Defensor del pueblo andaluz



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Introducción.


Por razones de estructura del Informe, en el presente Capítulo se describen aquellas quejas directamente relacionadas con las Políticas de Igualdad de Género; a este respecto, hay que recordar que esta Institución ya decidió hace algunos años, el tratamiento transversal de las quejas que ante la misma se presentan, correspondiendo a esta Área la coordinación del presente Informe Anual en este punto.

Es por ello que las quejas relativas a exclusión social, minorías étnicas y Programa de Solidaridad de los Andaluces y las relativas a los derechos de la ciudadanía en materia de información y atención ciudadana por parte de las Administraciones Públicas y las de Administración electrónica, se analizarán en los Capítulos correspondientes a Servicios Sociales y Dependencia y algunas de las afectantes a los derechos ciudadanos de información y atención por parte de la Administración, en el Capitulo XIV, en el epígrafe correspondiente a la Administración Electrónica.

En materia de igualdad, no podemos sino aludir en primer lugar a que en el año 2010, la Unión Europea ha renovado su compromiso por seguir avanzando en la lucha contra las desigualdades y contra la violencia de género, en el marco de los principios que se establecieron en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing (China), en el año 1995 y en la Plataforma de Acción que surgió a raíz de la misma. Tal acontecimiento tuvo lugar en el mes de Febrero pasado, en la Ciudad Andaluza de Cádiz, en la que Ministras y representantes de los gobiernos de la UE, constituidas en la II Cumbre Europea de mujeres en el poder, evaluaron la aplicación de la Plataforma de Acción y adoptaron una declaración, conocida ya como la “Declaración de Cádiz: Hacia sociedades eficientes y sostenibles”, en la que, entre otras cosas, se manifiesta que estos tiempos de crisis ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición previa para el crecimiento sostenible, el empleo, la innovación, la competitividad y la cohesión social.

Por ello, las personas participantes, desde su posición de liderazgo político en el plano Nacional y en el de la UE, adoptaron una serie de compromisos, tales como trabajar, para que los Estados Miembros y las instituciones de la UE aseguren una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de responsabilidad; para que los gobiernos nacionales y las instituciones de la UE promuevan la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito doméstico y de los cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones; para que la igualdad de género sea una prioridad en las agendas políticas de los Estados Miembros y de la UE y a intensificar los esfuerzos para identificar y abordar los obstáculos que dificultan, impiden o limitan la participación de las mujeres en los ámbitos de responsabilidad, en particular de decisión política y económica y de generación de conocimiento.

Se comprometieron también a impulsar en sus respectivos Gobiernos e instituciones europeas la consideración de posibles cambios normativos, que incorporen la transversalidad de género, medidas de acción positiva, umbrales y metas que promuevan una participación más equilibrada de las mujeres y los hombre en los ámbitos político, público y económico de las mujeres; incorporar la dimensión de género en las respuestas frente a la crisis económica, financiera y de empleo, teniendo en cuenta el distinto impacto que ésta tiene en mujeres y hombres y para que ello se refleje en la próxima Estrategia 2020.

Finalmente hacían un llamamiento a los Gobiernos de los 27 Estados Miembros, a las instituciones de la UE, a los agentes sociales y económicos, a los medios de comunicación, a las instituciones académicas y científicas y a todos los hombres y mujeres, para que remuevan los obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones, contribuyendo así a sociedades más justas, más iguales, más inclusivas y eficientes.

Ya en el ámbito nacional, hemos de recordar que en nuestro Informe Anual del año 2009, informábamos sobre la aprobación del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía, en fecha de 19 de Enero de 2010, que ya estaba previsto en el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de Noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Pues bien en este año, se han seguido desarrollando en nuestra Comunidad algunas de las previsiones de esta norma, concretamente su artículo 60, en lo que atañe a la regulación de las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, lo que se ha efectuado mediante el Decreto 275/2010, de 27 de Abril. Dichas Unidades, fueron creadas por el mencionado artículo 60 en todas las Consejería de la Junta de Andalucía y concebidas como un instrumento para favorecer y abrir nuevas vías para la integración efectiva del objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de la práctica administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por lo que respecta a la lucha contra la violencia de género, el año 2010 ha sido tristemente célebre, por cuanto que, por una parte, ha aumentado el número de víctimas con resultado de muerte a causa de la violencia de género respecto del año 2009, en el que se produjeron 55, frente a las 71 de este año y, por otra, debido a que nuestra Comunidad sigue encabezando la lista del Mayor número de fallecimientos de mujeres por esta causa, con un total de 17, frente a las 14 del año anterior, a la que le sigue Cataluña con 11, Comunidad Valenciana con 8 y Comunidad de Madrid con 7.

En cuanto a las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz en este ámbito en el ejercicio 2010, al igual que en años anteriores, hemos puesto especial atención a las relativas a las de violencia de género, en cuanto que ha sido objetivo prioritario de esta Institución, por una parte, continuar con la línea emprendida de incoar queja de oficio, en todos los casos de violencia de género, con resultado de muerte, en Andalucía, pudiéndose citar como ejemplos las siguientes, queja 10/1106, queja 10/2814, queja 10/2816, queja 10/5104, queja 10(2815, queja 10/3324, queja 10/3389, queja 10/3390, queja 10/5104, queja 10/5105, queja 10/ 5506, queja 10/5508, queja 10/6059, queja 10/6601, queja 10/6602 y queja 10/6602, en las que nos dirigimos en demanda de información, tanto al Ayuntamiento del municipio en el que ocurrieron los hechos como a la Dirección general de Violencia de Género, en orden a la confirmación de aquellos, actuaciones realizadas y, en su caso, sobre las llevadas a cabo para atender las necesidades sociales de las familias de las víctimas. Algunas de estas quejas se encuentran aún en curso de investigación y de las que daremos cuenta en el Informe Anual correspondiente al siguiente ejercicio.

Y, por otra, preocuparnos por el funcionamientos de diversos mecanismos previstos en las normas, encaminados a la defensa jurídica y protección de las víctimas de la violencia de género. En este contexto, incoamos de oficio en el ejercicio 2009, las quejas 09/3163 y la queja 09/4003, que desarrollamos en el apartado dedicado a la violencia de género de este Capítulo correspondiente a las Políticas de Igualdad y en el que daremos cuenta de la evolución de la investigación que con ocasión de las mismas se ha llevado a cabo por esta Defensoría.

De otro lado, es innegable y nadie cuestiona que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a parte de un delito, es una las manifestaciones de violencia, normalmente contra la mujer, que atenta directa y profundamente contra los derechos humanos de las mismas, es por ello que este Defensoría ha iniciado de oficio en el año 2010, la queja 10/1105, a efectos de investigar la desarticulación de una red de trata de mujeres en diversas provincias de Andalucía, la cual se encuentra aún en fase de investigación.

También en este año, hemos incoado de oficio otros expedientes como la queja 10/1286, al conocer que el Grupo Diana de la Policía Local de Sevilla, encargado específicamente de la violencia contra la mujer en esta Ciudad, se había quedado sin sede y la queja 10/6606, al conocer también que varias mujeres usuarias de una casa de acogida para víctimas de violencia de género, había denunciado a los medios de comunicación el trato presuntamente vejatorio que habían recibido en la misma. Ambas quejas, son ejemplos de los diversos aspectos que integra la protección y atención integral de las víctimas de violencia de género.

Continuando con la violencia de género, hemos de citar también la puesta en marcha en Andalucía, del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, creado por el Decreto 298/2010, de 25 de Mayo y por el que se regula su composición y funcionamiento. Según esta norma, este órgano va a permitir la observación sistemática del entorno, que haga más accesible los recursos públicos existentes y que proponga mejoras de actuación en la labor de los poderes públicos, dada la realidad compleja y cambiante de la violencia contra las mujeres y por tanto, tendrá funciones asesoras y de investigación.

Asimismo, en nuestro informe de 2009, mencionábamos como novedad de ese año, la aprobación del Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en la Población Extranjera 2009-2012, concebido en desarrollo de una de las líneas prioritarias de actuación dirigida a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, así como a proteger a sus víctimas, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, y es la situación específica de las mujeres extranjeras, en cuanto que habían venido siendo víctimas de violencia de género en Mayor proporción que el resto de mujeres.

En relación a esta cuestión, a finales del año 2009, concretamente el 11 de Diciembre, se aprobó la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su Integración Social, por la que se introducen nuevas medidas de sumo interés e importancia para la protección de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, puesto que a través de un nuevo artículo, el 31 bis, a estas mujeres, cualquiera que sea su situación administrativa, se les garantiza los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente.

Así, si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado, será suspendido hasta la resolución del procedimiento penal, pudiendo solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género que no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá conceder también autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera que concluirá en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales. Cuando el procedimiento penal concluya con una sentencia condenatoria, se notificará a la interesada la concesión de la residencia temporal y de trabajo solicitada y en el supuesto de que no se hubiera solicitado, se le informará de la posibilidad de conceder a su favor una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales otorgándole un plazo para su solicitud.

Finalmente, tras la puesta en marcha del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, la estructura de este Capítulo, hemos intentando adaptarla a las Líneas de Actuación que contiene, correspondiendo los párrafos introductorias de cada apartado de este capítulo a un resumen de los contenidos de las Líneas y Objetivos contemplados en el mismo.

2. Análisis de las quejas admitidas a trámite y de otras actuaciones de esta Defensoría.

2. 1. Integración de la Perspectiva de Género.


Incorporar la perspectiva de género, supone incorporar al análisis, diseño y evaluación de las políticas públicas, las diferentes posiciones ocupadas por las mujeres y los hombres que producen desequilibrios de género, significando integrar esa perspectiva, incorporar las diferencias aludidas y actuar en base a ellas.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, incorpora transversalmente el principio de igualdad en 17 artículos, consolidándose en nuestra Comunidad el avance en el logro de la igualdad real y efectiva, favorecido por la Ley Orgánica 3/2007, con la entrada en vigor de la ley 12/2007, de 26 de Noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

El Plan Estratégico por su parte, en esta línea de actuación, contempla en su Objetivo 3, garantizar la inclusión de la perspectiva de género en estadísticas e informes.

Esta Defensoría, como Institución Autonómica, es un agente más implicado en incorporar la perspectiva de género en sus actuaciones, lo cual se conoce como transversalidad, y entre las que se encuentra la elaboración de Informes Especiales para su presentación ante el Parlamento de Andalucía.

Pues bien, en el presente ejercicio, esta hemos presentado ante el Parlamento de Andalucía, el Informe Especial sobre “El Parque Residencial Sin Ascensor en Andalucía: Una Apuesta por la Accesibilidad” cuyo objetivo ha sido tratar de ofrecer tanto a la Institución Parlamentaria como a la ciudadanía en general, una visión general sobre la entidad, dificultades y posibles soluciones que supone que, más del 50% de los edificios existentes en Andalucía de tres o más plantas destinados a vivienda, carezcan de ascensores.

En este Informe Especial, en el Capítulo 3 correspondiente a la Dimensión Social del Problema, se han incluido los datos sobre la encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre Discapacidades correspondiente al año 2008 y también los relativos al colectivo de personas Mayores de 65 años y su conexión con los datos de estas personas que residen en edificios de tres o más plantas, desagregados por sexo, incluyéndose a continuación un apartado correspondiente a la pertinencia de género en las intervenciones destinadas a dotar de accesibilidad a los inmuebles.

Y ello, por cuanto que aunque en esta investigación, no se ha podido determinar cuántas personas con discapacidad, singularmente, con movilidad reducida, residen en este tipo de edificios, ni qué porcentaje de éstas son mujeres, sí hemos podido afirmar que, dado el porcentaje de personas afectadas que son mujeres, se está produciendo lo que se puede llamar “feminización” de la discapacidad, de la misma forma que se puede hablar de la “feminización” de la pobreza o de la dependencia.

Se puede consultar un resumen del Informe Especial en el Apartado 2, del Capítulo dedicado a Urbanismo, Vivienda, Obras Publicas y Transportes de este Informe Anual y el Informe completo, en nuestra página web, http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_publicaciones/informes_especiales.


2. 2. Educación.


Incorporar la perspectiva de género a la educación supone cimentar las bases para la igualdad real y efectiva, y se muestra como el mejor medio para impulsar el proceso de transformación social y modificación de las estructuras sexistas discriminatorias. Siendo algunos de los objetivos que se incardinan en este ámbito, fomentar una Mayor sensibilización sobre el significado de la igualdad en el contexto educativo y los valores que permitan un reparto de tareas y cuidados más igualitarios; facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias que garanticen condiciones de igualdad en el ámbito educativo; favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombre en los distintos estudios y profesiones etc.

Durante el año 2010, hemos tenido ocasión de analizar, a través de algunas de las quejas tramitadas, diversos aspectos relacionados con algunos de los objetivos anteriormente enumerados.

Así en la queja 09/1818, cuya tramitación ha concluido en el año 2010, se planteaba como cuestión de fondo, a imposibilidad de una madre de trabajar, debido a los cuidados especiales que la enfermedad de su hija requería, siendo necesario suministrar a la misma determinados cuidados que el Centro educativo al que acudía, no garantizaba.

En concreto, la reclamante manifestaba que su hija tenía tres años y medio y era diabética tipo 1 insulino-dependiente, desde hacía 11 meses, necesitaba 7 controles de azúcar en el dedo por prescripción médica, ella estaba trabajando y ante las negativas y poca ayuda en el Colegio, aunque entendía que no podían estar tan pendiente de su hija, había acudido a Delegación Provincial de Educación y la respuesta que en aquella fecha le daban, es que ella se hiciera cargo de su hija, por lo que yo no podría trabajar según ellos; había acudido también a Delegación de Sanidad y lo más que podían hacer era mandar un equipo médico para dar una charla a los profesores que quisieran saber como socorrer a su hija en caso de emergencia, había ido a Ayuntamientos, asociaciones de diabéticos, al centro de salud más cercano del colegio, centros cívicos, servicios sociales e infinidad de sitios y a los que hiciera falta para poder encontrar una puerta abierta hacia este problema pues ella también era diabética y con una minusvalía del 42% y con depresión y todo esto le estaba afectando mucho pues, al fin y al cabo si le ocurría algo a la niña, era ella quien más lo sufría.

Solicitado informe a la Delegación Provincial de Educación de Córdoba, se nos respondió que, una vez conocida la escolarización de la alumna en el CEIP Colón de Córdoba, el Equipo de Orientación Educativa contactó con la dirección del Centro para poner en marcha el protocolo de asesoramiento por parte del médico del Equipo de Orientación Educativa de zona. En posteriores intervenciones en el CEIP Colón se realizó un seguimiento de la situación de la alumna por medio de la tutora, estando la situación controlada, por lo que no se demandaba ninguna intervención especial al respecto.

A continuación, y ante lo manifestado por la madre de la citada alumna, de que no se ha realizado intervención alguna con su hija, pasaban a detallar las actuaciones desarrolladas por el Equipo de Orientación Educativa de zona y por el CEIP Colón, diciéndonos que el médico del EOE, contactó con el Equipo Directivo para incidir en el protocolo de intervención, acordándose hacer participe a todo el claustro del centro, convocando a tal efecto una reunión en la que el médico del EOE vuelve a informar de pautas de actuación así como responder a las preguntas de tipo médico que pudieran surgir, informándose que en determinados casos la Administración del medicamento (Glucagón) podía considerarse de urgencia vital, por lo que se facilita al centro número de teléfono para avisar en caso de emergencia a los profesionales de salud competentes, comunicando tal situación a la familia. Ante cualquier duda o aclaración, se comunicaba al Centro que se pusiera en contacto con el personal sanitario del Centro de Salud más cercano al centro, en este caso a pocos metros.

Tras trasladar la información a la interesada se recibió escrito de la misma mediante el que nos informa que el problema de atención educativa de su hija se encontraba, en principio, resuelto satisfactoriamente, al haber aceptado la Administración la pretensión planteada, a la vista de lo cual, dimos por concluidas, provisionalmente, y por el momento, nuestras actuaciones en el presente expediente de queja, quedando a la espera de que nos hiciera partícipes de alguna circunstancia o anomalía, -que ojalá no llegase a producirse-, y que nos obligara a reabrir el expediente para poder prestarle nuevamente nuestra colaboración.

En nuestro Informe Anual del año 2009, dábamos cuenta de la presentación de quejas en esta Institución, mediante las que mujeres titulares de familias monoparentales, se quejaban de tener que acreditar el domicilio del padre de sus hijos e hijas, a efectos de que se considerase la circunstancia de familia monoparental en la baremación de las solicitudes de escolarización de éstos, en centros educativos. Estas y otras muchas quejas afectantes a la escolarización del alumnado, dieron lugar a que se incoase una actuación de oficio, queja 09/4617, que versa sobre una serie de propuestas de modificación normativa de la escolarización del alumnado que efectuó esta Defensoría a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la que se trataba la cuestión planteada y cuyo seguimiento y resultado se puede consultar en la Sección Segunda del Capítulo de este Informe Anual, correspondiente a Enseñanzas No Universitarias.

No obstante, en este año también se han seguido presentando quejas en orden a la baremación de las solicitudes de escolarización del alumnado perteneciente a familias monoparentales, a consecuencia de los procesos de separación matrimonial de sus progenitores. Así en la queja 10/3357, la interesada se dirigía a esta Institución para exponer el problema que le afectaba, relacionado con la escolarización de su hija de 3 años de edad, al haberle sido denegada la plaza solicitada en el CC. Inmaculado Corazón de Maria -Portaceli-, de Sevilla, para iniciar sus estudios de Educación Infantil el próximo curso escolar 2010-2011, debido a que no se le concedieron en la baremación, los 2 puntos por medidas provisionales de la demanda de divorcio en la Delegación Provincial de Educación, ante lo que presentó alegación ante la Directora del centro, sin haber obtenido respuesta.

En el proceso de reubicación de las plazas escolares, había solicitado dos centros cercanos a su domicilio (ambos de características similares al Colegio Portaceli) pero no asignaron plaza en ninguno de ellos, sino que la Delegación la reubicó en el Colegio Público más distante a su domicilio. Con fecha 12 de Mayo de 2010 solicité a la Delegación revisar los expedientes correspondientes al curso 1º de Infantil (3 años) del Colegio Portaceli, comprobando que a otra menor se le habían concedido los dos puntos por familia monoparental, por sentencia de un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, la cual no era firme, sin tener la declaración de firmeza del juzgado, no constando tampoco la inscripción en el registro civil del divorcio.

Por todo ello, se había dirigido al Delegado Provincial con un escrito para solicitar de esa Administración los 2 puntos por pertenencia a familia monoparental y hasta la fecha de su queja no había recibido respuesta. Solicitaba que atendiera su petición porque creía que en el caso de su hija había habido agravio comparativo con el caso de la otra menor, expuesto anteriormente. Como se podía comprobar en las medidas provisionales se le atribuía la guardia y custodia de sus dos hijas menores y que debido a circunstancias personales y económicas, se vio obligada a trasladarse al domicilio de sus padres donde estaban domiciliadas sus hijas y ella.

Tras la admisión a trámite, se recibió el informe solicitado en su día a la Delegación Provincial de Educación de Sevilla indicándonos la Administración educativa que los 2 puntos solicitados por la interesada por Familia Monoparental, no le fueron concedidos por el centro, ni por su posterior reclamación ante dicha Delegación por lo que su baremación en ambas instancias se consideró como correcta, ya que en ningún momento presentó la documentación requerida por el artículo 15.2 del Decreto 53/2007 para ser acreedora de puntuación por dicha circunstancia.

Por lo que revisada la documentación aportada por la alumna se constataba que no aportaba ninguna documentación ajustada a la requerida por la normativa vigente, pues solo entrega copia de medidas provisionales del Juzgado de Dos Hermanas, sin que existiera Sentencia Firme que acreditara la circunstancia de Familia Monoparental dentro del plazo de admisión de solicitudes. Por ello, correspondería no conceder puntuación por este apartado del Baremo a la alumna citada; añadía que no resultaba pues admisible la presentación de documentación con fechas posteriores, pues estaríamos ante una presentación claramente extemporánea.

Ello era así, por cuanto la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 11 de Abril de 2002 (2003/41129) exponía que:

... dada la naturaleza del procedimiento de selección el que concurren una pluralidad de interesados, cuyos derechos han de quedar igualmente garantizados, que la documentación acreditativa de todas estas circunstancias se ha de presentar junto con la solicitud de plazas, según revela el dictado de la Orden, y no en otro momento ulterior que a la parte le resulte propicio, sea a iniciativa propia de los interesados, sea exigiendo la Administración de un trámite añadido que reabra un término ya precluido”.

Añadía la Administración Educativa que la interesada no presentó en su reclamación ante la Delegación Provincial de Educación denuncia de irregularidades en la baremación de C.P.P., por lo que no se pudieron realizar averiguaciones sobre la procedencia o no de que le hubieran otorgado 2 puntos por Monoparentalidad.

Una vez analizada detenidamente dicha información y examinada la normativa de aplicación al caso, entendimos que de la misma no se desprendía una actuación administrativa que fuese contraria al ordenamiento jurídico o que no respetase los principios constitucionales que estaba obligada a observar toda Administración Pública en su actividad, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Por otra parte, en el presente ejercicio se han planteado bastantes quejas y, continúan llegando, relacionadas con las discrepancias en la escolarización de las personas menores, hijos e hijas de padres separados, cuando entre los progenitores no se ponen de acuerdo, respecto a la escolarización de aquellos, concretamente se plantea la posibilidad de que uno de los progenitores lleve a cabo el cambio de centro educativo, sin que conste la aceptación del otro y en ausencia de documento judicial que faculte tal cambio al progenitor que lo solicita. En este contexto, y con carácter general, es lo cierto que situaciones como las citadas pueden producirse con asiduidad, dado el número elevado de alumnos cuyos progenitores han acordado de mutuo acuerdo o de modo contencioso poner término a la convivencia familiar, con las evidentes consecuencias que en el ámbito educativo estas situaciones provocan.

Todas estas quejas están relacionadas con la que se ha tramitado en primer lugar por este concreto asunto, la queja 10/0534, la cual ha dado lugar a que formulemos Resolución a la Administración Educativa, todo lo cual se puede consultar en la Sección Segunda del Capítulo de este Informe Anual, correspondiente a Enseñanzas No Universitarias.

En cuanto a las Enseñanzas Universitarias, hemos de relatar por curiosa la queja 10/1663, en la que su promovente alegaba una palmaria discriminación en el acceso a determinados estudios universitarios, por razón de sexo.

Así, nos exponía que había tenido conocimiento de la existencia de unas becas que otorgaba el Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia (Italia), conocido también como Real Colegio de España de Bolonia o Real Colegio Mayor Alborciano de San Clemente de Bolonia. Que tenían por objeto la realización de estudios de doctorado en la Universidad de Bolonia a través del ingreso en el Real Colegio de San Clemente de los Españoles. Dicho Colegio de España tenía suscrito un Convenio con la Universidad de Bolonia, en virtud del cual, los becarios del primero pueden obtener el doctorado en solo dos años, mientras que los estudiantes italianos necesitaban pasar un examen para ello. Añadía que las becas referidas estaban restringidas a quienes fuesen varones, españoles o portugueses, católicos y de buena familia. Se adjuntaban al respecto varias convocatorias, incluida la de este curso.

