Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



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3) El mantenimiento y control de los animales empleados en la elaboración y prueba de los medicamentos y sus correspondientes registros.

4) Los requisitos que hayan de concurrir en el personal de la empresa.

5) Las condiciones capacidad e instalaciones de los recintos de la empresa.

6) Los requisitos higiénicos.

7) Las condiciones que hayan de cumplir los envases.

8) El etiquetado de los recipientes en que se tengan depositados los medicamentos y sus materias de base.

9) Los turnos de servicio a establecer en empresas de distribución de medicamentos al por mayor.

10) La conservación de muestras de los lotes fabricados, así como su cantidad y duración del almacenaje.

11) El etiquetado, aislamiento o eliminación de medicamentos no aptos para el comercio.

12) El ejercicio del derecho de dispensación veterinaria (farmacia veterinaria interna) especialmente en materia de requisitos exigibles para el tratamiento de animales.

Apartado 3º. Las reglamentaciones adoptadas de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1º y 2º rigen también para las personas que ejerzan con carácter profesional las actividades referidas en el apartado 1º.

Apartado 4º: Los apartados 1º y 2º regirán asimismo para las farmacias, tal y como las mismas se definen en la ley de régimen farmacéutico, siempre que dichas farmacias precisen del permiso mencionado en el par. 13.

IV. Primeras Jornadas sobre Responsabilidad Civil de Productos Farmacéuticos

Conclusiones de las Primeras Jornadas sobre Responsabilidad Civil de Productos Farmacéuticos (2º encuentro) realizadas en el Colegio de Abogados de Morón, el 2, 3 y 4 de abril de 1987, organizadas por el Instituto de Derecho Civil. Despacho Comisión Nº 2, Control Estatal y responsabilidad del Estado.

Presidente: doctor Isidoro H. Goldenberg

Vicepresidente: doctor Norberto Palacio

Secretario: doctor José Nicolás Taraborrelli

Comisión Redactora:

doctor Jorge Mosset Iturraspe

doctor Juan Manuel Castellanos

doctor Carlos A. Ghersi

doctor Roberto M. López Cabana

doctor Isidoro H. Goldenberg

doctor Norberto Palacio

doctor José Nicolás Taraborrelli

doctora Susana Alicia Cepeda

doctora Aída Kemelmajer de Carlucci

doctor Marcos A. Ruiz

I. Control estatal

1) Constituye premisa reconocer como prioritaria la tutela estatal de la salud pública.

2) El control estatal de los productos farmacéuticos y medicinales comprende una etapa previa de autorización para su elaboración y comercialización.

3) Asimismo al Estado le corresponde en ejercicio del poder de policía de la salud pública, una permanente fiscalización sobre los laboratorios, procesos de investigación, plantas de envasado, fraccionamiento, almacenamiento, empresas de transportes, droguerías, farmacias, etcétera.

4) Admitida la necesidad de vigilancia de los poderes públicos para preservar las cualidades terapéuticas de los fármacos, debe extenderse su estricto control para prevenir su morbosidad.

5) A esos fines el Estado debe ejercer una severa fiscalización de los prospectos informativos de los medicamentos tanto en lo referente a sus propiedades y modo de utilización, así como también en cuando a las advertencias, antagonismos, antidotismos, contraindicaciones y peligro de su empleo. Debe hacerse efectiva la prohibición de toda forma publicitaria que induzca la automedicación.

6) Los productos farmacéuticos y medicinales deben ser considerados como bienes sociales, cuya importancia está reflejada en el volumen de su penetración en toda la comunidad y la facilidad de su suministro.

7) Debe extenderse el control del requisito de la necesaria presencia de profesionales idóneos en las farmacias y laboratorios, así como de la indebida venta de productos farmacéuticos y medicinales en los establecimientos no habilitados al efecto.

8) Es competencia de las provincias ejercer el control en esta materia, por tratarse de una facultad no delegada.

