Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



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Es usual que en los casos jurisprudenciales se reitere como defensa el caso fortuito invocando lluvias y vientos que determinaron --según se esgrime-- la caída del árbol. Como se sabe el caso fortuito no aparece enumerado expresamente en el artículo citado. Sin embargo, no por ello deja de ser aplicable en tanto se trata de un acontecimiento que interrumpe el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, asimilable por tanto al hecho del tercero. Así la jurisprudencia tiene dicho que: "En función de su obligación de guarda la Municipalidad responde por los daños que motivan la caída de árboles plantados en la vía pública sobre los automóviles estacionados, lo cual no puede ser excusado sino probando que el hecho se produjo por fuerza mayor"(6). Claro está que la demostración del caso fortuito exige la prueba del origen extraño al hecho (7), siendo además incompatible con una conducta culposa o negligente.

Ahora bien, la lluvia y viento no acredita "per se" el caso fortuito o fuerza mayor pues para que los fenómenos climáticos sean considerados de tal forma, deben ser de una envergadura tal que desencadenen "un desastre de excepción que determine la imposibilidad de cumplimiento de la obligación"(8).

El inicio de expedientes administrativos que sobre el mal estado de especies arbóreas --y con ello la vetustez-- son iniciados mediante centros vecinales o denuncias de particulares, revisten trascendencia para conocer si, en el caso, la excomuna ha efectuado inspecciones al lugar y los resultados a los que se arribó en las actuaciones así como las medidas tomadas. Al respecto, la presunción de legitimidad de los actores administrativos es un elemento de gran valor probatorio para dilucidar la cuestión pues, en principio, procede acordar valor probatorio a las actuaciones cumplidas por las entidades estatales con fundamento último en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos. Para apartarse de sus constancias es menester suministrar pruebas en contrario no siendo suficiente las simples imputaciones sin apoyo en los elementos allegados al proceso"(9). Se trata en realidad de pruebas escritas que se presumen auténticas mientras no se pruebe lo contrario haciendo fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que las suscribe, no haciendo falta la tacha de falsedad para desvirtuarlos pues pueden ser destruidas con cualquier prueba en contrario (10).

Lo que no puede admitirse es la defensa sobre la base de un mal estacionamiento del rodado en la vía pública, tal como si pretendiera responsabilizarse a la víctima por infracción a los reglamentos de tránsito. En tal sentido se ha dicho: "La infracción de los reglamentos de tránsito que importa estacionar en lugares prohibidos no obsta a la responsabilidad de la comuna por los daños causados por la caída de un árbol, pues ello no ha sido causa, sino mera ocasión, porque ella no era de por sí apta para producir el derrumbe del árbol, que en definitiva, configura el hecho fuente como tal, irrelevante para hacer pesar sobre la víctima el todo o parte del perjuicio sufrido"(11).

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

(1)CNEspecial Civil y Com., sala IV, marzo 16-978, "Falgari, Omar A. c. Empresa Independencia y otros", BCEC y C, 670, núm. 6701.

(2)Conf. CNCiv., sala F, abril 12-985, "Vera, José L. y otra c. Estévez, Benito y otro", LA LEY 1985-C, 526.

(3)CNCiv., sala A, marzo 29-985, "Díaz, Osvaldo N. c. Testai e Hijos", LA LEY, 1986-A, 652, J. Agrup., caso 5579.

(4)Conf. CNCiv., sala B, mayo 15-1986, 878-SJ, ED, 122-646; ídem. sala G, agosto 4, 1986 (La Ley, 1987-A, 245); CNCiv., sala F, julio 24-979, "Caruzzo de Reboredo, Inés y otro c. Municipalidad de la Capital", ED, 85-263; CN Civ., sala L, octubre 12-994, "Ortiz, Américo c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, JA 1995-III-182, entre muchos otros.

(5)Conf. BELLUSCIO, A., "Código Civil Comentado", t. 5, p. 512, Ed. Astrea.

(6)CNCiv., sala A, diciembre 10-987, "Moreno, Silvio C. c. Municipalidad de Buenos Aires"; conf. CNCiv., sala F, julio 24-979, ED, 85-262.

