Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



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Voces: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ OBLIGACIONES DEL JUEZ ~ TRATADO INTERNACIONAL ~ TRIBUNAL INTERNACIONAL ~ TRIBUNAL EXTRANJERO ~ JURISPRUDENCIA ~ DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

Título: Responsabilidad judicial en el marco supranacional

Autor: Graneros, Fernando Efraín

Publicado en: LA LEY2009-F, 914

SUMARIO: 1. Los jueces como custodios del Bloque de Constitucionalidad Federal. 2. El reconocimiento de responsabilidad judicial a la luz de los tratados internacionales por los tribunales locales. 3. La responsabilidad del Estado Juez ante los Tribunales Internacionales. 4. Conclusión.

Abstract: El examen autocrítico e introspectivo que los jueces realizan a su propia función, en los casos de responsabilidad por actividad judicial, los enfrenta a los vicios del sistema del que son parte. Sin embargo, en aras de la consolidación del Bloque de Constitucionalidad Federal son valiosas las sentencias en las que los magistrados asumen su responsabilidad, más aún cuando, si no es reconocida, traería aparejada la violación de compromisos internacionales.

1. Los jueces como custodios del Bloque de Constitucionalidad Federal

El Poder Judicial, como poder de Estado, está obligado a acatar' y a hacer acatar los preceptos internacionales, y estos deberes son quizá más fuertes que los del Ejecutivo y los del Legislativo, por ejercer aquel el control de los controladores (custodit ipso custodit). (1)

Los magistrados, en su rol de custodios de la Constitución, es decir del estado de derecho, deben propender en sus sentencias a integrar todo el Bloque de Constitucionalidad Federal, evitando que con la aplicación irrestricta del derecho interno se vulneren los compromisos asumidos internacionalmente, generando por consiguiente la responsabilidad del Estado.

En tal orden de pensamiento ha manifestado la Corte Interamericana recientemente en el caso "La Cantuta vs. Perú"(2) que si un gobierno ha ratificado una regla internacional como la Convención Americana, "...sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad´ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana".

Sin embargo, tal como se observó en capítulos precedentes, el Poder Judicial no está exento de generar consecuencias dañosas en su actividad, determinando la llamada responsabilidad del Estado Juez. En un marco de preeminencia de fuentes supranacionales es oportuno enmarcar también esta responsabilidad.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Tribunal Constitucional", señaló: "El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención". (3)

Es decir puede que existir conducta antijurídica en la actividad del Poder Judicial en el marco del Bloque de Constitucionalidad. De este modo se estima que esta especie de responsabilidad se encuentra incorporada dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Las disposiciones supranacionales cuya violación determinan la responsabilidad del Estado-juez son los arts. 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y arts. 9, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así, los derechos y las garantías de debido proceso, de acceso a la justicia, de un plazo razonable en la duración de los procesos, de la reparación por condenas erróneas, de la tutela judicial efectiva, de la existencia de tribunales independientes e imparciales, etcétera; constituyen las reglas que en materia jurisdiccional se deberán valorar a la hora de procurar justicia.

2. El reconocimiento de responsabilidad judicial a la luz de los tratados internacionales por los tribunales locales

El mal funcionamiento del servicio de justicia puede conducir a la justificación de los jueces que no pueden escapar de la perversión del sistema, pero, en manera alguna, relevar al Estado de su responsabilidad. (4) Es así como existen destacados pronunciamientos judiciales en los que aplicando los principios y disposiciones de los Tratados, se procedió a reparar las consecuencias dañosas de los vicios del sistema judicial.

Surge de este modo el reconocimiento del derecho más sensible al hombre, su libertad personal. Así, la responsabilidad judicial en la materia penal será la punta de lanza en que las garantías internacionales reforzaran a las de derecho interno.

El art. 8.1 de la Convención Americana garantiza en toda especie de proceso que toda persona tiene derecho "a ser oída" con las debidas garantías "dentro de un plazo razonable".Por su parte, el art. 7.5 de la citada Convención, vinculado a la libertad personal, asegura el derecho de toda persona a "ser juzgada" dentro de un "plazo razonable" o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. En el procedimiento penal, de no cumplirse la obligación del Poder Judicial de juzgar a un acusado en un "plazo razonable", el detenido o retenido tiene derecho a que se decrete su libertad.

La Corte Interamericana en el caso "Suárez Rosero", (5) entendió que: "el principio de plazo razonable al que hacen referencia los arts. 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida prontamente".

En atención a la doctrina del seguimiento nacional referida por Sagüés, (6) nuestra Corte Suprema recoge los criterios interpretativos del tribunal internacional y establecerá una nueva causal en materia de responsabilidad del Estado por su actividad judicial: la de detención de los procesados por un plazo irrazonable.

2. a. El caso Rosa

En la causa "Rosa, Carlos Alberto c. Estado Nacional", (7) la Corte Suprema atribuyó la responsabilidad al Estado sobre la base de un anormal funcionamiento del servicio de Justicia. En ese juicio se verificó una indebida prolongación —aproximadamente 5 años— de la medida cautelar de privación de libertad personal del individuo sometido al proceso penal y que fue posteriormente absuelto por el delito del que se le acusaba.

Para reconocer esta demanda indemnizatoria la mayoría de la Corte estimó que:

- El mantenimiento de esa medida cautelar —prisión preventiva— por los dos primeros años de detención constituyó el producto del ejercicio regular del servicio de justicia, toda vez que no se advierte que los magistrados penales hayan incurrido en un manifiesto y palmario quebrantamiento de la ley aplicable... (Consid. 14)

- Resta analizar si el tiempo de detención posterior al que estuvo sometido el procesado Rosa puede ser calificado de excesivo e irrazonable (...) Sólo se podría denegar la libertad caucionada, de haber trascurrido aquel plazo –2 años-, en la medida en que el juez presumiese fundadamente , de conformidad con tales pautas que el procesado intentaría eludir la acción de la justicia... (Consid. 15)

- El carácter de garantía constitucional reconocido al beneficio excarcelatorio —art. 18 CN principio de inocencia y el derecho a la libertad física— exige que su limitación se adecue razonablemente al fin perseguido por la ley y que las disposiciones que la limitan sean valoradas por los jueces con idéntico criterio de razobabilidad (...) Cuando es límite es trasgredido, la medida preventiva —al importar un sacrificio excesivo del interés individual— se transforma en una pena, y el fin de seguridad es un innecesario rigor (Consid. 16)

- De modo coincidente con el criterio expuesto se ha expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe sobre el caso 10.037 de la Republica Argentina de 13 de abril de 1987, al hacer referencia al concepto de plazo razonable de detención dijo que no es posible establecer un criterio en abstracto de ese plazo, sino que este fijara en cada caso vistas y valoradas las circunstancias del art. 380. (Consid. 17)

- Que en tales condiciones le asiste razón al recurrente en cuánto se ha configurado un supuesto de deficiente prestación del servicio de justicia al haberse prolongado una medida de coacción personal durante un periodo de 1 año, 6 meses y 16 días sin que los magistrados penales intervinientes hubiesen demostrado la necesidad imperiosa de su mantenimiento de conformidad con las normas legales aplicables al caso (Arts. 379 inc. 6, y 380 Código Procesal Penal y art. 7 inc. 5 del Pacto de San José de Costa Rica) (Consid. 23)

En síntesis, la mayoría de la Corte en sus fundamentos sostuvo que la prisión preventiva decretada originalmente no se exhibía irrazonable, pero su mantenimiento durante un plazo prolongado sin que se hayan expuesto las razones que la sustentaban derivó en una conducta ilegítima del Estado, no sólo dentro de la normativa interna sino también de los preceptos supranacionales. Sin embargo es pertinente advertir que para que proceda la acción reparatoria se deberá calificar de irrazonable, infundada o arbitraria la extensión de la medida preventiva, ya que el sobreseimiento o absolución del imputado no invalida la prisión padecida si no se dan las condiciones antes descriptas.

2. b. El caso Barra

Otra forma de agravio que merece ser reparado es aquel caso de una persona que se encuentra en situación de procesado durante muchos años por la extrema duración del proceso. El sometimiento indefinido a un enjuiciamiento penal significa una afectación indebida a la libertad deambulatoria de las personas y se traduce en una abierta violación a la garantía de tutela judicial efectiva que surge de la Convención Americana en sus arts. 8 y 25.

Precisamente esta situación fue dilucidada por la Corte Suprema en la causa "Barra, Roberto s/Defraudación por administración fraudulenta"(8) del año 2004. En este juicio el Sr. Barra llevaba quince años en condición de procesado, por ello su defensa formula un planteo de prescripción en atención al desmedido tiempo consumido en la sustanciación de la causa. El planteo fue denegado en Primera Instancia y en Cámara, por lo que llegó en queja a la Corte Suprema, que decidió tratar el caso. Del voto de la mayoría de los Ministros de la Corte que adhieren al dictamen del Procurador General se extraen las siguientes doctrinas como relevantes:

- "Las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso criminal no reúnen la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48. (...) Esto es lo que ocurre con las resoluciones que rechazan la prescripción de la acción penal, en cuanto no dan fin a la cuestión, que puede ser invocada nuevamente en otros estadios procesales.(...) Ahora bien, no obstante lo expuesto precedentemente, lo cierto es que se ha hecho excepción en ciertos casos que podrían considerarse análogos al presente -según se verá- omitiendo ciertos óbices procesales, en aquellas ocasiones en que verificó una prolongación injustificada del proceso (Fallos: 306:1688 y 1705)".

- "Así ha sentado el criterio de que dichas resoluciones pueden equipararse, en cuanto a sus efectos, a las definitivas, en la medida en que "cabe presumir que hasta la sentencia final puede transcurrir un lapso tan prolongado que, por sí solo, irrogue al procesado un perjuicio que no podrá ser ulteriormente reparado" (...) Desde este punto de vista, V.E. podría declarar la procedencia formal del recurso de hecho pues, en el sub lite, existiría cuestión federal bastante al debatirse el alcance que cabe asignar a la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas derivada del art. 18 de la Constitución Nacional y de tratados internacionales referidos en ella (arts. 7°, inc. 5, y 8°, inc. 1, C.A.D.H.), y la sentencia ha sido contraria a la pretensión que el apelante ha fundado en tal derecho".

- "La garantía a obtener un pronunciamiento judicial que defina de una vez y para siempre la situación ante la ley y la sociedad, se basa en que el Estado con todos sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y a aumentar también la posibilidad de que, aun siendo inocente, sea hallado culpable (Fallos: 272:188)".

- "La Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que el "plazo razonable" al que se hace referencia en el art. 8°, inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, "debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso" (..) En tales condiciones, la duración del presente proceso resultaría violatoria del derecho del imputado a ser oído judicialmente en un plazo razonable (art. 8°, inc. 1, C.A.D.H.). A ello se agrega que se vislumbra que tal situación habrá de prolongarse, con la consiguiente continuación de la restricción de la libertad que produce el sometimiento a juicio, lo cual lesionaría, asimismo, la garantía establecida por el art. 7°, inc. 5, C.A.D.H."

De acuerdo con estas consideraciones, la mayoría de la Corte estimó que existió un incumplimiento de la obligación del Estado para con sus justiciables del derecho a ser oído y ejercer su defensa dentro de un plazo razonable. De este modo, la situación de indefensión y daño del imputado puede encontrar tutela en la prescripción de la acción. Por lo ello se resolvió declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia y devolver los autos al tribunal de origen, a fin de que por quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

2. c. El caso Espósito

Hasta este punto se analizó la situación la responsabilidad judicial desde la posición de las personas sometidas a los procesos. Sin embargo merece también ser valorada la realidad de las víctimas de los delitos, que concurren a los tribunales para que se investigue y se imparta justicia. Respecto de este aspecto, las dilaciones indebidas de los procesos puede culminar en la pérdida de la acción por prescripción, con la consiguiente impunidad para el delincuente y la denegación de justicia para las víctimas.

Sobre este importante como controvertido tema merece ser nuevamente comentado el fallo de la CSJN del año 2004 Espósito Miguel Angel. (9) Tanto en primera, como en segunda instancia se declaró extinguida la acción penal contra el Señor Miguel Angel Espósito y se lo sobreseyó definitivamente en relación con el homicidio del joven Walter Bulacio. Pero los familiares de Bulacio, recurrieron a las instancias interamericanas de protección de derechos humanos y en el año 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio vs. Argentina, declaro la responsabilidad internacional de nuestro país, entre otros puntos, por la deficiente tramitación del expediente por el que se juzgaba a Espósito que llevó a que transcurrieran los plazos de la prescripción penal y se beneficie al imputado.

La sentencia de la Corte Interamericana determinó la no aplicación del instituto de la prescripción de la acción penal, en cumplimento de esta sentencia el Fiscal de la causa "Espósito", recurre en Recurso Extraordinario la declaración de prescripción de la Cámara y es así como la Corte Suprema tiene oportunidad de expedirse, sosteniendo:

- "Que la decisión mencionada – CIDH- resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional."(10)

- "Esta Corte no comparte el criterio restrictivo del derecho de defensa que se desprende de la resolución del tribunal internacional mencionado. En efecto, son los órganos estatales quienes tienen a su cargo el deber de asegurar que el proceso se desarrolle normalmente, y sin dilaciones indebidas. Hacer caer sobre el propio imputado los efectos de la infracción a ese deber, sea que ella se haya producido por la desidia judicial o por la actividad imprudente del letrado que asume a su cargo la defensa técnica, produce una restricción al derecho de defensa difícil de legitimar a la luz del derecho a la inviolabilidad de dicho derecho conforme el art. 18 de la Constitución Nacional (...). En todo caso, cuando el defensor la ejerza indebidamente, es al Estado a quien le corresponderá encauzar el procedimiento en debida forma, pero en cualquier caso, no es el imputado quien debe velar por la celeridad del proceso ni sufrir las consecuencias de incumplimientos ajenos (...) Que, en consecuencia, se plantea la paradoja de que sólo es posible cumplir con los deberes impuestos al Estado argentino por la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos restringiendo fuertemente los derechos de defensa y a un pronunciamiento en un plazo razonable, garantizados al imputado por la Convención Interamericana..."(11)

- "Que la actuación de los jueces que han intervenido en la tramitación de la presente investigación fue calificada por la Corte Interamericana como tolerante y permisiva respecto de las dilaciones en que se incurriera en la causa. En tales condiciones, corresponde remitir testimonios de la presente al Consejo de la Magistratura, a fin de que se determinen las posibles responsabilidades".

- "Que, en consecuencia, la confirmación de la decisión por la cual se declara extinguida por prescripción la acción penal resultaría lesiva del derecho reconocido en este caso a las víctimas a la protección judicial, y daría origen, nuevamente, a la responsabilidad internacional del Estado argentino. Desde esa perspectiva, el ámbito de decisión de los tribunales argentinos ha quedado considerablemente limitado, por lo que corresponde declarar inaplicables al sub lite las disposiciones comunes de extinción de la acción penal por prescripción..."

En este caso se observa de manera patente las repercusiones de los tratados con jerarquía constitucional en la responsabilidad por actividad judicial, no sin reconocer, como hace la propia Corte Suprema la situación paradojal de sus consecuencias. La antijuridicidad de Estado Juez, ya había sido calificada en la instancia internacional, (12) cuyas dilaciones injustificadas determinaron la prescripción de la acción penal y la denegación de justicia para las víctimas, conculcando las garantías de los arts. 8 y 25 de la Convención. No obstante nuestro máximo tribunal al revisar la causa Esposito, se hace cargo de las irregularidades en el expediente judicial, asume la responsabilidad del órgano jurisdiccional y manda a que se deslinden las responsabilidades del los jueces intervinientes.



3. La responsabilidad del Estado Juez ante los Tribunales Internacionales

Es en el ámbito de la administración de justicia, donde se sostiene la vigencia de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho, donde se prueba sí las libertades y garantías enunciadas en los diferentes instrumentos de derecho internacional tienen o no aplicación real en los ordenamientos jurídicos internos.

Es aquí donde irrumpe y trasciende el derecho a la tutela judicial efectiva, que Jesús González Pérez define como el derecho de toda persona a que se le "haga justicia"; a que cuando pretenda algo de otra esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas. (13)

Implica garantizar el acceso a los órganos jurisdiccionales, lo cual significa que el Estado tiene la obligación de remover los obstáculos que impidan el acceso de los ciudadanos a quienes ejercen la función jurisdiccional y, por otro lado, no restringir ese libre acceso mediante el establecimiento de recaudos o presupuestos procesales irrazonables.

La tutela jurisdiccional efectiva no se reduce a la recepción, por parte de un órgano jurisdiccional, de la pretensión y la emisión de una sentencia decidiendo acerca de su conformidad o disconformidad de la misma con el ordenamiento jurídico. La tutela jurisdiccional será efectiva si el órgano jurisdiccional reúne ciertas condiciones y antes de dictar la sentencia sigue un proceso investido de las garantías que hagan posible la defensa de las partes. (14)

La controversia que puede traer aparejada esta garantía liminar dentro del Bloque de Constitucionalidad Federal, es la posibilidad de que sea conculcada por el propio órgano jurisdiccional, generando así responsabilidad internacional del Estado. Corresponde, por lo tanto, su análisis a través de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. a. Informe 105/99: Palacios, Narciso vs. Argentina

En el año 1988, el señor Narciso Palacios presentó una petición, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina, por la violación de los derechos al debido proceso art. 8 y a la tutela judicial efectiva art. 25 establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su propio perjuicio. La petición se debió al rechazo de su demanda contencioso-administrativa —en virtud de la falta de agotamiento de la vía administrativa— la cual fue interpuesta para cuestionar la legalidad del decreto administrativo 226 del 11 de junio de 1985 que impuso su cesantía en el cargo comunal que detentaba.

En el presente caso, la Corte Suprema Provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación cambiaron sorpresivamente la doctrina jurisprudencial sobre la obligatoriedad de interponer previamente los recursos administrativos antes de acudir a la instancia contencioso-administrativa. Para el momento de la interposición de su demanda contencioso-administrativa en contra del Decreto administrativo que dispuso la cesantía de Palacios, la normativa vigente y la interpretación jurisprudencial consideraban que el ejercicio de los recursos administrativos (revocatoria y jerárquico) era potestativos y no condicionaban el acceso a la instancia judicial.

Por el contrario, fue en el año de 1986 —una vez intentada la demanda del peticionario—, cuando la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el caso "Lesieux" cambió su criterio para exigir el agotamiento de los recursos previstos en el artículo 89 de la ordenanza general 207 del 12 de octubre de 1977. En consecuencia, al año siguiente y, en cumplimiento de la nueva línea jurisprudencial, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires rechazó la demanda presentada por el peticionario, por no haber ejercido los recursos administrativos pertinentes.

Por lo expuesto, el thema decidendum que debía resolver la Comisión era si esta aplicación retroactiva en la interpretación de la normativa provincial realizada por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires vulneraba los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del peticionario, consagrados en los arts. 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En relación con la tutela judicial efectiva, entiende la Comisión —en el párrafo 57— que la existencia de recursos previos a la instancia judicial no vulnera el principio de citado ya que implica un "conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos judiciales."

Por lo tanto, la exigencia del agotamiento de la vía administrativa no constituye per se incumplimiento objetivo de los compromisos internacionales. Sin embargo, puede darse el caso que la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de estos requisitos de admisibilidad constituya una violación a dicho derecho fundamental (15) (párr. 58)

Esa condición de incertidumbre y falta claridad en la interpretación judicial es la situación que padeció Palacios, afirma al respecto "la falta de agotamiento de la instancia administrativa no puede, en modo alguno, imputarse al peticionario, pues este sencillamente se dejó llevar por la interpretación correcta y autorizada de las normas vigentes que le eran aplicables, las cuales —para el momento de la interposición de su demanda— le permitan acceder al contencioso-administrativo sin necesidad de agotar los recursos administrativos"(16) Párr. 59

Surge así que la conducta antijurídica imputable al Estado provino del órgano jurisdiccional cuando exigió un recaudo formal que hasta el momento no era requerido. Con dicha conducta del Estado Juez se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrado en el art. 25 de la Convención, cuando se le sorprendió con la exigencia retroactiva de un requisito de admisibilidad a la jurisdicción que no se encontraba vigente en el momento de la interposición de su demanda.

Categóricamente la Comisión establece a los jueces que "la seguridad jurídica y el principio de claridad y certidumbre respecto de la jurisdicción competente imponen un mayor rigor a la hora de impedir el acceso a la justicia". (17) De este modo el drástico y retroactivo cambio en la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las demandas contencioso-administrativas atentó contra el derecho a la tutela judicial efectiva y constituyó una manifiesta desigualdad.

Calificada la responsabilidad del Estado argentino, la Comisión recomendó: a) Permitir el acceso del peticionario a la jurisdicción contencioso-administrativa, a los efectos de que pueda cuestionar la legalidad del acto administrativo que dispuso su cesantía. b) Indemnizar adecuadamente al ciudadano Narciso Palacios por las violaciones a sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

3. b. El caso Cantos

El caso Cantos se origina cuando la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, en el año 1996, rechaza una demanda interpuesta por el Señor. José María Cantos de cumplimiento de convenio de pago contra el Estado Argentino y la Provincia de Santiago del Estero, y se fijó la tasa de justicia en más de 83 millones de pesos argentinos —convertibles a igual monto en dólares—, regulando los honorarios profesionales según el monto del pleito, que ascendía a más de 2700 millones de pesos. (18)

Cantos llevó su caso a la Comisión Interamericana, la que demandó al Estado argentino ante la Corte Interamericana con fundamento en la denegación de justicia por parte de las autoridades argentinas, las que, de manera arbitraria se abstuvieron de reparar de manera efectiva los graves perjuicios que le fueran ocasionados por agentes del Estado.

En noviembre de 2002 la Corte Interamericana llega a la sentencia en la causa "Cantos, José M. c. República Argentina", (19) en la que condenó al Estado argentino por vulnerar, por intermedio de la Corte Nacional, el derecho a un efectivo acceso a la jurisdicción. Sin embargo, el Tribunal Internacional rechazo que hubiera existido violación al debido proceso.

Según el Tribunal Internacional, el Estado violó en perjuicio de José María Cantos los arts. 8 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma. Estas violaciones se originaron al habérsele impuesto al señor Cantos el pago de un monto global de aproximadamente 140.000.000,00 pesos (ciento cuarenta millones de pesos, equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de tasa de justicia, multa por falta de pago de la misma, honorarios de los abogados y de los peritos intervinientes e intereses correspondientes, como consecuencia del proceso seguido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para llegar a esta resolución, la Corte Interamericana estimó que los Estados tienen, como parte de sus obligaciones generales, un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir a fin de que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del art. 1.1 de la Convención. (20)

La obligación genérica del art. 1.1 de la Convención, en materia judicial se complementa con el art. 8.1 que consagra el derecho de acceso a la justicia. En virtud de este derecho, cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado art. 8.1 de la Convención. (21) Párr. 50.

Concretamente, en relación con situación del proceso judicial llevado por Cantos ante la Corte Suprema Nacional, se observó que la aplicación de la tasa judicial y los honorarios de acuerdo a los parámetros permitidos por la ley condujeron a que se cobraran sumas exorbitantes, con el efecto de obstaculizar el acceso del señor Cantos a la justicia. (22)

La responsabilidad del Estado juez se enfatizada cuando se afirma que las autoridades judiciales han debido tomar todas las medidas pertinentes para impedir que se produjese esa situación, y lograr que se hicieran efectivos el acceso a la justicia y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. (23)

En aplicación del art. 63.1 de la Convención, la Corte ordenó el Estado:

a. Abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma.

b. Fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, en los términos del párrafo 74.

c. Asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior.

d. Levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados.

El caso Cantos constituye un ícono en cuanto a la defensa del derecho al acceso a la justicia, además de imputarles responsabilidad primigenia a los jueces en garantizar dicho principio, que es pilar del Estado de Derecho. El incumplimiento del Estado argentino de su obligación de mantener las puertas de los tribunales abiertas a sus habitantes —ciudadanos nacionales o no— más allá de su capacidad económica, genera el correlativo deber de remover los impedimentos denunciados.

En palabras de González Pérez, los requisitos procesales y los trámites procedimentales, cuya función es ser cauce racional para el acceso a la tutela, no deben ser interpretados con formulismos enervantes y claramente contrarios a su propio sentido, impidiendo al justiciable obtener satisfacción de sus justas pretensiones. (24) Por ello, los jueces que hagan primar una visión formalista en detrimento del acceso a la justicia, incurrirán en una conducta irrita al Bloque de Constitucionalidad Federal cuyos efectos dañosos deberán ser resarcidos.

Por lo tanto, se ha acogido el principio del acceso irrestricto a la justicia por sobre los requisitos y formulismos procesales que se erigen como atentatorios del derecho a la protección judicial, aunque ello no importe descalificar per se su existencia, sino tan sólo exigir su empleo racional. La incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos no radica, entonces, en la fijación de la tasa de justicia, ni en la regulación de honorarios, ni en la condena en costas, sino en su utilización con excesivo rigor formal, como medio para impedir o dificultar el acceso a los tribunales, o castigar a los que demanden a la Administración. (25)

3. b.i. La ejecución de la sentencia en el caso Cantos

Mediante Resolución 1404, de fecha 21 de agosto de 2003, la Corte Suprema resolvió por mayoría desestimar la presentación efectuada por el Procurador del Tesoro, en la cual solicitaba al tribunal la instrumentación del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en la causa Cantos.

La mayoría integrada por los Doctores. Fayt, Moliné O'Connor, Petracchi, López y Vázquez, desestimaron la petición del Procurador del Tesoro, consideraron que proceder a la disminución de los honorarios de los abogados y peritos, que se encuentran regulados y firmes, vulneraría expresas garantías judiciales y del derecho de propiedad, expresamente tutelados en nuestra Carta Fundamental (arts. 17 y 18) y en el Pacto de San José de Costa Rica. Toda vez que los mismos no fueron oídos en dicho proceso transnacional, lo cual —de cumplirse con lo dispuesto por el tribunal del Pacto— paradójicamente haría incurrir al Estado en responsabilidad internacional por violación a dichas normas. En cuanto al pago de las cargas fiscales, consideran inviable una decisión del tribunal doméstico, puesto que ello implicaría asumir anticipadamente que el Estado Nacional seguirá adelante con la ejecución de la tasa judicial, no obstante la decisión de la Corte con sede en Costa Rica que le limita tal conducta.

El ministro Boggiano fundó su disidencia partiendo de la base de que las decisiones de la Corte Interamericana son de carácter obligatorio para aquellos Estados que han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica y han otorgado competencia a la Corte Interamericana. Resuelve que la Administración Federal de Ingresos Públicos se abstenga de ejecutar la tasa de justicia y su multa y, a su vez, el Estado Nacional asuma el pago de los honorarios de los peritos y profesionales que representaron al demandado. Con relación a la disminución de los honorarios regulados y al levantamiento de los embargos, corresponde dar traslado a los interesados, toda vez que no fueron parte en el procedimiento transnacional pues, de otro modo, se afectarían las garantías antes señaladas.

Por último, el ministro Maqueda, en su disidencia, hace lugar plenamente a lo requerido por el procurador del Tesoro, con fundamento en que la ausencia de un procedimiento específico para la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana no indemnizatorias no es óbice para su cumplimiento en el orden interno, puesto que ello resulta insito en el espíritu mismo del tratado. La Corte Nacional debe de inmediato adoptar todas las medidas necesarias para asegurar los derechos conculcados y adecuarlos con las pautas establecidas por el órgano jurisdiccional interamericano, no siendo obstáculo para ello el hecho de que no hayan intervenido los letrados en cuyo favor han sido regulados los honorarios, toda vez que este tribunal debe acatar la decisión de la Corte Interamericana en forma inmediata e íntegra.

Corresponde realizar la observación de la doctrina sentada por la Corte respecto del caso Cantos, donde la mayoría de los Ministros decidió no cumplir con lo resuelto por la Corte Interamericana, inobservando los compromisos internacionales. Casi aproximadamente un año después, en la causa Esposito, se cumplió de manera insoslayable con la condena del caso Bulacio del tribunal internacional, dejando de lado también un principio que hace a la defensa en juicio como es la prescripción de la acción penal. Pero no se pude dejar de advertir que los ministros de la Corte habían cambiado y por lo tanto la disidencia de Cantos se convirtió en mayoría en Esposito.




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