Contribuciones del Estado de Honduras para el Informe temático sobre el Derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad a ser presentado en el 40° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos



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Contribuciones del Estado de Honduras para el Informe temático sobre el Derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad

A ser presentado en el 40° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

  1. Sírvase proporcionar información sobre la existencia de Legislación y Políticas destinadas a garantizar y proteger el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad.

El Estado de Honduras ha suscrito la Declaración Universal De Los Derecho Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 que establece en su artículos 3 que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en su Artículo 7 que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.”

Asimismo, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en su Artículo 7 establece los Derecho a la Libertad Personal: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.” Y en su Artículo 24, establece Igualdad ante la Ley: “Todas las personas son iguales ante la ley.” En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Por otra parte, la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad, en el artículo 13 sobre acceso a la justicia establece: “Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y a ejercerla, en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida. En comunión con este principio, la misma Convención establece la necesidad de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.

En la legislación interna, Honduras cuenta con la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para personas con discapacidad, Decreto No. 160-2005, misma que fue publicado en fecha 25 de octubre de 2005 en La Gaceta número 30,832. Además, la normativa interna del Ministerio Público, que comprende el Reglamento de Dirección General de Fiscalías que rige la competencia de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la cual instruye y dirige la investigación del delito de discriminación por discapacidad entre otras.

Entre las Políticas Publica aprobadas, Honduras cuenta con la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, aprobada en enero de 2013, cuyos componentes incluyen la incorporación de los derechos en la legislación y en las políticas públicas, desarrollo de capacidades en el Estado, luchar contra la impunidad y la reparación integral, así como el desarrollo de capacidades en los titulares de derechos y la cultura de derechos humanos en la sociedad, que incluye capítulos específicos sobre los derechos de las personas con discapacidad y las personas privadas de libertad. También se cuenta con la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social en Honduras, y su Plan, ambos como resultado de un amplio proceso de consulta y participación de personas con discapacidad, padres de familia, y profesionales de diferentes organizaciones de sociedad civil e Instituciones de Gobierno.

Dentro de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, se atribuye específicamente las funciones de coordinación y seguimiento de las Políticas Públicas de discapacidad, a la Dirección General para las Personas con Discapacidad, adscrita a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social SEDIS, quien está encargado de asumir la responsabilidad de impulsar la implementación de la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad y coordinar la formulación de su Plan Estratégico. Entre las líneas estratégicas se detallan las siguientes:

1.-Armonización del marco legal hondureño, con la Convención ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, procediendo a su modificación, mediante la reforma o derogación de las normas que discriminan, obstaculizan o deniegan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión en condiciones de igualdad.

2.-Reglamentación del ejercicio de la capacidad jurídica en general, y en particular de las personas con discapacidad intelectual y mental, con el fin de que no les sea negado ni restringido su ejercicio, adoptando las medidas pertinentes para proporcionar acceso a los servicios de apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

3.-Implementación de los ajustes procedimentales necesarios, y la disposición de ayudas a la comunicación, que permitan la participación efectiva de las personas con discapacidad en todo tipo de procedimientos procesales.

4-Diseño y ejecución de políticas públicas inclusivas, transversalizadas por el enfoque de derechos. 5.-Implementación de procesos de capacitación, para que todos los operadores de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, reciban formación adecuada en relación con las necesidades especiales y apoyos requeridos por las personas con discapacidad, para facilitar la exigibilidad de sus derechos y el acceso a la justicia.

6. Adecuación de las instalaciones carcelarias, realizando los ajustes razonables necesarios, para asegurar que las personas con discapacidad, privadas de libertad a consecuencia de un proceso, tengan derecho a las garantías establecidas en el derecho internacional humanitario, a ser tratadas de conformidad con su dignidad humana y en base a los principios de la Convención ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.


  1. Sírvase proporcionar información sobre la existencia de Legislación y Políticas relevantes relacionadas con:



    1. El ejercicio de la capacidad jurídica;

La regulación de la capacidad jurídica de las PCD se en Código Civil. Es importante señalar que la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social presentara una propuesta de reforma de dicha normativa.

    1. Los derechos de las personas con discapacidad en instituciones, incluidos los procesos de desinstitucionalización;



    1. El ingreso involuntario a servicios de salud mental u otras instituciones;

En Honduras no existe el internamiento involuntario. En la actualidad el abordaje de la salud mental está cambiando, y se ha replanteado a hacia un abordaje comunitario tratando de evitar lo máximo posible el internamiento u hospitalización sin necesidad de una persona en crisis. Los servicios que se ofrecen son los de Hospital de Día, es decir, que la persona que está en crisis recibe atención médica durante el día y en la tarde son despachado con su familia, para que la familia pueda dar cuidado y a la familia se le da capacitaciones y charla para que puedan brindar el apoyo apropiado.

    1. Los criterios para determinar la ausencia de responsabilidad penal (defensa por enajenación mental o incapacidad mental, inimputabilidad, etc.)

En cuanto a la responsabilidad penal, estaríamos refiriéndonos a sujeto activo de un delito que por enajenación mental o incapacidad mental (inimputabilidad) obliga al Ministerio Público acreditar tal extremo a través de una evaluación por medicina Forense e invocar el artículo 23 del Código penal hondureño.

El código penal, Decreto 144-83 de fecha 23 de agosto de 1983 y publicado en la Gaceta número 24,264 del 12 de marzo de 1984, establece en el Titulo III, capítulo I las causas de inimputabilidad, en el inciso 2) que dice: “Quien en el momento de la acción u omisión padezca de psicosis, de retardo mental severo o de psicosis transitoria y carezca, por ello, de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido provocado por el agente dolosa o culposamente.”



    1. La incapacidad para participar en el proceso o la incapacidad para declararse culpable o no

Según la actual legislación, al declarase culpable una persona con discapacidad, resultaría que no es imputable y que su evaluación médico legal mental, indica que es mentalmente capaz de diferenciar lo bueno de lo malo. Cabe destacar que en el Proyecto del nuevo Código se contempla esta reforma.

    1. Las medidas de seguridad y los programas de medidas sustitutivas.

Para brindar seguridad en las personas privadas de libertad, se han instalado cámaras, realizan constantes operativos orientados a la detección de armas, municiones o sustancias prohibidas como ser drogas, asimismo a través de la Academia Nacional Penitenciaria se pretende formar a todos los funcionarios y empleados penitenciarios con perfil profesional ético, comprometidos con el proceso de rehabilitación, reeducación y reinserción de las Personas privadas de libertad.

Por otra parte, las medidas sustitutivas de privación de libertad que se aplican se están aplicando a los menores infractores, se cuenta con el programa de medidas alternas en función de lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia en Honduras, como ser:



  1. Amonestación.

  2. Libertad Asistida.

  3. Prestación de servicios a la comunidad y reparación del d a la víctima.

  4. Residir en un lugar determinado o mudarse,

  5. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas,

  6. Abstenerse de consumir drogas, otros estupefacientes o bebidas alcohólicas que produzcan hábito,

  7. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones;

  8. Someterse a programas educativos con el fin de comenzar la escolaridad básica, si no ha cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez;

  9. someterse si es necesario a tratamiento médico o fisiológico de preferencia en instituciones públicas y;

  10. Asistir o integrarse a los correspondientes sistemas o centros educativos.

En este tipo de casos al aplicar medidas de seguridad, van dirigidas a los sujetos activos del delito por ejemplo: cuando los hijos agreden a sus padres (violencia intrafamiliar) acreditando tal extremo que es incapaz mentalmente, se puede aplicar una medida de seguridad para salvaguardar la vida de los sujetos pasivos, la normativa procesar penal lo señala en el artículo 173 numeral 11) el internamiento provisional en establecimiento psiquiátrico, previo dictamen.

  1. Sírvase proporcionar los datos disponibles más recientes, desagregados por sexo y edad si es posible, sobre el número de:

  1. Personas interdictos, bajo tutela o curatela;

No se lleva registro de los casos.

  1. Casos en que el Estado o una organización ha sido nombrados tutores o curadores;

No se lleva registro de los casos.

  1. Instituciones para personas con discapacidad;

Actualmente se cuenta con el Hospital Mario Mendoza, el Hospital Santa Rosita el Hospital San Felipe en caso de personas invalidas.

  1. Personas con discapacidad en Instituciones;

En los Centros diurnos de atención a personas con discapacidad, se atienden 2, 708 personas con un costo de L. 25.103.732,00 en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Copán, la Paz, Lempira, Santa Bárbara y Ocotepeque.

  1. Personas con discapacidad interdictos, incapacitadas o bajo tutela o curatela;

No se lleva registro de los casos.

  1. Registros sobre el usos del aislamiento y contención química o mecánica, y sus frecuencia;

No se lleva registro de los casos.

  1. Ingresos involuntarios a servicios de salud mental u otras instalaciones sociales;

No hay datos.

  1. Centros de salud mental existentes que admitan pacientes internos;

En Honduras existen dos hospitales psiquiátricos, el Hospital Nacional Psiquiátrico Santa Rosita y el Hospital de Agudos Mario Mendoza.

El Hospital Nacional Psiquiátrico Santa Rosita, cuenta con las condiciones de accesibilidad, sensibilidad y participación social en el manejo y tratamiento para los pacientes de corta, mediana y larga estancia; está equipado con 222 camas, 21 médicos y 94 enfermeras, para albergar pacientes con enfermedades psiquiátricas crónicas y que pueden representar un riesgo para sus familias, algunos de ellos abandonados por sus familiares.

Asimismo, el Hospital de Agudos Mario Mendoza, brinda atención multidisciplinaria integral en salud mental, el cual atiende pacientes que presentan cuadros agudos y crónicos, cuenta con 79 camas censables (44 para sala de hombres y 35 para sala de mujeres) y 29 camas no censables para los pacientes internos, y atiende entre 350 y 400 pacientes diarios en consulta externa.

La Secretaría de Salud a través del Hospital General San Felipe, el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital de Especialidades San Felipe atiende a una población de 28,631 personas con discapacidad, en el Departamento de Francisco Morazán de los cuales 11,304 son hombres y 17,327 son mujeres.

Durante el año 2016 se brindaron 14,315 atenciones nuevas, (5,726 a hombres y 8,5589 a mujeres). Es importante mencionar que se brinda atención tanto a Personas con Discapacidad transitoria y permanente.

La Secretaría de Salud brinda atención a la población en general sin ningún tipo de discriminación, sin embargo, no existe en el Sistema de Información la desagregación de las atenciones a Personas con Discapacidad, únicamente lo ya mencionado en el subsistema de información del Hospital San Felipe.

En las atenciones para discapacidades psicosocial, el Hospital San Felipe cuenta con el asilo de personas con discapacidad, el cual alberga a 45 pacientes (31 hombres y 14 mujeres) la mayoría adultos mayores con algún tipo de discapacidad.

Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario está equipando las clínicas médicas penitenciarias ya existentes, con medicamentes y reactivos de primera mano suministrados por la secretaria en los despachos de salud, en base al nuevo convenio de fecha 27 de abril de 2016, suscritos entre la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralización, Instituto Nacional penitenciarios y actuando en su condición de testigos de honor el Comité Internacional de la Cruz Rojas. El cual tiene como objetivo principal unir esfuerzos y recursos para la presentación de servicios integrales de salud de la población privada de libertad, asegurando también que los profesionales de la salud muestren respetos, integridad y buenas tratos mientras presten sus servicios profesionales en el interior de los establecimientos penitenciarios, contratando este año a 20 nuevos profesionales especializados (psicólogos) para ampliar la atención y el Derecho a los servicios de salud mental de la población privada de libertad sumando un total de 27 psicólogo y un psiquiatra a nivel nacional, más 4 plazas más disponibles para la contratación de las mismos profesional. Al igual que 22 médicos asistencias que prestan atención en los establecimientos penitenciarios.



