Cuadragésimo primer período ordinario de sesiones san salvador, el salvador



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ACTAS Y DOCUMENTOS


VOLUMEN II
ACTAS TEXTUALES DE LAS SESIONES PLENARIAS
ACTAS RESUMIDAS DE LA COMISIÓN GENERAL


DOCUMENTOS VARIOS

SECRETARÍA GENERAL

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

WASHINGTON, D.C. 20006



2011

ÍNDICE



Página

SESIÓN INAUGURAL


Acta de la sesión inaugural 3
1. Palabras del Secretario General de la OEA 5
2. Palabras del Presidente de El Salvador 12

SESIONES PLENARIAS


Acta de la primera sesión plenaria 21
1. Elección de presidente 23
2. Palabras del Presidente de la Asamblea General 24
3. Aprobación del proyecto de temario 25
4. Aprobación del proyecto de calendario 25
5. Aprobación de los acuerdos adoptados por la Comisión Preparatoria 26
6. Informe del Secretario General sobre credenciales 28
7. Instalación de la Comisión General 28


  1. Asignación de temas y elección del

presidente de la Comisión General 29

Acta de la segunda sesión plenaria 33


1. Diálogo de Jefes de Delegación:

Seguridad Ciudadana en las Américas 35


2. Anuncios de la Presidencia 82
Acta de la tercera sesión plenaria 85
1. Diálogo de Jefes de Delegación:

Seguridad Ciudadana en las Américas

(continuación) 87


  1. Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas 114

3. Diálogo de Jefes de Delegación:

Seguridad Ciudadana en las Américas

(continuación) 115


Annex: Statement by Her Excellency Dame Deborah-Mae Lovell,

Ambassador Permanent Representative of Antigua and Barbuda, on

“Citizen Security in the Americas” 135

Acta de la cuarta sesión plenaria 139


1. La Cuestión de las Islas Malvinas 141
2. Informe sobre el problema marítimo de Bolivia 156
3. Informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General y

adopción de proyectos de resolución 172


4. Informe de la Comisión General y adopción de

proyectos de resolución 176


5. XVI Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011 183
6. Conferencia de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en

Centroamérica 187




  1. Intervención de la Presidenta de la

Comisión Interamericana de Mujeres 188
8. Intervención de la Representante del Comité Jurídico Interamericano 192
9. Intervención del Primer Vicepresidente de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 197


10. Intervención del Presidente de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos 210

11. Elección de autoridades de los órganos,

organismos y entidades de la Organización 216


a. Elección de cuatro miembros de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 216

b. Elección de dos miembros del Comité Jurídico Interamericano 218
c. Elección de tres miembros del Consejo Directivo del

Centro de Estudios de Justicia de las Américas 218


d. Elección de un miembro del Tribunal Administrativo 219
e. Elección de un miembro de la Junta de Auditores Externos 219


  1. Declaración en relación con la candidatura del

doctor Agustín Carstens al cargo de

Director Gerente del Fondo Monetario Internacional 219


13. Cambio de fecha del cuadragésimo segundo

período ordinario de sesiones de la Asamblea General 220


14. Sede y fecha del cuadragésimo tercer período

ordinario de sesiones de la Asamblea General 221




  1. Consideración del proyecto de Declaración de San Salvador

sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 221


  1. Voto de agradecimiento al pueblo y Gobierno de El Salvador 223

17. Palabras del Secretario General de la OEA 223


Annex: Statement by Her Excellency

Dame Deborah-Mae Lovell, Ambassador

Permanent Representative of Antigua and Barbuda,

on “The socioeconomic and environmental impact of

climate change on the countries in the Hemisphere” 225

SESIÓN DE CLAUSURA


Acta de la sesión de clausura 229
–– Palabras del Presidente de la Asamblea General 231

COMISIÓN GENERAL


Acta resumida de la primera sesión 237
1. Consideración del proyecto de orden del día 238
2. Metodología 238
3. Elección de autoridades 239
a. Vicepresidente 239
b. Relator 239
4. Consideración del proyecto de Declaración

de El Salvador sobre Seguridad Ciudadana en

las Américas 239
5. Consideración de proyectos de resolución 240
a. El cambio climático en los países del Hemisferio 240
b. Proyecto de Convención Interamericana contra el

Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia 240


c. La protección de los derechos humanos y libertades

fundamentales en la lucha contra el terrorismo 241




  1. Fortalecimiento de la Junta Interamericana de Defensa 241

e. Junta Interamericana de Defensa 241


Annex: Statement presented by Ambassador Carmen Lomellin,

Permanent Representative of the United States,

concerning the Draft Inter-American Convention

against Racism and All Forms Of Discrimination

and Intolerance, to be included in the minutes

of the Permanent Council Meeting held on

May 18, 2011, and in the record of proceedings of the

forty-first regular session of the OAS General Assembly 243

Acta resumida de la segunda sesión 245
1. Consideración del proyecto de orden del día 246
2. Consideración de proyectos de resolución 246
a. Junta Interamericana de Defensa 246
b. Fortalecimiento de la Junta Interamericana de Defensa 246
c. Protección de los solicitantes de la condición de

refugiados y de los refugiados en las Américas 246


d. Fortalecimiento de los sistemas de derechos

humanos en seguimiento de los mandatos

derivados de las Cumbres de las Américas 247
e. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la

importancia de los medios de comunicación 248

Acta resumida de la tercera sesión 249
1. Consideración del proyecto de orden del día 250
2. Consideración de proyectos de resolución 250
a. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la

importancia de los medios de comunicación 250


b. El cambio climático en los países del Hemisferio 250
c. Promoción de los derechos de libertad de reunión

y de asociación en las Américas 250




  1. Cambio de fecha del cuadragésimo segundo

período ordinario de sesiones de la Asamblea General 251



  1. Otros asuntos 251

DOCUMENTOS VARIOS


Temario 257
Lista de participantes 267
Autoridades de la Asamblea General 347

Orden de precedencia de los Estados Miembros 351


Orden de precedencia de los Observadores Permanentes 355
Lista de documentos 359

SESIÓN INAUGURAL



ACTA DE LA SESIÓN INAUGURAL1/

Fecha: 5 de junio de 2011

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO)
Presidente Provisional: Señora Carolyn Rodrigues-Birkett

Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio y

Cooperación Internacional de Guyana

Presentes: Bayney G. Karran (Guyana)

Daniel Supplice (Haití)

