Denuncia ante ministerio público presentación fiscal General de la República de Nicaragua. Doctora Ana Julia Guido Rocha. Sus manos



Descargar 21.74 Kb.
Fecha de conversión24.02.2018
Tamaño21.74 Kb.
Vistas71
Descargas0


DENUNCIA ANTE MINISTERIO PÚBLICO

PRESENTACIÓN

Fiscal General de la República de Nicaragua.

Doctora Ana Julia Guido Rocha.

Sus manos:
Nosotras; Daysi Tamara Dávila Rivas, cédula número: 001-150181-0057D, en unión de hecho, Licenciada en Psicología, del domicilio de Managua, Silvia Del Socorro Salmerón Espinoza, mayor de edad, casada, Contadora y de este domicilio, Cédula: 202-081063-0004H, Suyen Barahona Cuan, mayor de edad, Casada, Licenciada en Relaciones Internacionales, y de este domicilio, Marlen Auxiliadora Chow Cruz, mayor de edad, soltera, Máster en Salud Pública y de este domicilio, Cédula Número: 001-010549-0025N, Virginia Eugenia Vijil Icaza, mayor de edad, Soltera, Licenciada en Derecho y de este domicilio, 001-120343-0001F, Luisa del Carmen Molina Cabezas, mayor de edad, Casada, Licenciada en Sociología y de este domicilio, Cédula de Identidad Número: 001-280653-0000E, Lucia Marilea Reynosa Mercado, mayor de edad, Soltera, Licenciada en Computación, Cédula Número: 402-131270-0002U, Mayra Sirias, mayor de edad, Soltera, Docente de Educación Especial y de este domicilio, Cédula de Identidad Número: 281-070555-0008U, y ciudadanas nicaragüenses, en nuestro carácter personal y de conformidad con el Artículo 52 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los Artículos 109 inciso 4, párrafo segundo y 222 párrafo primero, del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Ley 406, disposiciones jurídicas que nos facultan para Interponer la presente Denuncia, ante Usted, comparecemos y exponemos:
Comparecemos ante Usted en su carácter de Representante del Ministerio Público y Fiscal General. A pesar de que en Nicaragua actualmente no existe la separación de poderes, nosotras madres, continuamos nuestra lucha cívica para que se respete la ley y las Convenciones firmadas por Nicaragua, independiente del poder que ejerza el sujeto o institución que la viole. Insistimos en que se restituya y restablezca el derecho al debido proceso.
LOS HECHOS

El Ejército de Nicaragua a través del Coronel Marvin Paniagua, Jefe del Sexto Comando Militar Regional informó en una comparecencia ante medios de comunicación de un enfrentamiento ocurrido el 12 noviembre de 2017 en la Comunidad de San Pablo 22, micro región IV del Municipio de La Cruz del Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Según lo dicho por el militar el enfrentamiento se produjo después de días de persecución.


El jefe militar confirmó la muerte de 6 personas, mencionando solo el nombre del supuesto cabecilla, afirmando que se trataba de una banda delincuencial al mando de Rafael Dávila Pérez, alias El Colocho. Según el militar la banda se dedicaba al cultivo y tráfico de marihuana, producto del cual le ocuparon 20 libras. Expuso que no podía describir las denuncias por cuestiones de seguridad.
Posteriormente se conoció por fotografías que circularon en las redes sociales que entre las 6 personas muertas se encontraban Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente.
La comparecencia del militar fue notoriamente insuficiente, no explicó aspectos básicos sobre los hechos y hasta el momento los mismos no han sido investigados por las autoridades correspondientes.
Al respecto queremos hacer referencia a lo consideramos incongruencias que deben ser aclaradas y que demandan una investigación exhaustiva y apegada al derecho.
1.- Las personas que fueron abatidas, según un jefe militar después de una persecución, ¿cuáles son sus nombres y generales?, ¿qué delitos cometieron?, ¿cuándo ocurrieron esos hechos?, ¿qué procedimiento se siguió por parte de las autoridades?, ¿hubo denuncias?, ¿ante qué autoridades?, ¿qué procedimientos se siguieron?, ¿en qué estado están las investigaciones o los procesos penales?
2.- Las personas que fueron abatidas, ¿dónde se encuentran?, ¿fueron enterradas en una fosa común?, ¿por qué?, ¿quién dio la orden?, ¿se han exhumado?, ¿para qué?, ¿ha habido algún análisis forense?, ¿quién lo realizó?, ¿cuáles son los resultados?