(7)Conf. CNCiv., sala D, setiembre 7-984, "Artesano, Alberto M. c. Policlínica Bancaria 9 de Julio", LA LEY, 1985-C, 638 (36.846-S).

(8)CN Civ., sala H, abril 30, 1996, "Hermida, Omar H. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", LA LEY, 1997-D, 857-39.721-S.

Al respecto resulta útil la información del Servicio Meteorológico Nacional para conocer si se ha estado en presencia de un temporal dado que puede suministrarse al órgano jurisdiccional importantes datos al respecto del estado climático el día y hora del hecho. Tal el caso que informe la cantidad de agua caída, velocidad de los vientos, existencia de granizo, etcétera.

(9)Sala C, CNCiv., agosto 27-1969, ED, 37-129.

(10)Conf. voto doctor Hutchinson, sala IV, CNFed Contenciosoadministrativo, abril 15-1986, LA LEY, 1987-B, 59637.619-S-; CNFed Civil y Com., sala I, agosto 22, 1980, ED, 91-418; CNCiv., sala D, junio 29-1990, ED, 140-696.

(11)CNCiv., sala L, octubre 12-994, "Ortiz, Américo c. Municipalidad de Buenos Aires", JA, 1995-III-482.

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ RESPONSABILIDAD REFLEJA ~ RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DEL DEPENDIENTE

Título: Responsabilidad del Estado por el hecho de sus dependientes - Giro judicial cobrado por tercero extraño al proceso

Autor: Sagarna, Fernando Alfredo

Publicado en: LA LEY1999-E, 418 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 01/01/2007, 1331

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II (CNFedContenciosoadministrativo)(SalaII) ~ 1999/02/11 ~ L., H. R. c. Estado nacional

La presente causa decide un caso por el cual un empleado accionó por daños y perjuicios contra el Estado nacional por no haber podido percibir la indemnización laboral por despido, ya que la misma había sido cobrada con anterioridad por otra persona.

El actor demandó al Estado nacional, prestador del servicio de justicia, por la irregularidad cometida por parte del secretario del juzgado donde tramitaba el proceso laboral referido. Al proceso fueron citados como terceros, en los términos del art. 94 del Cód. Procesal, tanto el Banco girado como el propio secretario del juzgado.

En primera instancia se hizo lugar a la demanda contra el Estado nacional, contra el que se impusieron las costas de la litis, resarciéndose, entre otros, el daño psíquico sufrido por el actor al no poder cobrar el importe que le correspondía por despido.

Tanto el Estado nacional, como el secretario del juzgado --citado como tercero--, recurrieron la sentencia del a quo.

Arribado el caso a la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el 11/2/99, se confirmó parcialmente la sentencia agraviada.

En el fallo se decide un hecho más que cotidiano en los pasillos de nuestros tribunales. Cada vez que se debe percibir un giro judicial, es práctica de nuestra justicia, o por lo menos la generalidad lo hace, que el empleado de mesa de entradas solicite el documento de identidad de la persona que va a retirar la libranza, ordene firmar al dorso en su presencia y haga suscribir el expediente en carácter de recibo. Luego, el empleado, a veces con el documento en mano del firmante, se dirige al actuario y le solicita su firma. Terminando el acto, el beneficiario del giro se dirige al Banco correspondiente, en el que un empleado tendría que solicitar el documento a los fines de verificar su identidad.

En el caso, bajo breve comentario, en el juzgado donde ocurrió el hecho, según testimonios de los empleados vertidos en sede penal y en el sumario administrativo llevado a cabo en la Cámara del Trabajo respectiva, se describió la mecánica común a la generalidad de los tribunales de nuestro país ("cuando el solicitante lo pedía [al cheque], colocaban un sello en el expediente, pedían documento al solicitante y controlaban los datos con los que había en el expediente, luego le hacían firmar el cheque al dorso y llevaban el cheque a la firma del secretario" --sic--).