Consideraba que el carácter discriminatorio de las becas del Real Colegio de San Clemente de los Españoles o Real Colegio de España en Bolonia había sido tratado dos veces en el Congreso de los Diputados, si bien, los altos cargos comparecientes habían manifestado su imposibilidad de actuar al ser quien concede las becas, una fundación privada. No obstante, argumentaba la compareciente que la respuesta dada por estos altos cargos no era correcta, dado que los becarios del Real Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia gozaban de importantes privilegios reconocidos por las Administraciones Públicas.

Así nos decía que las becas del Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, que permitían acceder a un doctorado en la Universidad de Bolonia a través del Colegio de España y obtener en dos años un doctorado a sus beneficiarios, mientras que los estudiantes de la Universidad de Bolonia necesitaban superar un examen, al tiempo que el título de doctor obtenido por los becarios del Real Colegio de España de Bolonia, tenía plenos efectos en España no necesitando ser convalidados y un régimen jurídico singular expresamente declarado vigente por las distintas normas que regulan los estudios de doctorado en España; amén de un prestigio académico que ignoraba su carácter gravemente discriminatorio para las mujeres que, teniendo sobrados méritos para acceder, no podían hacerlo por el carácter machista de estas becas, que restringían la posibilidad de ser beneficiarios de las mismas a los varones españoles, católicos y de buena familia, en detrimento de las mujeres españolas, no católicas y de familia que no fuesen consideradas buenas, por la citada institución.

Todo ello, según la reclamante, contrario al derecho fundamental de igualdad y gravemente discriminatoria para la mujer, en un momento donde la actividad legislativa y administrativa propugnaba la igualdad con la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, Ley 12/2007, de 26 de Noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía o el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 19 de Enero de 2010 (BOJA núm. 31, de 16 de Febrero de 2010), que en su LINEA DE ACTUACIÓN 2, medida 5.4. propugna la aplicación de acciones positivas para incrementar el número de mujeres catedráticas de Universidad, y en otros niveles educativos, corrigiendo la situación de desequilibrio actual entre hombres y mujeres, dado que en los últimos treinta años la Universidad Española ha pasado del 12% al 15% de mujeres Catedráticas de Universidad.

Finalmente nos decía que no había constancia de la derogación expresa de dos normas que se aplicaban al supuesto, la Real Orden de 7 de Mayo de 1877 y el Real Decreto de 22 de Septiembre de 1925, y, en cualquier caso, seguían considerándose un mérito para el acceso a los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios para quienes, tras la promulgación de la Constitución Española de 1978, obtuvieron un doctorado en la Universidad de Bolonia a través del Real Colegio de España, disfrutando una de estas becas que tanto discriminaban a la mujer por el mero hecho de serlo, mérito al que las mujeres nunca habían podido acceder y que permitía a los hombres situarse por delante de éstas por el mero hecho del género masculino al que pertenecen.

Tras analizar pormenorizadamente los hechos que nos describía la interesada, consideramos que los mismos excedían del ámbito competencial de esta Defensoría del Pueblo Andaluz, aunque estimamos que los mismos podían afectar al Ministerio de Asuntos Exteriores por cuanto que, al parecer, éste mantenía un representante en la Junta del Real Colegio San Clemente de los Españoles; al Ministerio de Igualdad por cuanto que los efectos que se podían derivar del acuerdo suscrito entre el Colegio en cuestión y la Universidad de Bolonia, podrían conllevar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres, incluso en el acceso a la función pública; y al Ministerio de Educación, en lo que concierne a la homologación de títulos universitarios.

En consecuencia, también acordamos remitir la queja, al Defensor del Pueblo del Estado, para que valorase la oportunidad de iniciar la correspondiente investigación, con lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.




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