Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



Descargar 3.89 Mb.
Página61/72
Fecha de conversión12.05.2019
Tamaño3.89 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   72

IV. Balance y perspectivas

1. La idea de fundamentar la responsabilidad extracontractual del Estado en los textos del Código Civil es bastante antigua. Si bien antes se pretendía responsabilizar al Estado como si fuera un patrón por los actos de los dependientes (art. 1113 Cód. Civil del texto anterior a la reforma) y, en la actualidad, se procura endosarle la responsabilidad por riesgo creado, lo cierto es que las fórmulas civilistas no encajan en el derecho administrativo que, por diferentes atajos, ha construido un sistema peculiar y diferenciado, con técnicas típicas del derecho público.

A su vez, en materia de responsabilidad contractual del Estado prevalecen los criterios publicistas y si bien la aplicación del derecho civil resulta procedente para cubrir la falta de regulación por el derecho administrativo, esa aplicación se lleva a cabo por vía de la analogía, compatibilizando las soluciones privatísticas con los fines y principios del derecho público.

2. La construcción de ese sistema, que parece no encontrar serias fisuras, se ha montado sobre tres figuras básicas: a) la falta de servicio como factor de atribución en la responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima o ilícita; b) el sacrificio especial como requisito "sine qua non" para atribuir responsabilidad al Estado por su actividad legítima o lícita; y por último, c) la aplicabilidad de la teoría del riesgo creado, en forma excepcional, con fundamento en razones de equidad.

3. A las soluciones que corresponde aplicar en cada supuesto se llega por diferentes vías partiendo del reconocimiento de los fundamentos constitucionales de la responsabilidad estatal (arts. 16 y 17 de la C.N., especialmente) y de los principios generales del Estado de Derecho (fundamentalmente el "alterum non laedere") para pasar luego a la aplicación directa o analógica, en cada caso, de los textos del Código Civil (según correspondiera) en materia de responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima. En cambio, en el sistema de responsabilidad por actividad legítima o lícita del Estado, se ha venido acudiendo, sin desmedro de los principios constitucionales, a las fórmulas compensatorias que contempla la ley de expropiaciones para establecer la medida de la indemnización debida por el Estado, si bien en los últimos precedentes de la Corte ("Jacarandá" y "Zonas Francas de Santa Cruz S.A.") ha prevalecido la tendencia favorable al reconocimiento del lucro cesante como rubro indemnizable aunque, en el respectivo proceso, no se hizo lugar a las pretensiones de los actores.

Por último, se ha extendido la frontera de la responsabilidad estatal desde la órbita administrativa hasta el campo de la actividad del legislador y del juez, y aun cuando esta última se considera más restringida lo cierto es que ambas se rigen tanto por principios propios como por otros que resultan comunes.

4. La insuficiencia del enfoque jurídico civilista para regir la responsabilidad del Estado, en el ámbito extracontractual, llevó a la Corte en el año 1984 a introducir un nuevo paradigma en la materia: la responsabilidad directa y objetiva basada en la teoría de la falta de servicio, (103) por aplicación de una formulación de derecho público extraída del propio Código Civil (art. 1112). También la condujo al reconocimiento de la responsabilidad por actividad legítima, con una compensación razonable y adecuada a las exigencias de la justicia distributiva. Excepcionalmente cabe admitir, con las salvedades señaladas, que se acuda a la teoría del riesgo creado para fundar la responsabilidad extracontractual del Estado por razones de equidad.

5. Postular la unidad del derecho de daños resulta un contrasentido jurídico-constitucional habida cuenta la incompatibilidad que traduce con respecto a las autonomías provinciales que imperan en el sistema federal adoptado, contrario a todo unitarismo en materia de derecho público. (104) La naturaleza local del derecho administrativo y, por tanto, de la regulación de su responsabilidad por cada Provincia (art. 121 y 122 C.N.) constituye un axioma constitucional que no puede ser controvertido en aras de la simplificación del sistema de responsabilidad.

6. Han pasado veinticinco años desde el caso "Vadell" y la jurisprudencia de la Corte —en materia de responsabilidad extracontractual— sigue manteniéndose en forma constante y creemos que, con las adaptaciones que impone siempre la realidad, sus líneas centrales seguirán prevaleciendo en el futuro. Porque el sistema estatal que se ha descripto no está cerrado sino abierto a distintas posibilidades científicas e interpretativas para que los jueces puedan cumplir con el mandato constitucional de afianzar la justicia. (105)

En definitiva, el balance sobre la institución resulta actualmente favorable y si bien no es tarea fácil formular predicciones acerca de su evolución en el tiempo, todo indica que las bases establecidas abren perspectivas promisorias para los derechos de las personas, en el marco de la justicia y de la equidad, sin salirse del marco del derecho público, es decir, aceptándose el recurso a la analogía para aplicar las soluciones que brinda el derecho privado frente a la configuración de lagunas (106) o carencias normativas en el derecho administrativo.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 (1) Sobre el fundamento de la responsabilidad del Estado nos remitimos a nuestro "Derecho Administrativo", t. I, Abeledo-Perrot, 9ª ed., Buenos Aires, 2009, p. 470 y ss.

 (2) Entre otras, si el factor de atribución "culpa" continúa siendo el eje del sistema de responsabilidad, civil o lo que es más trascendente, la actualidad y el futuro de la responsabilidad civil; ver al respecto: LÓPEZ MESA, Marcelo J., "La doctrina del riesgo creado y su posibilidad de aplicación al Estado (Análisis de las jurisprudencias francesas, española y argentina actual)", en Reda Nos. 27-29, Año 10, Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 435 y ss.

 (3) TAWIL, Guido Santiago, La responsabilidad extracontractual del Estado y de los funcionarios y la doctrina de la inmunidad soberana en el derecho norteamericano, LA LEY, 1988-C, 651 y ss. y BIANCHI, Alberto B., Panorama actual de la responsabilidad del Estado en el derecho comparado, LA LEY, 1996-A, 922 y ss.

 (4) Conforme con lo prescripto en la Sección 2680 (a) Título 28 USC que excluye las acciones planteadas ante la justicia contra actos que se dicten en ejercicio de facultades discrecionales, véase: BIANCHI, Alberto B., "Panorama actual..." cit., p. 949, nota 205.

 (5) BREWER CARIAS, Allan R., "Estudios de Derecho Administrativo", 2005-2007, Jurídica Venezolana, Caracas 2007, pp. 61-63, al comentar el art. 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que prescribe la responsabilidad de la Administración por los daños ocasionados por el funcionamiento (normal o anormal) de la misma. Para eximirse de responsabilidad la Administración sólo puede invocar la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o bien, caso fortuito o fuerza mayor (p. 62).

 (6) Ampliar en nuestro libro "El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa", Marcial Pons, Buenos Aires-Madrid, 2009, p. 197 y ss.

 (7) Es la fórmula que contempla el art. 1112 del Código Civil Argentino.

 (8) Este principio se encuentra implícito en el art. 19 de la C.N. (ver fallos 320:1996 y 327:3753.

 (9) GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, "La dignidad de las personas", Civitas, Madrid, 1986, p. 23 y ss.

 (10) Véase: FERRATER MORA, José, "Diccionario de Filosofía", t. Q-Z, ed. Ariel, Barcelona, 1999, p. 3305 y ss.

 (11) LÓPEZ MESA, Marcelo J., "La doctrina del riesgo creado...", cit., p. 442.

 (12) Véase: BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", 9ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 461 y ss., quien considera entre otros factores atributivos de responsabilidad a la equidad, el abuso del derecho y exceso de la normal tolerancia entre vecinos.

 (13) En cambio, en el derecho civil, la función del sistema del responder consiste en distribuir la carga económica del daño entre dos protagonistas: el autor o responsable del daño y la víctima; véase: LÓPEZ OLACIREGUI, José María, "Esencia y fundamento de la responsabilidad civil", en Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones N° 64, Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 941 y ss. Interesa puntualizar que si bien el ilustre jurista postula una corriente a fin a la unidad del responder-distribución teniendo como centro el acto dañoso y la repartición de los daños, en parte alguna de su trabajo se refiere a la responsabilidad del Estado, y menos aún a que ésta se encuentre regida por principios civilistas.

 (14) En Francia, a partir del "arrêt Blanco" dictado por el Tribunal de Conflictos, el 08 de Febrero de 1873.

 (15) Art. 106 de la C.E.; ampliar en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, "Curso de Derecho Administrativo", 6ª ed., t. II, Thomson-Civitas, Madrid, 1999, p. 369 y ss.

 (16) Art. 90 de la Constitución Política de 1991 que prescribe: El estado responderá patrimonialmente por los daños jurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

 (17) Art. 37, ap. 6° de la Constitución Federal, véase: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe, "Direito Administrativo o novo Código Civil", Forum, Belo Horizonte, 2007, pp. 222-233, sostiene que la responsabilidad es objetiva en relación a la persona jurídica Estado "lato sensu" (se entiende que al igual que las distintas entidades que lo componen) y subjetiva en relación al agente causante del daño.

 (18) El art. 24 de la Constitución prescribe "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección". La interpretación de este precepto constitucional, conjuntamente con el que le sigue (art. 25) conduce a la doctrina a sostener que, en principio, la responsabilidad recae sobre las entidades estatales y recién se puede responsabilizar a los funcionarios si el Estado "lato sensu" promoviera una acción contra los funcionarios para repetir lo pagado por los daños ocasionados por éstos últimos cuando hubieran obrado con culpa o dolo (Cfr. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo, "Sobre Derecho Administrativo", t. II, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, p. 578).

 (19) Cfr. Fallos 329:2088 ("Cohen, Eleazar c. Provincia de Río Negro y otros s/daños y perjuicios) (30/05/06).

 (20) TAWIL, Guido Santiago, "La responsabilidad extracontractual...", cit. p. 651 y ss.

 (21) BIANCHI, Alberto B., "Panorama actual ...", cit., p. 941.

 (22) SCHWARTZ, Bernard, "Administrative Law", 3ª ed., Little Brown and Co., Boston, 1991, p. 605 y ss.

 (23) Abordamos la tendencia jurisprudencial en nuestro trabajo Las grandes líneas de la responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en la obra colectiva Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000, p. 29 y ss.

 (24) VIDAL PERDOMO, Jaime, "Derecho Administrativo", 8ª ed., Temis, Bogotá, 1985, p. 372 y ss; RODRÍGUEZ R., Libardo, "Derecho Administrativo General y Colombiano", 15ª ed., Temis, Bogotá, 2007, p. 497, sostiene que la responsabilidad directa de derecho público que establece el art. 90 de la Constitución Política de 1991, sobre la base del concepto de daño antijurídico se fundamenta en el art. 106 de la Constitución española de 1978; SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, "Tratado de Derecho Administrativo", t. I, 3ª ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 172, anota que la jurisprudencia colombiana acude a conceptos de responsabilidad provenientes de un sector de la doctrina española representado por Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ (en su conocida obra "Curso de Derecho Administrativo"), ver también: BARRERA MUÑOZ, William, "La responsabilidad del Estado en el derecho colombiano", en REDA N° 70, Buenos Aires, 2009 (en prensa), Cap. III.

 (25) BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, "Curso de Direito Administrativo", 24 ed., Malheiros Editores, San Pablo, 2007, p. 972; sin embargo, para la responsabilidad estatal por omisión considera que la responsabilidad es subjetiva (op. cit. p. 1006) fundada en falta del servicio; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, "Curso de Direito Administrativo", 14ª ed., Editores Forense; Río de Janeiro, 2006, p. 588, pone énfasis en las teorías del riesgo administrativo y del riesgo integral; BACELLAR FILHO, Romeu Felipe, "Direito Administrativo e o novo Código Civil", Forum, Belo Horizonte, 2007, p. 212, afirma que la Constitución vigente prescribe la responsabilidad objetiva del Estado.

 (26) SOTO KLOSS, Eduardo, La responsabilidad del Estado-Administración es objetiva, en la obra "Derecho Administrativo". 120 años de cátedra, (Coord. Rolando PANTOJA BAUZA), Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2008, p. 399 y ss., considera que la falta de servicio en materia de los servicios estatales se configura por la omisión del obrar debido (mala praxis, transgresión de las normas que regulan los procedimientos hospitalarios), y que la responsabilidad estatal por el daño-lesión gira sobre la base de la causalidad material (op. cit. p. 414); en materia municipal también se ha acogido la teoría objetiva de la responsabilidad basada en la falta de servicio; véase: HUIDOBRO SALAS, Ramón, Aproximación a la responsabilidad contractual en el ámbito municipal, en el libro Derecho Administrativo, cit., p. 393 y ss.; FIAMMA OLIVARES, Gustavo, La acción constitucional de responsabilidad y la responsabilidad por falta de servicio, en Revista chilena de Derecho PUC, Vol. 16, N° 2, Julio-Agosto, Santiago de Chile, 1998, p. 489 y ss.

 (27) SAYAGUÉS LASO, Enrique, "Tratado de Derecho Administrativo", t. I, Talleres Gráficos Barreiro y Ramos S.A., Montevideo, 1963, recordaba que la jurisprudencia se había orientado hacia las soluciones de derecho público aunque con ciertas vacilaciones en punto a los lineamientos generales del sistema (pp. 648-650). Para SAYAGUÉS LASO la solución interpretativa técnicamente recomendable era acudir al concepto de "falta de servicio" como idea básica del sistema de responsabilidad por acto o hecho administrativo (p. 651). Una opinión opuesta es la de MARTINS, Daniel Hugo en "La responsabilidad del Estado por acto o hecho administrativo", Revista de Derecho Público y Privado, t. 30, p. 277 y ss.; véase además: PRAT, Julio A., "Derecho Administrativo", t. 4, vol. 2, Acali Editorial, Montevideo, 1978, sostiene que la determinación constitucional no es precisa y que debe ser completada por la doctrina y la jurisprudencia. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo sentó en 1988 el carácter objetivo de la responsabilidad con fundamento en el art. 24 de la Constitución (TCA 3er Turno Sentencia N° 182 de 16-VI-1988), cuya reseña figura en Anuario de Derecho Administrativo, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1990 (Dir. Mariano R. Brito), p. 158, junto a otros precedentes del JLCA.



 (28) Art. 238 de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27.444); véase: MORÓN URBINA, Juan Carlos, "Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos General", Gaceta Jurídica, 5ª ed., Lima, 2006, p. 658 y ss. No obstante, la jurisprudencia peruana no ha desarrollado la teoría de la responsabilidad estatal.

 (29) Sin embargo, destacados civilistas utilizan la falta de servicio como factor de atribución para determinar la responsabilidad del Estado; entre ellos, véase: BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "Responsabilidad del Estado por error judicial, (El auto de prisión preventiva y la absolución)", LA LEY, 1996-B, 311, al adaptar y ampliar la interpretación que hiciera sobre el art. 1112 del Código Civil sostiene que aunque este precepto continúa rigiendo la responsabilidad de los funcionarios públicos "ello no significa que no se induzca también de allí un principio general de derecho público, que impone la responsabilidad objetiva del Estado por la falta de servicio que implica la irregular prestación de la administración de justicia..." y más adelante afirma rotundamente que la responsabilidad del Estado es directa y objetiva; ídem, en Responsabilidad del Estado por la muerte de internos en una cárcel al incendiarse ésta, LA LEY, 1996-C, 584, cabe apuntar que en este trabajo Bustamante Alsina se adhiere expresamente a nuestra tesis sobre la responsabilidad estatal (cit., p. 586, nota 1); TRIGO REPRESAS, Félix A., "Responsabilidad de los jueces y Estado juzgados por daños derivados de errónea actividad judicial", Separata de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, La Ley, Junio, 2008, p. 2 y ss., especialmente pp. 21-22; ver también del mismo autor, en colaboración con Marcelo J. LÓPEZ MESA, el "Tratado de la responsabilidad civil", t. IV, La Ley, Buenos Aires, 2004, Cap. 14 (redactado por López Mesa con la colaboración de Stella Maris Bambino), p. 12 y ss; señala que "los criterios adoptados por la Corte Suprema siguen, sin citarlos, dos trabajos de CASSAGNE publicados en la Revista El Derecho durante los años 1982 y 1983, bajo el título de En torno al fundamento de la responsabilidad del Estado (en ED, 99-937) y del mismo autor La responsabilidad extracontractual del Estado en el campo del derecho administrativo (ED, 100-985), así como —aunque en menor medida— un opúsculo de Juan Francisco LINARES, titulado En torno de la llamada responsabilidad civil del funcionario público, (publicado en LA LEY, 153-160). Cabe señalar que, con bastante anterioridad al cambio jurisprudencial de la Corte Suprema, Leonardo A. COLOMBO, en su obra "Culpa aquiliana (cuasidelitos)", 1ª ed., TEA, Buenos Aires, 1944, p. 459 y ss. había reconocido la posibilidad de responsabilizar al Estado por la aplicación del art. 1112 del Código Civil, con cita del conocido precedente de la Corte de Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires (LA LEY, 12-122), p. 459, nota 641; véase también MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Responsabilidad por daños", t. X, Responsabilidad del Estado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 162, texto y nota 43. En el derecho procesal, vid: BERIZONCE, Roberto O., "El contralor de la labor jurisdiccional del Poder Judicial", en "Anales" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, t. 30, 1987, pp. 14 y 18, admite la responsabilidad objetiva y directa del Estado por el funcionamiento anormal del servicio jurisdiccional que implique faltas de servicio, con sustento en el art. 1112 del Código Civil.

 (30) Cabe advertir que los fallos de la Corte en los que se interpretó el art. 1112 desde el caso "Vadell" (1984) y posteriores fueron suscriptos por el Dr. César Augusto Belluscio, con la disidencia que reiteradamente sentó el Dr. Adolfo Vázquez sosteniendo la tesis de la responsabilidad indirecta del Estado (por aplicación del art. 1113, primera parte, del Código Civil).

 (31) KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída, "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", (Dir. Augusto C. Belluscio y Coord. Eduardo A. Zannoni), t. 5, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 420.

 (32) Vid nuestro Derecho Administrativo, 9ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, pp. 521-522.

 (33) Un sistema similar rige en Colombia, en el que independientemente de la responsabilidad personal del funcionario existe la responsabilidad financiera frente a la Administración; un buen desarrollo de esta última especie de responsabilidad puede verse en: IBAÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, "Estudios de Derecho Constitucional Económico", Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001, p. 1010 y ss.

 (34) La recurrencia a la aplicación analógica de las normas civiles al derecho administrativo ha sido objeto de la crítica de Jorge A. SÁENZ en el excelente trabajo publicado, como parte del Homenaje que hicimos los Profesores de la UBA a la Dra. REIRIZ, María Graciela bajo el título "La responsabilidad contractual en el derecho público argentino", Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, p. 79. Al respecto, la conclusión a la que llega el distinguido colega nos parece excesivamente dogmática, por cuanto, salvo supuestos establecidos por la ley o la naturaleza de la norma, la aplicación del Código Civil se lleva a cabo mediante la adaptación a los principios que constituyen la sustancia del derecho administrativo, como dijo la Corte en el conocido caso "Los Lagos". Por lo demás, la no aceptación de casos o supuestos no previstos responde a la concepción que sustentaba LINARES acerca del carácter pleno o hermético del sistema jurídico, lo que hoy día se ha demostrado como un dogma imposible de seguir sosteniendo en el campo de la interpretación jurídica.

 (35) PERRINO, Pablo E., "Crítica al enfoque ius privatista de la responsabilidad del Estado", obra colectiva Cuestiones de responsabilidad del Estado y del funcionario público, RAP, Buenos Aires, 2008, p. 79 y ss.

 (36) MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Responsabilidad por daños", t. X, cit. pp. 66-67, se queja de la soberbia de los administrativistas al no aceptar la tesis unitaria sobre el derecho de daños (p. 144, nota 90) y dice que se pretende duplicar la responsabilidad estatal por parte del derecho público cuando ella se encuentra regulada en el Código Civil. Al respecto, el hecho de disentir con la tesis civilista, antes que traducir una postura soberbia, revela la firme convicción que existe, prácticamente, en todo el derecho administrativo argentino (por cierto que con diferentes matices) al sostener que la responsabilidad estatal pertenece al derecho público. Por lo demás, no se trata de duplicar el sistema de responsabilidad sino de armonizarlo con la Constitución. El afán de unificar para simplificar el sistema conduce al distinguido jurista a sostener un unitarismo contrario a la Constitución y pasado de moda, repudiado claramente por la Corte, en particular a partir del caso "Barreto" (Fallos 329:759) (2006).

 (37) GAMBIER, Beltrán y PERRINO, Pablo E., ¿Pueden las provincias dictar normas en materia de responsabilidad del Estado?, JA, 1996-IV-793.

 (38) In re "Barreto Alberto Damián y otro c. Provincia de Buenos Aires y otro s/daños y perjuicios", CSJN, 21/03/2006, publicado en RAP, N° 334, p. 172 y ss. (Fallos 329:759); sobre la cuestión que tratamos en el texto nos remitimos a nuestro trabajo "Nuevos criterios en la jurisprudencia de la Corte", La LEY, 2007-B, 1293.

 (39) Véase nuestro Derecho Administrativo, 8ª ed., t. I, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2006, pp. 488-490.

 (40) En el mismo sentido: GORDILLO, Agustín A., "Tratado de Derecho Administrativo", t. 2, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998, p. XIX-33.

 (41) ALTERINI, Atilio Aníbal, "La responsabilidad civil", 2ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1972, apunta que "imputar una acción es declarar la autoría de alguien" y que "la acción es imputable cuando puede referirse a la actividad de una persona, pero tal imputación no adelanta criterio acerca de la responsabilidad del sujeto" (pp. 16-17).

 (42) La noción de imputabilidad, que implica atribuir la autoría de un hecho a una persona, puede emplearse en sentidos diversos, no necesariamente opuestos. La imputación, dentro del sistema de responsabilidad estatal puede ser concebida como la causalidad material que explica la génesis del hecho. En cambio, a través de la conexión causal se procura encontrar una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño. A su vez, la imputación, en un sentido más amplio, se descompone en dos fases: una que hemos denominado imputabilidad material y otra que representa el factor atributivo de responsabilidad. La primera responde al interrogante respecto de a quien se atribuye el hecho dañoso, mientras la segunda se refiere a por qué se responde. En la responsabilidad del Estado tanto la imputabilidad material como el factor de atribución tienen naturaleza objetiva toda vez que no es necesario individualizar al autor del daño. En el derecho penal puede consultarse la obra de FIERRO, Guillermo Julio, "Causalidad e imputación", Astrea, 2ª ed., reimpresión, Buenos Aires, 1008, p. 419 y ss.

 (43) MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Responsabilidad por daños. Parte general", t. I, Ediar, Buenos Aires, 1982, enuncia un concepto muy claro sobre la antijuridicidad en los siguientes términos: "la acción será antijurídica ... cuando infrinja los mandatos o prohibiciones del ordenamiento jurídico; cuando viole una norma de deber destinada a la protección de los intereses", (op. cit. p. 37).

 (44) Así lo define BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", 9ª ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 125.

 (45) Como en el caso de Colombia, de acuerdo a la regulación establecida por la ley 80 de 1993; véase: SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, "Tratado...", cit., t. III, p. 108 y ss. y t. IV, p. 48 y ss.; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Libardo, "Derecho Administrativo colombiano", Porrúa y Universidad Autónoma de México, Colección Internacional de Derecho Administrativo, coordinado por el Profesor Jorge FERNANDEZ RUIZ, México, 2004, p. 347 y ss.; BENAVIDEZ, José Luis, "El Contrato Estatal (entre el Derecho Público y el Derecho Privado)", Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 27 y ss.; Perú adopta un sistema similar, ver LINARES, Mario, El contrato estatal, con prólogo de Jorge Danós Ordoñez, Girjley, Lima, 2002, p. 16 y ss.: postura que se apoya en la legislación y en un sector de la doctrina (ZEGARRA VALDIVIA, Diego, El contrato ley. Los contratos de estabilidad jurídica, ed. Gaceta Jurídica, con prólogo de Jorge DANÓS ORDOÑEZ, quien comparte la posición unitaria). En México, se sigue, en cambio, la tendencia dualista sobre los contratos que celebra la Administración en forma similar a la corriente que prevalece en Argentina, véase: BEJAR RIVERA, José Luis, "Curso de Derecho Administrativo", Oxford University Press, México, 2007, p. 240 y ss.

 (46) MARIENHOFF, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", t. III-A, 4ª ed. Actualizada, Buenos Aires, 1994, p. 74 y ss.; hay que tener en cuenta que, en su opinión, las cláusulas exorbitantes virtuales constituyen expresiones de las potestades o prerrogativas que le corresponden a la Administración, las cuales, por cierto, no son absolutas ni ilimitadas, y que nuestro querido maestro entiende que la competencia debe ser expresa y en caso de duda, regida por el principio de la especialidad (op. cit. t. I, 4ª ed., Buenos Aires, 1990, p. 573).

 (47) JEANNERET de PEREZ CORTES, María en "Acto administrativo y contrato administrativo", en "Contratos Administrativos", Jornadas de la Universidad Austral, ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000, pp. 145-146; véase también nuestro "El Contrato Administrativo", Abeledo-Perrot, 9ª ed., Buenos Aires, 2009, pp. 12-13 y 48-50. Sobre el contenido del régimen exorbitante o administrativo ver: BARRA, Rodolfo Carlos, "Tratado de Derecho Administrativo", t. I, p. 266 y ss., concibe a dicho régimen como un modelo al servicio del bien común realizado a través de la justicia distributiva (p. 270). Al respecto, consideramos que las prerrogativas traducen la realización de la justicia legal o general, aparte de que el concepto empleado por Barra sobre la justicia distributiva (que comparten otros autores) difiere del clásico utilizado en nuestros trabajos.

 (48) SÁENZ, Jorge A., "La responsabilidad contractual...", cit. p. 98 y ss.

 (49) RODRÍGUEZ, Libardo, "El equilibrio económico de los contratos administrativos", Temis, Bogotá, 2009, p. 10 y ss.

 (50) El análisis al que nos remitimos puede verse en El Contrato Administrativo, 3ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 93 y ss.

 (51) Vid: GALDÓS, Jorge Mario, "¿El riesgo creado suprimió el régimen de la culpa del Código de Vélez Sarsfield?", Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, t. II, Córdoba, 2000, p. 428 y ss. Cabe apuntar que en la doctrina del derecho privado se ha dicho que "la aplicación desmesurada del artículo 1113 del Código Civil a supuestos que ontológicamente le son ajenos ha extendido ad infinitum el ámbito de la obligación del Estado de reparar los daños sufridos por los particulares" (Cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "La doctrina del riesgo creado y su posibilidad de aplicación al Estado (Análisis de la jurisprudencia francesa, española y argentina actual), REDA n° 27/29, Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 435.

 (52) Así los denomina un sector de la doctrina (LÓPEZ OLACIREGUI, José María, op. cit., pp. 950-951).

 (53) Como es sabido, la teoría del riesgo encuentra sustento en la doctrina de DUGUIT.

 (54) La expresión "servicio público" se emplea en España con sentido amplio, comprensivo, en este caso, de toda la actividad administrativa.

 (55) Fallos, 317:728, en el que se resolvió responsabilizar al Estado por los daños provocados por agentes de las fuerzas armadas y de seguridad mediante la utilización de armas suministradas por la repartición estatal; sobre otros casos, algunos de los cuales han aplicado incorrectamente la teoría del riesgo (pues se trataba de faltas de servicio), véase: PERRINO, Pablo E., "Los factores de atribución de la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad lícita" en Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000, p. 72 y ss. Entre los supuestos en que se invocó la teoría del riesgo cabe citar los daños ocasionados por: a) la caída de árboles; b) el mal estado de aceras, calles y rutas; c) el desprendimiento de partes de un monumento público; d) la demolición de un inmueble; e) mal funcionamiento de ascensores; f) explosivos; g) el uso de armas de fuego; h) automotores oficiales (PERRINO, Pablo Esteban, op. cit. p. 131 y ss.). Salvo el caso de los daños provocados por explosivos, en los que existe una extrema peligrosidad susceptible de justificar la aplicación de la teoría del riesgo, los demás supuestos podrían haberse encuadrado en la concepción de la falta de servicio para declarar responsable al Estado.

 (56) El Art. 288 —párrafo segundo— del Tratado de la UE prescribe: "En materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados Miembros".

 (57) Vid: SENKOVIC, Petra, "L'évolution de la responsabilité de l'État législateur sous l'influence du droit communautaire", Bruyant, Bruselas, 2000, p. 5 y ss.

 (58) Véase: GARCÍA PULLES, Fernando R., "Algunas ideas sobre los procesos de integración y sus efectos en materia de responsabilidad del Estado", en Responsabilidad del Estado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 123 y ss.

 (59) COBREROS MENDAZONA, E., "El Tribunal de Justicia de Luxemburgo confirma la posible responsabilidad de la Comunidad por actuaciones del Defensor del Pueblo Europeo", RAP, Madrid, Mayo-Agosto, 2004, p. 195.

 (60) JANER TORRES, Joan David, "La influencia del derecho comunitario en la creación de un "ius commune" de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales", en RAP, Madrid, Enero-Abril, 2002, p. 185.

 (61) El origen de dicha construcción se debe a la labor del Tribunal de Conflictos: ver "arrêt Blanco".

 (62) LAUBADERE, André de, "Traité de Droit Administratif, actualizado por Venezia y Gaudemet", t. I, LGDJ, París, 1984, p. 747.

 (63) Ampliar en: PERRINO, Pablo E., "Los factores de atribución...", cit., p. 64 y ss. En el derecho comunitario se sanciona especialmente el incumplimiento de las normas comunitarias por un Estado miembro de la Unión Europea, véase: BARRA, Rodolfo Carlos, Responsabilidad del Estado en el derecho de integración, en "Responsabilidad del Estado y del funcionario público", cit. pp. 378-379 y las respectivas citas de los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 (64) LINARES, Juan Francisco, "En torno a la llamada responsabilidad civil del funcionario público", LA LEY, 153-601 y nuestro "La responsabilidad extracontractual del Estado en el campo del derecho administrativo", ED, 100-986 (1982).

 (65) Fallos, 306:2030 (1984).

 (66) Vid por todos: PAILLET, Michel, La faute du service public en "Droit Administratif Français", Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1980, p. 301 y ss.

 (67) REIRIZ, María Graciela, Responsabilidad del Estado, en "El Derecho Administrativo, Hoy", Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1996, p. 226 y HUTCHINSON, Tomás, "Los daños producidos por el Estado", Revista Jus, Revista Jurídica de la Provincia de Buenos Aires, n° 36, Librería Editora Platense, La Plata, 1984, pp. 51-74; SÁENZ, Juan Ignacio, "Bases de la responsabilidad del Estado en Argentina: teorías, fundamentos y procedencia en Responsabilidad del Estado" (Dir. Pedro Aberastury), LexisNexis-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007, p. 83 y ss.

 (68) LEGUINA VILLA, Jesús, "La responsabilidad del la Administración Pública", 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1983, p. 155 con cita de un trabajo de ALTIERI, "Aspetti della responsabilitá degli ente pubblice nel vigente ordinamiento francese", en Rivista Trimestrale de Diritto pubblico, 1966.

 (69) BRARD, Yves, "La responsabilidad administrativa de las personas privadas", Tesis, Caen, 1975, p. 177, cit. por PAILLET, Michel, op. cit., p. 301.

 (70) Entre otros: MOREAU, Jacques, "La responsabilité administrative", 3° ed., PUF, París, 1996, p. 61; CHAPUIS, René, "Droit administratif général", t. I, Montchrestien, París, 1996, p. 1178; en la clásica obra de BONNARD se alude al concepto de falta del servicio público para concluir que el funcionamiento defectuoso que origina la responsabilidad, se refiere al aspecto objetivo de la falta (Cfr. BONNARD, Roger, "Précis de Droit Administratif", Sirey, París, 1935, p. 92).

 (71) DUPEYROUX, Henri, "Faute personnelle et faute du service public", Tesis, París, 1922, cit. por PAILLET, Michel, op. cit., p. 302.

 (72) BENOIT, Francis Paul, "Le droit administratif français", Dalloz, París, 1968, p. 709.

 (73) Así lo ha destacado LEGUINA VILLA, Jesús, op. cit., pp. 87-88.

 (74) Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo – FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, "Curso de Derecho Administrativo", 6° ed., Civitas, Madrid, 1999, p. 369 y ss.

 (75) MIR PUIGPELAT, Oriol, "La responsabilidad patrimonial de la Administración. Hacia un nuevo sistema", Civitas, Madrid, 2002, p. 181 y ss.

 (76) MARTÍN REBOLLO, Luis, Los fundamentos de la responsabilidad del Estado, en "Responsabilidad del Estado y del funcionario público", cit., p. 15 y ss.

 (77) GARRIDO FALLA, Fernando, "Tratado de Derecho Administrativo", t. II, 9° ed. Tecnos, Madrid, 1989, p. 226 y ss.

 (78) ALESSI, Renato, "Sistema Istituzionale del Diritto Amministrativo Italiano", Giuffrè, Milán, 1958, p. 519 y ss.

 (79) Fallos, 306:2030.

 (80) Cfr. SARMIENTO GARCÍA, Jorge H., "La responsabilidad del Estado en la Provincia de Mendoza", en Responsabilidad del Estado y del funcionario público, cit., pp. 384-385 y PERRINO, Pablo E., op. cit., p. 68.

 (81) Cfr. MATA, Ismael, Responsabilidad del Estado por el ejercicio del poder de policía, en Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, cit., pp. 173 y 182, punto 4).

 (82) PAILLET, Michel, op. cit., pp. 302-305.

 (83) BENOIT, Francis Paul, op. cit., p. 709.

 (84) Al respecto, una de las críticas más fuertes en la doctrina española es la de Oriol MIR PUIGPELAT (op. cit., p. 196 y ss.).

 (85) BALBÍN, Carlos, "Curso de Derecho Administrativo", t. II, La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 331 y ss., especialmente, pp. 394-405. Vale la pena puntualizar que el distinguido autor no rechaza de plano la aplicación del art. 1112 del Código Civil para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado pues sostiene que debe aplicarse por vía analógica de primer grado (op. cit. 395). En síntesis, utiliza la culpa como factor de atribución en ciertos casos (cuando el deber jurídico del Estado es inespecífico) y el factor objetivo que considera procedente aplicar en aquellos supuestos en que el deber de cumplir las obligaciones se encuentra establecido de modo claro y preciso (op. cit. p. 404). Debemos señalar también que el propio BALBÍN reconoce que la jurisprudencia de la Corte continúa en línea con la tesis objetiva de la responsabilidad del Estado y cita tres precedentes, entre otros, que así lo confirman ("Ramos", Fallos 328:2546; "Mosca", Fallos 330:563 y "Serradilla", Fallos 330:2748) lo cual resulta encomiable pues evita confundir al lector acerca de la realidad jurisprudencial argentina.

 (86) CUADROS, Oscar Alvaro, "Responsabilidad del Estado. Fundamentos, Aplicaciones, Evolución Jurisprudencial", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 143 y ss.



 (87) Vid GALLI BASUALDO, Martín, "La falta de servicio y la falta personal", Rev. El Derecho, t. 2008-653; ver también FARRANDO, Ismael, El alcance de la indemnización de la responsabilidad del Estado, en Cuestiones de responsabilidad... cit., p. 61; aunque señala contradicciones en la tendencia jurisprudencial de la Corte ya que, en algunos precedentes, se hizo aplicación del art. 1113 del Código civil, como en su momento apuntó MERTEHIKIAN (op. cit. p. 66). Al respecto, debe tenerse en cuenta que: a) las contradicciones señaladas por MERTEHIKIAN se hicieron en un tiempo cercano a tales precedentes pues su libro se publicó en 1998; b) que, según la revisión que hemos efectuado, en los últimos catorce años no se volvió a invocar el art. 1113 —primera parte— del Código Civil (responsabilidad indirecta). En definitiva, ha prevalecido en la jurisprudencia de la Corte —en materia de responsabilidad extracontractual del Estado por actividad ilegítima— la tendencia a su configuración directa y objetiva.

 (88) LINARES, Juan Francisco, En torno a la llamada responsabilidad civil del funcionario público, LA LEY, 153-601; GAUNA, Juan Octavio, Responsabilidad del Estado. La competencia originaria de la CSJN y la revisión de la noción de causa civil en Responsabilidad del Estado, ed. Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2008, pp. 327-329, interesa destacar que GAUNA, como Procurador General de la Nación, al dictaminar en la causa "Ruth Sedero de Carmona c. Provincia de Buenos Aires" (Fallos 310:1074) hizo referencia a la nueva interpretación de la Corte sobre el art. 1112 del Código Civil realizada en el caso "Vadell" (Fallos 306:2030); SESÍN, Domingo J., Responsabilidad del Estado en la Provincia de Córdoba en "Responsabilidad del Estado", XXX Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, Rap, Buenos Aires, 2005, p. 537 y ss; COMADIRA, Julio Rodolfo, La responsabilidad del Estado por su actividad lícita o legítima, EDA 2001-2002, p. 756 y ss., especialmente, pp. 761-762; SARMIENTO GARCÍA, Jorge, La responsabilidad del Estado en la Provincia de Mendoza en "Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público", Jornadas de la Universidad Austral, cit., pp. 384-385; BARRA, Rodolfo Carlos, Cometidos administrativos en la actividad notarial y responsabilidad del Estado, ED, 117-927; y Responsabilidad del Estado de sus actos y contratos, ED, 122-864, especialmente 865, nota 11; JEANNERET de PÉREZ Cortes, María, El ejercicio del poder de policía y la responsabilidad del Estado. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la causa "Friar S.A." en "Cuestiones de Responsabilidad..." cit. p. 57; y en "Responsabilidad del Estado en materia de salud pública", XXX Jornadas cit., p. 313; GALLEGOS FEDRIANI, Pablo, "Responsabilidad del Estado por incumplimiento de la condena judicial en Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del funcionario", Jornadas de la Universidad Austral, RAP, Buenos Aires, 2008, pp. 355-357; USLENGHI, Alejandro Juan, "Lineamientos de la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita, en Responsabilidad del Estado y del Funcionario..." cit., pp. 56-57; BIANCHI, Alberto B., "La responsabilidad de los entes reguladores en Responsabilidad..." cit., pp. 164.165; PERRINO, Pablo Esteban, "Los factores de atribución en la responsabilidad del Estado por su actividad lícita en Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público", cit., p. 59 y ss.; MERTHIKIAN, Eduardo, "La responsabilidad pública. Análisis de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema", con prólogo de Julio César Cueto Rua, Abaco, Buenos Aires, 1998, pp. 63-73 y 97-99; PITHOD, Eduardo L., "Responsabilidad del Estado por acto lícito en Estudios de Derecho Administrativo", t. XII, Ieda, ediciones Dike, Mendoza, 2005, pp. 153-154; BARRAZA, Javier Indalecio, "Responsabilidad extracontractual del Estado", La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 83; BOTASSI, Carlos Alfredo, "Responsabilidad del Estado por su actividad jurisprudencial en Responsabilidad..." cit., p. 101, texto y nota 22; CANOSA, Armando N., "Nuevamente el art. 1113 del Código Civil y la responsabilidad del Estado", ED, 157-84; ANDREUCCI, Carlos Alberto, "Responsabilidad del Estado en la Provincia de Buenos Aires en Responsabilidad..." cit., pp. 264-265; GAMBIER, Beltrán, Algunas reflexiones en torno a la responsabilidad del Estado por omisión, a la luz de la jurisprudencia, LA LEY, 1190-E, 617; GALLI BASUALDO, Martín, "Responsabilidad del Estado por su actividad judicial", Hammurabi, Buenos Aires, 2006, pp. 75-77 y ss.; AMENÁBAR, María del Pilar, "Responsabilidad extracontractual de la Administración Pública", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, pp. 391-392; SALOMONI, Jorge Luis, "Originalidad del fundamento de la responsabilidad del Estado en la Argentina (Alcances y régimen jurídico con especial referencia a la extracontractual)". ED, Suplemento de Derecho Administrativo del 29/03/00, p. 7 y ss.; BONPLAND, Viviana M.C., Responsabilidad extracontractual del Estado (Análisis exegético de las citas del codificador al art. 1112 del Código Civil , LA LEY, 1987-A, 779; con reservas en punto a la necesidad de regular el instituto en el futuro, véase: BUSTELO, Ernesto, "Responsabilidad del Estado por sus faltas de servicio en Estudios de Derecho Administrativo", IEDA N° XII, Dike, Foro de Cuyo, Mendoza, 2005, p. 32 y ss.; CALONGE, Diego Andrés, "Responsabilidad del Estado en la Provincia de Buenos Aires. Análisis de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en Responsabilidad del Estado..." cit. (Dir. Pedro Aberastury), p. 471 y ss.; CAPUTI, María Claudia, "Tendencias actuales en materia de responsabilidad del Estado por funcionamiento irregular de los órganos judiciales. El caso Amiano", LA LEY, 2000-C, 763; CANDA, Fabián O., La responsabilidad del Estado por omisión (Estado de situación en la jurisprudencia de la CSJN) en "Cuestiones de Responsabilidad..." cit., pp. 158-161; SAMMARTINO, Patricio M. E., La imputabilidad en la responsabilidad del Estado en "Cuestiones de responsabilidad..." cit., pp. 432 y 456; FRANCAVILLA, Ricardo H., La imputabilidad en la Responsabilidad del Estado en "Cuestiones de Responsabilidad..." cit., pp. 228-229; VILLARRUEL, María Susana, Jurisdicción y competencia en materia de responsabilidad del Estado en "Cuestiones de Responsabilidad..." cit. p. 516; entre los trabajos más recientes, aparte del estudio específico de GALLI BASUALDO antes citado cabe mencionar: ABERASTURY, Pedro, Principios de la responsabilidad del Estado en "Responsabilidad del Estado", LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007, p. 6 y ss.; GAUNA, Juan Octavio (h.), "Responsabilidad del Estado en materia de salud, urbanística y ambiental en Responsabilidad del Estado..." cit., p. 244 y ss, con especial comentario de los casos "Brescia" y " Schauman de Scasola"; ZILLI de MIRANDA, Martha, La responsabilidad del Estado por omisión ilegítima. Su incidencia en la tutela del derecho fundamental a la salud, en "Derecho Administrativo", libro en homenaje al Profesor Doctor Julio Rodolfo Comadira (Coord. Julio Pablo Comadira y Miriam M. Ivanega), Ad Hoc, Buenos Aires, 2009, pp. 1286-1287; y MELAZZI, Luis A., "Responsabilidad del Estado en casos de error judicial y anormal funcionamiento del servicio de justicia en Derecho Administrativo", libro en homenaje al Profesor Doctor Julio Rodolfo COMADIRA... cit., p. 1261; BUTELER, Alfonso, La responsabilidad del Estado por falta de servicio en un nuevo fallo de la Corte Suprema, LA LEY, 2007-D, 319; y RITTO, Graciela B., "Responsabilidad del Estado por omisión", LA LEY, 2006-F, 615.

 (89) Solución anticipada, en 1969 por REIRIZ, op. cit. p. 171.

 (90) REIRIZ, María Graciela, "Responsabilidad del Estado", ed. Ciencias de la Administración, en el libro "El Derecho Administrativo argentino, hoy", Buenos Aires 1996, p. 226.

 (91) Véase, entre otros fallos: "Vadell" (Fallos 306:2030, 1984); "Hotelera Río de La Plata S.A. (Fallos: 307:821, 1985); "Etcheberry", (Fallos: 307:1507, 1985); "Cooperativa de Crédito Ruta del Sol Limitada"; (Fallos: 307:1942, 1986); "Cadesa S.A." (Fallos: 312:343, 1989); "Tejedurías Magallanes S.A." (Fallos 312:1656, 1989); "López de González, Trina" (Fallos: 314:871, 1991); "Morales" (Fallos: 315:1902, 1992); "Agencia Marítima Rioplat S.A." (Fallos: 315:2865, 1992); "España y Río de la Plata Cía. Argentina de Seguros S.A." (Fallos 316:2136, 1993); "Viento Norte de herederos de Bruno Corsi S.R.L." (Fallos: 320:266, 1997); "Meza Araujo" (Fallos 326:1663, 2003); "Ramos" (Fallos 328:2546, 2005); "Mosca" (Fallos 330:563, 2007); "Serradilla" (Fallos 330:2748, 2007); Causa S. 366. XXXVII, "Securfín S.A. c. Santa Fe, Provincia de s/daños y perjuicios", sentencia del 17 de julio de 2007; Causa R. 2190.XXXVIII "Reynot Blanco, Salvador Carlos c. Santiago del Estero, Provincia de s/daños y perjuicios", sentencia del 12 de agosto de 2008.

 (92) Entre los supuestos reconocidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado se encuentran la responsabilidad por el uso de explosivos y por obras peligrosas como la conducción de agua y de electricidad; véase, MOREAU, Jacques, op. cit., p. 106 y ss.

 (93) Que prescribe: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable".

 (94) Véase: LORENZETTI, Ricardo Luis, "Estudio sobre la nueva concepción del riesgo creado en el derecho argentino", en la obra colectiva dirigida por nuestra colega, la académica KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, (dir.), Derecho de Daños, t. I, La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 347 y ss.

 (95) Cfr. PERRINO, Pablo E., "La responsabilidad del Estado ocasionada por el riesgo o vicio de las cosas", en Estudios de Derecho Administrativo XII, Diké, Mendoza, 2005, pp. 183-185.

 (96) KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída, La responsabilidad del Estado: enfoque jurídico-privado, en "Responsabilidad del Estado", UNSTA, Tucumán, 1982, N° III-A-1, p. 61.

 (97) En algunos fallos ("García"), se acudió a la noción de la carga desproporcionada que excede la cuota normal de sacrificio que impone la vida en comunidad, cfr. Fallos, 315:1892.

 (98) Art. 10, ley 21.499 (Adla, XXXIII-A, 84).

 (99) Fallos, 306:1420; 312:2269.

 (100) LÓPEZ MESA, Marcelo J., Responsabilidad del Estado en "Tratado de la responsabilidad..." cit., t. IV, p. 50 tiene a bien criticar el concepto de imputabilidad material sobre la base de sostener que resulta más correcto hablar de factor de atribución. Lo que sucede es que nos referimos a presupuestos diferentes. Por de pronto, la expresión imputar significa atribuir pero al hablar del factor de atribución nos referimos a un factor atributivo de responsabilidad que comprende los elementos jurídicos objetivos necesarios para el responder estatal sea antijurídico (la falta de servicio y el riesgo). En cambio, la imputación material (que no es, por cierto subjetiva), implica la atribución presunta o real del hecho o acto dañoso a un órgano estatal determinado, aun cuando no sea necesario individualizar al autor del daño.

 (101) Vid MARIENHOFF, Miguel S., El lucro cesante en las indemnizaciones a cargo del Estado, ED,114-949; ESTRADA, Juan Ramón de, "Responsabilidad del Estado por sus actos legislativos y discreciones (Fundamento y límites de la actividad estatal conforme a derecho)", ED, 102-839; y nuestro "Derecho Administrativo", t. I, 9ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 497 y ss; asimismo véase en la doctrina más reciente COVIELLO, Pedro J. J., "La responsabilidad del Estado por su actividad lícita" en ED Serie Especial de Derecho Administrativo del 29/08/2000, y LÓPEZ MESA, Marcel J., Responsabilidad del Estado en "Tratado de la responsabilidad..." cit., t. IV, p. 117; en contra: BIANCHI, Alberto B., Responsabilidad del Estado por actividad legislativa. Estudio sobre los efectos patrimoniales de los actos normativos lícitos, Abaco, Buenos Aires 1999, p. 151 y ss. Un análisis de las diferentes posiciones doctrinarias acerca del alcance de la reparación que ha hecho PALAZZO, José Luis, "Responsabilidad extracontractual del Estado", Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 61 y ss.

 (102) La jurisprudencia de la Corte ha seguido en muchos casos la línea que esbozamos en el texto en los casos "Laplacette", Fallos 195:66 (1943); Corporación Inversora Los Pinos, Fallos 293:617 (1975) y "Motor Once", Fallos 312:659 (1989), entre otros, aunque en otros precedentes ha reconocido una reparación integral, comprensiva del lucro cesante (Fernández Badie c. Provincia de Buenos Aires, Fallos 317:816 del 28/07/94). Con posterioridad, la Corte ha reconocido que, como principio, debe reconocerse el lucro cesante en la indemnización debida por la responsabilidad estatal proveniente de la actividad legítima o lícita (In re "Jacarandá", Fallos 328:2654 y "Zonas Francas de Santa Cruz S.A." del 09/06/08) con la disidencia de la Dra. Elena HIGHTON. Al respecto, debemos reiterar que la solución prevista en el art. 10 de Ley Nacional de Expropiaciones no excluye aquel lucro cesante que integra el valor objetivo del bien o respectivo derecho que es objeto de la expropiación. Como esta última interpretación no recibió acogida en la jurisprudencia, el cambio operado en la doctrina de la Corte entraña, de consolidarse, un giro radical garantístico que supera la teoría más restrictiva existente en el derecho administrativo con la que no estamos de acuerdo.

 (103) BIELSA, Rafael, "Responsabilidad del Estado Administrador", JA, sept. 1933-416 y ss. (nota al fallo "Tomás Devoto"); aun cuando incurre en el error de traducir la palabra "faute" por culpa (como mucho más tarde hicieron otros) apunta que la falta del servicio en Francia es una noción administrativa que no está contemplada en los arts. 1382 y 1384 del Código Napoleón (equivalentes a los arts. 1109 y 1113 (primera parte en la versión actual) de nuestro Código Civil y agrega que ello supone un cierto funcionamiento defectuoso del servicio no siendo necesario que se acredite la culpa de los agentes, pues "basta un mal funcionamiento general, en cierto modo anónimo del servicio" (op. cit. p. 413). Sin embargo, como dijo con su habitual sencillez el maestro LÓPEZ OLACIREGUI, la culpa o es algo real (negligencia, imprudencia, impericia) o no es nada. (Notas sobre el sistema de responsabilidad del Código Civil. Balance de un siglo, Separata de la Revista Jurídica de Buenos Aires, 1964, I-IV p. 82).

 (104) Véase: NALLAR, Daniel M., "Responsabilidad del Estado y del funcionario público bajo un sistema federal de gobierno", en REDA Nos. 33-34, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 241 y ss., aunque rechaza de plano la aplicación de los textos del Código Civil su opinión, en este punto, resulta afín a la nuestra.

 (105) PEYRANO, Jorge W., Sobre el activismo judicial, en el libro "Activismo y garantismo procesal", Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2008, p. 11 y ss, especialmente pp. 13-17.

 (106) Véase: LÓPEZ CALDERÓN, Javier H., "Responsabilidad del Estado por infortunios en el ámbito militar de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Derecho Administrativo, 2001, LexisNexis-Depalma, (recopilación de la REDA), Buenos Aires, 2002, p. 411 y ss.



Compartir con tus amigos:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   72


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad