Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



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4. Conclusión

Podemos advertir que el ámbito de la responsabilidad del Estado Juez, no sólo, no se sustrajo de las implicancias de los Tratados con Jerarquía Constitucional, definiéndose nuevas conductas antijurídicas en la actividad jurisdiccional. También puso en tela de juicio los efectos de institutos jurídicos esenciales como la prescripción de la acción penal, en el caso Esposito.

El examen autocrítico e introspectivo que los jueces realizan a su propia función, en los casos de responsabilidad por actividad judicial, los enfrenta a los vicios del sistema del que son parte. Sin embargo, en aras de la consolidación del Bloque de Constitucionalidad Federal son valiosas las sentencias en las que los magistrados asumen su responsabilidad, más aun cuando, si no es reconocida, traería aparejada violación de compromisos internacionales.

La tutela judicial efectiva; el acceso a la justicia sin recaudos formales arbitrarios; el derecho a un proceso dentro de plazos razonables; la situación de libertad del imputado como un principio y no como una excepción constituyen taludes por los cuales deben discurrir las pretensiones de justicia. Los desbordes que se produzcan deben ser encausados por los jueces, en un eminente rol preventivo dentro su propia función estatal.

En virtud del reconocimiento de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de las interpretaciones que de las disposiciones de los tratados ella realice, se concluye que en el actual sistema internacional de derechos humanos, el interrogante ¿Quién custodia a los custodios?, se resuelve recurriendo a las instancias de control jurisdiccional internacional.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 (1) HITTERS, Juan Carlos, "Responsabilidad del Estado por violación de Tratados Internacionales", LA LEY, 07/05/2007, 1.

 (2) Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C N° 162. Voto Juez García Ramírez, párr. 173. Cfr. Caso Almonacid Arrellano y otros, nota 6, párrs. 123 a 125.

 (3) Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional, sent. del 31/1/2001, párr. 68.

 (4) BOTASI, Carlos, Responsabilidad del Estado por omisión, UNLP 2005-36, 69.

 (5) Corte IDH, Caso Suarez Roseto, sent. del 12/11/1997, párr. 70.

 (6) SAGÜES, Néstor. op. cit.

 (7) CSJN, Rosa, Carlos Alberto c. Estado Nacional, 01/11/1999, Fallos: 322:2683.

 (8) CSJN, Barra Roberto E., 09/03/2004, Fallos 327:327. DJ 2004-2, 317; LA LEY 2004-D, 141.

 (9) CSJN, Espósito Miguel Angel, LA LEY, 2005-C, 1.

 (10) CSJN, Espósito..., consid. 6 de la mayoría.

 (11) CSJN, Espósito..., consid. 12 voto de la mayoría.

 (12) Corte IDH, Caso Bulacio c. Argentina, 18/09/2003, LA LEY, 2004-A, 684; JA, 2004-II-345.

 (13) GONZALEZ PEREZ, Jesús, "El derecho a la tutela jurisdiccional", Madrid, Civitas, p. 33.

 (14) GONZALEZ PEREZ, Jesús, ibídem, p. 162 y ss.

 (15) Comisión IDH. Informe 105/99, caso 10.194: Palacios, Narciso-Argentina, LA LEY, 2000-F, 595, párr. 58.

 (16) Comisión IDH. Informe 105/99..., párr. 59.

 (17) Comisión IDH. Informe 105/99..., párr. 65.

 (18) El 15 de julio de 1982 José María Cantos llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero en el que este último reconoció una deuda para con un grupo de empresas de aquél, fijando un monto indemnizatorio y una fecha de cumplimiento de la obligación. El 4 de julio de 1986, ante el incumplimiento de lo pactado por la Provincia de Santiago del Estero el 15 de julio de 1982 y habiendo concluido el plazo estipulado, el señor Cantos presentó una demanda contra dicha provincia y contra el Estado argentino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El monto de la reclamación era de 130.245.739,30 pesos (ciento treinta millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos con treinta centavos) de la ley 18.188. Este resultó de actualizar, de acuerdo al valor del dólar estadounidense, lo reclamado el 23 de mayo de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1984, más un interés del uno por ciento diario. El 3 de septiembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia rechazando la demanda e imponiendo el pago de las costas del juicio al señor Cantos. Esas costas ascendían aproximadamente a US$140.000.000,00 (ciento cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América).

 (19) Corte IDH, Cantos, José M. c. República Argentina, 28/11/2002, LA LEY, 2003-C, 2.

 (20) Corte IDH, ibídem, párr. 49.

 (21) Corte IDH, ibídem, párr. 50.

 (22) Corte IDH, ibídem, párr. 60.

 (23) Corte IDH, ibídem, párr. 60.

 (24) GONZALEZ PEREZ, Jesús, op. cit.

 (25) GONZÁLEZ CAMPAÑA, Germán, "Juicio Internacional a la justicia argentina (tasas, honorarios, costas y plazos en la mira de la Corte Interamericana", LA LEY, 2003-C, 1.

Voces: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ ACTO ILICITO ~ FALTA DE SERVICIO ~ ADMINISTRACION PUBLICA ~ EMPLEADO PUBLICO ~ DOCENTE ~ REINCORPORACION DEL EMPLEADO PUBLICO ~ LEY APLICABLE ~ FACTOR DE ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD

Título: Responsabilidad del Estado por omisión: El fallo Sabater

Autor: Mazzucco Cánepa, Martín

Publicado en: LLNOA2009 (julio), 525

Fallo comentado: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2a Nominación de Santiago del Estero (CCivyComSantiagodelEstero)(2aNom) CCiv. y Com. 2a Nom., Santiago del Estero ~ 2008/10/28 ~ Sabater, Juan Carlos c. Dirección General de Nivel Medio y otro

SUMARIO: I. Introducción. - II. El principio de la responsabilidad estatal: algunas premisas. - III. El fallo Sabater: circunstancias fácticas y argumentos del Tribunal. - IV. Conclusiones.

I. Introducción

Si la sistematización es un requisito necesario para lograr el orden en el tratamiento de un tema, lo referente a la responsabilidad estatal dista mucho de encontrarse ordenado. Sin embargo, esta realidad innegable permite a los juristas ser testigos del estadio más rico que presenta la evolución de los institutos del Derecho: justamente, su sistematización primaria, ese terreno fangoso y arduo en que se cruzan teorías, se contradicen fallos y se exponen dudas, con la esperanza de llegar, algún día, al consenso doctrinario tan ansiado.

Por ello, el análisis de sentencias es una vía válida y apta para desarrollar algunas ideas en torno a la responsabilidad estatal -en especial, la responsabilidad por omisiones- y a lo que el mundo jurídico considera en torno a ella en la actualidad.

El fallo "Sabater" introduce algunas particularidades que vale la pena desentrañar, además de ser un modelo perfecto de lo que, en los últimos tiempos, los tribunales han considerado valedero decir acerca de un tema tan importante para el Estado de Derecho: si la responsabilidad de los particulares hace a la vigencia del principio de legalidad, cuánto más el deber de responder que le cabe al Estado por sus actos y omisiones.

II. El principio de la responsabilidad estatal: algunas premisas

Este trabajo no ensayará una fatigosa recorrida por el origen y el desarrollo del principio de la responsabilidad estatal. Basta decir que, como todos los administrativistas han reconocido, hacia mediados del siglo XIX, el Estado era un ente irresponsable, como consecuencia de la idea de la "infalibilidad del soberano". Esta situación no se correspondía cabalmente con los principios del Estado de Derecho ni con el rol que el Estado adquiría en las sociedades contemporáneas: un rol que ampliaba profundamente los campos de acción típicos del este estatal, y por ende, multiplicaba sus intervenciones en actividades que, hasta entonces, había estado reservada a las persona privadas.

El Derecho Administrativo, entonces, propuso aceptar la responsabilidad del Estado. Y en el devenir de esa nueva postura, se sucedieron una serie de etapas; etapas que el Marienhoff resume con precisión: al principio de la irresponsabilidad del Estado lo sucedió la admisión de la responsabilidad del agente público, mas no la del Estado; luego, se aceptó la responsabilidad de ambos, conjuntamente; y por fin, la del Estado en forma directa (1). Sin embargo, la adopción de esta teoría implicó la necesidad de fundamentar, filosófica y positivamente, la responsabilidad del Estado como principio jurídico. A partir de entonces, la doctrina se multiplicó en tesis e interpretaciones de tesis que intentaron hallar un fundamento sólido y universal (2). Después de años de construcción jurídica, se puede decir que la doctrina argentina, casi unánimemente, acepta hoy la tesis que funda la responsabilidad del Estado en el llamado "Estado de Derecho", concepto que se opone a la idea de un poder público arbitrario. Por medio de ella, el Estado queda sometido al principio de legalidad y al reconocimiento y respeto de la esfera de derechos de los administrados, a quienes no pude perjudicar irracionalmente sin responder por ese perjuicio. En apretada síntesis, esta es la postura actual de la mayoría de los administrativistas nacionales (3).

Una vez determinados su fundamento y su evolución, se debe expresar que la responsabilidad estatal reconoce dos grandes versiones: la responsabilidad por acto lícito y la responsabilidad por acto ilícito (4). Importa aquí establecer que la Administración no sólo responde por "actos" propiamente dichos, sino también por sus omisiones dañosas, aunque se utilice el primer término como genérico. Ahora bien, el fallo a analizar trata de un típico caso de "responsabilidad estatal por omisión", especie en la que se asigna responsabilidad al Estado por causar un daño por su inacción. En sentido contrario a lo que asegura la mayor parte de la doctrina, es posible hablar de responsabilidad por omisión ilegítima como de responsabilidad por omisión legítima, tal como lo propone Comadira; la categoría dependerá si la omisión estatal contradice o acata una disposición legal.



III. El Fallo Sabater: circunstancias fácticas y argumentos del Tribunal

El caso Sabater se inicia con el reclamo del ex director de una escuela pública de Santiago del Estero, quien por motivos de salud, renuncia a su puesto, mientras continúa en actividad laboral pero en otro cargo. Superada su dolencia, el ex director solicita el reintegro a su puesto anterior, sin obtener respuestas de la Administración Pública, por lo que interpone una acción de amparo en contra de la provincia de Santiago del Estero y del Consejo General de Educación, resultando legitimado pasivamente sólo el segundo, ya que se trata de un ente autárquico. La acción resulta favorable al actor. Posteriormente, éste promovió una causa judicial para lograr el resarcimiento del perjuicio patrimonial originado en la demora administrativa.

Acerca del fallo del tribunal, hay dos aspectos a analizar, los que constituyen los pilares de la resolución que se tomó:

a) Con acierto metodológico, lo primero que analiza el juzgador es la existencia o no de los extremos que se requieren para aceptar la responsabilidad del Estado por "actos o hechos administrativos ilegítimos en el ámbito extracontractual": un daño cierto; imputabilidad del hecho o acto a un órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones; conexión causal entre el acto o hecho y el daño; y la falta de servicio por cumplir de modo irregular algún mandato legal.

De la presente enumeración, los tres primeros recaudos son receptados como necesarios por todos los autores (5) para que quede establecida la responsabilidad estatal, siendo, además, comunes al ámbito privado. Sin embargo, la necesidad de la falta de servicio fue puesta en duda en varias oportunidades: cierta doctrina trata el concepto como parte del "elemento imputación"(6); otra, lo consideran parte de un elemento autónomo, denominado "factor de atribución"(7); por fin, ciertos autores realizan una profunda crítica al concepto, proponiendo que en nuestro país se hable de "incumplimiento de deberes legales" más que de "falta de servicio"(8).

Participamos de la postura de quienes tratan a la falta de servicio como una de las variantes del elemento "atribución", como lo hacen Druck y Balbín. Por ello, la enumeración realizada en el fallo puede aparecer confusa, al nombrar como elemento de la responsabilidad estatal extracontractual a la "falta de servicio" y no al "factor de atribución", del cual aquélla es una especie (9). Esto queda en evidencia cuando, a renglón seguido, el tribunal se expresa con el término "factor de atribución", lo que debería haber hecho en la citada enumeración. Pero además, creemos que el concepto de "falta de servicio" debería ser sustituido por el de "incumplimiento de deberes legales", tal como lo expresa Balbín.

b) Una vez enumerado los elementos concomitantes para la aceptación de la responsabilidad estatal, el tribunal considera que el factor de atribución aplicable al caso es la "falta de servicio", que se desprende, en sentido normativo, del art. 1112 del C. Civil, aplicado en el campo administrativo por vía analógica. A su vez, expresa que si esa norma no fuere aplicable, lo sería el art. 1109 C.C., que contiene una norma operativa.

Evidentemente, el razonamiento utilizado por el tribunal, si bien llega a buen puerto, no es feliz.

En primer lugar, compartimos el parecer de cierta doctrina, que pone en duda la idea de "falta de servicio" del art. 1112 C.C como factor de atribución objetivo para la responsabilidad del Estado por su actuar ilícito (10). Como bien dice Balbín (11), el art. 1112 C.C. está previsto, originalmente, para el campo de la responsabilidad del funcionario público, no la responsabilidad del Estado; en este último caso, es de aplicación por vía analógica. A partir de esto, es dable convenir en que el citado artículo, cuando expresa "…cumplir sino de modo irregular las obligaciones legales…", introduce la necesidad de evaluar el modo en que se cumple la función estatal. Y ello es contrario a cualquier admisión de un factor objetivo en el contenido de la norma: si el factor de atribución fuera objetivo, sería irrelevante establecer si el Estado cumplió o no sus cargas y, también, el modo en que lo hizo. En cambio, del artículo se desprende que el Estado será responsable si cumplió sus funciones irregularmente. La irregularidad podrá consistir en que la función se cumplió en contradicción al orden legal, o torpemente. Y nos parece que esta dualidad se acerca a la dualidad dolo/culpa, base del sistema de responsabilidades de criterio subjetivo. Por su parte, véase que en el texto del fallo el tribunal expresa la necesidad de probar, por parte del demandante, el funcionamiento defectuoso o irregular -además de los demás elementos ya enumerados- del servicio; entonces, ¿en qué fundamento se sostiene el criterio objetivo, si es necesario demostrar la negligencia o apartamiento de la ley del Estado, a través de la acción u omisión del agente? Además, si se está convencido del criterio objetivo que se defiende, ¿cómo se explica la remisión subsidiaria que el juzgador hace al art. 1109 C.C., que fundamenta en el ámbito civil el sistema de responsabilidad por culpa, factor típicamente subjetivo, al decir que "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio"? Hay una incoherencia evidente: el tribual aplica al caso el art. 1112 C.C., que contiene un factor objetivo de responsabilidad según su criterio; y adopta de manera subsidiaria el art. 1109 C.C., que refiere innegablemente a un factor subjetivo (12).

Estas ideas nos llevan a aceptar la necesidad de un sistema de doble criterio para la responsabilidad estatal: el criterio subjetivo, basado en el dolo o culpa del agente que actúa con motivo de sus funciones, y que sería el adecuado para la mayor parte de los casos (13) de responsabilidad estatal por actos u omisiones ilícitos (donde, además, intervienen deberes legales imprecisos que requieren evaluar la conducta estatal); y el criterio objetivo, para los casos de responsabilidad estatal por actos u omisiones lícitas (que implican deberes legales precisos, en los que consta generalmente la obligación del Estado de resarcir los daños producidos, sin necesidad de probar más que el daño irrogado originado en la actuación de la Administración) (14).



