De las personas con discapacidad



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INFORME ALTERNATIVO

A DOS AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA



CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MÉXICO, 2011




Organizaciones firmantes:

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Disability Rights International; Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.; Academia Hidalguense de Derechos Humanos A.C.; Aspane Nueva Era, A.C.; Centro de Educación y Rehabilitación para Personas con Parálisis Cerebral A.C. (CIRIAC); Centro de Rehabilitación Integral de Zimapan A.C.; Centro de Rehabilitación Multidisciplinara para Personas con Discapacidad Tizayuca A.C.; Centro de Rehabilitación para Adultos y Niños Especiales A.C.; Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C.; Centro Internacional de Investigación Pro Derechos Humanos y Desarrollo Inclusivo A.C.; Ciegos Fundación Hidalguense A.C.; CIMTRA Ciudadanos por Municipios Transparentes A.C.; Club Arcoiris Tiempos de Convivir A.C.; Colectivo Chuhcan A.C.;; Derribando Barreras A.C.; Derribando barreras por un mundo incluyente A.C.; Discapacitados Tulancingo A.C.; Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara A.C.; Espiral Siglo XXI A.C.; Formación y Habilitación Down´s A.C.; Fundación Arturo Herrera Cabañas A.C.; Fundación La Aurora de un Nuevo Ser A.C.; Fundacion Yuian para todos, A.C.; Grupo Valentín Haüy A.C.;; Juntos por los Demás A.C.; La Voz de la Mujer Hidalguense A.C.; Los Niños Iluminan un Cielo A.C.; Misericordia a personas con capacidades diferentes A.C.; Nexos y Soluciones A.C.; Promotores en Desarrollo Competitivo A.C.; Psicología y Derechos Humanos A.C.; Red Hidalguense de Organizaciones de la Sociedad Civil A.C.; Red Michoacana para la Atención y Prevención de las Discapacidades I.A.P.; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" conformada por 75 organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante de Saltillo (Saltillo, Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODDI) (Distrito Federal); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal); SEIIN Servicios de Inclusión Integral A.C.; TEMPLE, A.B.P, Instituto para la Promoción de las Personas con Discapacidad de Nuevo León.

ÍNDICE

Breve contexto histórico

3

Armonización legislativa

3

Derechos consagrados en la Convención:

Artículo 4.- Obligaciones del Estado

6

Artículo 5.- Igualdad y no discriminación

8

Artículo 8.- Toma de conciencia

9

Artículo 9.- Accesibilidad

11

Artículo 12.- Igual reconocimiento como persona ante la ley

11

Artículo 13.- Acceso a la justicia

14

Artículo 14.- Libertad y seguridad de la persona

16

Artículo 15.- Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes



18

Artículo 16.- Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

20

Artículo 19.- Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

22

Artículo 24.- Educación

24

Artículo 25.-. Salud

26

Artículo 27.- Trabajo y empleo

27

Artículo 29.- Participación en la vida política y pública

27

Artículo 33.- Aplicación y seguimiento nacionales

28

Recomendaciones al Estado mexicano

Sobre:


Artículo 4.- Obligaciones generales

30

Artículo 5.- Igualdad y no discriminación

31

Artículo 6.- Mujeres con discapacidad

31

Artículo 8.- Toma de conciencia

32

Artículo 9.- Accesibilidad

32

Artículo 12.- Igual reconocimiento como persona ante la ley

32

Artículo 13.- Acceso a la justicia

33

Artículo 14.- Libertad y seguridad de la persona

34

Artículo 15.- Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes


34


Artículo 16.- Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

34

Artículo 19.- Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

34

Artículo 24.- Educación

35

Artículo 25.- Salud

35

Artículo 26.- Habilitación y rehabilitación

36

Artículo 27.- Trabajo y empleo

36

Artículo 29.- Participación en la vida política y pública

36

Artículo 31.- Recopilación de datos y estadísticas

36

Artículo 33.- Aplicación y seguimiento nacionales

37

Recomendaciones generales

37

Anexos

38

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

  1. El tema de la discapacidad ha estado en situación de desventaja respecto a otros a lo largo de la historia, por lo que es hasta recientes fecha que recobra importancia. En los años setenta, la discapacidad se limitó a ser vista exclusivamente como un problema de salud, por lo que el Gobierno mexicano dirigió sus esfuerzos al desarrollo de políticas de corte asistencial, a través de la Secretaría de Salud y del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública. Al mismo tiempo, se crearon sistemas como los Centros para la Rehabilitación y la Educación Especial (CREE) para la formación de médicos y profesionales en rehabilitación y especialistas en la educación especial para las personas con discapacidad (en adelante PCD).1



  1. En los años ochenta el gobierno transfirió los servicios no relacionados a la rehabilitación al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SN-DIF). En 1995 se aprobó la Ley de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, instrumento que abrió las puertas para que en otros estados de la República se discutiera y aprobara una legislación similar. En este marco de evolución en materia de discapacidad en México, el Senado de la República y el Ejecutivo federal ratificaron el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Readaptación Profesional y el Empleo para Personas Inválidas de 1983, y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad del 22 de noviembre de 1999.



  1. Por otro lado, en fechas más recientes y con el objeto de cumplir con los compromisos adquiridos con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención o CDPD), el Estado mexicano aprobó y publicó el 31 de mayo de 2011 la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (en adelante Ley General), instrumento que sustituye a la Ley General de las Personas con Discapacidad.



  1. Aunado a lo anterior, en materia legislativa sobre los derechos de las PCD, existe un reto aún mayor que se presenta a nivel nacional, el cual consiste en la falta de conocimiento e instrumentación en materia de inclusión social de este grupo de la población. La atención de la discapacidad como un dilema ético, sociocultural, político, económico y en última instancia de salud es un ejercicio teórico-práctico relativamente innovador y también la piedra angular en la producción de políticas públicas que garanticen los cambios que las PCD requieren.

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

  1. Los tratados internacionales de derechos humanos se encuentran regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución). Con base en lo dispuesto en los artículos 1 y 133 constitucionales, los acuerdos y tratados internacionales firmados y ratificados por México son parte de nuestro cuerpo normativo y se encuentran situados por arriba de la legislación federal y local. En esta lógica, los tratados internacionales de derechos humanos, al ser derecho interno y generar obligaciones al Estado mexicano hacen necesaria la armonización de las leyes federales y locales con los estándares y obligaciones derivados de dichos tratados internacionales.



  1. Lo anterior se refuerza con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 9 de junio de 2011, la cual representa un avance sustantivo en el proceso de armonización del marco normativo nacional con los estándares internacionales de los derechos humanos. Esta reforma implica un cambio paulatino hacia una cultura de derechos humanos en México y exige la implementación de políticas públicas de largo alcance y el rediseño institucional de las instancias de gobierno competentes. No obstante, la reforma se enfrenta al reto de ser realmente implementada, a través de la creación y diseño de leyes y políticas públicas que permitan revertir el contexto de impunidad y de discriminación en contra de grupos en situación de vulnerabilidad, considerando en ese proceso de incidencia a la sociedad civil.



  1. Aunque nuestro país cuenta con una serie de leyes de orden federal que incursionan en los ámbitos de servicios, no discriminación, respeto a los derechos humanos, asistencia social, salud, entre otros, el Estado mexicano aún no ha atendido la armonización legislativa en los términos que sugiere la CDPD. Prueba de ello son las observaciones al marco normativo, así como los obstáculos y prácticas discriminatorias a los que se enfrentan las PCD, lo cual será abordado a lo largo de este informe.



  1. El 31 de mayo de 2011 fue aprobada por el Congreso Federal la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En teoría, según el artículo 1, sus disposiciones tendrían por objeto establecer las bases para la plena inclusión de las PCD, es decir, este artículo normativiza la obligación de armonizar la legislación. Sin embargo, en el proceso para su elaboración, contraviniendo la CDPD, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni mucho menos las PCD fueron incluidas. Se considera que los estándares establecidos en la nueva Ley General son incompatibles con aquéllos consagrados en la propia Convención.2



  1. Ninguna de las leyes estatales existentes en materia de discapacidad son acordes al contenido de la Convención. Incluso 2 entidades federativas aún carecen de legislación en la materia.3 Cabe destacar que aunque existen leyes específicas en los estados, éstas adolecen de reglamentos que las vuelvan operativas, y en casos más graves, de existir estos instrumentos, no promueven de ninguna manera la inclusión social.



  1. De 31 entidades y el Distrito Federal, sólo 18 refieren específicamente en sus constituciones a las PCD; únicamente cinco estados tienen reglamento de aplicación de la ley específica en materia de discapacidad; de 264 leyes federales, sólo 41 regulan aspectos que afectan a las PCD.



  1. A pesar de los avances legislativos, éstos son insuficientes. Algunas leyes requieren de actualización, puesto que tienen un carácter enunciativo al no contemplar sanciones ante su incumplimiento o carecen de reglamentación expresa que permita su aplicación plena. A continuación se detallarán instrumentos federales que atienden la temática sobre discapacidad.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

  1. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente desde junio de 2003 tiene como objeto la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Esta ley define la discriminación y contempla como una de sus causales a la discapacidad.



  1. En las acciones positivas y medidas compensatorias previstas para prevenir y erradicar la discriminación hacia las PCD no se contemplan aspectos fundamentales como los “ajustes razonables”, es decir, no incorpora medidas para la creación de modificaciones y ajustes necesarios para el acceso de las PCD a todos los derechos consagrados en la Convención, además de que al ser una ley federal sólo es vinculante para las autoridades federales.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012

  1. El PND vigente destaca desde sus objetivos nacionales el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos, abarcando por igual a personas en situación de vulnerabilidad.



  1. Las PCD son consideradas únicamente en las estrategias 17.1 y 17.6 del PND. Con respecto a la estrategia 17.1, relativa a fortalecer los proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocados a la atención de grupos vulnerables, no se garantiza el acceso a todos los derechos de las PCD debido a que estos programas tienen un enfoque mayoritariamente asistencial.



  1. Por su parte, la estrategia 17.6 se refiere al compromiso de realizar un censo de población con discapacidad. Cabe cuestionarse cuándo y cuáles serán los criterios metodológicos para lograr un censo que arroje cifras confiables. En México no se cuentan con datos reales. El último censo del año 2010 presenta inconsistencias y no constituye una fuente confiable de datos estadísticos.4

El Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (PRONADDIS) 2009-2012

  1. El PRONADDIS es el documento rector de las políticas y estrategias de la Administración Pública Federal para contribuir a la inclusión social y a la igualdad de oportunidades de las PCD. Dicho programa se diseñó para dar cumplimiento al PND y a la Convención.



  1. Al igual que el PND, el PRONADDIS se enfrenta a diversos riesgos para lograr los objetivos, las metas y las estrategias planteadas, sobre todo cuando desde el año 2010 cuenta con una significativa reducción presupuestal para la atención de la discapacidad, además de no contar con una estrategia que permita homogeneizar los criterios en los tres niveles de gobierno, para poner en marcha el proceso de creación, ejecución y revisión de políticas públicas a favor de las PCD.



  1. El PRONADDIS fue presentado con tres años de retraso en relación al inicio de la presente administración federal. En la práctica ha tenido escaso impacto como documento rector de la política pública en materia de discapacidad, aunado a que carece de promoción y no es vinculante en las entidades federativas, lo cual propicia que los estados actúen de forma desarticulada. Por lo tanto, resulta imprescindible que el próximo Plan Nacional sobre Discapacidad dé continuidad al actual y también cumplimiento a la nueva Ley General. Debe señalarse además que la asignación presupuestal en 2010 fue por un monto de 250 millones de pesos que resultó en un subejercicio de 70 millones y por lo tanto, no fueron renovados para 2011.

Leyes locales en materia de discapacidad

  1. Tienen como denominador común la urgencia de adecuación para incorporar los estándares de la Convención, especialmente el de cambio de paradigma del asistencialismo al de derechos humanos e inclusión.



  1. Sin embargo, dentro de las deficiencias con las que cuentan la mayoría de las leyes específicas en los estados, se puede mencionar que existe una participación mínima o nula de la sociedad civil; éstas carecen de una perspectiva que contemple las diferencias étnicas de las PCD para proporcionar atención adecuada; adolecen de lineamientos para la formación de servidores públicos en la atención a PCD; existe deficiencia en la cobertura a las necesidades de todos los tipos de discapacidad. Además, la mayoría de ellas son limitadas en su regulación y alcance; se orientan a la implementación de medidas de accesibilidad física atendiendo únicamente a la discapacidad motora y las acciones de política pública en ellas contempladas se dirigen igualmente a la atención de tan sólo unas pocas discapacidades y de éstas no se distingue entre unas y otras, omitiendo de forma notoria la discapacidad intelectual y la psicosocial.


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