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Corte Interamericana de Derechos Humanos




Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia


Sentencia de 5 de julio de 2004


(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso 19 Comerciantes,


la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
Sergio García Ramírez, Presidente;

Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;

Oliver Jackman, Juez;

Antônio A. Cançado Trindade, Juez;

Cecilia Medina Quiroga, Jueza;

Manuel E. Ventura Robles, Juez; y

Ernesto Rey Cantor, Juez ad hoc;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,



de conformidad con los artículos 29, 31, 55, 56 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)** y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la presente Sentencia.
I

Introducción de la Causa
1. El 24 de enero de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en la denuncia Nº 11.603, recibida en la Secretaría de la Comisión el 6 de marzo de 1996.
2. La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana por la detención, desaparición y ejecución el 6 de octubre de 1987 de los comerciantes Alvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Angel Barrera, Antonio Florez Contreras1, Carlos Arturo Riatiga, Victor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortíz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez y Luis Sauza, y de Juan Montero y Ferney Fernández2 (en adelante “las presuntas víctimas” o “los 19 comerciantes”) el 18 de octubre de 1987, en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del Magdalena Medio. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de las mencionadas presuntas víctimas y sus familiares, así como que determinara si Colombia incumplió las disposiciones del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado, en relación con los últimos dos artículos alegados. La Comisión alegó que los hechos fueron cometidos por el grupo “paramilitar” que operaba en el municipio de Puerto Boyacá con el apoyo y autoría intelectual de oficiales del Ejército colombiano.
3. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara todas las medidas necesarias para que los familiares de las presuntas víctimas recibieran una adecuada y oportuna reparación como consecuencia de las alegadas violaciones, entre ellas que realizara una investigación completa, imparcial y objetiva en la jurisdicción ordinaria, con el propósito de juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de las presuntas víctimas. Finalmente, la Comisión requirió a la Corte que condenara al Estado a pagar las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano.

II

Competencia
4. Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención.

III

Procedimiento ante la Comisión
5. El 6 de marzo de 1996 la Comisión Colombiana de Juristas presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana basada en la supuesta desaparición forzada de los 19 comerciantes (supra párr. 2) realizada por miembros del Ejército Nacional e integrantes de un grupo “paramilitar” en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del Magdalena Medio.
6. El 29 de marzo de 1996 la Comisión procedió a abrir el caso bajo el Nº 11.603.
7. El 27 de septiembre de 1999 la Comisión aprobó el Informe Nº 112/99, mediante el cual declaró admisible el caso, y se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.
8. El 16 de diciembre de 1999 los peticionarios presentaron a la Comisión una propuesta de solución amistosa, la cual fue transmitida al Estado para que presentara sus observaciones. El 21 de enero de 2000 el Estado remitió un escrito mediante el cual hizo referencia al Informe de Admisibilidad, escrito que fue transmitido a los peticionarios.
9. El 2 de marzo de 2000 la Comisión celebró una audiencia con el propósito de analizar la posibilidad de que se llegara a una solución amistosa. Según lo indicado por la Comisión, el Estado expresó que no podía reconocer su responsabilidad debido a que las decisiones firmes de los tribunales internos no demostraban la responsabilidad de agentes del Estado por los hechos denunciados. Además, el Estado señaló que los familiares de las presuntas víctimas recibirían una reparación si los tribunales contencioso administrativos lo disponían. Por su parte, los peticionarios decidieron dar por concluido el intento de solución amistosa.
10. El 4 de octubre de 2000 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 76/00, mediante el cual recomendó al Estado:
1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Alvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Angel Barrera, Antonio Flores Ochoa, Carlos Arturo Riatiga, Victor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortíz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Montero y Ferney Fernández.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban [una] adecuada y oportuna reparación por las violaciones […] establecidas.
3. Adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por [la] Comisión [Interamericana] en materia de investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria.
11. El 24 de octubre de 2000 la Comisión transmitió el informe anteriormente señalado al Estado y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones realizadas. El 22 de diciembre de 2000 el Estado solicitó una prórroga con el objeto de dar respuesta al Informe Nº 76/00, la cual fue otorgada hasta el 19 de enero de 2001, día en que el Estado presentó su respuesta a la Comisión y en el que la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.

IV

Procedimiento ante la Corte
12. La Comisión presentó la demanda ante la Corte el 24 de enero de 2001.
13. De conformidad con los artículos 22 y 33 del Reglamento, la Comisión designó como delegados a los señores Robert K. Goldman y Juan E. Méndez y como asesora jurídica a la señora Verónica Gómez. Asimismo, la Comisión acreditó, en calidad de asistentes, a las señoras Viviana Krsticevic y Roxanna Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y como representantes de las presuntas víctimas y sus familiares a los señores Gustavo Gallón Giraldo, Carlos Rodríguez Mejía y Luz Marina Monzón, miembros de la Comisión Colombiana de Juristas.
14. El 15 de febrero de 2001 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), y en aplicación de los artículos 33 y 34 del Reglamento, indicó a la Comisión que, a pesar de que en el cuerpo de la demanda había señalado el nombre de 19 presuntas víctimas, en el objeto de la demanda y en su petitorio había omitido incluir al señor Luis Sauza. En razón de lo anterior, la Secretaría solicitó a la Comisión que informara, en el plazo de veinte días, sobre la inclusión o no de dicha persona como presunta víctima en el caso, así como que remitiera determinados anexos de la demanda que se encontraban incompletos o ilegibles. El 8 de marzo de 2001 la Comisión informó que el señor Luis Sauza fue omitido del petitorio de la demanda por un “error administrativo involuntario” y confirmó que éste era una de las 19 presuntas víctimas del caso. Asimismo, la Comisión comunicó que no tenía una mejor copia de los anexos a la demanda que habían sido presentados incompletos o ilegibles y señaló que tales anexos se encontraban en la lista de prueba señalada en el párrafo 68 de la demanda, que la Comisión estimó debía ser solicitada al Estado (infra párr. 19).
15. El 20 de marzo de 2001 la Secretaría, previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente, la notificó al Estado, junto con sus anexos, y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso.
16. El 11 de abril de 2001 el Estado designó como agente a la señora Luz Marina Gil García.
17. El 25 de mayo de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc, en virtud de que el Presidente, con fundamento en los artículos 19 del Estatuto de la Corte y 19 de su Reglamento, aceptó la excusa de conocer el presente caso presentada por el Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo, de nacionalidad colombiana. El 27 de junio de 2001 el Estado designó como Juez ad hoc al señor Rafael Nieto Navia.
18. El 10 de agosto de 2001 el Estado presentó la contestación a la demanda, después de haber solicitado dos prórrogas para su presentación, las cuales le fueron concedidas por el Presidente.
19. El 15 de marzo de 2002 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó al Estado que remitiera, en un plazo de veinte días, toda la documentación que había sido solicitada por la Comisión en el párrafo 68 de la demanda, que versaba sobre los expedientes de las investigaciones y los procesos tramitados en el ámbito interno y los informes producidos por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
20. El 5 de abril de 2002 el Estado presentó un escrito, mediante el cual solicitó una prórroga de diez días para presentar la documentación solicitada por el Presidente, señalada en el párrafo 68 de la demanda. Ese mismo día la Secretaría informó al Estado que, siguiendo instrucciones del Presidente, se había otorgado la prórroga hasta el 16 de abril de 2002.
21. El 16 de abril de 2002 el Estado presentó vía facsimilar una lista de la documentación que remitiría según lo solicitado siguiendo instrucciones del Presidente (supra párr. 19). El 18 de abril de 2002 el Estado presentó los anexos del anterior escrito. Al acusar recibo y dar traslado del anterior escrito y sus anexos, la Secretaría indicó cuáles documentos había aportado el Estado y cuáles no habían sido remitidos, de conformidad con el listado de documentos del párrafo 68 de la demanda.
22. El 28 de mayo de 2002 el Estado presentó documentos correspondientes a la prueba documental solicitada siguiendo instrucciones del Presidente, señalada en el párrafo 68 de la demanda (supra párr. 19).
23. El 12 de junio de 2002 la Corte emitió una sentencia sobre la excepción preliminar interpuesta por Colombia, en la cual decidió, en su único punto resolutivo, por unanimidad, “[d]esestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Colombia y continuar con el conocimiento del caso”.
24. El 29 de noviembre de 2002 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte y con fundamento en los artículos 31, 44 y 56 de su Reglamento, así como en el principio de economía procesal, requirió a la Comisión Interamericana que, a más tardar el 20 de enero de 2003, presentara sus argumentos y pruebas en relación con las eventuales reparaciones y costas en el presente caso, e indicó que igual plazo sería concedido con posterioridad al Estado para que presentara sus observaciones y pruebas sobre la referida materia. Asimismo, debido a que este caso se tramitaba con el Reglamento aprobado en la Resolución de la Corte de 16 de septiembre de 1996, el Tribunal solicitó a la Comisión que informara a los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares que, si deseaban presentar sus argumentos y pruebas sobre las eventuales reparaciones y costas, lo debían hacer a través de la Comisión Interamericana.
25. El 25 de marzo de 2003 la Comisión presentó sus argumentos y pruebas sobre las eventuales reparaciones y costas, después de haber solicitado dos prórrogas para su presentación, las cuales le fueron concedidas por el Presidente. Los anexos de este escrito fueron recibidos el 31 de los mismos mes y año. Además, la Comisión solicitó que se recibieran las declaraciones juradas ante notario público o funcionario judicial de doce familiares de las presuntas víctimas.
26. El 26 de marzo de 2003 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó que se había otorgado un plazo hasta el 26 de mayo de 2003 para que Colombia presentara sus observaciones y pruebas sobre las eventuales reparaciones y costas.
27. El 2 de abril de 2003 la Secretaría informó que, siguiendo instrucciones del Presidente, se había otorgado plazo hasta el 9 de abril de 2003 para que el Estado presentara sus observaciones respecto de la solicitud de la Comisión -efectuada en el escrito de argumentos sobre las eventuales reparaciones y costas (supra párr. 25)- de que se recibieran las declaraciones juradas ante notario público o funcionario judicial de doce familiares de las presuntas víctimas.
28. El 21 de abril de 2003 el Estado remitió un escrito, mediante el cual presentó sus observaciones respecto de la referida solicitud de la Comisión en relación con la prueba, después de haber solicitado una prórroga para su presentación, la cual le fue otorgada por el Presidente (supra párrs. 25 y 27). Colombia indicó que no tenía objeción a que se recibieran las declaraciones juradas ante notario público o funcionario judicial de doce familiares de las presuntas víctimas “en cuanto se [le] garanti[zara …] el derecho de contradicción”.
29. El 22 de abril de 2003 el Presidente de la Corte emitió una Resolución, mediante la cual resolvió admitir las declaraciones juradas por escrito de doce familiares de las presuntas víctimas, propuestas por la Comisión Interamericana, y requirió que éstas fueran rendidas bajo juramento de forma escrita ante notario público o funcionario judicial. Asimismo, el Presidente requirió a la Comisión Interamericana que coordinara y llevara a cabo las diligencias necesarias para que se tomaran las referidas declaraciones juradas escritas, así como que las remitiera a la Corte Interamericana, a más tardar el 22 de mayo de 2003. Además, el Presidente solicitó a la Secretaría que, una vez recibidas las declaraciones juradas escritas, y de conformidad con el derecho de defensa y el principio del contradictorio, las transmitiera al Estado para que, en un plazo improrrogable de veinte días, contado a partir de su recepción, presentara las observaciones que considerara pertinentes.
30. El 30 de abril de 2003 el Estado presentó un escrito, mediante el cual solicitó que
se reconsider[ara] el alcance del derecho de contradicción reconocido a esta agencia, en la resolución del 22 de abril, en el sentido de ordenar a la Honorable Comisión que al llevar a cabo las diligencias de declaración juramentadas, se [le] inform[ara] fecha, hora y despacho notarial o judicial donde ser[ían] rendidas por las declarantes con el fin de asistir a las diligencias y tener la oportunidad de contrainterrogar a los testigos […].
Y que:

Como al finalizar la recepción de los testimonios, ya serían de [su] conocimiento no habría necesidad de nuevos traslados. De tal manera que los 20 días que se [le] concedieron para formular observaciones a los mismos, […]se [le] agreg[aran] al plazo otorgado para presentar observaciones y prueba sobre los argumentos en relación con las eventuales reparaciones y costas en [el] caso de los 19 Comerciantes, presentado por la Comisión.


31. El 6 de mayo de 2003 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado que:
a) el valor que tienen ante la Corte las declaraciones juradas escritas, requeridas a la Comisión Interamericana mediante Resolución del Presidente de la Corte de 22 de abril de 2003, es el de prueba documental. Ésta es la razón por la cual se le da el mismo trámite que se da a la prueba documental y no así el que se da a la prueba testimonial y pericial, la cual se recibe con la presencia del Tribunal, la Comisión Interamericana y el Ilustrado Estado. Es por ello que no procede la solicitud del Estado colombiano; y
b) el plazo otorgado al Ilustrado Estado para la presentación de sus observaciones y prueba sobre las eventuales reparaciones y costas en el caso es independiente del plazo otorgado para la presentación, por parte de la Comisión Interamericana, de las declaraciones juradas escritas y, por parte del Estado, de las observaciones que considere pertinentes. Si el Estado requiere una prórroga para la presentación de las observaciones ya mencionadas, por favor hágalo saber a esta Secretearía, a la brevedad.
32. El 15 de mayo de 2003 la Comisión remitió una comunicación, en la cual solicitó una prórroga para la presentación de las declaraciones juradas escritas (supra párr. 29). Al día siguiente la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó que se había concedido un plazo improrrogable hasta el 23 de junio de 2003 para que la Comisión presentara las mencionadas declaraciones.
33. El 23 de junio de 2003 la Comisión remitió, en respuesta a la Resolución del Presidente de 22 de abril de 2003 (supra párr. 29), copia de diez declaraciones juradas escritas, rendidas por las señoras Carmen Rosa Barrera Sánchez, Lina Noralba Navarro Flórez, Luz Marina Pérez Quintero, Miryam Mantilla Sánchez, Ana Murillo de Chaparro, Suney Dinora Jauregui Jaimes, Ofelia Sauza de Uribe, Rosalbina Suárez de Sauza y Marina Lobo Pacheco y por el señor Manuel Ayala Mantilla. Asimismo, la Comisión comunicó que “[p]or razones de fuerza mayor no se incluye[ron] los testimonios de [los señores] Bernardo Barragán Flórez y Marco Antonio Chaparro”. El 30 de junio de 2003 la Comisión presentó los originales de dichas declaraciones.
34. El 25 de junio de 2003 la Secretaría transmitió al Estado las declaraciones juradas escritas presentadas por la Comisión y le reiteró que, de conformidad con el punto resolutivo quinto de la Resolución del Presidente de 22 de abril de 2003 (supra párr. 29), contaba con un plazo de veinte días para presentar las observaciones que considerara pertinentes.
35. El 26 de junio de 2003 el Estado presentó sus observaciones sobre las eventuales reparaciones y costas (supra párrs. 24 y 26), después de haber solicitado una prórroga para su presentación, la cual le fue otorgada siguiendo instrucciones del Presidente.
36. El 2 de julio de 2003 el Presidente de la Corte emitió una Resolución, mediante la cual resolvió convocar a la Comisión Interamericana y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en el Hotel Bougainvillea, Salón Bromelias, ubicado en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, a partir del 15 de septiembre de 2003, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el caso, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana. Asimismo, se otorgó plazo a la Comisión y al Estado para que presentaran sus alegatos finales escritos.
37. El 23 de julio de 2003 el Estado presentó una comunicación, mediante la cual remitió sus observaciones a las declaraciones juradas escritas presentadas por la Comisión (supra párrs. 29, 33 y 34).
38. El 8 de septiembre de 2003 la Comisión presentó una comunicación, a la cual adjuntó copia de un escrito de 4 de septiembre de 2003 de la Comisión Colombiana de Juristas, representante de las presuntas víctimas y sus familiares. En dicha comunicación, la Comisión Interamericana, con base en el artículo 19 del Estatuto de la Corte y en los argumentos presentados por la Comisión Colombiana de Juristas, indicó a la Corte su criterio sobre la existencia superviniente de ciertos impedimentos del señor Rafael Nieto Navia para ejercer el cargo de Juez ad hoc en el caso.
39. El 8 de septiembre de 2003 la Corte emitió una Resolución, mediante la cual resolvió:
1. Suspender, en razón de la solicitud realizada por la Comisión Interamericana de declaratoria de impedimento del Juez ad hoc Rafael Nieto Navia, la audiencia pública convocada sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas … así como el plazo otorgado a las partes para presentar sus alegatos finales escritos.
2. Dar traslado al Juez ad hoc del escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2003 y sus respectivos anexos, con el propósito de que present[ara] sus observaciones al respecto en el plazo de seis semanas, contado a partir de la recepción de dicho escrito.

3. Transmitir, para su información, la […] Resolución al Estado de Colombia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


40. El 6 de octubre de 2003 el señor Rafael Nieto Navia remitió un escrito con sus respectivos anexos, mediante los cuales señaló que “no cr[eía] tener impedimento alguno [para ejercer su función de Juez ad hoc,] pero en aras de la transparencia dej[aba] en libertad al gobierno colombiano de nombrar otro juez” en este caso.
41. El 20 de octubre de 2003 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó un plazo de 30 días al Estado para que designara un Juez ad hoc que participara en la consideración de este caso.
42. El 18 de diciembre de 2003 el Estado presentó un escrito, mediante el cual informó a la Corte que había designado al señor Ernesto Rey Cantor como Juez ad hoc en el caso y remitió copia de su currículum.
43. El 18 de febrero de 2004 el Presidente emitió una Resolución, mediante la cual resolvió que habían cesado las razones que habían motivado que la Corte Interamericana suspendiera, mediante Resolución de 8 de septiembre de 2003 (supra párr. 39), la audiencia pública convocada sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como el plazo otorgado a las partes para presentar sus alegatos finales escritos. En consecuencia, el Presidente convocó a la Comisión y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana, a partir del 21 de abril de 2004, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones testimoniales y los dictámenes periciales propuestos por la Comisión Interamericana. Además, en esta Resolución el Presidente comunicó a las partes que contaban con plazo hasta el 22 de mayo de 2004 para presentar sus alegatos finales escritos sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
44. El 17 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana presentó un escrito, mediante el cual solicitó que se reiterara al Estado que presentara la prueba documental pendiente de remisión (supra párr. 21), la cual había sido solicitada siguiendo instrucciones del Presidente (supra párr. 19).
45. El 19 de marzo de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a Colombia que presentara, a más tardar el 5 de abril de 2004, la prueba documental señalada por la Comisión en el párrafo 68 de la demanda que había sido solicitada siguiendo instrucciones del Presidente y se encontraba pendiente de remisión (supra párrs. 19 y 21).
46. El 5 de abril de 2004 el Estado solicitó una prórroga hasta el 10 de mayo de 2004 para presentar la prueba documental señalada por la Comisión Interamericana en el párrafo 68 de la demanda, que se encontraba pendiente de remisión (supra párrs. 19, 21 y 45). El 6 de abril de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado que la prórroga solicitada no había sido otorgada, en virtud de que el Estado debía presentar dichos documentos desde el 16 de abril de 2002 y debido a que era indispensable que el Estado remitiera dicha prueba lo antes posible, para que se encontrara incorporada al expediente ante la Corte antes de la celebración de la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
47. El 7 de abril de 2004 la Comisión remitió un escrito, mediante el cual informó que había designado como nuevos delegados en este caso a la señora Susana Villarán y al señor Santiago A. Canton.
48. El 13 de abril de 2004 el Estado presentó un escrito, mediante el cual se refirió a la remisión de la prueba documental señalada por la Comisión Interamericana en el párrafo 68 de la demanda, que había sido solicitada siguiendo instrucciones del Presidente y que se encontraba pendiente de remisión (supra párrs. 19, 21, 45 y 46) y solicitó una prórroga para el envío de “los expedientes conocidos por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y los conocidos en los Juzgados Regional de Cúcuta y Especializado de San Gil” debido a que se trataba de más de “20.000 folios”.
49. El 14 de abril de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Comisión que presentara, a más tardar el 16 de abril de 2004, las observaciones que estimara pertinentes respecto de lo señalado por el Estado sobre la prueba documental pendiente de remisión.
50. El 14 de abril de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con el artículo 44.2 del Reglamento, solicitó al Estado que presentara, a más tardar el 7 de mayo de 2004, cierta documentación como prueba para mejor resolver en relación con las eventuales reparaciones y costas.
51. El 16 de abril de 2004 la Comisión presentó sus observaciones respecto de la remisión, por parte del Estado, de la prueba documental pendiente de remisión señalada por la Comisión Interamericana en el párrafo 68 de la demanda (supra párrs. 19, 21, 45, 46, 48 y 49). Al respecto, la Comisión solicitó que se tomara nota del incumplimiento de Colombia “y de que éste afecta la igualdad de armas en el proceso y la capacidad de la Comisión Interamericana […] de presentar y responder argumentos en el presente caso”.
52. Los días 21 y 22 de abril de 2004 la Corte recibió, en audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, las declaraciones de los testigos y el dictamen del perito propuestos por la Comisión Interamericana. Además, la Corte escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana y del Estado.
Comparecieron ante la Corte:
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Susana Villarán de la Puente, delegada;

Santiago A. Canton, delegado;

Verónica Gómez, asesora legal;

Lilly Ching, asesora legal;

Carlos Rodríguez Mejía, asistente;

Luz Marina Monzón, asistente;

Viviana Krsticevic, asistente;

Roxanna Altholz, asistente; y

Paulina Vega González, asistente.
por el Estado de Colombia:
Luz Marina Gil García, Agente.
Testigos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Salomón Flórez Contreras,

Sandra Belinda Montero Fuentes,

Jorge Corzo Viviescas,

Alejandro Flórez Pérez,

Wilmar Rodríguez Quintero, y

Luz Marina Pinzón Reyes.


Perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Carlos Martín Beristain.

53. El 22 de abril de 2004, durante la exposición de sus alegatos finales orales en la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, la Comisión presentó documentación relacionada con el caso.


54. Durante la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, el Estado se comprometió a remitir a la Corte copia de la totalidad de los expedientes de los procesos tramitados ante los Juzgados de Cúcuta y San Gil e indicó que no se debe entender “que hay alguna intención del Estado colombiano en ocultar documentos o en no proporcionarlos”, sino que el problema radica en “la dificultad que tiene el Estado de fotocopiar cerca de 60.000 [folios]” (supra párrs. 19, 21, 45, 46, 48, 49 y 51).
55. El 24 de abril de 2004 la Corte emitió una Resolución, mediante la cual solicitó al Estado que presentara a la Corte, como prueba para mejor resolver sobre el fondo, varias certificaciones respecto de los procesos o investigaciones realizados en el ámbito interno en la jurisdicción penal ordinaria, en la jurisdicción penal militar, en la jurisdicción contencioso administrativa y en la vía disciplinaria, en relación con los hechos del presente caso. Asimismo, el Tribunal reiteró al Estado, de conformidad con lo que le había sido requerido en la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, que presentara a la Corte la legislación interna que había sido citada por las partes. Finalmente, la Corte reiteró al Estado que, de conformidad con lo que le había sido solicitado siguiendo instrucciones del Presidente mediante nota de la Secretaría de 14 de abril de 2004 (supra párr. 50), presentara al Tribunal, todos los documentos que le fueron solicitados como prueba para mejor resolver, en relación con las eventuales reparaciones y costas. El Tribunal requirió a Colombia que presentara toda esta prueba documental para mejor resolver a más tardar el 7 de mayo de 2004.
56. El 23 de mayo de 2004 la Comisión presentó sus alegatos finales escritos. El 1 de junio de 2004 la Comisión presentó los anexos de este escrito.
57. El 24 y 26 de mayo de 2004 el Estado remitió copia de los expedientes de los procesos penales tramitados ante la jurisdicción penal ordinaria y ante la jurisdicción penal militar, los cuales se encontraban pendientes de remisión, de conformidad con lo que se le había solicitado siguiendo instrucciones del Presidente, en relación con la documentación señalada en el párrafo 68 de la demanda (supra párrs. 19, 21, 45, 46, 48, 49 y 51).
58. El 24 y 26 de mayo de 2004 el Estado remitió parte de la prueba documental para mejor resolver sobre las eventuales reparaciones y costas que había sido solicitada mediante nota de Secretaría de 14 de abril de 2004, siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con el artículo 44.2 del Reglamento (supra párrs. 50 y 55). La Secretaría solicitó a Colombia que remitiera a la brevedad los documentos e información faltante.
59. El 25 de mayo de 2004 Colombia remitió sus alegatos finales escritos, a los cuales adjuntó un anexo.
60. El 24 y 26 de mayo de 2004 el Estado remitió la prueba documental sobre el fondo que había sido solicitada mediante Resolución de la Corte de 24 de abril de 2004 (supra párr. 55). Sin embargo, con respecto a las certificaciones de los procesos internos, el Estado no remitió toda la información solicitada, por lo que la Secretaría le solicitó que remitiera a la brevedad la información faltante.
61. El 25 de junio de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó al Estado que presentara como prueba para mejor resolver, a más tardar el 2 de julio de 2004, los certificados de nacimiento o las copias del registro de nacimiento de los señores Huber Pérez Castaño y Luis Alberto Gómez Ramírez, lo cual le había sido solicitado con anterioridad pero no pudo ser aportado por el Estado debido a la falta de información sobre los nombres completos de dichas presuntas víctimas. Asimismo, la Secretaría reiteró al Estado que remitiera, a más tardar el 2 de julio de 2004, los documentos y la información faltante en relación con la prueba para mejor resolver sobre eventuales reparaciones y costas (supra párr. 58) y en relación con la prueba para mejor resolver sobre el fondo (supra párr. 60), solicitada por la Corte mediante Resolución de 24 de abril de 2004 (supra párr. 55). El Estado no presentó esta documentación.
62. El 26 de junio de 2004 Colombia presentó un escrito, mediante el cual remitió copia del registro civil de nacimiento de la presunta víctima Rubén Emilio Pineda Bedoya y de ocho de sus familiares, en relación con la prueba para mejor resolver respecto de las eventuales reparaciones y costas solicitada por la Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones del Presidente (supra párrs. 50 y 55).


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