La ley 9667 (Adla, 1889-1919, 934) es por cierto clara: "Consentido el auto que ordene extracciones, de los depósitos judiciales, el actuario presentará al juez un giro o formulario de libramiento que aquél firmará y sellará, con firma entera. Dicho giro será endosado por la persona interesada o por un tercero a su ruego si éste no supiera o no pudiera firmar, en presencia del actuario, quien dará fe de dicho acto".

En síntesis, el giro judicial debe ser firmado, como así también el recibo de la libranza, en presencia del actuario.

Pero, nos preguntamos en voz alta ¿no es práctica de todos los días que, en la mayoría de los casos, el giro no se firme, ni tampoco su recibo, en presencia del actuario?

La afirmativa se impone, pero la mala costumbre de todos los días ha recibido la sanción de la justicia.

Respecto a la citación como terceros del Banco y del secretario, podemos agregar que, a nuestro criterio, debió determinarse la responsabilidad de ambos en el evento ilícito, a los fines --como bien lo expresa la sentencia de Cámara-- de la acción regresiva. No interesa que no pueda ejecutarse la sentencia contra ellos, lo que sí importa es el grado de protagonismo en el hecho a los fines de no tener que iniciar un nuevo proceso, con la producción de otras pruebas, y el ya conocido desgaste de la justicia, por cierto, ya "desgastada" (valga la tautología).

Por último, en el caso, ¿el Estado responde por sus empleados en virtud del art. 1112 del Cód. Civil?

El Estado al prestar el servicio de justicia, como el de salud, respondería contractualmente, y es responsable por sus dependientes, por ser éstos los terceros que introduce en la ejecución de la prestación obligacional.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DERECHO COMPARADO ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Título: Panorama actual de la responsabilidad del Estado en el derecho comparado

Autor: Bianchi, Alberto B.

Publicado en: LA LEY1996-A, 922 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo I, 01/01/2007, 773

SUMARIO: I. Planteo. -- II. Apuntes útiles para una introducción. -- III. Evolución de la responsabilidad en países regidos por los sistemas del "droit administratif" y del "rule of law". -- IV. Conclusiones.

I. Planteo

Bien es sabido que a ambos lados del Canal de la Mancha ingleses y franceses --seguidos luego por los estadounidenses y por los españoles respectivamente-- constituyeron dos sistemas diferentes de derecho público tipificados por el llamado droit administratif y por el rule of law cuya influencia en nuestro propio derecho ha sido marcada. Por supuesto que es ajeno a este trabajo establecer las diferencias --aparentes o reales-- que existen o han existido entre uno y otro régimen jurídico tema que, por otra parte, es común encontrarlo analizado en los autores (1) y al cual yo mismo le he dedicado algunas páginas en una obra anterior (2), lo que me excusa doblemente de abstenerme de su tratamiento. Sin embargo las diferencias que puedan haber habido entre un sistema y no otro no fueron tan profundas como para evitar que hasta la entrada del siglo XIX el Estado haya sido igualmente irresponsable bajo el sistema francés, el español, el inglés o el de los Estados Unidos. El propósito de este trabajo es señalar entonces cómo fue edificándose en estos cuatro países --lentamente-- la responsabilidad del Estado la que, como veremos, ha emergido en paralelo con la que nuestra Corte Suprema comenzó paulatinamente a reconocer hacia comienzos de la década de 1930 (3). Antes de ello creo sin embargo, conveniente hacer algunas reflexiones generales sobre la responsabilidad estatal que permitan una mejor introducción al tema.

II. Apuntes útiles para una introducción

a. De la irresponsabilidad a la responsabilidad

La revolución institucional centrada en el siglo XVIII (4), por medio de la cual se intenta destronar al monarca para instalar en su lugar a la Constitución y permitir el nacimiento del llamado estado de derecho, es como bien sabemos el origen remoto del actual derecho público. Una vez que el Estado se juridiza es preciso establecer las reglas que regirán las relaciones entre él y sus gobernados y es allí donde el derecho constitucional y el derecho administrativo --cada cual dentro de su esfera-- entran en escena (5). Y no caben dudas de que son dos esencialmente los principios que gobiernan esa relación Estado-individuo: El de legalidad y el de responsabilidad que obran íntimamente ligados. El Estado al igual que los particulares debe obrar conforme a derecho y si no lo hace debe responder. Por ello ha podido decir André de Laubadere que al lado del principio de la legalidad, el de la responsabilidad del poder público constituye el segundo factor esencial del liberalismo dentro del régimen administrativo francés (6).

En tales circunstancias decir hoy día --cuando tocamos ya los umbrales del siglo XXI-- que el Estado es responsable por su obrar, carece de toda novedad tanto en nuestro país como en el extranjero. De la irresponsabilidad casi absoluta a cuyo amparo se mantuvo hasta fines del siglo pasado merced a diferentes creencias, pasamos a lo largo del presente a su equiparación casi total --en este terreno-- con los particulares. De modo tal que para cualquier jurista, juez o abogado, hoy día no existe dificultad alguna para encontrar los alcances y límites de la responsabilidad del Estado en cualquiera de sus manifestaciones --contractual, extracontractual, por acto individual, por acto normativo, por acto judicial, etc.-- pues ello ha sido incorporado como un capítulo habitual de las obras generales de Derecho Administrativo (7) más allá de cuál sea la ubicación metodológica escogida para el mismo (8). Podemos estar de acuerdo o no con la extensión que la responsabilidad estatal posee; desearíamos tal vez que fuera mayor o menor --esto dependerá en buena medida de la posición ideológica de cada observador-- pero de lo que no caben dudas es que la misma ha logrado, no sólo en nuestro país si no también en aquellos cuyo sistema jurídico ejerce en el nuestro marcada influencia, un estadio de satisfactoria sistematización ubicándose en algunos países en el plano constitucional(9). Es así que cualquier estudio doctrinario que desee emprenderse o bien, todo caso administrativo o judicial que sea preciso plantear, cuenta con un bagaje importante de antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que permiten su rápida configuración. Como bien lo ha señalado el maestro Miguel S. Marienhoff, la irresponsabilidad, que originariamente constituía el principio, hoy constituye la excepción (10).

Lo primero que ha de notarse --con referencia a la Argentina-- es que toda la construcción jurídica elaborada en torno a la responsabilidad estatal procede en el fondo de una elaboración jurisprudencial. En efecto, fuera de lo previsto en el art. 1112 del Cód. Civil, en relación con la responsabilidad de los funcionarios públicos, no existe legislación que en forma general se ocupe del problema. Ello prueba una vez más que la fuerza que los precedentes jurisprudenciales poseen, aun en sistemas como el nuestro donde no rige el stare decisis (11) propio del common law, es enorme y genera un gran interés puesto en cada nuevo pronunciamiento el que es esperado con similar expectativa a la que despiertan los nuevos rumbos jurisprudenciales en el sistema anglo-norteamericano. De hecho me atrevería a decir que el grado de desarrollo que la responsabilidad estatal ha logrado a impulsos de la jurisprudencia es tal que ha permitido la constitución de un sistema jurídico que hoy día poco mejoraría con el dictado de una ley regulatoria de la materia. Es más si se consumara tal iniciativa legislativa creo que enseguida se desatarían una serie de debates en torno a su interpretación que muy probablemente provocarían --al menos en lo inmediato-- un retroceso. De modo tal que el estudio de la responsabilidad del Estado es en buena medida --y sin perjuicio de los numerosos y valiosos aportes doctrinarios que existen-- el estudio de los precedentes que la han ido construyendo. Claramente es la jurisprudencia de la Corte Suprema y la de los tribunales federales la que marca el ritmo con que la responsabilidad avanza o retrocede.

Tal construcción --señalo en segundo término-- ha sido lenta y laboriosa. Tuvo que lidiar en sus comienzos con el antiguo principio de la inmunidad soberana del Estado íntimamente emparentado con la idea de que el Rey no puede obrar mal, de que no puede causar perjuicio (the King can do no wrong) lo que suponía la infalibilidad real (12) explicada y justificada en Inglaterra por Blackstone (13) quien sostenía que se trataba de un principio necesario y fundamental de la constitución inglesa (14) tesitura que en dicho país se mantuvo prácticamente hasta la sanción de la Crown Proceedings Act de 1947 (15) y en los Estados Unidos hasta la sanción de la Federal Tort Claims Act en 1946, leyes éstas que marcaron un avance profundo en la doctrina de ambos países (16) y que llamaron la atención de nuestra doctrina en su momento(17). Por ello es curioso observar --con ojos de la última década del siglo-- cómo del concepto de soberanía pudo concebirse el principio de la infalibilidad estatal --o del príncipe o gobernante-- y de allí, consecuentemente, el de la irresponsabilidad.

La idea de la soberanía nacida como medio de cimentar el absolutismo monárquico en los siglos XVI y XVII (18) permitió colocar al soberano por encima del derecho y hacer de él un sujeto infalible (19). Esta idea que campeaba en todos los monarcas de la Europa continental (20) y que necesariamente debió haber sido modificada con el advenimiento del estado de derecho y el consiguiente sometimiento del gobernante a la Constitución y a las leyes, sin embargo, se mantuvo como consecuencia del principio rousseauniano de la infalibilidad de la ley como fruto de la voluntad general (21) que convirtió a los jueces en la "boca de la ley"(22). Como bien lo señala Cassagne, a partir del siglo XVI el triunfo del absolutismo agudiza el retorno a las concepciones imperantes en la antigüedad pagana e inaugura una de las épocas más inmorales del derecho público, estado de cosas que no cambió con la Revolución Francesa que sustituyó la soberanía del Rey por la soberanía del pueblo (23). Así, la soberanía cambió de eje: El soberano --entendido como primer destinatario del poder-- pasó a ser el pueblo, pero al Estado le fue adjudicada una nueva soberanía que se transformó en una cualidad o atributo del mismo (24) y esta nueva soberanía acuñada sobre la base de la enseñanza de Bodin (25) fue su fuente de irresponsabilidad e indemandabilidad(26). Según un expresivo pensamiento de Jeze "es el derecho divido del pueblo que ha sustituido al derecho divido de los reyes"(27) y por ello ha podido decir Bertrand de Jouvenel --aunque es muy discutible-- que el poder en una democracia es mayor que en un gobierno monárquico (28).

Como vemos no fue fácil descorrer el velo de la irresponsabilidad del Estado camino éste en cuyo recorrido los autores describen diferentes momentos. Bielsa (29) --por ejemplo-- con el auxilio de Tessier (30) describía tres etapas diferentes: 1) La de la irresponsabilidad del Estado y de sus funcionarios; 2) la de la irresponsabilidad del Estado pero no de los funcionarios y 3) la de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. Reiriz (31) ha seguido la clasificación efectuada en su momento por Gordillo (32) y encuentra cinco etapas en esa evolución. De todos modos en las tres primeras --esto es: La época primitiva (desde los orígenes de la humanidad hasta Roma), la época teológica (Edad Media hasta el siglo XVII) y la época estatista (siglo XVIII y parte del siglo XIX)-- se manifiesta una completa irresponsabilidad del Estado y de sus funcionarios; recién en la cuarta etapa (que coincide con la segunda de Tessier-Bielsa) denominada época de la indecisión, comienza a abrirse el camino con la admisión de la responsabilidad de los funcionarios y por último en la quinta etapa, época intermedia, de cuando comienza a admitirse --no sin dificultades (33)-- la responsabilidad del Estado. Por ello y más allá de cualquier clasificación que se intente(34), lo cierto es que si hacemos un promedio entre los diferentes países occidentales, la responsabilidad del Estado recién se insinúa hacia comienzos del siglo XX (35). Es destacable por ello que la Argentina haya adoptado ya con la sanción del Código Civil (1871) el principio de la responsabilidad del funcionario público (art. 1112) (36). De todos modos tan profundo fue el principio de que el Estado como poder público no podía ser demandado sin venia legislativa previa, que el mismo recién desapareció completamente con la ley 11.634 de 1932 (Adla, 1920-1940, 268) y todavía cerca de la mitad de este siglo Bielsa continuaba diciendo que cuando el Estado actuaba en su carácter de poder público era irresponsable (37).

b. Fundamentos de la responsabilidad estatal

Pero claro está la exigencia de construir un auténtico Estado de derecho ha permitido --y exigido-- el desarrollo de la responsabilidad estatal, por lo que consecuentemente se ha hecho preciso buscar el fundamento de la misma lo que se ha constituido en el objeto de preocupación de muchos autores cuando en realidad no creo que se trate del problema central, tal como lo señalaré más adelante. Asimismo en este terreno --como en tantos otros-- el árbol ha impedido que se vea el monte. Siendo algo tan elemental --como bien se lo ha hecho notar en reiteradas ocasiones-- se ha buscado el fundamento de la responsabilidad del Estado en las teorías a veces más sofisticadas y también más artificiales cuya enumeración y comentario puede verse con provecho en las obras de Reiriz (38) y Altamira Gigena(39), sin perjuicio de otras recopilaciones(40). Así por ejemplo se recurrió a la teoría de los riesgos sociales (41) fundada en que el obrar del Estado genera riesgos que de producirse deben ser indemnizados(42). Esta teoría que preconiza la responsabilidad objetiva y excluye la noción de culpa se opone naturalmente a la de quienes ven en esta última el fundamento del deber de indemnizar a cargo del Estado. Como puede verse ambas doctrinas acusan una marcada influencia civilista propia de la explicación de la responsabilidad en una etapa en que el derecho público no había desarrollado todavía sus potencias autonómicas.

En un intento por desvincular el fundamento de la responsabilidad del Estado de sus raíces civilistas y darle un contenido propio, el Consejo de Estado sostuvo que se trataba de una cuestión de justicia y equidad (43), criterio al que en nuestro país adhirió Félix Sarria (44). Asimismo en la sentencia dictada en el caso Blanco de 1873 el Tribunal de conflictos estableció que debían descartarse las teorías civilistas para fundar la responsabilidad de la Administración y elaborar una teoría autónoma de la responsabilidad administrativa (45). También se ha buscado el fundamento de la responsabilidad del Estado en la teoría de la expropiación (46), en la teoría del sacrificio especial (47), en la del enriquecimiento sin causa (48), en la de la solidaridad humana(49), en la de los derechos adquiridos (50) y en la de la falta de servicio (51). Entrena Cuesta ha sostenido --de la mano de la teoría del sacrificio especial-- que el fundamento de la responsabilidad estatal está en el principio de la igualdad ante la ley y las cargas públicas. Sería jurídicamente inadmisible --dice-- que unos particulares se sacrificasen involuntariamente y sin el deber de hacerlo en beneficio de la comunidad sin que ésta restableciera la igualdad alterada(52). Por su lado Altamira Gigena sostiene como fundamento el bien común al cual el Estado debe propender (53).

Como bien puede observarse, en este terreno --como en tantos otros-- ocurre que ninguna teoría que pretenda explicar unívocamente el problema es suficiente, ni alcanza --seguramente-- a abarcar todos los supuestos posibles. Muchas de ellas pueden ser acertadas, pero en última instancia el fundamento de la responsabilidad del Estado radica pura y simplemente --como lo han explicado numerosos autores en nuestro país entre los que cabe citar a Bullrich, quien lo sostuvo en una de las obras pioneras en la Argentina sobre la responsabilidad del estado (54), Fiorini (55), Marienhoff (56) y Reiriz (57)-- en los postulados y principios del Estado de derecho, recogidos en muchas de las normas de nuestra Constitución. Es que no puede decirse que alguien está sometido al ordenamiento jurídico si no es responsable por los daños que ocasiona y los indemniza debidamente; y el Estado --obviamente-- no es ajeno a esta regla esencial. En concordancia con este criterio, aunque desde la perspectiva del derecho natural y los principios generales del derecho administrativo, Cassagne sostiene con acierto que "No se trata, pues de hallar un fundamento positivo sino un principio de derecho natural que constituye a su vez un principio general de derecho administrativo, con abstracción de hallarse o no incorporado al ordenamiento escrito. Ese principio, no es otro que el restablecimiento del equilibrio a fin de mantener la igualdad ante los daños causados por el Estado"(58).



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