Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



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(109)Cierto es que esta inmunidad era más teórica que real pues la Corona en algunos supuestos resultaba indirectamente demandada a través del sistema del "demandado nominado" al que me referiré enseguida.

(110)WADE, ibíd., p. 808.

(111)Véase nota 14, esp. p. 897.

(112)"Administrative Law", cit. p. 809.

(113)Henry de Bracton fue el más célebre jurista inglés del medioevo. Vivió en el siglo XIII (muere en 1268) y fue el más importante recopilador de las primeras decisiones judiciales habiendo ejercido influencia en otro jurista inglés importante: Sir Edward Coke (1552-1634). Ocupó diversos cargos entre ellos fue juez de King's Bench y Caciller de la Catedral de Exeter. Su obra llamada "De Legibus et Consuetudinibus Angliae" (Las leyes y costumbres de Inglaterra) constituye la base del derecho medieval inglés y fue la continuación de una obra anterior escrita hacia 1187 por Ranulf Glanville. Fue conocida luego de su muerte y de ella se hicieron varios manuscritos (un total de cincuenta aproximadamente) que circularon en los siglos XIV y XV. La obra fue impresa en 1569. Para ampliar información sobre Bracton puede verse: BAKER, J.H., "An Introduction to English Legal History", p. 201 y sigtes., 3erd. edition, Butterworths, 1990; TEACHOUT, Peter R., Henry de Bracton, en: "The Guide to American Law, Vol. 2, ps. 139/141, "West Publishing Co., Minnesota, 1983.

(114)Bracton sostenía que: "rex non debet esse sub homine sed sub deo et sub lege, quia lex facit regem" (el Rey no puede estar sometido a los hombres sino ante Dios y las leyes, porque es la ley la que lo hace Rey).

(115)Cit., p. 809.

(116)Inicialmente fue empleada para el recupero de tierras y luego de la revolución de 1688 se extendió a otro tipo de reclamos, por ejemplo las deudas de dinero. Es famoso el "Banker's case" de 1690 donde fue demandado Carlos II por la falta de devolución de préstamos que le fueron acordados a la Corona.

(117)"Dyson v. Attorney General, 1 King Bench 410, 422 (1911)".

(118)"Thomas v. The Queen, The Law Reports 10 Queen Bench 31 (1874)".

(119)"Churchward v. Regina, The Law Reports 1 Queen Bench 173, 200 (1865)".

(120)Como bien anota Wade el principio es inconsistente ya que tampoco podría autorizarlos a violar las normas de un contrato y generar un incumplimiento y sin embargo en estos casos sí se admitía la responsabilidad (cit. p. 811).

(121)"Canterbury v. A.-G. 1 Ph 306 (1842)".

(122)"Tobin v. The Queen, 16 CBNS 310 (1864)".

(123)"Raleigh v. Goschen 1 Ch 73 (1898); Roncarelli v. Duplessis 16 DLR (2d) 689 (1959)".

(124)"Bainbridge v. Post-Master General, 1 King Bench 178 (1906)".

(125)WADE, cit. p. 813.

(126)La palabra "tort" significa, en el lenguaje del "common law", un daño resarcible producido fuera de un contrato ("Black's Law Dictionary, cit. p. 1489).

(127)"Trawnik v. Lennox, 1WLR 532 (1985)".

(128)WADE, cit. p. 814.

(129)Ibíd., p. 818.

(130)"Fray v. Blackburn 3 B. & S. 576, 578 (1863); Anderson v. Gorrie, 1 Queen Bench 668 (1895)".

(131)"Cave v. Mountain 1 M. & G. 257, 263 (1840)".

(132)Wade explica que bajo la "Petition of Right Act de 1860" estaba contemplado el procedimiento de pagos efectuados con el patrimonio personal del soberano, mientras que la ley actual ha abolido no sólo la petición sino también cualquier procedimiento contra el soberano en forma personal (p. 822).

(133)"Dunn v. McDonald, 1 Queen Bench 401, 555 (1897)".

(134)"Limitation Act 1939, sección 21".

(135)"Limitation Act 1980, secciones 2 y 11".

(136)AMAN, Alfred C. and MAYTON, William T., "Administrative Law", West Publishing Co., 1993, p. 525 (en adelante citado como Aman-Mayton).

(137)Reproducido en los arts. 100 y 101 de nuestra Constitución de 1853, actualmente arts. 116 y 117, luego de la reforma de 1994.

(138)AMAN-MAYTON, cit. p. 342.

(139)"19 U.S. (6 Wheaton) 264, 412 (1821)".

(140)"33 U.S. (8 Peters) 436, 444 (1834)".

(141)"United States v. McLemore, 45 U.S. (4 Howard) 286 (1846); Hill v. United States, 50 U.S. (9 Howard) 386, 389 (1850); De Groot v. United States, 72 U.S. (5 Wallace) 419, 431 (1867); United States v. Eckford, 73 U.S. (6 Wallace) 484, 488 (1868); The Siren, 74 U.S. (7 Wallace) 152, 154 (1869); Nichols v. United States, 74 U.S. (7 Wallace) 122, 126 (1869); The Davis, 77 U.S. (10 Wallace) 15, 20 (1870); Carr. v. United States, 98 U.S. 433, 437-439 (1879)".

(142)"106 U.S. 196, 207 (1882)". Dice este voto: "mientras la excepción de los Estados Unidos ... de ser demandados en acciones ordinarias ante los tribunales ... ha sido repetidamente afirmado, nunca se ha discutido ni el principio ni las razones del mismo, pero siempre se lo ha considerado una doctrina establecida".

(143)Bien es sabido que Oliver Wendell Holmes (jr.) desde su ingreso a la Corte de los Estados Unidos en 1903, se convirtió en uno de los campeones de la avanzada liberal --luego seguido por Louis Brandeis-- frente al conservadorismo que imperaba en aquella época en el tribunal y sus votos disidentes abrieron surcos importantes en la jurisprudencia de esa época. Baste recordar por ejemplo su opinión disidente en "Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905)" donde el tribunal por mayoría declaró la inconstitucionalidad de una ley que fijaba la jornada máxima de trabajo en las panaderías. Un estudio acerca de la influencia de las ideas renovadoras de Holmes en la Corte de los Estados Unidos puede verse en: SCHWARTZ, Bernard; "Some Makers of American Law", Oceana Publications, New York, 1985, ps. 75/93.

(144)"Kawananakoa v. Polyblank, 205 U.S. 349, 353 (1907)".

(145)"Western Maid, 257 U.S. 419, 433 (1922)".

(146)Según esta Enmienda: "No se interpretará que el Poder Judicial de los Estados Unidos se extiende a ningún juicio en derecho o equidad iniciado o llevado contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro estado o súbditos de estados extranjeros".

(147)"2 U.S. (2 Dallas) 419 (1793)".

(148)Un estudio completo de la Enmienda XI puede verse en: ORTH, John V.: "The Judicial Power of the United States, The Eleventh Amendment in American History, Oxford University Press, 1987.

(149)"Hans v. Louisiana, 134 U.S. 1, 10 (1890)".

(150)"Lonergan v. United States, 303 U.S. 33 (1938); United States v. Shaw, 309 U.S. 495 (1940)".

(151)"United States v. New York Rayon Co., 329 U.S. 654 (1947)".

(152)"United States v. Mitchell, 463 U.S. 206 (1983)".

(153)DAVIS, Kenneth C. and PIERCE, "Administrative Law Treatise, t. III, p. 203 y sigtes., "3rd. edition, Little Brown and Co., Boston 1994, (en adelante Davis-Pierce, Treatise).

(154)SCHWARTZ, "Administrative Law", p. 605 y sigtes. "3erd. edition, Little Brown and Co., Boston, 1991.

(155)Véanse por ejemplo los numerosos casos en que la mala praxis en que incurren médicos de reparticiones estatales es imputable al gobierno: Sección 1089, Tít. 10 USC (médicos de la CIA); Sección 2702 Tít. 22 USC (médicos del Departamento de Estado o del Servicio Exterior); Sección 4116, Tít. 28 USC (médicos del Departamento de Veteranos); Sección 233, Tít. 42 USC (médico del Servicio de Salud Pública).

(156)"Public Law 100-694, 102 Statutes at Large 4564 (1988)".

(157)"FDCI v. Meyer, 114 Supreme Court Reporter 996 (1994); Elder v. Holloway, 114 Supreme Court Reporter 1019 (1994); Farmer v. Brennan, 114 Supreme Court Reporter 1970 (1994)".

(158)"Flatford v. City of Monroe, 17 Federal Reporter 3rd. Series 162 (6th. Circuit, 1994); Harris v. Akron, 20 Federal Reporter 3rd. Series 1396 (6 th. Circuit, 1994)".

(159)"26 North Eastern Reporter 100 (Mass. 1891)".

(160)La acción había sido promovida contra los funcionarios de un servicio de sanidad que ordenaron eliminar un caballo creyendo que se hallaba afectado por una enfermedad contagiosa. El propietario del animal los demandó y logró demostrar que su caballo estaba sano, lo que motivó la condena pecuniaria de los funcionarios.

(161)403 U.S. 388 (1971).

(162)442 U.S. 228 (1979).

(163)446 U.S. 14 (1980).

(164)462 U.S. 367 (1983).

(165)El mismo día en que fue resuelto el caso Bush, la Corte resolvió también "Chappel v. Wallace, 462 U.S. 296 (1983)", y estableció que los funcionarios militares no podían invocar la doctrina de Bivens contra las violaciones constitucionales que sus superiores les hubieran causado.

(166)487 U.S. 412 (1988).

(167)"112 Supreme Court Reporter 1081 (1992)".

(168)En inglés: "The remedy against the United States provided by sections 1346(b)(1) and 2672 of this title for injury or loss of property, or personal injury or death arising or resulting from the negligent or wrongful act or omission of any employee of the Government while acting within the scope of his office or employement is exclusive of any other civil action or proceeding for money damages arising out of or relating to the same subject matter...".

(169)Véase las leyes citadas en nota 155.

(170)DAVIS-PIERCE, "Treatise", t. III, p. 207.

(171)Cabe recordar que Davis-Pierce advierten que hoy día en los Estados Unidos existen más de 40 leyes que regulan en forma dispersa la responsabilidad del Estado en diferentes actividades. De todas ellas sin embargo, la más orgánica y general es la "Federal Torts Claim" Act, a la que me referiré seguidamente ("Treatise...", cit. t. III, p. 229).

(172)Ley del 24 de febrero de 1855, 10 Stat. 612.

(173)Además del fallo que citaré más abajo en nota 181, la historia y desarrollo de la "Court of Claims" puede verse en: "Hart and Wechsler's, The Federal Courts and the Federal System, 3rd. edition (by P. Bator, D. Meltzer, P. Mishkin y D. Shapiro), The Foundation Press, New York, 1988, pp. 102/106 y 1145/1146)".

(174)"Gordon vs. United States, 2 Wallace 561; United States vs. Jones, 119 U.S. 477 (1886)".

(175)Ley del 3 de marzo de 1887", 24 Estatutes at Large 505 (1887).

(176)Véase el "Título 28, Cap. 91, seccs. 1491/1508 del United States Code (USC)".

(177)En los Estados Unidos los llamados tribunales legislativos constituyen lo que entre nosotros son los tribunales administrativos. Se los distingue de los "tribunales judiciales o constitucionales" que son los previstos di rectamente en el art. III de la Constitución. El estudio de esta clase de tribunales, entre otro muchos lugares puede verse en: CHEMERINSKY, Erwin, "Federal Jurisdiction", 2nd. edition, Little Brown & Co., Boston, 1994, Ch. 4.

(178)279 U.S. 438 (1929).

(179)289 U.S. 553 (1933).

(180)67 stat. 226. Cap. 253, secc. 1. Actualmente secc. 171 del Título 28 del USC.

(181)370 U.S. 530 (1962).

(182)El voto del juez Harlan explica detalladamente la historia de los tribunales del art. I en los Estados Unidos, especialmente el Cap. VI, referido a la "Court of Claims" y la "Court of Customs and Patent Appeals".

(183)Actualmente está contenida en las Secciones 1981 a 1988 del título 42 USC.