Mario M. Canahuati (Honduras)

Kenneth Baugh (Jamaica)

Patricia Espinosa Cantellano (México)



Denis Ronaldo Moncada Colindres (Nicaragua)

Juan Carlos Varela (Panamá)

Jorge Lara Castro (Paraguay)

Luzmila Zanabria Ishikawa (Perú)

Carlos Morales Troncoso (República Dominicana)

Sam Condor (Saint Kitts y Nevis)



Michael Louis (Santa Lucía)

La Celia A. Prince (San Vicente y las Granadinas)



Winston G. Lackin (Suriname)

Surujrattan Rambachan (Trinidad y Tobago)

Milton Romani Gerner (Uruguay)



Roy Chaderton Matos (Venezuela)

Deborah-Mae Lovell (Antigua y Barbuda)

Héctor Timerman (Argentina)

Theodore Brent Symonette, M.P. (Bahamas)

Maxine O. McClean (Barbados)

Wilfred Elrington (Belize)

David Choquehuanca Céspedes (Bolivia)



Vera Lúcia Barrouin Crivano Machado (Brasil)

Diane Ablonczy (Canadá)

Alfredo Moreno (Chile)



María Ángel Holguín Cuéllar (Colombia)

Enrique Castillo (Costa Rica)



Hubert John Charles (Dominica)

María Isabel Salvador Crespo (Ecuador)

Hugo Martínez (El Salvador)



Milton Drucker (Estados Unidos)

I. J. Karl Hood (Grenada)

Haroldo Rodas Melgar (Guatemala)

José Miguel Insulza (Secretario General de la OEA)

1. Palabras del Secretario General de la OEA

El MAESTRO DE CEREMONIAS: Escucharemos en este instante, señoras y señores, las palabras del señor José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.


El SECRETARIO GENERAL: Excelentísimo señor Mauricio Funes, Presidente de la República de El Salvador; Su Excelencia señora Vanda Epignato, Primera Dama de la República de El Salvador y Secretaria de Inclusión Social; Su Excelencia señor Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador; señores y señoras Ministros de Relaciones Exteriores de los países de las Américas; señoras y señores Jefes de Delegación; Presidentes integrantes de los Poderes Públicos de El Salvador; miembros de Gabinete y de Gobierno; señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; dirigentes de organismos internacionales de El Salvador; Embajadores Representantes de países observadores y miembros del cuerpo diplomático; señor Alcalde de San Salvador; representantes del sector privado, de los trabajadores y de la sociedad civil; representantes de los medios de comunicación; señoras y señores:
Quiero comenzar agradeciendo a usted, señor Presidente, y al Gobierno y al pueblo de El Salvador por la excelente acogida que han dado a este cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Este esfuerzo de ustedes revela claramente el compromiso hemisférico de los salvadoreños, el cual se refleja, además, en su disposición a organizar también este año nuestras reuniones de Ministros de Turismo y de Trabajo del Hemisferio. Todo ello compromete nuestra gratitud.
Nos complace mucho, además, encontrarnos en su país en un período tan relevante de su historia, cuando el Gobierno de El Salvador se esfuerza por fortalecer la democracia y realizar los cambios necesarios para lograr un mayor desarrollo y una sociedad más justa. Valoramos igualmente la disposición a participar plenamente en el proceso de integración centroamericana.
Esta Asamblea General tiene lugar en un período auspicioso para nuestra Organización. En las últimas semanas han concluido exitosamente dos crisis que nos habían preocupado durante el año pasado: la elección e instalación de un nuevo Gobierno en Haití y el retorno de Honduras al pleno ejercicio de sus derechos como miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Al mismo tiempo, la tranquilidad con que trascurren nuestros procesos electorales, pues está concluyendo el proceso electoral en el Perú donde nuestra Misión de Observación está ahora, nos muestra un hemisferio en que la generación transparente y democrática de autoridades es ya un hábito y debemos esforzarnos para que se mantenga así.
Por eso valoramos las decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana y por la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) así como la discusión en marcha en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe respecto a incorporar cláusulas democráticas que aseguren la defensa colectiva de los gobiernos democráticos. La democracia ciertamente no está hecha solamente de elecciones limpias y gobiernos estables sino que también supone un conjunto de otros atributos. Pero la importancia de tener, como tenemos ahora, elecciones democráticas y de defender nuestras instituciones, como lo hemos hecho en el caso de Honduras y también, hace algunos meses, con Ecuador, no puede ser disminuida.
Me parece importante recalcar que nuestra Misión Electoral Conjunta con CARICOM en Haití jugó un papel fundamental en la conclusión exitosa del difícil proceso electoral, lo cual es ciertamente un motivo de satisfacción.
Todos estos logros crean el marco adecuado para la celebración, el próximo mes de septiembre, del décimo aniversario de nuestra Carta Democrática Interamericana. Dicha Carta es una propuesta integral. Y es precisamente a través de la legitimidad de origen, alcanzada por medio de elecciones limpias y participativas, que debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer realidad todos sus preceptos. Preceptos que se refieren a temas tan cruciales como los derechos humanos, la libertad de expresión, la separación e independencia de los poderes del Estado, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) en el ejercicio del gobierno, el respeto por el Estado de Derecho y las instituciones, la participación ciudadana efectiva, el respeto de los derechos de la mujer, de los trabajadores y de las minorías, y el pleno reconocimiento del pluralismo político en la sociedad.
No tenemos que tener acuerdo absoluto en cuanto a la mejor institucionalidad para implantar estos principios. Somos cuidadosos en respetar las distintas opciones que en materia de organización política y social adopten nuestros pueblos y nuestra política colectiva debe siempre respetar el principio de no intervención. Pero al mismo tiempo tenemos el mandato, libremente aceptado por los signatarios de la Carta Democrática, de velar por el cumplimiento de los principios antes enumerados.
El debate que está en marcha en este momento no pretende modificar sus contenidos programáticos sino cumplir con el propósito proclamado en la Asamblea General anterior de mejorar la eficacia de la Carta Democrática. He entregado para ello mis propuestas al Consejo Permanente, complementando los informes ya presentados en 2007 y 2010. De acuerdo con las decisiones adoptadas, esas propuestas quieren hacer más eficaz la Carta Democrática, definiendo mejor los actos que constituyen violaciones graves de la institucionalidad, proponiendo mecanismos para permitir la acción preventiva que evite las crisis y ofreciendo alternativas no invasivas para evaluar los progresos en cada uno de los aspectos que la Carta considera. Valoramos también, señor Presidente, las declaraciones que usted ha hecho a este respecto.
Espero que estas propuestas y las que los países miembros propongan sean evaluadas con buena disposición. Estoy convencido de que podamos llevar adelante un buen diálogo acerca del fortalecimiento de nuestra democracia, respetando escrupulosamente las peculiaridades del proceso político de cada país. Un continente en paz y apegado a las reglas democráticas constituye la condición básica que posibilitará su desarrollo económico y social.
América Latina y el Caribe viven también una situación alentadora en estos aspectos. La crisis económica internacional –la más grande después de la gran Depresión– que aún no se puede dar por terminada, impactó a la región de manera distinta a crisis anteriores. Los niveles de inflación se mantuvieron en general bajo control y se siguió observando una mejor disciplina fiscal. La mayor apertura de las economías nos ha permitido beneficiarnos en mayor medida del crecimiento de la demanda en otras regiones del mundo. Con diferencias entre las distintas subregiones, que tienen un distinto perfil exportador y también mayor o menor cercanía con los centros más afectados por la crisis, se puede decir que esta vez los países de América Latina y el Caribe no han sido golpeados como en otras ocasiones. Los esfuerzos realizados en la década anterior por estabilizar las economías demostraron estar en el camino correcto. Estamos saliendo de esta crisis fortalecidos, con mejores indicadores de riesgo, una mejor calificación crediticia y una menor prima que pagar por riesgo.
De persistir las condiciones actuales podemos aventurar un progreso sostenido. Tenemos condiciones para insertarnos mejor en la economía global y aprovechar la presencia de una mayor demanda para nuestros productos. Pero esa oportunidad hay que saber aprovecharla. Hoy el Fondo Monetario Internacional nos advierte acerca de un posible sobrecalentamiento y, efectivamente, hay brotes de inflación mientras que el ahorro interno es aun escaso. En economías como las nuestras, donde existe lamentablemente una tradición de gasto excesivo en momentos de abundancia y donde la inflación ha sido un problema endémico, estas variables no deben ser descuidadas.
Si vamos a aumentar nuestra competitividad y a la vez mejorar la condición de vida de nuestra población, debemos buscar la forma de que esas personas obtengan un trabajo decente y productivo. También debemos continuar con los esfuerzos para incorporar muchas más mujeres a la fuerza de trabajo. Para ello es necesario mejorar significativamente nuestra educación de manera que cuando nuestra población, más joven que las de otras regiones del mundo, se incorpore al trabajo, lo haga con las herramientas que el mundo moderno requiere, un mundo más intensivo en capital y nuevas tecnologías.
