Derecho del trabajo



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ISSN 0326 1263


PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN


CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
PROSECRETARÍA GENERAL


BOLETÍN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA Nº 339

D I C I E M B R E ‘ 2 0 1 3


OFICINA DE JURISPRUDENCIA

Dr. Claudio Marcelo Riancho

Prosecretario General

DERECHO DEL TRABAJO

D.T. 1 9 Accidentes del trabajo. Intereses. Ley 24.557. In itinere. Trabajador acreedor a una prestación de pago único por incapacidad permanente parcial definitiva. Fecha a partir de la cual se computan los intereses.

A fin de establecer la fecha a partir de la cual deben imponerse los intereses no debe confundirse el nacimiento del derecho con su declaración administrativa o judicial. En el caso, no existe constancia que permita conocer la fecha del alta médica por lo que, según el juego armónico de los arts. 7 y 9 de la ley 24.557, el transcurso del plazo de un año desde el acaecimiento del accidente marcó el paso de la incapacidad temporaria a la incapacidad definitiva que justifica la aplicación de intereses. La situación se encuentra regida por el art. 9.2 de la referida ley, según el cual “la situación de incapacidad laboral permanente que diese derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del cese de incapacidad temporaria”. Fue ese el momento en que se concretó el derecho del actor, al integrarse el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento con prescindencia de la actividad, administrativa y judicial, tendiente a la declaración de ese derecho preexistente.



Sala IV, Expte. Nº 30.925/2010 Sent. Def. Nº 97610 del 27/12/2013 “Navarro Gustavo Adolfo c/MAPFRE Argentina ART SA s/accidente-ley especial”. (Pinto Varela-Marino).
D.T. 1 9 Accidentes del trabajo. Intereses. Momento a partir del cual deben correr.

El momento a partir del cual deben correr los intereses debe ser la fecha en que tuvo lugar el accidente, ya que la misma marca el comienzo del daño para la víctima y que éste es el hecho que dio nacimiento a la obligación de indemnizar (conf. art. 1038, Cod. Civil).



Sala VI, Expte. Nº 49.561/11 Sent. Def. Nº 65909 del 12/12/2013 “Enriquez Claudio Fabián c/ART Interacción SA s/accidente-ley especial”. (Raffaghelli-Craig).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de Riesgos. Indemnización prevista en el art. 14 ap. 2. Inaplicabilidad del tope.

No corresponde aplicar el tope a la indemnización prevista en el art. 14 ap. 2 L.R.T.. Ello así, puesto que debe tenderse a proteger el derecho de la víctima ya que el trabajador es sujeto de preferente tutela en el marco dado por la directiva del principio protectorio establecido en el art. 14 C.N., y tal como ha sido reconocido en numerosos fallos por nuestro más alto Tribunal. (En el mismo sentido “Balsells, Esteban Horacio c/ MAPFRE Argentina ART S.A. s/accidente-ley especial” Sala VI, SD 63168 del 19/08/11).



Sala VI, Expte. Nº 24.287/10 Sent. Def. Nº 65914 del 17/12/2013 “Santander Ismael Alejandro c/CAN Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/accidente-ley especial”. (Raffaghelli-Craig).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de Riesgos. Ley 26.773. Indice RIPTE.

En el caso, la sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo de la prestación dineraria por incapacidad permanente contenido en la ley 24.557. Por corresponder su confirmación deberá procederse a la aplicación inmediata del ajuste, para lo cual se aplicará el índice RIPTE, de modo que el capital de condena fundado en la indemnización del art. 14 ap. a) deberá corregirse con dicho coeficiente. Asimismo se incorporará la tasa de interés del 12% anual hasta el momento en que venza el plazo de cumplimiento de la sentencia, cuyo cálculo se efectuará en la oportunidad del art. 132 L.O.. Esa tasa de interés busca compensar al acreedor por el tiempo transcurrido entre el nacimiento de su derecho y el reconocimiento judicial. En caso de mora se aplicará a partir del eventual incumplimiento la tasa que surge del Acta 2357/2002 (tasa activa). También se aplicará la tasa activa entre la fecha de la denuncia de la lesión del actor (1/10/2009) hasta el 31/12/2009 (a partir de dicha fecha se ajusta la indemnización por el RIPTE). No debe aplicarse en el caso el art. 3 de la ley 26.772 en razón de que, al imponer una indemnización adicional, conlleva una modificación de los alcances de la responsabilidad a diferencia del supuesto del art. 17 inc. 6 que supone una mera actualización para mantener incólumes las prestaciones pretéritas.



Sala VI, Expte. Nº 18.414/2010 Sent. Def. Nº 65902 del 05/12/2013 “Lango Néstor Oscar c/Interacción ART SA s/accidente ley especial”. (Raffaghelli-Fernández Madrid).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de riesgos. Ley 26.773. Pedido de aplicación ex temporáneo.

La ley 26.773 fue publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de 2012 y pese a ello, en el caso, la parte actora no solicitó en primera instancia que se tuviera en consideración dicha norma; es más, no sólo nada dijo durante el trámite del proceso una vez vigente dicha nueva ley, sino que recién al recurrir la sentencia pretende su aplicación aunque sin explicar las razones fácticas que justificarían su tesis que permitiesen concluir que resulta de aplicación una norma dictada con posterioridad al accidente. Toda vez que la cuestión introducida en la apelación no fue puesta a la consideración y examen del magistrado de primera instancia a pesar de que la norma se encontraba vigente, no puede darse su tratamiento en la alzada –art. 277 CPCCN. -



Sala IV, Expte. Nº 30.925/2010 Sent. Def. Nº 97610 del 27/12/2013 “Navarro Gustavo Adolfo c/MAPFRE Argentina ART SA s/accidente-ley especial”. (Pinto Varela-Marino).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de riesgos. Prestación de pago único. Prescripción.

Ante el supuesto de una enfermedad auditiva a la que se le atribuyó carácter profesional, no puede resolverse una cuestión como la prescripción sin acudir a lo prescripto por el art. 44 ap. 1º de la ley 24.557, que establece que “las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral” prescindiendo, en principio y a los fines del pago de la prestación debida a causa de la determinación de una secuela incapacitante, de la fecha en que se realizó una denuncia con motivo de una contingencia cubierta o no por la póliza de seguro. El referido precepto legal, debe ser interpretado en forma conjunta con lo dispuesto por los arts. 7º y 9º del mismo, lo que implica que las acciones que corresponden a prestaciones de pago único prescriben a partir de los dos años a contar desde que se configuró el hecho que torna exigible dicho crédito, (es decir, la declaración definitiva de la incapacidad permanente parcial, total o gran invalidez o la muerte del trabajador) o en su caso desde que cesa la incapacidad laboral temporaria en los términos del art. 7º L.R.T..



Sala X, Expte. Nº 51.043/2011 Sent. Def. Nº del “Castillo Héctor Rodolfo c/La Caja ART SA s/accidente-ley especial”. (Brandolino-Corach).
D.T. 1 9 Accidentes del trabajo. Intereses. Momento a partir del cual corren.

El daño derivado de la incapacidad laborativa permanente debe considerarse fijado, consolidado y resarcible a partir de la consolidación jurídica o del alta médica (conf. arts. 7 ap. 2, 8 y concs. L.R.T. y 622 Código Civil). Por lo tanto, en materia de prestaciones económicas determinadas en procesos judiciales los intereses corren desde la consolidación de la incapacidad a resarcir.



Sala II, Expte. Nº 27.984/11 Sent. Def. Nº 102610 del 12/12/2013 “Sánchez Ramón Eustaquio c/Copin SRL y otro s/interrupción de prescripción”. (Pirolo-Masa).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de riesgos. A.R.T. que pretende eximirse de responsabilidad alegando la caducidad de la póliza por falta de pago. Art. 18 dec. 334/96. Requisitos. Notificación a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la entidad gremial representativa correspondiente.

En caso de que la A.R.T., ante la falta de pago del asegurado y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18 del dec. 334/96, hubiera decidido rescindir un contrato de afiliación, dicha caducidad solo será oponible al trabajador siempre que la aseguradora dé cumplimiento con dos notificaciones: a) a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dentro de los quince días hábiles de haber procedido a la rescisión y b) a la entidad gremial representativa correspondiente, según lo dispuesto en el apartado 4 de la norma citada. No cumplidos estos ineludibles recaudos de publicidad sin los cuales la extinción del contrato es inoponible a los trabajadores de la empresa afiliada, la A.R.T. no puede hacer valer ante la víctima de la contingencia la caducidad de la póliza ni ampararse en el régimen limitativo introducido en el art. 18, tercer párrafo del apartado 3, del Dec. 334/96; ello sin perjuicio de su derecho, frente a su asegurado deudor moroso, de repetir la totalidad de las prestaciones que asuma, como lo dispone el art. 28 apartado 4 L.R.T..



Sala II, Expte. Nº 10.121/2009 Sent. Def. Nº 102.694 del 27/12/2013 “Godoy Antonio Ruben c/Provincia ART SA y otro s/accidente-acción civil”. (González-Pirolo).
D. T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de Riesgos. Incapacidad. Fórmula de Balthazard. Improcedencia.

La metodología seguida en base a la consideración de una “capacidad restante”, cuando existen incapacidades concurrentes, no resulta aplicable a los casos en los cuales los porcentuales de incapacidad derivan de afecciones en distintas regiones o funciones del organismo humano pero que se verificaron en forma contemporánea, por cuanto no se trata de la ponderación de hechos traumáticos sucesivos en los que pudiera determinarse la existencia de una minoración previa. El método basado en la fórmula de Balthazard sólo podría aplicarse cuando un trabajador que tiene su capacidad laboral disminuida sufre un nuevo infortunio laboral, en cuyo caso –y conforme a dicho método- el grado de minusvalía que corresponde a este último no debe aplicarse sobre el 100% de capacidad (total), sino sobre la restante que surge de descontar a ese 100% la incapacidad definitiva y permanente derivada del hecho anterior.



Sala II, Expte. Nº 34.884/1991 Sent. Def. Nº del “Burela, Mario Alberto c/Murchinson SA Estibajes y Cargas y otros s/accidente ley especial”. (González-Pirolo).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de Riesgos. Inconstitucionalidad del sistema previsto en los arts. 21 y 46.

Resulta inconstitucional el sistema previsto en los arts. 21 y 46 L.R.T. en cuanto prevé la actuación de organismos administrativos para la determinación de la incapacidad y la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de la Seguridad Social, es decir, en cuanto contempla la competencia federal respecto de una norma propia del derecho común. Las cuestiones relativas a la reparación de las consecuencias derivadas de infortunios laborales carecen de naturaleza federal, aun en el supuesto de vincularse con las prestaciones reconocidas por la ley 24.557. No se justifica, pues, la intervención del fuero de excepción, como lo es la Justicia Federal de la Seguridad Social, y por lo tanto el conocimiento de dichas cuestiones debe ser atribuido a los tribunales ordinarios con competencia laboral. El art. 46 de la ley 24.557 afecta los principios del juez natural y de acceso a la justicia por cuanto establece la obligatoriedad de una instancia previa al trámite y duración inciertos, constituida tanto por la intervención de la autoridad de aplicación en materia laboral, como por la esencial actuación de las comisiones médicas, que impiden al trabajador ocurrir ante un órgano independiente para exigir la reparación de sus infortunios, restringiendo el acceso a la justicia, excluyendo a la justicia del trabajo y vedando el derecho a reclamar, en consecuencia, ante jueces naturales mediante el debido proceso.



Sala II, Expte. Nº 27.984/11 Sent. Def. Nº 102610 del 12/12/2013 “Sánchez Ramón Eustaquio c/Copin SRL y otro s/interrupción de la prescripción”. (Pirolo-Maza).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de Riesgos. Ley 26.773. Indice RIPTE. Créditos a los que se aplica.

Corresponde aplicar el índice RIPTE que prevé el art. 17, inc. 6 de la ley 26.773 a las obligaciones emergentes de la ley 24.557 que no hubieran sido canceladas con anterioridad al momento en el cual entró en vigencia la primera, es decir, en tanto subsistan consecuencias jurídicas del infortunio que no estuvieran satisfechas en el momento indicado. Tratándose de un accidente anterior a la vigencia de la ley 26.773 no corresponde admitir el derecho de la víctima a la indemnización adicional que prevé el art. 3 de la mencionada ley, pues este beneficio no existía en el esquema normativo anterior y, por lo tanto, no puede considerarse que se tratara de una obligación aún no satisfecha.



Sala II, Expte. Nº 27.984/11 Sent. Def. Nº 102610 del 12/12/2013 “Sánchez Ramón Eustaquio c/Copin SRL y otro s/interrupción de prescripción”. (Pirolo-Maza).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de Riesgos. Ley 26.773. RIPTE.

El RIPTE de los arts. 8 y 17, ap. 6 de la ley 26.773 no es un mecanismo indexatorio de obligaciones y sólo opera como mecanismo de mejoramiento de las prestaciones del art. 11, apartado 4, 14 y 15 de la ley 24.557.



Sala II, Expte. Nº 14.438/12 Sent. Def. Nº 102600 del 10/12/2013 “Elizalde, Matías Sebastián c/Asociart ART SA s/accidente-ley especial”. (Maza-González).
D.T. 1.1. Accidente del trabajo. Vínculo de naturaleza laboral.

El actor realizaba tareas de carpintería y albañilería en la obra llevada a cabo por la demandada, por ende, el vínculo que lo unía era de naturaleza laboral. En mérito a ello y al haberse accidentado en su lugar de trabajo, no cabe sino concluir que el evento dañoso fue un accidente en el hecho y ocasión del trabajo.



Sala IX, Expte Nº 15.060/2009 Sent. Def. Nº 19.137 del 30/12/2013 “Benitez Marcial c/ Arqtec SRL y otros s/ Despido”. (Pompa - Balestrini)
D.T. 13 4 Asociaciones profesionales de trabajadores. Personería gremial. Solicitud de inscripción gremial. Trabajadores activos y pasivos que se desempeñen bajo relación de dependencia en al Policía, el Servicio Penitenciario, las Fuerzas Armadas y la Gendarmería de la Provincia de Córdoba.

De acuerdo con el art. 2 del Convenio 87 OIT (ratificado por nuestro país) “los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes…”. El mismo Convenio en su art. 9 dispone “La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio”. En nuestro país no se ha dictado legislación alguna que prohíba la posibilidad de sindicalización de las fuerzas de seguridad y penitenciarias, y el derecho constitucional de asociarse sindicalmente se encuentra en concordancia con lo establecido en numerosos tratados internacionales y convenios supranacionales que la República Argentina ha declarado complementarios de la C.N. (Art. 75, inc. 22). El legislador argentino no ha establecido restricciones y tampoco ha prohibido la sindicalización de las fuerzas de seguridad, por lo que, por aplicación del art. 19 C.N., no puede desconocerse a los trabajadores del servicio policial y penitenciario, el derecho a agremiarse.



Sala II, Expte. Nº 63.413/2013 Sent. Def. Nº 102643 del 18/12/2013 “Ministerio de Trabajo c/Unión de Policías Penitenciarios Argentina Córdoba 7 de agosto s/ley de asoc. sindicales”. (González-Pirolo).
D.T. 15 Beneficios sociales. Plan de Pensión otorgado por IBM Argentina S.A..

El beneficio emergente de un Plan de Pensión como el otorgado por IBM Argentina SA al actor, no reviste naturaleza salarial pues durante la vigencia del vínculo laboral el trabajador no puede disponer libremente de su contenido económico para la adquisición de bienes y servicios ni para efectuar ningún tipo de gasto o inversión. Se trata de un típico beneficio social, “de seguridad social… que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo”, según lo describe el primer párrafo del art. 103 bis L.C.T. dado que la enumeración que luego contiene es meramente enunciativa. Es un plan de resguardo de los ingresos para el momento en que se produzca el cese de su actividad laboral. Desde esta perspectiva, y en tanto carece de naturaleza remuneratoria, no está alcanzado por el principio de intangibilidad del salario; y en cambio, es susceptible de variaciones en el marco de lo previsto por el art. 66 L.C.T..



Sala II, Expte. Nº 27.341/09 Sent. Def. Nº 102606 del 11/12/2013 “De Cabo Pérez Alberto Antonio c/IBM Argentina SA s/daños y perjuicios”. (Pirolo-González).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Constancia que no refleja la realidad de las remuneraciones abonadas o de los aportes efectuados.

En el certificado de trabajo deben constar las remuneraciones efectivamente pagadas por el empleador, así como los aportes legales efectivamente ingresados a los organismos destinatarios, más allá de que tanto unas como otras hayan sido en defecto. Claro que si, con posterioridad, la empresa paga más sumas en concepto de remuneraciones (en virtud del cumplimiento de una sentencia judicial que así lo establezca, por ejemplo) o ingresa a los organismos pertinentes importes adicionales en concepto de aportes correspondientes al trabajador, estará obligada a emitir un nuevo certificado que contenga las modificaciones sobrevinientes. La obligación de la empleadora de expedir una nueva certificación no nacerá sino luego de que pague nuevos salarios (o diferencias salariales) o ingrese sumas adicionales en concepto de aportes, pues hasta tanto ello no ocurra la realidad de la situación seguirá siendo reflejada por el certificado entregado en primer término. (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría).



Sala IV, Expte. Nº 38.188/2011 Sent. Def. Nº 97561 del 20/12/2013 “Álvarez Matías Ignacio c/El Rosario SA s/despido”. (Pinto Varela-Guisado-Marino).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Constancia que no refleja la realidad de las remuneraciones pagadas o de los aportes efectuados.

No obstante el hecho de que la empleadora haya puesto a disposición del trabajador las certificaciones contempladas por el art. 80 L.C.T. primer párrafo al ser requerida en tal sentido, no puede sustraerse al pago del resarcimiento establecido en el párrafo agregado por el art. 45 de la ley 25.345 si los instrumentos que obran acompañados en la causa no reflejan los reales datos de la relación con respecto a la incidencia de las horas extra en la remuneración mensual. (Del voto de la Dra. Pinto Varela, en minoría).



Sala IV, Expte. Nº 38.188/2011 Sent. Def. Nº 97561 del 20/12/2013 “Álvarez Matías Ignacio c/El Rosario SA s/despido”. (Pinto Varela-Guisado-Marino).
D.T. 27 2 Contrato de trabajo. Choferes y fleteros. Remisero. Empleador plural.

En el caso, el actor, chofer de remise, se desempeñaba en el ámbito comercial de la agencia a la que codemanda, que contaba entre sus clientes a Hotel Sheraton, lugar donde alquilaba un espacio comercial –en la galería comercial y en el estacionamiento-, espacio donde ofrecía sus servicios a quienes allí se alojaban y donde estacionaban los automóviles utilizados para ese transporte ofertado. El actor recibía las órdenes de servicio del coordinador de la agencia, buscaba el vehículo que conducía –propiedad de la persona física codemandada- en el espacio rentado por la agencia, rendía los viajes en las planillas denominadas “vouchers” que se confeccionaban en varios ejemplares y que quedaban en poder no sólo del chofer sino también de la agencia para el pertinente contralor. Asimismo, el otro codemandado, quien lo registró y contrató, era quien abonaba sus remuneraciones. En este contexto fáctico cabe concluir que ambos codemandados se comportaron en calidad de empleadores. Se trata de un supuesto de empleador pluripersonal integrado por el propietario del vehículo y la agencia de remises (art. 26 L.C.T.).



Sala I, Expte. Nº 23230/10 Sent. Def. Nº 89520 del 27/12/2013 “Monastirsky Daniel Eduardo c/Decono Eduardo Luis y otros s/despido”. (Pasten-Vilela).
D.T. 27 2 Contrato de trabajo. Choferes y fleteros. Remisero. Solicitud de pago de horas extras. Improcedencia. Art. 11 del dec. 16.115/33.

No resulta procedente el reclamo de horas extra efectuado por el actor, chofer de remise, a raíz de su despido. Aun cuando no se trata de un cobrador ni un corredor remunerado exclusivamente a comisión, lo cierto es que no sólo su salario se determina en base a un porcentaje vinculado al trabajo realizado –los viajes efectivamente llevados a cabo- sino que, lo que es decisivo, su prestación es intermitente. Dicha intermitencia surge del hecho de al laborar para una remisería que tenía su sede en el Hotel Sheraton, podía utilizar el salón comedor y contaba con un espacio para esperar que se le asignaran viajes. Resulta pues aplicable al caso el art. 11 del decreto 16.115/33. Dicha excepción normativa comprende tareas que se llevan a cabo con una mayor disponibilidad de descansos o pausas para el trabajador y en las que se da una directa relación entre el salario y al mayor actividad.



Sala I, Expte. Nº 23230/10 Sent. Def. Nº 89520 del 27/12/2013 “Monastirsky Daniel Eduardo c/Decono Eduardo Luis y otros s/despido”. (Pasten-Vilela).
D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Art. 30 L.C.T.. Gastronómicos. Servicio de confitería en una universidad.

Si bien la actividad gastronómica no forma parte del objeto especifico de la UADE, lo cierto es que la misma contribuye al mejor desenvolvimiento de la comunidad educativa de dicha institución, en tanto se trata claramente de una actividad que colabora con la consecución de los fines de la Universidad.



Sala VII, Expte Nº 10.085/2012 Sent. Def. Nº 46.257 del 30/12/2013 “Ballato Guillermo Pablo c/ Brugnola Nelida Maria y otros” (Fontana – Rodriguez Brunengo)
D.T. 27 18 a) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Art. 30 L.C.T.. Generalidades. Figura del contratista.

En los casos que prevé el art. 30 L.C.T., es decir, cuando existe una verdadera y real delegación de actividad, el trabajador que se sienta afectado en sus derechos deberá accionar contra el contratista, como su verdadero empleador, y contra el empresario principal, como responsable solidario; aquí la solidaridad no modifica el vínculo laboral que existía con el contratista o subcontratista.



Sala VII, Expte Nº 10.085/2012 Sent. Def. Nº 46.257 del 30/12/2013 “Ballato Guillermo Pablo c/ Brugnola Nelida Maria y otros” (Fontana – Rodriguez Brunengo)
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Art. 30 L.C.T.. Improcedencia. Servicio de lavado de automóviles.

Teniendo en cuenta la actividad desarrollada por las codemandadas, así como la circunstancia de que no tuvieran participación en el resultado del negocio explotado por Pronto Wash S.A., y que el servicio de lavado de automotores en el estacionamiento de aquellas no aparece como una actividad inescindible que impida el cumplimiento de su finalidad, considero que no se da en el caso la “unidad técnica de ejecución” que contempla el art. 6 de la L.C.T., ni las características propias que autoricen a concluir que las labores desplegadas por el demandante deban ser incluidas entre las que integran la actividad normal y especifica propia en los términos del art. 30 L.C.T..





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