  1. Promedios de días que una persona pasa bajo ingreso involuntario en centros de salud mental;

Una evaluación realizada durante el año 2007 en el estudio de sobre el sistema de salud mental en Honduras elaborado por el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias (MSD) de la OMS. Los pacientes admitidos en hospitales psiquiátricos pertenecen principalmente a los dos grupos de diagnóstico: trastornos Afectivos y otros trastornos como epilepsia, trastornos mentales orgánicos, retraso mental. La tasa de internamiento por año en los hospitales psiquiátricos es de 57.38 por 100,000 habitantes. Con un promedio de estancia de 27.7 días. Se pudo estudiar a 147 pacientes (46%) sobre su tiempo de estancia; el 4% de pacientes permanecieron internados menos de un año, 12% 11 de pacientes permanecieron internados de 1-4 años, 22% de pacientes permanecieron internados 5-10 años, y 62% de pacientes permanecieron internados por más de 10 años. Pocos (1-20%) pacientes en hospitales psiquiátricos recibieron una o más intervenciones psicosociales durante el último año.1

  1. Personas que han sido declaradas no aptas para ser juzgadas o no aptas para declarase culpables o no;

No se lleva registro de los casos.

  1. Personas declaradas no penalmente responsables;

No se lleva registro de los casos.

  1. Instituciones para los procesados declarados no aptos para ser juzgados o declarados no penalmente responsables, y el número de reclusos; y,

No se cuenta con datos para los procesados declarados no aptos para ser juzgados o declarados no penalmente responsables.

El número de reclusos en el Instituto nacional Penitenciario a nivel nacional es de 924 personas que padecen de alguna discapacidad representando el 5.28% de la población total penitenciaria, a mayo de 2017.

Las Personas Privadas de Libertad conviviendo en los Establecimientos Penitenciarios con las siguientes condiciones consideradas como discapacidades:


  • 168 Personas Privadas de Libertad con Discapacidad Motriz: Las que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas, limitando su desarrollo personal y social.

  • 187 Personas Privadas de Libertad con Discapacidad Sensorial: Aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, auditiva, o ambas, así como de cualquier otro sentido, y que ocasiona algún problema en la comunicación o el lenguaje (como la ceguera y la sordera).

  • 167 Personas Privadas de Libertad con Discapacidad Cognitivo-Intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores tales como la inteligencia y el aprendizaje, entre otras, así como de las funciones motoras.

  • 388 Personas Privadas de Libertad con Discapacidad Psicosocial: Aquella que puede derivar de una enfermedad mental temporal o permanente. Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros.

  • 14 Personas Privadas de Libertad en internamiento en Centros Psiquiátricos.

A partir de enero de 2015, entro en funcionamiento la Unidad de protección de Derechos Humanos como una unidad propia de la Institución Nacional Penitenciarios, que tiene como función realizar inspecciones rutinarias “in Situ” en los establecimientos penitenciarios y centros anexos de detención a nivel nacional, para constatar el trato, condiciones de vida de las personas privadas bajo su custodia, realizando las recomendaciones del caso a las autoridades de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, asimismo, se han creado mecanismos para recibir denuncias, sobre cualquier comisión de actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes a personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad en guardia y custodia que haya cometido algún funcionario o empleado del Instituto Nacional Penitenciario. La Unidad de protección de Derechos Humanos del INP, ha realizado un aproximado de 25 visitas de supervisión a lugares de detención, entre 2016-2017, habiendo emitido un estimado de 250 recomendaciones a las autoridades.

Según el Informe Anual de CONAPREV, en el año 2015 se realizó 157 visitas a centros penitenciarios, de las cuales 113 fueron a centros generales y 44 preventivos, 50 fueron de monitoreo, 50 de seguimiento a recomendaciones y 50 fueron para atender casos, investigar denuncias y acompañar requisas o atender situaciones de violencia. Ese año, CONAPREV recibió 70 denuncias individuales y colectivas, remitiendo 13 denuncias al Ministerio Público. Asimismo, en el año 2016, CONAPREV realizó 69 visitas a centros penitenciarios, alcanzando una población estimada de 14,436 Personas privadas de libertad, equivalente al 82.84% de la población. Ese año, recibió 44 denuncias individuales y colectivas.



  1. Medidas de seguridad y preventivas aplicadas en el contexto de la justicia penal.

Como medida preventiva y para concientización sobre esta temática, en el 2016 se implementó un programa de capacitación en derechos humanos para el personal del Instituto Nacional Penitenciario y las personas privadas de libertad bajo custodia, sobre la importancia de la no discriminación a personas con discapacidad dentro de los establecimientos penitenciarios, impartiendo capacitaciones en 10 jornadas con una duración de 6 horas cada una, a 468 agentes y funcionarios penitenciarios pertenecientes al Instituto Nacional penitenciario, al 27 de marzo de 2017. También se capacitaron a 1,463 personas privadas de libertad de diferentes establecimientos penitenciarios en 2016, siendo un total a la fecha de 3,666 privadas de libertad capacitados.

Para la Recepción de queja el Instituto Nacional Penitenciario aprobó un Manual de Funcionamiento, se instalaron buzones en todos los módulos del Centro Penitenciario de Tamara, se habilitaron 2 correos electrónicos: denuncias_inp@yahoo.com y denuncias@inp.goh.hn y una línea telefónica +504-2239-60-10 ext. 38, así como un Programa informático de recepción de quejas, todos ellos ampliamente difundidos y socializados. De igual manera se aprobó el Reglamento Especial de la Carrera Penitenciaria, mediante Acuerdo 1-2015 del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario, que establece sanciones al personal penitenciario.



  1. Sírvase proporcionar información sobre jurisprudencia, denuncias o investigaciones en relación con abusos y violencia contra las personas con discapacidad en el hogar.

Honduras cuenta con instrumentos jurídicos como la Política Nacional de Prevención de la Violencia hacia la Niñez y la Juventud de Honduras, creada en febrero 2013, tras un proceso de formulación participativo que se realizó en consulta con entes del Estado y Organizaciones de Sociedad Civil. El instrumento está alineado con la Ley de Visión de País y Plan de Nación, teniendo por fin esencial disminuir los factores de vulnerabilidad y victimización que afectan a niños y niñas, adolescentes y jóvenes.

Por otra parte, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) por medio de los comités locales, ha desarrollado jornadas de prevención para impartir charlas, realizar actividades lúdicas y capacitaciones contra los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas, dirigidas a los niños y niñas de centros escolares que incluyen a niñez con discapacidad, en las ciudades de Gracias, El Paraíso, Progreso, La Ceiba, Trujillo, Roatán, Choluteca, Yoro, Ocotepeque, Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Potrerillos, Omoa, Comayagua, Goascorán, Intibucá, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula.

El Instituto Nacional de la Mujer, como la institución del Estado responsable de la rectoría de las Políticas Públicas de Género, presenta la Política Nacional de la Mujer y el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 (II PIEGH), que contiene las principales necesidades y demandas de las mujeres como titulares de derechos, para reforzar los logros y avanzar en forma sostenida hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres, contemplando también a las mujeres con cualquier tipo de discapacidad.

En los casos de trata y explotación sexual, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial de la Niñez y de la Adolescencia, y la Fiscalía Especial derechos humanos investiga y ejercen la acción pública contra todo aquel que tenga indicios razonables de la comisión del ilícito en perjuicio de niñas y niños con discapacidad. Estos casos se remiten a un trabajador social para que verifique su entorno, tome las declaraciones de personas encargadas del cuidado y de ser necesario, adopte de oficio medidas de protección, como la guarda provisional a cargo de DINAF para ser ingresado a una casa refugio.

La fiscalía especial de Derechos Humanos le corresponde investigar y ejercer la acción penal pública contra los agentes del estado, civiles o militares quienes en el ejercicio de su cargo o con ocasión que violen las normas de derechos humanos consagradas en la Constitución de la república, convenios internacionales y legislación nacional, así como conocer de los delitos o faltas cometidos por particulares contra los Derechos Humanos, siempre que actúen bajo la instigación, aquiescencia, tolerancia de un agente del estado, vigilando como órgano contralor para que no se sobrepasen estos límites en el ejercicio de la función pública y a favor del discapacitado.

La Visión de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos es alcanzar una verdadera reconciliación social, sensibilidad humana y un genuino estado de derechos en Honduras, que no necesite la existencia de órganos contralores para garantizar la protección y defensa de los derechos.



  1. Sírvase proporcionar cualquier otra información pertinente (incluida información de encuestas, censos, datos administrativos informes, estudios y jurisprudencia) en relación con el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad en su país. Sírvase también hacer referencia a cualquier iniciativa innovadora que se haya adoptado a nivel local regional o nacional para promover y garantizar el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad e identificar las lecciones aprendidas de éstas.

La Defensa Pública pone a disposición de la población de escasos recursos, los servicios gratuitos de defensores públicos. Igualmente los entes policiales, están altamente capacitados y deben informar a quien se encuentre detenido, sobre su derecho a solicitar de la asistencia jurídica gratuita e iniciar las gestiones para establecer dicho contacto. Asimismo, la Defensa Pública tiene 31 sedes a nivel nacional, distribuidas en 4 zonas regionales, según el primer informe trimestral de la Defensa Pública del 2016, existen actualmente 268 defensores públicos y un equipo auxiliar de 83 profesionales de distintas ramas, entre ellos, psicólogos, trabajadores sociales, asesores, entre otros.

En el tema de educación, existen diferentes programas que se realizan dentro de los establecimientos penitenciarios para la integración de personas con discapacidad, como ser:



  • Programa de educación para adulto, según resultado obtenido de la población activa, mediante la metodología de Alfasic y educatodos teniendo como resultado registrado que se tiene un mejor aprovechamiento dentro del promedio normal.

  • Programas de formación básica, educatodos, científicos humanista y orientación a educación técnica en estructura metálica.

  • Educación no formal, cursos talleres impartidos por el INFOP

  • Programas de competencias psicosocial, apoyado por el programa nacional de prevención y rehabilitación.

Asimismo, se han realizan de manera frecuente algunas mejoras a la infraestructura penitenciarias actual, como la elaboración de rampas de acceso, mejoras en habitaciones para las PPL con padecimientos especiales, para adaptarlos a los requerimientos mínimos de la categoría de personas con discapacidad, sin embargo las mismas no sobresalen derivado de la problemática de hacinamiento carcelario.

Previendo esa problemática y para dar solución, el Estado Hondureño construyó en 2016, dos nuevas edificaciones penitenciarias (la Tolva, en Morocelí e Ilama, en Santa Bárbara) los cuales cuentan con requerimiento especiales para las personas privadas de libertad con diferentes discapacidades, basadas en normas y estándares internacionales aplicables en la materia y estandarizados con los principios básicos de condiciones de habitabilidad y cupos de alojamientos en establecimientos penitenciarios de la Asociación Americana de Prisiones.

Como una iniciativa nueva, la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, firmó en este mes de mayo, un convenio con Gubernamental Internacional Global Presence, para la creación de un centro piloto de protección de Niños con discapacidad. El proyecto comenzará en el Hogar Los Ángeles, ubicado en el municipio de Valle de Ángeles, como centro piloto y será extendido bajo el esquema de “centros de transformación” de referencia nacional e internacional. Actualmente, Hogar los Ángeles es un centro que atiende a personas con discapacidad en abandono, alberga a 76 personas de diferentes tipos de discapacidades, donde realizan ciertos talleres como ser repostería, mechas de trapeador, crochet, piñatas, tejidos, y jardinería. Asimismo, el Hogar Los Ángeles cuenta con el apoyo del gobierno, empresa privada y diferentes ONG.

Finalmente, se adjunta el link Censo Nacional de Población y Vivienda 2013, Instituto Nacional de Estadística http://www.redatam.org/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CPVHND2013NAC&lang=ESP




1 INFORME SOBRE EL SISTEMA DE SALUD MENTAL EN HONDURAS. Informe de la Evaluación del Sistema de Salud Mental en Honduras utilizando el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la OMS (IESM-OMS) Honduras, 2008



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