Nuestros países siguen siendo todavía muy injustos. La actual crisis no significó, como siempre sucedió en las crisis pasadas, un gran retroceso en nuestra lucha contra la pobreza, pero no hemos logrado disminuir de manera significativa la desigualdad.
Dar un salto hacia el desarrollo, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y construir un continente más justo no será posible sin un mayor esfuerzo solidario. La carga tributaria de América Latina en relación con las otras regiones sigue siendo muy baja y fuertemente concentrada en los impuestos indirectos. Como muestra de ello, basta comparar la distribución del ingreso de nuestra región con los países desarrollados de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) antes y después de impuestos: mientras que en estos últimos ella mejora significativamente una vez que se aplica la carga fiscal, en nuestra región la desigualdad casi no registra variación después de impuestos.
La pregunta no es entonces si la década que hoy empieza será o no la “década de América Latina”. La pregunta es: ¿Qué tenemos que hacer para que sea la década de América Latina? Hay motivos para ser razonablemente optimistas. El foco del crecimiento mundial se está desplazando hacia los países emergentes, con patrones de consumo diferentes a los de los países ricos. Estos nuevos consumidores requieren desarrollo de infraestructuras, alimentos y otras cosas que revalorizarán las materias primas. Y esta región está en mejores condiciones que ninguna de abastecerlos no solo de materias primas sino también de otros bienes de consumo como ya sucede de manera incipiente. Si utilizamos esos recursos en mejorar nuestros sistemas de protección social, en educación, en salud, en infraestructura, en eliminar la pobreza extrema y en reducir la brecha entre los pocos y los muchos en nuestras sociedades, si mejoramos la calidad de nuestra acción pública y forjamos verdaderos acuerdos nacionales para avanzar, sin perder tiempo en polémicas inútiles, la respuesta puede ser positiva.
Pero la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida no son posibles si no se supera otro obstáculo fundamental. Es el tema que usted, señor Presidente, ha elegido para esta Asamblea General.
En 2003, en la Conferencia Especial Sobre Seguridad, realizada en Ciudad de México, los Estados Miembros de la OEA adoptaron la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que estableció su alcance multidimensional, incluyendo otras amenazas nuevas y tradicionales. Entre ellas, por ejemplo, se identificó como una amenaza directa a la seguridad de las personas los desastres naturales que suelen asolar a muchos de nuestros países, y los desastres provocados por los propios seres humanos, que crecientemente ponen en severo riesgo al medio ambiente en nuestra región. Respondemos a ese creciente desafío buscando coordinar los esfuerzos de mitigación y reconstrucción con las demás organizaciones internacionales, canalizando ayuda de manera directa o a través de nuestra Fundación Panamericana para el Desarrollo y promoviendo la acción voluntaria a través del programa de Cascos Blancos que ha liderado la República Argentina.
Pero de igual modo y principalmente, la Conferencia de México recordó la amenaza que reviste la persistencia de factores como la pobreza, la indigencia, la desigualdad, la exclusión social, la inestabilidad económica, a los cuales ya me he referido. Hemos repetido todos, muchas veces, que en nuestra región uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabaja, lo que convierte a millones de ellos en objetivos vulnerables del crimen, en sujetos de inseguridad, sea porque son reclutados para las bandas organizadas o porque son víctimas de su acción criminal.
La Conferencia de México también puso un énfasis especial ya entonces en la amenaza del crimen, que ocho años después se presenta con una gravedad mucho mayor. Reconocer los orígenes del fenómeno criminal no nos exime de enfrentarlo de lleno.
El crimen, el narcotráfico y la violencia constituyen una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al Estado de Derecho y al desarrollo económico en las Américas. No podemos ignorar ya la importancia crítica que tiene para nuestro futuro el aumento de la criminalidad y, en particular, el crimen organizado transnacional.
Nos enfrentamos a organizaciones criminales que actúan hacia y desde nuestras fronteras nacionales y que son responsables del tráfico de drogas, del lavado de activos, del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas, del tráfico de armas, de la extorsión, la piratería intelectual y el secuestro.
Sin embargo, la violencia afecta a la población de manera desigual. Sus víctimas principales son adolescentes y niños. Los jóvenes de los estratos más pobres de la sociedad son los protagonistas de las actividades de pandillas pero también son las víctimas principales de la violencia. La tasa de muertes causadas por lesiones en la región, que alcanza a 14,94 por cada 100 mil habitantes, es la primera causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años, en donde llega a 83,2; y es aún más alta en los estratos medios y bajos donde la mortalidad de jóvenes se eleva a más de 100 casos por cada 100 mil habitantes.
Las mujeres son también una víctima preferente de la violencia. Según el diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo, las agresiones sexuales y la violencia doméstica afectan a entre el 25 y el 50% de todas las mujeres en nuestra región. Todos conocemos la alarmante realidad que han comenzado a mostrar las estadísticas sobre femicidio en nuestros países.
Superar los problemas de desigualdad, extrema pobreza, insuficiencias de servicios públicos y falta de empleo decente es un proceso que tomará muchos años de esfuerzo, con lo cual no respondemos a la demanda urgente de seguridad pública que viene de la sociedad. La última encuesta de Latinobarómetro muestra una mayor adhesión a la democracia pero indica también en todos los países un aumento sustantivo de la preocupación por el crimen, aun en aquellos que muestran tasa de criminalidad relativamente baja.
Se agrega entonces el factor subjetivo del temor y de la demanda ciudadana. El crimen constituye un desafío político para nuestra democracia y exige respuestas claras de nuestra parte. La respuesta debe ser de toda la sociedad, de las organizaciones sociales y políticas, y requiere de políticas públicas claras y de decisiones políticas y presupuestarias que las implementen.
Ciertamente el crimen interactúa con las políticas de desarrollo económico y social. Estas políticas suponen eliminar factores de frustración y discriminación, dar oportunidad de trabajo y/o educación, corregir las enormes desigualdades de nuestra sociedad y deben ser compatibles, en una sociedad democrática, con la defensa de los derechos humanos y de las libertades por las cuales tanto hemos luchado.
Pero señoras y señores Ministros y señores Representantes, también incluye el crimen la capacidad de nuestros cuerpos policiales de vigilancia e investigación del delito, supone también contar con fiscalías y jueces capaces de aplicar la ley de manera justa y severa así como también la existencia de sistemas penitenciarios que promuevan la reeducación de los delincuentes, especialmente los jóvenes, y que aíslen a los criminales más peligrosos y a los jefes de bandas que ocupan las cárceles como verdaderas oficinas para dirigir su actividad delictual. También supone el desarrollo de mecanismos de acción y participación comunitaria que actúen en la prevención del delito.
Nada reemplaza la acción del Estado en el desarrollo de estos recursos, en interacción con la comunidad organizada. Pero algunos de nuestros países enfrentan desafíos mayores que otros, disponiendo también algunos de ellos de recursos insuficientes para construir sus sistemas de seguridad modernos y democráticos. Las ofertas de apoyo que llegan a los países más débiles, de manera bilateral o multilateral, no deben limitarse a una acción puramente complementaria o periférica sino que deben comprometerse activamente con apoyar las políticas poblacionales en la construcción de sistemas de seguridad en las áreas señaladas.