II. Responsabilidad del Estado

1) El Estado es civilmente responsable siempre que se acredite la existencia de una relación causal adecuada entre la ausencia o deficiencia en el control de la farmacopea por los organismos técnicos competentes, y el resultado dañoso traducido por el medicamento, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle al funcionario público.

2) El factor objetivo de atribución de responsabilidad debe emplazarse teniendo especialmente en cuenta la situación de la víctima que sufre injustamente el daño.

3) La existencia de autorización estatal no exime la responsabilidad al elaborador si se acredita el vicio o defecto de fabricación del producto que le imprimió dañosidad.

III. Proposiciones de "lege ferenda"

1) Es recomendable reducir el plazo de reinscripción de los medicamentos, trámite que no debe consistir en una mera formalidad administrativa, sino en un proceso valorativo conforme al adelanto científico en la materia.

2) Se aconseja considerar la posibilidad del dictado de un Código de Salud Pública.

3) Debe integrarse el régimen de responsabilidad del Estado, y de quienes intervienen en la cadena de desarrollo, producción y comercialización de los productos farmacéuticos y medicinales, con el establecimiento de un seguro forzoso complementado con un fondo de garantía que facilite a las víctimas el cobro de las correspondientes indemnizaciones.

4) En esta materia se advierte con nitidez la necesidad de superar el distingo entre la responsabilidad contractual y extracontractual, a los fines de asignar responsabilidad civil.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

(1) Conclusión 10ª de las Primeras Jornadas sobre Responsabilidad por productos farmacéuticos y medicinales, Primer Encuentro Interdisciplinario, realizado en Morón, publicado en Rev. LA LEY Actualidad del 17/X/86, p. 2.

(2) Ver y comparar con la recomendación 4ª de las Primeras Jornadas sobre Responsabilidad por Productos farmacéuticos, realizadas en Morón, publicada en Rev. LA LEY Actualidad del 17/X/186, p. 2, que dice: "Se recomienda implementar un sistema mixto de contralor en el cual entidades privadas provean los elementos técnicos, y el Estado el personal idóneo al efecto, con el fin de ejercer la fármaco-vigilancia (Industria Farmacéutica)".

(3) CANASI, "Derecho Administrativo", vol. III, p. 255.

(4) CANASI, op. cit., vol. III, ps. 257/8.

(5) Ver ley 18.416 de Ministerios art. 31 (Adla, XXIX-C, 2754).

(6) CANASI, op. cit., ps. 262/4.

(7) CANASI, op. cit., vol. III, p. 266.

(8) CANASI, op. cit., vol. III, p. 266.

(9) Conf. decreto 9763, 2/12/64, medicamentos; reglamentación de la ley 16.463 (B. O. 7/XII/64 -Adla, XXIV-C, 2317; XXIV-B, 968-).

(10) Conf. art. 2º de la ley 16.463.

(11) GORDILLO, Agustín A., "Tratado de Derecho Administrativo, parte general", t. II, p. XX-2.

(12) Autor cit., op. cit., p. XX-3.

(13) Autor cit., op. cit., p. XX-5.

(14) Autor cit., op. cit., p. XX-5.

(15) Op. cit., p. XX-15.

(16) Op. cit., p. XXI-31.

(17) GARRIDO; ANDORNO, "El artículo 1113 del Código Civil", ps. 152/3/4.

(18) Autor cit., op. cit., ps. 154/5.

(19) Autor cit., op. cit., ps. 155/6.

(20) Autor cit., op. cit., p. 156.

(21) Autor cit., op. cit. ps. 163/4.

(22) Op. cit., ps. 175/176.

(23) Fallo cit., por GARRIDO-ANDORNO, op. cit., ps. 180/1.

(24) Ver Nota del calificador Vélez Sársfield del art. 1112, y dice: "De los jueces y oficiales del Ministerio Público de los párrocos en los actos del estado civil, de los conservadores de los registros de hipotecas, de los escribanos procuradores, y de todos los empleados en la administración del Estado. Véase Aubry y Rau, nota 7".

(25) MARIENHOFF, Tratado de derecho administrativo, vol. IV, ps. 698/9.

(26) Autor cit., op. cit., ps. 699/701.

(27) Op. cit., p. 706.

(28) Op. cit., p. 707.

(29) SANTOS BRIZ, "La responsabilidad civil", cit. por ZANNONI en "Responsabilidad por productos elaborados, p. 277.

(30) Médico Anestesiólogo, C1. 25 de mayo y C1. Miramar, Presidente Sociedad Anestesia de Mar del Plata.

(31) Ver la ley de medicamentos alemana del 24 de agosto de 1976, par. 58. Aplicación de medicamentos a animales que sirven de base a la obtención de alimentos. Los medicamentos a que se refiere el par. 2º, apart. 1º, apart. 2º, núm. 1, sólo podrán aplicarse a animales que sirvan de base a la obtención de alimentos, cuando se hallen destinados para los mismos, cuenten con autorización o puedan ponerse en el comercio sin necesidad de autorización, y su aplicación siempre que se trate de medicamentos, sujetos al deber de prescripción facultativa tenga lugar mediante prescripción o indicación veterinaria. 2) Se autoriza al Ministerio Federal al objeto de que, por medio de orden dictada de acuerdo con el Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Montes, con la aprobación del Bundesrat pueda prohibir que determinados medicamentos destinados a su aplicación a animales que sirven de base a la obtención de alimentos, sean puestos en el comercio para determinados sectores o ámbitos de aplicación o se empleen para esos fines siempre que así se estime oportuno para evitar un riesgo mediato o inmediato para la salud de las personas.

(32) Ver TARABORRELLI, José N., "Doctrina sobre responsabilidad civil de productos farmacéuticos y medicinales", en Rev. LA LEY, t. 1987-B, p. 759, en el cual se sostiene: "Nos apoyamos en la doctrina medicamentos 'medicina' y no medicamentos estrictamente 'mercaderías'". De allí que sostenemos que: "El medicamento debe ser tratado como un 'bien social'. Además podemos agregar que todo debe estar centrado hacia la óptica de la salud pública y no en el beneficio económico que pueda resultar para el fabricante...".

(33) MARIENHOFF, "Tratado de derecho administrativo, vol. IV, ps. 785/6.

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO CAUSADO POR ANIMALES ~ RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO ~ CONCESION DE RUTAS ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ PROVINCIA ~ OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO ~ PEAJE ~ CULPA DE LA VICTIMA ~ ACCIDENTE DE TRANSITO ~ OBLIGACION DE SEGURIDAD

Título: La responsabilidad del concesionario vial. Exoneracion de responsabilidad del Estado provincial

Autor: Correa, José Luis

Publicado en: LA LEY2007-D, 1041 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 01/01/2007, 1571

SUMARIO: I. El cambio de jurisprudencia y su obligatoriedad. - II. Reafirmación de la exoneración de responsabilidad del Estado provincial. - III. Caja de seguros S.A, la doctrina, "Colavita" y la responsabilidad. - IV. Fundamento de la responsabilidad en la relación de consumo. - V. Relación contractual: peaje es precio. - VI. Obligación de seguridad. Buena fe y de carácter objetivo. Corredor vial: cosa riesgosa. - VII. Obligaciones que nacen del contrato: deber de previsión. - VIII. Imputación de culpa de la víctima. - IX. Resumen.

I. El cambio de jurisprudencia y su obligatoriedad (1)

Se ha consolidado la responsabilidad civil del concesionario de una ruta por el accidente de tránsito sufrido por una automovilista por la presencia de animales allí sueltos. Creemos que los fallos son valiosos y representan un cambio trascendental que obligará a los concesionarios a brindar un mejor servicio asumiendo los riesgos sufridos por los usuarios.

La C.S. de Justicia en recientes fallos ha considerado que el concesionario de rutas, es responsable de los daños y perjuicios causados como consecuencia de los accidentes producidos por animales sueltos cuyos dueños no han podido individualizarse.

Ha exonerado de responsabilidad por omisión a la Provincia, por el ejercicio del poder de policía de vigilancia y control, responsabilizando al concesionario, echando manos a la relación de consumo, a la tesis contractualista, afirmando que existe relación contractual y que el concesionario asume la explotación por cuenta y riesgo, lo que impone un deber de seguridad. La responsabilidad del concesionario nace de la omisión y no se ve alterada de la que pudiera caberle al propietario del equino que invadió la ruta según el art. 1245 del C.C. Considera además que el fundamento de la obligación de responder contractualmente se encuentra en que el peaje debe considerarse como precio que paga el usuario por el uso de la ruta.

En realidad el cambio ha sido progresivo hasta el último de los fallos "Bianchi" donde se ha hecho cargo de todos y cada uno de los argumentos utilizados por la doctrina y jurisprudencia que negaban la responsabilidad (2) abrazando ahora los factores de atribución objetivos de la relación de consumo (3), la obligación de seguridad de la relación contractual (4), el deber de previsión etc.

Los nuevos fallos son:

C.S.J.N. "Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c. V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios"(5).

C.S.J.N. 21/3/2006. "Caja de Seguros S.A. c. Caminos del Atlántico S.A.V.C.", LA LEY, 2006-C, 822 (6).

C.S.J.N. 21/3/2006. "Basualdo, Argentino c. V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios"(7).

C.S.J.N. 7/11/2006. "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c. Provincia de Buenos Aires y /u otros"(8).

II. Reafirmación de la exoneración de responsabilidad del Estado provincial

Ha reafirmado la tesis de la exoneración del Estado provincial, por la insuficiencia del ejercicio del poder de policía por hechos extraños a su intervención, confirmando la irresponsabilidad, pues sus órganos no están involucrados en forma directa. Este argumento es utilizado incluso por accidentes ocurridos como consecuencia de actividades deportivas riesgosas concesionadas (9).

La Corte ha eximido al Estado Provincial de la atribución del deber de seguridad, porque no se ha identificado mínimamente cuál es el deber incumplido y la atribución de extrema generalidad impide imputar responsabilidad.

El ejercicio del Poder de Policía no resulta suficiente para imputar responsabilidad al Estado cuando ninguno de sus órganos o dependencias estuvo involucrado o intervino en forma directa.

Ha rechazado la responsabilidad por omisión de control de Poder de Policía, pues "... el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa..." (Fallos: 312:2138; 313:1636; 323:3599; 325: 1265).

El ejercicio del Poder de Policía de seguridad que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuir responsabilidad cuando las consecuencias dañosas se produzcan por hechos extraños a su intervención. La omisión que se imputa no puede hacer responsable a la provincia por un animal que no era de su propiedad ni guardadora. (Del voto de Highton de Nolasco).

III. Caja de Seguros S.A, la doctrina, "Colavita" y la responsabilidad

Los votos de Petracchi y Fayt en el fallo "Caja de Seguros S.A.", en "Basualdo", aconsejan el rechazo del recurso recordando el procedente Colavita, posición que modifica luego en "Bianchi" con disidencia parcial de Petracchi que refiere a la falta de previsión falta de carteles de señalización.

Los magistrados, siguiendo al Procurador, han sostenido que corresponde hacer lugar al recurso, pues la Cámara se ha apartado del precedente Colavita Salvador (10) en orden al encuadramiento de la relación jurídica.

a. Alguna doctrina nacional a partir de Colavita

La Corte sostuvo que el poder de policía de seguridad que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no resulta razonable pretender que en general tampoco cabe atribuirle responsabilidad a la concesionaria vial, pues no es su deber asumir frente al usuario, por la delegación de funciones propias de la concesión, derechos o deberes mayores a los que correspondían al ente concedente, ya que las funciones de policía de seguridad y policía de tránsito debían ser ejercidas por la autoridad pública. Así lo expreso también en "Bertinat, Pablo J c. Provincia de Buenos Aires"(11), "Rodríguez, Eduardo c. Prov. de Buenos Aires"(12), "Expreso Hada S.R.L. c. Prov.de San Luis"(13) .

Mertehikian (14) comentaba el fallo "Colavita"(15) señalando que se encontraba en juego la responsabilidad del Estado por omisión y para mayor complejidad se encuentra involucrada la responsabilidad del concesionario. Respecto de la Responsabilidad del Estado, la Corte, sigue los fallos Ruiz"(16) y "Sarro"(17) donde se exoneró al mismo por no participar en forma directa ninguno de sus órganos y la eventual responsabilidad que genera la presencia de animales sueltos en la ruta debe atribuirse al propietario del animal conforme lo determinado por el art. 1124 del C.C. Respecto a la responsabilidad del concesionario de obras públicas la Corte desestima la demanda, porque la obligación de prestar condiciones de seguridad con semejante alcance no le han sido impuestas por el contrato de concesión ni por el plexo de disposiciones que la rigen. En síntesis, y aun cuando la sentencia no lo diga expresamente, cabe concluir que no se encontraba verificado el requisito que la ley exige para generar responsabilidad por omisión de acuerdo al art. 1074 C.C. Dice el autor que la Corte resolvió dos cuestiones trascendentes. Una de ellas referida a la responsabilidad civil extracontractual por la existencia de animales sueltos en la ruta y otra respecto al concesionario de obra pública a quien se le encomienda el mejoramiento, conservación, administración y explotación del camino. En ambos casos la demanda de daños y perjuicios se promueve por la omisión de tomar medidas de seguridad que evitan la presencia de animales sueltos y de los cuales se produjeron daños (18).

Gambier (19) señala que hay responsabilidad del Estado por los accidentes en las rutas, pues se ha incumplido el ejercicio del Poder de Policía de seguridad, que constituye un deber insoslayable. El ejercicio regular no genera responsabilidad estatal, pero sí la genera el ejercicio irregular del servicio. Se pregunta, respecto a la responsabilidad por omisión? ¿Qué ocurre si en una ruta se omite colocar el cartel que indica la existencia de animales sueltos (Ruiz)? Menciona los fallos "Torres"(20) (no corresponde responsabilidad por la omisión de grandes obras hidráulicas), "Sykes"(21) (se rechazó la demanda contra el B.C.R.A imputando falta de control en materia de solvencia de entidades financieras), "Menéndez" (irresponsabilidad del B.C.R.A. ante el ejercicio regular de competencia otorgadas por ley 21.526 y 22.529 —Adla, XXXVII-A, 121; XLII-A, 7—), "Franck"(22) (por el naufragio de una lancha en un arroyo del dominio provincial) y "Ruiz Marta"(23) (exención de responsabilidad de la provincia como consecuencia de un accidente ocurrido con un caballo en una ruta provincial). Analiza la omisión de obrar que genera responsabilidad, cuando la Administración no cumple, sino de una manera irregular, los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o reglamento, o simplemente por el funcionamiento irregular del servicio. En el caso Ruiz la provincia no era dueña ni guardadora del animal y el ejercicio del poder de policía no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad. En realidad ésta se fundaría en la omisión de ese ejercicio en forma adecuada. En todo caso lo que corresponde indagar es cuáles son los alcances de la obligación de la provincia en velar por la seguridad en las rutas y el grado de exigencia para prevenir delitos. Cita a Bustamante Alsina, quien dice que el ejercicio del poder de policía constituye un atributo irrenunciable del Estado, poder que consiste en la vigilancia y custodia de ella imponiendo sus reglamentos. El incumplimiento del deber, omitiendo hacer aquello que es indispensable para presentar la seguridad pública, convierte en ilícitas esas abstenciones (art. 1074, C.C.). El daño que resulte para terceros de aquellas omisiones, responsabiliza al agente u órgano del Estado que no cumplió su deber absteniéndose de ejercer la vigilancia y custodia de las rutas para que se observen los reglamentos de tránsito.

Ymaz Videla e Ymaz Cossio (24) señalan que el vínculo entre el concesionario y el usuario es de naturaleza reglamentaria y no contractual, lo que no significa atenuar el grado de responsabilidad de los concesionarios viales argentinos por accidentes de los usuarios. En la medida que el concesionario de la ruta no sea el propietario o guardián del animal que provoca el daño y cumpla debidamente con sus obligaciones, es decir, que no incurra en culpa u omisión, no responderá por daños y perjuicios.

López del Carril (25) imputa responsabilidad al Estado Nacional, Provincial o Municipal, cuando su competencia es primaria, es decir, cuando además de titular del dominio público desempeña el ejercicio del poder de policía sobre la ruta y el deber de mantener la calzada, en cuyo caso la responsabilidad es directa. También en el caso que actuare como autoridad concedente, exonerando de responsabilidad al concesionarios vial. Es el principal expositor de la exoneración de responsabilidad del concesionario vial, que al analizar los factores de atribución objetiva refiere al art. 1113 y señala la incorrecta aplicación de carácter de cosa riesgosa al corredor vial. Sostiene además que el concesionario no es dueño o guardián; que el peaje es una recaudación tributaria; y que los modos de concesión pueden ir desde la onerosidad hasta la subvención, no existiendo relación contractual entre el usuario y el concesionario.

A su vez Cassagne (26) sostiene que el Estado provincial es responsable por la presencia de animales sueltos en la ruta por la omisión del deber de custodia. El art. 1124 impone al dueño o guardián el deber de evitar que causen daño. Cuando se trate de un animal descuidado sin que medie vigilancia efectiva, el deber de custodia, al no poder individualizar al dueño, debe ser imputado al Estado. Ese deber nace de la Ley de Tránsito y debe imputarse por irregular cumplimiento de un servicio (arts. 1112 y 1074). La falta de servicio hará imputable de los daños producidos por esa causa al Estado involucrado en la omisión. Se funda en el fallo "Vadell" con base objetiva. La Corte no ha responsabilizado al Estado, pues no era su obligación impedir que el caballo accediera a la carretera (27).

b. La pretendida distinción entre concesión de servicio público y obra pública

Se ha pretendido excusar la responsabilidad del concesionario aduciendo que la explotación de las rutas o carretera no constituye un servicio público, sino una obra pública.

En realidad se trata de una falacia de conclusión inatinente. Un argumento que aparenta ser correcto, pero que en realidad no lo es.

Los concesionarios de rutas no son concesionarios de obras públicas, sino concesionarios de servicios públicos; y la ejecución del servicio se efectúa a su costa y riego (28).

Salomoni (29), al comentar la naturaleza jurídica de los contratos de concesión de obras y servicios públicos, sostiene que le son aplicables iguales principios, pues se transfiere el servicio mediante un acto de concesión, en el que se delega el ejercicio de competencia atribuidas al Estado dentro de los límites fijados determinándose las condiciones de tiempo, forma y elementos para la prestación. Al concedente le son imputables sólo los resultados o también los actos realizados por el concesionario. En cambio los ilícitos civiles, contractuales o extracontractuales, al ser propios del área de lo privado son imputables al concesionario.

Sarmiento García distingue entre las concesiones de obras públicas de las de servicio público, pero señala que hay que tener en consideración el objeto de la prestación. Será concesión de obras públicas aquella donde el objeto esencial es la construcción de una obra pública; y será de servicios públicos cuando el objeto sea el servicio mismo, no obstante que deban hacerse construcciones diversas para el funcionamiento de dichos servicios (30).



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