Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



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Sin embargo y más allá de lo que venimos de señalar, no sólo existe la obligación del Estado de brindar condiciones de vida dignas al reo, sino también de prever todas las medidas de seguridad tendientes a evitar que los reclusos puedan evadirse de los penales. Es obvio, ciertamente, que esta valoración de los alcances del "lazo" estatal en materia de seguridad ha incidido –de modo subyacente, si se quiere– en el caso bajo análisis; puntualmente, en lo que respecta al escape del convicto Ferreyra y a la atrofia de las medidas de seguridad implementadas por las autoridades del Penal, lo cual, sumado a proximidad de los delitos cometidos por el victimario, ha conducido –a tenor de lo manifestado por el Máximo Tribunal santafesino–, a la responsabilidad del Estado Provincial.

IV. La dificultad adicional del caso: La siempre compleja labor de determinar el ligamen causal ante un accionar omisivo

a) ¿"Ex nihilo nihil fit" también para el Estado?

En el abordaje de la relación causal en las omisiones, aparece imprescindible (verdadera condición previa) esclarecer la acepción jurídica de "omisión". Sin ánimo de exceder los alcances de este trabajo, apresuremos a señalar que la omisión no se identifica con un mero comportamiento pasivo del agente siendo necesario que la conducta que se omite sea una acción esperada, en cuanto suponga la preexistencia de un deber normativo de obrar en determinado sentido (6). Y es que, como se ha puntualizado desde el Derecho Administrativo vernáculo, "la 'omisión' relevante es aquella conducta negativa, que se torna causa eficiente de un daño cuando, existiendo una obligación legal de 'hacer' en una determinada esfera de competencia, el órgano obligado no actúa u omite hacerlo en determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar"(7).

En este orden de cosas y, emplazados bajo esta óptica, aparecería demarcada la responsabilidad estatal por omisión como la configuración de una abstención o inacción culminante en la no-realización de alguna actividad, dirigida al cumplimiento de sus fines primordiales, y a la cual se encuentra obligado mediante una disposición legal estipulada en forma expresa o implícita (8).

Así entonces, bien puede decirse que la responsabilidad por "conducta prescindente o inerte"(9) del Estado tiene lugar "cuando un poder público en ejercicio de alguna de las funciones estatales omite la realización en forma total o adecuada de la conducta a la que se encontraba obligado y ésta era determinante para impedir el daño producido, siendo fácticamente posible su realización en las condiciones debidas"(10).

El dilema, en cualquier caso –y más allá de lo expuesto–, no desaparece: ¿cómo opera el nexo causal en el campo de las omisiones? Como agudamente se ha destacado, "a las dificultades probatorias que presenta de suyo el problema de la causación, se añaden en este caso los reparos que algunos juristas han formulado acerca de la posibilidad de adscribir efectos causales a los actos omisivos. Tal planteamiento, expuesto especialmente por la doctrina germánica, parte de la base de que los hechos negativos no tienen per se aptitud para modificar la realidad exterior: ex nihilo nihil fit (de la nada, nada resulta)"(11).

Allende dicha insoslayable dificultad, aparece evidente que, en determinadas ocasiones, la omisión se exhibe como una condición determinante para irrogar un menoscabo –para decirlo en palabras del autor precitado, para "modificar la realidad exterior"–, advirtiéndose que, de haber procedido en forma positiva el Estado, hubiera podido interrumpirse el desarrollo causal y evitarse, de esa forma, el resultado lesivo, toda vez que la acción debida-omitida poseía virtualidad suficiente a ese fin. En otras palabras, la relación causal del daño, en el proceso omisivo, deberá concurrir con el deber jurídico-estatal de actuar, situación que, entonces, generará la responsabilidad de la Administración (12).

En suma, y como –de modo insuperable– lo precisara Aída Kemelmajer de Carlucci en el célebre caso "Torres", siendo que el ilícito omisivo no admite (por su naturaleza propia) ser incardinado en una tipología como la de los delitos del Derecho Penal, lo que se requiere es que el Estado "se enfrente a una situación en la cual está obligado a actuar; esa obligación, no es menester que sea expresa sino que basta con que se den tres requisitos: a) la existencia de un interés normativamente relevante, sea en la relación cualitativa o cuantitativa; así por ejemplo, cualitativamente es interés prevaleciente la vida, la salud de las personas, los intereses exclusivamente patrimoniales, será menester un análisis cuantitativo; b) La necesidad material en actuar para tutelar interés; c) La proporción entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se consigne en el accionar"(13).

b) La causalidad adecuada en el ámbito estatal

Según es conocido, más allá de lo debatidas que han sido las diferentes teorías sobre la causalidad, es dable toparse con posturas que van desde la pretensión de imputación de todas las consecuencias dañosas que se derivan del obrar estatal hasta aquella –mayormente aceptada en nuestros días– que exige ponderar la existencia de una causalidad adecuada al momento de endilgar responsabilidad (14). Asoma acorde al buen sentido entender que debe ponerse un límite razonable a la obligación estatal de responder por el perjuicio ocasionado, siendo que la teoría que mejor parece receptar este parámetro es la de la relación causal adecuada (15), acogida –según se sabe– en el CCiv. vía la ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810) (16) y aplicable al obrar estatal por analogía (17).

En esa inteligencia, no sería "causa" cualquier condición del evento, sino aquella que es, en general, idónea para determinarlo; de donde se consideran efectos o consecuencias del obrar del agente los que se verifican según el curso ordinario de la vida. Se encierra en los diferentes sucesos que han podido contribuir a la producción del resultado dañoso, aquel que posea la mayor probabilidad en la producción del daño, erigiéndose, así, como su causa generadora. "Se trata de aislar entre los diversos acontecimientos que han podido concurrir a la producción del resultado a aquel que por el curso normal de los acaecimientos tenga la probabilidad de ser la causa generadora"(18).

En cualquier caso, estamos convencidos de que la aplicación judicial de esta teoría –tan arraigada de nos jours– no puede practicarse a modo de "latigillo" o "cliché" que permita, casi por sí sola y sin necesidad de mayor reflexión, exculpar o sancionar al Estado (19).

Asimismo, aparece necesario destacar la concepción que, sobre la teoría de la causalidad adecuada (en el Derecho Administrativo), ha formulado calificada doctrina española para la cual, para que un hecho del Estado merezca ser considerado como causa del daño es preciso que sea, en sí mismo, idóneo para producirlo según la experiencia común de la interacción entre Estado y los administrados, es decir, que tenga una especial aptitud para producir el efecto lesivo, constituyéndose en la causa próxima y verdadera de daño (20).

Y es aquí, cuando esta doctrina alude a la "especial aptitud para producir el efecto lesivo" –constituyéndose en la causa próxima del daño estatal– donde cabe encontrar la razón del decisorio de la Corte Provincial, toda vez que, de acuerdo a la inmediatez con que se producen los diferentes delitos en relación a la fuga del recluso de marras del Penal de Las Flores, se puede concluir que ésta ha sido su causa próxima y verdadera; esto es, que se ha configurado esa "especial aptitud" para irrogar el resultado lesivo. Por lo demás, para que se reconozca responsabilidad patrimonial de la Administración es necesario que el daño sufrido sea consecuencia del funcionamiento anormal del servicio, en relación directa e inmediata de causa-efecto, cuestión que aquí se verifica sin el más mínimo atisbo de duda.

V. Colofón

a) El acierto jurídico

Sin temor al yerro puede decirse que, en la hora actual, la jurisprudencia patria reconoce la viabilidad de la responsabilidad del Estado por omisión (21); responsabilidad ésta que se alza con características, particularidades y perfiles propios, y que se desarrolla constantemente –incluso a pesar del desinterés reinante en el ámbito legislativo de establecer normas, salvo por excepción, en cuestiones de responsabilidad estatal–.

Claro que, como ya fuera adelantado, es aquí donde se plantea el dilema de cual es el límite de dicha responsabilidad.

Participamos de la idea de que no cualquier omisión estatal puede generar la obligación de reparar las consecuencias dañosas que se pueden producir en la esfera del administrado; no es posible extender sin límites la responsabilidad del Estado. Ante la proliferación de demandas por irregular ejercicio de control o por mal funcionamiento de un servicio es necesario realizar un análisis a fondo de la relación de causalidad, vedando la sanción de responsabilidad del Estado cuando el ilícito omisivo no sea consecuencia del actuar directo de los funcionarios que se desempeñan en la órbita estatal. "Se advierte que la vertiente de daños que puedan tener una relación adecuada de causalidad con la omisión de controles estatales puede resultar de una amplitud inimaginable. Corresponde a la prudente actuación de los Tribunales definir pautas que determinarán bajo qué condiciones la omisión estatal puede ser considerada factor causal"(22).

No obstante lo expuesto y, más allá de que adherimos al pensamiento de no cargar al obrar del Estado cualquier tipo de perjuicio que sufran los administrados –haciéndolo funcionar casi como una "compañía aseguradora" de los mismos–, adherimos enteramente a la sentencia del máximo Tribunal Provincial. La falta de medidas de seguridad efectivas sobre un convicto que ya cargaba sobre sus espaldas con terribles delitos y que, casi al instante de su fuga, comete los hechos de referencia, conduce a pensar que –por su incontrovertible peligrosidad para la comunidad– debió haberse encontrado mejor custodiado por los funcionarios y dependientes de la unidad carcelaria.

En esta inteligencia, y de acuerdo a los antecedentes por los cuales el recluso se encontraba encarcelado, podría haber sido previsible que en su primera oportunidad de encontrarse en libertad, cometiera algún tipo de delito. Lamentablemente la crueldad de los sucesos no es algo que quepa dentro de la previsibilidad exigible en el caso pero sí cabe predicar ello en lo que respecta a la actitud de esta persona hacia sus semejantes. Es incontrovertible, por lo tanto, que se debió tener un mayor grado de alerta en las autoridades penitenciarias, en lo que atañe a su custodia y actividades correlativas y que se incurrió en incumplimiento o ejecución irregular del servicio penitenciario a cargo del Estado.

Así las cosas, creemos se ha configurado por parte del servicio penitenciario una omisión de los deberes a su cargo, en relación a las medidas de seguridad que se debieron aplicar para evitar la fuga de Ferreyra y, a consecuencia de ésta, los daños antes mencionados. Inspirados los jueces en un correcto sustento legal a la hora de resolver, estimamos acertada, a nuestro humilde criterio, la decisión final recaída.

b) El impacto "ejemplificador" (¿Cómo se combate la inseguridad?)

Pero no sólo desde el atalaya de la estricta legalidad corresponde aplaudir el decisorio de marras. Su impacto "consecuencial" –inherente a toda sentencia– coadyuva, en su medida, a una más eficiente actuación estatal, en lo sucesivo, en materia penitenciaria. Y es que, a no dudarlo, un flagelo tan vigoroso como el de la inseguridad –sea cual fuera la solución que merezca como cuestión de fondo– indudablemente no va ser combatido eficazmente si el Estado despliega sus funciones en el servicio penitenciario con una negligencia tan manifiesta como la verificada en este caso y los Tribunales nada dicen al respecto.

En esa inteligencia, no puede dejar de mencionarse la solución recaída en el conocido caso "Pochat (23). En este precedente se denegó –revocándose el decisorio de primera instancia– la indemnización reclamada por la viuda de un auditor del ANSeS (Alfredo Pochat) que había investigado graves hechos de corrupción de varios funcionarios públicos en la tramitación y otorgamiento de cientos de jubilaciones y que, luego, cuando estaba a punto de darlas a conocimiento público, fue asesinado por el marido de una de las funcionarias investigadas. A la sazón, también se demandó al Estado por omisión; en el caso, de sus deberes de custodia y seguridad hacia este denunciante. Avalando el criterio asentado en este fallo y criticando a la doctrina que se expidiera en su contra, algún autor se ha preguntado, recientemente, "¿cómo se paga el heroísmo?", respondiéndose que, actos como los del Sr. Alfredo Pochat, que dejan al descubierto episodios de corrupción, si bien loables, no corresponde que sean recompensados por la vía civil-jurisdiccional de un resarcimiento económico (en este caso, a los familiares) y sí, en todo caso, a través de otros medios, no-jurídicos (24).

Alarmante. Como si el ordenamiento jurídico fuera un "espectador" privilegiado y ajeno (!) a la evolución-crisis-transformación de los valores en que se cimienta una sociedad –cuando, muy por el contrario, las normas jurídicas no son sino un producto cultural de aquélla– se sugiere que nada tiene que hacer una sentencia judicial (desde el prisma axiológico) a la hora de ponderar una actitud tan plausible como la de quien, en lo suyo de cada cual, combate este penoso –y, en general, no cuestionado– flagelo de la corrupción. El nefasto precedente "Pochat", sumado a preocupantes opiniones como la del autor precitado, lejos de alentar conductas que dejen al descubierto a funcionarios corruptos, militan exactamente en el sentido contrario (25).

Con ese mismo criterio, nos preguntamos: ¿Cómo se combate la inseguridad? A no dudarlo, la respuesta –si la hay– excede con mucho las ambiciones y los alcances de este trabajo. De lo que sí estamos convencidos –diversamente a la postura dimanante del caso "Pochat" y su doctrina laudatoria– es que también desde el orbe judicial es posible coadyuvar a una solución paulatina de esta problemática, siendo que, en ese marco, sentencias como la de marras dejan asentada una pauta "ejemplificadora" para sucesivos comportamientos estatales de este tipo que exhiban deficiencias en la prestación del servicio penitenciario.

(1) Cfr. GOLDENBERG, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2002, págs.3/8. En términos harto elocuentes ya lo ha dicho Lambert-Faivre: "las 'ansias' de la causalidad forman parte de los tormentos recurrentes de todas las generaciones de juristas" siendo que cada generación "ha aportado a este arcano inasequible de la responsabilidad civil algún toque misterioso" (LAMBERT-FAIVRE, Ivonne, "De la poursuite á la contribution: quelques arcanes de la causalité", en Recueil Dalloz, t. 1992, sec. Chroniques, pág. 311; cit. en LOPEZ MESA, Marcelo, "El mito de la causalidad adecuada", LA LEY, 2008-B, 863).

(2) Cfr. MARSICO, Lisandro L. - MORO, Emilio F., "¿Debe responder el Estado por omisión en los controles relativos al servicio penitenciario?", en VIII Congreso Internacional de Derecho de Daños, AABA, Universidad de Buenos Aires, Octubre de 2005, pág. 33. Demás está decirlo, excede, con mucho,, las ambiciones de este trabajo ingresar al análisis de la real función que en la actualidad tiene la "pena" y a las teorías que, desde la Criminología y el Derecho penal proponen una modificación en su acepción clásica.

(3) Así se lo remarcó también el Máximo Tribunal en el fallo "Badín" cuando, haciendo referencia al contenido operativo del artículo 18 de la Constitución Nacional, sostuvo que: "La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado art. 18 los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario" (CSJN, 19.10.95, "Badín, Rubén y otros c/ Provincia de Buenos Aires", LA LEY, 1996-C, 585, con nota a fallo de Jorge Bustamante Alsina).

(4) Cfr. CORIOLANO, Mario Luis, "Las restricciones de la libertad y sus límites normativos: distintas responsabilidades", en STIGLITZ, Gabriel [Dir.], Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 65.

(5) Para un cotejo de la problemática de la antijuridicidad (formal o material) enlazada al presupuesto de la causalidad, cfr. COMPAGNUCCI de CASO, Rubén H., "Antijuridicidad y relación causal", en Revista de Daños, 2003-2, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, agosto de 2003, pág. 21 y ss.

(6) Cfr. LOPEZ HERRERA, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, pág. 216.

(7) CORONEL, Germán A., Principios fundamentales de la responsabilidad extracontractual del Estado, Delta Editora, Paraná, 1995, pág. 157.

(8) En este sentido, ha resultado clarificadora la posición adoptada en las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil donde se concluyó que: "La responsabilidad del Estado por omisión, procede no sólo cuando se infringe el mandato establecido por una norma especial, sino también cuando se transgreden los principios que informan el ordenamiento jurídico. Se exige: deber de actuar; existe omisión antijurídica cuando es razonable esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares; se requiere, entonces, que el Estado o sus entidades incumplan una obligación legal, expresa o implícita. Dado que la obligación puede ser implícita, basta la existencia de tres requisitos: un interés normativamente relevante, sea en relación cualitativa o cuantitativa. Necesidad material de actuar para tutelar ese interés" (Extracto de las conclusiones correspondiente a las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1999). Con idéntico temperamento, se ha apuntado que "La responsabilidad del Estado puede originarse tanto en una 'actividad positiva' (o hecho de comisión) como en un 'no hacer' (o hecho de omisión). El límite que convierte tal omisión en un ilícito sancionable se encuentra dado porque el hecho omisivo constituya un deber jurídico que el sujeto omiso debió cumplir" (ALVAREZ TAGLIABUE, Cynthia, "Responsabilidad del Estado por omisión del deber de seguridad", LA LEY, 2002-A, pág. 128).

(9) PARELLADA, Carlos A., "Causalidad y actos omisivos (o conducta inerte)", en Revista de Daños, 2003-2, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, agosto de 2003, pág. 103.

(10) COMADIRA, Julio Pablo, Algunas cuestiones que plantea la responsabilidad del Estado por omisión en el Derecho Administrativo argentino, Universidad Austral, Buenos Aires, 2006, pág. 2.

(11) GOLDENBERG, Isidoro H., La relación..., pág. 155.

(12) "Cualquiera sea el fundamento que esta responsabilidad tenga, la mera comprobación de una negligencia u omisión no es suficiente para que el ente sea responsable. Se hace necesario establecer el nexo causal entre la omisión y el daño producido. Es necesario probar que de haberse ejercido adecuadamente el control se podrían haber evitado los daños reclamados" (la bastardilla nos pertenece) (BIANCHI, Alberto B., "La responsabilidad de los Entes Reguladores y de sus directores", nota al fallo "Transportes Río de la Plata S.A. c/ Secretaría de Hacienda y otro", LA LEY, 2000-D, 549).

(13) SCJ, Mendoza, 04.04.89, "Torres, Francisco c/ Provincia de Mendoza", LA LEY, 1989-C, 517.

(14) La verificación de concurrencia de varias causas en la producción del daño ha originado que la doctrina se plantee el problema de determinar la imputación del daño producido entre aquellas. Sin perjuicio de que –innegablemente– excede el ámbito cognoscitivo de este trabajo ingresar al análisis de cada una de las posturas existentes al respecto, cabe señalar que la teoría de la "equivalencia de las condiciones" sostiene que deben responder todos y cualquiera de los autores de los hechos o condiciones, en la medida en que todos ellos contribuyen al resultado final. En revancha, la teoría de la "causalidad adecuada" exige para que un hecho pueda ser considerado como causa del daño producido, que en sí mismo sea idóneo para producirlo, constituyendo la causa eficiente del mismo. Para una compulsa de cada una de las teorías existentes, y sus fortalezas y debilidades respectivas, cfr. BOFFI BOGGERO, Luis María, Tratado de las Obligaciones, t. 2, Astrea, Buenos Aires, 1988, págs. 311/344.

(15) "La conexión causal adecuada exigida como primer presupuesto de la responsabilidad por daños se encuentra verificada en autos; a los efectos de la responsabilidad achacada, el Estado nacional debe responder por los daños y perjuicios derivados de la actuación negligente de sus empleados" (CNCiv., Sala I, 07.05.95, "Pérez, Rubén I. y otro c. Hospital Nacional Alejandro Posadas y otro s/ daños y perjuicios", Revista de Derecho de Daños, nro. 9, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pág. 398).

(16) En cualquier caso, y con respecto a cuál ha sido el temperamento adoptado en el código civil en materia de causalidad, interesa distinguir entre la causalidad suficiente que se exige a la hora de determinar qué daños son resarcibles (arts. 901 y ss., CCiv.) de aquella que debe precisarse para decidir si existe o no hecho ilícito y, puntualmente, la globalidad de los presupuestos de la responsabilidad civil. La cuestión, muchas veces objeto de confusión, requiere ser elucidada pues, como ha señalado calificada doctrina extranjera, "la investigación realizada para comprometer un nexo de 'causalidad natural' o 'de hecho', entre el daño resarcible y el hecho que es fuente de la responsabilidad, es preliminar o anterior a la indagación relativa a la delimitación de las consecuencias dañosas resarcibles (causalidad jurídica)" (VISINTINI, Giovanna, Tratado de la responsabilidad civil, t. 2, trad. Aída Kemelmajer de Carlucci, Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 286).

(17) Cfr. CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho administrativo, t. I, 7ma. ed., Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, pág. 504.

(18) ABREVAYA, Alejandra D., Responsabilidad civil del Estado, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, pág. 98.

(19) "Al parecer casi nadie en nuestro medio [...] se ha puesto a considerar suficientemente una serie de dudas evidentes que surgen de la observación de los precedentes judiciales en materia de causalidad: ¿nuestros jueces analizan la relación causal en cada caso? O ¿se limitan a presumirla o conjeturarla? En caso afirmativo, ¿sobre qué base cierta y objetiva analizan nuestros jueces la causalidad? O ¿no será que en el fondo en nuestro país el análisis de la relación es el reino de la discrecionalidad judicial más absoluta y prefiere no admitírselo?" (LOPEZ MESA, Marcelo J., "El mito...", pág. 861).

(20) Cfr. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo - FERNANDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, t. II, 4ta. ed., Civitas, Madrid, 1993, pág. 395.

(21) Cfr. SCJ, Buenos Aires, 11.04.07, "Acuña, Luis E. c. Rosano, Mariano E. y otros s/ daños y perjuicios", Compendio de Jurisprudencia, Doctrina y Legislación, nro. 9, Errepar, julio 2007, pág. 129.

(22) ARIZA, Ariel, "La responsabilidad del Estado: consideraciones sobre la situación actual", en BARRAGUIRRE, Jorge A. (Dir.), La decisión administrativa. La responsabilidad del Estado, Universidad Nacional del Litoral (Centro de publicaciones), Santa Fe, 2001, pág. 51. En consonancia con lo expuesto, interesa destacar una sentencia del Tribunal Supremo de España del 7 de febrero de 1998, la cual reza: "No cabe considerar que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, derivada de la actividad de éstos, por el hecho de que ejerzan competencias en la ordenación de un sector o sea necesaria su autorización, porque, de lo contrario, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico" (cit. en AHUMADA RAMOS, Francisco Javier, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, Aranzadi, Navarra, 2000, pág. 245).



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