El fenómeno criminal tiene una clara connotación transnacional: el narcotráfico lleva la droga a través de las fronteras; el contrabando de armas desde el norte hacia el sur alimenta crecientemente a los clanes de la droga y hace inútiles los esfuerzos de los gobiernos para combatirlos; el tráfico de personas atraviesa fronteras; el lavado de dinero utiliza las ventajas que le proporcionan los sistemas financieros globales; las bandas criminales operan en varios escenarios y van de un país a otro con facilidad. Esta realidad hace del crimen una actividad transnacional por naturaleza, que solo podremos combatir colectivamente con una cooperación muy superior a la que hasta ahora hemos alcanzado.
Por ello, desde mi llegada a la Secretaría General de la OEA, en 2005, he señalado repetidamente que, de acuerdo con las demandas de los ciudadanos de las Américas, debemos dar a la seguridad pública una primera prioridad en esta área de trabajo.
Ya en 1986 habíamos creado la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el foro político del Hemisferio para todos los asuntos relacionados con este problema. En 1999 creamos el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Pero estos dos comités trabajaban sin una concepción integral de la seguridad pública.
En 2005, como un desarrollo institucional derivado de la Declaración de México de 2003, creamos la Secretaría de Seguridad Multidimensional y un Departamento de Seguridad Pública que se concentra en aquellas nuevas amenazas que incluyen el crimen organizado y el fenómeno de las pandillas delictivas, la fabricación y el trafico ilícitos de armas de fuego, la acción integral contra las minas antipersonal y la trata de seres humanos.
Las reuniones de los Ministros de Justicia de la región han ido enfatizando cada vez más los aspectos ligados con la coordinación de la justicia criminal, con plena conciencia de que agregamos capacidad de prevención e interdicción si trabajamos juntos. Mención especial merecen dos reuniones de Ministros de Seguridad Pública, en México en 2007 y en la República Dominicana en 2009, esta última precedida de una importante reunión de expertos en Montevideo el mismo año. La tercera reunión que se realizará en Trinidad y Tobago el próximo mes de noviembre, constituye mecanismos e indicadores concretos que pueden permitir a nuestros países implementar los resultados de esta Asamblea General y elevar la calidad de nuestra acción internacional.
Somos organismo coordinador del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción; del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”; de la Convención Interamericana contra la Fabricación Ilícita y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados; del Plan Hemisférico Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD; del Comité Interamericano Contra el Terrorismo; del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional y de un conjunto de otras organizaciones. Podemos usarlas para enfrentar mejor esta tarea, pero las decisiones esperan la existencia de un plan claro de acción para llevar adelante nuestras políticas.
No puedo dejar de referirme aquí a la reciente reunión de nuestra CICAD en Suriname, en la cual se aprobó de manera definitiva la Nueva Estrategia de Combate a las Drogas para el Período 2011 – 2015, elaborada por un Grupo de Trabajo de Alto Nivel que lideró el Gobierno de México. Este plan identifica objetivos y políticas concretas en torno a cinco áreas de trabajo: fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta, medidas de control y cooperación internacional, acordando medidas concretas para cada una de ellas. Por primera vez en esa Estrategia se presta una atención equilibrada a los distintos componentes del combate a la droga, con propuestas muy claras para controlar la oferta, combatir el lavado de dinero y reducir el tráfico de armas hacia los narcotraficantes.
Yo resalto esta Nueva Estrategia por dos razones: primero, porque muestra hasta qué punto tenemos claras las debilidades reales de la actual política. Cuando hablamos de la actual guerra a la droga, no podemos decir que fracasa porque no confiscamos drogas o porque no detenemos personas ligadas al tráfico. En el año 2010 se requisaron en nuestro hemisferio más de quinientas toneladas de cocaína, que se estima significan casi una mitad de lo que se produce; y de los tres millones y medio de personas presas en nuestro hemisferio, un tercio lo está por delitos ligados al narcotráfico. Claro que podemos aún mejorar nuestra eficacia en esa dirección. Pero mientras no disminuya la demanda y el tráfico siga siendo un buen negocio, mientras no disminuya el flujo de dinero, siempre va a haber financiamiento para ese tráfico y mientras exista la abundancia de armas desde el Norte hacia el Sur, la guerra seguirá y la enfrentaremos en condiciones cada vez peores.
En segundo lugar, la adopción de la Nueva Estrategia de drogas muestra que somos capaces de formular un plan de acción consensuado, el cual contenga medidas concretas respecto de un tema tan central como el combate al narcotráfico. No veo razón para que no podamos hacer lo mismo en breve plazo respecto de un plan de acción más general. Espero que esta Asamblea adopte las decisiones conducentes a ese fin. También lo esperan así los integrantes de la Asociación de Policías de las Américas, reunidos ahora a pocos kilómetros de aquí. Ayer hemos suscrito un convenio de cooperación con dicha Asociación, que incluye a las policías de todos nuestros países, las que esperan directivas claras para poder actuar en la dirección que nosotros les indiquemos.
Señor Presidente, gracias a la iniciativa de su Gobierno e inspirados en el proyecto presentado por su Cancillería, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas tendrán la oportunidad, durante este período de sesiones, de adoptar medidas relativas al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de lucha contra el crimen. También será materia de las deliberaciones de esta reunión la obligación del Estado de proveer de seguridad a sus ciudadanos en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos. La interacción entre los distintos niveles del Estado con la sociedad civil organizada, la comunidad, los medios de comunicación, el sector privado y la academia para responder de manera participativa, articulada e integral a las complejas amenazas a la seguridad en nuestros países, debe también estar presente en las deliberaciones y conclusiones de esta Asamblea General.
La Organización de los Estados Americanos ha orientado sus políticas de seguridad para servir fundamentalmente a estos fines. Como he mostrado aquí, tenemos en marcha los programas y recursos institucionales para ser útiles en esta importante tarea y los ponemos a disposición de todos nuestros Estados Miembros. En lo inmediato, concurriremos con entusiasmo a la próxima reunión sobre seguridad en Guatemala, el próximo 22 de junio, para asumir las tareas que ahí se nos indiquen.
Señor Presidente, señoras y señores Ministros, estamos atravesando tiempos de cambio en el Hemisferio. Existen hoy condiciones económicas que hablan de la posibilidad cierta de un despegue. Tenemos hoy también condiciones políticas favorables, con procesos eleccionarios consolidados y avances significativos en la institucionalidad en todos los países. Pero esos mismos cambios de índole positiva pueden ser nuevamente debilitados por amenazas que no han perdido terreno. No tenemos guerras en la región pero sí dos enemigos comunes e interrelacionados, y cuál de ambos más violento: el crimen organizado y la desigualdad.
Desde la OEA estamos preparados para enfrentar esos desafíos. Solo esperamos decisiones claras que estoy seguro en esta Asamblea y en los meses sucesivos ustedes adoptarán. Si lo hacemos, creo que ya no tendremos dudas y podremos contestar con toda seguridad que sí, que la que se ha iniciado será la década de América Latina y del Caribe, en el marco de un hemisferio que vive en progreso, seguridad y paz.
Muchas gracias, señor Presidente.
[Aplausos.]

2. Palabras del Presidente de El Salvador


El MAESTRO DE CEREMONIAS: A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje del Presidente de la República de El Salvador, don Mauricio Funes.
El PRESIDENTE DE EL SALVADOR: Excelentísimos señores Ministros de Relaciones Exteriores; señores Jefes de Delegación; Su Excelencia José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y señora Insulza; señor Secretario de Relaciones Externas de la Organización de los Estados Americanos, Embajador Alfonso Quiñónez; señora Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, mi querida esposa Vanda; señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno; señor Presidente de la honorable Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes; señores Diputados y señoras Diputadas; señores Magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia; honorable señor Presidente del Parlamento Centroamericano, Dorindo Hayan Cortés, y Diputadas y Diputados; señor Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Francisco Darío Lobo Lara; señores miembros del Ministerio Público; señor Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras; señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Magistrado Eugenio Chicas; señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Tito Edmundo Zelaya; señor Alcalde Municipal de San Salvador, Norman Quijano, demás Alcaldes que nos acompañan; señores Embajadores y Jefes de Misiones Diplomáticas acreditadas en nuestro país; señores representantes de organismos internacionales; distinguidos funcionarios de la Organización de los Estados Americanos; señores miembros del Gabinete de Gobierno e instituciones oficiales autónomas; Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor José Luís Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, y demás líderes religiosos; señor Gobernador del Departamento de San Salvador, Fernando González; distinguidos invitados especiales; amigos y amigas de la prensa; señoras y señores:
Es para mí y para El Salvador un gran honor recibir a las delegaciones de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos en nuestro suelo. Les agradezco la confianza que han depositado en el país y en mi Gobierno para organizar este cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General en nuestra capital. Les deseo, a la vez, que tengan una agradable estadía, que disfruten de nuestros hermosos paisajes y, sobre todo, de la calidez y hospitalidad del pueblo salvadoreño.
Quiero saludar, en primer lugar y con especial cariño, la presencia de nuestros hermanos hondureños, cuya Delegación se reincorpora hoy a las sesiones como miembro de pleno derecho de este foro regional. Ha sido un largo proceso que se ha debido desarrollar para llegar a este punto. Han sido, por supuesto también, necesarios muchos esfuerzos, pero lo más importante es que hoy Honduras está de regreso en la OEA. Bienvenida nuevamente.
Debo recordar que como vecinos y hermanos, pero sobre todo como demócratas, fuimos de los primeros en condenar la interrupción del ciclo constitucional en la República de Honduras. Pero de igual manera, hemos sido también de los primeros en apoyar –desde las elecciones que llevaron al Presidente Lobo al poder– esta reincorporación que hoy celebramos.
Como he dicho en otras ocasiones, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y solo con más democracia. Nadie ni nada puede sustituir a la soberanía popular.
Larga y dolorosa ha sido ya la experiencia del golpismo en toda América Latina. Por eso, a la luz de esa experiencia pasada y de la reciente vivida en Honduras, quiero reiterar el interés de mi Gobierno en el fortalecimiento de nuestra Carta Democrática y su transformación como una herramienta eficaz para la prevención de situaciones como la que vivió nuestro hermano pueblo centroamericano.
Existe la necesidad de una reforma profunda y deberíamos comenzar a discutir la creación de un sistema de alertas tempranas y de penalidades que sancionen cualquier quebrantamiento de la institucionalidad democrática.
Sobre este punto quiero mostrar mi satisfacción por las palabras del Secretario General, don José Miguel Insulza, quien ha dado ya su respaldo a esta iniciativa.
Amigos y amigas, como les decía al principio, es un gran honor para El Salvador ser la sede de esta Asamblea. Es, de hecho, un hito para nuestra política exterior que no se había producido desde 1988, momento en que nuestro país vivía circunstancias políticas muy diferentes a las actuales.
Por tanto, mi Gobierno interpreta esta oportunidad como un reconocimiento de ustedes al proceso de profundización democrática que vive El Salvador y hacia los avances en materia de respeto a los derechos humanos, fortalecimiento institucional, integración regional y apuesta por el diálogo y el consenso que estamos impulsando.
El tema central que mueve esta Asamblea, “Seguridad Ciudadana en las Américas”, es, a nuestro entender, completamente congruente con este proceso y con la necesidad de articular estrategias que nos permitan hacer frente en toda la región a dos de los enemigos más poderosos de la estabilidad y del desarrollo: el crimen organizado y particularmente el narcotráfico.
Está demostrada la relación entre el tráfico ilegal de drogas, personas y armas y el aumento exponencial de muertes violentas en nuestro continente. Ya lo mencionaba en las estadísticas a que se refería el Secretario General de la OEA. Mesoamérica muestra una cruda realidad del alto costo en vidas humanas que supone formar parte de las rutas de tránsito y también de consumo de sustancias ilegales.
Este no es, sin embargo, un problema que se pueda resolver únicamente con un enfoque de seguridad nacional. El enemigo que enfrentamos es sin lugar a dudas transnacional; su actividad atraviesa gran parte de nuestro continente en su camino desde los países productores hasta los grandes mercados consumidores; y a su paso en esta ruta, deja un rastro de delito y criminalidad que pone en peligro la viabilidad de los países con menos recursos para hacerle frente, como es el caso de nuestro país, El Salvador; y, en general, de toda Centroamérica.

Es cierto que los grandes beneficios del tráfico de droga se obtienen de los consumidores en los países más ricos. Es cierto que, en términos absolutos, el crimen organizado transnacional es más poderoso en las regiones más ricas del planeta.


Sin embargo, su participación en el total de la actividad económica de países como los Estados Unidos, por ejemplo, es tan pequeña que no supone un riesgo sustancial para la seguridad del Estado y de sus instituciones.
Distinta es la situación que padece Centroamérica. Cuando una parte de esa riqueza se compara con el producto interno bruto (PIB) de países mucho más pequeños, el crimen organizado puede llegar a tener los suficientes recursos como para poner en jaque las capacidades de seguridad del Estado.
Por ello, la estrategia planteada por mi Gobierno desde el comienzo mismo de su gestión tiene en cuenta dos pilares fundamentales, además de la elaboración y ejecución de un Plan de Seguridad, destinado al combate de la criminalidad y de la violencia: por un lado, la necesidad de fortalecer internamente las instituciones del Estado y muy especialmente los cuerpos de seguridad, para evitar que sean infiltrados por el crimen y, por otro, impulsar estrategias regionales en Centroamérica y también en los Estados Unidos, Colombia, México y en todo el Continente, para iniciar acciones concretas y conjuntas que nos permitan encargarnos de la totalidad del fenómeno y de dar la batalla grande y buena con posibilidades ciertas de éxito.
Me referiré primero al fortalecimiento institucional y, si me lo permiten, les hablaré ahora del caso de El Salvador.
El proceso que iniciamos hace dos años tiene como uno de sus objetivos fundamentales terminar con el modelo predominante en nuestra región, el cual ha permitido el desarrollo de florecientes empresas de seguridad privada frente a una policía pobre y mal equipada.
Nuestra Policía Nacional Civil es una institución relativamente joven. Nació con los Acuerdos de Paz hace 19 años y en ese tiempo ha visto crecer exponencialmente los retos que le ponen el crimen organizado y la violencia, pero no así los medios a su alcance para combatirlos.
Esta situación llevó a un deterioro de la institución y a una caída de la motivación que ya hemos comenzado a revertir, gracias a una inversión sin precedentes en los dos últimos años. Hemos  hecho un gran esfuerzo presupuestario para sumar más efectivos, capacitar a los agentes, dotarles de equipo, vehículos y tecnología y, por supuesto, también lograr mejores condiciones de trabajo.
Paralelamente iniciamos, por primera vez en la historia de los cuerpos de seguridad, un proceso de depuración sin precedentes para separar de la institución a esas manzanas podridas de las que se sirven los largos tentáculos del crimen organizado. Estamos creando así un cuerpo policial más efectivo, que ha comenzado a ser percibido con mayor aceptación, confianza y, por supuesto, con mayor respeto por parte de la población salvadoreña.
Esos esfuerzos y esa nueva mística de trabajo ya se han traducido en los primeros resultados. En los últimos doce meses hemos logrado revertir en el país la curva ascendente de los delitos y luchamos a diario para seguir reduciendo los niveles de criminalidad.

Por supuesto, no estamos satisfechos con los logros alcanzados hasta el momento. No es una labor sencilla, especialmente dados los actuales niveles de presencia de los carteles y de las pandillas en el área centroamericana y en nuestro territorio, pero seguiremos sumando esfuerzos a este proceso para que la recuperación y la revalorización de nuestras fuerzas del orden sean un proceso irreversible.


A la par, iniciamos una experiencia interesante que hasta ahora se mantiene exitosa y es la incorporación de efectivos de las Fuerzas Armadas en apoyo a la labor de la Policía Nacional Civil, dentro de los marcos que establece nuestra Constitución, las leyes vigentes y, por supuesto, con un apego irrestricto a la defensa y protección de los derechos humanos. Se despliegan en las calles y en todo el territorio nacional policías y militares juntos y coordinados en un Gabinete de Seguridad que incorpora también a la Fiscalía General de la República, a fin de llevar tranquilidad y seguridad al pueblo.
Quiero destacar además que, en paralelo con este trabajo de recuperación institucional y de represión del delito, trabajamos, por supuesto, en la prevención como un eje fundamental de nuestra estrategia de seguridad.
En este sentido, la última medida que hemos resuelto poner en marcha y que anuncié hace algunos días al conmemorar mi segundo año de Gobierno ante los honorables Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, es la implementación de un Servicio de Protección Civil Obligatorio, destinado a proteger a cinco mil jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas.
Durante seis meses estos jóvenes estarán alejados del peligro en guarniciones militares y recibirán orientación para su rehabilitación a través de un adiestramiento sin armas. Los y las jóvenes recibirán formación vocacional para generar un cambio de conducta y facilitar su inserción a la vida productiva del país. Y, con especial énfasis, está previsto que aprendan tareas de protección civil, de socorrismo y de técnicas especializadas para actuar ante desastres naturales. Esta es una decisión acertada, tomando en cuenta que El Salvador es, de acuerdo con informes recientes, uno de los países más vulnerables, si no el más vulnerable del Continente.
Además, estos jóvenes recibirán una asignación económica mensual para ayudar a sus familias. Esperamos así asestar un duro golpe al semillero de reclutamiento de las pandillas, que se nutre de nuestra población más joven, sobre todo de jóvenes entre 16 y 18 años de edad.
Señoras, señores, amigos y amigas, más allá de nuestros esfuerzos nacionales, como les decía al principio, es fundamental articular estrategias que nos permitan combatir a este enemigo común que no entiende de fronteras y que es capaz de infiltrarse en todas las esferas de poder.
Para comprender las dimensiones de este reto basta comparar algunas cifras. Según datos oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que en el año 2008 los ingresos por contrabando de cocaína fueron entre 80 y 100 mil millones de dólares. Es decir, sólo para tener una idea, más de cinco veces el producto interno bruto de El Salvador y me atrevería a pensar que muy cercano al producto interno bruto de toda la región centroamericana.
La relevancia de esta cifra no solo radica en la gran desventaja con que enfrentamos esta batalla sino también en el hecho de que ese dinero negro se inserta continuamente en la economía mundial a través del lavado. Esos 100 mil millones de dólares van a parar a nuestras empresas e instituciones, a todo el ciclo económico de los países, tejiendo así una complicada y fuerte argamasa criminal en todas las estructuras de poder, tanto en las públicas como en las privadas.
Es a través de ese flujo de capitales, que atraviesan con mucha más libertad que cualquier ser humano fronteras y controles, como se infiltran y alimentan las redes del narcotráfico en todos los estratos de la sociedad. Es a través de su influencia económica como el crimen logra establecerse y legitimarse en todos los ámbitos, incluidas las élites.
Hablamos en este sentido no solo de un problema de seguridad pública sino también de un problema de mercado. Se estima que aproximadamente el 43% del consumo mundial de cocaína ocurre en los Estados Unidos y el Canadá. El 90% de esa cocaína transita por México y al menos el 42% de la misma pasa por Centroamérica. Por si fuera poco, a medida que crece el volumen de este negocio ilegal, se resiente la economía formal de nuestros países.
Les mencionaré una cifra más para ilustrar este punto. Según el último informe del Banco Mundial, la seguridad le cuesta a Centroamérica cerca del 8% de su producto interno bruto. Es, de hecho, un inmenso obstáculo para el crecimiento y el progreso de nuestros pueblos, recursos que podrían ser mejor utilizados en el desarrollo de programas sociales y de atención a las vulnerabilidades que enfrentan nuestros pueblos.
Ante estos datos, señoras y señores, no podemos pensar ni por un momento que lograremos combatir estructuras criminales de semejante tamaño y sofisticación sin una estrategia regional común. Es impensable alcanzar éxito en nuestra buena batalla sin el trabajo conjunto de toda Mesoamérica y, por supuesto, de los Estados Unidos.
Amigos y amigas, desde mi llegada al Gobierno he trabajado para impulsar una nueva agenda conjunta centroamericana, con el convencimiento de que ese es el único camino que tienen nuestra región y sus democracias para hacer frente a este gran enemigo.
Hará pronto un año, en una cumbre extraordinaria del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que tuvo lugar también acá en esta capital, San Salvador, relanzamos el proceso de integración y nos propusimos como uno de los ejes de acción fundamentales la problemática de la seguridad regional en la nueva agenda de la integración.
Tras esa primera declaración, los equipos regionales han trabajado y avanzado en la coordinación de operaciones policiales, en la unificación de la información y en otros procesos encaminados a dar forma a este deseo de los centroamericanos de vivir en paz.
A finales de este mes daremos un paso más en este proceso con la reunión que tendrá lugar en Guatemala, que tiene por objetivo hacer partícipe a la comunidad internacional de la situación en la región y de las iniciativas que estamos desarrollando. Esperamos contar con la solidaridad y apoyo de los países amigos en esta difícil misión que no le concierne a un solo país ni a una sola región.
Esta, amigos y amigas, es una batalla planetaria que debemos enfrentar de forma integral y desde una perspectiva que vaya más allá de la suma de efectivos policiales y que se esfuerce en atacar también las causas de la vulnerabilidad moral y social de nuestros países.

No podemos olvidar que el mapa del tráfico ilegal se sirve en gran parte del mapa de la pobreza y de la desigualdad social. Son, por tanto, las dos caras de una misma realidad que tenemos la obligación de transformar.


Seguridad ciudadana es un concepto que abraza no solo la persecución y represión del delito sino también el respeto a los derechos humanos fundamentales de la población. Entre estos derechos están el derecho a la vida, a una vida digna, con acceso equitativo a los bienes y a la cultura. Están también el derecho a transitar sin miedo, a la tranquilidad en cada pueblo, en cada calle, en cada barrio, en cada casa.
Vean ustedes, amigos y amigas, que hablamos y hablaremos primordialmente del combate a las manifestaciones criminales de este complejísimo fenómeno de la producción, tráfico y consumo de drogas, armas y personas.
No nos referiremos –y tal vez deba ser punto central de la agenda de una nueva Asamblea General– al consumo que es el que promueve la producción y el tráfico. No nos referiremos a la profunda crisis moral que viven nuestras sociedades en las que se ha expandido exponencialmente en las últimas décadas el consumo de drogas.
La drogodependencia es la expresión de una sociedad profundamente enferma que se niega a mirarse a sí misma en su decadencia moral. Es la expresión de la crisis de un sistema que ha consentido este consumismo enfermo.
Desde esa dimensión humana es que debemos plantearnos este reto, desde la necesidad de recuperar la paz y el equilibrio en nuestros corazones.
Tengo confianza, señor Secretario General, en que las decisiones que tomemos en esta Asamblea contribuirán a afianzar la tarea conjunta y nos acercarán en el encuentro de soluciones para este complejo problema global.
Antes de finalizar, en el Día Mundial del Medio Ambiente quisiera reafirmar el compromiso de nuestro Gobierno con las iniciativas de este foro y de otros organismos mundiales, destinadas a la preservación del equilibrio ambiental. Precisamente hoy, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha lanzado una amplia consulta para la definición de una política de Estado en esta materia.
Amigos y amigas, quiero volver a agradecerles a todas y a todos la presencia en mi país y el aporte que realizan para encontrar soluciones a los graves problemas del Continente. Aprovecho la oportunidad para saludar al pueblo y Gobierno del Perú por haber concluido una nueva jornada de consulta electoral que, sin duda alguna, fortalecerá la construcción de la democracia en este hermano país.
Gracias, amigo José Miguel Insulza y comitiva que lo acompaña. Gracias, hermanos y hermanas de toda América. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga al pueblo americano.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
El MAESTRO DE CEREMONIAS: Señoras y señores, ese ha sido el mensaje del Presidente de la República de El Salvador, don Mauricio Funes, declarando así inaugurado este cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, con el lema “Seguridad Ciudadana en las Américas”.
Antes de anunciar el retiro del señor Presidente, recuerden que se les espera en un acto cultural en el Teatro Presidente.
Señoras y señores, vamos a presenciar a continuación el retiro del Presidente de la República y de las altas autoridades.
[Se levanta la sesión a las 7:05 p.m.]
SESIONES PLENARIAS

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA2/

Fecha: 6 de junio de 2011

Hora: 9:35 a.m.

Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO)
Presidente Provisional: Señora Carolyn Rodrigues-Birkett

Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio y

Cooperación Internacional de Guyana

Presentes: Bayney R. Karran (Guyana)

Daniel Supplice (Haití)

Mario M. Canahuati (Honduras)

Kenneth Baugh (Jamaica)

Patricia Espinosa Cantellano (México)



Denis Ronaldo Moncada Colindres (Nicaragua)

Juan Carlos Varela (Panamá)

Jorge Lara Castro (Paraguay)

Luzmila Zanabria Ishikawa (Perú)

Carlos Morales Troncoso (República Dominicana)

Sam Condor (Saint Kitts y Nevis)

Michael Louis (Santa Lucía)

La Celia A. Prince (San Vicente y las Granadinas)



Winston G. Lackin (Suriname)

Surujrattan Rambachan (Trinidad y Tobago)

María del Luján Flores Notaroberto (Uruguay)



Roy Chaderton Matos (Venezuela)

Deborah-Mae Lovell (Antigua y Barbuda)

Héctor Timerman (Argentina)

Theodore Brent Symonette, M.P. (Bahamas)

Maxine O. McClean (Barbados)

Wilfred Elrington (Belize)

Diego Pary Rodrígruez (Bolivia)

Vera Lúcia Barrouin Crivano Machado (Brasil)



Diane Ablonczy (Canadá)

Darío Paya (Chile)



María Ángel Holguín Cuéllar (Colombia)

René Castro Salazar (Costa Rica)



Hubert John Charles (Dominica)

María Isabel Salvador Crespo (Ecuador)

Hugo Martínez (El Salvador)



William J. Burns (Estados Unidos)

I. J. Karl Hood (Grenada)

Haroldo Rodas Melgar (Guatemala)

José Miguel Insulza (Secretario General de la OEA)

La PRESIDENTA PROVISIONAL: Colleague ministers, heads of delegation, representatives of the member states of the Organization of American States, Mr. Secretary General, permanent observers, representatives of international organizations, special guests, ladies and gentlemen:


It is an honor for me to call to order this first plenary session of the forty-first regular session of the General Assembly of the Organization of American States. In doing so, I express our appreciation to His Excellency Mauricio Funes, President of El Salvador; His Excellency Hugo Martínez, Minister of Foreign Affairs of this sister nation; and, most especially, to the Salvadorian people for the extreme cordiality and generosity they have extended to us here in their capital city.
I am convinced that this regular session of the General Assembly will be a good opportunity, not only to reflect on the important theme proposed by the Government of El Salvador, “Citizen Security in the Americas,” and on other pressing issues for our peoples, but also to strengthen the ties from the past that bind us as we move forward towards a common future.

1. Elección de presidente


La PRESIDENTA PROVISIONAL: The first item on the order of business is the election of the President of the General Assembly. I am pleased to give the floor to the Delegation of Mexico.
La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO: Muchas gracias, señora Presidenta; it’s very nice to see you.
En nombre del Gobierno de México es para mí motivo de especial satisfacción proponer el nombre de mi colega y amigo, Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, para ocupar el cargo de Presidente del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
El Ministro Martínez es ingeniero de profesión y ha sabido combinar su formación como ingeniero y sus estudios superiores en sistemas y administración con aquellos sobre política y democracia. Sus antecedentes académicos y profesionales le han permitido tener una visión estratégica para el diálogo, la concertación y la cooperación como formas privilegiadas del entendimiento para fortalecer la integración, tanto a nivel subregional como regional. Su destacada trayectoria como legislador fue también un testimonio de sus grandes habilidades diplomáticas y capacidades para la promoción de acercamientos y la construcción de consensos.



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