Curso de derecho a la igualdad entre mujeres y hombres


Lección 4. La Igualdad como fundamento de la justicia de género



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Lección 4. La Igualdad como fundamento de la justicia de género.




Ficha técnica

Curso

Curso Derecho a la igualdad entre Mujeres y Hombres.

Lección

4. La Igualdad como fundamento de la justicia de género

Participantes

Operadores del Sistema Penal Acusatorio.

Tiempo destinado

5 horas teóricas

Accesorios didácticos

Proyector, computadora, tablero acrílico, rotafolio con marcadores.

Material para el participante

Manual del participante y Accesorios informativos.

Técnica

Conferencia Modificada.

Referencia bibliográfica

  • Anne Bayefsky, “The principle of equality or non-discrimination in international law”, en Human Rights Law Journal, Vol. 11, núm. 1-2, 1990, pp. 1-34. Traducido al español por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

  • Saba, Saba (2007), “(Des)igualdad Estructural”, en Roberto Gargarella y Marcelo Alegre (coordinadores), El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Lexis Nexis, Buenos Aires.

  • SCJN (2013), Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, SCJN, México.




Metra de la Lección

  • Al finalizar la lección las personas participantes serán capaces de usar el derecho a la igualdad como fundamento de la justicia de género.



PROPÓSITO
Al finalizar este bloque de instrucción las personas participantes podrán hacer uso del derecho a la igualdad como fundamento de la justicia de género y conocerán los derechos humanos de las mujeres.

  1. VISIÓN GENERAL




A. Motivación

Es necesario que las personas participantes, se sitúen en la importancia del principio y derecho a la igualdad y en los elementos de su definición, pues son la columna vertebral del sistema de derechos.



B. Objetivos

Al término del curso las personas participantes podrán explicar correctamente:




  • La relación entre el género y el derecho

  • El principio y derecho a la igualdad y a la no discriminación

  • Los derechos humanos de las mujeres

  • La igualdad en su sentido individual

  • La igualdad en su sentido social o estructural


  1. PRESENTACIÓN




Objetivo 4.A. Relación género y derecho



Al término de la sesión las personas participantes podrán explicar correctamente la relación entre el género y el derecho
La relación género y derecho no es sencilla, requiere partir de una posición crítica frente al propio derecho para pasarlo por el tamiz del género, de forma tal que estemos en posibilidad de identificar cómo opera el género dentro del derecho y cómo opera el derecho para producir o reproducir género.31
De lo que se trata es de identificar que el derecho tiene género y desde ahí argumentar que “una misma práctica adquiere significados diferentes para hombres y mujeres, porque es leída a través de discursos diferentes”. El objetivo no es la comparación entre mujeres y hombres sino la caracterización de los discursos de género que asigna el derecho. El problema no es, por tanto, una simple diferencia de trato entre hombres y mujeres, sino el discurso que construye el derecho sobre lo que significa ser mujer y ser hombre.32
Ese potencial de producir género también puede ser usado para impulsar procesos de igualdad de género. El género crea derecho, pero el derecho también tiene la posibilidad de crear género. El derecho puede ser un productor de los roles de género tradicionales que subordinan a la mujer o puede ser una herramienta que nos permita transformar esos roles a fin de desestructurar las relaciones de poder subyacentes en la sociedad.
De esta forma, la perspectiva de género aplicada al derecho debe permitir:


  • Visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género o preferencia/orientación sexual;

  • Revelar las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación;

  • Evidenciar las relaciones de poder originadas en estas diferencias;

  • Hacerse cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, raza, religión, edad, creencias políticas, etc.;

  • Preguntar por los impactos diferenciados de la leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder, y

  • Determinar en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos necesario.33



Objetivo 4.B. Principio y derecho a la igualdad y a la no discriminación



Al término de la sesión las personas participantes podrán explicar correctamente el principio y derecho a la igualdad y a la no discriminación
La lección busca situar a las personas participantes en la importancia del principio y derecho a la igualdad y en los elementos de su definición, a partir de lo siguiente:

  1. Identificación de la importancia del principio y derecho a la igualdad y a La no discriminación para juzgar con perspectiva de género.

Este principio y derecho constituye la columna vertebral del sistema de derechos, en la medida que hace posible que los derechos humanos tengan un efecto útil para la protección de las personas al reconocer sus características particulares y las de los sectores o grupos a los que pertenecen, así como los contextos en los que se desarrollan. Con ello, la igualdad permite adecuar los derechos humanos para que respondan a distintos contextos de violación. Se trata de una herramienta que especifica los derechos, pero sin que pierdan su generalidad para ser invocados y protegidos en cualquier contexto y para cualquier persona.



  1. Complementariedad de la igualdad y la no discriminación.

La igualdad y la no discriminación son conceptos complementarios; el primero se refiere al sentido positivo del derecho, en la medida que implica acciones por parte del Estado para garantizarlo, mientras que el segundo es el sentido negativo, en tanto requiere la abstención del Estado.



  1. El derecho a la igualdad y la no discriminación como ius cogens.

El derecho a la igualdad y la no discriminación tiene un nivel aún mayor de obligatoriedad que la costumbre internacional, ya que una norma imperativa significa que es una “norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por […] norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”34. Como norma de ius cogens el derecho a la igualdad y no discriminación implica, entre otras cosas, obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones exigibles a los Estados por todos los Estados y entre particulares.



  1. El principio y derecho a la igualdad y a la no discriminación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Se encuentra reconocido en las declaraciones y tratados de derechos humanos de los que México es parte: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1 y 7), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo II), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1.1 y 24), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1, 3 y 26), Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículos 2.2 y 3) y Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) (artículo 3).


Estos tratados suelen reconocer este principio y derecho a partir de dos cláusulas: 1) la cláusula subordinada que establece la prohibición de discriminación en relación con los derechos reconocidos en el tratado o en la constitución, y 2) la cláusula autónoma que establece de los derechos a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley. La cláusula autónoma es más amplia porque no solo se refiere a los derechos contenidos en tratados y constituciones de manera directa, sino a toda conducta estatal que provoque un trato arbitrario.
Adicionalmente, el derecho a la no discriminación se encuentra reconocido en tratados específicos para la protección de ciertos grupos, como los siguientes: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los derechos del niño, Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Convención Belem do Para”), Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.

  1. Obligaciones que conlleva el principio y derecho a la igualdad y la no discriminación

El principio y derecho a la igualdad y a la no discriminación es (i) un principio que irradia la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, (ii) un principio interpretativo de todo el derecho y de los derechos humanos, (iii), una obligación general de garantizar que las personas vivamos en igualdad, y (iv) un mandato de no realizar ciertas conductas que restrinjan el ejercicio de los derechos por pertenecer o no a un cierto grupo o sector.



  1. Visiones complementarias sobre la igualdad



Existen dos perspectivas complementarias para estudiar la igualdad, una que mira al derecho como uno individual y otra que lo mira como uno social. Cada una entiende al derecho de forma diferente y con métodos de evaluación distintos.
Si bien juzgar con perspectiva de violencia de género requiere ambas perspectivas de análisis de la igualdad, su base fundamental es la perspectiva social o estructural de la igualdad. Este enfoque parte de la necesidad de identificar a las personas y su contexto, de tal forma que esto sea la guía para entender los hechos, releer el derecho, establecer reparaciones y construir una argumentación que haga evidente el impacto de la desventaja y proponga maneras de solucionarla por medio del derecho. Por tanto, el método de la desventaja se hace cargo de la persistente subordinación de las mujeres, entendiendo que la desigualdad no se produce por un hecho aislado, sino como consecuencia de la pertenencia de una persona a un sector social.
Más adelante se desarrollará cada una de las aproximaciones. Los derechos humanos de las mujeres, como han sido desarrollados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, retoman elementos de ambas perspectivas.
Nota a la persona instructora: debe referir que el marco normativo sobre el principio y derecho a la igualdad y a la no discriminación es el sustento jurídico de ambas perspectivas de igualdad, sin embargo su operación y comprensión de las causas y remedios de la desigualdad es diferente.

Objetivo 4.C. Los derechos humanos de las mujeres



Al término de la sesión las personas participantes serán capaces de explicar correctamente los derechos humanos de las mujeres.

  1. De la generalidad a la especificidad de los derechos humanos de las mujeres.

La incorporación y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no fue una tarea rápida ni sencilla. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer de 1948 y hoy ya prácticamente no invocada, señala en su Preámbulo “que la mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre”. En este preámbulo los derechos se tratan de una mera “concesión” de derechos (a manera de favor) en razón del cumplimiento de los deberes en tanto mujeres, es decir, propio del rol de género que deben jugar en la sociedad las mujeres:


El desarrollo del DIDH ha transitado desde una generalidad que homologaba las diferencias, a una especificidad que pone el énfasis en las diferencias, hasta llegar a una igual valoración de las diferencias. Los primeros tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) se refirieron a los derechos humanos en lo general, sin especificar las distintas incidencias que por sus contextos tienen los derechos en los grupos o sectores en desventaja. Esto resultó en una lectura de los derechos que no reconoció los espacios donde las violaciones a los derechos de las mujeres se relacionan, ni las particularidades que adoptan como resultado de la desventaja estructural. Es decir, al homologar a todos los sectores o grupos sociales reforzó su situación de discriminación.
De ahí la necesidad de reconocer y enfatizar los derechos humanos de las mujeres, primero en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y después en la Convención Interamericana Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).

  1. La importancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Esta Convención es el instrumento internacional más importante en el reconocimiento del derecho a la no discriminación y de derechos específicos de la mujer. La CEDAW intentó dar respuesta a las críticas en el sentido que las normas de derechos humanos no bastan para atender efectivamente las injusticias y desventajas que afronta la mujer, al adoptar una visión totalizadora sobre la discriminación.


La definición sobre no discriminación que adopta la CEDAW constituye una de las contribuciones más importantes de este tratado a la comprensión de los derechos humanos de las mujeres, pero también del DIDH en general:
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer”): “discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.35”.
Esta definición es importante porque:


  1. No es limitada a la igualdad formal, sino que abarca las prácticas, costumbres y cualquier situación de hecho que resulte en discriminación.

  2. Reconoce la discriminación contra la mujer en los ámbitos públicos y privados.

  3. Está centrada en los derechos humanos de las mujeres y no en el hombre como parámetro.

  4. Reconoce a la discriminación por resultado. Con o sin la intención de discriminar.

  5. La definición se convierte en el estándar legal mínimo.

  6. Establece la adopción de medidas positivas.



  1. La importancia de la Convención Interamericana Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).

Esta Convención representa el marco de protección más relevante en este tema. Entre sus aspectos más importantes se encuentra el reconocimiento de la violencia de género como una violación a los derechos humanos, ya sea cometida en el ámbito público o en el privado. En este sentido, la Convención también protege contra la violencia doméstica, probablemente la violación sistemática más grave que sufren las mujeres en el mundo.


La definición que establece sobre violencia de género es la siguiente:
Artículo 2

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Su artículo 7, sobre debida diligencia, establece las obligaciones estatales frente a la violencia de género y contra la mujer:
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.
Nota a la persona instructora: debe discutir la obligación de debida diligencia a la luz de la jurisprudencia internacional, de casos como Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (considere casos más actuales). También debe referir la jurisprudencia de la SCJN en la materia.
La obligación de debida diligencia implica, por tanto, que las autoridades estatales (cualquiera que sea su nivel), en el ámbito de sus competencias, deben hacer todo lo necesario para prevenir la violencia, así como por lograr una investigación, sanción y reparación de los diversos tipos de violencias de las que son víctimas las mujeres. En razón de ello es que las y los operadores del sistema de justicia deben eliminar de su actuación cualquier visión estereotípica sobre las mujeres o su conducta que puedan llevar a la inacción y por tanto a la no investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia de género.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, respecto de la debida diligencia, en la Sentencia del Caso Campo Algodonero vs. México que:
258. [L]os Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará.

  1. La importancia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La ley tiene por objeto establecer un marco general de acción y coordinación entre distintas autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo a los funcionarios de la procuración y administración de justicia, para combatir la violencia hacia la mujer.


Uno de los aspectos de mayor importancia de esta Ley es que establece los tipos de violencia contra la mujer:
ARTÍCULO 6.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son:

I. La violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Además, especifica las modalidades en que la violencia contra la mujer se presenta: violencia en el ámbito familiar, violencia laboral y docente, en la comunidad y violencia institucional. Si bien está Ley es armónica con la Convención Belém do Pará, amplía su marco de protección y detalla las formas en que la violencia se hace presente en esos espacios. En esta medida, esta Ley constituye uno de los instrumentos jurídicos principales para conocer delitos de mujeres víctimas de violencia de género, como la violencia doméstica, violencia sexual o violencia feminicida.
Otro de los aspectos medulares de esta Ley es que su capítulo VI está dedicado a las órdenes de protección. En armonía con ella, el artículo 137 del CNPP establece que en el caso de medidas de protección donde se trate de delitos por razón de género se aplicará de manera supletoria Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este punto, la Ley establece que existen órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Para los fines de esta guía importan las dos primeras:
ARTÍCULO 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y



  1. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.

ARTÍCULO 30.- Son órdenes de protección preventivas las siguientes:

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia.

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima;

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima;

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la Víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos;

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el momento de solicitar el auxilio, y

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas.
La Ley dispone que para dictar estas medidas, las autoridades deberán considerar (i) el riesgo o peligro existente; (ii) la seguridad de la víctima, y (iii) los elementos con que se cuente. Además, la Ley señala que “corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias”.
Sobre el tema de víctimas del delito, también el artículo 109 del CNPP establece que “Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables”. Entre ellas, la Ley General establece, entre otros, los siguientes derechos:
ARTÍCULO 52.- Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información médica y psicológica;

VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite;

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, y

VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos.
En suma, se trata de una Ley General que permite el diálogo con el CNPP para estos temas, pero también para la comprensión de la violencia como categoría jurídica y que facilita el acercamiento a los casos concretos.


  1. La igualdad y los estereotipos de género

Los estereotipos de género, al plasmarse en textos jurídicos, interpretaciones legales, políticas y prácticas constituyen violaciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación, en la medida que establecen distinciones arbitrarias en demérito de los derechos humanos de las mujeres.




Estereotipos de género

Tipos

Empleo

Reflejo en el quehacer del estado (trato diferenciado injustificado)

Estereotipos de sexo

Aquellos centrados en los atributos y las diferencias físicas y biológicas existentes entre hombres y mujeres



Los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres

Prohibición a las mujeres de realizar trabajo nocturno.

Límites de facto y de jure para que las mujeres realicen actividades laborales realizadas con las armas



Estereotipo sexual

Se basan en las características o cualidades sexuales que son, o deberían ser, poseídos por hombres y mujeres respectivamente, así como a la interacción sexual entre ambos



La sexualidad de las mujeres está vinculada a la procreación

Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo

Estereotipos sobre roles sexuales

Se fundan en los papeles o el comportamiento que son atribuidos y esperados de hombres y mujeres a partir de construcciones culturales y sociales, o bien, sobre su físico



En la familia, los hombres deben ser los proveedores primarios y las mujeres quienes cuiden a las y los hijos y realicen las labores domésticas

Códigos civiles que, basados en roles sexuales, distribuyen los derechos y obligaciones dentro del matrimonio asignado al hombre la administración de los bienes y a la mujer el cuidado del hogar y las y los hijos

Estereotipo compuesto

Aquel que interactúa con otro estereotipo de género. Atribuyen características y roles a diferentes subgrupos de mujeres



Las mujeres solteras y lesbianas no son buenas madres

Negar la posibilidad de adopción de un hijo o hija a mujeres solteras lesbianas

Fuente: SCJN, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 2013, p. 50.


  1. Ejercicio: estereotipo de género

De manera individual las personas participantes identificarán una norma jurídica que consideren que establece una discriminación o un estereotipo de género y justifique el por qué:


  1. 15 minutos para que elijan la norma y justifiquen individualmente las razones por las que se estima discriminatoria.

  2. 5 personas expondrán su justificación.

  3. La persona instructora analizará y retroalimentará con el grupo los casos expuestos.



Objetivo 4.D. Igualdad en su sentido individual



Al término de la sesión las personas participantes serán capaces de explicar correctamente la igualdad en su sentido individual.

  1. Definición del derecho a la no discriminación.

A partir de las definiciones más aceptadas por los órganos internacionales y cortes nacionales, se establece la siguiente definición:





Derecho a la no Discriminación
Toda distinción, exclusión o restricción basada en motivos de sexo, género, preferencias sexuales, la edad, las discapacidades, antecedentes de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil, raza, color idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, que tenga por objeto o por resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera36.

Por su parte, el párrafo cuarto de la Constitución mexicana replica, en lo general, esta definición al establecer:


Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Nota para la persona instructora: conviene aclarar el contraste de la definición estándar en el Derecho Internacional de los Derechos humanos con la Constitución mexicana en lo relativo a la finalidad de la conducta. La explicación debe acompañarse de una explicación a partir de la interpretación conforme.

  1. Elementos de la definición del derecho a la no discriminación.





  1. Una conducta: distinción, exclusión, restricción o preferencia

  2. Categorías sospechosas: raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra

  3. Finalidad: que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.



  1. Discriminación con sentido jurídico.

El principio y derecho a la igualdad y a la no discriminación no prohíbe todas las distinciones de trato. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las distinciones “constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables y objetivas”, mientras que las discriminaciones “constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos”37. Es decir, las conductas prohibidas para efectos de la protección jurídica de los derechos humanos, son aquellas que establecen una diferencia arbitraria, pero no aquellas distinciones razonables y objetivas por cumplir un fin legítimo.


Lo anterior, puede analizarse de mejor manera a partir del siguiente cuadro:


Acción

Punto de referencia

Resultado

Trato igual

Entre iguales

Presunción de legitimidad de la acción

Trato igual

Entre desiguales

Presunción de discriminación en el resultado del trato

Trato desigual

Entre iguales

Presunción de discriminación en el trato

Trato desigual

Entre desiguales

Presunción de distinción y por lo tanto de legitimidad de la acción

¿Cómo valorar la legitimidad de la acción?

A partir de su objetividad y razonabilidad.



¿Cómo valorar quiénes son iguales y quiénes no lo son?

Detectando, con un enfoque de derechos humanos y de autonomía de la persona, el papel que juegan las categorías sospechosas a partir de cuestiones estructurales y de contexto.



¿Qué determina si existe o no discriminación?

La afectación injustificada y desproporcionada en el ejercicio de un derecho.



Fuente: SCJN, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 2013, p. 44.
En resumen, estamos frente a una discriminación con significado jurídico cuando:


  1. Se comete un acto o se incurre en una omisión que distingue, excluye u otorga un trato diferente a una persona o un grupo de personas;

  2. Esta distinción, exclusión o trato diferenciado está motivado en una condición

  3. específica de la persona como el sexo, el género, la raza, el origen social, la preferencia sexual u otras condiciones sociales, y

  4. El resultado de dicho acto u omisión sea la limitación o negación de alguno de los derechos fundamentales de las personas.