3.- Autoridades militares han descartado la posibilidad que se trate de grupos armados con fines políticos, ¿por qué entonces en el Libro Blanco que emitió el gobierno se les da categoría de fuerza beligerante al señalar la violación al derecho a la vida?
4.- Las fotografías que circulan en redes sociales muestran los cuerpos del niño de 12 años con un orificio de entrada en la parte frontal del tórax con una sombra oscura y la de la adolescente con la ropa desabrochada. Para la primera es preciso que a través de un examen de fotografía se indique si es posible determinar la distancia a que fue realizado ese disparo y en el caso de la segunda es fundamental explicar por qué aparece semi desnuda.
5.- La información de la autoridad militar indica que se trataba de fuerzas delincuenciales de ser así, los presuntos hechos que cometieron deben ser debidamente investigados por las autoridades competentes, la policía y la fiscalía, y puestos a la orden de las autoridades judiciales si cada caso lo amerita, quienes deberán decidir si son responsables de lo que se les imputa y en consecuencia imponerles las sanción que cada caso amerite. Bajo ninguna circunstancia la ejecución sumaria o extrajudicial se justifica.
6.- La información brindada a través de medios de comunicación indica que desde el 3 de noviembre de 2017 andaban en persecución de esta banda, de ser así es indiscutible que se debe explicar, ¿por qué era el ejército y no la policía quien daba persecución a esa supuesta banda delincuencial?
7.- La Constitución Política de la República indica que la Policía Nacional que tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito, asimismo establece que solo en casos excepcionales, el Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá en apoyo a la Policía ordenar la intervención del Ejército, en consecuencia:


  • ¿Por qué intervino el ejército?

  • ¿Cuál era la amenaza a la estabilidad de la República que justifique la intervención del ejército?

  • ¿Cuándo se llevó a cabo la reunión del Presidente en Consejo de Ministros que ordenó la intervención del ejército?

8.- La información brindada por el militar indica que hubo persecución por 9 días, que se produjo el enfrentamiento a las 5 y 40 minutos de la mañana del 12 de noviembre de 2017 y que no hubo sobreviviente de parte de parte del presunto grupo delincuencial, al respecto el ejército debe explicar:


  • La profesionalidad observada por el mando que ordenó la operación.

  • La proporcionalidad entre el hecho y la respuesta militar

  • El grado de información que tenían para determinar la acción que correspondía y por la autoridad legalmente obligada.

  • Si tenían días de seguir al presunto grupo delincuencial cómo se limitó la acción a fin de neutralizar al grupo y propiciar su captura y no su exterminio, a fin de determinar de qué se trataba: narcotráfico, abigeato, alzamiento político, combinación de objetivos u otro.

9.- La señora Elea Valle, madre de Francisco y Yojeisel ha denunciado que a su hijo le propinaron varias acuchilladas y balazos, incluido uno en la cabeza y que su hija Yojeisel Elizabeth, fue violada y que los cuerpos de sus Dos Hijos, (Hermanos Pérez Valle), estaban desnudos y los otros cuerpos estaban quemados y finalmente, el Ejército ordenó a los Comunitarios “que abrieran la fosa y los enterrarán”, siendo enterrados en una fosa común sin presencia de fiscales, policías, o autoridad que testificara sobre la identidad de las víctimas. ¿Qué investigación hizo el ejército al respecto?, ¿qué ha investigado la policía’, ¿cuáles son los resultados?, ¿en qué estado se encuentra las mismas.
PLANTEAMIENTO
Los hechos narrados por parte del Coronel Marvin Paniagua, incluida la omisión deliberada de no informar sobre la muerte de 2 personas menores de edad, revela una actuación letal de parte del Ejército. Las características y modalidad de los hechos, así como la posterior publicación del Libro Blanco indican que hay una práctica institucionalizada relacionada con la persecución selectiva y el aniquilamiento en las montañas de Nicaragua que fueron escenarios de guerra.
Resulta sumamente contradictorio que el Coronel Marvin Paniagua, afirme que desde el día 3 de Noviembre de 2017 le estaban dando seguimiento a la presunta banda delincuencial y a pesar del dominio de información y de tácticas militares, las tropas del Ejército hayan sido incapaces de capturarlos y entregar a la banda delincuencial para su debida investigación a las autoridades de la Policía Nacional, para su posterior procesamiento ante los Tribunales Comunes, puesto que los delitos que se le imputan a los miembros de dicha banda, son delitos comunes, y ningún delito común, por muy aborrecible que sea, se penaliza con la muerte, pues, así lo establece el Artículo 23Cn. “El derecho a la vida es Inviolable e Inherente a la Persona Humana. EN NICARAGUA NO HAY PENA DE MUERTE.”
A pesar que en Nicaragua no hay pena de muerte, el Ejército de Nicaragua, en reiteradas ocasiones, ha reportado el aniquilamiento de dirigentes y miembros de “bandas delincuenciales”, constituyendo ya una práctica institucionalizada de lo que el Coronel Paniagua llama: aniquilamiento selectivo de jefes de los diferentes grupos de armados”.- Negándoseles a las presuntas bandas delincuenciales el debido proceso y el respeto por su vida.-
De la misma manera, resulta inadmisible e inaceptable, que el Coronel Marvin Paniagua, haya omitido mencionar la muerte de Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, y a su vez, no haya permitido que su madre haya exhumando los cadáveres y sepultado de acuerdo a sus creencias y ritos.

Los hechos narrados por el Coronel Marvin Paniagua, y la denuncia de la señora Elea Valle, madre de Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, deben ser investigadas. Tanto Elea Valle como la sociedad nicaragüense tiene derecho a Saber La Verdad y esperar de las autoridades y los funcionarios públicos que actúen de acuerdo a la ley y fundamentalmente que respeten los derechos humanos de todas las personas y que cumplan con sus obligaciones en los límites de su mandato. No basta con las declaraciones contradictorias ofrecidas por parte del Ejército, es necesario practicar una Investigación veraz, imparcial y objetiva de lo acontecido en la Comunidad de San Pablo 22, micro región IV del Municipio de La Cruz del Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur; así como también es necesario impartir Justicia y aplicar todo el peso de la ley sobre quienes dieron la orden y sobre quienes la ejecutaron.-  
DE LA CONFIGURACIÓN DE ILÍCITOS PENALES:
ASESINATO

3º.- Que el Libro Segundo del Código Penal vigente, intitulado: Delitos Contra La Vida, La Integridad Física y Seguridad Personal CAPÍTULO I DELITOS CONTRA LA VIDA, en el Artículo 140 establece el delito de Asesinato definiéndolo así: “El que prive de la vida a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: a) Alevosía; b) Ensañamiento; c) Precio, recompensa o promesa remuneratoria. Se le impondrá una pena de quince a veinte años de prisión. Cuando concurran dos o más de las circunstancias señaladas en este artículo, el responsable de asesinato será penado con prisión de veinte a treinta años”.
Resulta más que evidente que en los hechos narrados por el Coronel Marvin Paniagua, cometidos en la humanidad de los menores Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, concurren las circunstancia de Alevosía, por cuanto, al quitarles la Vida a los menores de edad, para su ejecución, se emplearon medios, que tendieron directamente a asegurar que no existiera riesgo alguno de Defensa por parte de los occisos. También hubo la circunstancia de Ensañamiento, pues, hubo aumento inhumano y deliberado en causar sufrimiento innecesario a las Víctimas, tal como lo afirma la Madre de los Menores de Edad.-

2.- ABUSO DE AUTORIDAD

El Artículo 432 Pn; señala con claridad que “La autoridad, funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o función, ordene o cometa cualquier acto contrario a la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes o reglamentos en perjuicio de los derechos de cualquier persona, será sancionado con penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro años”.
Ante lo aborrecible de los hechos narrados por parte del Coronel Marvin Paniagua, resulta imprescindible saber, quién Ordenó la muerte de los miembros de la supuesta Banda Delincuencial aniquilada. Pues, dicha orden, es un acto contrario a la Constitución Política y revela un profundo desprecio por la vida humana.-
Es evidente que las Tropas del Ejército que incurrieron en la Comisión de los Hechos ocurridos en la las 5:40 a.m., del domingo 12 de Noviembre del corriente año, en la Comunidad de San Pablo 22, micro región IV del Municipio de La Cruz del Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur; no están facultados para privar de la Vida a ningún nicaragüense, por mucho que pertenezcan o sean miembros de Banda Delincuencial alguna, y menos aún, dar muerte a menores de edad. Es deber de las Tropas del Ejército, capturarlos y entregarlos a las autoridades de la Policía Nacional, para su posterior enjuiciamiento ante los Tribunales Ordinarios o comunes, más aún cuando la Pena de Muerte, está prohibida por nuestra Constitución Política en su Artículo 23Cn.-
DENUNCIA CIUDADANA
Señora Fiscal General, los hechos y Actos de naturaleza Jurídica Consumados e indicados en esta Denuncia, configuran los Tipos Penal de: ASESINATO y ABUSO DE AUTORIDAD; que están debidamente tipificados en el Código Penal Vigente Ley No. 641, en sus Artículos 140Pn: “El que prive de la vida a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: a) Alevosía; b) Ensañamiento; c) Precio, recompensa o promesa remuneratoria. Se le impondrá una pena de quince a veinte años de prisión. Cuando concurran dos o más de las circunstancias señaladas en este artículo, el responsable de asesinato será penado con prisión de veinte a treinta años”.
Y Artículo 432 Pn; señala con claridad que “La autoridad, funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o función, ordene o cometa cualquier acto contrario a la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes o reglamentos en perjuicio de los derechos de cualquier persona, será sancionado con penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro años”.
Que por la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos y existiendo una Cadena de Mando Militar Jerárquica, denunciamos a los ciudadanos: JOSÉ DANIEL ORTEGA SAAVEDRA, mayor de edad, Casado, Político y Titular del Ejecutivo, titular de Cédula de Identidad No. 126-111145-0000S; JULIO CESAR AVILES CASTILLO; mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas y General del Ejército, titular de Cédula de Identidad No. 041-110856-0000K; y Coronel MARVIN PANIAGUA, Jefe del Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, y demás calidades de ley desconocidas, por ser los autores de los delitos de: ASESINATO Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de los menores de edad: Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, y en perjuicio de Cuatro personas más de identidades desconocidas, que fueron ejecutadas en los hechos narrados por el Coronel MARVIN PANIAGUA, a las 5:40 a.m., del domingo 12 de Noviembre del corriente año, en la Comunidad de San Pablo 22, micro región IV del Municipio de La Cruz del Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.-

FUNDAMENTO DE LA DENUNCIA:
a.- La presente Denuncia tiene como fundamento el Título IV denominado “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense”, Capítulo II denominado “Derechos políticos” del Artículo 52 de la Constitución Política de la República que dispone: “LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO DE HACER PETICIONES, DENUNCIAR ANOMALÍAS y hacer críticas constructivas, EN FORMA INDIVIDUAL o colectiva, A LOS PODERES DEL ESTADO O CUALQUIER AUTORIDAD; DE OBTENER UNA PRONTA RESOLUCIÓN O RESPUESTA Y DE QUE SE LES COMUNIQUE LO RESUELTO EN LOS PLAZOS QUE LA LEY ESTABLEZCA.”
b.- Artículo 109 párrafo cuarto del CPP: “Para los efectos del presente Código, se considera Víctima u Ofendido: …. Y Cualquier persona natural o jurídica podrá acusar ante los tribunales de justicia un delito de acción pública, incluyendo los delitos cometidos por funcionarios públicos”.-
c.- Artículo 222 párrafo primero CPP: “Toda persona que tenga noticia de un delito de acción pública podrá denunciarlo verbalmente o por escrito ante el Ministerio público o la Policía Nacional. El denunciante tendrá derecho a que se le extienda copia de la denuncia.”
d.- La presente Denuncia, tiene su asidero legal en el Código Penal Vigente Ley No. 641, en el Libro Segundo Delitos Contra La Vida, La Integridad Física y Seguridad Personal CAPÍTULO I DELITOS CONTRA LA VIDA, y en el Título XIX Delitos Contra la Administración Pública, Capítulo I De los Abusos de Autoridad.-

Señalamos lugar para oír notificaciones: Semáforos del Auto Lote “El Chele”, dos cuadras al oeste, una cuadra pequeña al lago, a mano izquierda.-


Managua, Ocho de Febrero del año dos mil dieciocho.-

Daysi Tamara Dávila Rivas Silvia Del Socorro Salmerón Espinoza

Suyen Barahona Cuan Marlen Auxiliadora Chow Cruz


Virginia Eugenia Vijil Icaza Luisa del Carmen Molina Cabezas


Lucia Marilea Reynosa Mercado Mayra Sirias




Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2017
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos