Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



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VI. Presupuestos de la responsabilidad por omisión

a)Introito

Va de suyo que la responsabilidad por omisión requiere de la concurrencia de los mismos presupuestos de la responsabilidad civil en general, debidamente adecuados a sus propias especiales circunstancias.

Primeramente debemos recordar cuáles son tales recaudos condicionantes de la configuración de la responsabilidad civil; pudiendo señalarse que, si bien no existe uniformidad doctrinaria, al menos para la mayoría de nuestros autores, entre los cuales nos contamos, los mismos serían sólo cuatro: un hecho ilícito o antijurídico (antijuridicidad), que habrá de constituirse, precisamente en condicionante de la producción de un perjuicio; el daño que a su vez resulta o es provocado por aquel obrar contrario a derecho; la existencia de un nexo de causalidad entre ambos; y un factor atributivo de la responsabilidad, que la ley repute idóneo para sindicar a quién o quienes resultarán los responsables en los supuestos que se planteen (36). Pasamos a considerarlos en detalle a continuación.

b) Antijuridicidad o ilicitud

Se trata de términos sinónimos (37), siendo ilícito todo acto contrario al ordenamiento jurídico, considerado éste en su totalidad (38); se trata pues de un proceder que infringe un deber jurídico preestablecido en una norma o regla de derecho y que causa daño a otro, obligando a su reparación a quién resulte responsable en virtud de una imputación o atribución legal del perjuicio. El comportamiento humano que contraría al ordenamiento jurídico configura el substratum del hecho ilícito, y constituye a la vez el elemento material u objetivo imprescindible para que nazca la responsabilidad civil.

Por ello nuestro Código Civil establece en su art. 1066 que: "Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias (rectus: "ordenanzas"), municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese dispuesto". Aunque la infracción del deber jurídico no sólo existe en dichos supuestos, sino también siempre que se ejecute un hecho que por culpa o imprudencia de su autor, ocasione un daño a otro, en cuyo caso la obligación de reparar emergente "es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil" (arts. 1109 y 1067, Cód. Civil); pudiendo decirse que el deber jurídico entonces violado es el alterum non laedere o "de no dañar a los demás" de la compendiosa fórmula de Ulpiano, o sea: un deber de conducirse en la vida en sociedad con la debida prudencia y diligencia, de forma tal que el comportamiento de cada uno no ocasione perjuicios a los otros individuos, sea en sus personas o en los bienes y cosas de su pertenencia (39). Y sobre el respecto no se puede dejar de destacar el fallo de la Corte Suprema Nacional de fecha 5 de agosto de 1986, recaído en los autos "Gunther c. Estado Nacional", en cuyo considerando 14 se afirma que: "la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero. El principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica"(40).

Con relación concretamente a los actos ilícitos de omisión, sólo puede caber pues una discusión en punto a si la fuente de su ilicitud se encuentra también, como es la regla, en la combinación de los arts. 1066 y 1109, o si es necesario, como resulta del art. 1074, que la ley establezca particularizadamente la conducta debida; o, dicho en otros términos: si basta la prohibición genérica de no dañar, o si es menester un mandato concreto de obrar de una cierta manera. Pero es obvio que la respuesta a esta cuestión se encuentra necesariamente vinculada con la solución que se hubiese adoptado con relación al concepto de la responsabilidad por omisión; que en nuestro caso y de quienes participan de la tesis amplia, es la de entender que basta con la prohibición genérica de no dañar a los demás, resultante de la aplicación combinada de los arts. 1066, 1074, 1109 y sus conos., Cód. Civil (41).

c) Los factores de atribución de la responsabilidad

Sin duda uno de los temas más importantes de todos los que nos ocupan, se refiere al factor de atribución de la responsabilidad civil, que constituye precisamente uno de sus elementos o requisitos configurantes.

El mismo durante mucho tiempo, bajo el imperio de la concepción subjetiva fundada exclusivamente en la idea de la culpa, fue erróneamente identificado con la imputabilidad, por culpa o dolo, del agente del daño. Así Aguiar y Colombo entre otros, puntualizaban que la imputabilidad "resulta de una situación en virtud de la cual un hecho puede serle atribuido a una persona, considerando a ésta como la causa de ese hecho"(42). Por el contrario fue el Dr. Bustamante Alsina el primero que entre nosotros señaló que ello no era exactamente así, sino que el daño causado por una persona o cosa debía conjugarse además con un "factor" reputado idóneo por la ley para atribuir la responsabilidad a una determinada persona; pero que dicho factor podía ser subjetivo u objetivo (43).

El factor atributivo es subjetivo o imputativo en la responsabilidad por el hecho propio, consistiendo precisamente en la imputabilidad por culpa o dolo del agente del daño. En tanto que en otros supuestos los factores atributivos de responsabilidad son objetivos

En cuanto a esto último, para algunos autores sólo existe un único factor objetivo: el riesgo creado; el cual no sólo aparecería como factor fundamentante de la responsabilidad en los supuestos de daños causados por cosas, sino asimismo en estos otros: a) en la responsabilidad del principal o comitente por el hecho de sus dependientes, ya que como estos últimos cumplen un encargo en provecho o beneficio del patrón, es justo que el mismo soporte el riesgo de los daños que puedan resultar de la actividad o servicio que se le presta (44); b) en los hechos involuntarios, con relación a los cuales el riesgo se desprendería "de la actuación misma de tales personas; porque por su edad, menores de diez años, o por alteración de sus facultades mentales, son proclives a dañar"(45); c) en punto a relaciones de vecindad entre inmuebles contiguos, a cuyo respecto la responsabilidad que puede resultar de las perturbaciones perjudiciales producidas entre los mismos, provendría de la ruptura de la igualdad de trato y riesgos entre vecinos, mediante, precisamente, la creación de un riesgo excepcional y anormal (46); y d) inclusive en las obligaciones contractuales de fines o determinadas, en las que se persigue un resultado concreto y el deudor sólo puede exonerarse demostrando la existencia de un caso fortuito; las cuáles, al decir de los hermanos Mazeaud, tal vez constituyan, aunque de lejos, el resultado de la teoría del riesgo (47).

Por nuestra parte, siguiendo a Bustamante Alsina, pensamos que son varios y diferentes los fundamentos que han llevado a imponer legalmente los distintos supuestos concretos de responsabilidad objetiva (48). Así: a) se trataría de un deber legal de garantía a cargo del principal o comitente, convertido ministerio legis en una suerte de fiador de su dependiente, en cuanto al deber de éste de indemnizar los daños y perjuicios resultantes del acto ilícito de aquél -art. 1113, primer párrafo del Código Civil- (49); b) la "equidad" sería el fundamento en los daños causados involuntariamente -art. 907 C. Civil- (50); c) en las relaciones de vecindad el exceso de la normal tolerancia -arts. 2618 y concs. C. Civil- (51); y d) por cierto el riesgo creado, factor atributivo de las siguientes responsabilidades: 1) por el riesgo o vicio de las cosas del art. 1113, 2° párrafo in fine del C. Civil (reformado por la ley 17.711 -Adla, XXVIII-B, 1810-); 2) por el hecho de los animales -arts. 1124 y sigtes. del Cód. Civil-; 3) por los perjuicios provocados a terceros en la superficie terrestre por la utilización de aeronaves -arts. 155 y sigtes. del Cód. Aeronáutico (ley 17.237 -Adla, XXVII-A, 184)-; y 4) de la "colectiva" del conjunto de los distintos propietarios o jefes de familia que habitan en un inmueble del cual, sin saberse de donde provino, fue arrojada o cayó una cosa sobre la vía pública, dañando a uno o más transeúntes -art. 1119 in fine del Código Civil- (52).

Alterini, Ameal y López Cabana, como así Bustamante Alsina, mencionan igualmente como factor de atribución al "abuso del derecho"(53), y por su parte Vázquez Ferreyra agrega otros cuatro a los ya mencionados anteriormente: a) la solidaridad, b) la seguridad social, c) la igualdad ante las cargas públicas, y d) el seguro y criterios económicos (54).

Pero la aparición de los factores objetivos de atribución, se ha producido, como lo apuntara Borda, seguido después por la mayoría de la doctrina e inclusive por la declaración del "IV Congreso Nacional de Derecho civil" de Córdoba, del año 1969, sin desplazamiento de la responsabilidad fundada en la culpa del responsable -principio de los arts. 1067 y 1109 del Código Civil-, la que continúa subsistiendo, aunque coexista ahora con los otros factores objetivos de responsabilidad.

En suma la responsabilidad subjetiva fundada en la culpa del autor del daño sigue vigente en nuestro derecho, lo cual se advierte sin ir más lejos en la responsabilidad de los profesionales y en general de todos los que responden por su hecho personal o propio. Y ello es muy importante, atento que la culpa como factor atributivo de la responsabilidad tiene un indudable sentido moral: la conducta humana debe ser juzgada según el querer del individuo y en función de pautas valorativas de tipo ético; todo lo cual tiende a lograr la perfección del hombre, contribuyendo por ello mismo a organizar y mantener un orden social impregnado de justicia, por cuanto el paradigma del valor justicia no se puede alcanzar fuera de lo moral y con desprecio de lo esencialmente humano, subestimando o dejando de lado lo más valioso del individuo, que es su conciencia. El derecho no es una física de las acciones humanas, como lo señalara el maestro Llambías (55), y precisamente en eso se habría de convertir, si no fuese más que un conjunto de reglas que no tuviesen otro objetivo que establecer el límite de la acción de cada uno.

Ahora bien, la forma de apreciación del acto ilícito por abstención habrá de ser distinta, según exista o no una disposición de la ley que imponga la obligación de cumplir el hecho omitido. Si existe el deber legal, ello basta para que no cumplido el hecho impuesto nazca la responsabilidad civil, como sucedería por ejemplo si se incumpliera el deber de auxiliar a una persona herida o inválida o amenazada por un peligro cualquiera, cuando se lo pudiera hacer sin riesgo personal (art. 108, Cód. Penal). O sea que en este supuesto bien puede decirse que el factor de atribución es objetivo, pues existe un deber determinado o de resultado impuesto por la ley de "hacer" u "obrar" positivamente en cierta forma, cuya sola omisión habrá de generar de por sí la subsidiaria obligación de resarcir. Razón por la cual en estos casos se tiene al omitente por responsable de los daños que se deriven de su abstención sin necesidad de la prueba de su culpa, atento que la acreditación de la circunstancia de no haberse realizado lo que la ley mandaba "hacer" desplaza a la culpa, no porque ésta no exista, sino porque carece de interés y queda fuera de la cuestión en los deberes de resultado como lo es aquél, en razón del concreto y preciso deber de "hacer" legalmente impuesto (56).

En tanto que en el otro supuesto, a falta de una obligación expresa en la ley, la conducta del que se abstiene deberá entonces apreciarse de acuerdo a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; atento que todos estamos obligados a realizar todo aquello que sin riesgo personal o patrimonial alguno, pueda evitar un daño a otros (quod tibi non nocet et alteri prodest, facile concedendum est)"; con lo cual el factor de atributivo de la responsabilidad resulta ser subjetivo y consiste en la culpa o a fortiori (con mayor razón) en el dolo, del omitente.-

d) Relación de causalidad

Uniformemente se admite en doctrina que para que deba responderse por un daño, es necesario que el mismo haya sido "causado", mediante acción u omisión, por su autor. A ello alude también en diversas preceptivas nuestro Código Civil, cuando establece que el daño indemnizable es el que se "causare" o se hubiese "causado" u "ocasionado" a otro -arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114, etc., Cód. Civil- (57).

Y ello establecido, a su turno la medida del resarcimiento a cargo del responsable, habrá de resultar de la propia extensión de las consecuencias dañosas derivadas de su proceder, vale decir que puedan ser tenidas como "efectos" provocados o determinados por su conducta, la que entonces vendría así a ser su "causa". Interesa entonces, ante todo, saber qué se entiende por "causa".

La experiencia de la vida indica que en la producción de todo suceso, confluye siempre un conjunto de abundantes factores o condiciones que unidos, y sólo en virtud de tal unión, provocan un determinado resultado. La "causa" no es pues cada una de esas condiciones, que por sí solas habrían sido irrelevantes para la producción del evento, sino todas ellas tomadas colectivamente, en conjunto. Es por eso que Stuart Mill decía, con acierto, que la causa "... filosóficamente hablando es la suma de las condiciones positivas y negativas tomadas juntas, el total de las contingencias de toda naturaleza que, siendo realizadas, hacen que siga el consiguiente, de toda necesidad"(58).

Pero este concepto filosófico de causa no puede tampoco ser trasladado simplemente al campo del "derecho". El derecho, como otras tantas disciplinas particulares, comporta siempre puntos de vista parciales, y cuando trata de la "causa" lo hace escogiendo entre las muchas condiciones necesarias, sólo aquéllas que le interesa destacar especialmente para sus fines propios. En definitiva al derecho, en cuanto ordenamiento de la conducta del hombre en sociedad, le interesa concretamente el acto humano como fuente productora de daños, y sólo tiene en cuenta las condiciones de orden físico o natural, en tanto y en cuanto puedan modificar o excluir la atribución jurídica de un suceso a una persona determinada (59). Pese a lo dicho, el concepto filosófico de causa es imposible de eliminar totalmente de cualquier concepción particular de la causalidad: la causa siempre habrá de ser, necesariamente, una de las condiciones sine qua non; es decir alguna de ésas que suprimidas (física o mentalmente), determinarán irreversiblemente la desaparición del efecto en cuestión (60).

Pero se trata sin duda, como lo sostuviera Llambías, de una causalidad jurídica y no puramente material, ya que "el derecho no es una física de las acciones humanas"(61); razón por la cual bien puede afirmarse que: "... según la índole del hecho originario del daño y, especialmente, conforme al reproche o censura que merezca la conducta en cuestión, será menester dilatar o restringir aquella relación de causalidad material, para que resulten o no comprendidas en ella tales o cuales consecuencias del hecho originario. De ese ajuste o corrección bajo el prisma de la justicia del nexo de causalidad material, surge la causalidad jurídica, es decir, la que el derecho computa a los fines pertinentes de la responsabilidad. Es esa causalidad jurídica la que definirá la extensión del resarcimiento a cargo del responsable, que será diferente según que el hecho determinante de la responsabilidad sea el incumplimiento de una obligación o la comisión de un hecho ilícito, y según que el agente, en una u otra situación, haya obrado con dolo, o con mera culpa"(62).

En cuanto al criterio de apreciación para poder saber cuando existe relación de causalidad entre un hecho y un daño, sobre lo que se han formulado diversas teorías, hemos de circunscribirnos a la de "la causa adecuada", que es la adoptada por nuestro Código Civil. Dicha doctrina, que ya tuvo por expositor a Von Bar y fue recién fundamentada en 1888 por Von Kries, parte de un criterio de previsibilidad, aquilatándose éste no sólo dentro de la serie causal de las teorías individualizadoras y generalizadoras, sino recurriendo a la vida misma y buscando en ésta lo que de ordinario acontece (63).

Si se considera el caso particular en concreto tal como ha sucedido -se afirma-, es indudable que todas las condiciones de un resultado son equivalentes, ya que habiendo faltado una sola de ellas el mismo no se habría producido o lo habría sido de otra manera distinta. Pero en general o en abstracto, que es como debe plantearse el problema, no son equivalentes todas las condiciones: "causa" será únicamente la condición que "según el curso natural y ordinario de las cosas" (art. 901 C.C.) era idónea para producir por sí el resultado, debía normal o regularmente producirlo; condiciones simplemente, son los demás antecedentes o factores en sí irrelevantes de ese resultado. Para determinar pues la causa de un daño, se debe hacer, ex post facto, un juicio o cálculo de probabilidades: prescindiendo de la realidad del suceso ya acontecido, habrá que preguntarse si la acción u omisión del presunto agente, era por sí misma apta para provocar el daño según el curso ordinario de las cosas; si se contesta afirmativamente de acuerdo con la experiencia diaria de la vida, se declarará que la acción u omisión era adecuada para producir el daño, el que será entonces imputable objetivamente al agente; si se contesta que no, faltará la relación causal, aunque considerado el caso en concreto tenga que admitirse que dicha conducta fue también una conditio sine qua non del daño, pues de haber faltado este último no se había producido o al menos no de esa forma (64).

De lo dicho resulta, además, que no puede hablarse de relación de causalidad tratándose de un caso único que carece de antecedentes similares acaecidos con anterioridad, ya que si se trata de juzgar si el proceder en cuestión era idóneo para causar normalmente un resultado, va de suyo que deben haber existidos precedentemente otros varios supuestos parecidos, en los cuales siempre sucedió lo mismo; el concepto de causalidad lleva implícito el de regularidad, y no puede haber regularidad sin pluralidad de casos.

Pero, ¿cuándo puede decirse en el campo del derecho que un sujeto es autor de un cierto daño? No se trata aquí de la atribución puramente física, puesto que el hombre como causante de un daño no es equiparable a una cosa o a una fuerza mecánica; a diferencia de éstas el hombre puede, en cierta medida, dirigir o gobernar el proceso causal, sea desviándolo, sea acelerándolo o agravándolo; y en tanto y en cuanto haya intervenido de tal modo, bien puede decirse que el resultado de ese proceso, en el que han participado también otros factores, es sin embargo su resultado (65). Y a la inversa, aunque haya participado en el proceso causal, el hombre no es considerado jurídicamente "autor" de un suceso, cuando dicha intervención no lo ha sido propiamente como persona, sino como otra cosa cualquiera de la naturaleza; así, los cargadores del vapor "Mosell" del Lloyd alemán, a quienes se las escurrió un barril que aparentemente guardaba caviar, pero que en realidad contenía explosivos puestos por un terrorista, aunque partícipes materiales de la muerte de más de cien personas fallecidas a causa de la explosión, jamás serán tenidos para el derecho como autores de homicidio (66).

El mayor mérito de esta posición estriba en que brinda sólo una pauta general, a la que debe ajustar su labor el juez, atendiendo a las circunstancias peculiares de cada caso, pues en definitiva son los jueces los que habrán de resolver las cuestiones derivadas del nexo causal, guiándose más que por teorías abstractas, por el criterio que en cada caso concreto pueda conducir a la solución más justa (67).

Esta doctrina de la causalidad adecuada es la que ha contado con mayor acogida en nuestra doctrina y jurisprudencia, habiendo sido incluso propiciada por el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil de Córdoba, año 1961: "La medida del resarcimiento se extiende a todo daño que guarde conexión causal adecuada con el hecho generador de la responsabilidad civil"(68); habiendo sido receptado en el nuevo texto del art. 906 del Cód. Civil reformado por la ley 17.711/68, que dice: "En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad". En efecto, pensamos con la mayoría de los autores, que en el vigente art. 906 se ha consagrado en forma expresa normativamente el principio de la "causalidad adecuada", antes inducido por la por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional (69). Siendo obvio a tenor del contexto de dicho artículo, que ahora nunca se responderá de "las consecuencias -casuales- remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad"; ya que entonces aquéllas se hallan de tal modo alejadas de este último, a su vez debilitado en su eficiencia causal por la interacción de otros acontecimientos distintos, que ya no puede razonablemente sostenerse que el hecho considerado sea determinante de esos distantes o apartados efectos.

En síntesis se puede afirmar pues, que el vigente art. 906 receptó la doctrina de la "causación adecuada", suprimiendo de paso el confuso texto suplantado, fuente de innúmeras controversias; pero que, en definitiva, no se ha modificado en sustancia el régimen de la relación de causalidad imperante con anterioridad, el cual subsiste sin mayores variantes después d la susodicha reforma (70).

Ahora bien, este presupuesto reviste especial trascendencia en punto a los ilícitos de omisión, ya que ante todo cabe preguntarse si no impedir un evento perjudicial, habiéndose debido hacerlo, equivale o no a causar el daño resultante. Y prima facie podría parecer que si ante una situación de peligro no creada por un sujeto, el mismo se limita a cruzarse de brazos, tal actitud suya no es de por sí condición idónea para producir los consiguientes efectos dañosos (la muerte, las lesiones o la destrucción de cosas ajenas; etc.); o sea que no existiría una relación causal adecuada entre la abstención y el perjuicicio resultante. Y de manera coincidente se ha dicho con referencia a la omisión de un auxilio necesario, que "existe una relación causal que se presenta independiente y anterior a la omisión del sujeto. Este curso causal, así caracterizado, se aprecia claramente en el momento en que el sujeto, accionando de conformidad al mandato legal, interrumpe un proceso causal desatado por otras condiciones (por ejemplo: la persona herida que alguien encuentra y salva). Pero si el omitente no presta la ayuda debida, el hecho sigue generando su propia causalidad, independiente e indiferente respecto de la omisión. En estas condiciones, el omitente carece de interés y queda fuera de la cuestión, no pudiendo ser tenido como causante ni de la situación de peligro, ni del posible resultado, porque en realidad nada ha hecho y solamente se ha abstenido de intervenir. Aunque suprimamos al omitente, el proceso causal habrá de proseguir imperturbable"(71).

Empero se ha señalado en otro sentido por Bustamante Alsina, cuya opinión compartimos, que "sin embargo, apreciada la conducta del que se abstiene de acuerdo a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, puede considerarse que el hecho omitido, que de haberse ejecutado pudo alterar el proceso causal impidiendo que la consecuencia dañosa sucediera, ha sido factor eficiente del resultado (72). Y de parecida manera destaca Pietro Trimarchi, que "la indagación sobre el nexo causal debe moverse en relación al hecho que habría podido ser modificado por la acción", y así por ejemplo: la destrucción de un edificio por un incendio, debe derivar del foco inicial que se omitió apagar, pero a esta determinación debe seguir la de una relación de condicionalidad necesaria entre la omisión y el evento: si se hubiese hecho cuanto se omitió hacer, ¿el incendio se habría desenvuelto igualmente?; agregando que existen situaciones en las que "para la responsabilidad debe considerarse suficiente el hecho de haber omitido reducir el peligro, y el riesgo no eliminado debe gravar sobre el culpable de la omisión"(73).



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