios generales

Los principios de la presente Convención serán:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

(…)

Artículo 4

Obligaciones generales

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

(…)

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

(…)

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;

(…)

Artículo 5

Igualdad y no discriminación

Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Artículo 9

Accesibilidad

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:



(…)

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

•  Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:



(…)

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

Artículo 21

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

(…)”
Por lo tanto, en cumplimiento de estas dos convenciones, el Estado colombiano (entendido este no sólo como el gobierno nacional, sino también las entidades territoriales, los demás órganos y ramas del poder público, etc.), debe tomar, entre otras, medidas como las propuestas en el proyecto de acuerdo.
Marco legal
En desarrollo de las disposiciones constitucionales citadas, así como de los tratados internacionales referenciadas, en 2013 se expidieron dos leyes que busca la protección de las personas en situación de discapacidad, las cuales contiene disposiciones específicas frente a su derecho al acceso a la información y la obligación del Estado de garantizar el acceso de dicha población a las tecnologías de la información y la comunicación, entre lo que se encuentra el acceso a las páginas web de las entidades públicas:
Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”116
En lo que referente al presente proyecto de acuerdo, esta ley consagra las siguientes disposiciones:
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:

1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

2. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

(…)

4. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona.

5. Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser:

(…)

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.

Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, las autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las siguientes acciones:

1. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, según el artículo 4° de la Ley 1346 de 2009.

(…)

3. Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de sus planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que permita garantizar que las personas con discapacidad se beneficien en igualdad de condiciones y en términos de equidad con las demás personas del respectivo plan, programa o proyecto.

4. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran para que las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos.

Artículo 14. Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas:

(…)

4. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad al ambiente construido, transporte, información y co­municación, incluyendo las tecnologías de información y comunicación y otros servicios, asegurando las condiciones para que las personas con discapacidad puedan vivir independientemente.

Artículo 16. Derecho a la información y comunicaciones. Las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio efectivo del derecho a la información y a acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a la información y comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás entidades competentes tendrán en cuenta las siguientes medidas:

(…)

2. Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre accesibilidad y acceso a la información en los medios de comunicación debiendo cumplir con los plazos contemplados para efectuar las adecuaciones señaladas en ellas.

(…)

4. Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las personas con discapacidad, especialmente en las instituciones educativas.

(…)

8. Los tecnocentros deben ser accesibles para todas las personas con discapacidad y en particular contarán con software especializado que garantice el acceso a la información, a las comunicaciones y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, de las personas con discapacidad sensorial.”
Ley 1680 de 2013 “Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones”117
Esta ley obliga al Estado, específicamente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación a adquirir un software lector de pantalla para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a las páginas web del estado; software que debe implantado por todas las entidades estatales del orden nacional y territorial. Los artículos relevantes son los siguientes:
Artículo 6°. Software lector de pantalla. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces, adquirirá un software lector de pantalla para garantizar el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a las personas ciegas y con baja visión como mecanismo para contribuir en el logro de su autonomía e independencia.

Artículo 7°. Implementación del software. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones o quien haga sus veces, dispondrá los mecanismos necesarios para la instalación del software lector de pantalla en sus dependencias, establecimientos educativos públicos, instituciones de educación superior pública, bibliotecas públicas, centros culturales, aeropuertos y terminales de transporte, establecimientos carcelarios, Empresas Sociales del Estado y las demás entidades públicas o privadas que presten servicios públicos o ejerzan función pública en su jurisdicción.

Parágrafo. Las entidades públicas a que se refiere este artículo capacitarán a la población y a los servidores públicos en el uso y manejo de la licencia del software lector de pantalla para su masificación.

Artículo 9°. Accesibilidad y usabilidad. Todas las páginas web de las entidades públicas o de los particulares que presten funciones públicas deberán cumplir con las normas técnicas y directrices de accesibilidad y usabilidad que dicte el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 10. Las entidades públicas y los entes territoriales deberán incluir dentro de su presupuesto anual, un rubro presupuestal para garantizar los recursos para la capacitación en la instalación del software lector de pantalla.”
Es importante señalar que el proyecto de acuerdo, tal y como fue aprobado en primer debate, ya no se limita a garantizar el acceso a la páginas web a las personas con y/o en situación de discapacidad visual o auditiva, sino que se amplió su ámbito de aplicación a todas las personas con y/o en situación de discapacidad. Esta modificación, teniendo en cuenta el marco constitucional y legal expuesto, no afecta el concepto de competencia y legalidad dado para primer debate, pues es plenamente coherente con las normas que regulan la materia.


  1. Impacto fiscal

La iniciativa puesta a consideración genera impacto fiscal y este puede ser cubierto por el programa “TIC para el Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del Conocimiento y el empoderamiento”, suscrito en el plan de desarrollo Bogotá Humana. Además, se cuenta con 1 proyecto prioritario, a saber, “Bogotá: hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente”; este permite su desarrollo e implementación.


Adicionalmente, la administración distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de la Mujer, el Sector de Gestión Pública, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, ha estimado que SÍ se generan gastos adicionales y considera que
[…] los gastos derivados de la adecuación tecnología de herramientas en la página Web Institucional pueden ser atendidas por los presupuestos del Sector y que cada Sector Administrativo debería disponer recursos para ello…”118
La dirección de salud pública considera conveniente que:


  1. Cada una de las secretarias debe generar un proceso de licitación pública en el menor tiempo posible, para la adquisición de software que permita esta accesibilidad.”

  2. Realizar retroalimentación periódica entre el grupo técnico de discapacidad y la oficina de comunicaciones con el fin de ir acondicionando gradualmente una vez adquirido el software, las herramientas informáticas y coordinar las acciones que se requieran para lograr dicha accesibilidad”119.

La Secretaría Distrital de Movilidad considera que:


[…] en el mercado para la comunidad con discapacidad visual y auditiva, se pueden adquirir o utilizar soluciones de software gratuitas que se pueden incorporar en soluciones corporativas como una página web, los aplicativos mejor posicionados en el sector como JAWS, tienen un costo para su uso, de igual manera para la persona según su discapacidad en ocasiones puede adquirir hardware adaptado o periféricos adicionales para aprovechar el potencial de la solución de software. En el siguiente enlace http://www.uhu.es/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=A7XKg90Nxq se encuentran herramientas de software y hardware destinados para este propósito […]”120

Anexo 20: Avenida República del Líbano
Plenaria

Tema: Segundo debate al proyecto de acuerdo 060 de 2014, por el cual se le da el nombre de “Avenida República del Líbano” a la calle 90, entre la Autopista norte y la carrera 7.

Iniciativa de: Carlos Vicente de Roux (Alianza Verde) –luego firmado por otros concejales-.

Fecha: junio 5 de 2014.
POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA DAR EL NOMBRE DE AVENIDA REPÚBLICA DEL LÍBANO A LA CALLE 90 DE LA ACTUAL NOMENCLATURA URBANA DE BOGOTÁ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (CARRERA 7ª) Y LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE)


  1. Resumen concreto







Nombre

Concepto

Ponente 1

Juan Carlos Flórez

Ratifica ponencia positiva.

Ponente 2

Venus Albeiro Silva

Ratifica ponencia positiva.

Administración

  • Unidad Administrativa Especial de Catastro.

  • Secretaría General.

  • Secretaría Distrital de Planeación

Las tres entidades dieron concepto de viabilidad al proyecto.

Viabilidad jurídica

Valentina Coral

Competencia

Sí.

Legalidad

Sí.

Concepto general

Fernando Rojas

Es viable.

Voto primer debate en comisión.

Juan Carlos Flórez

Positivo.

Voto segundo debate en plenaria.

Juan Carlos Flórez

Positivo.

Decisión de la plenaria

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para sanción.

Teniendo en cuenta que la colonia libanesa es una de las mayores y más importantes del país; que han contribuido con el desarrollo social, cultural, político, económico y artístico de Colombia y de Bogotá, el proyecto de acuerdo busca rendirle un homenaje y darle por nombre República del Líbano a la calle 90, en el tramo enunciado. Además, el proyecto, de iniciativa ciudadana, y con el respaldo mayoritario del Concejo, ha sido presentado en cuatro ocasiones, incluida esta. Aunque ha contado siempre con ponencias positivas, no ha podido ser aprobado por cuestiones de tiempo. Para su discusión en primer debate, fuimos designados ponentes y fue rendida ponencia positiva con modificaciones. Dichas modificaciones fueron consideradas durante el debate.




  1. Articulado aprobado en primer debate

Aprobado en la sesión de la comisión segunda permanente de gobierno realizada el día 20 de mayo de 2014.


POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA DAR EL NOMBRE DE AVENIDA REPÚBLICA DEL LÍBANO A LA CALLE 90 DE LA ACTUAL NOMENCLATURA URBANA DE BOGOTÁ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (CARRERA 7ª) Y LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE)”.
EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C.
EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO LEY 1421,
CONSIDERANDO:

Que en la ciudad de Bogotá vive una amplia colonia de personas nacidas en la República del Líbano, y de descendientes directos de naturales de dicho país, que han aportado mucho al desarrollo económico, social y cultural de la capital de la República, y que merecen el reconocimiento y la gratitud de los bogotanos,



ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO. Dese el nombre de Avenida República del Líbano a la Calle 90 de la actual nomenclatura urbana en el tramo comprendido entre la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la Avenida Paseo de Los Libertadores (Autopista Norte).
Parágrafo.- En virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 257 de 2006, corresponderá a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, llevar a efecto el presente Acuerdo.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.


  1. Objetivo del proyecto


Tal y como lo expresa el título, el presente proyecto de acuerdo se propone reconocer los aportes de los emigrantes de la República del Líbano y sus descendientes directos al desarrollo ecomico, social y cultural de Bogotá y del país. Dicho reconocimiento se concreta en la designación “Avenida República del Líbano” a la calle 90 de la actual nomenclatura urbana de Bogotá, en el tramo comprendido entre la avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la avenida Paseo de Los Libertadores (Autopista Norte).


  1. Justificación del proyecto


El primer punto señalado por el autor del proyecto es que los libaneses constituyen una de las colonias más grandes e importantes del país. Están asentados en el territorio nacional desde finales del siglo XIX. En segundo lugar, resalta los aportes por ellos realizados al desarrollo del país y su valiosa intervención en distintos campos de las artes, la política, la ciencia y la literatura. El autor cita como ejemplo a destacadas personalidades de ascendencia libanesa como el filósofo, artista y escritor Gibran Jalil Gibran (1883-1931); a Julio Cesar Turbay Ayala, ex presidente de la Republica; David Manzur, uno de los pintores s destacados en Colombia y en el exterior, Salomón Hakim Daw, científico de renombre internacional inventor de la válvula para la hidrocefalia, y Juan Gossaín Abdala, reconocido periodista y escritor, entre una larga lista.
Otro aspecto presentado por el autor, citando a Maurice Halbwachs, sociólogo francés y creador del concepto de la memoria colectiva, es que los grupos tienen necesidad de reconstruir permanentemente sus recuerdos a través de sus conversaciones, contactos, rememoraciones, efemérides, usos y costumbres, porque la memoria es la única garantía de que el grupo sigue siendo el mismo, en medio de un mundo en perpetuo movimiento. El concepto anterior se relaciona estrechamente con el de identidad cultural, el cual hace alusión a la conciencia y la aceptación del hecho de pertenecer a un determinado grupo o comunidad. En el contexto de la inmigración, el derecho a la identidad cultural […] es el poder ser diferente pero al mismo tiempo parte de la sociedad receptora121.
Finalmente, en el proyecto de acuerdo se destaca que la comunidad colombo libanesa ha tenido un alto nivel de identidad cultural y capacidad organizativa en el país y en Bogotá. En la capital, la mayoría de sus miembros se agrupan en cuatro asociaciones: el Club Colombo Libanés CCL–, la Unión Libanesa Cultural Mundial - Capítulo Colombia ULCMC, la Asociación de Damas Colombo Libanesas ADCL–, y la Asociación de Nuestra Sora del Líbano ANS.
Considera el autor que, por todas estas razones, es apenas justo hacer una exaltación simbólica a los inmigrantes del Líbano, como muestra de gratitud y reconocimiento a las invaluables contribuciones que han hecho al país y especialmente a la ciudad de Bogotá.


  1. Antecedentes del proyecto de acuerdo

El proyecto ha sido presentado en 3 oportunidades anteriores tal y como se relaciona en el cuadro a continuación:




N° PROYECTO DE ACUERDO

PONENCIAS RECIBIDAS

125 del 2013

Carlos Roberto Sáenz Vargas (+) y Jorge Ernesto Salamanca Cortés (+)

132 del 2013

Concejales Fernando López Gutiérrez (+)y Jorge Ernesto Salamanca Cortés (+)

210 de 2013

Celio Nieves (+)

Jo Arthur Bernal (+)


Aunque el proyecto siempre ha tenido ponencias positivas, no alcanzó a ser debatido.




  1. Pertinencia del proyecto de acuerdo

El proyecto de Acuerdo es pertinente por dos motivos fundamentales. En primer lugar porque es una iniciativa de la comunidad que es legal y legítima. En segundo lugar porque es una oportunidad para reconocer el papel de la comunidad libanesa en Colombia y en Bogotá.


Para comprender el proceso de inmigración de los libaneses a Colombia, es necesario tener un panorama de la llegada de los árabes y judíos al país. En ese sentido, es posible identificar tres corrientes migratorias fundamentales.122 La primera es la de los judíos sefardíes123, expulsados de España y Portugal, quienes se asentaron principalmente en Curazao, y a partir de la segunda mitad del Siglo XVIII llegan a Colombia. Ellos traían capital y conexiones con firmas de Curazao. La segunda es la de los sirio-libaneses, que vinieron, primero del Imperio Otomano y después de Siria, Líbano y Palestina entre 1880 y 1930. Y la tercera, la de los judíos europeos y levantinos124, que llegaron a Colombia entre los años 30 y 40 y se establecieron en el interior del país.
Según Joaquín Viloria de la Hoz, dentro de las motivaciones para la migración libanesa, la económica jugó un papel fundamental. En su investigación resalta tres. El Líbano era un territorio dividido en dos zonas: una de fuerte actividad portuaria y comercial, y otra montañosa sobrepoblada, esencialmente agrícola y pobre125. De otro lado, la apertura del Canal del Suez en 1869 afectó a Líbano y a Siria porque generó un estancamiento de la ruta comercial terrestre entre Europa y la India. Finalmente, la visita que realizó a Palestina el Emperador de Brasil Pedro II en 1877 motivó a que muchos jóvenes árabes emprendieran viaje hacia ese país en busca de oportunidades.
Néstor Astudillo, en una investigación sobre la inmigración sirio-libanesa en Colombia126, señala que ésta empezó a finales del siglo XIX y se consolidó a lo largo del siglo XX. Según los datos recogidos, los emigrantes, que viajaban con pasaporte turco porque estaban bajo el dominio otomano, eran principalmente jóvenes solteros que buscaban las oportunidades que ofrecía América.
Sobre el proceso migratorio, según Viloria de la Hoz, en las últimas décadas del dominio otomano, empezaron a salir de Siria, Líbano y Palestina los primeros emigrantes para establecerse en Estados Unidos (1855), Australia (1867), Brasil (1871), Argentina (1872), México (1878), Cuba (1879), Colombia (1880) y Chile (1885), entre otros países127.
Los que llegaron a Colombia se instalaron inicialmente en Barranquilla. Al no dominar el idioma, la principal actividad económica que desarrollaron fue la venta ambulante, dentro de la cual sobresalió la modalidad puerta a puerta. Los libaneses iban de casa en casa, ofreciendo, con gran capacidad de persuasión, diferentes mercancías.128 Rápidamente el negocio se consolidó y para 1900 ya anunciaban sus mercancías en periódicos de Cartagena y de Bogotá129.
Como se mencionó anteriormente, por lo general los primeros inmigrantes árabes eran hombres jóvenes, solteros y sin familia, con la idea de trabajar duro, ahorrar y volver a sus lugares de origen. Tenían un conocimiento comercial ancestral y sabían mantener el equilibrio entre la abundancia y la escasez, aspecto que les dio fama de avaros.130 En su afán de incorporarse a la sociedad, haciendo gala de su sentido práctico, en un primer momento, algunos castellanizaron sus apellidos. Por esta razón es posible encontrar apellidos y nombres como Guerra (originalmente Harb), Fernández (Farah en algunas poblaciones de los Montes de María), Domínguez (Ñeca), Flórez, Sossa (Soupsa), Durán (Doura), Lara (Larach), Cristo (Salibe), María, Gloria y Juan, entre otros131.
Para Astudillo, a partir de la primera década del siglo XX, los sirio-libaneses que se habían instalado en Colombia empezaron a traer a sus familiares para que ayudaran en los negocios. Esta ola migratoria se desarrolló hasta finales de los años 30, cuando muchos inmigrantes deciden trasladarse a ciudades del interior para abrir mercado. Lórica, San Bernando del Viento, Cereté, Cienaga de Oro, Cúcuta, Ocaña, Barrancabermeja, Ibagué, Villavicencio, Buga, Girardot, Tunja, Cali y Bogotá se convirtieron en puntos de concentración.
Un gran aporte se dio en la gastronomía. En diferentes regiones, principalmente en el Caribe, se encuentran, como lo menciona Viloria de la Hoz, gustos alimenticios que los inmigrantes transmitieron a sus hijos y a sus clientes132. De esta forma, comidas como quibbe, pan árabe, berenjena rellena, deditos de queso, envueltos de parra, arroz con almendras, pistacho, uvas pasas, dátiles, higos y aceitunas, entre otras, se ganaron un lugar en alimentación colombiana.
Censar de forma precisa ha sido muy difícil. Según Vilora de la Hoz, a su llegada a América estos inmigrantes eran registrados indistintamente como turcos, otomanos, sirios o árabes. Isabela Restrepo Mejía estima que entre los años 1890 y 1930 migraron entre 5.000 y 10.000 árabes al territorio colombiano. Sólo a partir de la década de 1930, empezaron a ser diferenciados entre sirios, libaneses, palestinos, armenios o turcos otomanos. Algunos estudios estiman que en la década de 1920 en Colombia vivían 3.767. En 1945, el trabajo de Ahmad Mattar estimó que la colonia arábico-parlante era de 900 cabezas de familia, unas 5.000 a 6.000 personas. Y Harfouche estimó para 1970 que la población de origen libanés en Colombia era de 25.000. 133. En el caso concreto de los libaneses, éstos venían principalmente de Trípoli, Beirut, Jartum, Zahle, Akkar, Balul, Miniara, Beabda, Haret Hreik, Hadeth el Jebbea, Rashia Alwadi, Barmana, Hamana y Chiah134.
La ascensión económica de los sirio-libaneses facilitó su aceptación social. Según Néstor Astudillo, esto permitió que muchos terminaran participando en la vida pública colombiana, en el periodismo, las artes, la literatura, y la medicina, entre otros: “En menos de una generación ascendieron socialmente y en esta segunda fase, sus hijos tuvieron edad para empezar a estudiar en la universidad, sobre todo carreras de prestigio como medicina y derecho.”135 Sin embargo, Joaquín Viloria de la Hoz136, investigador del Banco de la República, señala que, no contentos con el éxito económico, y en busca de poder, decidieron entrar en política.
En las regiones donde se establecieron, los libaneses desempeñaron un rol importante en el comercio local, en las ventas al por mayor y al detal. Por ejemplo los que vivián en Bogotá, a mediados del siglo XX, tenían sus negocios en el centro de la ciudad. Uno de los más conocidos era el de textiles, el cual se extendía entre las calles 8 y 14. Pero también con sus actividades comerciales en zonas remotas estimularon la apertura de rutas y mercados inexplorados. También introdujeron el sistema de almacenes por departamentos y el método de créditos.137
Una claridad que es importante hacer, es que la escogencia del tramo comprendido entre la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la Avenida Paseo de Los Libertadores (Autopista Norte) para su designación con el nombre de Avenida República del Líbano, se debe a su cercanía con el Club Colombo Libanés,  ubicado  en  la Calle 87 con Avenida 9ª, y a la Parroquia Nuestra Señora del Líbano, ubicada en la Calle 98 con Carrera 8ª, lugares representativos para esta comunidad. El Club Colombo Libanés existe hace más de cincuenta años y constituye el sitio donde se convoca a los migrantes del Líbano en Bogotá. El Club es la sede oficial de esta asociación así como de la Unión Libanesa Cultural Mundial -Capítulo Colombia- ULCMC-, la Asociación de Damas Colombo Libanesas -ADCL-, y de la Asociación de Nuestra Señora del Líbano -ANSL. Además la mayoría de la comunidad libanesa vive en este  sector.


  1. Ponencia positiva Venus Albeiro Silva

Sin aportar nuevos elementos al análisis, el ponente retomó los argumentos presentados en la exposición de motivos por el autor del proyecto. En general, repite el recuento del impacto de la comunidad libanesa en la economía y la cultura de Bogotá y el país.




  1. Análisis de los argumentos presentados por la administración

La administración considera viable el proyecto y solicitó, para el primer debate de este proyecto, la inclusión de un parágrafo que aclare que Catastro será la entidad encargada de la ejecución del mismo. Efectivamente, el parágrafo del artículo 1º del articulado aprobado en primer debate determinó esta responsabilidad.





  1. Análisis Jurídico

El proyecto de acuerdo es legal y el Concejo de Bogotá es competente para expedirlo, en virtud de lo establecido en las normas que se citan a continuación:


De acuerdo con el artículo 322 de la Constitución Política138 (1991), el régimen político, fiscal y administrativo de Bogotá “será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.” (Subrayas y negrillas fuera de texto).

En consonancia con lo anterior, el artículo 2º del Decreto Ley 1421 de 1993139 establece que:


ARTICULO 2o. REGIMEN APLICABLE. El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establecen expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios. (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Si bien el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 no le otorga al Concejo de Bogotá de manera explícita la facultad de determinar la nomenclatura de las calles, el artículo 32, numeral 5º de la Ley 136 de 1994140, tal y como fue modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012141, norma que regula de manera general las competencias de los municipios, establece que una de las atribuciones de los Concejos es la de: “Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios”. Por lo tanto, el Concejo de Bogotá es competente para expedir el presente proyecto de acuerdo.
Es importante señalar que el artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006142, establece que una de las funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (en adelante Catastro Distrital u oficina de Catastro) es: “Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital”. Esta norma no se debe entender en el sentido de negar o delegar la facultad del Concejo Distrital de determinar la nomenclatura en favor de Catastro Distrital, sino en el sentido de que quien ejecuta las determinaciones que tome el cabildo en materia de nomenclatura es la oficina de Catastro.143
Catastro deberá ejecutar el acuerdo, en caso de que el mismo sea aprobado, en los términos del Decreto Distrital 615 de 2011144, el cual define la nomenclatura urbana y la nomenclatura vial de la siguiente manera:
Artículo 2°.- Definiciones. Para efectos de la asignación o modificación de la nomenclatura en Bogotá, Distrito Capital, se adoptan las siguientes definiciones:

1. Nomenclatura Urbana: Conjunto de símbolos alfanuméricos afianzados como convención colectiva, los cuales designan vías y predios de la ciudad. La nomenclatura está diseñada para ser usada en el registro de predios por parte de las autoridades públicas y en la orientación espacial por parte de sus habitantes. Ésta debe cumplir con requisitos mínimos de autoconsistencia, la cual se expresa en términos de universalidad, unicidad y no repetición. Idealmente, la nomenclatura debe ser clara y completa. Para la identificación de las vías y predios del Distrito Capital, el sistema de nomenclatura urbana cuenta con dos componentes: Nomenclatura Vial y Nomenclatura Domiciliaria.

2. Nomenclatura Vial: Corresponde a la identificación alfanumérica que se da a las vías peatonales y vehiculares.”
En todo caso, darle el nombre de Avenida República del Líbano a la calle 90 en el tramo propuesto, no puede significar su nomenclatura numérica (calle 90), cambie.
En atención a los comentarios de la administración, se podría incluir un parágrafo al artículo primero señalando que Catastro será el encargado de ejecutar el acuerdo, que podría ser del siguiente tenor:
Parágrafo.- La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en virtud de lo establecido en el Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto Distrital 615 de 2011, será la encargada de implementar el presente acuerdo”.


  1. Impacto fiscal

En el documento presentado por la administración no se especifica ninguna observación sobre este tema. En el proyecto del Acuerdo el autor indica que “De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es importante precisar que el presente proyecto de acuerdo no genera gastos, por lo que es perfectamente compatible con el marco fiscal del mediano plazo.”


Un punto que vale la pena señalar es que en los comentarios al Proyecto de Acuerdo 125 de 2013 la administración estimó un valor de $1.050.000 para la elaboración de la placa vial.

Anexo 21: Onda Bici
Comisión: Plenaria

Tema: Proyecto de Acuerdo 062 de 2014, Onda Bici Segura

Citado por: Bancada movimiento político Mira, partido Alianza Social Independiente – ASI, Movimiento Progresistas y Partido Liberal

Fecha: junio 5 de 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EN EL DISTRITO CAPITAL LA ESTRATEGIA ONDA BICI SEGURA PARA EL TRÁNSITO DE CICLISTAS EN GRUPO O CARAVANAS”


  1. Resumen concreto




Nombre

Concepto

Ponente 1.

Severo Antonio Correa

Ratifican ponencia positiva unificada




Ponente 2.

Germán García Zacipa

Ponente 3.

Horacio José Serpa

Administración.

Secretaría de Movilidad

Viable.




Secretaría de Hacienda

Viable.

Concepto jurídico.

Ana María Parada

Viabilidad.

Si

Competencia.

Si

Concepto general.

Ana María Parada

Viable

Voto en Comisión

Juan Carlos Flórez




Voto en Plenaria

Juan Carlos Flórez

Como co-autor del proyecto voto positivo

Decisión de la Plenaria

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para sanción






Un factor determinante para apoyar esta iniciativa, es su búsqueda para disminuir la creciente accidentalidad que sufren los ciclistas en las vías y ciclorrutas de Bogotá, como se refleja en las estadísticas que suministró el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACS) de la Secretaría Distrital de Gobierno, en respuesta a la proposición 043 de 2012. Muerte de ciclistas en accidente de tránsito por localidades años 2008 a 2011:




LOCALIDAD

2008

2009

2010

2011

USAQUEN

2

1

0

3

CHAPINERO

1

2

1

1

SANTA FE

0

1

1

1

SAN CRISTOBAL

1

2

2

1

USME

2

1

1

4

Es importante recordar que aunque el alcalde Gustavo Petro ha utilizado el discurso de la intermodalidad del transporte como una de sus banderas en el tema de movilidad, las acciones para lograr la integración de todos los modos de transporte no puede darse mientras no avance la implementación del SITP, hecho que hoy está lejos de darse. Actualmente, según datos de la Contraloría Distrital, el SITP cuenta con un retraso del 70% en su implementación, causándole a la ciudad costos extra, por valor de $150 millones.


En el marco del primer debate fueron acogidas las recomendaciones hechas por los ponentes y por la Administración, y de manera conjunta fue construido el nuevo articulado que se presenta más adelante.

Por todo lo anterior, consideramos viable la iniciativa, e invitamos a la administración a realizar acciones reales para incluir el modo bicicleta como un medio de transporte seguro en Bogotá, mediante la puesta en marcha un proyecto piloto serio, que permita evaluar la implementación de un sistema público de bicicletas integrado al SITP.




  1. Articulado del proyecto de Acuerdo. (El articulado consta de 17 páginas, por su extensión se presenta como un anexo).

Texto aprobado en primer debate en la sesión del 16 de mayo de 2014 de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá D.C.


PROYECTO DE ACUERDO No. 062 DE 2014
Por medio del cual se establece en el Distrito Capital la estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito de ciclistas en grupo o caravanas”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 12, numerales 1° y 7° del Decreto Ley 1421 de 1993.


ACUERDA:
ARTÍCULO 1. OBJETO. La Secretaría Distrital de Movilidad diseñará la estrategia “Onda Bici Segura” para fomentar el uso de la bicicleta por parte de grupos o caravanas, las cuales podrán utilizar la infraestructura apta para el tránsito de bicicletas y la que se adecue para este fin.
Parágrafo. Para impulsar la estrategia “Onda Bici Segura”, la Secretaría Distrital de Movilidad establecerá, entre otros los corredores prioritarios, determinará y divulgará los horarios de máxima demanda, y promoverá las condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios y peatones en el uso adecuado de la estrategia.
La Secretaría Distrital de Movilidad establecerá indicadores de metas y resultados que permitan cuantificar la efectividad de la medida.
ARTÍCULO 2. Para efectos de articular la estrategia “Onda Bici Segura” con el Sistema Integrado de Transporte Público, la Administración Distrital adoptará e implementará medidas para garantizar la seguridad en los cicloparqueaderos y demás infraestructura que se utilice para los fines del presente acuerdo.
ARTÍCULO 3. La Administración Distrital, por conducto de la Secretaría Distrital de Movilidad, articulará con la Secretaría Distrital de Gobierno y las instituciones educativas y entidades públicas o privadas, campañas para la implementación de la estrategia “Onda Bici Segura”.
ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


  1. Objeto del proyecto

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como propósito diseñar acciones articuladas que incentiven el uso cotidiano y seguro de la bicicleta como medio de trasporte. Presenta entre otros beneficios mitigar el impacto ambiental producto del uso excesivo de los automotores, para lo cual se propone que la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría Distrital de Ambiente, se articulen con el fin de que se condicionen las redes de ciclorutas existentes para el tránsito de los ciclistas en horarios y condiciones específicas, según los niveles de demanda en Bogotá y sus localidades, atendiendo las garantías de seguridad vial, contenidas en las diferentes normas que regulan la materia.




  1. Síntesis del proyecto

El presente proyecto pretende incentivar el uso de la bicicleta en Bogotá como una de las alternativas para solucionar los problemas de movilidad, todo ello brindando las garantías necesarias para el desplazamiento de los ciclistas en forma organizada mediante la Onda Bici Rutas Seguras. Ese desplazamiento parcial, temporal y transitorio se realizaría por la infraestructura de las ciclorutas existentes en Bogotá, en grupos o caravanas hacia diferentes lugares de destino, con el acompañamiento de la Policía y tomando las medidas necesarias de seguridad vial.


El articulado presentado fue construido de la mano con la Secretaría Distrital de Movilidad, teniendo como resultado final una propuesta concertada.


  1. Justificación del proyecto

Se ha evidenciado que, dentro de los principales agentes que contribuyen a la contaminación atmosférica en Bogotá, se encuentra la gran cantidad de vehículos que circulan en la ciudad. El uso de combustibles como diesel, gasolina y ACPM, genera monóxido de carbono y dióxido de azufre, entre otros gases nocivos que generan enfermedades respiratorias y otras afecciones para la salud del ser humano.


Otro de los argumentos de los autores del proyecto tiene que ver con los problemas de movilidad causados por la excesiva circulación de vehículos, pues ello “genera un aumento en el consumo de espacio vial, así como una dispersión espacial del hábitat, toda vez que algunos individuos tienden a buscar un sitio campestre para vivir, lejos del ruido, de la contaminación y del tráfico. Esto contribuye al alejamiento de los comercios, de los servicios, de los lugares de trabajo y los equipamientos de ocio, causando un aumento en las necesidades de desplazamiento, en contravía con lo que se considera ideal: un desarrollo sostenible, densificado, donde las necesidades de desplazamiento sean cada vez menores y, de esta manera, se pueda reducir el uso del automóvil e incrementar usos alternativos para desplazarse.”145
En vista del aumento de la contaminación del aire, varios países han optado por incluir la bicicleta como modo de transporte en sus sistemas de transporte. Tal es el caso de Brasil, donde montar en bicicleta se ha constituido, más que en una actividad de ocio, en un medio de transporte alternativo para las distancias cortas y medias. Así Río de Janeiro se ha constituido en la capital nacional del ciclismo, con una amplia red de itinerarios y más de 140 km de carriles para bicicletas, y cuya red es la segunda mayor de toda América Latina sólo superada por la de Bogotá (Colombia). 146
Así mismo, ciudades como Zúrich (Suiza), catalogada como la segunda ciudad con mejor calidad de vida, “sólo el 22% de su población se moviliza en automóvil, en contraste con un 50% que se moviliza en transporte no motorizado (caminar, bicicleta)” 147
Copenhague (Dinamarca), donde el desplazamiento diario de personas que utilizan la bicicleta alcanza un porcentaje del 36%, existe una cifra similar a la de otras ciudades del norte de Europa en donde los índices de calidad de vida también son bastantes altos.148
Frente a países de Europa, Asia, y otros países de América Latina, Bogotá se encuentra en el séptimo lugar frente el uso de la bicicleta.


  1. Resumen de las ponencias




    1. Ponencia positiva conjunta de los concejales Severo Antonio Correa, Germán García Zacipa y Horacio José Serpa Moncada

Los concejales plantean en su ponencia que una vez evaluado el entorno y los antecedentes de presentación de este proyecto, se ratifica la necesidad, que desde esta Corporación se coadyuve en articular puntualmente esta estrategia de “Onda Bici” con los proyectos de inversión que están definidos en el Plan de Desarrollo de la Administración, tal como lo expuso anteriormente la Secretaria de Movilidad, así de esta manera contribuir con la generación de nuevos espacios de cultura frente al tema de movilidad en la ciudad, encaminado el sentir ciudadano a la búsqueda de alternativas de movilización bajo parámetros de seguridad, agilidad y economía, que redundara paralelamente en el incremento de la calidad de la salud y vida de los capitalinos.

Por último, proponen adicionar al parágrafo del artículo segundo, la referencia a la necesidad de ampliar las condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por la Secretaría Distrital de Movilidad para impulsar la estrategia, de suerte que al momento de ser reglamentada, se priorice de manera especial la seguridad de los usuarios de la “Onda Bici Segura” y se adopten las medidas necesarias que, como cabeza de sector considere pertinentes para lograr los fines perseguidos por el presente proyecto de acuerdo.


  1. Análisis de los comentarios de la Administración

En el marco de la discusión del primer debate de la iniciativa, tanto la Secretaría de Movilidad como la Secretaría de Hacienda participaron activamente en la modificación del articulado. El resultado, es el articulado que se presenta al inicio de este documento.




  1. Análisis jurídico

El proyecto de acuerdo 045 de 2014, por el cual se busca implementar la estrategia “Onda Bici” es competencia del Concejo de Bogotá y su contenido se ajusta al marco jurídico que en materia de movilidad rige en la ciudad.


En cuanto a la competencia, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que dentro de las atribuciones del Concejo de Bogotá se encuentran las siguientes:
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(…)

19. Dictar normas de tránsito y transporte.”149
En cuanto a la primera, es claro que la seguridad es una función a cargo del distrito y que el proyecto busca garantizar la seguridad de los ciclistas, fomentando que los mismos hagan parte de grupos o caravanas para movilizarse por la ciudad.
En cuanto a la segunda, es decir, la competencia que tiene el Concejo para dictar normas de tránsito y transporte; lo primero sea señalar que esta materia no se agota en la regulación de del transporte público o del transporte vehicular, sino que abarca otros medios como, precisamente, la bicicleta. Así mismo, debe recordarse que si bien la Alcaldía es, por ley, autoridad en esta materia, el Consejo de Estado, en sentencia de 26 de abril de 2007 señaló que las competencias del Concejo y de la Administración son complementarias, no excluyentes150. Por lo tanto, el presente proyecto de acuerdo se enmarca dentro de las competencias del Concejo en la materia.
En cuanto al contenido del proyecto, tal y como lo señala la ponencia, el mismo busca garantizar el derecho a la libre circulación consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política151. Además, el proyecto es concordante con el Plan Maestro de Movilidad.
Así, el Decreto 319 de 2006 (Plan Maestro de Movilidad)152 establece en su artículo 7º que “La movilidad es un derecho de las personas que debe contribuir a mejorar su calidad de vida”; y en su artículo 8º, relativo a los objetivos del Plan Maestro, señala:
Artículo 8 Objetivos.

Este Plan Maestro tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con la movilidad del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente sostenible para Bogotá y para la Región. Para el logro de estos fines, se establecen los siguientes objetivos específicos:

(…)

4. Priorizar los subsistemas de transporte más sostenibles, como el transporte público o el transporte no motorizado (peatonal o bicicleta).

(…)

6. Garantizar la seguridad vial a los diferentes grupos poblacionales, especialmente a los más vulnerables.

(…)

9. Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles e incorporar criterios ambientales para producir un sistema de movilidad eco-eficiente.

(…)
Por último, es importante hacer referencia a las observaciones de la administración, en las cuales propone modificaciones al parágrafo del artículo 1º del proyecto de acuerdo, así como al artículo 3º del mismo, frente a los cuales se hacen las siguientes observaciones:
Parágrafo artículo 1º


Articulado Original

Modificación propuesta por la administración

Parágrafo. Para impulsar la estrategia “Onda Bici Segura”, la Secretaría Distrital de Movilidad establecerá los corredores prioritarios y determinara y divulgará los horarios de máxima demanda.

Parágrafo. Para el desplazamiento de ciclistas en las caravanas que sean organizadas por la SDM, con fines recreativos, deportivos, para ir a los lugares de trabajo o para ir a los lugares de estudio, la SDM determinará los horarios y las trayectorias de las rutas teniendo en cuenta la demanda por sectores. Las caravanas que sean organizadas por empresas, universidades, colegios, colectivos o de manera espontánea, gozarán de autonomía en cuanto a los horarios y trayectorias.

La propuesta de la administración cambia completamente el sentido del parágrafo del artículo 1º, pues lo que busca la norma propuesta originalmente es que la Secretaría de Movilidad establezca, de manera general y de acuerdo con su conocimiento técnico al respecto, cuales son los corredores utilizados prioritariamente por los ciclistas, así como los horarios en los que hay mayor demanda; lo anterior, con el fin de que los grupos o caravanas tengan información oficial con base en la cual puedan organizar sus rutas.


En todo caso, si la administración considera necesaria la inclusión del parágrafo propuesto, el mismo podría incluirse como un parágrafo segundo al artículo 1º, pero sin eliminar el ya existente.
Artículo 3º


Articulado Original

Modificación propuesta por la administración

Artículo 3. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, articulará con instituciones educativas y entidades públicas o privadas, campañas para la implementación de la estrategia “Onda Bici Segura”.

Artículo 3. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno, articulará la Secretaría Distrital de Movilidad y con instituciones educativas y entidades públicas o privadas, campañas para la implementación de la estrategia “Onda Bici Segura”.

Lo anterior, por cuanto señalan que “la naturaleza y objetivos del Proyecto, el sector Gobierno es el encargado de coordinar la implementación del Acuerdo…”.


Revisado el Acuerdo 257 de 2006153, que es el que dicta nos normas básicas sobre la estructura de la administración, se encuentra que el sector gobierno es efectivamente el que se encarga de la convivencia y seguridad ciudadana (artículos 49 y siguientes), mientras que el sector movilidad se encarga, como su nombre lo indica, de los temas relacionados con tránsito, transporte y seguridad vial (artículos 104 y siguientes). Como el proyecto tiene relación con la seguridad de los ciclistas, la observación de la administración tiene asidero, por lo tanto se propone la siguiente redacción:
Artículo 3. La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría de Movilidad, articulará con instituciones educativas y entidades públicas o privadas, campañas para la implementación de la estrategia “Onda Bici Segura”.


  1. Impacto Fiscal

El presente Proyecto de Acuerdo presenta impacto fiscal, en tanto que, hay que reparar los trazados correspondientes en las ciclorutas existentes, garantizar su interconexión, mejorar la iluminación de los sectores por donde se encuentran las ciclorutas, mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad de los ciclousuarios. Los gastos que genere la siguiente iniciativa serán atendidos por el presupuesto del sector.


Es de anotar, que dentro del “Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Para Bogotá D. C. 2012- 2016 Bogotá Humana” en el programa de movilidad humana en el artículo 28, numeral 8, se establece el uso de la bicicleta como medio de mejoramiento para las condiciones de movilidad y protección del medio ambiente y por lo tanto ya están los recursos destinados para poder hacer efectivo el presente programa:
(…)
Artículo 28.

Movilidad humana dará prioridad en el siguiente orden: a las y los peatones, las y los ciclistas, al transporte masivo sobre el vehículo particular y a la introducción de la energía eléctrica en el transporte masivo, con el fin de reducir emisiones y de esta manera contribuir a mitigar el cambio climático y a disminuir las causas de las enfermedades cardiorrespiratorias que afectan especialmente a las niñas, los niños y adultos mayores. Esta prioridad además ayudará a disminuir los niveles de accidentalidad.


Mejorar las condiciones de la movilidad de las ciudadanas y ciudadanos mediante un sistema de transporte público masivo con equidad, calidad, más limpio, y seguro. El sistema integrado de transporte será intermodal, es decir, incluye todas las formas, integra lo urbano, rural y regional; con las redes de ciclorutas, las actuales y nuevas troncales del componente flexible, la red férrea, los cables aéreos; complementado con la promoción de medios más sostenibles como caminar o desplazarse en bicicleta.
(…)
8. Ampliación y optimización de la Red de Ciclorutas y promoción del uso de la bicicleta. Construir e integrar la red de ciclorutas con la infraestructura del sistema de transporte público masivo en concordancia con grupos poblacionales, cuyos patrones habituales de viaje lo posibiliten y asociadas estratégicamente con la red de metro pesado y de metro ligero y con la red troncal. Se busca generar una red de ciclorutas conectadas entre sí, y que responda a las necesidades de la movilidad local, generando equidad y sostenibilidad ambiental además de incentivar y promover el transporte no motorizado.
A la fecha de presentación del presente proyecto, este ya fue aprobado por la administración, se realizó una Comisión accidental y se emitió el nuevo articulado aquí anexo en consenso entre los Honorables Concejales autores, los Honorables Concejales miembros de la comisión accidental y la Administración.

Anexo 22: Gabriel García Márquez
Plenaria

Tema: Segundo debate al proyecto de acuerdo 102 de 2014, el cual rinde tributo a Gabriel García Márquez.

Iniciativa de: Jorge Durán Silva (Partido Liberal).

Fecha: junio 5 de 2014.

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POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE TRIBUTO AL NOBEL DE LITERATURA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.


  1. Resumen concreto







Nombre

Concepto

Ponente 1

Miguel Uribe y Carlos Vicente de Roux

Ratifican ponencia positiva

Ponente 2

Marco Fídel Ramírez

Ratifica ponencia positiva

Administración

  • Secretaría de Educación.

  • Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Ambas entidades dan concepto de viabilidad.

Viabilidad jurídica

Valentina Coral

Competencia

Sí.

Legalidad

Sí.

Concepto general

Cristian Calderón

Viable con observaciones

Voto primer debate en comisión.

Juan Carlos Flórez

Sí.

Voto segundo debate en plenaria

Juan Carlos Flórez

Sí.

Decisión de la plenaria.

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para sanción.

Durante la discusión del proyecto en primer debate, fueron 3 las disposiciones particulares que los concejales decidieron acordar. La primera de ellas fue la creación de la Cátedra Gabriel García Márquez, entendida como un conjunto de actividades culturales y literarias de carácter extracurricular enfocadas en la obra del nóbel y el movimiento literario del realismo mágico; y una serie de actividades a cargo de Idartes que rindan tributo al escritor cerca a la fecha conmemorativa de la premiación del nóbel. La segunda de estas disposiciones, propuesta inicialmente por el concejal Juan Carlos Flórez, renombró el Parque de los Periodistas como Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez. Y la tercera, también propuesta por el concejal Flórez, nombró la biblioteca El Tunal biblioteca Gabriel García Márquez (en el articulado aprobado, el nombre Gabriel García Márquez carece de tildes, pero cabe aclarar que, incluso haciendo uso de las mayúsculas, los nombres conservan las tildes).


No cabe duda de que el legado de Gabriel García Márquez, tanto para la literatura universal como para el país es inmenso. Son válidas las iniciativas para mantener vivos su memoria y legado. Sin embargo, una iniciativa como la que trajo inicialmente el concejal Durán podía quedarse en un acto normativo débil en nombre del escritor y en conmemoración de su fallecimiento. Justamente, las observaciones de los concejales Miguel Uribe y Carlos Vicente de Roux resaltaron la necesidad, en primer lugar, de evaluar la competencia del concejo para modificar el nombre de una cátedra del currículo escolar; y, en segundo lugar, de replantear la idea de usar el parque La Independencia para establecer un monumento de memoria histórica.


  1. Articulado aprobado en primer debate

POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE TRIBUTO AL NOBEL DE LITERATURA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”.


El Concejo de Bogotá D.C., en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Constitución Política: Artículo 70.- Artículo 71.-Artículo 72 Y en el Decreto Ley 1421 de 1993: Artículo 12. Numerales 1 y 13 y las demás normas concordantes,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO. – CÁTEDRA GABRIEL GARCÍA MARQUEZ. En tributo a la memoria, vida y obra del escritor y Nobel Gabriel García Márquez, créese en los Colegios Distritales la “Cátedra Gabriel García Márquez”, entendida como un conjunto de actividades culturales y literarias de carácter extracurricular que harán énfasis en la obra del escritor y en el realismo mágico.
PARAGRAFO. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) impulsarán cada año iniciativas y actividades que rindan tributo a la obra de Gabriel García Márquez, las cuales se llevarán a efecto el 21 de octubre o en días cercanos a esa fecha, en que se conmemora el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura al escritor.
ARTICULO SEGUNDO.- PARQUE DE LOS PERIODISTAS GABRIEL GARCIA MARQUEZ. En adelante el Parque de los Periodistas se denominará “PARQUE DE LOS PERIODISTAS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”. En dicho sitio se instalará una escultura alegórica al Nobel y a su obra.
Corresponderá a la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural llevar a efecto lo dispuesto en el presente artículo.
ARTÍCULO TERCERO.- BIBLIOTECA EL TUNAL. En adelante la Biblioteca el Tunal se denominará “BIBLIOTECA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”.
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acuerdo rige a partir de su publicación.


  1. Síntesis del proyecto de acuerdo

El proyecto de acuerdo busca resaltar la obra y vida del nobel Gabriel García Márquez, fallecido el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. Para ello propone cambiar el nombre de la actual cátedra Español y Literatura por “Cátedra de Español y Literatura Gabriel García Márquez” –sin modificar el contenido de la misma-. Asimismo, propone que los centros educativos realicen, cada 21 de octubre, el concurso anual de literatura Gabriel García Márquez. Finalmente, el autor pretende cambiar el nombre del parque de La Independencia por “Parque de la Independencia Gabriel García Márquez” –situando allí una estatua-.




  1. Justificación del proyecto

El autor del proyecto presenta como justificación del mismo un extenso discurso donde hace alarde de su lectura de las obras del fallecido escritor colombiano. Alude aquí y allá a distintas obras del nobel, resalta distintos momentos de su vida, y recuerda su ejercicio periodístico y su genio literario. El legado del escritor es, para el concejal, justificación para los objetivos del proyecto.




  1. Antecedentes

Es la primera ocasión que se presenta el Proyecto de Acuerdo No. 102 de 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE TRIBUTO AL NOBEL DE LITERATURA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".




  1. Ponencias




    1. Ponencia positiva con modificaciones de Miguel Uribe Turbay y Carlos Vicente de Roux

Los concejales hacen énfasis en el impacto de las obras de Gabriel García Márquez tanto en la literatura latinoamericana como la literatura universal. Además, resalta la impronta que dejaron escritores como Faulkner, Borges y Hemingway en la obra del colombiano. Además, enumeran las distintas obras de García Márquez, desde sus grandes obras hasta sus crónicas como periodista. En relación con el proyecto de acuerdo explícitamente, la ponencia resalta la posibilidad de beneficiar a los cerca de 880.000 estudiantes de colegios oficiales y la ciudad en general. Por una parte, los estudiantes tendrán al nobel como referente y fuente de inspiración para generar conocimiento. Por otra parte, los ciudadanos tendrán un tributo a su memoria y un objeto para renovar el interés por sus obras. Se convertiría en un objeto de preservación y conservación de la memoria histórica.


Sin embargo, la ponencia expone una serie de observaciones sobre el articulado del proyecto, después de las discusiones que llevó a cabo en una mesa de trabajo, el 5 de mayo de 2014, con las secretarías de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Planeación, Hacienda y Gobierno. En primer lugar, es necesario revisar la competencia del Concejo frente a este asunto, pues los currículos son establecidos por la Secretaría de Educación. En segundo lugar, el Acuerdo 161 de 2005 establece la orden al mérito Don Quijote de la Mancha, la cual incluye la realización de un concurso anual en abril. Finalmente, la Secretaría de Cultura recomendó consultar a todas las entidades responsables del espacio público para consolidar un inventario de los posibles lugares que podrían recibir el nombre del escritor, además del parque La Independencia.








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