Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



Descargar 3.89 Mb.
Página62/72
Fecha de conversión12.05.2019
Tamaño3.89 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   72

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ ACCIDENTE DE TRANSITO ~ TRANSITO ~ VIALIDAD ~ VIA PUBLICA ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD ~ MUNICIPALIDAD ~ PODER DE POLICIA ~ CULPA POR OMISION ~ RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ~ CONCESIONARIO ~ SEÑAL DE TRANSITO ~ CODIGO CIVIL ~ LEY APLICABLE ~ BIEN DEL DOMINIO PUBLICO ~ DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO ~ OBLIGACION DE SEGURIDAD ~ CALLE ~ RUTA

Título: Responsabilidad de la Municipalidad por los daños ocasionados por la falta de señalización de baches o roturas existentes en las calles

Autor: Correa, José Luis

Publicado en: DJ07/10/2009, 2802

I. Generación de la responsabilidad por irregular ejercicio del poder de policía omisión de control (1)

El Estado tiene, respecto de sus calles, rutas o caminos, una serie de deberes, en orden a la seguridad, a la preservación de las vidas y de los bienes materiales, que van desde garantizar el libre tránsito, como idea general, hasta efectuar las reparaciones necesarias, el debido mantenimiento, evitando la presencia de pozos, irregularidades, rajaduras o alteraciones que dificulten o hagan más riesgoso el tránsito y para cumplir con tales deberes concretos debe controlar, vigilar, estar presente y, en su caso, señalizar debidamente las imperfecciones o los obstáculos aquella libre y serena circulación"(2).

La jurisprudencia han condenado al Estado, imputándole omisión en el ejercicio del poder de policía, por actividad ilícita ante la falta de control, incumplimiento del deber de seguridad, ante los daños ocasionados a los automovilista por los baches, pozos, zanjas, lomos de burros existentes en las calles, avenidas, rutas, veredas, árboles sin el correcto cuidado o señalización.

En efecto, consideramos que la omisión de control de rutas, calles, veredas por parte del Estado Nacional, Provincial o Municipal, implica irregular ejercicio del poder de policía y por ende genera responsabilidad por daños y perjuicios fundados en el derecho público y en las disposiciones del art. 1112 y 1113 del C.C.

Así lo ha hecho la S.C. de Justicia de Mendoza. "Norton María Teresa c/Municipalidad de Godoy Cruz s/Ordinario"(3), Yanquinado c. Municipalidad de San Rafael"(4), "Sechter, David c/Municipalidad de la Capital de la Ciudad de Mendoza p/D. y P. s/Inc."(5) "Urbieta rolando a. y ots. c/Dirección General de Vialidad p/d. y p. s/inc.-cas." 29/04/2009 (6).

El Estado Nacional, Provincial o Municipal (7), debe ser responsabilizado por los daños y perjuicios causados a los peatones, automovilistas, ciclistas etc. por el mal estado de las rutas, calles, veredas, por incumplimiento del ejercicio del poder de policía. Se trata de la responsabilidad del Estado fundada en el ejercicio irregular de la función de policía de control y en el riesgo o vicio de la cosa, siendo la responsabilidad en ese caso objetiva, con aplicación analógica del art. 1112 y 1113 del C.C.Amenábar (8) bajo el acápite de los daños atribuidos al incumplimiento o irregular cumplimiento d las obligaciones que le competen a la administración en relación con los bienes públicos de uso común, analiza la causa "Lanati, Marta c. Dirección Nacional de vialidad. Cita a Bustamante Alsina (9) quien critica el fallo de la Corte pues si bien revoca la decisión de la Cámara y señala la omisión en que habría incurrido la D.N.Vialidad, juzga equivocado referir a la responsabilidad de la demandada a través de la culpa de los funcionarios (art. 1112 del C.C.) lo cual genera responsabilidad objetiva y directa con relación al órgano autárquico de la Administración Pública y luego referenciar al art. 1113 que establece la responsabilidad objetiva por vicio o riesgo de la cosa. No queda claro si está en juego la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa, en el caso de la ruta, bien de dominio público, que presenta un profundo zanjón, o si esta responsabilidad surge de una omisión culposa del funcionario público.

Cuiñas Rodríguez (10) comenta la responsabilidad de la Municipalidad de Buenos Aires, por los daños y perjuicios sufridos por un ómnibus en la Autopista 25 de Mayo que al pasar por debajo del puente sufrió daños de consideración, ya que el puente no se encontraba correctamente señalizado. La disposición legal en cuanto a la responsabilidad aquilina por omisión sea contenida en el art. 1074 del C.C. norma en que el término ley debe se entendido en sentido material y lato, como referido a deber jurídico surgente de una obligación legal sea expresa o implícita

Nosotros (11) sostuvimos que la mala señalización genera responsabilidad del Estado, fundando la responsabilidad solidaria de la Municipalidad en el art. 1112, la responsabilidad del concesionario por el art. 1113 y la necesidad de articular responsabilidades.

En igual sentido Sarmiento García (12) comenta la responsabilidad del estado y de los concesionarios de servicios públicos, por la mala señalización de una obra en una bocacalle. Señala que la responsabilidad municipal debe regirse por el derecho público, supletoria y analógicamente por el artículo 1112 del Código Civil, habida cuenta que está de por medio fundamentalmente el cuidado, la conservación y vigilancia de una calle pública, a cargo de la Comuna, encontrándose tal vía pública bajo la competencia (contenido concreto del dominio público) del ente municipal que debe cuidar de ella.



II. Aportes jurisprudenciales de la Corte de la Nación

Hace tiempo escribía (13) y recordaba un buen artículo de AlbarracÍn (14) quien comentaba los fallos de la C.S., y entre ellos a "Lanatti"(15) por la responsabilidad del Estado por falta de señalización en una ruta en reparación y " Bullorini"(16) responsabilidad del Estado, por un accidente de tránsito con motivo del levante pronunciado de la carpeta asfáltica en reparación. Esta postura fue reiterada luego en el fallo "Roque Raymundo e Hijos SACIFIA c. Provincia de San Luis"(17). Para entonces la C.S.J.N había hecho lugar a la demanda promovida por una empresa dedicada a la comercialización y venta de vidrios por la destrucción de la carga derivada del mal estado de las rutas.



III. Suprema Corte de Mendoza: omisión en el ejercicio de poder de policía. La responsabilidad por omisión

La S.C. en el fallo Torres Francisco c. Pcia. de Mendoza (18) caracterizó la responsabilidad por omisión. Se trata sin dudas de la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad ilícita (19), que supone una omisión antijurídica, un no hacer del Estado cuando se encuentra obligado, con fundamento en el derecho de daños y en particular en el art. 1074 del C.C., al igual que el art. 1112 por la falta de servicio y del art. 1113 por los daños causados por los funcionarios dependientes o con intervención de cosas bajo su guarda o dominio. Se genera primordialmente en el ejercicio del poder de policía de control sobre veredas, calles y rutas.



IV. Precedentes de los fallos por omisión (policía de caminos)

Por su parte la Suprema Corte de Mendoza había fijado las pautas en "Norton María Teresa c/Municipalidad de Godoy Cruz s/Ordinario"(20) S.C.J.Mza, Sala I, 18/10/96, que complementaba a "Torres" por la responsabilidad en las omisiones simples o impropias encuadrándolas jurídicamente en: a) la falta de servicio y b) la aplicación de normas del C. Civil. En este fallo habla de la responsabilidad por la policía de los caminos. La responsabilidad por el ejercicio del poder de Policía caminera, establecía que: la provincia es responsable de la falta de señalización.

La S.C.J. en el fallo de fecha 17/2/2000, "Yanquinado c. Municipalidad de San Rafael"(21), ha condenado a la Municipalidad por escombros en la vía pública al omitir en el ejercicio del poder de policía la vigilancia de las calles. Luego lo ha hecho en "Sechter, David c/Municipalidad de la Capital de la Ciudad de Mendoza p/D. y P. s/Inc."(22) y con el voto del Dr. Pérez Hualde en el caso "Urbieta Rolando a. y ots.. c/Dirección General de Vialidad p/d. y p. s/inc.-cas." 29/04/2009 (23)

V. Aplicación del C.C. o de las normas de derecho público

Algunas disidencias de fundamento no impiden acusar la responsabilidad.

La aplicación de normas del C.Civil es un de los problemas planteados en la doctrina y en la jurisprudencia. La C.S. a partir de "Vadell"(24), responsabilidad del Estado por inscripción irregular de un título por el Registro Inmobiliario, por menciones defectuosas, consignadas por el Escribano, en el certificado de dominio, que supusieron transmisiones paralelas, superpuestas, de una misma fracción. Abandona, para la responsabilidad por el hecho de las cosas que tiene en su dominio, el art. 1113 CC., pero no puede despegarse totalmente de las normas civiles, en especial del art. 1112 por el servicio irregular. A veces por aplicación directa, otras aplicando la analogía y los principios generales, asumiendo la idea objetiva de la falta de servicio del art. 1112 (25).

Marienhoff, sostiene la aplicación supletoria del Código Civil. Mertehikian, se inclina también por el régimen de derecho privado de aplicación analógica. Sarmiento García se inclina por la aplicación exclusiva de derecho público. Reiriz (26), al referirse a las relaciones del Derecho Civil y el Derecho Administrativo, sostiene siguiendo a Mayer que existen relaciones de contacto, de continuidad, y no de subordinación. Refiere a la "estructuración de un régimen publicístico de la Responsabilidad del Estado, señalando su factibilidad, aún cuando deba mencionar el art. 1112, como una norma de reenvío, que no tiene extralimitación de competencias legislativas. Silva Tamayo (27) se lamenta sosteniendo que la disidencia de Petracchi, ha desconocido el carácter autónomo del derecho administrativo, señalando que la C.S. no parece haber admitido aún la autonomía científica del Derecho Administrativo, en especial con relación al Código Civil que según el art. 75 inc. 12 de la C.Nacional, es de carácter general pero sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. O cuando se declara la aplicación directa, supletoria o subsidiaria de las reglas del C.Civil, sin pasar esas normas por el tamiz de la analogía que las integra con principios y normas de Derecho Administrativo.

Mosset Iturraspe (28) señala que la creación de una responsabilidad específica para el Estado o de un deber de indemnizar con características peculiares respondía en primer término a la necesidad de afirmar la "autonomía del derecho público", en tiempos del afán invasor del derecho privado y en segundo término al afán de "tutela del Estado", protección o salvaguarda muy propia de los administrativistas de la administración. Cita entre ellos a Marienhoff y Cassagne ("En torno al fundamento de la responsabilidad del Estado", LA LEY, 1989-C, 982). Desde su óptica, no obstante la jerarquía de los defensores de la autonomía del derecho nacional, como en el derecho comparado y del auge que el distingo llegó a adquirir, aparece hoy como superado totalmente en muy buena medida, pues los dos derechos se han acercado. Buscan en una pluralidad de materias confundirse: se publicita el derecho privado y se privatiza el público. La estrella polar es la Constitución incluso en el tema de daños (29) (cita para ello a Bidart Campos G." La responsabilidad por daños en el tercer milenio", Abeledo Perrot 1997, pág. 425).

Vázquez (30) en cambio, habla de la necesidad de sintetizar las teorías que justifican la responsabilidad pública diferenciada de la privada, aplicando las normas por analogía o como normas generales. Reconoce los "genes civiles" en estas instituciones.



VI. Otros antecedentes del Tribunal relativos a los obstáculos en la vía pública

En los autos "Sechter, David c/Municipalidad de la Capital de la Ciudad de Mendoza p/D. y P. s/Inc.", en sentencia del 25/10/2004, con el voto preopinante de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, este Tribunal señaló lo siguiente:

Las calles, bienes del dominio público; la obligación de su conservación, un servicio público.

La Corte Federal tiene reiteradamente dicho que el uso y goce de bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado la obligación de ponerlos en condiciones de ser utilizados sin riesgos (31).

En el fallo Urbieta (32) ha reiterado la condena a la Municipalidad, por un bache de gran profundidad

El fundamento de la responsabilidad lo ubica en el art. 1113 C.C.; considerando al bache como una cosa riesgosa

Cualquier bache o pozo existente en la vía pública no debidamente señalizado, constituyen obstáculos que, jurídicamente, por la posición anormal que presentan, deben considerarse "cosas" en el sentido que le otorga el aludido art. 1113 del Cód. Civil (33).

La existencia de un bache en la calzada, sin señalamiento alguno, constituye un defecto que la torna impropia para su destino, y ese vicio se traduce de por sí en un riesgo del que deriva una presunción de responsabilidad para su dueño o guardián jurídico (34). En tal sentido debo señalar que no es que sea menester advertir la presencia de cada pozo o bache existente; basta con una señalización general que haga saber que la calzada está en mal estado en determinada extensión como a veces se suele ver en las rutas.

Lo que no debe olvidarse es que estamos ante un caso que se ha calificado como de responsabilidad objetiva propiamente dicho, en el cual resulta aplicable lo dispuesto por el art. 1113 del Cód. Civil, y el titular o guardián de la vía pública debe responder cuando transgrede o viola su obligación de mantenerla en condiciones de ser utilizada sin riesgos para la circulación. La existencia de un bache, pozo o zanja en la vía pública, constituye un escollo inesperado, cuya tolerancia en el lugar hace responsable al titular del dominio público —arts. 2339 y 2340, inc. 7 C. Civ.—, en virtud del art. 1113 C. Civ., por los daños causados.

Es abundante la jurisprudencia y doctrina elaborada respecto a la existencia de baches o pozos (35).



VII. Alcances de la obligación de seguridad: preservación de la vida y bienes materiales(36)

Comprende la obligación expresa o tácita, anexa o independiente del deber principal existente en todo tipo de contrato o servicio, por el cual el deudor garantiza objetivamente al acreedor que durante el desarrollo efectivo de la prestación planificada no le será causado daño en otros bienes diferentes de aquel que ha sido específicamente concebido como objeto del negocio jurídico. Para alguna parte de la doctrina no es accesoria, anexa o independiente sino obligación principal.

La obligación de seguridad se trata de un deber autónomo del principal, sin que sea obligación accesoria, como lo sostiene Mayo. Es siempre una obligación de resultado, cuya violación genera responsabilidad objetiva y a través de ella el deudor se compromete a devolver al otro contratante su persona o bienes sanos y salvos, pudiendo el daño asentarse materialmente sobre el patrimonio del deudor o afectar intereses extrapatrimoniales y debe ser resarcible (37).

VIII. Obligación de seguridad respecto a obstáculos, baches o pozos en la vía pública

Sostiene la S.C. que, corresponde hacer referencia a los elementos que encuadran el caso dentro de la responsabilidad del Estado; pues se ha considerado que: "El Estado tiene, respecto de sus calles, rutas o caminos, una serie de deberes, en orden a la seguridad, a la preservación de las vidas y de los bienes materiales, que van desde garantizar el libre tránsito, como idea general, hasta efectuar las reparaciones necesarias, el debido mantenimiento, evitando la presencia de pozos, irregularidades, rajaduras o alteraciones que dificulten o hagan más riesgoso el tránsito y para cumplir con tales deberes concretos debe controlar, vigilar, estar presente y, en su caso, señalizar debidamente las imperfecciones o los obstáculos aquella libre y serena circulación"(38).

También se ha sostenido que una ruta en mal estado, con montículos de tierra, banquina despareja y deficiente señalización es una cosa generadora de riesgo en los términos del art. 1113 C. Civ. (39); como también lo son las calles con una depresión, una excavación, una zanja u obstáculos similares, pues el Estado tiene el deber de atender la seguridad y la salubridad de los habitantes (40).

La obligación de seguridad que debió garantizar la demandada no aparece debidamente cumplimentada por la existencia de un bache importante en la vía pública sin que haya existido señalamiento alguno, por lo que deberá soportar las consecuencias dañosas del evento, como fruto de la responsabilidad que le ha cabido en su generación (art. 1113 C. Civ.).

Es abundante la jurisprudencia y doctrina elaborada respecto a la existencia de baches o pozos. Así, a modo meramente ejemplificativo, puede citarse lo resuelto en cuanto a que: "El pozo existente en la cinta asfáltica debe ser considerado una cosa riesgosa o peligrosa, razón por la cual el órgano municipal debe responder por los daños que ella cause, debido a su carácter de dueño o guardián"(41).

Asimismo, corresponde hacer referencia a los elementos que encuadran el caso dentro de la responsabilidad del Estado; pues se ha considerado que: "El Estado tiene, respecto de sus calles, rutas o caminos, una serie de deberes, en orden a la seguridad, a la preservación de las vidas y de los bienes materiales, que van desde garantizar el libre tránsito, como idea general, hasta efectuar las reparaciones necesarias, el debido mantenimiento, evitando la presencia de pozos, irregularidades, rajaduras o alteraciones que dificulten o hagan más riesgoso el tránsito y para cumplir con tales deberes concretos debe controlar, vigilar, estar presente y, en su caso, señalizar debidamente las imperfecciones o los obstáculos aquella libre y serena circulación"(42).



IX. La obligación de señalizar(43)

Doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera coinciden en que "la obligación de efectuar la señalización vial es un deber insoslayable en cabeza de quien tiene a su cuidado el mantenimiento y conservación del camino en condiciones de segura y confiable transitabilidad". Tal deber es particularmente subrayable en rutas que carecen de las características propias de las autopistas, pero que son de tránsito intenso en ambas direcciones, con altas velocidades autorizadas, por lo que generan la posibilidad de producirse accidentes con consecuencias de extrema gravedad (44).



X. Algunas sentencias que aplican estas reglas

Señala la S.C. que no pretende agotar la reseña de todos los supuestos, tarea impropia de una sentencia e incluso del doctrinario; dice muy bien Hutchinson que los ejemplos de casos resueltos donde la responsabilidad administrativa ha quedado establecida por falta o mal mantenimiento de las vías públicas son inabordables (45).

Con esta aclaración, señalo que por las reglas antes formuladas, el Estado responde si el accidente se produce:

a. por las anomalías del camino (CSN 1/3/1994, "Bullorini Jorge c/Provincia de Córdoba", LA LEY, 1994-C, 179; en el caso, había un cartel, pero en sentido contrario a la marcha del actor).b. si se trata de un camino que se encuentra deprimido como consecuencia de la erosión padecida por el terreno (46), si los daños fueron producidos por un lomo de burro no autorizado"(47).



XI. Conclusiones

a. Existe responsabilidad del Estado Nacional, Provincial o Municipal por los accidentes ocurridos en las rutas o caminos provinciales o municipales cuando el hecho es imputable a obstáculos en el camino, baches, pozos, que no han sido correctamente señalizados..

b. Esta responsabilidad es exclusiva del concesionario cuando las rutas hubiesen sido dadas en concesión (48).

c. La responsabilidad debe ser calificada como omisión del ejercicio del la función de policía de control, al no haber señalizado o advertido la existencia de obstáculos o baches en la vía pública.

 (1) CORREA José Luis, "Responsabilidad por omisión en la jurisprudencia de la Suprema Corte Mendocina" Suplemento de Derecho Administrativo 2004, La Ley, comentando el fallo S.C.J.Mza. "Torres c. Dpto. Gral. de Irrigación

 (2) MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Accidentes de automotores. Responsabilidad del Estado. Existencia de obstáculos. Mala señalización", en Revista de derechos de daños, t. I, Accidentes de tránsito, 2002, p. 30).

 (3) S.C.J.Mza, Sala I, 18/10/96 "Norton María teresa c. Municipalidad de Godoy Cruz s. Ordinario" Voces Jurídicas I-1997 pág. 136 y ss.

 (4) S.C.J. de Mza. en el fallo de fecha 17/2/2000, "Yanquinado c. Municipalidad de San Rafael", L.S. 293-445 J.Mza. abril 2001, N° 58, pág. 158.

 (5) S.C.J.Mza., Sala I: "Sechter, David en j 35.373/29.866 Sechter, David c/Municipalidad de la Capital de la Ciudad de Mendoza p/D. y P. s/Inc.", en sentencia del 25/10/2004.

 (6) S.C.J.Mza. "Urbieta Rolando A. y ots. en J: 151.571/39.570 Urbieta Rolando y ot. c/Dirección General de Vialidad P/D. Y P. S/INC.-CAS.". 29/04/2009.

 (7) Ley 3807 de Vialidad Provincial, prevé los caminos o rutas nacionales, provinciales o municipales., otorgándoles distinta jurisdicción. Ley 6063

 (8) AMENABAR, María del Pilar, "Responsabilidad extracontractual de la Administración Pública, Rubinzal Culzoni Editores, Sana Fe, 0ctubre de 2008.

 (9) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "Responsabilidad civil extracontractual de una entidad autárquica", LA LEY, 1992-A, 199.

 (10) CUIÑAS RODRIGUEZ, Manuel, "Accidentes de circulación y responsabilidad del Estado Municipal" La Ley 7 de diciembre de 1998.

 (11) CORREA, José Luis "POLICIA CAMINERA", La Revista del Foro de Cuyo on line, 04 de diciembre de 2006

 (12) SARMIENTO GARCIA, Jorge, Responsabilidades por una mala señalización de una obra en la vía pública, La Revista del Foro de Cuyo on line, martes, 28 de noviembre de 2006

 (13) CORREA, José Luis "Responsabilidad del Estado por omisión en la Jurisprudencia de la Suprema Corte mendocina" Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, La Ley marzo de 2004, y "Responsabilidad del Estado por la omisión en el control de actividades fiscalizadas", Ediciones Jurídicas Estudios de Derecho Administrativo XI, "La Responsabilidad del Estado", Ed. Diké, abril de 2005, pág. 321

 (14) ALBARRACIN, Estudios de Derecho Administrativo XI, "La Responsabilidad del Estado", Ed. Diké-Foro de Cuyo, abril de 2005, pág. 321.

 (15) C.S.J.N. "Lanati Marta Noemí c. D. Nacional de Vialidad, sentencia de 2/7/91 LA LEY, 1992-A, 201. La C.S. declaró procedente el Recurso Extraordinario Federal, y revocó la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, haciendo responsable a la D.N. de Vialidad por los daños a terceros ante la falta de señalización de la ruta. La obligación de responder establecida en el art. 1113 C.C. alcanza también a las omisiones culposas que en el caso de la administración pública, se encuentra también expresamente prevista en el art. 1112 del C.C. La obligación de señalizar es un debe insoslayable d e quien tiene el mantenimiento y conservación del camino.

 (16) C.S.J.N. "Bullorini, Jorge c. Prov. de Córdoba", LA LEY, 1994-C, 178.

 (17) C.S.J.N. "Roque Raymundo e Hijos SACIFIA c. Provincia de San Luis del 29 de junio de 2004, RCyS 2004-1142.

 (18) S.C.J. Mza., "Torres Francisco c. Prov. de Mendoza, La Ley 1989-C, 511: La C.S.J. pasa revista a alguna jurisprudencia nacional y a los precedentes provinciales:

a- "Díaz Ghiotti": en el fallo se aplicaron al Estado los principios de la responsabilidad civil, revocando la sentencia de Cámara que había invertido presunciones, pruebas etc.

b- "Fecunda SRL": en el fallo se indicaron los límites al deber de responder, ante una demanda de recupero iniciada contra el Estado por costas abonadas en un procedimiento administrativo de expropiación.

c- "Torres": donde se sostuvo que la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público se fundaba en las disposiciones del Código Civil. Estos fallos han sido resaltados por la doctrina, pero existe un sector crítico, quien señala que se estrechar el margen de responsabilidad por falta de servicio (Bercaitz ED 137-860; Garrido Cordobera " Los daños colectivos y la reparación", Buenos Aires, Ed. Univ. 1993, pág. 148).

 (19) MARIENHOFF Miguel S., ob. Cit. pág. 64, señala que el comportamiento omisivo cae dentro de la órbita de la actividad ilícita, pues de acuerdo al art. 1074 C.C., la responsabilidad surge de una disposición legal que impone una obligación de cumplir un hecho omitido. La omisión es sancionable porque el incumplimiento de un hecho ordenado por el derecho, implica una violación de la ley, un apartamiento ilícito de sus disposiciones. En cambio, las omisiones de hechos no impuestos por la ley, no gravitan en el derecho ajeno. No son sancionables. Sus eventuales consecuencias no le serían imputables al autor de la omisión pues jurídicamente serían irrelevante. Es importante recordar la distinción entre actividad ilícita y actividad lícita. Para la primera, la actividad ilícita es la asumida por el Estado, realizada por el funcionario, en forma irregular lo que constituye una falta de servicio (art. 1112) o la responsabilidad objetiva del dependiente (art. 1113 primer párrafo), con relación de causalidad adecuada entre el daño y la actividad antijurídica, contraria al derecho objetivo (ver La Rev. Foro de Cuyo, T° 42-2000, pág 201 fallo SCJ. 31/12/99 "GARCIA Francisco c. Municipalidad, por daños", donde se rechazó la demanda por un informe municipal y se dijo que para que proceda la responsabilidad del Estado, debe mediar una relación de causalidad adecuada entre la acción y el daño, en tanto requisito ineludible, imprescindible e inexcusable. Dicha causalidad debe ser directa, efectiva y posible, con gravitación relevante, esencial y suficientemente demostrada o comprobada a la ley de las reglas existentes en la materia). Para la segunda, responsabilidad por la actividad lícita, se requiere que exista actividad asumida por el Estado, directa, objetiva, que implique el ejercicio regular de una función del poder político, judicial, legislativo, que cause un daño especial que corresponda resarcir, que implique un sacrificio especial, con ausencia del deber de soportar. CORONEL Germán Alberto.,"Principios fundamentales de la Responsabilidad Extracontractual del Estado"(por acto o hecho de sus dependientes), Entre Ríos, 2001, pág. 130, transcribe el fallo "Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la vivienda c. B.C.R.A" del 19/5/92, (La Ley, 1998-D, 844, 847, 885) donde la C.S. dijo: 7°) Que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad lícita exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es, la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio y, obviamente, la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada (" Tejeduría Magallanes S.A." fallos 312:345), a los cuales cabe añadir atendiendo a la particular relación que en el caso vincula a las partes, la necesaria verificación de la existencia de un sacrificio especial en el afectado, como así también la ausencia de un deber jurídico a su cargo de soportar el daño.

 (20) S.C.J.Mza, Sala I, 18/10/96 "Norton María teresa c. Municipalidad de Godoy Cruz s. Ordinario" Voces Jurídicas I-1997 pág. 136 y ss.

 (21) S.C.J de Mza17/2/2000, "Yanquinado c. Municipalidad de San Rafael", L.S. 293-445 J.Mza abril 2001, N° 58, pág. 158

 (22) S.C.J..Mza "Sechter, David c/Municipalidad de la Capital de la Ciudad de Mendoza p/D. y P. s/Inc.", en sentencia del 25/10/2004.

 (23) S.C.J..Mza. "Urbieta Rolando A. y ots. en J: 151.571/39.570 Urbieta Rolando y ot. c/Dirección General de Vialidad p/d. y p. s/inc.-cas." 29/04/2009

 (24) "Vadell" J. A.1986/I/2003, ED 114:215, sentencia del 18/12/84 inscripción errónea de un titulo por el Registro Inmobiliario, por menciones defectuosas consignadas en el certificado de dominio por el Escribano, que supusieron transmisiones paralelas superpuestas de una misma fracción, lo que determinó una serie de litigios que responsabilizaron al Registro por errores registrales y conducta irregular de los escribanos públicos. Se abandona la fundamentación del art. 1113 para responsabilizar al Estado, haciendo sólo alusión al art. 1112, entendiendo además que la responsabilidad es objetiva y directa, por cuanto los funcionarios son órganos del Estado, en tanto actúan en ejercicio de sus funciones y por lo tanto lo que ellos hace lo hace el Estado mismo y a él son imputables las consecuencias dañosas.

 (25) C.S.J.N. Vadell J. A. 1986/I/2003, ED 114:215,

 (26) REIRIZ María Graciela, "Responsabilidad del Estado", en el libro "El Derecho Administrativo Argentino, hoy", Ed. Ciencias de la Administración, División Estudios Administrativos, Cap. Federal 1996, pág. 222,

 (27) SILVA TAMAYO, Gustavo E., "La autonomía científica del Derecho administrativo en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación (a propósito del voto en disidencia del Dr. Petracchi en los autos "Cena, Juan Manuel c. Pcia. de Santa Fe", ED 8 de marzo de 2001.

 (28) MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Visión jusprivatista de la responsabilidad en el libro "Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 23.

 (29) Cita para ello a Bidart Campos G." La responsabilidad por daños en el tercer milenio", Abeledo Perrot 1997, pág. 425.

 (30) VAZQUEZ, Adolfo Roberto, ob. cit. pág. 102, habla de los "genes civiles" de las instituciones administrativas, al analizar la personalidad jurídica de la administración, la teoría de la representación, teoría del órgano, cuando analizamos la responsabilidad directa e indirecta, en la determinación del daño, la reparación el nexo causal etc. Señala que ello lo hace compartir los conceptos y el criterio de la mayoría de los autores, Diez, Altamira Gigena, Reiriz, Bielsa, García de Enterría, Cretella, Gordillo, Marienhoff en el esfuerzo de sintetizar las teorías que justifican esta responsabilidad pública diferenciada de la privada. Cita a REIRIZ, María Graciela, en "Responsabilidad del Estado" Eudeba, Buenos Aires 1969, pág. 25 quien citando a Marienhoff señala que hay dos maneras de utilizar en derecho administrativo las normas y principios del derecho civil. Una consiste en recurrir a la analogía o a los principios generales del derecho y la otra considerar a determinadas normas del C.C., como normas generales. No se trata de una integración sino una aplicación directa. Esta opinión ha sido repetida en "Responsabilidad del Estado", en el libro "El Derecho Administrativo Argentino, hoy", Ed. Ciencias de la Administración, División Estudios Administrativos, Cap. Federal 1996, pág. 222.

 (31) CSN 1/3/1994, "Bullorini Jorge c/Provincia de Córdoba", LA LEY, 1994-C, 179; CSN, 28/7/1994, "Olmedo, Ricardo c/Municipalidad de Bs. As.", JA 1995-1-235; conf. Cám. Nac. Civ. sala H 29/11/1996, "El Cóndor E.T.S.A. c/Municipalidad de Bs. As.", LA LEY, 1998-F, 495, con nota de CUIÑAS RODRIGUEZ, Manuel, "Accidentes de circulación y responsabilidad del Estado municipal".

 (32) S.C.J.Mza. "Urbieta Rolando A. y ots. C/Dirección General de Vialidad p/d. y p. s/inc.-cas.". Mendoza, 20 de abril de 2009.-HECHOS. Relatan que el día 28/6/2004, siendo aproximadamente las 10:00 hs., su hijo circulaba al mando de un automotor marca Siam Di Tella, por la Ruta Provincial N° 60, denominada calle Perito Moreno, distrito Coquimbito, Maipú, con dirección de marcha al oeste; que a metros de llegar a la numeración 1709, el conductor del automotor se vio sorprendido por un bache de gran profundidad que prácticamente cubría todo el ancho de la banda Norte de la calzada, por lo que le resultó imposible evitarlo, lo que determinó que no pudiera mantener el dominio del vehículo. Que ante la inesperada presencia del bache, que estaba sin señalización, el conductor efectuó una maniobra a la izquierda, pero el auto derrapó y terminó impactando con su parte frontal contra el tronco de un árbol. Que el joven sufrió lesiones de gravedad que determinaron su muerte.

 (33) KEMELMAJER DE CARLUCCI en Belluscio, op. y loc. cits., p. 531 n° 52 y fallo y autores citados en nota 624).

 (34) Cita. S.C.J.Mza. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, sala II 23/04/2007 "López, Julio C. c/Municipalidad de la Capital" LA LEY, Gran Cuyo 2007 (agosto), 768.

 (35) Así, a modo meramente ejemplificativo, puede citarse lo resuelto en cuanto a que: "El pozo existente en la cinta asfáltica debe ser considerado una cosa riesgosa o peligrosa, razón por la cual el órgano municipal debe responder por los daños que ella cause, debido a su carácter de dueño o guardián" (C. Nac. Civ., sala K; 7/4/2006. "Lecman, Darío L. v. Ciudad de Buenos Aires". LA LEY, Online; en id. sentido: C. Nac. Civ., sala H, 13/2/2006, "Rojas, Eduardo A. v. Ciudad de Buenos Aires", LA LEY, Online).

 (36) CORREA, José Luis, Concesiones Viales Imprevisibilidad y el Deber de Seguridad. Fallo: Sala "M" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, "ABS Quality S.R.L. c/Autopistas del Sol y otros s/daños y perjuicios", publicado en RCyS, 2009-VII, 37.

 (37) AGOGLIA, María M., BORAGINA Juan C., MEZA Jorge A., Ibídem pág. 165".

 (38) MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Accidentes de automotores. Responsabilidad del Estado. Existencia de obstáculos. Mala señalización", en Revista de derechos de daños, t. I, Accidentes de tránsito, 2002, p. 30).

 (39) Cita. S.C.J.Mza C. Civ. Com. y Lab. Rafaela, 28/7/2006, "Junco, Herminia A. v/Municipalidad de Rafaela s/ordinario", en Zeus, 1/3/2007, n. 8.138, t. 103, fallo n° 16.281)

 (40) Cita. S.C.J.Mza. TRIGO REPRESAS, Félix y LOPEZ MESA, Mario, "Tratado de la responsabilidad civil", t. III, Ed. La Ley, 2004, ps. 353/354 y t. IV, ps. 78/79).

 (41) Cita de la S.C.J. C. Nac. Civ., sala K; 7/4/2006. "Lecman, Darío L. v. Ciudad de Buenos Aires". LA LEY, Online; en id. sentido: C. Nac. Civ., sala H, 13/2/2006, "Rojas, Eduardo A. v. Ciudad de Buenos Aires", LA LEY, Online

 (42) MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Accidentes de automotores. Responsabilidad del Estado. Existencia de obstáculos. Mala señalización", en Revista de derechos de daños, t. I, Accidentes de tránsito, 2002, p. 30).

 (43) Del voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci en Scheter. La obligación de señalizar. Doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera coinciden en que "la obligación de efectuar la señalización vial es un deber insoslayable en cabeza de quien tiene a su cuidado el mantenimiento y conservación del camino en condiciones de segura y confiable transitabilidad". Tal deber es particularmente subrayable en rutas que carecen de las características propias de las autopistas, pero que son de tránsito intenso en ambas direcciones, con altas velocidades autorizadas, por lo que generan la posibilidad de producirse accidentes con consecuencias de extrema gravedad (En el caso, grandes pozos en la carpeta asfáltica, que carecían de todo tipo de señalización. Bien se ha dicho que "a lo largo de una carretera, las señales y marcas viales advierten, recomiendan, informan, ordena o prohíben, todo lo cual implica un diálogo mediante el cual la administración titular de la vía, en ejercicio de su potestad de ordenación del tráfico, se dirige al usuario que con su conducta puede contestar a esas señales obedeciéndolas, siguiendo sus indicaciones, o ignorándolas" (Audiencia Nacional, 6/11/1995, Rev. General de Derecho, año LII, n 616/617, Febrero de 1996, pág. 723. En el caso, la carretera estaba en mal estado, prueba de lo cual es que en tres días se habían producido veintidós accidentes de motocicletas que acudían a una concentración en Jerez, con un total de ocho muertos).

 (44) En el caso, grandes pozos en la carpeta asfáltica, que carecían de todo tipo de señalización, CSN, 2/7/1991, "Lanati María N y otros c/Dirección Nacional de Vialidad", JA 1993-I-635 y LA LEY, 1992-A, 199, con nota de Bustamante Alsina, Jorge, "Responsabilidad civil extracontractual de una entidad autárquica". Lo expuesto en el texto es el voto ampliatorio del Dr. Barra. El fallo también se publica en Mosset Iturraspe, Jorge, "Visión jurisprudencial del valor de la vida humana", Santa Fe, Ed. Rubinzal, 1995, t. II pág. 192. En idéntico sentido, TS España, 3 Sec. 16/3/1995 Rev. Juríd. española La Ley, 1995-2-142). Bien se ha dicho que "a lo largo de una carretera, las señales y marcas viales advierten, recomiendan, informan, ordena o prohíben, todo lo cual implica un diálogo mediante el cual la administración titular de la vía, en ejercicio de su potestad de ordenación del tráfico, se dirige al usuario que con su conducta puede contestar a esas señales obedeciéndolas, siguiendo sus indicaciones, o ignorándolas" (Audiencia Nacional, 6/11/1995, Rev. General de Derecho, año LII, n 616/617, Febrero de 1996, pág. 723. En el caso, la carretera estaba en mal estado, prueba de lo cual es que en tres días se habían producido veintidós accidentes de motocicletas que acudían a una concentración en Jerez, con un total de ocho muertos).

 (45) Cita. S.C.J.Mza. HUTCHINSON, Tomás, "Breve análisis de la responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito", en Rev. de Derecho de Daños. Accidentes de transito, t. III, 1998, pág. 308. En este artículo puede compulsarse gran número de jurisprudencia europea y americana, además de la citada en el texto. Otros casos jurisprudenciales se citan en SANTOS BRIZ, Jaime, "Responsabilidad civil en los accidentes de circulación", Madrid, ed. La Ley, 1996, págs. 204/216).

 (46) Cita. S.C.J.Mza Cám. Apel. Concordia, sala III, 31/3/1997, "Almeida J c/Municipalidad de Villa del Rosario", La Ley Litoral Marzo de 1998, pág. 223. Conf. Azar, María J., "La responsabilidad del concesionario y del estado por accidentes en rutas. Incumplimiento del deber de señalización", en Rev. Responsabilidad civil y Seguros 1999-1050).

 (47) Cita. S.C.J.Mza. Cámara Nacional civil sala F, 4/7/2001, Rev. Resp. Civil y seguros 2001-5-77, LA LEY, 2001-F, 567 y Doc. Jud. 2001-3-541).

 (48) CORREA, José Luis, La responsabilidad del concesionario vial. Exoneración de responsabilidad del Estado provincial LA LEY 2007-D, 1041 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 1571. Responsabilidad del concesionario de las rutas concesionadas: adhesión a la tesis contractualista y al derecho del consumidor. Nota a Fallo LA LEY 2006-C, 490 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 1515.



Compartir con tus amigos:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   72


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad