Diario de sesiones


Reglamentación Ley Nº 12.256



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Reglamentación Ley Nº 12.256

(Proyecto de comunicación – Aprobado)


SR. PRESIDENTE (Barrera).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 21.

Se lee:

Señores diputados:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. N° 13.542 – UCR), autoría del diputado Marcucci, por el cual se solicita que se proceda a reglamentar la Ley Nº 12.256 “Programa de coordinación, seguridad de la comunidad rural y prevención y lucha contra el Abigeato”, en particular lo referente al funcionamiento del Comité Central del Programa de Coordinación. Y, atento a los estudios realizados y las razones que dará su miembro informante, ésta ha resuelto emitir el presente dictamen con modificaciones, que a continuación se transcribe y al que aconseja se le preste aprobación:


La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, proceda a reglamentar los aspectos pertinentes de la Ley Provincial Nº 12.256.
Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2004.

Esquivel – Pezz – Lamberto – Benas – Kilibarda – Liberati – Meotto – Mascheroni



Proyecto de comunicación original

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, proceda a reglamentar la Ley Nº 12.256, que instituye el “Programa de coordinación, seguridad de la comunidad rural y prevención y lucha contra el abigeato”, en particular lo referente al funcionamiento del Comité Central del Programa de Coordinación.

Fundamentos del autor del proyecto

Señor Presidente:

La Ley Nº 12.256, que instituye el “Programa de coordinación, seguridad de la comunidad rural y prevención y lucha contra el abigeato”, fue sancionada en el mes de noviembre de 2003, debiendo el Poder Ejecutivo reglamentarla en el plazo de sesenta días a partir de su publicación.

Este Programa de suma importancia para intentar revertir la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el sector rural de nuestra provincia, establece una serie de acciones a desarrollar a partir de la constitución del denominado Comité Central del Programa de Coordinación, que tendrá a su cargo la conducción del Programa, la definición de ámbitos zonales y el dictado de su propio reglamento.

El mismo estaría integrado por representantes del Ministerio de Gobierno y del de Agricultura, el Director General de Seguridad Rural de la Policía de la Provincia, dos representantes de cada Cámara Legislativa, dos del Poder Judicial y dos designados por entidades ruralistas.

Entendemos que es imperioso la urgente puesta en marcha de este Programa a partir de la constitución de este Comité Central, de la reglamentación de los demás aspectos que hacen al funcionamiento del programa, de su financiamiento, de la coordinación con municipios y comunas y organismos especializados de carácter nacional, para comenzar a revertir esta situación de desamparo y de “tierra de nadie”, que caracteriza a las zonas rurales santafesinas.

Es por lo expuesto anteriormente que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Hugo Marcucci



SR. PRESIDENTE (Barrera).– En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto.

Resulta aprobado.

    1. Procedimientos policiales por juego clandestino (informes)

(Proyecto de comunicación – Aprobado)


SR. PRESIDENTE (Barrera).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 22.

Se lee:

Señores diputados:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. N° 13.541 – PJ), autoría del diputado Kilibarda, por el cual se solicita que se informe sobre los procedimientos policiales y administrativos realizados a partir del 1º de enero de 2004, por prevención y represión del juego clandestino en la Provincia. Y, atento a los estudios realizados y las razones que dará su miembro informante, ésta ha resuelto adherir al mismo, aconsejando su aprobación.


La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de quien corresponda, informe sobre los siguientes puntos:

  1. Procedimientos policiales y administrativos realizados a partir del 1° de enero de 2004, por prevención y represión del juego clandestino en la Provincia;

  2. Resultados de esos procedimientos;

  3. Estimación de la incidencia que tiene el juego clandestino en la pérdida de ingresos, por ese concepto, en la recaudación provincial.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2004.

Esquivel – Pezz – Lamberto – Benas – Kilibarda – Liberati – Meotto – Mascheroni

Fundamentos del autor del proyecto

Señor Presidente:

La Provincia tiene el monopolio en la explotación o administración de los juegos de azar.

En esta materia existe una tan antigua discusión sobre la conveniencia o no de legalización de distintas modalidades de juego, como de la existencia misma del Estado. Las razones esgrimidas de uno u otro sentido, por repetidas, resulta innecesario recordarlas. Pero motivaron dispares posiciones asumidas desde el Estado: desde la totalmente prohibitiva, constitucionalizada en el texto del año 1921; a la que sólo aceptaba un mínimo tolerable, que se mantuvo hasta la década del ’60; hasta la más amplia que admite casi toda clase de juegos de azar, con la excusa que como igual se juega deben aprovecharse esos recursos para fines públicos y, la más reciente, que extiende este marco a ámbitos de explotación privada, vía concesiones o permisos, de determinados juegos (casinos, bingos, etc.). Pero lo cierto es que pese a toda esta extensa trama regulatoria el juego clandestino parece que sigue gozando de buena salud...

Recientemente los funcionarios responsables de la administración del juego en la Provincia han señalado su preocupación por el auge alcanzado, otra vez, por el juego clandestino y, lo que es aún más grave, pareciera que parte de ese juego clandestino se produce en las propias agencias del juego oficial. De esta manera no sólo no habríamos logrado, con tanta y tan minuciosa reglamentación, combatir a los “capitalistas” del juego clandestino, sino que habríamos incorporado, como agentes de la clandestinidad, a nuestros propios agentes oficiales. Aquí sí podríamos decir: sobre llovido, mojado...

Por estas razones resulta necesario conocer la actividad desplegada por el Estado para prevenir y reprimir esta actividad contravencional, que está al límite de una actividad ilícita de mayor rango –defraudación al fisco–; así como los resultados obtenidos en esos procedimientos. También nos interesa conocer cuál es la estimación oficial de las “pérdidas” sufridas –falta de ingresos– por esa actividad ilícita.

Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Danilo Kilibarda



SR. PRESIDENTE (Barrera).– En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto.

Resulta aprobado.

    1. Tribunal Fiscal de la Nación: delegación fija en Santa Fe

(Proyecto de comunicación – Aprobado)


SR. PRESIDENTE (Barrera).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 23.

Se lee:

Señores diputados:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. N° 13.692 – PJ), autoría de los diputados Kilibarda, Mirabella, Costa, Stanoevich y Dalla Fontana, por el cual se solicita que se disponga gestionar ante el PEN el establecimiento de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en la ciudad de Santa Fe, conforme a las disposiciones del artículo 145 inc. a) de la ley 11.683. Y, atento a los estudios realizados y las razones que dará su miembro informante, ésta ha resuelto adherir al mismo, aconsejando su aprobación, cuyo texto a continuación se transcribe:


La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, gestionare ante el Poder Ejecutivo Nacional, el establecimiento de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en la ciudad de Santa Fe, conforme a las disposiciones del artículo 145 inc. a, de la Ley Nacional Nº 11.683.
Sala de la Comisión, 27 de octubre de 2004.

Esquivel – Pezz – Lamberto – Benas – Liberati – Dehesa – Mascheroni



Fundamentos de los autores del proyecto

Señor Presidente:

El Tribunal Fiscal de la Nación es un tribunal administrativo, que funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Fue creado por la Ley 15.265 (BO 23/01/1960), y actúa desde el 28 de abril de 1960.

Su competencia es tanto en temas de materia impositiva como aduanera. Se divide en siete salas, de composición mixta (abogados y contadores).

Cabe destacar que por Decreto 1684/93 se le otorga verdadero carácter de entidad autárquica, tanto en el orden administrativo como financiero. Así, por medio de la Acordada 840/93 (BO 12/01/94), el Tribunal dictó su propio reglamento interno, que regula todo lo concerniente al procedimiento por ante ese órgano.

La importancia de este Tribunal en sede administrativa es vital en la relación Fisco – contribuyente. En palabras de Beatriz González de Rechter, presidenta del TFN en el período 27/04/79 a 11/05/91: “La razón fundamental de la creación de un tribunal administrativo fue, sin lugar a dudas, la eliminación del principio ‘solve et repete’ dentro de la esfera administrativa, permitiendo con ello que las apelaciones de las determinaciones de oficio del Fisco o los recursos dictados por la ANA pudieran ser apeladas con efecto suspensivo, desarrollándose así la causa sin que el contribuyente debiera abonar previamente el tributo reclamado” (PET Nº 116, 30/08/96), requisito ineludible si se quiere acceder al fuero judicial.

Y como bien destacó Pedro José Pagani, presidente del TFN desde el 11/09/1985 al 22/06/1988: “Dentro de lo novedoso de este organismo se encontraba, justamente, la integración mixta. Por primera vez se logró que los profesionales en Ciencias Económicas integren un tribunal de estas características, altamente especializado para la dilucidación de temas tributarios” (PET Nº 172 y 174, 30/12/98 y 30/01/99). Tal vez la especialización de este Tribunal sea una de sus notas más características.

Es importante señalar que si bien su sede se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (vid. Art. 145, Ley 11.683 y Art. 1º, Acordada 840/93), su competencia se extiende para todo el territorio nacional. El propio texto del artículo 145 de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario (BO. 20/7/98, t.o. Dec. 821/98) señala que aún cuando la sede está en la Capital Federal, el Tribunal “podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar de la República”, sea mediante delegaciones fijas establecidas por el Poder Ejecutivo (Art. 145, inc. a, Ley 11.683), o por delegaciones móviles, a criterio del propio órgano (Art. 145, inc. b, Ley 11.683).

No obstante la claridad de la norma, este texto ha devenido en letra muerta: jamás hemos contado con una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en el interior de nuestro país. Durante la presidencia de Pagani, éste propuso el establecimiento de una sede de estas características en la provincia de Córdoba; idea que nunca se concretó pese al unánime clamor de la doctrina especializada.

La trascendencia que tiene el establecimiento de una delegación fija del Tribunal de la Nación en el interior del país es clara: asegurar la pronta justicia sin sacrificar el principio de inmediación. En las condiciones actuales, litigar por ante este órgano exige constituir domicilio especial en la ciudad de Buenos Aires (Art. 19, Acordada 840/93), lo que se traduce en la necesidad de contratar los servicios de un profesional capitalino y soportar los costes propios de un proceso tramitado “a distancia”. Con la constitución de delegaciones fijas en el interior se satisfará la demanda constante de los litigantes, fortaleciéndose en última instancia los derechos y garantías de los contribuyentes (Gómez, Teresa – Folco, Carlos M., ”Procedimiento Tributario”, 2da. Ed., La Ley, 2004, pág. 531)

Un ex Presidente del Tribunal, Agustín Torres, manifestó en un reportaje: “Mi preocupación es hacer una justicia nacional. Que el Tribunal Fiscal sea de la Nación. Me preocupa el acceso de los pequeños contribuyentes a la justicia tributaria. Acá se habla de la gran justicia tributaria, pero la justicia tiene que ser para todos...” (PET Nº 163, 24/08/98).

Se postula, en definitiva, que nuestro Poder Ejecutivo realice gestiones por ante el Ejecutivo Nacional a fin de lograr el establecimiento de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en esta ciudad de Santa Fe. La elección no es caprichosa. La distancia que nos separa de la Capital Federal, y la importancia de nuestra provincia y de su actividad tributaria en el esquema nacional hacen que lo solicitado sea necesario y pertinente. Somos conscientes de la necesidad de que el Tribunal Fiscal de la Nación cuente con este tipo de delegaciones fijas en distintas localidades importantes del territorio nacional, no sólo en nuestra ciudad, a fin de que se aseguren las garantías constitucionales y se afiance la justicia en todo el país. Pero bueno será dar el primer paso en ese sentido.

Es por todo ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Kilibarda – Dalla Fontana – Stanoevich – Costa – Mirabella



SR. PRESIDENTE (Barrera).– En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto.

Resulta aprobado.



    1. Cámara de diputados de la provincia de santa fe
      Sr. presidente (barrera).–



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