(184)Luego de la Guerra Civil se incorporaron a la Constitución las Enmiendas 13, 14 y 15 que iniciaron el llamado movimiento de la reconstrucción. Dentro de este último fue sancionada también la ley de Derechos Civiles cuyo propósito inicial --luego frustrado por la Corte en los casos de los Mataderos de Luisiana ("Slaughterhouse Cases"), 83 US. 36 (1873)-- fue la protección de los derechos de los esclavos recientemente liberados contra el obrar de organizaciones tales como el "Ku Klux Klan" fuertemente ligadas a los gobiernos en los Estados de la ex Confederación.

(185)365 U.S. 167 (1961).

(186)En inglés: "Any person who under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage of any state or Territory or the District of Columbia, subjects or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity or other proper proceeding for redress ...".

(187)"Treatise ..." cit., t. III, p. 262.

(188)"Wilder v. Virginia Hospital Association, 496 U.S. 498 (1990)".

(189)"Schlegel v. Bebout, 841 Federal Reporter Second Series 937 (9no. Circuito 1988)".

(190)"Vail v. Board of Education, 706 Federal Reporter Second Series 1435 (7mo. circuito 1983)".

(191)Es preciso tener en cuenta tal como lo hizo notar la Corte en "United States v. Testan, 424 U.S. 392 (1976)" --a través del voto justice Blackmun-- que esta ley no crea ningún derecho en contra del gobierno, sino que se trata de un mecanismo procesal para hacer efectivo el derecho a efectuar un reclamo patrimonial contra aquél cuando dicho derecho existe.

(192)El "United States Claims Court" es como vimos algunos párrafos más arriba aquel ante el cual se plantean las demandas por responsabilidad patrimonial del gobierno federal.

(193)En inglés: "The United States Claims Court shall have jurisdiction to render judgemente upon any claim against the United States founded either upon the Constitution, or any Act of Congress or any regulation of an executive department, or upon any express or implied contract with the United States, or for liquidated or unliquidated damages in cases not sounding in tort".

(194)"Basso v. United States, 239 U.S. 602 (1915)".

(195)Por "taking" se entiende toda limitación o restricción impuesta al dominio privado, ya sea que provenga de una acción material o bien de una molestia inmaterial tal por ejemplo el ruido proveniente de un aeropuerto. Acerca de este tema puede verse: EPSTEIN, Richard A., "Takings, Private Poperty and the Power of Eminent Domain", Harvard University Press, Massachusetts, 1985.

(196)"United States v. Causby, 328 U.S. 256 (1946)".

(197)"United States v. Mitchell, 463 U.S. 206 (1983)". Esta tribu reclamaba al departamento del Interior el pago de los daños producidos como consecuencia del mal uso dado a extensiones de bosques ("timberland") de su propiedad. La Corte admitió que había existido una ruptura de la confianza entre el gobierno y la tribu accionante y que como tal el reclamo era procedente de conformidad con la ley Tucker cuyas provisiones permitían remover la inmunidad soberana a favor de los Estados Unidos.

(198)Regulada actualmente en las Secciones 1346 y 2671 a 2680 del Título 28 USC.

(199)Existen además de las mencionadas expresamente en el texto, unas cuarenta leyes que regulan aspectos particulares de la responsabilidad estatal (Conf. DAVIS-PIERCE, t. III, p. 229).

(200)En inglés y en su versión completa esta Sección dice: "Subject to the provisions of chapter 171 of this title, the districts courts, together with the United States District Court for the District of the Canal Zone and the District Court of the Virgin Isles, shall have exclusive jurisdiction of civil actions on claims against the United States, for money damages, accruing on and after january 1, 1945, for injury or loss of property, or personal injury or death caused by the negligent or wrongful act or omission of any employee of the Government while acting within the scope of his office or employment, under circumstances where the United States, if a private person, would be liable to the claimant in accordance with the law of the place where the act or omission occurred". He resaltado la parte transcripta en el texto.

(201)"Treatise", cit. t. III, Cap. 19.4, pp. 229/252.

(202)"Dalehite v. United States, 346 U.S. 15, 44/45 (1953); Laird v. Nelms, 406 U.S. 797, 802/803 (1972)".

(203)Por daños punitivos se entiende aquellos que se imponen por encima del estricto monto del perjuicio causado como castigo a quien ha obrado con circunstancias agravantes tales como violencia, malicia, fraude, etc. Nuestro derecho no los reconoce, pero sí lo hace el derecho norteamericano (véase: "Black's Law Dictionary", cit. p. 390).

(204)"112 Supreme Court Reporter 711, 715 (1992)".

(205)De conformidad con lo dispuesto en la Sección 2680(a), Tít. 28 USC que excluye las acciones judiciales planteadas contra actos que proceden de decisiones discrecionales.

(206)Esta sección fue objeto de interpretación en "Berkovitz v. United States, 486 U.S. 531 (1988)", litigio en el cual se había demandado a dos entidades del gobierno federal por haber otorgado una licencia para una vacuna oral contra la poliomielitis que resultó nociva para la salud pues de hecho resultó generadora de dicha enfermedad. Allí quedó establecido que no cualquier actividad discrecional está al margen de responsabilidad, sino tan solo aquellas que emanan de la política legislativa del gobierno.

(207)El "leading case" en la materia sigue siendo "Dalehite v. United States, 346 U.S. 15 (1953). El caso se originó como consecuencia de los graves daños que causó la explosión ocurrida en un buque recalado en el puerto de la ciudad de Texas que portaba toneladas de fertilizantes para ser enviadas a Europa. Como consecuencia del hecho murieron unas 560 personas y más de 3000 resultaron heridas. Los accionantes reclamaron la indemnización de los daños producidos fundándose en la negligencia de las autoridades de la embarcación y también en la de los responsables del diseño de la política exportadora del fertilizante por no haber extremado los cuidados en el análisis de los riesgos que el producto podía crear en punto de su elaboración y almacenamiento. La Corte sin embargo --en una sentencia muy criticable-- rechazó la acción y sostuvo que la decisión cuestionada --el programa de exportación del fertilizante-- era discrecional y que no podía entablarse una demanda en su contra. En casos posteriores, tales como "Indian Towing Co. v. United States, 350 U.S. 61 (1955)", la Corte ha intentado limitar los alcances de Dalehite, pero aún así el criterio de la discrecionalidad sigue siendo una barrera importante para la responsabilidad estatal. Por ejemplo en "United States v. S. A. Empresa de Viacao Rio Grandense (Varig Airline), 467 U.S. 797 (1984)", la Corte ha regresado al criterio de Dalehite. En este último caso se cuestionaba la responsabilidad de la Agencia de Aeronáutica Civil (actualmente Agencia de Aviación Federal) por haber implementado un sistema de controles selectivos ("spot checks") en lugar de elaborar un régimen exhaustivo de inspecciones en las aeronaves. La acción fue rechazada sobre la base de que esta decisión que involucraba la elección entre un sistema u otro era discrecional.

(208)Sección 2680(a), Tít. 28 USC.

(209)"Administrative Law", p. 609.

(210)Así mientras la Corte de Apelaciones del "8vo. Circuito en Davis v. United States, 536 Federal reporter, Second Series 758 (1976)", rechazó una acción entablada contra un agente federal por no cumplir con una ley federal de salubridad y seguridad en el trabajo ("Occupational Safety and Health Act") pues las obligaciones no estaban impuestas por una ley local, algunos años antes la Corte Suprema en "United States v. Muñiz, 374 U.S. 150 (1963)", admitió una acción entablada por detenidos en una penitenciaría federal contra el servicio penitenciario, señalando que los estándares para el tratamiento de los detenidos debían ser tomados del derecho local.

(211)"Sección 2675 Tít. 28 USC y McNeil v. United States, 113 Supreme Court Reporter 1980 (1993)".

(212)Sección 2401(b), Tít. 28 USC.

(213)Sección 2402. Tít. 28 USC.

(214)USC, Título 28, Capítulo 7.

(215)En inglés: Sec. 702. "Right of review. A person suffering legal wrong because of agency action, or adversely affected or agrigrieved by agency action withing the meaning of a relevant statute, is entlited to judicial review thereof. An action in a court of the United Stated seeking relief other than money damages and stating a claim that an agency or and officer or employee thereof acted or failed to act in an official capacity or under color of legal authority shall not be dismissed nor relief therein be denied on the gound that it is against the United States or that the United States is an indispensable party. The United States may be named as a defendant in any such action, and a judgment or decree may be entered against the United States: Provided, That any mandatory or injuctive decree shall specify the Federal officer or officers (by name or by title), and their successors in office, personally responsible for compliance. Nothing herein (1) affects other limitations on judicial review or the power of duty of the court to dismiss any action or deny relief on any other appropriate legal or equitable gound; or (2) confers authority to grant relief if any other statute that grants consent to suit expressly or impliedly forbids the relief which is sought".

(216)"Secc. 704: Actos administrativos judicialmente revisables. Las decisiones de las agencias administrativas que, conforme a la ley, sean judicialmente revisables, y las decisiones finales de dichas agencias respecto de las cuales no exista otro remedio adecuado en un tribunal están sujetas a revisión judicial. Las decisiones administrativas de carácter preliminar, de procedimiento o interlocutorias, que no sean directamente revisables judicialmente, lo serán luego de haber sido revisadas por una decisión final de la agencia administrativa. Salvo que la ley lo disponga expresamente de otra forma, una decisión de una agencia administrativa normalmente considerada final será considerada tal, a los efectos de esta sección, en cualquier caso que se haya presentado o se haya ordenado presentar contra ella un recurso de reconsideración, a menos que se establezca que el acto administrativo está suspendido en sus efectos, pendiente una apelación ante la autoridad superior de la agencia". En inglés: Sec. 704. "Actions reviewable. Agency action made reviewable by statute and final agency action for which there is no other adequate remedy in a court are subject to judicial review. A preliminary, procedural, or intermediate agency action or ruling not directly reviewable is subject to review on the review of the final agency action. Except as otherwise expressly required by statute, agency action otherwise final is final for the purposes of this section whether or not there has been presented or determined an application for a declaratory order, for any form of reconsideration, or unless the agency otherwise requires by rule and provides that the action meanwhile is inoperative, for an appeal to superior agency authority".

(217)BIANCHI, Alberto B., "¿Tiene fundamento constitucional el agotamiento de la vía administrativa?, LA LEY, 1995-A, 397, ver especialmente Cap. III.

(218)80 U.S. (13 Wallace) 335, 347 (1871).

(219)"Mireless v. Waco, 112 Supreme Court Reporter 286 (1991)".

(220)Un caso patético es "Stump v. Sparkman, 435 U.S. 349 (1987)" en el cual un tribunal de Indiana autorizó a pedido de la madre la esterilización de una menor de 15 años supuestamente retrasada mental. Años después esta mujer contrajo matrimonio y sólo tuvo noticias de su esterilización dos años de haberse casado. Planteada una demanda contra los jueces que autorizaron la esterilización, la Corte la rechazó.

(221)"Forrester v. White, 484 U.S. 219 (1988)".

(222)"Yaselli v. Goff, 275 U.S. 503 (1926)".

(223)La Corte Suprema en "Imbler v. Patchman, 424 U.S. 409 (1976)" rechazó la acción entablada por un ex convicto contra un fiscal que había obtenido merced a pruebas falsas la condena a muerte de aquél, la que luego fue reducida a prisión perpetua y más tarde se convirtió en una absolución cuando se demostró la falsedad de la acusación.

(224)438 U.S. 478 (1978).

(225)"Pensamos --dice la Corte a través del voto del "justice" White-- que el riesgo que supone un obrar contrario a la constitución en el marco de una audiencia en sede administrativa está compensado en exceso por la importancia de preservar la independencia de juicio de los funcionarios. Por ello sostenemos que aquellas personas que realizan funciones jurisdiccionales en una entidad administrativa tienen derecho a gozar de total inmunidad por los daños provenientes de su responsabilidad". Puede verse la cita parcial de este caso en: GELLHORN, W.; BYSE, C.; STRAUSS, P.; RAKOFF, T. y SCHOTLAND, R.; "Administrative Law, Cases and Comments, 8th. edition, The Foundation Press, New York, 1987, pp. 1175/1185, esp. p. 1181.



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