Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015


Partes: L., M. S. c. Municipalidad de Villa Gdor. Gálvez Cita Online



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Partes: L., M. S. c. Municipalidad de Villa Gdor. Gálvez

Cita Online: AR/JUR/70829/2010

Publicado en: La Ley Online

Sumario: El Municipio demandado debe ser considerado responsable de la muerte de una persona que cayó en un río por no haber acreditado la existencia de carteles que hayan prohibido el acceso al lugar, ni personal destinado a tales efectos, sin que le sea admitido eximirse de responsabilidad alegando que el lamentable suceso se debió a que la propia víctima se arrojó al agua, en tanto se trata de una circunstancia que no fue invocada al contestar la demanda.

Jurisprudencia Vinculada (*)

Corte Suprema

“Bea, Héctor y otro c. Estado Nacional Secretaría de Turismo”, 31/08/2010, LA LEY 13/09/2010, 13/09/2010, 11 - LA LEY 27/09/2010, 6, con nota de Félix A. Trigo Represas; LA LEY 2010-E, 405, con nota de Félix A. Trigo Represas; Sup. Adm. 2010 (noviembre), 77 - DJ 09/12/2010, 21,AR/JUR/45116/2010: “Si el fallecimiento del hijo de los actores ocurrió en un lago artificial sometido al dominio del Estado Nacional y en el marco del turismo social y escolar —la entonces vigente ley 14.574 y Resolución 504/92—, también de carácter federal, lo cual generó una razonable expectativa de confianza en que se les estaba ofreciendo un lugar seguro, el Estado Nacional es responsable por la muerte del menor, en tanto incurrió en un grave incumplimiento del deber de seguridad, al no haber colocado carteles de advertencia ni haber dispuesto un guía, asistente o cuidador en el lugar, a los fines de evitar daños como el sucedido. (Del voto del Doctor Lorenzetti)”

Ver tambien

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, “Villagra, Osvaldo Daniel y otros c. S. O., J. A. y otros”, 05/08/2009, RCyS 2009-XI, 187, AR/JUR/24718/2009

Hechos

Un hombre falleció tras arrojarse al río en el que estaba pescando para salvar a su hija menor que había caído en él. Su concubina reclamó el pago de una indemnización por daño material contra un Municipio de la Provincia de Santa Fe, en cuya jurisdicción sucedió el infortunio. El juez de primera admitió la demanda. El Municipio apeló la sentencia alegando que la accionante carecía de legitimación y que el fatal suceso fue por culpa de la víctima. La Cámara confirmó la sentencia.



Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo de Tucumán, sala I

Fecha: 14/10/2010

Partes: Gonzalez Claudia Lorena c. Gobierno De La Provincia De Tucumán y Otros

Cita Online: AR/JUR/71177/2010

Publicado en: LLNOA2011 (febrero), 85

Sumario: Son responsables en forma concurrente el Estado provincial y un detenido —en el caso, en un 40 y 60 % respectivamente— que falleció al arrojarse del móvil policial en el que estaba siendo transportado, pues si bien la responsabilidad extracontractual del estado surge de la existencia de un nexo causal entre el daño producido y la conducta omisiva de los agentes intervinientes, consistente en no guardar una mayor custodia y celo ante la situación personal que presentaba la víctima y el precario mantenimiento y condiciones de seguridad del vehículo utilizado para el traslado, la víctima se encontraba en estado de intoxicación por consumo de alcohol y psicofármacos, y su muerte se debió a su propia imprudencia al tratar de escapar de la autoridades policiales.

Jurisprudencia Vinculada (*)

Ver tambien

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M, “Marosini, María Beatriz c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 2008/07/25, La Ley Online AR/JUR/7742/2008

Hechos

Una persona en estado de intoxicación por alcohol y psicofármacos fue detenida por agentes policiales. Durante el traslado en un vehículo de dicha fuerza, abrió una puerta cuya cerradura estaba rota y saltó fuera de aquél. A causa de la caída, sufrió traumatismos que le ocasionaron la muerte. Su concubina, por sí y por sus hijos menores, inició acción por daños y perjuicios contra la provincia y los miembros de la policía que intervinieron en los hechos. La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la demanda, decisorio que fue casado por la Corte local, por lo cual el primer tribunal dictó una sentencia sustitutiva que hizo lugar parcialmente a la pretensión.



Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV

Fecha: 21/09/2010

Partes: Fernández Alsina, Jorge c. Banco Central de la República Argentina

Cita Online: AR/JUR/52359/2010

Publicado en: LA LEY 21/01/2011, 3

Sumario: Resulta improcedente responsabilizar al Banco Central de la República Argentina por la falta de restitución de las sumas depositadas por el actor en un banco que fuera posteriormente declarado en quiebra, si ha quedado acreditado que los administradores de dicha entidad ocultaron y tergiversaron la información financiera enviada al B.C.R.A., pues no resulta lógico que el ejercicio del poder de policía financiero que compete a éste resulte suficiente para atribuirle responsabilidad por los daños motivados en hechos delictivos de terceros.

Sumario: Aun en la hipótesis de que se hubiere verificado un incumplimiento del B.C.R.A por inobservancia de los plazos para conceder nuevos créditos a las entidades financieras, ello no resulta suficiente para responsabilizar a dicha entidad por la imposibilidad de cobro de los fondos depositados por el actor en un banco que fuera posteriormente declarado en quiebra ya que no media nexo de causalidad entre el accionar del ente de control y el perjuicio.

Jurisprudencia Vinculada (*)

Ver tambien

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala III, “Borgna, María Felicita Cleve c. BCRA”, 16/08/2006, AR/JUR/10482/2006.

Hechos

En el marco de una crisis financiera internacional –efecto tequila-, los administradores de un banco ocultaron información financiera al B.C.R.A creando una falsa apariencia de solvencia. Con posterioridad se declaró la quiebra de dicho banco. Un depositante interpuso una acción de daños y perjuicios tendiente a que se responsabilice al B.C.R.A por el deficiente ejercicio de sus tareas de fiscalización. El juez de primera instancia rechazó la demanda promovida. La Cámara confirmó el fallo apelado.



Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala III

Fecha: 14/09/2010

Partes: De Luca, Rafael Antonio c. CNRT

Cita Online: AR/JUR/63171/2010

Publicado en: RCyS2011-I, 105 - DJ02/02/2011, 59 - Sup. Adm.2011 (mayo), 66 - LA LEY2011-C,

Sumario: Debe condenarse a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte —CNRT— a abonar al actor una suma en reemplazo de un vehículo de su titularidad que fuera retenido en los términos del art. 74 del anexo del decreto 253/95 y no pudo ser hallado en ninguno de sus predios, pues es evidente que incumplió con la obligación de custodia y seguridad a su cargo.

Hechos

El titular de un vehículo interpuso demanda contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte a fin de reclamar los daños y perjuicios derivados de su prolongada retención. La accionada reconvino reclamando los montos adeudados en concepto de arancel fijo y de guarda y custodia. La sentencia de grado rechazó la demanda y la reconvención, pero condenó a la demandada a abonar una suma de dinero a la actora por la desaparición del vehículo. Ambas partes apelaron. La Cámara confirma parcialmente el fallo recurrido.



Cámara 3a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 08/09/2010

Partes: Peralta, Marcelo Alejandro c. Instituto Provincial de Juegos y Casino

Cita Online: AR/JUR/52725/2010

Publicado en: LLGran Cuyo2010 (diciembre), 1113

Sumario: El Instituto Provincial de Juegos y Casinos debe responder por las lesiones que sufrió el actor tras ser atacado por un tercero en sus instalaciones, en tanto ello se debió a la defectuosa prestación del servicio de custodia y vigilancia a su cargo—art. 5, ley 24.240 y art. 42 de la Constitución Nacional—, siendo que el riesgo de la actividad desarrollada implica que se deban preverse modalidades severas de custodia que preserven la salud e integridad física de los asistentes, quienes pueden pasar por períodos de exaltación o frustración por causa del juego, excederse en la bebida y discutir entre ellos.

Sumario: El Instituto Provincial de Juegos y Casinos es responsable por las lesiones que sufrió un cliente tras ser agredido por otra persona luego de una discusión ocurrida en el bar del casino, en tanto cumplió de manera deficiente la obligación de custodia y seguridad que pesaba a su cargo, ya que su personal de seguridad debió expulsar a las personas que se encontraban en estado de ebriedad antes del infortunio o al mismo en que se inició dicha discusión.

Sumario: El Instituto Provincial de Juegos y Casinos accionado debe responder por las lesiones que sufrió un asistente tras ser agredido en sus instalaciones, pues si bien el daño lo produjo un tercero no se trata de una persona por quien no deba responder, ya que se encontraba en el interior de sus instalaciones y porque el acaecimiento del hecho fue posible gracias a la conducta omisiva de su personal de seguridad, incumpliendo así el deber de seguridad impuesto por el art. 42 de la Constitución Nacional.

Jurisprudencia Vinculada (*)

Ver tambien

Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, “Piña, Ester Edith c. Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía de Mendoza, Reynals David Omar, Asen Fabra, Mariela Inés)”, 06/05/2010, LLGran Cuyo 2010 (octubre), 843, AR/JUR/27104/2010; Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, “G., J. M. c. Provincia de Buenos Aires y Otro”, 08/08/2009, LLBA 2010 (junio), 504, AR/JUR/72054/2009; Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II, “Saavedra, Antonio José c. Ciudad de Buenos Aires y otros”, 28/05/2009, RCyS 2009-XII, 113, AR/JUR/21880/2009.

Hechos

Una persona inició acción de daños y perjuicios contra el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de la Provincia de Mendoza, por las lesiones que alegó haber sufrido dentro de un casino cuando una persona que estaba en el bar le arrojó un vidrio. El juez de primera instancia admitió la demanda. La sentencia fue apelada y la Cámara la confirmó.



Doctrina Vinculada(*)

IPARRAGUIRRE, Luciana “La responsabilidad del Estado. En la jurisprudencia de las provincias del NOA” LLNOA 2010 (noviembre), 1009.

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén

Fecha: 08/09/2010

Partes: Ponce, Julio César c. Provincia de Neuquén

Cita Online: AR/JUR/85245/2010

Publicado en: La Ley Online; 

Sumario: Configura falta de servicio en los términos del art. 1112 del Código Civil, la conducta del Estado Provincial consistente en omitir la adopción de medidas adecuadas —en particular, la suspensión de la explotación—para que la sociedad concesionaria de una mina subterránea cumpliera con las normas previstas en la Ley 1625 del Neuquén y la ley 19.587 sobre seguridad e higiene en el trabajo, toda vez que se acreditó que el Departamento de Policía del Trabajo provincial tuvo conocimiento acabado de las condiciones de trabajo insalubres y problemas estructurales a los que se exponía a los operarios de aquella explotación, máxime si dicho organismo efectuó durante años reiteradas inspecciones e intimaciones sin éxito alguno.

Sumario: El Estado Provincial es responsable por los daños y perjuicios derivados de las enfermedades profesionales desarrolladas a lo largo de la relación laboral por un trabajador de una mina subterránea —en el caso, cervicobraquialgia, lumbociatalgia e hipoacusia bilateral que le ocasionaron incapacidad permanente y parcial—, en tanto incurrió en falta de servicio por la prestación defectuosa del Poder de Policía de salubridad e higiene en el trabajo, pues de haberse cumplido debidamente la función pública y así logrado que la empresa explotadora del yacimiento realizara los estudios médicos periódicos a sus dependientes, las patologías mencionadas podrían haberse evitado o al menos amenguado.

Hechos

Un trabajador de una mina subterránea interpuso una acción de daños y perjuicios contra el Estado Provincial, responsabilizándolo por la omisión en el cumplimiento regular de las obligaciones legales a su cargo relativas al ejercicio de la Policía del Trabajo, en tanto al no corregir las insalubres condiciones laborales a las que se expuso, le habrían hecho contraer enfermedades profesionales. El reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia. Contra el decisorio de Alzada, el actor interpuso recurso extraordinario de nulidad y casación por inaplicabilidad de ley. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén hizo lugar al primero de dichos recursos y acogió la demanda.



Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo de Mar del Plata

Fecha: 02/09/2010

Partes: L., M. A. y otros c. Provincia de Buenos Aires y otros

Cita Online: AR/JUR/59640/2010

Publicado en: La Ley Online; 

Sumario: Es improcedente eximir de responsabilidad al Estado Provincial en los términos del art. 1111 del Código Civil por el suicidio cometido por un detenido dentro de una comisaría —en el caso, le fue informado que sería trasladado a una unidad carcelaria y temía represalias de otros detenidos hacia su persona, por estar imputado del delito de abuso sexual—, ya que omitió brindar la contención y cuidado que le hubieran permitido cumplir con la finalidad del régimen carcelario, esto es apoyo psicológico, vigilancia continua, facilitación del régimen de visitas.

Jurisprudencia Vinculada (*)

Corte Suprema

“Blackie, Paula Y. y otros c. Provincia de Córdoba”, 08/08/2006, La Ley Online: “Es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la acción de reparación de los daños y perjuicios que se invocan como derivados del accionar irregular del personal de la policía provincial en la tarea de brindar una adecuada custodia a una persona que estaba alojada en sus dependencias —en el caso, su cuerpo fue quemado—, ya que la pretensión subsume un supuesto de responsabilidad del estado local por la presunta falta de servicio —por acción o por omisión—, que se sustenta en el cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias y que corresponden al ámbito del derecho público local”.

Ver tambien

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I, “Ferreyra, Adriana Susana c. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, 24/11/2009, RCyS 2010-VII, 144, AR/JUR/57860/2009; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, sala II, “Vargas, Nélida Noemí c. Policía de la Provincia del Chaco y/u otros”, 10/08/2009, RCyS 2009-XII, 180, AR/JUR/29931/2009; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy, sala II, “Fernández, María I. c. Sánchez, Néstor R. y otros”, 05/06/2006, LLNOA 2006 (noviembre), 1179, AR/JUR/5706/2006.

Hechos

Un hombre fue detenido por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado. Mientras estaba alojado en las dependencias de una comisaría de la ciudad de Olavarría, se quitó la vida colgándose de un dogal de fabricación propia en la reja del baño del calabozo, tras anoticiarse que a causa del dictado de su prisión preventiva sería trasladado a una unidad carcelaria. La esposa reclamó por sí y en representación de sus hijos menores contra la Provincia de Buenos Aires, una indemnización de los daños y perjuicios derivados de la muerte. El juez de primera instancia admitió la demanda. La sentencia fue apelada y la Cámara la confirmó.



Doctrina Vinculada(*)

IPARRAGUIRRE, Luciana “La responsabilidad del Estado. En la jurisprudencia de las provincias del NOA”, LLNOA 2010 (noviembre), 1009.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 31/08/2010

Partes: Bea, Héctor y otro c. Estado Nacional Secretaría de Turismo

Cita Online: AR/JUR/45116/2010

Publicado en: LA LEY 13/09/2010, 11 - LA LEY 27/09/2010, 6, con nota de Félix A. Trigo Represas;  LA LEY 2010-E, 405, con nota de Félix A. Trigo Represas;  Sup. Adm.2010 (noviembre), 77 - DJ09/12/2010, 21 - LA LEY2010-F, 189 - RCyS 2011-II, 110, con nota de Tomás Ignacio González Pondal; 

Sumario: Es responsable el Estado Nacional por los daños y perjuicios derivados de la muerte del hijo de los actores en un lago artificial sito en la Provincia de Buenos Aires en ocasión de realizar un viaje de fin del curso escolar primario, si se encuentra acreditado que la explotación de esas aguas le corresponde al demandado y que éste incurrió en falta de servicio, en tanto no informó de los riesgos existentes en el lugar, en virtud de que no había en el lugar ninguna advertencia sobre la profundidad del lago, que era de muy fácil acceso, hasta después del accidente.

Jurisprudencia Vinculada (*)

Corte Suprema

en"Morrow de Albanesi", 17/08/2010 —La Ley online— sostuvo que cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad, aquél responde directamente por la falta de una regular prestación. (...) Esta idea objetiva de la falta de servicio por hechos u omisiones encuentra su fundamento en la aplicación del artículo 1112 del Código Civil y no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al artículo 1113 del Código Civil.



Hechos

La sentencia de Cámara, al revocar la decisión de grado, rechazó la demanda promovida por los padres de un niño contra el Estado Nacional, tendiente a que se les indemnizaran los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su hijo, quien fue hallado sin vida en un lago artificial sito en la Provincia de Buenos Aires, perteneciente a un complejo hotelero dependiente de la Secretaría de Turismo de la Nación, en ocasión de realizar un viaje de fin del curso escolar de séptimo grado. Para decidir así, sostuvo que las aguas del lago artificial pertenecen al dominio público provincial, por lo que la demanda debió ser contra ella promovida. Asimismo, sostuvo la responsabilidad de los guardadores (maestros y padres). Contra ese pronunciamiento, los actores promovieron recurso ordinario de apelación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia apelada.



Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II

Fecha: 19/08/2010

Partes: Muñiz Construcciones SA c. EN

Cita Online: AR/JUR/48124/2010

Publicado en: Sup. Adm.2011 (mayo), 61 - LA LEY2011-C,

Sumario: Si el ente estatal no es el autor material del acto lesivo, salvo norma legal expresa que se la atribuya en función de un deber de garantía objetiva, sólo puede ser objeto de reproche generador de responsabilidad subjetiva cuando, encontrándose normativamente obligado a ejecutar una o más conductas cuyo oportuno ejercicio podría impedir que se verificara el daño causado, no hubiera dado cumplimiento a la que era adecuada a tal fin.

Hechos

Una sociedad promovió demanda contra el Estado Nacional a efectos que se lo condene a abonar una suma de dinero en concepto de daños y perjuicios que aduce haber sufrido como consecuencia de la defraudación de la que fue víctima, motivada por el trámite de un sucesorio iniciado mediante partidas apócrifas, y la consecuente existencia de un asiento falso en el Registro de la Propiedad Inmueble respecto a la transmisión de un bien relicto. El Juez de grado rechazó la acción, ante lo cual, la actora apeló. La Cámara confirma el fallo recurrido.



Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V

Fecha: 18/08/2010

Partes: Ochoa, Francisco Jorge c. E.N. Superintendencia de Seguros

Cita Online: AR/JUR/56192/2010

Sumario: Debe rechazarse la demanda de daños y perjuicios promovida contra la Superintendencia de Seguros por quien se vio impedido de cobrar una indemnización de los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito a causa de la liquidación de la aseguradora, pues la pérdida de liquidez y la consiguiente revocación de la autorización para operar en seguros no es suficiente para responsabilizar al organismo de control quien, según el informe de la delegada liquidadora y las demás constancias de las actuaciones administrativas, había supervisado a la compañía aseguradora y le había revocado la autorización para funcionar, con fundamento en los múltiples incumplimientos a las exigencias impuestas para que continuara llevando a cabo regularmente la actividad aseguradora.

Hechos

Una persona demandó a la Superintendencia de Seguros a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de hacer efectiva la sentencia condenatoria dictada contra una aseguradora en el juicio en que había sido condenada al pago de una indemnización en concepto de reparación de los daños ocasionados al vehículo automotor de su propiedad. Imputó a la demandada haber omitido supervisar las actividades de la aseguradora, lo que derivó en el cese de actividades y en la liquidación de ésta. El juez de grado rechazó el reclamo. La Cámara confirmó la decisión.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 17/08/2010

Partes: Morrow de Albanesi, Viviana María y otros c. Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Ext., Comercio Internacional y Culto

Cita Online: AR/JUR/41946/2010

Publicado en: RCyS2010-IX, 136 - LA LEY 13/09/2010, 12 - DJ05/01/2011, 25

Sumario: El Estado Nacional es responsable por los daños y perjuicios derivados de la muerte de un consultor contratado durante el viaje en el que acompañaba a la comitiva oficial del canciller argentino —art. 1112 del Cód. Civil—, en tanto aquél incurrió en una falta de servicio debido a que las personas que protagonizaron el accidente —conductor, primer secretario de la Embajada y el causante— se encontraban en ejercicio de funciones, ya que formaban parte de esa comitiva el automóvil accidentado estaba afectado como vehículo de apoyo y el funcionario estatal no conducía el vehículo en condiciones adecuadas —ya que éste circulaba a una velocidad excesiva que no le permitió realizar la maniobra adecuada frente al cruce de un animal—, acreditándose el daño cierto sufrido por los actores a raíz del fallecimiento del causante y la relación de causalidad adecuada entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue.

Sumario: Si se encuentra probado que el cruce de un animal en la ruta no fue la causa de los daños reclamados a raíz de la muerte de una persona contratada por el Estado Nacional —ocurrida durante un viaje en el que acompañaba a la comitiva oficial del canciller argentino—, sino la excesiva velocidad con que el funcionario —primer secretario de la embajada— conducía, y también, que ese funcionario no manipulaba el automóvil en condiciones adecuadas para llevar a destino a los pasajeros del vehículo, cabe concluir que el Estado prestó el servicio en forma irregular en los términos del art. 1112 del Cód. Civil.

Sumario: La idea objetiva de responsabilidad del Estado por falta de servicio —por hechos u omisiones— encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Cód. Civil y no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Cód. Civil.

Sumario: Es inaceptable la consolidación, en los términos de la ley 25.344, de la indemnización derivada de la responsabilidad del Estado por la muerte de una persona, por falta de servicio—en el caso, un consultor contratado durante el viaje en el que acompañaba a la comitiva oficial del canciller argentino—, pues, ello equivale a eximir al Estado de su deber de cuidar la vida de los individuos, por cuya existencia debe velar, y dejar sin remedio legal efectivo a los derechohabientes. (Del voto del Doctor Lorenzetti, según su voto en "Mesquida, Gregorio H. y otro c. Armada Argentina y otro" —28/11/2006, LA LEY 2007-A 566—, al cual remite)

Hechos

Fue promovida demanda de daños y perjuicios a raíz del fallecimiento de un consultor contratado por el Estado Nacional durante el viaje en el que acompañaba a la comitiva oficial del canciller argentino. Se produjo un accidente cuando el primer secretario de la embajada realizó una maniobra con el automóvil para esquivar a un animal en la ruta. La sentencia de Cámara revocó parcialmente la decisión de grado en cuanto ordenó al Estado pagar una suma de dinero en concepto de remuneraciones no abonadas. Para así decidir consideró que, si bien el causante preparó y ofició un "proyecto", su trabajo no estuvo bajo la subordinación de funcionarios de la Cancillería y que su remuneración como coordinador general estaba sujeta a la aprobación del proyecto, y que como el accidente sucedió antes de esa aprobación, no se concretó esa condición. De todas maneras, confirmó la responsabilidad del Estado fundada en art. 1113 del Cód. Civil. Asimismo, disminuyó los montos otorgados en concepto de daño patrimonial a la esposa y a los hijos del causante, y aplicó el régimen de consolidación de deudas. Contra ese pronunciamiento el Estado Nacional interpuso recurso ordinario de apelación y recurso extraordinario, así como la actora y la Defensora Oficial interpusieron sendos remedios federales. El rechazo de los recursos extraordinarios deducidos, dieron lugar a las respectivas quejas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la responsabilidad del Estado, y declaró la deserción de los restantes agravios.



Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C

Fecha: 17/08/2010



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