Corte suprema de justicia


Consecuencias jurídicas de la decisión de la Corte



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Consecuencias jurídicas de la decisión de la Corte.

El derecho del Estado a perseguir y a castigar el delito no es absoluto; contrario a ello, se halla limitado, entre otras formas por el tiempo, con el propósito de que el ius puniendi se realice conforme con los postulados democráticos de carácter constitucional, que permiten garantizarle a los asociados los derechos fundamentales establecidos en la ley, en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad.

La prescripción de la acción penal, es la institución jurídica que regula el tiempo durante el cual el legislador faculta al Poder Judicial para ejercer la persecución penal; por ello se afirma que es un límite temporal al ejercicio de la potestad punitiva del Estado84. En este sentido, la prescripción es un fenómeno eminentemente procesal que corre por ministerio de la ley.

Es evidente, entonces, que la prescripción de la acción penal se halla estrechamente vinculada con el propósito constitucional de que el proceso se defina dentro de un término sensato, prudente y moderado, para dar cumplimiento al derecho a ser juzgado sin dilación injustificada, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o en términos del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del canon 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a ser juzgado dentro de un plazo razonable, o sin dilaciones indebidas, como señala el precepto 14.3.c) del Pacto Internacional anteriormente referido, fórmula recogida por el inciso 4º del artículo 29 de la Constitución Política nacional, texto fundamental que por medio de su artículo 28 también establece que en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas ni medidas de seguridad imprescriptibles.

Es así como, la fijación de un término de duración máximo en que es tolerable la persecución delictiva por parte del Estado tiene un claro origen constitucional y se halla directamente vinculado con el derecho al debido proceso, del cual forma parte integrante, razón por la cual su desconocimiento acarrea su violación, conllevando incluso la posibilidad de que en firme la sentencia proferida con su inadvertencia, sea susceptible de ser atacada mediante la acción de revisión85.

En este sentido, la Corte Constitucional ha destacado las consecuencias de su inobservancia al sostener que el respeto a los términos procesales constituye un factor esencial para garantizar el debido proceso86 y que la indeterminación de los términos para adelantar las actuaciones procesales o el incumplimiento de éstos por las autoridades judiciales, puede configurar una denegación de justicia o una dilación indebida e injustificada del proceso, ambas proscritas por el constituyente87.

Así, la duración razonable del proceso constituye una garantía para las partes, pero especialmente para el procesado, a quien la ley le concede la posibilidad de invocar la prescripción de la acción como mecanismo para combatir la lentitud del proceso y evitar la posibilidad de que el Estado persiga las conductas criminales de forma temporalmente irrestricta violando el derecho de los asociados a la no perpetuatio iurisdictio.

Del mismo modo, la prescripción de la acción penal tiene un estrecho nexo con el principio de seguridad jurídica, pues el margen temporal dentro del cual el Estado puede ejercer su poder represivo debe estar estrictamente delimitado, de forma tal, que la prescripción de la acción penal se traduce en un instrumento procesal que le garantiza al ciudadano que la persecución del delito se llevará a cabo dentro de los parámetros temporales objetivamente establecidos por el legislador, lo que le permite prever el momento máximo en el cual la decisión debe ser adoptada88, protegiéndolo así de la arbitrariedad, al brindarle certidumbre sobre el lapso que el Estado tiene para decidir el asunto por el que se le procesa.

En el presente asunto, la Sala advierte que como consecuencia de su decisión, el delito de falsedad ideológica en documento público consagrado en el artículo 286 del Estatuto Punitivo -reformado por el canon 14 de la Ley 890 de 2004-, por el que fue procesado y condenado DIDIER HUBER LETRADO DÍAZ, ha prescrito. En efecto, esta conducta tiene prevista una pena privativa de la libertad de 64 a 144 meses, y su imputación se realizó el 23 de octubre de 2008, con lo cual, el término para proferir sentencia de segunda instancia feneció el 23 de octubre de 2014. Teniendo en cuenta que la decisión de la Sala declara la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia del 13 de febrero de 2012, el Estado ha perdido su poder de persecución penal de este delito, exclusivamente frente al procesado referido, quien actuó en calidad de interviniente.



Consecuente con lo anterior, la Sala procederá de oficio a declarar prescrita la acción penal derivada de la conducta punible mencionada, y en consecuencia a cesar el procedimiento en los términos anteriormente referidos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE:

Primero: Casar la sentencia impugnada por la defensora de la procesada Laura Bedoya de Galvis.
Segundo: Declarar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia llevada a cabo el día 13 de febrero de 2012, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
Tercero: Declarar prescrita la acción penal originada con la comisión de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público y, en consecuencia, CESAR el procedimiento adelantado contra DIDIER HUBER LETRADO DÍAZ por el referido delito.
Tercero: Devolver al Tribunal de origen para reponer la actuación conforme con la parte motiva de esta decisión.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER


EYDER PATIÑO CABRERA


PATRICIA SALAZAR CUELLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria


1 Cfr. Folios 8 y 9 del cuaderno del Tribunal.

2 Cfr. Folios 31 y 32 de la carpeta 1 del proceso.

3 Cfr. Folios 22 a 24 Ibídem.

4 Cfr. Folios 1 a 8 ibídem.

5 Cfr. Folios 96 a 99 ibídem.

6 Cfr. Folios 121 a 128 ibídem.

7 Cfr. Folio 266 ibídem.

8 Cfr. Folios 354 a 358 ibídem.

9 Cfr. Folio 281 y 282 ibídem.

10 Cfr. Folios 315 a 317 ibídem.

11 Cfr. Folios 322 a 323 ibídem.

12 Cfr. Folios 375 a 377 ibídem.

13 Cfr. Específicamente folio 377 ibídem.

14 Cfr. Folios 422 y 423 ibídem.

15 Cfr. Folios 451 a 462 ibídem.

16 Cfr. Folios 428 a 438 ibídem.

17 Cfr. Folios 32 a 65 del cuaderno de segunda

18 Cfr. Haberle Peter, El Estado constitucional, (Héctor Fix-Fierro Traduc.), Universidad Autónoma de México, México, 2001, pág. 2.

19 Cfr. Alexi, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pág. 507, en donde se hace referencia a las sentencias BVerfGE 7, 198 (207) y BVerfGE 34, 269 (280).

20 Cfr. V. gr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Loaiza Tamayo contra Perú, Sentencia de 17 de septiembre de 1997 (fondo), párrafo 62.

21 Cfr. Roxin Claus, Derecho procesal penal, (Gabriela E. Córdoba y Daniel E. Pastor Traduc.), Editores del puerto, Buenos Aires, 2000, pág.10.

22 Cfr. Pastor, Daniel. “El encarcelamiento preventivo”, en: Tensiones ¿Derechos fundamentales o persecución penal sin límites?, pág. 149, Del Puerto Editores, Buenos Aires, 2004.

23


24 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-9/87, Garantías judiciales en estados de emergencia, de 6 de octubre de 1987, párrafo 117.

25 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-9/87, Garantías judiciales en estados de emergencia, de 6 de octubre de 1987, párrafo 117.

26 Cfr. Ibídem, párrafo 27.

27 Cfr. Ibídem, párrafo 118.

28 Cfr. Corte IDH, caso Valle Jaramillo vs Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, (fondo, reparaciones, costas), párrafo 98.

29 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87, de 6 de octubre de 1987, cit., párrafos 28, 29 y 30, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf

30 Cfr. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General Nº 13, 21º Periodo de sesiones, 1984 y Observación General Nº 32, 90º Periodo de Sesiones, 2007, disponibles en http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen2.html

31 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014.

32 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010.

33Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-458 de 1994, C-339 de 1996, C-1512 de 2000, C-383 de 2005, C-980de 2010 y C-594 de 2014, entre otras.

34 Según la jurisprudencia citada, entre otras, el principio de legalidad, el derecho de acceso a la jurisdicción, la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y a la contradicción, el principio de doble instancia y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas.

35 Cfr. Ídem.

36 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-025 de 2009.

37 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010.

38 Cfr. CSJ. SP. de 5 de diciembre de 2002, Rad. 18683.

39 Cfr. CSJ. AP. de 28 de noviembre de 2012, Rad., 36283.

40 Cfr. CSJ. SP. de 23 de agosto 2015, Rad. 40694.

41 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-799 de 2005.

42 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2002.

43 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-280 de 1998.

44 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-617 de 1996.

45 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-799 de 2005.

46 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-025 de 2009.

47 Cfr. CSJ. SP. de 18 de marzo de 2015, Rad. 42337.

48 Cfr. Ídem.

49 Ibídem.

50 Artículo 8.- Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: (…).”

51 Cfr. Jaén Vallejo, Manuel, Derechos fundamentales del proceso penal, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2204, págs. 214 y 215.

52 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-371 de 2011.

53 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-783 de 2003, C-591 de 2005, C-1260 de 2005, y C-396 de 2007, entre otras.

54 Cfr. CSJ. SP. de 2 de julio de 2014, Rad. 34131

55 Ley 906 de 2004, artículo 15.

56 Cfr. CSJ. SP. de 2 de julio de 2014, Rad. 34131.

57 Cfr. Jauchen, Eduardo M., Tratado de la prueba en materia penal, Rubinzal- Culzoni, 20024, pág. 545; López Barja Quiroga, Jacobo, Tratado de derecho procesal penal, Thomson Aranzadi, Navarra, 2005, pág. 346.

58 Cfr. CSJ. SP. de 2 de julio de 2014, Rad. 34131.

59 Cfr. CSJ. SP., de 29 de junio de 2005, Rad. 23568; AP. de 23 de noviembre de 2011, Rad. 37794; AP. de 18 de abril de 2012, Rad. 38604; AP. de 18 de abril de 2012, Rad. 38193; SP. de 29 de mayo de 2012, Rad. 37915; AP. de 29 de mayo de 2013, Rad. 37179; SP. de 14 Agosto de 2013, Rad. 37915; SP de 4 de diciembre de 2013, Rad. 36324; AP. de 12 de febrero de 2014, Rad. 42389; SP de 9 de abril de 2014, Rad. 38376; SP. de 4 de junio de 2014, Rad. 36245; SP de 18 de junio de 2014, Rad. 43772; SP de 2 de julio de 2014, Rad. 34131; AP de 30 de julio de 2014, Rad. 36487. .

60 Cfr. CSJ. AP. de 19 de diciembre de 2012, Rad. 40356.

61 C.S.J., Casación 31279, auto de 6 de mayo de 2009; Casación 32706, auto de 29 de septiembre de 2010; Casación 38193, auto de 18 de abril de 2012, entre otras.

62 Cfr. CSJ. SP. de 28 de octubre de 2014, Rad. 34017.

63 Cfr. CSJ. AP. de agosto 20 de 2014, Rad. 43749.

64 Constitución Política, arts. 29 y 228. En igual sentido, López de Barja Quiroga, Jacobo, ob. cit. 2004, pág. 357.

65 Baytelman, Andrés, Duce, Mauricio, Litigación penal, juicio oral y prueba, Fondo de cultura económica, México, 2005, pág. 43.

66 Cfr. CSJ. SP. de 16 de octubre de 2013, Rad. 39661.

67 Cfr. Roxin, Claus, Derecho procesal penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 395.

68 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, et.al., Derecho penal. Parte general, Edit. Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 125

69 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-647 de 2001.

70 Cfr. CSJ. AP. de 10 de mayo de 2006, Rad. 25389; SP. de 21 de marzo de 2007, Rad. 25862; SP de 16 de mayo de 2007, Rad. 26716; AP. de 27 de julio de 2011, Rad. 36609; AP. de 22 de octubre de 2014, Rad. 43650; AP. de 25 de julio de 2007, Rad. 27810; AP de 21 de enero de 2015, Rad. 44992.

71 Cfr. CSJ. SP. de 15 de mayo de 2007, Rad. 26716.

72 Cfr. Ley 906 de 2004, arts. 9, 10, 145

73 Ley 906 de 2004, art. 146.

74 Cfr. CSJ. AP. de 27 de julio de 2011, Rad. 36609; SP. de 30 de abril de 2013, Rad. 38103; SP. de 3 de septiembre de 2014, Rad. 33409.

75 Cfr. CSJ. SP. de 3 de septiembre de 2014, Rad. 33409.

76 Cfr. Ley 906 de 2004, arts. 372 a 439.

77 Centro de Estudios de Justicia para las Américas CEJA, Curso avanzado de destrezas de litigación en un sistema acusatorio oral, Santiago, 23 a 27 de noviembre de 2009.

78 Cfr. Folios 315 a 317 ibídem.

79 Cfr. Folios 322 a 323 ibídem.

80 Cfr. Folios 375 a 377 ibídem.

81 Cfr. Específicamente folio 377 ibídem.

82 Cfr. Folios 422 y 423 ibídem.

83 Cfr. Folios 451 a 462 ibídem.

84 Cfr. Binder, Alberto M, Introducción al Derecho Penal, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1999, pp. 223 y 224 2.

85 Cfr. Ley 906 de 2004, numeral 2º, art 192, procedencia de la acción de revisión “2. Cuando se hubiere dictado Sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.”.

86 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-292/99, T-1226/01, T-612/03, T-493/03, y T-1043/03.

87 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-416/94.

88 Cfr. Ibídem, Sentencia C-250/12.




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