IV. Conclusiones

Del análisis del caso "Sabater" podemos extraer, entonces, las siguientes conclusiones:

a)-En primer lugar, el tribunal acierta al aceptar la responsabilidad del Estado por omisión, al no responder oportunamente la solicitud de reincorporación del demandado, y al calificar el caso como parte del campo de la responsabilidad estatal por actos ilícitos, pues el Estado no observó el deber legal de responder a una petición administrativa. Acierta, también, al fundamentar la responsabilidad estatal en el "Estado de Derecho", acompañando así a la doctrina mayoritaria en nuestro país.

b)-Empero, no es feliz su exposición acerca del art. 1112 C.C. Si bien compartimos que esta norma puede ser utilizada, por vía analógica, en materia de responsabilidad del Estado (ya que refiere a la responsabilidad de los agentes públicos y no de la Administración), no estamos de acuerdo en que ella consagre un factor de atribución objetivo de responsabilidad. El art. 1112 C.C., al referirse al cumplimiento irregular de las obligaciones, supone un factor subjetivo de responsabilidad.

c) Además, los argumentos caen en una evidente contradicción al aceptar, como norma de aplicación supletoria al caso, el art. 1109 C.C. Este artículo refiere a la responsabilidad por culpa; ergo, si se considera que la norma de aplicación directa (el art. 1112 C.C.) contiene un factor objetivo, y la de aplicación supletoria uno subjetivo, aparece una inconsistencia que sólo admitiría dos soluciones: o se acepta que el art. 1112 C.C también expresa un factor subjetivo de responsabilidad, o omite cualquier referencia al art. 1109 C.C. Como podrá deducirse, nos encontramos a favor de la primera opción.

d)-Por fin, debe observarse que el tribunal consideró necesario que el actor demuestre la concurrencia de una prestación irregular o una omisión para aceptar la responsabilidad del Estado. Si el factor de atribución fuera objetivo, bastaría la demostración del daño y la imputación del actuar al Estado. Pero no es así: requiere un actuar defectuoso o irregular; por ello, confirmamos que el tribunal sumó aquí una nueva contradicción que apoya la tesis del factor subjetivo de atribución contenido en el art. 1112 C.C.

 (1) MARIENHOFF, M.S., Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Bs. As., 1973, Tomo IV, p. 693.

 (2) La extensión de este trabajo impide desarrollar, detalladamente, cada una de las tesis propuestas; se deben citar, siquiera a modo de vago recuerdo, las más importantes: la teoría del riesgo social, de Duguit; la de la ley formal, de Bielsa; la de la lesión jurídica resarcible, de García de Entrerría; la de la equidad, de Mayer; la del enriquecimiento sin causa, de Hauriou; la de la expropiación, de Consolo; la de la igualdad ante las cargas públicas, de Tessier; entro otras.

 (3) Cf. MARIENHOFF, M.S., Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Bs. As., 1973, Tomo IV, p. 698; COMADIRA, Julio R., Derecho Administrativo, Lexis Nexis, Bs. As., 2003, p. 364; FIORINI, Bartolomé, Manual de Derecho Administrativo, La Ley, Bs. As., 1968, 2ª parte, p. 1098; BARRAZA, Javier Indalecio, Responsabilidad extracontractual del Estado, La Ley, Bs. As., 2003, p. 61; MERTEHIKIAN, Eduardo, La responsabilidad pública, Ábaco, Bs. As., 1998, p. 55; Gordillo, Agustín: Tratado de Derecho Administrativo, F.D.A., Bs. As, 2003, Tomo II, p. XX-2. Este último autor, sin embargo, considera que el Estado de Derecho es el fundamento para imputarle responsabilidad al Estado por su actividad ilícita; en cambio, por sus actos lícitos, el fundamento sería la "solidaridad social", idea que lo que vincula, en este campo, a la tesis de Duguit.

 (4) COMADIRA, Julio R., Derecho Administrativo, Lexis Nexis, Bs. As., 2003, p. 362 y 363. Como ya expresamos en otro trabajo, creemos que la división "responsabilidad contractual - extracontractual", en el Derecho Administrativo, queda supeditada a la dualidad "acto lícito/acto ilícito".

 (5) Cf. MARIENHOFF, M.S., Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Bs. As., 1973, Tomo IV, p. 707 y ss; BARRAZA, Javier Indalecio, Responsabilidad extracontractual del Estado, La Ley, Bs. As., 2003, p. 85 y ss; MERTEHIKIAN, Eduardo, La responsabilidad pública, Ábaco, Bs. As., 1998, p. 103 y ss; CANDA, Fabián O., "La responsabilidad del Estado por omisión (estado de situación en la jurisprudencia de la CSJN)", Cuestiones de responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, RAP, Bs. As., 2008, p. 147.

 (6) ANDRADA, Dalmacio Alejandro, Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, La Ley, Bs. As., 2008, p. 114 y 115. Véase que este autor define a la "falta de servicio" como un factor de atribución impregnado de cierta antijuridicidad.

 (7) DRUCK, Carlos, "La responsabilidad extracontractual del Estado por omisión en el ejercicio de la función administrativa", Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Ediciones Rap, Bs. As., 2008, Año XXI - 362, p. 22.

 (8) BALBÍN, Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, La Ley, Bs. As., 2008, Tomo II, p. 347. Para este gran autor nacional, la "falta de servicio" tampoco sería un elemento autónomo, sino que forma una variante del elemento "atribución".

 (9) Como ejemplo, Druck detalla, como otra especie de responsabilidad estatal extracontractual, la del Estado por el riesgo creado por cosas de su propiedad. Cf. DRUCK, Carlos, op cit, p. 27. Balbín incluye, además de estas dos, el enriquecimiento sin causa. Cf. BALBÍN, Carlos F., op. cit, p. 346.

 (10) De alguna manera, también la CSJN ha dado pruebas de un interesante cuestionamiento al criterio puramente objetivo. En CSJN, Fallos 329:3966, se expresa claramente que no basta probar un perjuicio para oblligar al Estado a indemnizar.

 (11) Balbín, Carlos F: op. cit., p. 395.

 (12) Si se participa de la defensa del factor objetivo del art. 1112 C.C, es improcedente recurrir al art. 1109 C.C. Cf: Cassagne, J.C: Derecho Administrativo, Lexis Nexis, Bs. As., 2002, pag. 500.

 (13) Los casos de responsabilidad estatal por vicio o riesgo creado por las cosas de su propiedad implican recurrir a un criterio objetivo; por ello decimos "la mayor parte de los casos" y no "todos".

 (14) En contra, MERTEHIKIAN, Eduardo, "La responsabilidad del Estado en el Derecho Argentino en un reciente pronunciamiento judicial. A propósito del caso Friar S.A.", Cuestiones de responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, RAP, Bs. As., 2008, p. 75 y ss. Este gran autor afirma que la "falta de servicio" es mera ausencia o carencia en el actuar estatal, no un actuar negligente. Creemos que este recurso no se condice con lo que la jurisprudencia y la doctrina han establecido acerca de este instituto: la "falta de servicio" es una creación jurisprudencial francesa originada en una ilegalidad o en una torpeza del Estado al momento de prestar un servicio a su cargo, o en una omisión culpable.



Voces: RESPONSABILIDAD CIVIL ~ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ SERVICIO PUBLICO ~ PRESTACION DE SERVICIO ~ SEGURIDAD PUBLICA ~ RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DEL DEPENDIENTE ~ FACTOR DE ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE SERVICIO ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ INDEMNIZACION

Título: La responsabilidad extracontractual del Estado por la deficiente prestación del servicio público de seguridad ¿Constituye un supuesto de responsabilidad directa o indirecta

Autor: Navas, Sebastián

Publicado en: LLLitoral 2009 (abril), 01/01/2009, 260

Fallo comentado: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, sala I (CCivyComResistencia)(SalaI) CCiv. y Com., Resistencia, sala I ~ 2008/07/14 ~ Quiroz, Luis Oscar c. Policía de la Provincia del Chaco y/o Gobierno de la Provincia del Chaco


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