  1. Los tipos de igualdad: formal y material

La identificación de la igualdad formal y material permitirá distinguir el nivel donde se encuentran los problemas que impiden un ejercicio efectivo de los derechos, si se trata de un problema meramente normativo o si tiene que ver con los obstáculos sociales, económicos, políticos o de otra naturaleza que impiden el ejercicio del derecho a un sector social.


a) Igualdad legal o formal (de jure): se basa en la idea de que la ley debe aplicarse de forma similar a todos los individuos con independencia de sus características; se vincula estrechamente con la idea de igualdad ante los tribunales, y también con el principio de legalidad, en el sentido de que la interferencia del Estado en las libertades individuales puede realizarse únicamente a través de una ley general que debe ser aplicada a todas las personas por igual. 38
b) Igualdad material o sustancial (de facto): pretende remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del derecho. En este caso, lo que le importa al derecho es atender la desigualdad que se genera ya no por una norma sino por la forma en que se dan en la realidad las relaciones entre las personas.
De manera complementaria a esta igualdad sustancial, encontramos a la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultado. La primera se relaciona con las medidas antidiscriminatorias, en tanto se considera que las personas no cuentan con las mismas oportunidades por lo que se hace necesario adoptar medidas que tiendan a reducir las brechas de desigualdad. Tomando como base esta igualdad, la discriminación ocurriría dada la ausencia de medidas que nivelen el acceso a oportunidades entre las personas. Por su parte, la igualdad de resultado es vista como la culminación lógica de la igualdad sustantiva o de facto. Estos resultados pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, es decir que pueden manifestarse en que, en diferentes campos, las personas disfrutan de derechos en proporciones casi iguales, disfrutan de niveles de salario iguales por trabajo igual o de igual valor y en que existe igualdad en la adopción de decisiones y en la influencia política; entre otras cosas.

  1. La discriminación directa e indirecta

Mientras que la igualdad se puede mirar de su faceta formal o sustantiva, la discriminación puede darse de manera directa o indirecta.


a) Discriminación directa o intencional: La discriminación directa (o de jure) se presenta cuando la norma, política o programa, explícitamente hace una distinción no justificada, es decir, restringe o excluye el goce o ejercicio de un derecho a una persona o grupo identificable sin que exista una razón objetiva que sea necesaria en un estado democrático y sea proporcional en relación con el alcance del derecho y con el beneficio pretendido.
b) Discriminación indirecta: se presenta cuando una norma, política pública o programa es aparentemente neutral pero sus consecuencias son particularmente adversas para cierto grupo social; es decir, cuando su vigencia o aplicación provoca un impacto diferenciado, generando distinciones, restricciones o exclusiones no previstas de forma directa por la ley, política pública o programa, en virtud de las diversas posiciones que las personas ocupan en el orden social.


Ejemplos de discriminación

Directa o por objeto

Indirecta o por resultado

Código Civil para el Estado de Oaxaca

Artículo 143.- El matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y para proporcionarse ayuda mutua en la vida.



Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales

Artículo 20.- El Pleno podrá reincorporar a quien habiendo ocupado el cargo de magistrado de Circuito o de juez de Distrito ratificados, se hubiese separado de él por motivos personales o causas legales que, por no ser de gravedad, no constituyan impedimentos insalvables […]

La solicitud de reincorporación deberá formularse por escrito de manera respetuosa y motivada, a la que se acompañará:

Curriculum Vitae;

Constancia de las actividades profesionales desarrolladas durante el tiempo en que se estuvo separado del cargo, y

Constancia de las actividades académicas realizadas en ese periodo.



Fuente: SCJN, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 2013, p. 39.

  1. Las categorías sospechosas

Son criterios de distinción basados en una característica subjetiva de la persona que, en principio, no guardan relación de razonabilidad con el propósito de la distinción.


Se trata de especies de “focos rojos” para las y los juzgadores, pues la distinción normativa o de facto se basa en alguna de las siguientes características: sexo, género, preferencias/orientaciones sexuales, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje, origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 39 Conviene señalar que esta lista de categorías no es exhaustiva ni coincide de forma absoluta en los distintos documentos jurídicos. Sin embargo, prácticamente todos los listados introducen una cláusula abierta, “cualquier otra condición social”, lo que permite incorporar otras categorías sospechosas.
La desigualdad que identificamos en la norma, en una práctica o en una política puede estar basada en una distinción que se realiza con base en una de esas características. Si es el caso, debemos prender todas las alertas, pues partimos de una sospecha de discriminación. Distinguir a partir de esas categorías difícilmente podrá estar justificado.

  1. Método del escrutinio estricto

El test de igualdad o de escrutinio estricto nos permite identificar diferencias de trato que constituyan discriminación en situaciones dadas y, aunque no permite identificar sus causas, es útil para resolver algunos problemas comunes. Así, no toda distinción estaría prohibida, pero aquella distinción que esté basada en una categoría sospechosa (raza, religión, sexo, edad, nacionalidad, entre otra) debe ser cuestionada, a partir de la evaluación de su:





  1. Objetividad. Si la distinción obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, como la protección de los derechos de otros, y




  1. Razonabilidad. La adecuación de la medida con los fines perseguidos:

  1. Si la distinción es un medio apto para alcanzar el objetivo que se pretende, y

  2. Si la medida es proporcional; es decir, que no sea tal que impida el ejercicio de un derecho en su totalidad.

En el momento en que una diferencia se base en alguna de las categorías sospechosas, hace necesario que se revisen las razones de esa distinción y, en todo caso, su justificación para la protección de los derechos humanos. Este examen se puede aplicar a las disposiciones normativas, a las prácticas o al diseño de las políticas públicas.



  1. Ejercicio. Igualdad en su sentido individual.

El 22 de febrero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una comunicación de la señora María Eugenia Morales de Sierra contra el Estado de Guatemala (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso 11625) por violación a su derecho a la igualdad y a la no discriminación establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objeto del análisis se refiere a un conjunto de normas del Código Civil, entonces vigente, en Guatemala. En particular, examine las siguientes disposiciones:


El artículo 113 del Código Civil establece “(Mujer empleada fuera del hogar).—La mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique el interés y cuidado de los hijos ni las demás atenciones del hogar”.  
El artículo 114 del Código Civil establece: “—El marido puede oponerse a que la mujer se dedique a actividades fuera del hogar, siempre que suministre lo necesario para el sostenimiento del mismo y su oposición tenga motivos suficientemente justificados.  El juez resolverá de plano lo que sea procedente”.
A partir de este caso, forme equipos de cinco personas para que en media hora discutan lo siguiente:


  1. Las razones por las que esas disposiciones contienen estereotipos de género y, por tanto, son discriminatorias.

  2. ¿Qué categoría sospechosa es la que se ve afectada?

  3. ¿Qué tipo de discriminación está presente (formal y/o material)?

  4. ¿Se trata de una discriminación directa o indirecta? Justifique.


La persona instructora, en 30 minutos, debe guiar una retroalimentación a partir de lo siguiente:


  1. Un representante de cada equipo debe exponer la discusión y resultado del grupo.

  2. Discutir con las personas participantes el conjunto de las respuestas.

  3. Dar respuesta a las preguntas planteadas en el ejercicio, señalando las razones.

  4. Contrastar con ejemplos qué sería una discriminación indirecta y la desigualdad material.



Objetivo 4.E. Igualdad en su sentido social



Al término de la sesión las personas participantes serán capaces de explicar correctamente la igualdad en su sentido social o estructural.

  1. Definición

De acuerdo con Roberto Saba, “la versión de la igualdad estructural no adhiere sólo y exclusivamente a la idea de no discriminación (entendida como trato no arbitrario fundado en prejuicios), sino a un trato segregacionista y excluyente tendiente a consolidar una situación de un grupo marginado (la casta o underclass)”40. Es decir, a la igualdad estructural le importa la forma en que se genera desigualdad por la adscripción de las personas a grupos con diferente poder, de ahí que esta mirada de la igualdad sea la base para el análisis del derecho desde la perspectiva de género.


El principio de igualdad debe hacerse cargo de las desventajas históricas de ciertos grupos sociales y las relaciones de opresión que condicionan una menor aptitud para el goce y ejercicio de los derechos; es decir, deberá incorporar “datos históricos y sociales que den cuenta del fenómeno de sometimiento y exclusión sistemática a la que se encuentran sometidos amplios sectores de la sociedad”. 41
Este sometimiento y exclusión son producidos, no sólo por las desigualdades de hecho, de las que se hace cargo la igualdad sustancial, sino por “complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias [que] desplazan a mujeres, discapacitados, indígenas [personas transgénero] u otros grupos de personas de ámbitos en los que [los grupos dominantes] se desarrollan o controlan”. 42
Estamos frente a una forma alterna de concebir el problema jurídico de la igualdad y la no discriminación. De lo que se trata es de concebir a las normas de igualdad ya no para tratar a los similares como similares y a los diferentes como diferentes, esto es, como un problema de similitud y diferencia, sino de reconocer la denegación sistémica de poder, de recursos y de respeto que oprimen a diferentes grupos. 43
En términos prácticos se busca identificar si la limitación en el goce del derecho se relaciona con el diseño mismo de las instituciones, la cultura y los sistemas económicos y políticos y ya no solos por medio del análisis de una regla o de sus resultados. Se diferencia de la igualdad material o sustantiva, porque ésta busca eliminar los obstáculos existentes en la realidad, mientras que la estructural busca identificar las causas de esos obstáculos para impedir su persistencia.

Desde la igualdad en su versión individual, es posible comparar la situación de dos personas o de grupos sociales, sin embargo, tiene menos posibilidades de hacer evidente las desventajas económicas, políticas y en reconocimiento de la identidad de las mujeres, pues establece un único parámetro frente al cual ellas deberán medirse, sin identificar las desventajas que son producidas por las circunstancias específicas de las mujeres. Desde la mirada social, la igualdad permite la identificación de la persona como perteneciente a un sector social en desventaja o subordinación y del análisis del contexto en el que se presenta esa subordinación, de forma tal que el derecho pueda responder a esa circunstancia y no omita considerarla en su conjunto. Por tanto, no busca analizar de forma aislada una disposición, política o práctica, sino a la disposición, política o práctica como parte de un entramado que expresa la desventaja del sector y de la que las y los operadores de justicia deben hacerse cargo.


La mirada estructural busca impactar la forma en que analizamos los hechos y el derecho, la forma en la que se argumenta y las medidas de reparación que se emiten. En cada etapa procesal debe identificarse cómo operan los roles de género, los estereotipos, la pertenencia de una persona a un sector social en desventaja y el contexto que lo determina. Asimismo, obliga a mirar al derecho desde una óptica crítica para verificar que cómo traslada las ideas de subordinación y revertirlas, para finalmente pensar más en cómo transformar al derecho y la situación de desventaja que solo en adoptar medidas que eliminen obstáculos.

  1. Sectores o grupos en subordinación u opresión

La mirada estructural no sigue la lógica de las categorías sospechosas establecidas en términos neutros, sino que nombra e identifica al sector en situación de desventaja o subordinación. Esto es, se aleja de la concepción neutra de sexo para designar a las mujeres en tanto sector desaventajado, de la edad para designar a los adultos mayores y a los niños/as, de la raza para designar a los afrodescendientes, etc. Ello es así porque importa asignarle poder al sector en desventaja, primero haciéndolo visible y después haciéndose cargo de esa desventaja. Las categorías neutras igualan formalmente lo que de facto es diferente, la mirada estructural hace énfasis en la subordinación.


En este sentido, la finalidad del principio de igualdad no puede limitarse a nivelar a las personas en situaciones concretas y frente a comparaciones específicas. Más bien, dicho principio debe asegurar que las diferencias ingresen al ámbito de protección de la ley y sean reconocidas por las instituciones sociales, con el propósito de evitar que las mismas determinen no sólo una menor comparecencia frente a los derechos: los obstáculos de facto que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad históricamente determinada para acceder a la justicia y defender adecuadamente sus derechos; sino, incluso, una exclusión absoluta por parte del derecho o de las instituciones sociales.
Existe desigualdad estructural cuando el conjunto de prácticas, reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social, provocan que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente determinada. Sistemática, por cuanto persistente y presente en todo el orden social. Históricamente determinada, por cuanto a su origen y permanencia en el tiempo.
La visión sociológica de la igualdad incorpora el dato de que la pertenencia a un grupo determinado permite tanto a las personas individualmente consideradas, como a las terceras que comparten su condición y aquéllas que no, reconocer su identidad, a partir de cierta condición (ser mujer biológica, ser hombre transgénero, ser mujer transgénero, padecer una discapacidad, tener VIH, ser indígena) que tiene implicaciones en las prácticas sociales. 44
Para Iris Marion Young, un grupo social es un colectivo de personas que se diferencia de al menos otro grupo por sus formas culturales, prácticas o modos de vida, es decir, se caracteriza por lazos de identificación identitaria y colectiva (historia, situación social, lenguaje, tradición, entre otros).
El contexto social adverso que enfrentan las personas pertenecientes a ciertos grupos puede ser producto de condiciones fácticas de desigualdad –como la carencia de recursos o de interlocución real frente al gobierno- o de condiciones simbólicas de desigualdad producidas por la ausencia en el discurso social dominante de las concepciones, necesidades o aspiraciones de un grupo en situación de opresión o históricamente desaventajado.
El contexto social –integrado por las desigualdades fácticas y desigualdades simbólicas- condiciona un mayor o menor acceso a las oportunidades. Por lo tanto, se puede afirmar que la discriminación ocurre no sólo en virtud de distinciones formales, sino como producto de una asignación diferenciada de reconocimiento45 o bien, a partir del establecimiento de relaciones jerárquicas donde una persona vale más que otra, o de relaciones poder y opresión donde una persona enfrenta –o ha enfrentado históricamente- mejores oportunidades que otra.

De acuerdo con lo anterior, se trata de mirar a los grupos en cuanto tales: mujeres, pueblos indígenas, miembros de grupos étnicos, adultos mayores, personas con discapacidad, y no categorías, como sexo o género, raza, etnia, edad, etc. Lo que importa en este caso, son las y los miembros de los grupos históricamente oprimidos y no toda distinción que afecte a cualquier persona, aunque no pertenezca a estos grupos. Así, en este supuesto nos referimos a aquellas personas que constituyen un grupo social que ha estado en una situación de subordinación prolongada y con poder político y económico severamente limitado46 .



  1. Acciones transformativas

Mientras que las acciones afirmativas buscan corregir los efectos injustos del orden social sin alterar el sistema subyacente que los genera, para Nancy Fraser, las acciones transformativas son:


[L]as soluciones que aspiran a corregir los efectos injustos precisamente reestructurando el sistema subyacente que los genera. Lo esencial de este contraste reside en los resultados finales frente a los procesos que los producen47.
Las acciones transformativas buscan hacerse cargo de las causas de la desigualdad y no únicamente de los obstáculos que genera. Por tanto, no buscan establecer un conjunto de medidas temporales, sino identificar las razones que generan la desigualdad y proponer alternativas igualitarias.
Esta misma lógica es aplicable a las reparaciones de violaciones a derechos humanos con perspectiva de género, es decir, aquellas que reconocen los distintos impactos que las violaciones tienen en las mujeres y adoptarse de tal forma que efectivamente respondan a la persona y su contexto. La relatora de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer señala que:
85. Las reparaciones a que tienen derecho las mujeres no pueden limitarse a devolverlas a la situación en la que se encontraban antes del caso concreto de violencia, sino procurar un potencial transformador. Ello supone que deben aspirar, en lo posible, a subvertir, que no a apuntalar, las preexistentes modalidades de subordinación estructural general, jerarquías de sexos, marginación sistemática e inequidades estructurales que posiblemente sean la raíz misma de la violencia sufrida por las mujeres […]48.
Hacerse cargo de la desigualdad de género implica, por tanto, tener la capacidad de ofrecer alternativas transformadoras. Esto es, interpretaciones judiciales innovadoras que tengan el potencial de desestabilizar al derecho para excluir los estereotipos de género y la desigualdad que le subyace.

  1. Método de la desventaja

Se trata de una aproximación para utilizar el derecho a la igualdad desde una lógica distinta a la de la similitud/diferencia. Esta última perspectiva –a partir de la objetividad y razonabilidad- nos da elementos para comparar la situación de dos personas o de grupos sociales, sin embargo, tiene menos posibilidades de hacer evidente las desventajas económicas, políticas y en reconocimiento de la identidad de las mujeres, pues establece un único parámetro frente al cual ellas deberán medirse, sin identificar las desventajas que son producidas por las circunstancias específicas de las mujeres.49


El método de la desventaja, entonces, impacta la forma en que analizamos los hechos y el derecho, la forma en la que argumentamos y las medidas de reparación que emitimos. Pensando en la perspectiva de género, en cada parte debemos asegurarnos de identificar cómo operan los roles de género, los estereotipos, la pertenencia de una persona a un sector social en desventaja y el contexto que lo determina. Asimismo, nos obliga a mirar al derecho desde una óptica crítica para verificar cómo traslada las ideas de subordinación y revertirlas, para finalmente, pensar más en cómo transformar a los derechos y la situación de opresión que solo en adoptar medidas que eliminen obstáculos.
La clave para el método de la desventaja es analizar la forma en que la pertenencia a un sector en subordinación es la que produce una desigualdad en la medida que el derecho absorbe y replica la exclusión que las instituciones y los sistemas económicos, sociales, culturales y políticos ejercen sobre dichos sectores, esto es, la forma en que el derecho produce órdenes asimétricos de género. La pregunta clave es, preguntarse si lo que sucede ¿sucede por la pertenencia de una persona a un grupo/sector social históricamente subordinado? En consecuencia, la pregunta clave para investigar y juzgar con perspectiva de género es:
Lo que sucede, de forma directa o indirecta, ¿sucede en razón del género?
Cuando la respuesta a esta pregunta es afirmativa, es necesario juzgar de conformidad con perspectiva de género. La idea central es considerar que la causa por la que alguien es víctima o por la que probablemente participa en un hecho ilícito es una razón de género. Por ejemplo, la violencia sexual es una razón de género en la medida que el objetivo es el cuerpo de la persona (en la mayoría de los casos, el cuerpo de la mujer), en razón de una idea de superioridad. Igualmente, en algunos delitos, la participación de la mujer se explica por su relación de subordinación frente a otro de los participantes (por ejemplo, cuando se le insiste en introducir droga a un penal) o bien por las tareas que desempeña en el delito (por ejemplo, labores de cuidado en un secuestro, relacionadas con las tareas que históricamente han sido asignadas a las mujeres). Esto último no implica la ausencia de responsabilidad penal, sino que en la investigación y juzgamiento debe considerarse el género como columna vertebral.


  1. Ejercicio. Igualdad en su sentido social

Forme grupos de entre cuatro y cinco personas. Las personas participantes deberán revisar uno de los primeros casos de discriminación en razón de sexo resueltos en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se trata del caso Sandra Lovelace c. Canadá del Comité de Derechos Humanos (1977). Después de la lectura de la comunicación final que resuelve el fondo del caso, las personas participantes deberán comentar los siguientes aspectos:




  1. Cuáles son las razones que llevan al Comité a concluir que las restricciones legales analizadas son discriminatorias.




  1. El asunto es resuelto a partir de la igualdad individual o como similitud/diferencia. ¿Cómo resolvería el caso desde la igualdad estructural? ¿sobre qué hubiera solicitado mayor información? ¿qué elementos serían importantes para el análisis? ¿cuáles serían sus conclusiones del caso?


Nota a la persona instructora: en 30 minutos, debe guiar una retroalimentación a partir de lo siguiente:


  1. Un representante de cada equipo debe exponer la discusión y resultado del grupo.

  2. Discutir con las personas participantes el conjunto de las respuestas.

  3. Dar respuesta a las preguntas planteadas en el ejercicio, señalando las razones.

  4. Contrastar los alcances de la igualdad estructural con la individual.






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