Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 Corte Suprema de Justicia de la Nación • 25/03/2015 • Resolución N° 477/15 • • La Ley Online • ar/jur/3749/2015



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(11)Las diferentes consecuencias prácticas a las que puede conducir la aplicación de uno u otro artículo, son relevantes. Adviértase que de seguirse el criterio del art. 1074 resultará indispensable, para responsabilizar por omisión, la previa existencia de una ley o, en el mejor de los casos y entendiendo que el art. refiere a "ley" en sentido material, de una norma que expresamente establezca la obligación incumplida. En cambio, si sólo se atiende a las previsiones del art. 1112 y a los antecedentes jurisprudenciales que confluyen en "Vadell", puede interpretarse --como lo hace Gambier en "Algunas reflexiones en torno a la responsabilidad del Estado, por omisión, a la luz de la jurisprudencia", La Ley, 1990-E-617-- que basta con que la Administración incumpla irregularmente los deberes u obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley, el reglamento o, "simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio". Coincide, al respecto, con Gordillo, en cuanto a que "el regular ejercicio de las obligaciones legales resulta de muchos caracteres implícitos a la función pública, y no de la casuística de algún reglamento; la omisión origina responsabilidad, no por haber sido el hecho expresamente ordenado (art. 1074) sino por constituir un irregular ejercicio de las obligaciones legales" (art. 1112) (Gambier, op. cit.). Este criterio es razonablemente matizado a la luz de la siguiente pauta: Corresponde distinguir, para la procedencia de la responsabilidad por omisión," entre el mero deber administrativo, que opera en dirección genérica, donde los particulares disponen --a lo sumo-- de un poder destinado a garantizar su cumplimiento sin derecho a exigirlo directamente (v. gr. mediante la solicitud de sanciones administrativas y políticas), y la obligación que traduce el poder jurídico del particular orientado a exigir en forma directa dicho cumplimiento" (CASSAGNE, op. citado)

(12)Ver voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci (seguido por los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza) en el caso "Torres, Francisco C. c. Provincia de Mendoza", LA LEY, 1989-C, 511, con cita de DUNI, Giovanni, "Lo stato e la responsabilita patrominiale", p. 55 y sigtes, Milano, 1986.

(13)MARIENHOFF, Miguel "Actividad interorgánica. Relaciones interadministrativas" JA, 1962-III-77.

(14)Para distinguir correctamente cuándo nos encontramos frente a un acto administrativo y cuándo estamos en presencia de un acto de administración, Marienhoff propone que atendamos "no a la forma del acto, sino a su contenido, a su alcance" (MARIENHOFF, op. citado).

(15)La falta de toda cita respecto a las disposiciones de la resolución conjunta, nos hace presumir que, en los hechos, no fue dictada.

(16)En el terreno doctrinario, se ha señalado que la posibilidad de pedir la aplicación de un reglamento antes de su publicación genera una situación de desigualdad respecto de quienes no hubieran tenido la oportunidad tales disposiciones reglamentarias. Ello, se afirma, resultaría violatorio del principio constitucional de igualdad ante la ley. En consecuencia, desde esta posición, la facultad prevista en la parte final del art. 11 de la ley de procedimientos administrativos "debe reputarse inconstitucional" (CASSAGNE, Juan Carlos, "Derecho Administrativo" t. II, p. 54 y nota 62, Buenos Aires, 1991.

(17)No puede soslayarse que, bajo el prisma con el cual la Cámara enfocó la situación, no resultaba necesario internarse en la cuestión relativa a si había existido o no "entrega inmediata". Adviértase que, si como sostuvo el tribunal, el Acta no superaba la calidad de acto interorgánico, todo lo que allí se dispusiera no podía constituir basamento del derecho de Wellcome. De esa manera, la actora no hubiera podido exigir la rápida entrega, razón por la cual carecía de sentido dilucidar si, en el caso, la extensión de las certificaciones se había efectuado de modo "inmediato"'. Esto nos lleva a pensar que, más allá de lo explícitamente manifestado por el tribunal, éste consideró que el acta tenía un contenido reglamentario cuyo cumplimiento, por parte de la Administración, debía ser evaluado en sede judicial.

(18)Ver GARCIA de ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón, "Curso de Derecho Administrativo", t. I, p. 455 y sigtes, Madrid, 1991; GARCIA TREVIJANO FOS, José Antonio, "Tratado de Derecho Administrativo", t. I, p. 420 y sigtes, Madrid, 1974; SAINZ MORENO, Fernando, "Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa", Parte III, p. 191 y sigtes, Madrid, 1976; MOZO SEOANE, Antonio, "La discrecionalidad de la Administración Pública en España", Capítulo V, en especial, p. 241 y sigtes, Madrid, 1985.

(19)GRECCO, Carlos M., "La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y la fiscalización judicial de la actividad administrativa", LA LEY, 1980-D, 1306.

Voces: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ DAÑOS Y PERJUICIOS

Título: Indemnización de daños por el Estado. Sacrificio de derechos patrimoniales como consecuencia de actos lícitos

Autor: Mosset Iturraspe, Jorge

Publicado en: LA LEY1979-C, 218 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 01/01/2007, 1435

Fallo comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) ~ 1979/05/15 ~ Cantón, Mario E. ~ Gobierno nacional

SUMARIO: I. Teoría de la responsabilidad y teoría de la indemnización. Diferencias. Autonomía del derecho administrativo en la materia. II. Facultades privativas y control judicial. El orden público económico. III. Fundamento de la indemnización. Justicia. Equidad. Bien común. Igualdad ante la ley. Derecho de propiedad. IV. Monto de la indemnización. La falta de norma expresa. Analogía con la expropiación. V. La justa compensación del sacrificio. El daño emergente. Reajuste. Intereses. Costas.

I. Teoría de la responsabilidad y teoría de la indemnización. Diferencias. Autonomía del derecho administrativo en la materia.

Si bien el pronunciamiento de la Corte no es novedoso (1) contienen aspectos merecedores de un comentario y éste debe ser, a nuestro juicio, favorable.

Es sabido que de tiempo atrás se ha abierto camino la "teoría de la indemnización", considerada típica del derecho público y para la cual se estiman inadmisibles las normas que regulan la responsabilidad civil (2).

Pues bien, esta teoría es la receptada en la especie. De acuerdo con sus postulados cabe distinguir la "responsabilidad" de la Administración pública de la "indemnización". La primera presupone la violación de un derecho subjetivo, sea un acto ilícito; la segunda, el sacrificio de los derechos patrimoniales, con base en actividades plenamente legítimas. La responsabilidad conduce el resarcimiento del daño, la indemnización al otorgamiento de una compensación dineraria.

II. Facultades privativas y control judicial. El orden público económico

Está fuera de discusión que la fijación de las normas que rigen la política económica del Estado entra en el marco de las facultades del Gobierno nacional, que si bien no compete a la justicia revisar el acierto o error, la conveniencia o inconveniencia de las medidas adoptadas, como expresa el alto tribunal, sí puede, a nuestro juicio, ejercer el control judicial sobre la constitucionalidad de las mismas (3).

Pensamos, no obstante, que el orden público económico que el decreto 2118/71 (Adla, XXXI-B, 1613) tiende a salvaguardar, lo pone fuera del reparto de inconstitucionalidad, y permiten calificar a los actos económicos que dicta como plenamente legítimos.

III. Fundamento de la indemnización. Justicia. Equidad. Bien común. Igualdad ante la ley. Derecho de propiedad

El fundamento de la indemnización se busca en un principio de justicia distributiva, según el cual la carga necesaria para la obtención de una utilidad colectiva debe distribuirse proporcionalmente entre todos los miembros de la colectividad y no debe recaer toda ella sobre uno sólo; o sea que todo sacrificio soportado por un ciudadano en sus bienes más allá de aquello con lo que contribuye a la sociedad en virtud de una ley general tributaria, debe ser compensado por el erario público (4).

La doctrina administrativista nacional se ha ocupado del tema: para Fiorini, si bien no hay un texto expreso, hay presupuestos fundamentales que consagran la reparación de los derechos ofendidos. Toda la responsabilidad reparatoria se funda sobre la ofensa a los derechos adquiridos y reconocidos (5); Díaz enseña que el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado lo proporciona la Constitución Nacional, toda vez que la actividad de algunos de sus órganos cause un perjuicio especial a un habitante de la Nación, en violación de los derechos que la misma Constitución consagra en sus arts. 14 a 20 (6); para Altamira Gigena el fundamento de la responsabilidad del estado es el bien común (7).

Justicia, equidad, bien común, igualdad ante la ley, y defensa del derecho de propiedad, concurren a fundamentar la indemnización debida por actos lícitos de la administración que originan un sacrificio concreto de los derechos privados.

No olvidemos que el repertorio de contenidos del derecho constitucional de propiedad incluye los "derechos y las obligaciones emergentes de los contratos" celebrados entre particulares, de ahí el amparo constitucional frente al sacrificio nacido de la lesión por un tercero -El estado- del derecho de crédito (8).

IV. Monto de la indemnización. La falta de norma expresa. Analogía con la expropiación

Para fijar la cuantía de la compensación o reparación (esta última es la expresión usada por la Corte), el tribunal desecha la remisión al derecho común, a las normas "relativas a la responsabilidad civil". Ocurre que esa responsabilidad tiene como presupuesto normal u ordinario la antijuridicidad; empero, no siempre es así; también el derecho civil conoce una responsabilidad sin antijuridicidad (9).

La Corte prefiere, por las razones que señala. A) por el ámbito en que se desenvuelve la reparación; b) por la finalidad que persigue; y c) por la garantía que protege, recurrir al modo de responder establecido en instituciones análogas, art. 16 del Cód. Civil, del derecho público. Y encuentra en la expropiación "la que guarda mayor semejanza con el supuesto planteado"(10).

V. La justa compensación del sacrificio. El daño emergente. Reajuste. Intereses. Costas

El resarcimiento, inspirado en los criterios de la ley de expropiaciones, 21.499 solo comprende el "daño emergente", con lo cual se apunta a "restaurar el equilibrio patrimonial". Dicho perjuicio abarca los gastos realizados y el precio abonado por la mercadería adquirida, que queda "abandonada en beneficio del Estado". Se descartan el "lucro cesante", las ganancias que se podía obtener en la reventa de dicha mercadería, el daño moral contractual, art. 522 del Cód. Civil (Adla, XXXVII-A, 84, XXVIII-B, 1799) y todo otro detrimento.

Por último, el tribunal admite la actualización de los valores, en función de la depreciación monetaria; un interés a tono con dicho reajuste, que fija en el 6%; y el pago por el vencido de las costas del juicio, "frente al carácter indemnizatorio que tienen dichos accesorios".

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) ALTAMIRA GIGENA, "Responsabilidad del estado", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1973, p. 47, recuerda el pronunciamiento de la corte de fecha 3/8/62, obrante en Rev. LA LEY, t. 110, p. 276, donde se dijo: "La realización de obras públicas en el cumplimiento de funciones estatales, atinentes al poder de policía para el resguardo de la vida, salud y tranquilidad de los habitantes, si bien es lícita, no impide la responsabilidad del Estado en la medida en que esas obras priven a un tercero de su propiedad o lesionen sus atributos esenciales". Es también importante el pronunciamiento de la Corte de fecha 22/12/75, en la causa "Los Pinos S.A. c. Municipalidad de la Capital", en Rev. LA LEY, t. 1976-B, ps. 298 y sigts., comentado por José Canasi, "La responsabilidad del estado frente al ejercicio del poder de policía".

(2) MOSSET ITURRASPE J., "Responsabilidad por daños. Parte especial", t. II-B, ps. 318 y sigts., núm. 257; ZANOBIN, G., "Corso di diritto amministrativo", t. I, ps. 425 y sigts.: Milano, 1958; ALESSI, R., "Instituciones de derecho administrativo", Ed. Bosch, trad. de la 3ª ed. italiana por B. Pellisé Prats, t. II, ps. 485 y sigts., núm. 328, Barcelona, 1970.

(3) BIDART CAMPOS, G. L., "Manual de derecho constitucional", ps. 753 y sigts., Ediar, SP, cc., Ed. Ediar, Buenos Aires, 1977.

(4) ALESI, ob. cit., p. 489, CABRA, "Del diritto del propietari fronteggianti"...: VACCHELLI, "La responsabilitá", ps. 158 y sigts.; PISCITELLI, "Risarcibilitá del danni dati da opere pubbliche legittimamente eseguite", Romano, S., "Corso di diritto amministrativo", ps. 302 y sigts.; GUIAQUINTO, "La responsabilitá degli enti pubblici", ps. 299 y siguientes.

(5) FIORINI, B. A., "Manual de derecho administrativo", t. II, ps. 1098 y sigts., Buenos Aires, 1968.

(6) DIAZ, M. M., "Derecho administrativo", t. V, ps. 55 y sigts., Buenos Aires, 1963/65.

(7) ALTAMIRA GIGENA, ob. cit., p. 88.

(8) BUSNELLI, F. D., "La lesione del crédito de parte di terzi", Ed. Giuffré, Milano, 1963; en la doctrina nacional: APARICIO, "Responsabilidad del tercero por lesión al derecho de crédito", Ed. Plus Ultra, Buenos Aires 1974. El fallo que comentamos alude expresamente a la indemnización "como medio de restaurar la garantía constitucional vulnerada" y cita el art. 17 de la Constitución Nacional.

(9) MOSSET ITURRASPE, ob. cit., "Parte general", t. I, núm. 18, ps. 50 y sigts.; el problema se plantea dando pie a un debate muy ilustrativo, con la reparación de los daños originados en el "acto necesitado" o basado en el estado de necesidad. Puede consultarse de BRIGUGLIO, M., "El estado de necesidad en el derecho civil", trad.: de M. García Amigo, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971; LLAMBIAS, "Tratado. Obligaciones", t. III, núm. 2230, ps.640 y siguientes.

(10) Es el criterio preconizado por CANASI, "La responsabilidad del Estado", ob. cit., p. 300 y "Derecho administrativo", este jurista alude a la indemnización que juega "como un sistema de indemnización expropiatoria por analogía". Puede verse de LIMONGI FRANCA, R., "Manual prático das desapropiacoes", ps. 379 y sigts., Ed. Saraiva, São Paulo, 1978.

Voces: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Título: La responsabilidad del Estado por omisión

Autor: Cassagne, Juan Carlos

Publicado en: LA LEY1989-C, 512 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 01/01/2007, 1007

Fallo comentado: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (SCMendoza) ~ 1989/04/04 ~ Torres, Francisco c. Provincia de Mendoza

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza ha resuelto en este fallo un interesante y singular precedente jurisprudencial, relativo a los requisitos que hacen a la determinación de la responsabilidad del Estado por omisiones que lesionan al patrimonio de los particulares.

En efecto, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios provocados por las inundaciones que arrasaron las defensas aluvionales existentes, destruyéndose diversas plantaciones y otros bienes de su propiedad el actor interpuso una acción de daños contra la Provincia de Mendoza.

Tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue estimada por diversos argumentos que no vamos a relatar aquí. Sin embargo, el alto tribunal de la Provincia, en ejercicio de la potestad de casación, dispuso hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Provincia y rechazar la demanda promovida por el particular afectado.

De la prueba producida se desprende que el actor probó que el hecho omisivo era imputable al Estado, al no adoptar este los recaudos necesarios para evitar los daños, habiéndose acreditado en el proceso la insuficiencia de las obras realizadas.

Para fundamentar su sentencia (adoptada por unanimidad, siguiendo el voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci) la Suprema Corte Provincial sostuvo, en lo sustancial, dos argumentos centrales, a saber:

a) que no se configuraba en el caso uno de los presupuestos que permiten sustentar la responsabilidad extracontractual, al no existir omisión antijurídica, y

b) que tampoco se había violado el principio de igualdad ante las cargas públicas.

Por de pronto, en el fallo que anotamos se parte de la inexistencia, tanto en la Constitución de la Provincia como en la legislación en general, de norma legal expresa de la que surja la garantía (ni la obligación) de realizar las obras de defensa aluvionales precitadas. Sin embargo, se señala - con razón- que ello no sería óbice para que se reconozca la existencia de una omisión antijurídica, habida cuenta que el Estado se encuentra obligado a actuar, aun sin norma expresa, cuando se dan simultáneamente los siguientes requisitos:

1) la configuración de un interés jurídicamente relevante, sea en la relación cualitativa o cuantitativa,

2) la necesidad material de actuar en protección de dicho interés, y

3) la proporción que debe existir entre el sacrificio que comportaría la actuación estatal y la utilidad que se obtendría con su accionar.

En tal sentido, el voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci, sostiene que se cumple el segundo de los requisitos apuntados precedentemente, que permiten configurar la responsabilidad estatal, al no haber dudas que las obras de defensa aluvional son necesarias para tutelar los bienes de los habitantes de la Provincia y que el 70 % del territorio se encuentra desprotegido contra esta clase de fenómenos climáticos.

Resulta pleno de interés todo el razonamiento tendiente a demostrar que en el supuesto examinado no se está ante un interés jurídicamente cualitativo o cuantitativamente relevante, ni tampoco que existe una adecuada proporción entre el sacrificio general que traduce la actuación del Estado y la utilidad que reporta su accionar, toda vez que la realización de las obras resulta para él y, por ende, para la comunidad más gravosa que el valor de los bienes que tutelaría.

En definitiva, la sentencia concluye en que, ante la falta de norma expresa y siendo el conflicto de intereses de la misma naturaleza, el actor debió haber acreditado que la omisión era abusiva, o en su caso, la inexactitud de la incidencia económica de las obras en el presupuesto provincial, como lo sostuvo la demandada.

Compartimos, en lo esencial, la tesis sustentada en este trascendente caso que, paradojalmente, ante la ausencia de criterios doctrinarios y jurisprudenciales en nuestro país, aun cuando rechaza la acción, abre la vía para que pueda esgrimirse una responsabilidad estatal por omisión, cuando no existe norma expresa alguna que consagre la garantía o la obligación de obrar en determinado sentido. También creemos que no se conculca la violación del principio de igualdad ante las cargas públicas, cuya configuración resulta esencial para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado principio cuya trascendencia ha llevado a Marienhoff a incluirlo en el complejo de postulados del Estado de Derecho que fundan esta clase de responsabilidad (conf. MARIENHOFF, "Tratado de derecho administrativo", t. IV, p. 700, Buenos Aires, 1973).

De otra parte, la médula del decisorio consistía en establecer si existía o no una conducta exigible por el administrado para reclamar el cumplimiento del acto omitido, ya que, de lo contrario y salvo los supuestos de excepción que recoge el fallo, no se puede configurar omisión antijurídica alguna que, en nuestro concepto, permitiría encuadrarla en la llamada falta de servicio (ilegítimidad objetiva).

En haberlo advertido así radica el principal mérito del fallo que, a nuestro juicio, permite advertir también la diferencia entre el mero deber administrativo, que opera en dirección genérica, donde los particulares disponen -a lo sumo- de un poder destinado a garantizar su cumplimiento sin derecho a exigirlo directamente (v. gr. mediante la solicitud de sanciones administrativas y políticas), y la obligación que traduce el poder jurídico del particular orientado a exigir en forma directa dicho cumplimiento.

Al no existir dicho poder en el ordenamiento provincial -ni tampoco en el orden nacional- para exigir un efectivo comportamiento al Estado por la omisión de realizar ciertas obras de beneficio público y no acreditándose que dicha omisión fue abusiva o irrazonable, resulta necesario acreditar los supuestos excepcionales que tornan posible se configure la responsabilidad estatal por la omisión, en rigor, de un deber jurídico.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ RESPONSABILIDAD OBJETIVA ~ EXIMICION DE RESPONSABILIDAD

Título: La caída de árboles en la vía pública - La responsabilidad por daños materiales en rodados

Autor: Díaz, Silvia A.

Publicado en: LA LEY1998-D, 1013 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 01/01/2007, 1069

SUMARIO: I. La intervención de la cosa en el daño.-- II. Encuadre legal. La importancia de la prueba para acreditar exención de responsabilidad. Infracción a las normas de tránsito.

I. La intervención de la cosa en el daño

Sin duda alguna, la caída de árboles desde hace ya larga data provoca daños en vehículos estacionados en la vía pública. Unánimemente se ha receptado la aplicación del art. 1113 del Cód. Civil.

Se hace necesario efectuar algunas consideraciones sobre el particular.

Al damnificado le incumbe siempre probar la intervención de la cosa en la producción del daño, "pues a falta de ello no tendría sentido que pretendiera hacer valer la responsabilidad del guardián de una cosa ajena a su daño"(1). La acreditación de la intervención de la cosa en el daño --en el caso el árbol-- presume que su participación en el hecho ha sido de carácter activa. Si el demandado niega la responsabilidad deberá demostrar que la intervención de la cosa ha sido pasiva o bien que el perjuicio provino de una causa extraña.

Ello así por cuanto en la reforma del Código Civil por imperio de la ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810) ha subsistido el mantenimiento de la diferenciación conceptual entre el daño causado por el hecho del hombre (con la cosa) o derivado del hecho de la cosa (por su riesgo o vicio) (2).

Como es sabido, en algunos supuestos, la cosa puede provocar un daño al desarrollar su potencialidad peligrosa y en tal caso hablamos de un riesgo habitual que es inherente a ella; en otros la cosa ha sido colocada o puesta en situación de producir un daño por sí misma que habitualmente no produciría (3).

En materia probatoria, para acreditar la intervención del árbol en la producción del daño adquiere relevante importancia la prueba pericial pues la localización de los daños en el rodado que se encontraba estacionado permitirá conocer si el impacto ha sido sufrido de arriba hacia abajo, lo que será concordante con las consecuencias resultantes de la caída de un árbol.

Demostrado el carácter de sujeto activo del árbol en la producción del siniestro, es unánime la doctrina y jurisprudencia en cuanto al carácter de guardador de los árboles que tiene la ex- Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Gobierno de la Ciudad (4).

II. Encuadre legal. La importancia de la prueba para acreditar exención de responsabilidad. Infracción a las normas de tránsito

Debe entonces efectuarse el encuadre legal dentro de la responsabilidad objetiva consagrada por el art. 1113 del Código de fondo en orden a conocer la parte de la norma aplicable al caso. ¿Por qué? Porque si el árbol ha caído por vetustez corresponde la aplicación de la segunda parte del segundo párrafo del artículo citado que se refiere al vicio de la cosa, debiendo en tal caso acreditar la accionada la culpabilidad de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. En cambio, si el árbol "simplemente" ha caído no estamos en presencia de una cosa riesgosa en sí, resultando de aplicación lo normado en la primera parte del párrafo mencionado debiendo la demandada demostrar que de su parte no hubo culpa (5).



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